4 de agosto de 2017
Ciudad de Guatemala - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita in loco a Guatemala que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto con el objeto de observar en el terreno la situación de derechos humanos en el país. La delegación estuvo encabezada por el Presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli; la Primera Vicepresidenta, Margarette May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como los especialistas de la Secretaría Ejecutiva: Fiorella Melzi, Jorge Meza, Álvaro Botero, Sofía Galván, Joana Zylberstajn, Efrén Olivares, Tatiana Guasti, María Fernanda Vanegas, Tamara Rusansky, Alberto Mallén, Jaime Vidal, Federico Blanco, Miguel Mesquita y Daniel Cima.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado, con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En el marco de la visita, la CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones incluyendo Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango y recorrió centros de privación de libertad y otros centros bajo custodia del Estado. La CIDH visitó la Casa Para Niños Aleluya; el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV “Etapa II”), en San José Pinula; el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (CEJUPLIM-“Gorriones”); las carceletas localizadas en el Sótano 1, de la Torre de Tribunales del Organismo Judicial; el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa; el Centro de Orientación Femenino (COF), la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, y el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”. También visitó el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) y el Archivo Histórico de la Policía Nacional.
La Comisión agradece al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno la invitación a realizar esta visita, lo cual es un reflejo del compromiso retomado por el Estado con el sistema interamericano para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo agradece todas las facilidades logísticas y asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma, y en particular por parte de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Además, la CIDH reconoce el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala durante la visita. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. La Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
La CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Guatemala desde sus primeros años de operación, particularmente en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre los años 1960 y 1996 que incluyó la ejecución sistemática de masacres, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, operaciones de tierra arrasada dirigida a la eliminación al menos parcial del pueblo Maya. Cabe recordar que durante el conflicto armado interno las mujeres sufrieron la violencia de forma diferenciada dado que la violación sexual constituyó una práctica generalizada, masiva y sistemática utilizada por agentes del Estado como parte de la política contrainsurgente. Conforme estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el conflicto armado interno en Guatemala constituyó un fenómeno cuya explicación es multicausal, resultado de la convergencia de una serie de factores, tales como la impunidad estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales.
Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996 se puso fin al conflicto. La información recibida consistentemente por la Comisión durante la visita indica que en lo fundamental, varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno persisten en la actualidad: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción. Persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, de manera reiterada la CIDH recibió información sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Las manifestaciones sociales que ocurrieron en el 2015 y que marcaron un momento histórico en Guatemala, generaron gran expectativa nacional para lograr cambios estructurales principalmente en la lucha contra la corrupción y para combatir los factores de impunidad en el país. Asimismo, para reivindicar políticas en la protección efectiva de los derechos humanos para todos los grupos, en particular para los sectores históricamente más excluidos.
Durante la visita, la CIDH constató que a dos años de dicha movilización por parte de la sociedad guatemalteca, persisten una serie de desafíos identificados por la CIDH en su Informe de País de 2015, no obstante importantes avances para combatir la corrupción e impunidad encabezados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala junto con el Ministerio Público y los esfuerzos demostrados por algunos jueces y juezas, en el contexto actual. Aspectos normativos, como institucionales, y sociales, requieren ser abordados de forma urgente desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente, dada la situación de conflictividad existente en algunas zonas, así como de pobreza, discriminación y exclusión históricas de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad.
Frente a este panorama, la Comisión advierte que el Estado de Guatemala tiene una gran deuda histórica vinculada a problemas estructurales derivados de su pasado. Guatemala se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para resolver los problemas estructurales y garantizar los derechos humanos del pueblo guatemalteco, o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos en esta materia y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos del pasado.
- Justicia e Impunidad
La CIDH a lo largo de los años ha aplicado los diversos mecanismos de su mandato a la búsqueda de verdad, justicia y reparación en Guatemala. En repetidas ocasiones, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han instado al Estado de Guatemala a adoptar medidas para remover los factores y barreras que han generado una situación de impunidad.
En la visita la Comisión tomó nota de los avances recientes observados en algunos casos vinculados a graves violaciones ocurridas en el conflicto armado interno, tales como los de Molina Theissen, CREOMPAZ, entre otros. Durante la vista, la CIDH visitó las instalaciones CREOMPAZ, donde funcionaba la “Zona Militar 21” durante el conflicto armado interno. La CIDH visitó el sitio donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha exhumado 558 osamentas, siendo la fosa común más grande de América Latina descubierta hasta la fecha. La CIDH también acudió a las instalaciones del Archivo de la Policía Nacional Civil, y reconoce la importancia que este tienen en la reactivación y esclarecimiento de algunos procesos penales por graves violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno. La CIDH nota que este importante Archivo, que contribuye a la recuperación de la memoria histórica, depende únicamente de la cooperación internacional. La CIDH insta al Estado a destinar recursos y a apoyar esta medida para la memoria, verdad y justicia.
La Comisión tomó conocimiento asimismo de la decisión emblemática de la Sala de Apelaciones de procesos de Mayor Riesgo de ratificar la histórica sentencia del caso Sepur Zarco, relativo a violencia doméstica y sexual de mujeres Maya q'eqchi.
Sin perjuicio de ello, tales avances son limitados comparados con el número de violaciones perpetradas durante el conflicto y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala con los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas. La Comisión constató que persisten múltiples factores que contribuyen a una situación de impunidad estructural tanto de casos que involucran violaciones a derechos humanos del pasado, como del presente.
Así, la Comisión fue informada sobre el uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados. Se recibió información sobre dificultades en el acceso de información en poder del Ministerio de Defensa. La Comisión también recibió información sobre la falta de una actuación efectiva de la Policía en hacer efectivas las órdenes de captura dictadas por jueces desde hace varios años, lo cual somete a las víctimas a una situación de permanente temor a ser objeto de nuevos ataques por parte de los perpetradores.
La CIDH saluda el incremento en el presupuesto del Ministerio Público del que fue informada durante su visita, e insta al Estado a adoptar medidas efectivas que permitan al Ministerio Público continuar coordinando acciones y colaborando con la CICIG y disponer para tal efecto de los recursos necesarios.
Respecto del caso por genocidio contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex Jefe de inteligencia militar y Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, el Sr. Ríos Montt fue declarado en estado de interdicción en 2015 por un tribunal civil y por una decisión de la Corte de Constitucionalidad, el caso regresó a sus primeras etapas. Asimismo la CIDH nota que en mayo de 2017 se presentó una denuncia por prevaricato contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad por un retrotraimiento ilegal del proceso. La CIDH observa con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio. La CIDH recuerda al Estado de Guatemala su obligación de investigar de manera pronta, imparcial, efectiva las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Es responsabilidad del Estado adoptar las medidas administrativas o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que puedan contribuir a la denegación de justicia e impunidad u obstaculicen los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables.
Por otro lado, la CIDH recuerda la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial. La CIDH reitera su reconocimiento a la labor de la CICIG y del Ministerio Público manifestado en su Informe de País y de Seguimiento de Recomendaciones respecto de las medidas y los esfuerzos realizados para combatir la corrupción e impunidad en Guatemala en los últimos tres años, proceso en el cual la sociedad y la cooperación internacional han desempeñado un papel fundamental.
Estos avances contra la corrupción han venido aparejados de ataques y amenazas contra operadores de justicia. Tanto en reuniones con jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos la Comisión recibió información sobre hostigamientos, agresiones y amenazas como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. La Comisión tuvo conocimiento de fuertes campañas de estigmatización en medios de comunicación y redes sociales tildando a las y los operadores de justicia como “guerrilleros” o “detractores del desarrollo”, que se suman a otras estrategias de intimidación que incluyen la sujeción reiterada a procesos disciplinarios y/o penales infundados, y amenazas a través de mensajes escritos o llamadas telefónicas.
Esta situación de grave riesgo que enfrentan operadores de justicia resulta notable en las medidas cautelares vigentes solicitadas en los últimos años por la Comisión al Estado a favor de la Fiscal General Thelma Aldana, las magistradas Claudia Escobar y Jazmín Barrios así como el juez Miguel Ángel Gálvez, respecto de quienes la CIDH hace un nuevo llamado a proteger sus derechos. Durante la visita la Comisión recibió información de dos solicitudes de medidas cautelares presentadas a favor de magistradas de la Corte de Constitucionalidad quienes estarían en riesgo como resultado de las labores judiciales que realizan.
Otro factor que debilita la independencia de operadores de justicia es la reducida asignación presupuestal y deficientes condiciones de servicio en que desarrollan sus labores. Si bien el Instituto Público de la Defensa Penal, como la Fiscal General de Guatemala informaron sobre un incremento en sus presupuestos de manera reciente, alertaron sobre la reducida cobertura que tienen en el país, y las limitadas capacidades con que cuentan para poder responder de manera efectiva con el alto número de casos que tienen asignados. En este sentido, la Fiscal General informó, por ejemplo, que únicamente tiene presencia en el 10% del territorio nacional, y la Defensa Pública informó contar únicamente con aproximadamente 300 abogados para realizar sus funciones a nivel nacional.
Asimismo, en lo que se refiere a los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y miembros de Altas Cortes, en los últimos años la Comisión ha tenido conocimiento de los serios cuestionamientos planteados a las comisiones de postulación. Durante la visita se tomó conocimiento de la existencia de Facultades de Derecho “fantasma” creadas solo con el fin de participar e influir en la integración de tales comisiones, así como de la posible existencia de actos de corrupción, conflictos de intereses, tráfico de influencias y escrutinio insuficiente de las y los candidatos. Los cuestionamientos consistentes en este sentido reflejan profundas deficiencias en los procesos de selección y nombramiento que, a su vez, deben respetar y salvaguardar los principios de independencia y autonomía de los jueces y juezas.
La Comisión considera que el proceso de reforma constitucional a la justicia en trámite, es una importante oportunidad para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia en Guatemala. Según la información recibida, dicha reforma fue impulsada con la participación de diversos actores de la sociedad civil y de la OACNUDH en Guatemala, buscando el fortalecimiento del gobierno y gestión administrativa del Poder Judicial. Tales reformas son especialmente relevantes para garantizar la independencia en los procesos de selección de la Fiscal General y los integrantes de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, todos ellos actores emblemáticos para asegurar la continuidad en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
La CIDH insta al Estado de Guatemala a adoptar dicha normativa a la brevedad asegurando que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia. La Comisión considera que la propuesta de creación de un órgano que separe las funciones de gobierno y administración de la Corte Suprema de Justicia, y que sea independiente respecto de otros poderes, efectivamente puede constituir una mayor salvaguarda a la independencia de jueces y juezas frente a presiones dirigidas a influir o controlar sus decisiones. En lo que respecta a los procesos de nombramiento y selección, así como evaluación del desempeño, el Estado debe asegurar que la selección sea con base en el mérito y capacidades profesionales, garantizando la observancia del principio de no discriminación y la igualdad de acceso a oportunidades.
Finalmente, ante el contexto de presiones e intimidaciones de las cuales son objeto, la Comisión insta al Estado a fortalecer las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia reconociendo la importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como del debido proceso.
- Acceso a la justicia para distintos sectores de la población
La Comisión ha recibido información sobre la falta de acceso a la justicia para miembros de pueblos indígenas en Guatemala y la persistencia de las barreras lingüísticas, geográficas y culturales. Cifras presentadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas indican que sólo alrededor del 10% tendría un acceso adecuado y efectivo a la justicia. Durante la visita en terreno la CIDH fue informada que algunas autoridades hacen a las personas indígenas esperar más que a otras personas no indígenas: “cuando llega un ladino y nosotros estamos antes nos hacen esperar”. En Alta Verapaz una señora explicó a la CIDH que “en el Ministerio Público tienen traductores, pero no saben Q’eqchi, no traducen todo lo que decimos”.
En lo que respecta a las reparaciones por violaciones cometidas durante el conflicto armado, la CIDH fue informada una vez más sobre el cumplimiento escaso, limitado en cobertura, y atrasado por parte del Estado guatemalteco para reparar a las víctimas del conflicto armado interno. Resulta de especial preocupación la reducción del presupuesto del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) en el 2016, que disminuyó la capacidad de ejecución de medidas de reparación. La asignación presupuestaria total del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) establecida en su acuerdo de creación nunca ha sido cumplida. Según las organizaciones de la sociedad civil, la atención del PNR sigue siendo culturalmente inadecuado y no presta suficiente atención a la situación especial de las mujeres y los niños y niñas indígenas. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han informado reiteradamente, y la CIDH observó durante su visita, que subsisten grandes desafíos en lo que respecta a la reparación integral de las por los daños sufridos durante el conflicto armado.
Recabando testimonios durante su visita in-loco, la Comisión ha recibido información sobre las numerosas dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto armado para proceder a la búsqueda efectiva de los desaparecidos. La Comisión llama la atención del Estado guatemalteco sobre la necesidad y urgencia de conducir investigaciones serias y de proceder a la búsqueda de las personas desaparecidas como prioridad.
En lo que respecta al acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes, la Comisión observa que este grupo enfrenta los desafíos de un sistema de justicia con limitaciones de carácter estructural en adición a las barreras asociadas a su condición de niños, niñas y adolescentes. Las cifras de impunidad son muy elevadas en lo relativo a casos de violencia física y sexual, abuso y explotación de niños, niñas y adolescentes. Para hacer frente a esta situación y proporcionar una adecuada atención a este grupo, desde el 2016 se empezaron a instalar las Agencias Fiscales en los hospitales para atender a víctimas de violencia sexual, maltrato contra niños, niñas y adolescentes y delitos contra la integridad de la persona. Esta medida tiene un importante potencial para enfrentar la impunidad en los delitos contra la niñez y contribuir a reducir su incidencia. La Procuraduría General de la Nación (PGN) debe tener un rol fundamental en la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes que han visto sus derechos vulnerados, tarea que se le hace difícil de cumplir debido a los insuficientes recursos y cobertura. En este aspecto, la debilidad institucional en las áreas del Estado encargadas de justicia juvenil impide que los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes sean investigados, perseguidos, y en su caso lleguen a una sentencia.
Otro avance importante a destacar en la justicia especializada para la niñez y la adolescencia es la creación de la Fiscalía de Sección de delitos contra la niñez y la adolescencia, por medio de la cual se busca fortalecer el enfoque especializado para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Anteriormente la fiscalía de la Mujer era la que gestionaba estos casos. Esta Fiscalía debería implementar un modelo de atención integral, que entre sus servicios cuente con atención médica, psicológica y de trabajo social. Sin embargo, se le ha manifestado a la Comisión la preocupación sobre la falta de recursos suficientes para que esta Fiscalía pueda funcionar eficientemente. La debilidad institucional en las áreas del Estado claves para garantizar el acceso a una justicia efectiva para los niños, niñas y adolescentes representa un importante obstáculo para que los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes sean investigados, perseguidos, y en su caso se determinen las responsabilidades en la sentencia.
Respecto al acceso a la justicia para mujeres, la Comisión reconoce los esfuerzos de desarrollo normativo e institucional de protección y de justicia dedicado a las mujeres, y a las mujeres indígenas, en Guatemala. La creación de mecanismos como la Fiscalía de la Mujer, el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio o el Modelo Integral de Atención a la Violencia Contra la Mujer son avances positivos en la especialización del sistema de justicia y de la judicialización de actos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, durante su visita in-loco, la Comisión fue informada de la falta de recursos y de personal que sufren estas instituciones, debilitando su capacidad de acción efectiva. Por ejemplo, en su visita a comunidades de mujeres indígenas en Alta Verapaz, la Comisión recibió información sobre los numerosos obstáculos que éstas siguen encontrando para acceder a la justicia como la discriminación, falta de atención adecuada y falta de coordinación. De la misma forma, la Comisión subraya que los mecanismos de atención y acceso a la justicia respondan debidamente a las necesidades de todas las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y rurales, así como tener presencia en todo el territorio nacional y en sus lenguas originarias. La CIDH tuvo conocimiento de los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres indígenas en relación con la falta de protección de su propiedad intelectual colectiva. Sus vestimentas y diseños tradicionales son parte fundamental de la identidad y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.
Las personas LGBTI también enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia. Según información aportada por organizaciones de la sociedad civil a la Comisión, el Estado de Guatemala no ha garantizado la debida investigación o el debido proceso ante actos discriminatorios o violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Los asesinatos de personas LGBTI no se documentan en los registros policiales, y los que excepcionalmente se registran, terminan en impunidad.
- Violencia y Seguridad Ciudadana
Respecto a la violencia y seguridad ciudadana, la CIDH valora la información recibida que apunta a la continua disminución de la tasa general de homicidios en el país, a pesar de seguir siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe. Cifras de la Policía Nacional Civil revelan que en el 2016 hubo 4.520 homicidios en Guatemala, 258 menos que en 2015. La tasa de homicidios se redujo de 29,5 por cada 100.000 habitantes a 27,3.
La CIDH nota una falta de claridad en las cifras relacionadas a muertes violentas en Guatemala, ya que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) registran cifras difíciles de cotejar. Según el número de necropsias por muertes violentas realizadas por el INACIF, se ha registrado un descenso en la cifra de muertes violentas a nivel nacional entre el período de enero a junio de 2016 y del mismo período de 2017. Mientras que en 2016 se registraron 2.754 muertes violentas en ese período, para 2017 el número bajó a 2.681. La principal causa de muerte violenta fue herida por arma de fuego.
Según información aportada por el Estado, este descenso general contrasta con aumentos específicos en el número de muertes violentas en el Departamento de Guatemala, así como las muertes violentas de mujeres, lo cual resulta preocupante. Las cifras aportadas por la PNC y por el Ministerio Público también reflejan estas tendencias. La CIDH reitera su llamado al Estado a que elabore políticas públicas de carácter preventivo con el objeto de asegurar a las guatemaltecas y los guatemaltecos vivir en un país libre de violencia.
Durante su visita in-loco, la Comisión recibió informaciones demostrando el desfase existente entre los esfuerzos de institucionalidad para la protección a las mujeres desarrollada por el Estado y el aumento de la violencia contra las mujeres en el país. Según datos de necropsias realizadas por INACIF, entre enero y junio de 2016 se registraron 374 muertes violentas de mujeres, mientras que en el mismo periodo de 2017 se registraron 431 casos. Estas cifras confirman la tendencia en aumento de muertes violentas de mujeres, a pesar del descenso de muertes violentas de hombres en el mismo periodo. Además, la Comisión ha obtenido informaciones sobre la prevalencia de actos de asfixia y desmembramientos, incluidas decapitaciones, evidenciando especial ensañamiento contra el cuerpo de las mujeres. Según informaciones obtenidas por la Comisión, los hechos de violencia sexual son los más denunciados en el país, reflejando igualmente un aumento: según datos de la Secretaria contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, en 2015 el Ministerio Público registró 7.845 denuncias por delitos de violencia sexual, registrando 7.949 denuncias en 2016. De este último año, menos del 1% recibieron sentencia.
Del mismo modo, según organizaciones de la sociedad civil, la reducción de la tasa de homicidios a nivel nacional no se ve reflejada en la grave situación de violencia que persiste en contra de pueblos indígenas, personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y de personas LGBTI. Sobre este particular, la Comisión ha recibido informaciones relativas al aumento de las cifras de muertes de mujeres trans en Guatemala.
En lo relativo a la situación de los niños, niñas y adolescentes, la CIDH considera preocupante como sus derechos se ven expuestos por el actuar de las maras y grupos criminales, en especial las presiones, amenazas, violencia y engaños de los que son víctimas para presionarlos a que se integren o colaboren con las maras, y el modo en que son utilizados y abusados por estos grupos para sus actividades, exponiéndolos a su vez a entrar en contacto con la justicia penal. Los niños, niñas y adolescentes que viven en los barrios con fuerte presencia e implantación de las maras y las pandillas son los más afectados en sus derechos y la CIDH ha recibido información preocupante sobre el impacto que esta situación tiene en ellos y ellas. Aunado a lo anterior, en una sociedad en la que aproximadamente un millón y medio de los niños y niñas en edad escolar están fuera del sistema educativo, lo que equivale a más del 25%, y la falta de oportunidades para labrarse un proyecto de vida, son importantes factores de riesgo que contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes terminen vinculándose a una mara, o bien decidan migrar.
Por otro lado, la CIDH también recibió información detallada sobre la operación de sofisticadas redes de extorsión en el país, en particular en la ciudad capital. La Comisión tuvo conocimiento de redes de pandillas y maras que extorsionan a comerciantes extrayendo miles de dólares al mes, bajo amenazas de asesinar a los empleados o familiares de sus víctimas, y que en algunos casos han cumplido sus amenazas con lamentables consecuencias mortales. A pesar de las denuncias a agencias estatales, las víctimas relataron una inacción del Estado para desarticular estas redes y procesar a los verdaderos líderes de las organizaciones criminales.
Asimismo, la CIDH observa con preocupación la falta de control por parte del Estado del sector de seguridad privada. Se recibió información sobre el aumento del número de empresas y agentes de seguridad privada en el país, además de denuncias sobre personal de empresas privadas de seguridad involucrado en extorsión y otros delitos.
El Estado informó a la CIDH que desde el 2012 el Ministerio de Gobernación viene incrementando el número de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), y que espera que para el 2017 se superen los 37,000 elementos policiales. Asimismo, refirió al incremento de su presupuesto y a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 y su Plan de Acción Nacional.
En su Informe de país, la CIDH señaló que la militarización de la seguridad interna es una constante en Guatemala, donde personal militar participa frecuentemente en tareas de seguridad ciudadana y en ocasiones al mando de la PNC. La CIDH ha señalado que policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones substancialmente distintas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas en cuanto a su entrenamiento y preparación. El entrenamiento y preparación de las Fuerzas Armadas está dirigido a derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento y protección de los entes policías está dirigido a la protección y control de civiles. Por muy grave que sea la situación de orden interno, incluso de criminalidad ordinaria en el ámbito interno, ésta no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. Por lo tanto, el uso de fuerzas militares no es consistente con los estándares del sistema interamericano en la materia. Al respecto, la CIDH valora positivamente la información recibida por el Estado que indica que durante el 2017 tiene el compromiso de retirar a los elementos del Ejército de tareas de seguridad ciudadana y que lo realizará progresivamente.
- Obstáculos a la defensa de los derechos humanos
Durante su visita in loco, la Comisión observó una vez más que defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de extremo riesgo debido a la situación de permanente violencia y criminalización a la que están expuestos. La información recibida por la Comisión señala el uso indebido de tipos penales como instigación a delinquir o plagio y secuestro, procesos judiciales y medidas sustitutivas prolongados, órdenes de captura sin fundamento, detenciones arbitrarias y prisión preventiva con el objeto de criminalizar sus actividades.
La CIDH observó que la mayoría de los casos de violencia y criminalización contra defensores está relacionada con la defensa del ambiente, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la implementación de medidas administrativas, económicas o productivas en sus tierras y territorios, así como la defensa del territorio frente la instalación de proyectos hidroeléctricos y mineros. La Comisión reitera la obligación de los Estados de garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa sin temor o represalias y libres de cualquier restricción, así como garantizar la seguridad de los grupos de defensores en especial situación de riesgo y adoptar medidas específicas de protección adaptadas a sus necesidades.
La CIDH observa con suma preocupación un aumento en la cantidad de asesinatos de defensoras y defensores de los derechos humanos. De acuerdo a la información registrada por organizaciones de sociedad civil, el número de asesinatos en 2016 ha aumentado en comparación con los datos de 2015 y 2014.
El uso de las redes sociales y otros medios de información para difundir mensajes estigmatizantes hacia personas defensoras es constante. La CIDH ha sido informada sobre el contenido racista, en especial contra la representación y liderazgo de las comunidades y pueblos indígenas, así como contenido homofóbico en contra de organizaciones y personas que defienden los derechos de la diversidad sexual, y contenido sexista en contra de defensoras. Asimismo, la Comisión recibió información sobre defensoras y defensores sometidos a temor permanente como consecuencia de procesos penales abiertos en su contra de manera infundada. Por ejemplo, la Comisión tuvo conocimiento de que dirigentes, líderes, comunitarios e indígenas del Comité Campesino del Altiplano tendrían aproximadamente 204 órdenes de captura en su contra instauradas en represalia por la defensa de los derechos de sus comunidades.
Es particularmente alarmante la información recibida por la Comisión que indica que gran parte de las intimidaciones y amenazas estarían vinculados con grupos de poder económico con intereses puestos en sentido contrario a las causas que defienden, o por estructuras vinculadas a fuerzas de seguridad que operaron durante el conflicto armado.
La Comisión identificó que líderes y lideresas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el medio ambiente, son especialmente objeto de estigmatizaciones, ataques, detenciones y asesinatos. En Alta Verapaz, la Comisión recibió información preocupante sobre la criminalización de mujeres indígenas defensoras del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales en el contexto de megaproyectos de desarrollo en Guatemala. Lideresas indígenas denunciaron a la CIDH actos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres indígenas que defienden los derechos humanos.
Durante su visita a Ixquisis y Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango, la CIDH observó con gran preocupación que, ante la situación de grave conflictividad derivada a raíz de los diversos proyectos hidroeléctricos, defensoras y defensores se encuentran sujetos a procesos judiciales prolongados, medidas cautelares, detenciones arbitrarias y órdenes de captura. Asimismo, la Comisión recibió el testimonio de los hijos de Sebastián Alonso Juán, defensor que murió por heridas de bala el 17 de enero de 2017 en el marco de una protesta pacífica en contra del proyecto hidroeléctrico en Ixquisis, Huehuetenango.
La Comisión reconoce los esfuerzos del Estado para inaugurar a inicios de 2018 un proceso de creación de la “Política Pública para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos” que ha contado con el respaldo de diversas entidades estatales y organizaciones de sociedad civil. En este sentido, la Comisión urge al Estado de Guatemala a que apruebe e implemente de manera urgente esta política, con el debido sustento jurídico. De acuerdo a lo señalado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral a defensores y defensoras de derechos humanos que disponga de medidas especiales de protección adecuadas y efectivas, que sean idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la persona y capaces de producir los resultados para el que han sido concebidos. Este programa debe incorporar un modelo de análisis de que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo, incorporando, por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, el Estado debe asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
La Comisión constató a su vez que si bien el Estado ha desarrollado iniciativas como la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores, y la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, tales entidades no han sido fortalecidas, la Instancia continúa operando sin tener asegurada la permanencia en ley, y la Unidad no cuenta con suficiente capacidad para esclarecer y efectivamente sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión ha constatado que el Estado aún no cuenta con una normativa y prácticas adecuadas que aseguren que defensores y defensoras no sean objeto de procesos penales de manera injustificada. La CIDH recuerda la obligación del Estado investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las y los defensores con el fin de combatir la impunidad existente al respecto y prevenir la repetición.
- Discriminación y desigualdad
En la actualidad, muchos de los motivos que generaron el conflicto armado interno persisten en el país: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, y persiste la desigualdad social y discriminación racial. La falta de acceso a la justicia, sumada a la corrupción y la inseguridad ciudadana, ha tenido como consecuencia la permanencia de determinados sectores de la sociedad en condiciones de discriminación y desigualdad que han ocasionado exclusión y recrudecido su situación de pobreza.
Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo en términos de salud, educación y distribución de ingresos. Dicha situación afecta particularmente a pueblos indígenas, quienes constituyen más del 60% de la población, a personas afrodescendientes, así como mujeres, niños y niñas, personas LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad y personas con discapacidad.
La Comisión observó que persisten en Guatemala dificultades para acceder al empleo y altos niveles de empleo informal. La pobreza que afecta a más de la mitad de la población, la desigualdad y marginación, educación de baja calidad y falta de oportunidades, aunada a una débil institucionalidad, alimentan la presencia de las maras y los cárteles de narcotráfico a quienes a su vez se les atribuye en gran medida el clima de violencia que se vive en el país.
Durante la visita la Comisión constató la situación de profunda pobreza, desigualdad y exclusión en que se encuentran los pueblos indígenas, así como de la conflictividad asociada al control y tenencia de la tierra en el marco de monocultivos, proyectos hidroeléctricos y de industrias extractivas. La Comisión ha constatado que tales problemáticas derivan fundamentalmente de la falta de respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, de conformidad con estándares internacionales. En casos en que los proyectos hayan contaminado aguas y tierras, el Estado debe tomar medidas de reparación y no repetición, siempre en consulta con las comunidades y pueblos indígenas afectados, y la aplicación de la consulta previa debe permitir su participación en los beneficios que dichos proyectos produzcan.
La CIDH ha recibido información sobre proyectos de explotación minera, hidroeléctricas y monocultivos que se desarrollan sin realizar la consulta previa. Asimismo, la Comisión ha sido informada sobre la contaminación de aguas y suelos y el desplazamiento forzado de sus tierras bajo intimidación, amenazas y denuncias de criminalización como resultado del desarrollo de estos proyectos. La CIDH recuerda al Estado de Guatemala que la realización de esta consulta es obligación internacional de acuerdo con los estándares interamericanos en la materia. La inexistencia de regulación interna no puede ser un obstáculo ni un pretexto para su falta de aplicación. La CIDH insta al Congreso de la República a elaborar una Ley de Consulta Previa que cumpla con los estándares interamericanos en la materia, a través de un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y garífunas.
La Comisión recibió con gran preocupación informaciones relativas a la situación de las personas afrodescendientes en Guatemala. Uno de los principales reclamos gira en torno al tema del reconocimiento de la identidad afro en el país que impide el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la falta de estadísticas sobre los afrodescendientes guatemaltecos y especialmente su falta de inclusión en el censo poblacional. La falta de datos invisibiliza sus demandas y necesidades y los excluye del ejercicio de sus plenos derechos culturales, sociales y políticos.
La Comisión llama la atención sobre la situación de especial vulnerabilidad y discriminación en la que se encuentran las mujeres guatemaltecas, especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes. La situación de precariedad, el analfabetismo, la exclusión geográfica y la falta de acceso a alimentación, entre otros factores, ha agudizado el problema de la desnutrición en el país. Afectando de forma diferenciada a niños, niñas y a mujeres indígenas, la desnutrición tiene un impacto de género y hacia los niños y niñas diferenciado dadas las consecuencias en términos de mortalidad materna y mortalidad infantil. Reconociendo la reducción de la mortalidad materna en el país en los últimos años, la Comisión recuerda que en la mayoría de los casos la mortalidad materna es prevenible y hace un llamamiento al Estado a garantizar la vida y la integridad de las mujeres.
La situación de la niñez en Guatemala, y particularmente la niñez indígena, es verdaderamente alarmante. Guatemala tiene uno de los más altos grados de desnutrición infantil crónica en el hemisferio, con una afectación aún más grave en los niños y niñas indígenas. La Comisión fue informada durante su visita que 48% de los niños y niñas de Guatemala sufren de desnutrición crónica y según datos de UNICEF, ocho de cada diez niños y niñas indígenas la padecen. Tan solo en 2017, 28 niños y niñas habrían muerto por desnutrición aguda, según información aportada por la Procuraduría de Derechos Humanos. Durante su visita in-loco al país la Comisión recibió información consistente que indica que en algunas zonas del país, como en el departamento de Alta Verapaz, las refacciones que reciben los niños y niñas no serían lo suficientemente frecuentes ni nutritivas. Ante tales desafíos, la CIDH alienta los esfuerzos del Estado de Guatemala para implementar programas de distribución de alimentos, en particular a partir la creación de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica.
La reciente tragedia del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción ocurrida el 8 de marzo de 2017, en el que murieron 41 niñas y adolescentes encerradas en un aula demuestra la situación de abandono en que se encuentran los niños y niñas que viven bajo custodia del Estado, así como la grave crisis que vive Guatemala en la materia. La Comisión ha tomado nota de que el Hogar fue cerrado, sin embargo, recibió información sobre la falta de tratamiento médico adecuado y continuo para las y los niños sobrevivientes. La mayoría de las familias de las niñas sobrevivientes del incendio con quienes la Comisión se entrevistó reportan no estar recibiendo apoyo alguno del Estado, incluyendo apoyo psicológico, apoyos para sufragar gastos médicos, así como seguimiento sobre el bienestar de las sobrevivientes.
La Comisión también fue informada que un número de niñas y niños que se encontraban en el Hogar y que lograron fugarse siguen sin ser localizadas aunque existen alertas Alba-Keneth activadas, situación que es de grave preocupación. Del mismo modo la Comisión también tomó conocimiento que debido a las limitaciones de las autoridades responsables no se ha podido hacer un seguimiento adecuado a la situación de muchas de las niños y niños que fueron reintegrados a sus familias, desconociéndose su situación actual. La CIDH insta al Estado de Guatemala a garantizar los tratamientos adecuados a las sobrevivientes, y a dar seguimiento de conformidad con estándares internacionales a la situación de las que fueron reintegradas a sus familias y centre los mayores esfuerzos en ubicar a las niñas y niños desaparecidos, tal y como le fue solicitado en las medidas cautelares vigentes.
La Comisión lamenta que a pesar de los hechos ocurridos, el proceso judicial se ha limitado a delitos menores. La CIDH recuerda la importancia de que la investigación se realice con la debida diligencia y acorde a tipos y modalidades penales que respondan a la gravedad de los hechos. La información recabada durante la visita indica que el Estado aún no cuenta con una respuesta integral para prevenir la recurrencia de hechos similares y garantizar de forma adecuada los derechos de niñas y niños en custodia del Estado. La institucionalidad en la materia en Guatemala es precaria y débil, y la Comisión advirtió una falta de coordinación y articulación entre las entidades que tienen a su cargo la protección de niñas, niños y adolescentes. Las modalidades de cuidado alternativo que no impliquen institucionalización resultan prácticamente inexistentes, el personal a su cargo en las instituciones no resulta suficiente y calificado, las condiciones en las que se encuentra los niños, niñas y adolescentes se asemejan a un encierro y no hay verdaderos planes individualizados de atención, como tampoco se identifican medidas efectivamente tendientes a lograr la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes en el país.
Preocupa a la CIDH la falta de información oficial sobre la cantidad de niñas y niños que se encuentran en esta situación. Según datos de UNICEF, cerca de seis mil niñas y niños están institucionalizados en el país. Con frecuencia, las niñas, niños y adolescentes cuya protección está a cargo del Estado son colocados bajo custodia de personal con perfil de guardias de seguridad. La Comisión recibió información reiterada sobre intentos de fuga de niñas y niños, en ocasiones sin tener registro sobre lo que les hubiera sucedido, así como sobre discriminación en contra de niñas y niños trans quienes habrían sido abandonados por parte de las instituciones que los tenía bajo su guarda.
Esta tragedia es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala. Para abordar esta problemática desde su base, el Estado debe realizar profundas transformaciones al modelo actual, todavía muy anclado en la visión tutelar y asistencialista, para pasar a un modelo de protección integral tal y como lo demandan los estándares internacionales. Ello implica un rediseño de la actual institucionalidad y de los principios sobre los cuales opera, poniendo un mayor énfasis en asegurar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las medidas de prevención, en lugar de centrar sus acciones principalmente en acciones reactivas frente a las vulneraciones de derechos una vez éstas ya han ocurrido. Para ello es crucial que el Estado adopte la normativa necesaria para crear un sistema nacional de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que preste mayor atención a las capacidades a nivel local que es nivel más próximo al niño y la niña. Al respecto la CIDH fue informada que se están adelantando iniciativas legislativas en ese sentido, y exhorta al Estado a avanzar de modo decidido en esa dirección.
- Desalojos forzosos y migración forzada
Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, siendo la emigración la tendencia predominante en el país. A lo largo de la visita, la CIDH ha recibido abundante información sobre cómo durante los últimos años diversos factores han forzado a decenas de miles de personas a huir de sus hogares tanto a lo interno de Guatemala, como a otros países de la región contribuyendo a la crisis de desplazados y refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica.
En su tránsito, las personas migrantes son víctimas de múltiples abusos e incluso desapariciones, existiendo serias falencias en la respuesta del Estado guatemalteco para garantizar a estas personas y sus familiares el acceso a la justicia y la búsqueda de migrantes desaparecidos y no identificados. La CIDH destaca los avances que representa la entrada en vigor del nuevo Código de Migración y la creación de la Autoridad Migratoria Nacional. Al respecto, la CIDH llama al Estado a reglamentar esta ley y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana de conformidad con las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de un proceso participativo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
En lo que concierne a desplazamiento interno, el diagnóstico sobre desplazamiento interno realizado por la Universidad Rafael Landívar en 2016, señaló que esta problemática se ve favorecida por la violencia estructural y su relación con la implementación truncada de los Acuerdos de Paz; la promoción de políticas neoliberales; la fragilidad del Estado, el cual es influenciado por élites militares, políticas y económicas, algunas vinculadas con actividades ilícitas. El desplazamiento forzoso en Guatemala es un fenómeno multicausal. La CIDH recibió información que entre los principales factores que provocan el desplazamiento forzado se encuentran diversas formas de violencia, extorsiones y amenazas, la presencia del crimen organizado y la narcoactividad, la expansión de megaproyectos y actividades empresariales a gran escala (como monocultivos de caña de azúcar y de palma aceitera, la ganadería extensiva y la expansión de pastizales, la tala de maderas preciosas, la minería metálica y no metálica, hidroeléctricas, extracción arqueológica, turismo), así como factores relacionados al cambio climático y desastres naturales.
La CIDH observa que, por décadas, un factor común a las diversas formas de violencia en Guatemala ha sido la tenencia, el uso y la concentración de la tierra y de recursos naturales; lo anterior combinado con diversas formas de discriminación y racismo han tenido como sus principales víctimas a miembros de pueblos indígenas, campesinos, comunitarios, personas en situación de pobreza y otras poblaciones vulnerables; quienes principalmente habitan en áreas rurales y marginalizadas. A la fecha, el Estado no ha generado un diagnóstico ni datos estadísticos sobre la caracterización y la magnitud del desplazamiento interno en Guatemala. En la actualidad, la mayor parte de la información disponible sobre esta problemática se basa principalmente en información cualitativa y parcial o indirecta. Según el Centro para el Monitoreo de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), estimaba que para el 2016 había 257.000 personas desplazadas internamente.
Durante la visita, la CIDH recibió información de casos relativos a desplazamiento por el accionar de actores ilícitos, tales como maras y pandillas, organizaciones criminales y delincuentes actuando por cuenta propia. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de desplazamiento interno, así como de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de reclutamiento por parte de pandillas y organizaciones criminales. Asimismo, también se recibió información sobre casos de desplazamiento ocasionados por la violencia de género, así como de casos de desplazamiento de población LGTBI como consecuencia de la prevalencia de actitudes homofóbicas y lesbofóbicas.
Por su parte, el número de personas que se han visto forzadas a salir de Guatemala y solicitar asilo en países vecinos debido a la violencia ha crecido de manera alarmante; cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que de 2010 a 2016 se ha documentado un aumento en las solicitudes de asilo del 3,271.3%. Para el mismo periodo, el número de personas que fueron reconocidas como refugiadas aumentó en un 98.54%.
Guatemala también es un país importante de retornos forzados de personas migrantes, especialmente a partir del endurecimiento de las políticas migratorias que se ha evidenciado en México y en Estados Unidos durante los últimos años. El número de personas detenidas y deportadas por autoridades mexicanas ha crecido exponencialmente, especialmente tras la puesta en marcha del Plan Frontera Sur en 2014. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración de México (INM), de 2014 a 2015 aumentaron las detenciones de personas guatemaltecas en un 75.22%, mientras que las deportaciones crecieron en un 92.95%. Esta situación plantea desafíos importantes con relación a la reintegración de estas personas en la sociedad y el goce efectivo de sus derechos. Si bien el Estado guatemalteco ha empezado a adoptar algunas medidas para recibir y reintegrar a las personas deportadas o retornadas, tales como la reciente inauguración de una sala en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala para recibir a niños y niñas migrantes, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para hacer frente a la situación actual y más aún frente a un aumento de las deportaciones y los impactos que este tipo de medidas pueden tener a largo plazo dentro de la sociedad guatemalteca.
Durante los últimos años se ha observado cómo las corporaciones que desarrollan diversos proyectos de monocultivos, mineros, hidroeléctricos, petroleros o de turismo, entre otros, han obligado a la población a desplazarse o bien a resistir y defender sus territorios, sufriendo muchas veces criminalización al ser utilizado el sistema penal en su contra, acusándolos de delitos como “usurpación” o “usurpación agravada” de áreas protegidas.
La Comisión fue informada que los desalojos no suelen ser notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), involucrando la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, sin previsión de retorno ni reubicación, sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia. Las organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de 125 solicitudes de desalojo, así como de comunidades como Centro Uno y Nueva Esperanza las cuales fueron desalojadas en los últimos años. Frente a ello, 38 comunidades de Petén han intentado entablar un diálogo directo con el Estado, esfuerzo que no se ha reflejado en un acercamiento entre las partes que permita analizar diversas alternativas, sino en la ejecución de las órdenes judiciales de desalojo en el momento preciso en que el Estado pretende realizarlas. Al efecto, la CIDH ha recibido información de que desalojos que se encontraban en reserva derivados de procesos judiciales durante más de 12 años, se han reactivado en un corto plazo tras la presión de intereses económicos.
En el marco de la visita, la Comisión visitó la comunidad de Laguna Larga en el municipio de San Andrés, departamento de Petén. La comunidad de Laguna Larga decidió huir del lugar donde tenían sus casas, animales de corral y cultivos de pancoger antes de que se ejecutase el desalojo. El operativo mediante el cual se iba a ejecutar la orden judicial del desalojo fue llevado a cabo por 1500 efectivos de la Policía Nacional, 300 efectivos del Ejército, funcionarios de la CONAP y la PDH. Al llegar la delegación de la Comisión, la zona estaba resguardada por efectivos del Ejército y funcionarios de la CONAP. Durante su recorrido por la comunidad, la Comisión constató múltiples casas que habían sido destrozadas y al interior los pocos bienes y enseres que quedaban se encontraban desperdigados por el suelo. Asimismo, la Comisión también pudo constatar que múltiples casas fueron quemadas o sus columnas de madera fueron cortadas para tumbar las casas. Sólo la escuela, la iglesia y unas pocas casas no fueron destruidas o quemadas. La escuela de la comunidad de Laguna Larga pasó a ser ocupada por el Ejército y fue marcada como Batallón Kaibil Destacamento Militar Laguna Larga. Una de las casas que no fue destruida estaba siendo utilizada por funcionarios de la CONAP. Los pozos de agua construidos por los antiguos comunitarios de Laguna Larga también estaban siendo utilizados por los militares y los funcionarios de la CONAP. En los alrededores de las casas todavía se veían cultivos de frijol, maíz y petitoria, así como animales de corral andando libres por entre las casas y las ruinas que quedaron de la comunidad.
Posteriormente, la delegación de la Comisión Interamericana se trasladó unos kilómetros más al norte hasta la franja fronteriza entre Guatemala y México, lugar en donde al momento de la visita se encontraba ubicada los miembros de la comunidad de Laguna Larga que huyeron del desalojo. Las personas afectadas se desplazaron a proximidades del ejido El Desengaño en el municipio de Candelaria, estado de Campeche, México. La Comisión fue recibida por la comunidad que estaba integrada por cerca de 450 personas, entre las cuales habían un poco más de 100 niños y niñas, 100 mujeres, 200 hombres y 50 adultos mayores. La Comisión pudo constatar las condiciones inhumanas y degradantes en las que se encontraba la comunidad ante la falta de agua potable, energía, y servicios sanitarios básicos. Las familias que allí se encuentran estaban viviendo en “cambuches” con techos de paja y carpas de campaña, los cuales estaban ampliamente expuestos al clima, los animales y los elementos. Según miembros de la comunidad, la mayor parte de la asistencia humanitaria recibida ha sido suministrada por el Estado mexicano, así como por organizaciones de la sociedad civil de México y organizaciones como UNICEF, la Cruz Roja mexicana y autoridades mexicanas. El médico del centro médico que construyeron para la comunidad reportó a la Comisión que la situación la comunidad es bastante crítica y se están presentando diferentes enfermedades como consecuencia del desplazamiento y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad. En particular, el médico que estaba atendiendo la comunidad destacó que había un número considerable de niños y niñas con diferentes grados de desnutrición, 9 de ellos con desnutrición severa.
Los miembros de la comunidad también reportaron haber sido amenazados e intimidados por los efectivos del Ejército que resguardan su antigua comunidad, quienes no les han permitido recoger los bienes que dejaron ni sus cosechas que empiezan a dañarse. Los miembros de la comunidad solicitaron a la Comisión que intercediese ante el Estado guatemalteco para que le permitiesen retornar a la comunidad en la cual llevaban viviendo desde los primeros años del 2000.
Guatemala también es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines sexuales o laborales. Las personas indígenas y los niños, niñas y adolescentes suelen ser las principales víctimas de estos delitos. Las niñas y los niños suelen ser explotados para mendigar en las calles y como vendedores ambulantes; por su parte, organizaciones criminales suelen explotar sexualmente a las niñas y niños.
- Centros de privación de libertad y centros bajo custodia del Estado
En relación con la situación de las personas privadas de libertad en Guatemala, la Comisión Interamericana observa que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento (22.464 personas detenidas con capacidad para 6,320), el uso excesivo de la prisión preventiva (50% de la población penitenciaria en general), y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la corrupción y la falta de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Del total de la población penitenciaria, el 10% son mujeres, lo que resulta de especial preocupación considerando que el porcentaje de mujeres encarceladas supera por más del doble el promedio del número de mujeres privadas de libertad en las Américas.
La CIDH valora los esfuerzos estatales dirigidos a racionalizar el uso de la prisión preventiva, principalmente mediante la utilización de medidas alternativas y la creación de la Política de Persecución Penal Democrática. Sin embargo, la aplicación excesiva de esta medida sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Guatemala. En particular, la CIDH tiene información que indica que entre los principales desafíos que enfrenta el Estado guatemalteco para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, y en consecuencia, los altos niveles de hacinamiento carcelario, se encuentran las políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la in seguridad ciudadana; la utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de presión o castigo contra las autoridades judiciales que determinan la aplicación de las medidas alternativas, la falta de acceso e inadecuada cobertura de defensa pública; la falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de justicia, el alto nivel de suspensión de audiencias, y la ausencia de registros que controlan los plazos de los procesos judiciales. Considerando esta situación, la CIDH llama al Estado a tomar las medidas inmediatas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia, y por consiguiente, para hacer frente al hacinamiento.
La Comisión se encuentra especialmente preocupada por las deplorables condiciones de detención observadas en las cárceles guatemaltecas, que presentan riesgo a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, y que se caracterizan por alarmantes niveles de hacinamiento; deficiente infraestructura, falta de higiene, atención médica negligente, y alimentación inadecuada. La CIDH pudo constatar con preocupación los altos niveles de hacinamiento en todos los centros de detención visitados, incluidas las tres carceletas –conocidas comúnmente como “gallineros”– de la Torre de Tribunales del Organismo Judicial. La Granja Penal de Pavón, para una capacidad de alojamiento de 960 personas, cuenta con 3.363; el Centro de Orientación Femenina, para 700 mujeres, aloja a 125; y la cárcel Santa Teresa, con capacidad de 250 mujeres, su población constituye 1.257 personas. El extremo hacinamiento, aunado a la falta de ventilación, y por consiguiente, a los altos niveles de temperatura, constituye una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. La negligente atención médica que se brinda en esos lugares se refleja claramente en que únicamente hay un médico de lunes a viernes para cada cárcel visitada por la CIDH, y que su población equivale a un total de 5.320 personas.
La Comisión observó que el uso de aislamiento en los tres centros penitenciarios visitados se realiza en contraposición a estándares internacionales, y se aplica como “medida de seguridad” para proteger la integridad de las personas detenidas o como sanción por mala conducta. La CIDH documentó la situación de 45 personas que se encontraban en 8 cuartos de aislamiento; 28 de ellas, hombres, y 17 mujeres. En términos generales, y dependiendo de la celda, éstas eran compartidas, se caracterizaban por espacios extremadamente limitados, condiciones antihigiénicas, falta de luz natural y escasa iluminación artificial, ventilación inadecuada, y altos niveles de temperatura. Las personas en aislamiento tenían derecho a una hora al sol por semana –y en el mejor de los casos, por día– y no tenían permitido recibir visitas o tener contacto con familiares. De alarmante preocupación resulta el prolongado tiempo en que se aplican estos regímenes excepcionales, y que se refleja claramente en que de las 45 personas aisladas que fueron entrevistadas; un total de 31, habrían permanecido en aislamiento desde hace más de un año. De los cuartos visitados, la CIDH destaca las deplorables condiciones de la celda conocida como “Reflexión” del Centro de Orientación Femenino; en la que en un espacio de únicamente 1 por 2 metros, se aloja a 5 mujeres, que además de las vulneraciones que caracterizan a este tipo de régimen, no tienen acceso a ninguna hora de sol, y sólo sentadas pueden dormir en la celda. Dos de estas mujeres, han estado en estas condiciones por más de un año. Considerando lo anterior, la CIDH urge al Estado a utilizar el regimen de aislamentiento de manera excepcional y de conformidad con los estándares internacionales en la materia.
De igual forma, la CIDH recibió múltiples testimonios que manifestaban la desesperación de las personas detenidas ante la imposibilidad de salir del centro de detención a pesar de haber cumplido con su condena. Al respecto, la CIDH tiene al alcance información que indica que cientos de personas se encuentran en cárceles guatemaltecas por acusaciones de lavado de dinero y otros activos, debido a que no cuentan con los recursos económicos para cubrir la multa impuesta después de haber cumplido con su sentencia privativa de libertad. Lo anterior, en vista de que la normativa guatemalteca estipula que la sanción por estos ilícitos obliga a que las personas condenadas, paguen una multa del “valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito”. En este sentido, un interno de la Granja Penal de Pavón, señaló: “Llevo 8 años aquí, pero mi condena era de 6. Me incautaron 50 mil dólares, y no tengo nada para pagar la multa. Cada día me descuentan 100 quetzales de lo que debo. Me voy a quedar aquí de por vida”.
Por último, resulta de especial preocupación para la Comisión la utilización de recintos militares para alojar de manera indefinida a personas privadas de libertad y el uso de estaciones de policía como centros de detención permanente. Según datos de julio de 2017, un total de 1.552 personas se encuentran detenidas en estaciones de la Policía Nacional Civil. La CIDH considera que este tipo de centros de detención no reúnen las condiciones mínimas para que la detención sea compatible con el derecho a la integridad personal, y en este sentido, llama al Estado a garantizar las medidas necesarias a fin de garantizar que los derechos de las personas privadas de libertad sean transferidas a centros de detención que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
La CIDH visitó el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (CEJUPLIM) "los Gorriones", donde se encuentran internadas niñas, adolescentes, y mujeres entre 13 y 22 años de edad, algunas embarazadas y con hijos, en conflicto y contacto con la ley penal. Durante la visita, la Comisión pudo verificar diversos problemas de derechos humanos, incluyendo una infraestructura inadecuada que repercute negativamente en la salud física y mental de las niñas y adolescentes, la ausencia de alimentación apropiada; la falta de higiene y de atención adecuada a la salud; la permanencia de mujeres adultas compartiendo espacios con niñas y adolescentes; hombres trabajando en un espacio donde debería haber solamente mujeres; y una infraestructura física más propia de centros penitenciarios que de un centro juvenil de detención. La Comisión también escuchó a adolescentes que relataron haber sufrido tratos crueles inhumanos y degradantes, así como tratos que podrían constituir tortura.
Asimismo, en su visita al Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV), "Etapa II", también constató la presencia de niños y jóvenes así como hombres mayores de edad. De hecho, casi el 90% de los internos en Etapa II son mayores de edad, y comparten espacios cotidianamente con niños y adolescentes, en abierta contravención de estándares internacionales en esta materia. La CIDH recibió información que indica que los internos en estos centros habrían sido sujetos a tratos inhumanos y degradantes, al igual que en Gorriones. Además, la información al alcance indica que los familiares que visitan a los internos en estos centros son sujetos de vejámenes cuando visitan el centro, obligándoseles a desnudarse y realizar actos humillantes.
La CIDH constató el carácter punitivo y penitenciario del sistema actual de privación de libertad de estos niños y jóvenes. Los centros de privación de libertad funcionan bajo condiciones de encierro extremadamente precarias en términos de hacinamiento, insalubridad, inseguridad y violencia, lo cual expone a los adolescentes a más abusos y violaciones a sus derechos y no contribuye a la prevención de la reincidencia, profundizando el problema en lugar de suponer una oportunidad para su integración social en términos constructivos. El Estado no cuenta con programas socioeducativos y de rehabilitación comprehensivos y efectivos para los adolescentes en conflicto con la ley penal. La CIDH recuerda que estas condiciones son contrarias a los estándares internacionales en materia de justicia juvenil y urge al Estado a revisar el actual sistema de justicia juvenil y la gestión de los centros de privación de libertad para niños y adolescentes.
La CIDH también recibió información de jueces de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal. En ese marco, la Comisión advirtió la dificultad para ejecutar sentencias emitidas por las y los jueces que versan sobre las condiciones de los centros juveniles de privación de libertad para mujeres y hombres. Entre ellas destacan la lentitud con que algunas entidades del estado implementarían las medidas ordenas, la falta de recursos humanos y presupuestarios de dichas entidades para implementar efectivamente dichas medidas, así como presiones y resistencia de parte de otros miembros del mismo Organismo Judicial.
Asimismo, en su visita a estos centros juveniles la CIDH constató que la mayoría de las personas, entraron en conflicto con la ley penal cuando eran adolescentes, y continúan cumpliendo su sentencia en el centro aún después de cumplir la mayoría de edad. La Comisión fue informada sobre la necesidad de establecer centros intermedios para que las personas que entraron en conflicto con la ley penal siendo adolecentes y han cumplido la mayoría de edad, puedan cumplir su sentencia en un centro especializado que no aloje a adolescentes ni a adultos privados de libertad.
Respecto a centros bajo custodia del Estado, la Comisión visitó el HospitalNacional de Salud Mental “Federico Mora”, la única institución estatal de larga estancia que brinda atención psiquiátrica a la población en Guatemala. En este hospital, además de pacientes, se encuentran también personas en conflicto con la ley, enviadas por orden judicial al considerar que tienen algún tipo de discapacidad mental. La CIDH monitorea la situación de los pacientes en el hospital desde 2012, fecha en que le otorgó medidas cautelares con base en información que indicaba que en dicha institución se perpetraban múltiples violaciones a sus derechos humanos, tales como: abusos físicos y sexuales contra pacientes por parte de los agentes de custodia y personal médico, condiciones inhumanas y degradantes, atención médica negligente, y utilización de regímenes prolongados de aislamiento. A la fecha, el hospital cuenta con 334 pacientes.
En relación con los avances realizados durante los últimos años, el Estado de Guatemala ha informado sobre el aumento del presupuesto asignado al Hospital Federico Mora, que pasó de 14 millones a 54 millones de quetzales (equivalente a más de 7 millones de dólares), y que habría sido utilizado principalmente para mejorar la infraestructura de la institución. Al respecto, durante su visita a la institución en el marco de la visita in loco, la CIDH pudo comprobar que las condiciones de infraestructura habían mejorado en comparación con las reportadas al otorgamiento de las medidas cautelares. Además, la Comisión advirtió la separación entre los pacientes del hospital y de aquéllos pacientes hombres que estarían en conflicto con la ley, y en consecuencia, una notable reducción en la presencia de guardias de custodia en la instalación.
La CIDH valora la realización de estas medidas, sin embargo no considera que éstas resulten suficientes para garantizar plenamente la vida y la integridad de los pacientes del Federico Mora. En particular, la CIDH lamenta que las medidas adoptadas no se han centrado en la creación de servicios comunitarios que permitieran la integración social de los pacientes. Esta situación resulta de especial preocupación considerando que el propio Estado ha admitido que hay pacientes que sólo permanecen en la institución debido a que no tienen familiares que se hagan cargo de ellos. Adicionalmente, según una evaluación realizada en 2013 por personal psiquiátrico independiente y personal médico del Federico Mora, aproximadamente el 75% de los pacientes (sin incluir a aquéllos en conflicto con la ley), no requería permanecer en la institución “por razones psiquiátricas”, y podía integrarse “fácilmente” a la comunidad teniendo servicios de tipo ambulatorio. En este contexto, y considerando la falta de opciones comunitarias para que los pacientes del Hospital Federico Mora reciban los servicios y tratamientos necesarios fuera de la institución, la CIDH insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida en comunidad de estas personas, mediante la creación y establecimiento de servicios comunitarios. En este sentido, valora el nuevo modelo incluyente de salud, implementado por el Ministerio de Salud desde principios de este año, y que tiene una perspectiva de derechos humanos e integración comunitaria.
- Libertad de expresión
En relación con la situación del derecho a la libertad de expresión, la Comisión y su Relatoría Especial constataron que Guatemala vive un contexto de violencia contra periodistas, caracterizado por asesinatos y amenazas. Pese a esto, las y los periodistas a lo largo del país siguen siendo la principal fuente de información y debate sobre los graves problemas de derechos humanos y corrupción que afectan Guatemala. Desde su llegada al gobierno, el presidente Morales ha reconocido este papel y en foros nacional e internacionales se comprometió en respetar los principios que garantizan la libertad de expresión.
Durante 2016 y lo corrido de 2017, la CIDH recibió información sobre el asesinato de 11 comunicadores en Guatemala. En 2017 también se han registrado múltiples casos de agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación en Guatemala. El Ministerio Público informó al respecto que se encuentran en etapa inicial del proceso de investigación penal 170 denuncias en la unidad de delitos comunes y 24 denuncias en la Agencia de delitos contra la vida. Durante la visita in loco, periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión denunciaron un aumento de las amenazas y estigmatización a través de las redes sociales, agresiones de la fuerza pública y un clima de fuerte polarización política y social que también permea al ejercicio del periodismo, en particular el periodismo de opinión. Las organizaciones periodísticas también denunciaron a los políticos locales, miembros de la policía nacional, y el crimen organizado como factores de intimidación en el interior del país.
Pese que se mantienen los altos índices de impunidad de los crímenes de asesinato de periodistas, la CIDH saluda los avances en la investigación del asesinato de dos periodistas que conmovió el país. En enero de 2017, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio contra el diputado Julio Antonio Juárez Ramírez, por la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en marzo de 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez. Asimismo, otras dos personas habrían sido capturadas por su participación en el crimen. Sin embargo, es preocupante que el diputado referido, aún no haya sido sometido a juicio, debido a una serie de procedimientos dilatorios interpuestos por el acusado ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no han sido resueltos y por lo tanto mantienen su inmunidad. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2017, a través de las actuaciones de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, se condenó a dos personas por crímenes contra periodistas cometidos durante 2016. La CIDH saluda también el fortalecimiento de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, y el establecimiento en mayo de 2017 de una Agencia Fiscal de delitos cometidos contra Periodistas, con sede en el departamento de Quetzaltenango.
Durante una reunión con la CIDH y el Relator Especial, el Presidente Jimmy Morales anunció que el gobierno aprobará a la brevedad un Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales, en lo que viene trabajando en consulta con organizaciones periodistas, lo cual La CIDH celebra. En reiteradas oportunidades la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado la creación de un programa para la protección de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
La CIDH constató que Guatemala no registró avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad de la televisión abierta. El empresario Ángel González es dueño de los cuatro canales privados de VHF que emiten en Guatemala, y según diversos actores, tanto de la sociedad civil como estatales, es responsable de imponer una agenda vinculada a sectores que se oponen a reformas institucionales vinculadas al combate a la corrupción y a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. Según detalla el informe sobre el Financiamiento de la Política en Guatemala publicado por la CICIG en julio de 2015, “probablemente no exista otro caso en el mundo en que una misma persona sea dueña de los cuatro canales privados de VHF existentes”.
Al respecto, la CICIG y el Ministerio Público revelaron que los canales Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7), propiedad del empresario González, habrían proporcionado “financiamiento electoral ilícito” a la campaña del Partido Patriota que llevó a la Presidencia de la República a su líder Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia Roxana Baldetti. En cambio, esas empresas de televisión habrían sido beneficiadas con contratos millonarios de publicidad estatal, a partir de la llegada al gobierno de Pérez Molina y Baldetti. De acuerdo con las revelaciones de la investigación, las dos empresas habrían recibido el 69% de la pauta oficial. Sobre el particular, en marzo de 2017 la Fiscalía de Guatemala presentó una acusación por el caso “Cooptación del Estado”. Es de destacar que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia dio por finalizada la práctica de utilizar la publicidad oficial para premiar a los medios por sus coberturas favorables y castigar a los medios críticos.
Durante la visita in loco, la CIDH recibió la información de que el gobierno habría comenzado un proceso para la implementación de la televisión digital terrestre abierta, que implica importantes decisiones regulatorias. La CIDH manifiesta su preocupación por la inexistencia de un plan para ordenar el espectro y la asignación de frecuencias que permita el ingreso de nuevos operadores; por el contrario, fuentes de prensa dan cuenta de la renovación de todas las frecuencias del grupo que domina la televisión en Guatemala.
La CIDH también manifiesta su grave preocupación respecto a la inexistencia de avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de licencias para que las comunidades, en particular las indígenas, puedan gestionar sus radios y expresarse en sus lenguas y promover su cultura. En febrero de 2016, la CIDH y su Relatoría Especial tuvieron conocimiento que el Congreso de la República de Guatemala se encontraba estudiando en tercera fase la iniciativa de ley 4087 “Ley de Medios de Comunicación Comunitaria”, impulsada por la sociedad civil y pueblos indígenas del país, promoviendo estándares internacionales. Sin embargo, el proyecto fue rechazado de forma acelerada por la mayoría de una Mesa Técnica del Congreso, alegando que carecería de sustento técnico y que se trataba de una iniciativa “inoportuna” e “inconstitucional”.
Mientras no existe un marco normativo de políticas para hacer efectivo la incorporación de los pueblos indígenas a la radiodifusión, continúa la persecución de las denominadas radios “ilegales”. Aunque en algunos casos la persecución se habría dirigido a radios comerciales no autorizadas, en otros también incluyó a radios de comunidades indígenas que mantienen al aire pequeñas radios, pese a los obstáculos para acceder a frecuencias. Para abrir procesos penales contra los comunicadores se aplicaría por analogía la figura penal de “hurto”. La Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala denunciaron durante la visita que actualmente existirían 46 condenas en contra de comunicadores comunitarios por esta figura penal.
Recomendaciones
La CIDH reconoce que el Estado de Guatemala en ciertos casos emblemáticos ha demostrado gran capacidad y compromiso para dar pasos significativos para garantizar los derechos humanos. En este sentido, es indispensable que el Estado priorice la adopción de medidas en relación con los siguientes temas:
- Dotar a COPREDEH y a la Procuraduría de Derechos Humanos de suficientes recursos humanos y presupuestarios para que pueda cumplir con su mandato plenamente.
- Ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación en Intolerancia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Verdad, justicia y reparación
- Redoblar esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y garantizar investigaciones prontas, serias e imparciales en dichos casos.
- Reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos de humanos cometidas durante el conflicto armado interno, a través de investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, sancionar a los autores materiales e intelectuales y reparar a las víctimas.
- Apoyar financieramente el Archivo de la Policía Nacional Civil.
Desigualdad y discriminación
- Continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la grave problemática de la desnutrición infantil. En el caso específico de mujeres, niñas y adolescentes, diseñar e implementar programas y políticas para prevenir la mortalidad materna e infantil. Además, asegurar el acceso a agua potable y otros derechos básicos como educación y salud para toda la población.
- Asegurar que antes de otorgar concesiones, licencias o permisos de exploración o explotación de recursos naturales que afecten las tierras o territorios ancestrales de pueblos y comunidades indígenas, se realice una consulta previa, libre e informada, con miras a obtener el consentimiento, en cumplimiento con los estándares interamericanos en la materia. Además, establecer una política pública integral que aborde la situación de discriminación que afecta a los pueblos indígenas y que atentan contra sus formas de vida, siendo elaborada y ejecutada con participación y en consulta con los pueblos indígenas de Guatemala, y respetando sus formas de vida y proyectos de desarrollo, de acuerdo al derecho internacional aplicable. Se deberá tener en cuenta también la participación de las mujeres indígenas, y los niños y las niñas indígenas a lo largo del proceso.
- Crear instituciones para formular y desarrollar políticas a las personas afrodescendientes por medio de un Plan de Acción Nacional.
- Como forma de erradicar la discriminación, promover la presencia de mujeres, en particular de mujeres indígenas y afrodescendientes, en cargos de decisión por medio de medidas de acción afirmativa.
- Tomar medidas decisivas para garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia y de discriminación acceso a la justicia en todas las etapas (denuncia, investigación y proceso judicial) con información accesible en términos de idioma y cultura, con personal capacitado, con asesoramiento jurídico especializado y con servicios de proximidad de atención a las víctimas.
- Adoptar las medidas necesarias para desalentar la intolerancia y abolir todas las leyes que discriminan a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Adoptar medidas inmediatas para proteger la propiedad intelectual colectiva de las mujeres indígenas en lo relativo a sus vestimentas y diseños que representan su identidad tradicional.
Acceso a la Justicia
- Asegurar que el recurso de amparo y su aplicación en Guatemala cumpla con los estándares interamericanos sobre la materia.
- Adoptar la reforma constitucional en materia de justicia a la brevedad posible asegurando que cumpla con los estándares internacionales sobre la materia, con el objetivo de fortalecer la carrera judicial y los procedimientos de nombramiento.
Protección de la niñez
- Adoptar las medidas legislativas y las políticas públicas para implementar un verdadero modelo de garantía integral de la totalidad de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, que cree el andamiaje institucional adecuado para asegurar y proteger sus derechos, con un especial énfasis en los servicios destinados a la niñez en el nivel local, dotándolo de recursos humanos, materiales y económicos suficientes.
- Respecto de los elevados niveles de institucionalización de niños y niñas, revisar la legislación, políticas y prácticas para garantizar su adecuación a los estándares internacionales, en particular reforzando las políticas sociales de apoyo a las familias con miras a que puedan ofrecer los cuidados adecuados a sus hijos e hijas, así como otras políticas sociales destinadas a garantizar derechos, como en salud, educación y nutrición. A su vez, regular de modo claro el carácter excepcional y por el menor tiempo posible de las medidas que impliquen la separación de un niño o niña de su familia por motivos de protección, aplicable solo en los supuestos taxativamente previstos en la ley, y la decisión quedar sujeta a revisión periódica, en consonancia con los estándares internacionales.
- Promover un modelo de cuidados alternativos para los niños y niñas que lo requieran que respete y garantice sus derechos, dando prioridad a la disponibilidad de cuidados alternativos de carácter familiar, priorizando los cuidados en la propia familia ampliada o en su defecto en una familia sustituta, y solo cuando esté en el interés superior del niño o la niña recibir atención en un centro especializado en capacidad de prestar una atención personalizada y adaptada a sus necesidades de protección. El Estado debe poner fin al modelo de grandes instituciones residenciales, contrario a los estándares internacionales.
Seguridad Ciudadana
- Elaborar políticas públicas de carácter preventivo, con fundamento en las causas de la violencia y los altos niveles de criminalidad, con el objeto de reducir en forma sustancial la criminalidad, y asegurar a las guatemaltecas y los guatemaltecos vivir en un país libre de violencia.
- Asegurar la reglamentación y control efectivo de las empresas de seguridad privada y sus agentes, el registro y sanción de quienes no cumplan con la normativa; así como llevar a cabo un estricto control de armas.
Personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia
- Aprobar e implementar de manera urgente una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, con el debido sustento jurídico. Esta política debe incluir la implementación de un programa de protección integral que disponga de medidas especiales de protección adecuadas y efectivas, que sean idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la persona. Este programa debe incorporar un modelo de análisis de riesgo que permita determinar las necesidades de protección de cada defensor, incorporando, por ejemplo, perspectiva de género o de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
- Fortalecer la independencia judicial en el país mediante procesos de selección y nombramiento conforme a los estándares interamericanos y que en todo caso tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base en el mérito y las capacidades profesionales. Con el fin de fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública la Comisión considera conveniente la celebración de audiencias o de entrevistas públicas en las que la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y otros interesados tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.
- Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión. Para ello, fortalecer las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia reconociendo la importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como del debido proceso.
- Asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia. En la misma línea, debe abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades ancestrales, líderes y lideresas que sugieran que actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de defensa de derechos humanos.
Libertad de expresión
- Adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión; en tanto abstenerse de perseguir penalmente a las radios comunitarias.
- Respecto del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales cuya creación fue anunciada durante la visita por el Presidente de la República, la CIDH enfatiza la importancia de que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios.
- Adoptar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad en el proceso de la transición digital. Entre ellas, se puede señalar la adecuación a los estándares interamericanos de los procesos de acceso, renovación o revocación de las licencias; el reconocimiento de los diferentes sectores en los medios de comunicación; la promoción de diversos y nuevos operadores; y la regulación de los límites a concentración.
- Adoptar reglas claras y objetivas para la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación.
Personas bajo custodia del Estado
- En relación con la justicia juvenil, adoptar las medidas necesarias para asegurar que se cumplan con los estándares internacionales en esta materia, en especial, implementar en la práctica un modelo de justicia juvenil que contemple la privación de la libertad como una medida de último recurso y por el menor tiempo posible y que no tenga carácter retributivo sino rehabilitador, contando con instalaciones adecuadas y profesionales especializados que puedan aplicar programas socio-educativos y de rehabilitación que representen una oportunidad efectiva para la integración social positiva y constructiva de los adolescentes, y evitar su reincidencia
- A fin de hacer un uso racional del encarcelamiento, la Comisión insta al Estado a promover, regular y aplicar las medidas alternativas a la privación de libertad, así como a realizar acciones dirigidas a propiciar la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el fortalecimiento de medidas como la redención de penas y el régimen progresivo.
- Respecto a la prisión preventiva, la Comisión recuerda que esta medida debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. A fin de reducir su utilización, la CIDH recomienda promover la aplicación de medidas alternativas a la misma, tales como mecanismos de monitoreo electrónico, arresto domiciliario, y programas de justicia restaurativa en materia penal. Respecto a los mecanismos de monitoreo electrónico, la Comisión insta al Estado a asegurar que su aplicación se determine atendiendo la situación económica de la persona imputada, se adecue a criterios de igualdad material, y no constituya una medida discriminatoria hacia personas que no tienen la capacidad económica de consignar dichos montos.
- Considerando los altos niveles de suspensión de audiencias judiciales en Guatemala, y a fin de contrarrestar diversas dificultades que pudieran enfrentarse para trasladar a las personas privadas de libertad a los juzgados, la CIDH recomienda al Estado implementar las llamadas “audiencias en las cárceles”, que se realizan en recintos penitenciarios a los que asisten las autoridades judiciales para realizar determinados procedimientos.
- Garantizar el derecho de los pacientes del Hospital Federico Mora a vivir en la comunidad, mediante el establecimiento de servicios y apoyos ambulatorios, definiendo de manera urgente una estrategia de desinstitucionalización, y asignando los recursos suficientes para el desarrollo dichos servicios.
Desplazados internos, migrantes, refugiados y desalojos forzosos
- Adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de personas, así como adoptar medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas internas y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional.
- Reglamentar el Código de Migración y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana de conformidad con las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de un proceso participativo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
- Garantizar el acceso a la justicia a migrantes y sus familias, así como implementar medidas para la búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos.
- Implementar medidas efectivas que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos y la reintegración de las personas deportadas o retornadas.
- Garantizar que los desalojos sean realizados únicamente en observancia a las normas y estándares en materia de derechos humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, con la finalidad de promover el bienestar social y garantizando soluciones a la población desalojada que pueden consistir en la restitución y el retorno, el reasentamiento y la rehabilitación o la justa compensación.
- De conformidad con los Acuerdos de Paz, promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República.
- Adoptar medidas para garantizar la protección a la dignidad, a la vida y a la seguridad de las personas desalojadas, asegurando como mínimo el acceso a comida, agua potable y saneamiento, alojamiento, ropa, acceso a servicios médicos, medios de subsistencia y acceso a la justicia, así como garantizar el acceso de asistencia humanitaria y monitoreo independiente.
Sobre las reuniones sostenidas durante la visita in loco
Durante la visita in loco, la Comisión sostuvo reuniones con el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera; el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso; el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y el Viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán; el Ministro de Defensa, Williams Mansilla; el Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Adrián Estuardo Chávez; el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Víctor Hugo Godoy; el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito y la Subsecretaria de Comunicación Social, Luz Arminda Barrios; la Secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales y personal de la Secretaría de Bienestar Social; las Magistradas Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales de Sierra y el Magistrado Josué Felipe Baquiax Baquiax, de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela; las Magistradas de la Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa, Gloria Porras, María Consuelo Porras, María Cristina Fernández y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana, Henry Comte y José Mynor Par; el Presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchilla; el Segundo Vicepresidente, Eduardo Ramiro de Matta; el Tercer Vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Patricia Sandoval; las Diputadas Nineth Montenegro y Sandra Móran; los Diputados Amílcar de Jesús Pop Ac, Boris España, Jaime José Regalado y Oliverio García Rodas; la Fiscal General de la República de Guatemala, Thelma Aldana Hernández; la Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Hilda Pineda; el Procurador de Derechos Humanos, José Eduardo de León Duque; el Procurador electo de Derechos Humanos, Jordan Rodas, y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Silvia Villalta; la titular de la Defensoría de la Mujer Indígena, María Roselia Pop Cal y personal de la Defensoría de la Mujer Indígena; el Subsecretario de la Paz, Hugo Rigoberto Casasola; el Subsecretario de Planificación, Luis Ovando; la Directora Interina del Sistema Penitenciario, Mirna Fajardo; la Directora del Archivo General de Centroamérica, Anna Carla Ericastilla; la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH, Violeta Mazariegos; el Superintendente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, José Raúl Solares Chiu y personal de la Superintendencia; el Coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Gustavo Meoño; el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Resarcimiento, Rodolfo Martínez Mérida; así como personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Drogas el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional de Adopciones, el Registro de la Información Catastral, el Registro General de la Propiedad y la Secretaría de Asuntos Agrarios, además de jueces de ejecución de sentencia de adolescentes. Asimismo se reunión con fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
En las visitas a departamentos, la CIDH se reunió con las siguientes autoridades: la Gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura; el Gobernador de Huehuetenango, Ramiro Estuardo Varillas; el Alcalde de Cobán, Koky Córdoba; el Alcalde de San Andrés, Milton Méndez; la Corporación Municipal de Santa Eulalia; el Fiscal Distrital de Alta Verapaz, Lauro Oliver Ruiz; Iliana Alvarado, encargada de COPREDEH para Huehuetenango; Miriam Judith Juárez, encargada de COPREDEH para Petén; los miembros de la corporación municipal de Santa Eulalia; así como personal de las Fuerzas Armadas de Guatemala, la Policía Nacional Civil y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Asimismo, la CIDH se reunió con las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 12 Comunidades San Juan Sacatepéquez, Abogados Moyoy, Aldeas Infantiles SOS, Articulación de Mujeres. Articulación Nacional, Asamblea Nacional de las Abuelas Comadronas del Movimiento Nim Alaxik, ASIES, Asocación MIRIAM, Asociación Abogados Mayas. Asociación Achi, Asociación Ajkemab Rech K aslemal, Asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Asociación Ch’orti Nuevo Día, Asociación Cristiana de Guatemala, Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Estudios de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), Asociación de Inmigrantes Desaparecidos, Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES), Asociación de Lambda, Asociación de Migrantes Desaparecidos, Asociación de mujeres (CSERI IBAGARI), Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Fomento, Asociación Gente Positiva, Asociación Guatemalteca de Hipertensión Pulmonar, Asociación Guatemalteca de Pacientes con Enfermedades Autoinmunes Reumáticas (ARTRILUP), Asociación Iseri Ibagari, Asociación Ixmukane, Asociación K´amalb´e , Asociación Kumool lsnJncoTzal Quiché, Asociación La Alianza, Asociación MOLOJ, Asociación Nuevo Día, Asociación Organización de Ayuda Solidaria contra la injusticia Social (OASIS), Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), Asociación Pop No'j, Asociación Pro-Municipios, Asociación PROCRECE, Asociación SOMOS, Asociación Vidas Paralelas, Asolación de Fomento para el Desarrollo Integral, Bancada Convergencia, Bufete de Derechos Humanos, Bufete jurídico de Derechos Humanos (BDH), Campaña Guatemala Su Hombre, Casa de la Cultura 4 de Noviembre, Casa del Migrante Ala, Catholic Relief Services, Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro de Capacitación Misional de Guatemala (MTC), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Centro para la Acción de la Responsabilidad Social en Guatemala (CENTRARSE), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro para la Defensa de la Constitución, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CHILDFUND, Childfund Guatemala, CHILDHOPE, Red Niña Niño, Children’s Fund, Cladem Enlace Guatemala, Colectivo 8 Tijax, Colectivo Artesana, Colectivo Independiente LGTBI, Colectivo Madreselva, Colectivo Vida Independiente, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CILDH), Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI), Comité, Campesino del Altiplano (CCDA), Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Comité de Familias Independientes DS, Comité de Migrantes Desaparecidos, Comité de Unidad Campesina (CUC), Comunidad Chabán, Comunidad Cristiana Guerreros de Dios (CCGD), Comunidad de Población en Resistencia (CPR), Comunidad de Pueblo en Resistencia (CPR), Comunidad Indígena de Comunidades, Comunidad Indígena la Campana, Comunidades Afectadas por TRECSA, Comunidades Petén, CONACMI, Concejo Mam, Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), Consejo del Pueblo Maya (CPO), Consejo Nacional de Comadronas Mum Alaxik, Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej, Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (COINDI), Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (ACOGUATE), Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, Coordinadora de Cooperativas y ONGs (CONGCOOP), Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), DSU JUL, Educación para Todos (EPT), EDUCO Verde & Azul, El Refugio de la Niñez, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Estrella Polar, Familia Nos Duelen 56, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Fe y Alegría, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Foro Nacional de la Mujer, Freedom Guatemala, Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fundación Esperanza y Prosperidad (FUNDAESPRO), Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex (FUNDAL), Fundación Guillermo Tonello. Fundación Justicia, Fundación Justicia y Género, Fundación Marista, Fundación Myrna Mack, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones de base (FUNDEBASE), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundación Sobrevivientes, Fundación Tierra Madre, FUNDAL, Gente Positiva, Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reformativos en Guatemala, Humanistas Guatemala, Iglesia Luterana en Guatemala (ILGUA), Impunity Watch, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Instituto de Colaboración y Educación Familiar (ICEF), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Instituto de Investigaciones, Escuela de Historia USAC, Instituto de Protección Social, Internews-Consultora, Ixmukare, Jóvenes contra la Violencia, Jóvenes por Guatemala, Asociación La Alianza (ALA), La Comisión Internacional de Apostolado en Educación Jesuita, La Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex (FUNDAL), La Niñez es Primero, Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala MENAMIG, Misioneros de San Carlos. Scalabrinianos, Movimiento Nacional Comadronas Nim Alaxik, Movimiento Nacional de Tejedoras, Movimiento Nacional de Víctimas, Mujawil Qij, Mujeres de Afedes, Mujeres de Ate Oles, Mujeres Transformando el Mundo, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Organismo NALEB, Organización Líder y Pionera para las Mujeres Trans en Guatemala (OTRANS), Organización Negra Guatemalteca (ONEGUA), Organización para el Desarrollo Integral Sostenible para Oriente y Guatemala (ODISOG), Pan American Development Foundation (PADF), Parlamento Xinka, Pastoral de la Tierra, Dieciséis de San Marcos, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG), Paz Joven Guatemala, Peace Brigadas International (PBI), Pieza Clave, Plan International Guatemala, Planned Parenthood Global (PP Global), Plataforma contra la Impunidad, Plataforma de Organizaciones para Personas con Discapacidad, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Prensa Comunitaria, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia (PAMI), Programa de Protección y Seguridad Infantil y Juvenil, Programa de Refugiados para Niños Menores Centroamericanos (CAM), Promoción y Desarrollos Hídricos (PDH), Proyecto Justicia, Equidad y Género, (USAID), Radio Snuq' Jolom Konob', Radios Comunitarias, Red Afroamericana XXI, Red de información Humanitaria para América Latina (TROCAIRE), Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Red de Mujeres Afrodescendientes, Red de Organización de Víctimas Nacionales, Red Legal de Derechos Humanos, Red Nacional de la Diversidad sexual en Guatemala (REDNADS), Red Nacional de Víctimas, Red Niña Niño, Red No Violencia, Save the Children, Seguridad en Democracia en Guatemala (SEDEM), Sindicatos Globales, Delegación Guatemala (ICM), TRACAIRE, UBAQ Garífuna, Unidad de capacitación (UNICAP), Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), Universidad Rafael Landívar (URL), Vida Independiente, Vidas Paralelas Quetzaltenago, World Vision International.
Adicionalmente, la Comisión sostuvo reuniones con la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, Liliana Valiña y personal de OACNUDH, así como con Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), además del coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, José Diego Cárdenas y personal de la OIM y representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA). Asimismo, la CIDH se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, quienes presentaron su testimonio.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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