La agonía de los pueblos indígenas, fuera de la agenda reivindicativa de Brasil
José Manuel Rambla
Otramérica
5 de julio 2013 Dario Vive
Brasil está en las noticias. Pero no todo Brasil. Los pueblos originarios vivieron en 2012 uno de los peores años, con asesinatos, despojo territorial y suicidios en lo que se considera ya “un genocidio silencioso”. El informe que desgranamos en esta nota es la geografía del olvido y el racismo.
La ola de protestas que en las últimas semanas está extendiéndose por todo Brasil ha puesto de manifiesto las profundas contradicciones que alberga un modelo desarrollista presentando como modélico. Son las caras de esas otros realidades omitidas por los grandes medios de comunicación. Realidades especialmente olvidadas como las que sufren los pueblos indígenas, marcados por la desvertebración social y cultural y una violencia que no deja de aumentar, como pone de manifiesto el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) en su último informe anual. Y es que, según esta ONG vinculada a la iglesia católica, el número de casos de violencia contra las comunidades indígenas se incrementó un 237% durante 2012.
En total, según la documentación reunida por el CIMI, el pasado año se contabilizaron 1.276 casos de violencia contra las personas, en el que se incluyen desde homicidios a amenazas, pasando por agresiones, actos de racismo o violencia sexual. Sin embargo, los números reales todavía podrían ser más elevados, como en ocasiones ponen de manifiesto entidades oficiales como el Ministerio de Salud.
Sesenta de estos casos fueron asesinatos, lo que supone la contabilización de 9 víctimas más que el año anterior. De los asesinatos registrados por el CIMI, 37 se registraron en el estado de Mato Grosso do Sul, una cifra que puede estar incluso por debajo de la realidad ya que los datos del Ministerio de Salud la elevan a 43. En total, la ONG ha contabilizado 563 indígenas asesinados durante la última década, más de la mitad de ellos (317) en Mato Grosso do Sul, el estado donde los pueblos indígenas se encuentran en una situación más difícil.
Quince de los asesinatos contabilizados estuvieron motivados por peleas, en la mayoría de casos, acompañadas por abuso de alcohol, lo que evidencia el fenómeno de desestructuración social que afecta a las comunidades indígenas. Sin embargo, en al menos tres casos la causa del crimen estuvo ligada al control de la tierra. Así, dos pistoleros ejecutaron en el municipio de Grajaú (Maranhão) a Francisco da Conceição Souza, indígena Guajajara que venía denunciando la invasión de la Tierra Indígena Bacurizinho por parte de madereras ilegales y narcotraficantes. También el control de la tierra está detrás de la muerte de João Oliveira da Silva que venía sufriendo ya amenazas de muerte por parte de los invasores de las tierras de los Kaxarari en la localidad de Lábrea en Rondonia, o de dos indígenas Potiguara asesinado por un sicario después de que varios caciques prohibieran arrendar tierras para plantar caña de azúcar.
Entre los casos registrados el pasado año, sin duda el que más repercusión tuvo fue la intervención de 400 agentes de policía y la Guardia Nacional que entraron a la fuerza en el municipio del pueblo Munduruku de Jacareacanga, en la frontera entre los estados de Mato Grosso do Sul y Pará. La operación, justificada por la supuesta minería ilegal de oro en la región, desencadenó un enfrentamiento entre agentes e indios que se saldó con tres indígenas tiroteados, uno de los cuales, Edelnilson Krixi, murió.
Además de estos sucesos, se registraron otras 23 tentativas de asesinato, entre los que se encuentran los ataques realizados por pistoleros contra campamentos Guarani-Kaiowa, en Mato Grosso do Sul, o sobre tierras reocupadas por los Pataxó-Hã-Hã-Hãe en Bahia. Igualmente se registraron 21 homicidos, en su mayoría por atropellamientos en los que los conductores se dieron a la fuga que, en algunos casos, podrían esconder asesinatos enmascarados, según algunos testimonios.
A todas estas agresiones, el CIMI también suma otro tipo de violencia, la originada por la omisión en la actuación por parte de los poderes públicos. En este sentido, resultan paradigmáticas las deficiencias en los servicios de asistencia sanitaria a las poblaciones indígenas. La ONG ha contabilizado 86 incidencias de esta categoría durante el pasado año, afectando en conjunto a una población de 80.496 personas. En al menos siete casos, la víctima falleció por culpa de esa desatención. Ante esta situación, en marzo del pasado año unos 1.400 trabajadores convocados por el Sindicato de Trabajadores en Áreas Indígenas realizaron paros como protesta por la reducción de un 30% de los equipos de atención sanitaria para la población indígena, que incidió en los servicios sanitarios de uno 56.000 indios. Paradójicamente, como destaca el CIMI, durante 2012 el gobierno federal solo ejecutó el 8,7% de su ya de por sí exiguo presupuesto de 26,6 millones de reales (8,5 millones de euros) dedicado a las unidades de salud para los pueblos indígenas.
La desatención, sumada a la desestructuración que sufren las sociedades indígenas, la violencia y el alcoholismo se plasma igualmente en un fenómeno que afecta dramáticamente a los pueblos originarios brasileños: la elevada tasa de suicidios. En total, el CIMI contabilizó durante 2012 23 casos de suicidio, de ellos 9 ocurrieron en las comunidades Guarani-Kaiowá asentadas en el estado de Mato Grosso do Sul. Una cifra que, según la propia ONG, está muy por debajo de la realidad ya que según las cifras del Ministerio de Salud, solo entre los Guarani-Kaiowá de aquel estado se habrían registrado 56 suicidios durante el pasado año. De hecho, las mismas fuentes oficiales han contabilizado el suicidio de 611 miembros de esta comunidad se han quitado la vida desde el año 2000, un dato que lleva al CIMI a calificar de “genocidio silencioso” la situación que se vive en Mato Grosso do Sul.
En gran medida, buena parte de esta violencia sufrida por las poblaciones indígenas brasileñas tienen como telón de fondo la dura pugna por el control de la tierra que registra un país que ha hecho de la expansión del agronegocio y de la proliferación de infraestructuras hidroeléctricas una de las claves de su crecimiento. Un modelo que, como destaca el secretario ejecutivo del CIMI, Cleber Buzatto, entre en colisión con la realidad indígena. “La vida de los pueblos indígenas está vinculada a la tierra. Es en su tierra ancestral donde ‘el indio es’. El gobierno federal tiene que saldar urgentemente esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Esa es la única forma de propiciar las condiciones fundamentales para la sobrevivencia física y cultural de esos pueblos”, subraya Buzatto.
Sin embargo, esa deuda histórica dista mucho de ser saldada. No en vano, según denuncia el CIMI, el gobierno de Dilma Rousseff es el que menos tierras indígenas ha homologado desde la restauración de la democracia en 1985. Así de las 1.045 tierras indígenas contabilizadas por la ONG, solo el 34% estaban plenamente regularizadas desde 1990 hasta finales de 2012. De todas ellas, en 339 casos ni siquiera se ha iniciado la tramitación para normalizar el reconocimiento. Por el contrario, la presión del agronegocio y del lobby ruralista en el Congreso ha hecho que el pasado año solo se hayan regularizado siete territorios, lo que significa que de seguir a este ritmo el Estado brasileño tardará más de un siglo en entregar a las comunidades indígenas sus propias tierras.
Y a ello se une un agravante la fuerte presión que los territorios indígenas sufren por parte de fazendeiros, explotaciones mineras y madereras ilegales, o infraestructuras hidroeléctricas. Según el CIMI, todo esto provocó durante el pasado año al menos 9 conflictos en territorios de los pueblos Tapeba, Myky, Bororo, Guarani-Kaiowá, Ororobá, Kadiwéu, Amanaye y Turamã. Además se registraron 62 invasiones de territorios, un 47% más casos que en 2011. Toda esta presión es espacialmente sensible para los pueblos indígenas aislados que ven por este motivo seriamente amenazada su propia sobrevivencia. Es el caso de los Awá Guajá de Maranhó, las comunidades aisladas del Alto Rio Envira, del Valle de Javari, los impactados por el Complejo Hidroeléctrico y la Reserva de Bom Futuro, o las comunidades afectadas en las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós por proyectos como la macropresa de Belo Monte.
Todos estos casos, reunidos por el CIMI en su informe, dibujan la geografía de un olvido, el mapa de una injusticia secular que el Estado brasileño afronta, en el mejor de los casos, con indisimulada pereza. Y tal vez, lo que todavía es más preocupante, con la indiferencia cómplice de una opinión pública nacional e internacional, reconfortada con el silencio de los grandes medios de comunicación
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III
SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL
“DECLARACIÓN
DEL VIVIR BIEN”
En la ciudad de La
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 13 al 17 de Mayo de 2013, nos
hemos reunido hermanas y hermanos, autoridades mayores, dirigentes, jóvenes,
comunicadores y comunicadoras, representantes en suma de organizaciones y
pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador,
Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos. En estos días intensos hemos
cruzado nuestros pensamientos y nuestras palabras para poder seguir tejiendo
proyectos de vida para nuestros pueblos y también para otros pueblos porque
ansiamos un mundo diverso y compartido en igualdad, equidad y armonía con la
Madre Tierra. Entregamos de esta forma, y una vez más, nuestra palabra a la
opinión pública en general, y a las organizaciones y movimientos sociales, y a
los gobiernos en particular de este nuestro continente que llamamos Abya Yala.
PREÁMBULO.
Es importante
destacar que esta Declaración Final no se puede entender solamente en el
contexto de este III Seminario Taller Internacional. La misma es fruto de
nuestras reflexiones, de nuestros diálogos en estos días, pero también es
complementaria con las dos declaraciones anteriores, de fecha 18 de febrero de
2011 y 20 de abril de 2012. Igualmente, entendemos esta Declaración no solo
como resultado de nuestros debates, sino también como correlato necesario de la
sabiduría y cosmovisión de nuestros pueblos, las cuales son el sustento de
nuestra identidad y nuestra diversidad, así como los derechos individuales y
colectivos que como pueblos nos corresponden y que permanentemente exigimos en
cuanto a su reconocimiento y ejercicio efectivo.
Teniendo presente
lo anteriormente señalado, en este III Seminario Taller hemos dado un nuevo e
importante paso colectivo al profundizar sobre los debates anteriores para avanzar
decididamente en la imperiosa construcción de estados plurinacionales. De esta
forma, concluimos que para dicha construcción hay tres ejes fundamentales sobre
los que debe edificarse este proyecto político, social, económico e
intercultural de los pueblos. Como se recoge en el subtítulo de esta
Declaración, esos ejes son las Autonomías, la Economía Plural y el Desarrollo
Institucional para Vivir Bien.
Asimismo
reiteramos, como hicimos en reuniones anteriores y como también se ha destacado
en ésta, la existencia de otros ejes fundamentales como son la necesaria
descolonización y la despatriarcalización. Éstos deben transversalizar a todos
los demás para que la construcción de
verdaderos Estados Plurinacionales sea una realidad. Como ya hemos reiterado en
ocasiones anteriores no puede haber Estados Plurinacionales si no hay una
profunda y efectiva descolonización y despatriarcalización que debe empezar por
nuestras individualidades pero que tiene que alcanzar también a todas las estructuras
sobre las que se han construido sistemas de explotación y estados
monoculturales y hegemónicos.
Por todo lo
anteriormente expresado y como fruto de nuestro pensamiento y palabra tejida en
estos días, y siempre en estrecha relación con nuestra cosmovisión y la Madre
Tierra,
REAFIRMAMOS QUE:
1.- Vivimos en un
contexto temporal de cierre de la fase del capitalismo neoliberal que empujó a
nuestros pueblos hacia el empobrecimiento y la explotación, así como a la
ausencia casi absoluta de derechos. Hoy, Abya Yala, por caminos diversos
desarrolla y fortalece procesos de cambio orientados a que las mayorías
sociales, históricamente marginadas e
invisibilizadas, construyan procesos
políticos emancipatorios que no afectan solamente al espacio de los viejos
estados-nación, sino que son alternativas regionales. Y afirmamos que estos
procesos tienen como base la recuperación de la dignidad y la soberanía que
como pueblos nos robaron durante décadas y centurias.
2.- A pesar de lo
anterior manifestamos, de una parte, nuestro dolor por la represión brutal y
violación de derechos que todavía se abate sobre muchos de nuestros pueblos, ya
hablemos de mayas y xincas en Guatemala, de nasas en Colombia o de mapuches en
Chile, siendo éstos desgraciadamente ejemplos de una tónica todavía bastante
ampliamente extendida en nuestros territorios. Sin embargo, y por otra parte,
al tiempo de manifestar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en sus
procesos de lucha y resistencia, también queremos expresar nuestra satisfacción
por la primera condena judicial a un genocida de los pueblos mayas de
Guatemala, como es el exdictador, el general Efraín Ríos Montt. Esperamos que
éste sea el primer paso en el camino hacia la verdadera justicia para con los
pueblos indígenas del continente.
3.- En este marco,
Bolivia es un espacio de pensamiento y construcción ideológica, política y
social, así como económico e intercultural en el caminar hacia el Vivir Bien y
la construcción del Estado Plurinacional, como reconocimiento y ejercicio del
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, y ambos procesos como
plasmación de alternativas posibles al sistema capitalista dominante durante
tantos decenios en nuestros territorios. Por esto, reconocemos que este
laboratorio y sus avances, incluidos sus aciertos y errores, tienen efectos
continentales y reflejos complementarios con otros procesos de cambio abiertos
en nuestro continente.
4.- Hemos hablado
mucho, hemos trenzado pensamientos diversos, y reafirmamos colectivamente que
los llamados procesos de autonomía para los pueblos indígenas no pueden
entenderse como meros procesos de descentralización administrativa de
competencias hasta ahora en manos de los estados-nación. Al contrario, dichos
procesos son el ejercicio efectivo de nuestro derecho a la autodeterminación,
al autogobierno pleno, tal y como recogen múltiples pactos y convenios
internacionales, entre los que destacamos el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT; 1989) y la Declaración de Derechos de los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).
5.- Igualmente, y
teniendo muy presente lo anteriormente expresado, señalamos que el desarrollo
institucional no puede repetir de ninguna manera estructuras, procedimientos o
caminos viejos y ya agotados. El desarrollo institucional en los nuevos estados
plurinacionales debe partir y edificarse sobre el reconocimiento de la
diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos que los
integran. Por esto mismo, dicho desarrollo institucional debe establecer las
posibilidades de desarrollo de esa diversidad de estructuras, diversidad que
entendemos como la riqueza humana, individual y colectiva, de estos nuevos
estados.
6.- Respecto al eje
de economía plural respaldamos el hecho expresado en la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia de que ésta debe constituirse por la
existencia de cuatro submodelos, a saber: el público o estatal, el comunitario,
el social cooperativo y el privado. Sin embargo, reafirmamos que no puede
entenderse la construcción de un nuevo modelo de economía plural como la simple
coexistencia de esos submodelos señalados, sino que debe producirse un proceso
de fortalecimiento de la economía comunitaria, históricamente marginada, así
como de la público-estatal y ambas articuladas y, a su vez, conjugadas o
complementadas con la privada y la social cooperativa.
7.- Mantenemos que
los tres ejes hasta ahora señalados y tal y como ya expresamos en el preámbulo
de esta Declaración Final, deben estar efectivamente transversalizados por los
ejes de despatriarcalización y de descolonización. Los nuevos estados que nos
fijamos como horizontes no podrán ser tales si no acaban con la discriminación
de las mujeres a manos de los hombres. Por eso, hacemos un llamamiento rotundo
a favor de la equidad entre hombres y mujeres, para poder construir verdaderas
sociedades libres.
8.- Así mismo,
tenemos la certeza de que un verdadero proceso descolonizador no será tal, sino
va acompañado de un proceso de decolonización de nuestros procesos mentales y
sociales, pero también políticos y culturales. El colonialismo no concluye
simplemente cuando se produce la liberación del territorio; entonces permanece
muy presente la llamada colonialidad del poder, del ser y del saber. Debemos
cuestionar muchas aparentes certezas y esquemas en muy diversos campos de
nuestra vida individual y como pueblos, para concluir verdaderamente el proceso
descolonizador y desde ahí construir realmente nuevas estructuras justas,
equitativas y solidarias entre las personas y entre los pueblos.
9.- En suma,
profundizar de manera honesta hasta las últimas consecuencias los procesos de
descolonización y de despatriarcalización nos sitúa ante el precipicio de
nuestras contradicciones y asimilaciones al sistema dominante. A pesar de ello
o, precisamente por que esto es lo verdaderamente revolucionario, reafirmamos
nuestro compromiso político transformador para avanzar y saltar, salvando ese
precipicio, acompañando a nuestras comunidades, organizaciones y pueblos.
10.- Hemos
constatado también en estos días que en este proceso son bases fundamentales el
dialogo, la palabra. Pero también hemos comprobado que esa palabra puede y debe
de adquirir diferentes formas, desde la oral hasta la escrita, pasando por la
visual. Por eso, consideramos la comunicación como una herramienta poderosa al
servicio de los pueblos indígenas y de sus procesos descolonizadores,
despatriarcalizadores y hacia el Vivir Bien. Igualmente, la comunicación es
importante para fortalecer la verdadera relación intercultural entre los
pueblos, y por eso la entendemos como acción política necesaria, comprometida,
liberadora y transformadora al servicio de la sociedad. Aprovechamos este
momento también para hacer un llamado al encuentro y participación en la II Cumbre
Continental de Comunicación Indígena “Los pueblos indígenas haciendo
comunicación”, que se realizará en Tlahuitoltepec, territorio Mixe, en Oaxaca
–México, entre los días 7 al 13 de octubre de 2013.
11.- Convencidos
como pueblos indígenas, que la defensa del territorio es el vértice de nuestra
existencia, de nuestra diversidad y de nuestra riqueza (alejada de principios
únicamente mercantilistas), hacemos un llamado para la defensa del territorio
desde el nivel de la comunidad y pueblo hasta el más amplio que corresponde a
lo que llamamos Abya Yala, o como nuestros hermanos y hermanas del norte del
continente con nosotros presentes en estos días denominan, Isla de la Tortuga.
Esta defensa será contra cualquier ataque interno o externo que pretenda perpetuar
la dominación sobre nuestros pueblos y territorios, ya sea proviniendo de
terceros gobiernos o de empresas transnacionales que pretenden, una vez más, la
explotación y expolio de nuestra Madre Tierra. En este sentido, recordamos
ahora la convocatoria de la V Cumbre Continental de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, que se llevará adelante en territorio
del Cauca – Colombia, entre los días 13 al 17 de noviembre de 2013.
12.- Cerramos el
círculo que constituye esta Declaración del Vivir Bien, regresando al punto
inicial cuando afirmábamos que el contexto de nuestro continente confirma el
innegable avance de los procesos emancipatorios en un nuevo horizonte
civilizatorio. Por eso mismo, como pueblos y organizaciones indígenas queremos ahora
hacer desde aquí un llamamiento continental a los movimientos, organizaciones,
gobiernos y personas para construir colectivamente una agenda de esta nuestra
Patria Grande como apuesta político ideológica de nuestros pueblos por una
sociedad verdadera y profundamente justa, equitativa y solidaria, caminando
hacia el Vivir Bien.
Aprobada en consenso por las y
los participantes del III Seminario Taller Internacional Retos y Desafíos en la
Construcción de los Estados Plurinacionales.
La agonía de los pueblos indígenas, fuera de la agenda reivindicativa de Brasil
José Manuel Rambla
Otramérica
5 de julio 2013 Dario Vive
Brasil está en las noticias. Pero no todo Brasil. Los pueblos originarios vivieron en 2012 uno de los peores años, con asesinatos, despojo territorial y suicidios en lo que se considera ya “un genocidio silencioso”. El informe que desgranamos en esta nota es la geografía del olvido y el racismo.
La ola de protestas que en las últimas semanas está extendiéndose por todo Brasil ha puesto de manifiesto las profundas contradicciones que alberga un modelo desarrollista presentando como modélico. Son las caras de esas otros realidades omitidas por los grandes medios de comunicación. Realidades especialmente olvidadas como las que sufren los pueblos indígenas, marcados por la desvertebración social y cultural y una violencia que no deja de aumentar, como pone de manifiesto el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) en su último informe anual. Y es que, según esta ONG vinculada a la iglesia católica, el número de casos de violencia contra las comunidades indígenas se incrementó un 237% durante 2012.
En total, según la documentación reunida por el CIMI, el pasado año se contabilizaron 1.276 casos de violencia contra las personas, en el que se incluyen desde homicidios a amenazas, pasando por agresiones, actos de racismo o violencia sexual. Sin embargo, los números reales todavía podrían ser más elevados, como en ocasiones ponen de manifiesto entidades oficiales como el Ministerio de Salud.
Sesenta de estos casos fueron asesinatos, lo que supone la contabilización de 9 víctimas más que el año anterior. De los asesinatos registrados por el CIMI, 37 se registraron en el estado de Mato Grosso do Sul, una cifra que puede estar incluso por debajo de la realidad ya que los datos del Ministerio de Salud la elevan a 43. En total, la ONG ha contabilizado 563 indígenas asesinados durante la última década, más de la mitad de ellos (317) en Mato Grosso do Sul, el estado donde los pueblos indígenas se encuentran en una situación más difícil.
Quince de los asesinatos contabilizados estuvieron motivados por peleas, en la mayoría de casos, acompañadas por abuso de alcohol, lo que evidencia el fenómeno de desestructuración social que afecta a las comunidades indígenas. Sin embargo, en al menos tres casos la causa del crimen estuvo ligada al control de la tierra. Así, dos pistoleros ejecutaron en el municipio de Grajaú (Maranhão) a Francisco da Conceição Souza, indígena Guajajara que venía denunciando la invasión de la Tierra Indígena Bacurizinho por parte de madereras ilegales y narcotraficantes. También el control de la tierra está detrás de la muerte de João Oliveira da Silva que venía sufriendo ya amenazas de muerte por parte de los invasores de las tierras de los Kaxarari en la localidad de Lábrea en Rondonia, o de dos indígenas Potiguara asesinado por un sicario después de que varios caciques prohibieran arrendar tierras para plantar caña de azúcar.
Entre los casos registrados el pasado año, sin duda el que más repercusión tuvo fue la intervención de 400 agentes de policía y la Guardia Nacional que entraron a la fuerza en el municipio del pueblo Munduruku de Jacareacanga, en la frontera entre los estados de Mato Grosso do Sul y Pará. La operación, justificada por la supuesta minería ilegal de oro en la región, desencadenó un enfrentamiento entre agentes e indios que se saldó con tres indígenas tiroteados, uno de los cuales, Edelnilson Krixi, murió.
Además de estos sucesos, se registraron otras 23 tentativas de asesinato, entre los que se encuentran los ataques realizados por pistoleros contra campamentos Guarani-Kaiowa, en Mato Grosso do Sul, o sobre tierras reocupadas por los Pataxó-Hã-Hã-Hãe en Bahia. Igualmente se registraron 21 homicidos, en su mayoría por atropellamientos en los que los conductores se dieron a la fuga que, en algunos casos, podrían esconder asesinatos enmascarados, según algunos testimonios.
A todas estas agresiones, el CIMI también suma otro tipo de violencia, la originada por la omisión en la actuación por parte de los poderes públicos. En este sentido, resultan paradigmáticas las deficiencias en los servicios de asistencia sanitaria a las poblaciones indígenas. La ONG ha contabilizado 86 incidencias de esta categoría durante el pasado año, afectando en conjunto a una población de 80.496 personas. En al menos siete casos, la víctima falleció por culpa de esa desatención. Ante esta situación, en marzo del pasado año unos 1.400 trabajadores convocados por el Sindicato de Trabajadores en Áreas Indígenas realizaron paros como protesta por la reducción de un 30% de los equipos de atención sanitaria para la población indígena, que incidió en los servicios sanitarios de uno 56.000 indios. Paradójicamente, como destaca el CIMI, durante 2012 el gobierno federal solo ejecutó el 8,7% de su ya de por sí exiguo presupuesto de 26,6 millones de reales (8,5 millones de euros) dedicado a las unidades de salud para los pueblos indígenas.
La desatención, sumada a la desestructuración que sufren las sociedades indígenas, la violencia y el alcoholismo se plasma igualmente en un fenómeno que afecta dramáticamente a los pueblos originarios brasileños: la elevada tasa de suicidios. En total, el CIMI contabilizó durante 2012 23 casos de suicidio, de ellos 9 ocurrieron en las comunidades Guarani-Kaiowá asentadas en el estado de Mato Grosso do Sul. Una cifra que, según la propia ONG, está muy por debajo de la realidad ya que según las cifras del Ministerio de Salud, solo entre los Guarani-Kaiowá de aquel estado se habrían registrado 56 suicidios durante el pasado año. De hecho, las mismas fuentes oficiales han contabilizado el suicidio de 611 miembros de esta comunidad se han quitado la vida desde el año 2000, un dato que lleva al CIMI a calificar de “genocidio silencioso” la situación que se vive en Mato Grosso do Sul.
En gran medida, buena parte de esta violencia sufrida por las poblaciones indígenas brasileñas tienen como telón de fondo la dura pugna por el control de la tierra que registra un país que ha hecho de la expansión del agronegocio y de la proliferación de infraestructuras hidroeléctricas una de las claves de su crecimiento. Un modelo que, como destaca el secretario ejecutivo del CIMI, Cleber Buzatto, entre en colisión con la realidad indígena. “La vida de los pueblos indígenas está vinculada a la tierra. Es en su tierra ancestral donde ‘el indio es’. El gobierno federal tiene que saldar urgentemente esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Esa es la única forma de propiciar las condiciones fundamentales para la sobrevivencia física y cultural de esos pueblos”, subraya Buzatto.
Sin embargo, esa deuda histórica dista mucho de ser saldada. No en vano, según denuncia el CIMI, el gobierno de Dilma Rousseff es el que menos tierras indígenas ha homologado desde la restauración de la democracia en 1985. Así de las 1.045 tierras indígenas contabilizadas por la ONG, solo el 34% estaban plenamente regularizadas desde 1990 hasta finales de 2012. De todas ellas, en 339 casos ni siquiera se ha iniciado la tramitación para normalizar el reconocimiento. Por el contrario, la presión del agronegocio y del lobby ruralista en el Congreso ha hecho que el pasado año solo se hayan regularizado siete territorios, lo que significa que de seguir a este ritmo el Estado brasileño tardará más de un siglo en entregar a las comunidades indígenas sus propias tierras.
Y a ello se une un agravante la fuerte presión que los territorios indígenas sufren por parte de fazendeiros, explotaciones mineras y madereras ilegales, o infraestructuras hidroeléctricas. Según el CIMI, todo esto provocó durante el pasado año al menos 9 conflictos en territorios de los pueblos Tapeba, Myky, Bororo, Guarani-Kaiowá, Ororobá, Kadiwéu, Amanaye y Turamã. Además se registraron 62 invasiones de territorios, un 47% más casos que en 2011. Toda esta presión es espacialmente sensible para los pueblos indígenas aislados que ven por este motivo seriamente amenazada su propia sobrevivencia. Es el caso de los Awá Guajá de Maranhó, las comunidades aisladas del Alto Rio Envira, del Valle de Javari, los impactados por el Complejo Hidroeléctrico y la Reserva de Bom Futuro, o las comunidades afectadas en las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós por proyectos como la macropresa de Belo Monte.
Todos estos casos, reunidos por el CIMI en su informe, dibujan la geografía de un olvido, el mapa de una injusticia secular que el Estado brasileño afronta, en el mejor de los casos, con indisimulada pereza. Y tal vez, lo que todavía es más preocupante, con la indiferencia cómplice de una opinión pública nacional e internacional, reconfortada con el silencio de los grandes medios de comunicación
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III SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL
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Guatemala: Iximulew, Tierra Revuelta
21 abril 2013
Los Pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Meztizo, constituidos en Consejo, queremos expresar nuestra gran indignación porque volvemos a comprobar que la justicia en esta nación desprecia nuestras vidas. A continuación ejemplos contundentes:
La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó nuestro derecho de consulta regulado en el Convenio 169 de la OIT, antes de la aprobación de la ley de minería.
En Lanquin Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q’eq’chi.
En Totonicapán, el gobierno y los tribunales al no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012, sigue promoviendo la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.
En el territorio Maya Ixil, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido a favor de empresas multinacionales. El Pueblo Ixil probó el dialogo con la empresa ENEL de Italia sin embargo, ésta empresa en complicidad con el Gobierno actual abandonaron el dialogo, se aprovechan de la pobreza de la población y han firmado un convenio de negocio que viola la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Con la reforma a la carrera magisterial que está imponiendo el actual gobierno se está negando y destruyendo los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.
Y así podríamos enumerar infinidad de acciones legales que hemos interpuesto para terminar con tantos abusos, asesinatos, persecuciones, desalojos que están ocurriendo en los cuatro puntos cardinales de nuestro país.
Hemos utilizado todas las herramientas legales para la defensa de nuestros derechos como una muestra de confianza hacia el Estado de Derecho que nos han impuesto. Nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones.
Frente a estas agresiones hacemos un llamado a todos los pueblos a la unidad y a la resistencia
Iximulew, 9 Aq’ab’al, 10 K’AT /Guatemala, 14 y 15 de Marzo de 2013
[1] Articulación entre autoridades e instituciones propias del Pueblo Maya: Consejo Mam (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu), Consejo K’iche del Quiché, Consejo K’iche de Quetzaltenango, Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas de la Región Ixil, Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango, Consejo de los Pueblos de Tezulutlán, Consejo Ch’orti’, Parlamento Xinka y Movimiento Regional de Resistencia Popular del Sur. CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE - CPO -
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Honduras: Por El Derecho Territorial, Libre Determinación, El Derecho Indígena y Alternativo
COPINH, 30 de diciembre 2012
El proceso de colonización brutal y en veces adormecedor, llega a todos los espacios y niveles, ha sido una de las batallas que el Pueblo Lenca, como los demás Pueblos Indígenas hemos tenido que enfrentar por más de 500 años de saqueo, violencia y racismo. Esta situación nos debería llamar a la insumisión y a desaprender y desconstruir el coloniaje que llevamos por dentro. Hasta hoy en día se sigue con la cultura capitalista, patriarcal y racista que dice que los pueblos indígenas somos pueblos de salvajes, ignorantes, violentos, incultos, sin educación, mentirosos, sin propuestas ni pensamientos propios. Nos tratan de “pobrecitos”, si nos ven desde el folklorismo, y de “agresivos” si defendemos nuestros derechos de manera justa y enérgica.
A la sociedad “moderna” y ladinizada le asusta el hecho de que la rebeldía y su derecho en los Pueblos Indígenas está viva; no es capaz de entender que los Pueblos Indígenas hemos construidos y aportado verdaderos procesos de resistencias históricas, culturas profundas y pensamientos complejos. Hemos hecho aportes extraordinarios al desarrollo y a la evolución en general de esta humanidad, aportes que continuamos sosteniendo y defendiendo como nuestro derecho a la libre determinación, a la vida, identidad, al ejercicio del Derecho Indígena, fuera de la “legalidad”, “justicia” y “cultura jurídica” occidental dominante que se piensa “igualitaria”.
Hemos luchado para que el Derecho Colectivo de los Pueblos Indígenas sea reconocido como derecho de interés público; porque negarlo y supeditarlo al monismo y a la cultura jurídica dominante es imposición misma del pensamiento único, ciego de la lucha de clases, alejada del universo del pluralismo jurídico. Es una aceptación sumisa del derecho occidental surgido de culturas patriarcales, capitalistas y usurpadoras eurocéntricas, continuadoras de la espada y de la cruz, que niegan el derecho de autodefensa y prácticas de la legislación propia en los Pueblos Originarios y a la legitimidad de sus luchas, establecidas incluso en diversos y reconocidos instrumentos del derecho internacional.
Montaña Verde es una comunidad ejemplo de tenacidad, dignidad y de construcción de procesos organizativos, de unidad territorial, enfrentando sus desafíos interno y externos, donde existen Consejos Indígenas Lencas, reglamentos internos comunitarios, donde se debate en práctica asamblearia delitos como el abuso sexual, la caza ilegal de la fauna, los limites en el uso e importancia del agua y del bosque, y su interrelación cósmica con quienes habitan esta zona, donde se debate sobre las relaciones de poder en todos los ámbitos, donde confrontan sus conflictos sobre violencia doméstica, la amenaza trasnacional, sobre las REDD+-ONUREDD, explotación minera, privatización de ríos, agroecología, entre otros.
Montaña Verde está cansada de la codicia de personas extrañas que apetecen sus territorios e insisten que son dueñas del lugar. Está cansada de que se la vea como botín, de que lleguen sin consultarle a la comunidad, de sentirse acechada, de que se violenten sus derechos individuales y colectivos, de que fácilmente sea acusada y vista desde el racismo y la arrogancia. Está cansada de que le recen el Convenio 169, sin que se haga una interpretación y compresión correcta, contextualizada y pertinente del mismo.
El COPINH es una organización responsable y seria. Montaña Verde es parte del COPINH. El COPINH cree en Montaña Verde, porque el COPINH está en Montaña Verde y día a día, por más de 15 años hemos vivido la lucha, los desafíos, las construcciones colectivas de estas comunidades y NOS asiste el derecho de pronunciarnos en los temas que decidamos tanto a nivel nacional como internacional.
Reafirmamos nuestra exigencia de respeto territorial, a la identidad, cultura y prácticas de justicia comunitaria apegadas al derecho consuetudinario, ancestral, colectivo, indígena, reconocido en mecanismos, tratados, declaraciones, convenios del derecho internacional producto de la misma lucha de los Pueblos Indígenas, no regalo de nadie.
Les preguntamos a los que pretenden ser dueños de Montaña Verde y a sus asesores legales: ¿Se indignaron acaso cuando torturaron a los líderes comunitarios Marcelino y Leonardo Miranda? ¿Se indignaron cuando Policías Cobras los secuestraron y casi asesinan a sus familias, incluyendo a sus niños y niñas; cuando los arrastraron y cuando les sumergieron sus cabezas en agua a punto de asfixiarlos, frente a un médico forense y fiscal? ¿Se indignaron acaso cuando los “profesionales” Cobras les pusieron en sus cuerpos cigarrillos encendidos o cuándo ofendieron a las mujeres valientes de Montaña Verde y las agredieron y amenazaron a muerte? ¿Les parece que hay justicia igualitaria cuando se sentencia a 30 años de cárcel a compañeros por ser miembros del COPINH, por defender sus territorios y bosques? Fue por la lucha del COPINH y por la solidaridad de muchos pueblos, que se logró liberarlos en 3 años. ¿Por qué no les provocó indignación que la justicia hondureña absolviera a los Policías Cobras a pesar de haber hecho estas graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos?
En el caso del Sr. Neptaly Toledo, foráneo de la zona, caso que victimiza su familia, reafirmamos que es un acto de invasión. Él ha sido advertido que no puede pretender estas tierras, pues hace mucho que hay procesos de expropiación, saneamiento, conforme a derecho, y de titulación comunitaria, del que él debería de estar al tanto. En esta causa, el INA no ha mostrado voluntad política de resolverlo, por lo que responsabilizamos al mismo por los hechos conflictivos y sus consecuencias.
Como Pueblos Indígenas reconocemos la diversidad, el respeto mutuo. Reafirmamos que tenemos derechos particulares como Pueblos, NO privilegios. Creemos en la necesidad de respetar y reconocer la existencia del Derecho Indígena y Alternativo, la autonomía, la dignidad, la emancipación, ante las diversas formas de dominación, y la legitimidad de nuestra causa indígena, la cual continuaremos con fuerza y decisión.
Dado en Intibucá, a los 28 días del mes de diciembre del 2012.
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica,
se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
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Colombia: Pronunciamiento del Foro Nacional de Comunicación Indígena
FNCI,30 de noviembre 2012
Antecedentes
Más de participantes entre autoridades tradicionales, organizaciones, procesos, redes, prensa independiente y tejidos de comunicaciones, nos encontramos aquí, en el territorio indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) donde, desde hace más de 41 años se viene desarrollando un proceso de resistencia, reconocimiento y recomposición de la identidad, así como de la unidad de los pueblos originarios. Reconocemos que los procesos presentes en esta Minga de la Palabra denominado Foro Nacional de Comunicación Indígena, somos parte de las tantas dinámicas enmarcadas en el rechazo a la celebración triunfalista de los 500 años de invasión extranjera y de 200 años de frustradas búsquedas de independencia, que los Estados de la llamada América están promocionando para poder legitimar la continuidad del intervencionismo imperial.
En este mismo territorio se desarrolló la Primera Cumbre Continental de Comunicaciones del Abya Yala, en el 2010, donde entre otros compromisos, nos propusimos preparar la II Cumbre Continental a realizarse en México en el 2013, desde la conformación de una comisión de seguimiento y una agenda que promueva reuniones, talleres, foros y seminarios para socializar los compromisos y tareas allí acordadas. Desde esa perspectiva se concreta el Foro Nacional de Comunicación Indígena que hoy nos congrega.
También se han desarrollado otros eventos igualmente importantes en el continente del Abya Yala, entre estos el Foro sobre Política Pública internacional en el marco del XI Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas y el Parlamento de la Comunicación Indígena, en Argentina.
Hoy el tema de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, se ha abierto paso en todo el mundo, donde el derecho a la libertad de prensa, pero en especial el derecho a estar bien informados, desaparecen del escenario de la responsabilidad de los Estados, lo cual resulta más dramático cuando lo referido a los derechos a la comunicación de los pueblos para nada se tiene en cuenta en los desarrollos legislativos de estos países.
Por otro lado, derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, al territorio, a la salud y a la educación se han convertido en artículos costosos sujetos a las reglas del mercado. Por lo tanto, es evidente que el proceso de invasión y expansión del poder, ahora llamado modelo neoliberal, continúa, lo cual ha generado iniciativas políticas de toma de poder, unas dentro de los procesos de elecciones y otros por la vía de las armas. Este último ha producido muchas víctimas, especialmente en territorios indígenas de la nación colombiana.
La Comunicación Indígena
Declaramos como principios que orientan nuestra Política de Comunicación los siguientes:
Cosmovisión y relación con la Madre Tierra.
Autonomía de nuestros procesos de comunicación basados en nuestra Ley de origen y espiritualidad. Fortalecer comunicativamente la autoridad, la unidad, la tierra y la cultura desde el movimiento indígena. Comunicar desde nuestra propia espiritualidad, liberar el territorio del imaginario y descolonizar nuestra palabra y acción para seguir siendo con los seres de la Madre Tierra.
Resistencia para consolidar nuestros procesos autónomos. Consolidar los procesos de información, educación, reflexión, decisión y acción para entender la agresión y defender la vida. Usar estratégicamente las formas de comunicación propias y los medios de comunicación apropiados para concientizarnos y movilizarnos de la mano de las comunidades.
Tejidos entre pueblos y procesos a través de mingas de pensamiento y acción para acompañarnos en el camino de la palabra y en la defensa del territorio colectivo con los pueblos. Tejidos y redes de comunicación indígenas y populares.
El valor de la palabra y el pensamiento que permitan pensar y actuar para comunicar en consecuencia con nuestros principios organizativos. Comunicar críticamente la palabra del pueblo y para el pueblo, no para profundizar contradicciones, sino para reconocerlas y superarlas en comunidad.
Bajo estos principios, esta Minga de la Palabra reafirma que la comunicación es integral para los pueblos indígenas, presente en todos los ámbitos del territorio, por esto es fundamental para nuestras familias, comunidades, procesos organizativos, resistencias y Planes de Vida. Nuestra comunicación natural nos identifica como seres colectivos, porque siempre estamos intercambiando, dialogando, sintiendo, pensando, soñando y expresando en comunidad. Tiene como fundamento una ética y una espiritualidad donde los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales para la vida y la convivencia entre los seres. Por eso para los pueblos indígenas es fundamental la relación con los espíritus, con el agua, con el fuego, con el viento, con las plantas, con los animales y con todos los hijos de nuestra Madre Tierra. Igual que cuando recorremos nuestros territorios ancestrales, cuando escuchamos, cuando nos armonizamos con nuestros guías espirituales, cuando caminamos la palabra de los pueblos en defensa de la vida y del territorio.
Nuestras amenazas
Todo lo que se teje alrededor de nuestros espacios de comunicación son saberes para defender la vida. Saberes amenazados por un proyecto dominante, por un modelo económico conquistador y transnacional de codicia que a través de múltiples estrategias convierte a nuestra Madre Tierra en negocio y mercantiliza la palabra.
Un modelo de agresión que insiste en intentar romper nuestros tejidos de vida y nuestras resistencias. Un proyecto de muerte que busca acumular y convertir a nuestra Madre Tierra en mercancía y usa diversas estrategias de sometimiento. Por esto sufrimos el terror, la legislación de despojo, la propaganda ideológica y la cooptación que provoca el desplazamiento de nuestros territorios, que muestra su cruento rostro cotidiano de masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones y constantes violaciones a nuestros derechos, cercándonos e invadiéndonos culturalmente, promoviendo el desarraigo cultural y buscando deslegitimar nuestras luchas y debilitar nuestros procesos políticos organizativos.
Nuestros desafíos y caminos
Desde este espacio legítimo reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de fortalecer nuestros procesos de resistencia en defensa del territorio, desde las dinámicas propias de cada pueblo y/o organizaciones para iniciar diálogos con los gobiernos y seguir tejiendo entre pueblos y procesos.
Trabajar por el fortalecimiento de procesos autónomos de control territorial en nuestros resguardos y comunidades, por las consultas previas autónomas libres e informadas para decidir en nuestro territorio.
Formar escuelas, fogones y tejidos de comunicación para la defensa de nuestros procesos y hacer visibles nuestras luchas, las constantes movilizaciones y acciones de hecho contra los megaproyectos para defender el territorio, la vida y la autonomía para caminar dignamente con nuestros pueblos y consolidar nuestros Planes de Vida.
Propuestas generales
Exigimos detener el rumbo del modelo capitalista dominante que nos lleva al suicidio en el afán de convertirlo todo en basura y codicia. Ser indígenas, originarios, de la tierra, y permanecer como pueblos con sabiduría, justicia y propuestas desde las raíces, hacia la libertad en armonía.
Sobre la situación general de los pueblos indígenas en Colombia
El Foro Nacional de Comunicación Indígena exige que respeten nuestros Planes de Vida y nuestras propuestas alternativas al proyecto de muerte. Nosotros y nosotras sabemos que tienen que convertirnos en víctimas para despojarnos y que usan toda la política estatal, el modelo económico y el conflicto armado para robarnos. Por tanto demandamos a todos los actores de la guerra el respeto a la vida, al territorio, al derecho internacional humanitario, en particular la garantía a la vida digna, y al ejercicio de la libertad de prensa y expresión a través de los medios de información y comunicación indígenas.
En el actual proceso de diálogo gobierno – guerrilla exigimos la plena garantía de que los asuntos que afectan a la población civil en especial a los pueblos indígenas sean tratados directamente en espacios propios de las organizaciones civiles, en este camino seguimos empeñados en exigir la paz para nuestros pueblos, que no es otra cosa, que la libertad y autonomía de nuestros territorios.
Sobre la política de Comunicación
Reafirmamos el caminar de la palabra desde los pueblos y regiones con el compromiso de fortalecer los procesos comunicativos propios a nivel local, regional y nacional en la perspectiva de articular tejidos, redes y alianzas entre pueblos y procesos de comunicación indígena.
Consolidación de redes de carácter regional, nacional e internacional indígenas y con otros sectores sociales hacia la visibilidad e impulso de acciones y campañas en defensa de los territorios y la vida, y de las potencialidades de los pueblos indígenas, y en contra de la discriminación, la violencia y la guerra.
Demandamos una política pública diferencial entendida en el sentido que debe respetar la construcción normativa y autónoma de los pueblos indígenas, de acuerdo con sus características territoriales, políticas, sociales y culturales, generando y garantizando los recursos especialmente para la implementación y ejecución de los procesos y medios de comunicación propios.
De igual forma es imperativo que el Estado concerte con los pueblos indígenas campañas de reparación y dignificación histórica de los pueblos indígenas del continente.
Sobre la Segunda Cumbre Continental de Comunicación
Reafirmamos nuestro compromiso de participar y contribuir al éxito de la segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, a realizarse en Oaxaca, México en octubre del 2013. A fin de fortalecer los lazos de comunicación entre todos los pueblos indígenas del continente para construir y desarrollar una agenda común que articule y potencie nuestros esfuerzos continentales, en aras de avanzar en el ejercicio del derecho a la comunicación, como expresión de la autodeterminación de nuestros pueblos, así como de un plan de liberación de la palabra.
Las y los participantes de esta Minga de la Palabra asumimos y quedamos comprometidos con las indicaciones surgidas de la reflexión y con la hoja de ruta indicada en las conclusiones finales. El documento general, en donde se explicitan los términos y la hoja de ruta para la construcción de una política pública, será evaluado, próximamente, con delegados de los diferentes pueblos, donde se definirán y presentarán las líneas generales a exigir para que el Estado garantice su aplicabilidad a través de los espacios de concertación propios y de relación institucional que se vienen construyendo desde las regiones y procesos organizativos del país.
Finalmente invocamos a nuestras comunidades indígenas, autoridades tradicionales y procesos organizativos a que nos comprometamos a continuar asumiendo con decisión el caminar de la palabra y en ese sentido a compartir, discutir y difundir los resultados generales de este foro.
Foro Nacional de Comunicación Indígena
Popayán - Cauca, 30 de noviembre de 2012
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Chile: Abya yala, $hile- Mapuche: Comunicado público Pu Lof en Resistencia por la defensa del rio Pilmaiquen. (
A nuestro Fütal Mapu Williche, a nuestro Pueblo Nación Mapuche y a la opinión pública nacional e internacional comunicamos lo siguiente:
1.- Informamos que en el rió Pilmaiquen, se construyen Centrales Hidroeléctricas que destruyen territorios sagrados ancestrales Huilliche, encontrando gran resistencia de las comunidades aledañas al rió Pilmaiquen, en defensa del territorio sagrado Ngen Mapu kintuante, el rió Pilmaiquen y todo el territorio Huilliche.
2.- Informamos que el día 07 de noviembre se realizo en la ciudad de Osorno una gran marcha de las comunidades de Río Bueno con el apoyo de comunidades de Osorno, en rechazo a la construcción de Centrales Hidroeléctricas en el Río Pilmaiquen.
3.- Denunciamos que la marcha pacífica fue totalmente reprimida por parte de Carabineros de Chile y policías de Investigaciones, apostándose éstos en las casas de familiares de los dirigentes Huilliche que defienden el territorio.
4.- Informamos que posterior a la marcha la represión continuo, deteniendo a dos lamngen (hermanas) que apoyaron la movilización, siendo ellas miembros de las comundades Huilliche del PuelHuilliMapu.
5.- Por ultimo hacemos un llamado a todos los Mapuche Huilliche a defender nuestras tierras de la usurpación Estatal-Capitalista y a unirnos como Futalmapu y como pueblo en defensa de nuestros territorios, única opción que tenemos para seguir existiendo como Nación - Mapuche.
Pu Lof en Resistencia por la defenza del rio Pilmaiquen y el Territorio Huilliche
Puel Huilli Mapu
Chaura Kawin
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México: Jornadas de movilización indígena 17 y 18 octubre Cd de México
Martes, 16 de Octubre de 2012 05:58
EN RESISTENCIA ANTE MEGAPROYECTO EOLICO
El gobierno mexicano ha sido promotor y complice de una nueva invasión, en la cual empresas trasnacionales se están apoderando del patrimonio territorial de las naciones indígenas del Istmo Oaxaqueño. Uno de los casos más siniestros es el de la comunidad ikojts de San Dionisio del Mar donde las empresas transnacionales de España, Dinamarca, Holanda-México, Japón y Australia en complicidad con el Banco Interamericano de Desarrollo; pretenden construir por vía de la fuerza, la corrupción y el manipuleo del PRI; el Parque Eólico San Dionisio del Mar el más grande de América Latina, arrebatando la principal fuente de alimentación y sobrevivencia de los pueblos Ikojts (huaves) y zapotecos, la pesca; destruyendo masivamente su flora y su fauna marina, profanando centros ceremoniales ancestrales y contaminando visual y auditivamente los territorios de las comunidades indígenas que habitan en el Istmo Oaxaqueño
En los últimos dás la violencia caciquil se ha agudizado. El 30 de Septiembre sufrió un atentado el dirigente indígena Isaul Celaya y el pasado 10 de octubre unos 80 individuos, muchos de ellos drogados y alcoholizados portando piedras, palos, garrafas de gasolina, machetes e incluso armas de fuego, impidieron de manera violenta el paso de la Caravana de Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Ikojts que se dirigía a entregar alimentos a los comuneros de San Dionisio del Mar para no caer en provocaciones la caravana tuvo que retirarse hacer legar de otro modo los víveres. Esta es la forma que conciben el desarrollo la CFE, el gobierno mexicano, las empresas trasnacionales y el BID; invertir por medio de la intimidación, la violencia y la fuerza, avalados por grupos caciquiles de la región.
Como parte de la escalada represiva también recientemente sufrieron amenazas de muerte los defensores de Derechos Humanos Isaúl Celaya, Lucila Bettina Cruz Velázquez y Carlos Beas Torres, por parte de Jorge Castellanos y Ernesto Juárez operadores del cacicazgo priísta financiado por Mareña Renovales así como las bandas de pistoleros ligados a la CTM.
Por tal razón,
CONVOCAMOS:
A las organizaciones sociales y civiles; a organismos de defensa de DDHH; a los colectivos de activistas; a los medios de comunicación comerciales y alternativos; a la ciudadanía del Valle de México y del país.
A LAS
“JORNADAS DE MOVILIZACION INDIGENA EN LA CIUDAD DE MEXICO”
POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO TERRITORIAL DE LAS NACIONES INDIGENAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO
17 y 18 DE OCTUBRE 2012
A partir del miércoles 17 de octubre a las 9:30hrs.
Monumento a la Madre cerca de la estación de metrobus Reforma y Paseo de la Reforma
C o n v o c a n:
Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar.
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Frente del Istmo contra la Imposición.
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos-AMAP
MAIZ-Oaxaca.
Radio Huave de San Francisco del Mar.
Frente Regional de Pueblos Indígenas del bajo Mixe-Choapam.
Radio Las Voces de los Pueblos
Radio Totopo
CONVOCANTES SOLIDARIOS
Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas.
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (COMCAUSA-AMAP)
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Unión de Mujeres Indígenas de Queretaro (UMIC-AMAP)
Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZ-Ver)
Agrupación por una Organización Comunitaria Integral (COCIL-AMAP)
Frente de Pueblos en Defensa de Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala
Axocotzin Radio, Puebla
Cristianos Comprometidos
Unión Campesina Emiliano Zapata "Vive" (UCEZVive-AMAP)
Unión Esperanza
Movimiento Nacional por la Construcción de una Nueva Sociedad-Democrática
Unión de Pueblos de Morelos (UPM-CNPA)
SANA, A.C. Tabasco
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
Medio Ambiente y Sociedad AC de la Paz Baja California Sur
#Yosoy132-Juchitan, Matias Romero, Coatzacoalcos, Tehuantepec
Organización Campesina Indígena de Oaxaca (OCIO-CNPA)
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Chile: Marcha por la Resistencia y Dignidad Mapuche es reprimida en Santiago de Chile
por Agencia Uno
16 de Octubre de 2012
Carabineros de Fuerzas Especiales intervino con carros lanza aguas y lanza gases, disparando una gran cantidad de bombas lacrimógenas, que afectaron incluso a las familias que se encontraban participando con sus hijos.
Cerca de ocho mil personas participaron en la Gran Marcha de la Resistencia y Dignidad Mapuche, respondiendo a la convocatoria realizada por diversas organizaciones para apoyar a los Prisioneros Políticos Mapuche que se encuentran en Huelga de Hambre desde el 27 de Agosto en Angol (trasladados al hospital de Concepción el 10 de Octubre) y desde el 1 de Octubre en la cárcel de Temuco.
Desde la Plaza Italia comenzó la caminata que terminaría con un acto político cultural en el Parque Forestal, donde los werken de las comunidades Wente Winkul Mapu, Jose Guiñon y Autónoma Temucuicui, hablarían sobre la situación de los huelguistas y las comunidades Mapuche.
Sin embargo, antes de la llegada al Parque Forestal, Carabineros de Fuerzas Especiales intervino con carros lanza aguas y lanza gases, disparando una gran cantidad de bombas lacrimógenas, que afectaron incluso a las familias que se encontraban participando con sus hijos.
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Chile. Comuneros mapuche son detenidos tras visita de Piñera al Wallmapu
por Comunicación mapuche
17 de Octubre de 2012
Hoy mientras se manifestaban en contra la llegada del presidente de la república chilena, Sebastian Piñera, fueron violentamente detenidos los comuneros Jose Queipul Huaiquil, Ruben Queipul Morales, miembro de la comunidad Autónoma y Anibal Queipul, miembro de la comunidad Temucuicui Tradicional, y por ultimo el comunero menor de edad R.C.M. miembro de la comunidad Huañaco Millao
Consultado el Werken Jorge Huenchullan, con respecto a la llegada del Presidente este también señalo que "Este presidente arribo a Ercilla con el único objetivo de burlarse del pueblo mapuche, esforzandose en validar su Área de Desarrollo, presto a utilizarla para continuar con la practica de negación y abuso en contra del pueblo mapuche, lamentablemente existen mapuche que se prestan para formar parte de este nuevo circo del estado chileno en contra el pueblo mapuche,
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Mexico: Agresión de paramilitares de la OPDDIC A COMPAÑEROS DE LA OTRA CAMPAÑA. Chiapas
por La otra campaña y divulgado por Kaos en la Red
17 de Octubre de 2012 Siguen las agresiones hacia nuestro compañeros en el municipio de Ocosingo, los paramilitares siguen hostigando y amenazando a quienes se organizan. Así como lo hacen con los compañeros bases zapatistas con el apoyo del gobierno federal y estatal. FUERA PARAMILITARES!!
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A 17 de octubre de 2012
A las organizaciones populares independientes
A los medios de comunicación local y nacional
A los organismos defensores de los derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de Chiapas
El Frente de Ejidos en Resistencia-Genaro Vázquez Rojas adherente a la Otra Campaña denunciamos los hostigamientos que los paramilitares de la OPDDIC están realizando sobre nuestras familias que aún quedan en nuestras parcelas en el ejido Busiljá, municipio de Ocosingo.
Estos paramilitares encabezados por Herlindo López Pérez y Domingo Gutiérrez Hernández se posicionaron en nuestras parcelas de 151 hectáreas desde el día 05 de septiembre del presente año y a la fecha se encuentran alrededor de 30 paramilitares que durante las noches realizan disparos de armas de fuego como lo hicieron el pasado domingo 14 de octubre a eso de la 11 de la noche, con el propósito de meter miedo y que las familias que aún permanecen ahí desalojen sus casas.
Y al siguiente día, lunes 15 de octubre a las 12:30 pm llegaron 4 camionetas de la policía estatal a donde se encuentran los paramilitares y con ellos entraron a la parcela y se metieron al monte. En esta acción estuvieron presentes funcionarios del gobierno del estado.
Continuamos denunciando las acciones de estos paramilitares porque no es casual que nos estén fabricando delitos y por esto mismo están encarcelados nuestros compañeros Amílcar Méndez Núñez, Isaías Sánchez López y Elías Sánchez Gómez. Actualmente 9 de nuestros compañeros tienen orden de aprehensión incluido un niño de 10 años de edad. Y continúa desaparecida la niña Gabriela Sánchez Morales que se encuentra en poder de estos paramilitares como rehén.
Las agresiones sexuales sobre nuestras compañeras y la tortura y extorsión que hemos padecido ha sido por nuestra resistencia en los ejidos Busiljá y Cintalapa, de ser despojados de las tierras que tenemos y que además contamos con Certificados de Derechos Agrarios. Pero además por nuestra resistencia de no pertenecer al PRI y de no actuar como los paramilitares.
Hemos denunciado cada agresión de los paramilitares, sin embargo el gobierno del estado Juan Sabines Guerrero ha estado sordo a estas denuncias porque le conviene tener paramilitares que golpeen la resistencia de los pueblos y de las organizaciones independientes.
Y también porque el gobierno a través de la Lic Milena Arellanes Pinto hizo todo por darle largas a este problema, queriendo engañarnos poniendo fechas de diálogo para luego no asistir, dejando que las agresiones de los paramilitares queden sin castigo. Responsabilizamos al gobierno del estado de cualquier enfrentamiento que pueda suceder.
Hacemos un llamado a la población en general a pronunciarse contra estas agresiones y contra el paramilitarismo que el actual gobierno emplea como respuesta a las legítimas demandas de las comunidades, ejidos y organizaciones populares en cada rincón del estado.
¡Libertad inmediata de los presos políticos y de conciencia del país!
¡Presentación con vida de la niña Gabriela Sánchez Morales!
¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!
¡Castigo y desarticulación de los grupos paramilitares!
¡Alto a la criminalización de la lucha y la protesta popular!
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Chile: Marcha de la Resistencia y la Dignidad Mapuche Destacado
por Meli Wixan Mapu
13 de Octubre de 2012 18:55
LUNES 15 DE OCTUBRE, PLAZA ITALIA, 11 HORAS. MEÑAN TRIPATUPE TAIÑ PU KONA LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE. AUTOGESTIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y AUTONOMÍA PARA LA LIBREDETERMINACIÓN
GRAN MARCHA DE LA RESISTENCIA Y DIGNIDAD MAPUCHE
Acto final contará con Pu Werken de Los huelguistas de Wente Winkul Mapu, Comunidad José Guiñón, Comunidad Autónoma Temucuicui, por lo que es necesario escuchar, comunicar y difundir lo que pasa en el territorio y dentro de las cárceles para romper el cerco comunicacional.
Mari mari pu peñi ka pu lamuen:
Quereremos invitarles a participar de la GRAN MARCHA DE LA DIGNIDAD Y RESISTENCIA MAPUCHE, a desarrollarse el lunes 15 de octubre de 2012, a las 11:00 am desde Plaza Italia.
Este año más que nunca debemos copar las calles, haciendo resonar las voces que gritan exigiendo libertad, justicia y autonomía para el pueblo mapuche. Por otro lado, si el estado aun no da respuesta a nuestros pu kona en huelga de hambre, debemos demostrar que no se encuentran solos, sino todo lo contrario, que existe un pueblo mapuche movilizado y un pueblo chileno solidario que desde la capital del estado les enviamos newen, y nos sumamos en sus demandas por la libertad.
Este año terminaremos la marcha con un Acto Político Cultural en el parque forestal, en el que tendremos la posibilidad de escuchar la palabra de los werken de las comunidades Wente Winkul Mapu, Jose Guiñon y Autonoma Temucuicui. ES NECESARIO APROVECHAR ESTA INSTANCIA PARA ESCUCHAR, COMUNICAR Y DIFUNDIR LA PALABRA DE LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA, MÁS AÚN CUANDO LOS MEDIOS Y LA OPINIÓN PÚBLICA IGNORA CUAL ES LA REALIDAD QUE SE VIVE EN EL TERRITORIO MAPUCHE Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE; SUS REPRESENTANTES ESTARÁN PRESENTES CON LA MISIÓN DE ROMPER EL CERCO Y SER ESCUCHADOS POR QUIENES SOLIDARIZAN CON LA LUCHA MAPUCHE, POR LO QUE HA PASADO Y LO QUE SEGUIRÁ SUCEDIENDO
KVME NOR LIF NEWENTUN MEW WEICHAYAIÑ TAIÑ MAPUCHE NGEN DE PIE CONTRA EL COLONIALISMO Y SUS FUERZAS DE OCUPACIÓN CON DIGNIDAD CONSTRUIMOS NUESTRA LIBERACIÓN
MEÑAN TRIPATUPE TAIÑ PU KONA LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
AUTOGESTIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y AUTONOMÍA PARA LA LIBREDETERMINACIÓN
CUÁNDO: LUNES 15 DE OCTUBRE
A QUÉ HORA: 11 HORAS
DÓNDE: PLAZA ITALIA
CONVOCAN: ORGANIZACIÓN MELI WIXAN MAPU- COMUNIDADES JOSÉ GUIÑÓN, WENTE WINKUL MAPU Y AUTÓNOMA TEMUKUIKUI
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Peru:12 de octubre: Celebración de la vida, de la identidad, de la Madre Tierra
CAOI
Quinientos veinte años después, hemos vuelto y somos millones. Supimos resistir a las políticas de exterminio y de asimilación. Desde todos los rincones del Abya Yala, nuestras voces y nuestras manos se unen y nos mostramos ante el mundo: de la oscuridad pasamos a la visibilización, del silencio a la propuesta. Estamos vivos y el mundo busca beber de nuestras raíces, vuelve los ojos y los oídos en busca de nuestros conocimientos y saberes: somos la esperanza en un futuro.
Los pueblos indígenas del Abya Yala, aquel continente que a partir del 12 de octubre de 1492 sufrió la invasión, el genocidio, el saqueo, al amparo de las burlas papales y la Doctrina del Descubrimiento, hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos, en la identificación de aquello que nos une desde nuestra riquísima diversidad: el reconocernos como hijos de la Madre Tierra y nuestros principios y prácticas ancestrales de reciprocidad y complementariedad.
Esa Doctrina del Descubrimiento que persiste hasta nuestros días en la globalización neoliberal, en la invasión de nuestros territorios por actividades extractivas y megaproyectos de infraestructura, en la acción combinada de las corporaciones multinacionales y los Estados-nación, en el saqueo y depredación de nuestros bienes naturales comunes, en el maltrato a nuestra Madre Tierra y el desconocimiento de sus derechos, en la criminalización del ejercicio de nuestros derechos humanos y colectivos, en los asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos forzosos, en la militarización y la vulneración de nuestra libre determinación.
Pero nuestro tiempo está cercano…
Este sistema originado hace 520 años con el saqueo de nuestros bienes naturales y la esclavización de nuestros pueblos hoy está al borde del colapso, la crisis ambiental amenaza la continuidad de la vida. Es entonces que se acerca nuestro tiempo, es entonces que quienes supimos y sabemos vivir en diálogo y armonía con la Madre Tierra representamos la posibilidad real de construir un paradigma civilizatorio distinto, en el que todas las culturas sean igualmente valoradas, convivan armónicamente y tengan garantizado el buen vivir / vivir bien: sin explotación, sin despojo, con equidad, en paz.
Este 12 de octubre, en la Minga Global por la Madre Tierra, los pueblos indígenas andinos y de todo el Abya Yala celebramos la vida, reivindicamos nuestra identidad, rendimos tributo a nuestra Pachamama / Madre Tierra. Este 12 de octubre llamamos a los movimientos indígenas y sociales de todo el orbe a unir nuestras manos y nuestras voces, nuestros saberes y conocimientos, a aportar desde nuestras distintas cosmovisiones y culturas a la construcción de un paradigma civilizatorio que anteponga la vida a la acumulación y el hiperconsumismo. Llamamos a todas y todos a hacer posibles nuestros sueños y materializar nuestras esperanzas...
Abya Yala, 12 de octubre del 2012,
Consejo Directivo CAOI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú
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Cuba: Entrevista con Altagracia Balcárcer
Mujeres afrodescendientes: Conciencia de identidad
Helen H. Hormilla - La Habana
Nodo50
4 de Octubre 2012
Casi 80 millones de mujeres afrodescendientes viven hoy en América Latina y el Caribe la experiencia del racismo. Sus cuerpos guardan las señales de dolor y resistencia de sus antepasadas, arrebatadas de tierras africanas para reproducir la riqueza de los blancos en el nuevo mundo.
En el siglo XXI, la discriminación se transmuta en nuevos códigos sostenidos por sociedades inequitativas y eurocéntricas. En esta realidad, ellas siguen soportando una doble y a veces triple discriminación por motivos de raza, género y posición económica; presionadas a transformar su belleza para semejar fisonomías occidentales; limitadas en su participación ciudadana, política y económica debido a prejuicios sexistas y racistas.
La respuesta de las afrolatinoamericanas no ha sido la queja vana. Desde la defensa de su identidad, derechos y herencia cultural han ido marcando un camino de lucha y empoderamiento. Fue la perspectiva de la diversidad racial una de las principales contribuciones al feminismo desde Latinoamérica, un espacio geográfico-cultural que no puede entenderse sino como resultante del mestizaje profundo.
En la actualidad, más de 200 organizaciones ciudadanas de 25 países de la región parten de la premisa de que la equidad racial no puede excluir la perspectiva de género, y, a su vez, se nuclean en la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. La organización, surgida en 1992 durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrodescendientes realizado en República Dominicana, funciona como espacio de articulación que busca incidir en las políticas públicas nacionales y regionales a favor de una sociedad no discriminativa, solidaria y sin violencia.
Por estos principios ha batallado desde hace años Altagracia Balcárcer, académica dominicana y actual coordinadora de la Red. Así la vimos defenderlos en las sesiones de la reunión de la Articulación Regional Afordescendiente de América Latina y el Caribe (ARAAC), celebrada en La Habana el 19 y 20 de septiembre de 2012. Su voz no dejó de mantener el reclamo por la inserción del género como una perspectiva transversal en el trabajo del grupo, idea que va más allá del lenguaje inclusivo, aunque lo contiene. Se trata de reconocer de manera diferenciada las realidades de mujeres y niñas afrodescendientes, condicionadas a otras exclusiones, sobre todo en periodos de conflictos y crisis.
“El lugar que, históricamente, hemos ocupado las afrodescendientes ha sido marginal dentro de la sociedad latinoamericana y caribeña; aun cuando dejamos de ser esclavizadas, la característica patriarcal y racista de la sociedad nos colocó en un lugar de subordinación y como ciudadanas de segunda categoría, desempeñando los empleos peor pagados y los que tienen las peores condiciones, de gran inestabilidad laboral, sin seguridad social, ni beneficios profesionales”, resalta en entrevista con La Jiribilla.
Para Tati, como la prefieren llamar compañeros y compañeras, la integración de las mujeres a estas luchas tiene que ver con su lógica participación en todos los procesos sociales. Desde el activismo, su rol no ha sido distinto al de los varones: “defender nuestros intereses y nuestros derechos a vivir en condiciones de igualdad, sin discriminación de ningún tipo”.
¿Cómo se organiza la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora?
La Red se funda en el 1992, en el marco del 1er. Encuentro de Mujeres Negras en República Dominicana. Esta organización responde a la necesidad, ya identificada desde mucho antes, de crear un espacio que reflejase las particularidades que caracterizan las condiciones de vida y desarrollo de las mujeres afrodescendientes en la región.
Se ocupa fundamentalmente de trabajar en el ámbito de los derechos humanos, la participación política, entre otros temas. La membresía está conformada por redes, organizaciones y personas, funciona con una estructura que cuenta con una coordinadora general y coordinadoras a nivel subregional, las cuales son responsables de comunicarse con las miembras de la subregión correspondiente. Funciona con un comité coordinador que se reúne periódicamente en los diferentes países de la región.
En el 2013 se celebrará la próxima Asamblea General de la Red para el cambio de su Comité Coordinador, en República Dominicana.
¿Desde qué ejes se planea el trabajo de la Red en Cuba?
Las compañeras cubanas participan en la Red de forma individual; por tanto, el trabajo que llevan a cabo en su territorio es de su entera responsabilidad y deberá enmarcarse en el ámbito de los derechos humanos de las afrodescendientes. Para la Red es un plus que se logra cuando se adhieren compañeras de los diferentes países de la región, eso permite llegar a todos los territorios que tienen presencia de mujeres afrodescendientes.
La incorporación de la perspectiva de la racialidad actualizó el feminismo en la década de los 80 y otorgó una dimensión más profunda a este movimiento e ideología. ¿Cuánto aporta, por su parte, la mirada feminista y los estudios de género a las reivindicaciones antirracistas?
En primer lugar, la visibilización de las mujeres, quienes, no importa cuán avanzada pueda ser la propuesta, por las características del patriarcado, los procesos de cambio marcados por el centralismo definido por los varones, etc., están en desventaja. Por tanto, el feminismo y la Teoría de Género vienen a llamar la atención sobre el hecho de que las mujeres no son un adendum en la lucha, sino que somos parte integral de la misma.
¿Considera que el punto de vista del afrofeminismo esté suficientemente extendido en aquellos colectivos que defienden la equidad racial?
Lamentablemente la presencia e incidencia del llamado “afrofeminismo” es muy débil aún, además de que las propuestas teóricas están en construcción todavía, desde mi punto de vista. El otro aspecto es la resistencia por parte de los hombres en estos espacios a asumir la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, por lo que las mujeres nos hemos visto empujadas a crear nuestros espacios de lucha. En cuanto a los prejuicios antifeministas, si bien es cierto que permanecen en muchas organizaciones y ámbitos de la sociedad, se van desmontando en la medida que se entiende que el objetivo fundamental del feminismo es la defensa de los derechos humanos e intereses de las mujeres, sin importar el lugar que ocupen en los grupos poblacionales. Pero, evidentemente, no es fácil desmontar estos prejuicios. Seguimos trabajando en ello.
El racismo va de la mano con otras inequidades y su superación requiere un trabajo que profundice en estas relaciones. ¿Cómo entiende usted la idea de transversalizar las luchas de aquellos grupos históricamente excluidos? ¿Qué importancia le concede?
Si logramos que la lucha contra el racismo se convierta en un eje transversal en las demás batallas reivindicativas, propias de los grupos excluidos históricamente, habremos dado un gran paso, porque el racismo no existe solamente en contra de los grupos afrodescendientes, también es contra los judíos, los chinos, etc. El racismo se expresa contra todos los grupos que se encuentran en desventaja en relación con los grupos dominantes; por tanto, en la medida que podamos conceptualizarlo de esta manera, ha de ser imprescindible su transversalización en todas las luchas contra las diferentes formas de discriminación y exclusión.
En los contextos actuales, las discriminaciones toman nuevos matices en el plano de lo simbólico y subjetivo, pues los discursos hegemónicos han metabolizado ciertas demandas de los grupos marginados para reconformarlas según sus intereses. Pudiera parecer entonces que la escalada de individuos negros o mujeres al poder político, económico y al reconocimiento social es señal de que se acortan las brechas de género y raza, pero sabemos que no siempre es así. ¿Cómo encauzar este tipo de movimientos en los nuevos escenarios para llegar a las raíces del problema?
Cuando se nos dice que ya hay mujeres en posiciones de poder, ya sean negras o de cualquier otro color, como una señal de que “hemos logrado nuestras metas”, está muy lejos de la realidad; y mucho más cuando las mismas ni siquiera tienen conciencia de “género” y, por tanto, no representan los intereses prácticos y estratégicos de nosotras.
Lo mismo ocurre con las y los afrodescendientes que logran escalar una posición importante, de nuevo sale a relucir el argumento de “nuestro avance” y la disminución de la brecha de desigualdad que ha caracterizado nuestra participación en la sociedad moderna. En este sentido, entiendo que es necesario seguir trabajando con la sensibilización y profundización en lo concerniente a nuestra identidad, relevar y visibilizar quiénes somos.
Los nuevos escenarios nos dan un grado de libertad importante, las nuevas tecnologías nos permiten una comunicación rápida y eficaz, y el avance de la sociedad ha abierto nuevos espacios de participación, lo que ha facilitado la visibilización y la validación de nuestra lucha. Insisto en que la definición de nuestra identidad, la defensa de nuestras culturas, religiones y formas de vida es esencial para la toma de conciencia por parte de los diferentes movimientos sociales, lo que ha de contribuir, necesariamente, al reconocimiento y respeto social y político de los derechos humanos de los y las afrodescendientes.
¿Cuáles son los principales asuntos que a su juicio debe priorizar el movimiento por la equidad racial en el continente? ¿Cuáles son sus debilidades fundamentales y sus desafíos?
¡La eliminación del racismo en todas sus expresiones! Y esto se va a reflejar en el respeto a los derechos humanos universales, políticas públicas que favorezcan a nuestros pueblos, garantías de una participación social, política, económica y cultural en condiciones de igualdad de oportunidades.
En relación con sus debilidades, no me atrevo a aventurarme a opinar sobre eso, muchas organizaciones estamos activas, luchando por una misma causa y las debilidades siguen siendo numerosas; pero estamos trabajando para lograr su superación en nuestro propio beneficio y el beneficio de nuestros pueblos.
La reunión de ARA en La Habana podría ayudar a redimensionar el trabajo de los grupos afrodescendiente en el continente. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales logros de este encuentro? ¿Qué debe materializarse ahora para mantener lo acordado aquí?
Sí, es cierto que esta reunión va a ser de mucha trascendencia para la Articulación, pero también su futuro va a depender de la continuidad que podamos darle desde cada uno de los países participantes. En esta reunión se pudo avanzar en la definición de los principales aspectos de ARA, como su naturaleza, objetivos, y propuesta de estructura, posibles alianzas, etc., así que estamos bastante satisfechas/os con los resultados. Ahora nos toca empujar fuerte para materializar esta iniciativa, y más cuando inicia el Decenio internacional de los afrodescendientes, a partir del 2013.
Después de tantos años defendiendo estas causas. ¿Cómo mantener los bríos? ¿Qué la sigue inspirando al activismo social, académico y político a favor de la equidad de género, raza y muchas otras?
Continuamos porque lo que nos ha motivado a lo largo de todos estos años sigue presente: el racismo, y las mujeres seguimos siendo discriminadas por nuestra condición de género, a pesar de lo que se ha avanzado en este sentido. Solo tenemos que echar una mirada a las cúspides de poder, los hombres siguen siendo mayoría, cuando no son la totalidad
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Paraguay: Organizaciones de Derechos Humanos acusan a la empresa española de etnocidio, La constructora San José invade las tierras de indígenas aislados
Rebelion, 23 Septiembre 2012
La empresa ganadera Carlos Casado S. A. ha arrasado un bosque habitado por indígenas aislados. Fuentes oficiales de Paraguay confirmaron el pasado 23 de agosto la existencia de denuncias contra la compañía Carlos Casado, que forma parte del holding empresarial español Grupo San José, cuyo dueño, Jacinto Rey González, es considerado por la revista Forbes como la 34 fortuna española más importante, con un patrimonio estimado en unos 800 millones de dólares. La empresa ha sido denunciada por deforestar sin autorización un lugar donde viven los ayoreos, último pueblo indígena no amazónico aislado voluntariamente en América.
A principios de agosto, una inspección de la Fiscalía Ambiental de Paraguay pudo verificar cómo en el Lote 260, propiedad de la firma Carlos Casado S. A., se realizaban actividades de talado de bosque sin los permisos ambientales correspondientes, la construcción de edificaciones y diques, así como la instalación de una alambrada en el entorno de la parcela. Días antes, la ONG Survival International presentó ante la prensa local una serie de fotografías por satélite que mostraban la construcción de una pequeña represa de agua en la zona. Para William Zapata, poblador de la zona, “éste es el patrón clásico de intervención de los terratenientes locales. Primero crean enormes contenedores de agua para después clarear extensiones de bosque para el ganado”. Dicha denuncia motivó que Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) alertara a los responsables ambientales de Paraguay con el fin de evitar la deforestación ilegal. Para la OPIT, “estos hechos demuestran la necesidad de administrar nuestros bosques, los cuales estamos intentando proteger y recuperar desde 1993”.
Según declaran los medios de comunicación del grupo Gente, Ambiente y Territorio –ONG local que promueve el respeto a la diversidad cultural y la conservación ambiental–, “este crimen es una tragedia humana, y una vergüenza para Paraguay frente a los ojos del mundo, y sólo parará si los responsables son detenidos y castigados”. En ese mismo sentido se pronunció el director de Survival International, Stephen Corry, que indicó que “se ha establecido con claridad que los ayoreos aislados se encuentran escondidos en esta zona, puesto que la mayor parte del resto de su bosque ya ha sido talado. La zona debe ser protegida adecuadamente de inmediato y entregada a los propios ayoreos”. Ya en el mes de junio, Survival denunció que terratenientes y ganaderos pretendían engañar a los ayoreos con el fin de construir una carretera cuyo objetivo era que la familia Casado pudiera introducir en la zona miles de cabezas de ganado, aun a costa de dividir el territorio indígena en dos. Según fuentes cercanas al Departamento de Paraguay para Asuntos Indígenas (INDI), durante los últimos meses de la gestión del expresidente Fernando Lugo, se estuvo negociando la compra de tierras por parte del Estado a la filial española con el fin de devolvérselas a la población ayorea. Sin embargo, esa operación se frustró tras el reciente golpe de Estado “constitucional” que derrocó a Lugo y, por eso, los derechos de los indígenas ayoreos han sido relegados nuevamente.
Una historia colonial
La empresa argentina Carlos Casado S. A. nació en 1883, cuando su propietario Carlos Casado del Alisal, un inmigrante español, adquirió seis millones de hectáreas de tierra –una cuarta parte del Chaco– en Paraguay. Su objetivo era explotar el árbol quebracho, de color rojo, originario de esta zona y que es un recurso natural de creciente importancia en la industria maderera mundial. Sin embargo, las leyes agrarias de la época prohibían esta acumulación de tierras, por lo que Casado generó una red de testaferros a través de la cual realizó 28 escrituras públicas, consiguiendo registrar todas las tierras a su nombre en 1886. Como propietario ‘supremo’, Casado entendió que no sólo la tierra era suya, sino también las poblaciones indígenas que quedaban dentro de su territorio, por lo cual forzó a los indígenas a talar los árboles existentes en sus territorios ancestrales. Los salarios se pagaron con bonos canjeables por alimentos en los almacenes de la misma empresa, combinado con gran cantidad de litros de caña (la bebida alcohólica nacional). En 1925, Casado vendió parte de sus posesiones a la migración rusa menonita que se instaló en Paraguay huyendo de la revolución bolchevique. Ya en la década de los ‘70 la comunidad indígena de Maskoy, en una situación de precariedad laboral absoluta y en emergencia alimentaria y sanitaria, consiguió ganarle un pleito por el cual recuperaron una parcela de 30.000 hectáreas de tierra que comprendían parte de sus territorios históricos. Durante la década de los ‘90 la compañía cambió su estrategia comercial, vendiendo poco a poco parte de sus tierras a latifundistas privados ante el temor de que cundiese el ejemplo de Maskoy en sus posesiones ilegales. En el 2000, con el desembarco de la secta Moon en Paraguay –vinculada con tráfico de armas y lavado de dinero–, la familia Casado vendió a este grupo 500.000 hectáreas, lo que generó, en 2005, una gran marcha indígena hasta Asunción para reclamar sus derechos sobre la tierra que habitaban, generando un proceso legal aún sin resolver en el parlamento de Paraguay.
En el 2007, el grupo español San José adquirió la compañía Carlos Casado S. A., desarrollando nuevos proyectos a través de los cuales se ha puesto en marcha la explotación de monocultivos dedicados a la producción de biodiésel en parte de las 320.000 hectáreas de propiedad que posee en el Chaco paraguayo. A pesar de estos antecedentes, el gerente de la empresa, Diego E. León, no ha dudado en declarar que “en los 110 años de trayectoria en el Chaco, Carlos Casado S. A. ha trabajado de forma respetuosa con la República del Paraguay y con las comunidades que habitan en la zona, con las que siempre ha mantenido armoniosas relaciones”.
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Chile. Huelga de Hambre Mapuche: 5º Comunicado Público
por Patricia (Chepa) Troncoso / Le Monde diplomatique Ed. Chilena
19 de Septiembre de 2012
Somos 5 jóvenes que estamos luchando por justicia y verdad para nuestro pueblo en sus justas demandas de territorio y libertad, aunque el estado no ha podido dar repuesta y solo piensa en reprimir agudizando más la lucha de las comunidades.
Los presos políticos de la comunidad wente winkul mapu del Lof Chekenco: Paulino Levipan coyán, Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya Melinao y su vocero Eric Montoya Montoya. Deseamos comunicar a opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Hoy 12 de septiembre saludamos a todas las personas que han seguido y apoyado nuestra lucha y en especial a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los pueblos originarios de américa y el mundo.
Somos 5 jóvenes que estamos luchando por justicia y verdad para nuestro pueblo en sus justas demandas de territorio y libertad, aunque el estado no ha podido dar repuesta y solo piensa en reprimir agudizando más la lucha de las comunidades. También damos a conocer nuestro estado de salud para quienes estén interesados ya que las primeras semanas de esa huelga comienzan a mostrar los malestares en nuestros cuerpos: Sentimos calambres, muchos mareos, dolores de cabeza, dolor de estomago, agotamiento en los parpados de los ojos, estamos pálidos, demacrados pero con la fuerza intacta, sabemos que estos síntomas son incomodos y soportable por lo que esta en juego. Seguiremos paso a paso con esta huelga por que creemos que bien vale la pena el territorio y libertad para cada mapuche y todo pueblo. Como jóvenes, estar en la cárcel es como estar muerto, por que estamos acostumbrados a caminar en el campo y sentirnos en libertad, libertad que este estado nos ha quitado para proteger los derechos de los ricos y empresas forestales responsables directos del arrase de los recursos naturales y el agua en nuestro campo.
El Estado insiste en defenderlos y los hace aparecer como victimas ante los medios de comunicación, dejándonos a nosotros como verdaderos saqueadores y delincuentes. Esta estrategia es la que siempre ha utilizado el invasor para entrar en nuestras comunidades reprimiendo y violentado a nuestras familias, persiguiéndonos, asesinando y encarcelando como lo hace con nosotros ahora. ¿Cual es el delito para un joven que nace mapuche y pertenece a un pueblo que tiene siglos de lucha?
La respuesta es clara el ser mapuche para el estado es haber nacido en un pueblo de guerreros, dispuestos a dar la vida para recuperar su tierra y dignidad.
Si ven a nuestras madres y a nuestros padres, díganle que no sufran, díganles que tienen que sentir orgullo de sus hijos y de la pelea que están dando. Díganle que sólo seguimos los consejos y las historias que contaban nuestros abuelos y que hoy honramos con seguir luchando a pesar del encierro. Díganle que luchamos por que nacimos mapuche.
Por que ni el encarcelamiento, ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro pueblo nación mapuche.
Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu
INFORMACION DEL ESTADO DE LOS HUELGUISTAS
HUELGUISTA PESO DE INICIO DIA 12 DE AGOSTO Paulino Levipan 67.800 60.500 Rodrigo Montoya 64.100 57.000 RicardoNahuelqueo 63.400 56.400 Erick Montoya 65.400 59.200 Daniel Levinao 63.700 54.900
HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLITICOS MAPUCHE WENTE WINKUL MAPU COMUNICADO PUBLICO NUMERO 4
Los presos políticos de la comunidad wente winkul mapu del Lof Chekenco: Paulino Levipan coyán, Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya Melinao y su vocero Eric Montoya Montoya. Deseamos comunicar a opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Siendo hoy 9 de septiembre con 14 días de nuestra huelga de hambre por justicia y libertad. Damos a conocer lo siguiente: Sabemos que la lucha mapuche esta siendo criminalizada por el estado chileno, nos persigue, nos condena y discrimina en nuestras propias comunidades. Frente a esto nosotros como presos seguimos luchando aunque se nos tenga privados de libertad, avanzamos día a día con la frente en alto, con mucha fuerza, para decir al estado chileno fascista que no ha sido capaz de solucionar el principal tema para las comunidades que es el TERRITORIO, a cambio nos acusa con calumnias y reprimen con sus autoridades policiales encerrándonos como si fuéramos delincuentes.
Por eso es que tomamos esta medida de presión para que sean escuchadas nuestras demandas y para tener justicia ya que los tribunales dictan condenas de carácter político influenciados por el gobierno y el empresariado, personajes que critican el actuar de los jueces para que ellos tomen decisiones negativas hacia lo comuneros y así colocar altas penas para bajar el conflicto mapuche. El estado debe convencerse de que no se detendrá este problema político histórico con nuestro pueblo, al contrario seguiremos con nuestra lucha hasta recuperar el territorio y la libertad de nuestro pueblo y desde la cárcel seguiremos movilizados luchando hasta el final para ser escuchados y que nos devuelvan todo lo que nos han quitado.
Hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche, a todos los pueblos hermanos, a las personas conscientes, a las organizaciones sociales y de ddhh tanto nacionales como internacionales a que apoyen nuestra justa causa. Por que ni el encarcelamiento, ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro pueblo nación mapuche.
Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu
Huelga de hambre Mapuche lleva 11 días sin respuesta*
"Seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor, seguiremos luchando contra la usurpación del territorio y llegaremos hasta las últimas consecuencias" señalan los Presos Políticos Mapuche de la comunidad Wente Winkul Mapu en huelga de hambre. Los comuneros recluídos en la carcel de Angol en promedio ya han perdido 5 kilos de peso corporal y llevan siete días con esta movilización, exigiendo: Anulación del juicio de Levipan y Levinao. Aplicación del convenio 169 de la OIT. Fin a la utilización de testigos protegidos. No más allanamientos y fin a la violencia policial. Desmilitarización del Territorio Mapuche, entre otras demandas.
COMUNICADO PÚBLICO NUMERO 3
Los presos políticos de la comunidad Wente Winkul Mapu del Lof Chekenco: Paulino Levipan Coyán, Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya Melinao y su vocero Eric Montoya Montoya.Deseamos comunicar a opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Hoy 2 de septiembre del 2012, siendo el séptimo día de huelga de hambre, mantenemos firme nuestra decisión de seguir nuestra movilización. Cada día que pasa estamos más convencidos de nuestra lucha en contra de este Estado represor que nos tiene privados de libertad, simplemente por ser mapuche, parte de un pueblo que nunca va a desaparecer.
La Huelga de Hambre es nuestra única arma para denunciar al estado chileno y su gobierno racista, junto con sus instituciones policiales que reprimen, encarcelan y condenan a nuestros peñis, solamente por pensar y luchar por el justo y legitimo derecho al territorio y la libertad de nuestro pueblo. Seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor, seguiremos luchando contra la usurpación del territorio y llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa. Nuestras demandadas son:
1.- La anulación del juicio de Paulino Levipan y Daniel Levinao.
2.- La aplicación del convenio 169 y convenios internacionales que Chile ha suscrito.
3.- Fin a la utilización de testigos protegidos en causas mapuche.
4.- No más allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y ancianos. Queremos la desmilitarización del territorio mapuche.
5.- Libertad a todos los presos políticos mapuche
Y la devolución del territorio a nuestras comunidades.Marrichiweu.
Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu
Los dirigentes de la Alianza Territorial Mapuche depusieron la toma que llevaba 39 días tras acordar con la UNICEF que su representante en Chile, Tom Olsen viajará a La Araucanía a verificar en terreno las denuncias de violencia en contra de niños de parte de Carabineros.
Una victoria del pueblo Mapuche y de UNICEF. Una lucha liberadora y democrática.Por José Venturelli
UNICEF responde a las expectativas del Pueblo Mapuche: investigar el Estado de la represión institucional contra sus niños en el camino de su protección irrenunciable.
Esta es una decisión importante porque también establece un puente directo entre los derechos de todos los niños en Chile, especialmente en este momento de los niños Mapuche en particular, y UNICEF, la agencia mundial de Naciones Unidas. Ya no se tratará de que UNICEF (o cualquier agencia de la ONU) establezca "los programas que el gobierna permita" sino aquellos que se necesitan en esta parte del mundo. Especialmente aquellos relacionados con los más postergados y violentados: los derechos de los menores y de adolescentes Mapuche. El término de la huelga de hambre en UNICEF, primero, y ahora de la ocupación de los locales de UNICEF por lo comuneros Mapuche nos pone a todos como testigos y garantía.
Las presiones históricas, hechas por los gobiernos post dictadura -TODOS- fueron de intimidar a UNICEF y forzarlos a aceptar, como hace el matón del barrio, la "sugerencia apremiante” del gobierno de pedir el desalojo de las tomas. Y el silencio que se les impone ante las violaciones de derechos a nivel local. Eso es intimidarlos para "no meterse" en los asuntos políticos, especialmente aquellos en los que el Estado de Chile actuaba en forma inaceptable: exclusión de los niños, violencia institucional, tortura de ellos y de sus padres en frente de los menores, mantener las peores condiciones escolares, usar los equipos de Fuerzas Especiales en los caminos para acosarlos y abusarlos, un sistema de salud que, cuando los mismos niños son heridos, los padres no se atreven a llevarlos a los servicios de salud porque Carabineros, que hace guardia allí, los detiene, los vigila cuando son atendidos y controlaba de que no fueran acusados por los heridos o los padres. Los niños Mapuche no deben, nunca más, recibir el trato de "enemigos de Chile" que les impone el Estado. Es bueno que Naciones Unidas entre, junto a los pueblos de Chile, a este complot a favor de los derechos humanos.
La inseguridad de los heridos y la agresiva actitud de la represión para con los mismos fue la razón para que la familia de Leonardo Quijón, menor que en el 2009 recibió un escopetazo de carabineros, a quemarropa, de 176 perdigones en su pierna y que lo llevaron, a escondidas, hasta Santiago. Hoy, con un alto grado de incapacidad física, lo siguen acosando, deteniéndolo. La presencia de Carabineros, de los mismos que han reprimido a los menores, como sucede con los estudiantes en las comisarías de Santiago y que amenazan a los heridos, es una franca violación de derechos fundamentales. El Ministerio de Salud lo permite porque su espectro es también, como parte y pedazo del gobierno, que los chilenos obedezcan a todo precio… y no el asegurar el pleno derecho de una atención de calidad para todos.
El paso que ha dado UNICEF es muy importante: Se pone al lado de los derechos de los niños por encima de conveniencias o comodidades, en realidad, el chantaje que los gobiernos y represores de turno, hacen a todos los organismos internacionales, especialmente a UNICEF. Pero es una tarea de todos: · UNICEF debe ser apoyada por las fuerzas democráticas y de Derechos Humanos, así como por los mismos afectados. Debemos asegurarnos de que en en este país, como lo indica el Convenio Contra la Tortura, “Nadie será sujeto a tortura o a cualquier otro tratamiento degradante, inhumano o castigo” como es el caso de lo que sucede en este país de desigualdades, autoritarismo y de inequidad (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm ) · Por su parte UNICEF debe ser un defensor permanente de los derechos de protección de la infancia y adolescencia de todos los niños de Chile. Sobre todo de los que están en peores condiciones sociales, económicas y sicológicas, por mantenérseles en una guerra sucia y en un sistema de Apartheid que determina que ellos son los que viven en peores condiciones de todo el territorio. Son los niños a los que se les destruyen su futuro y sus sueños de expresión como pueblo. Y esto debe terminar.
Estas son las llamadas alianzas de mutua conveniencia "donde todos ganan"... o casi todos… porque con esto la represión perderá espacio. El Estado se ve, cada vez más, obligado por la opinión nacional y, ahora, también internacional, a implementar los protocolos de protección a la infancia así como aquellos contra la Tortura, y los que exigen respeto a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT), de protección a la mujer y a los derechos de expresión y de libre protesta por sus derechos. Ahora somos todos los que debemos imponerle al Estado este respeto fundamental. Y, para ello, también debemos terminar con una Constitución dictatorial que lo ha permitido y que el gobierno, en forma arrogante y pretenciosa mantiene la represión vigente y única respuesta: "ni derechos ni desobedientes".
La violencia del Estado no consigue paz ni respeto de los derechos fundamentales: Las huelgas de hambre, la desobediencia civil, la lucha creciente por tierras y respeto como pueblo, como lo establecen Naciones Unidas y cada pueblo, sigue adelante.
Un ejemplo de que la niñez lucha contra los atropellos son los jóvenes Mapuche que han sido violentados, torturados, perseguidos y que han presenciado los abusos contra sus comunidades y familias. Los jóvenes Huenchullan, los Cariqueo, Cadin Calfunao, Montoya, y muchos, muchos más, como los Queipul, Llaitul, Llanquileo, Huenuche, Huillical, Levinao, Levipan, Quijón. Las muchachas golpeadas y vejadas en las escuelas de la Araucanía son nuevas luchadoras. También el joven Werken (vocero) Mijael Carbone. Este último, recientemente, ha establecido la desobediencia civil a un sistema inmoral de justicia que lo ha condenado injustamente y que ahora, este mismo Estado, amenaza de que le va “a pegar un tiro” (como lo han dicho las Fuerzas Especiales en los asaltos a Temucuicui en esta cacería demencial que han lanzado en su contra) Esto es llevar adelante un crimen premeditado y de lesa humanidad. Demeos todos decir: ¡No a la ley de fuga que amenaza usar el Estado!
La decisión de establecer una cooperación entre el pueblo Mapuche y UNICEF es algo bienvenido. Todos debemos ser garantes de ello. Los pueblos de Chile, unidos, deberán aportar una nueva Constitución que promueva la libertad, la justicia y los derechos de todos. Y muy pronto… porque los derechos no son solo promesas: deben ser realidades permanentes, en forma urgente.
[Nota: Buscando un dato en internet, hoy, encuentro que en Los angeles, California EEUU, hay un blog que denuncia lo que sucede en Chile. Vale la pena verlo: http://www.losangelespress.org/jovenes-mapuche-acosados-con-juicios-pese-a-inocencia/ Las noticias las lleva el viento y la solidaridad crece]
José Venturelli
http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.ca
HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLITICOS MAPUCHE WENTE WINKUL MAPU COMUNICADO PUBLICO NUMERO 2
Los presos políticos de la comunidad wente winkul mapu del Lof Chekenco : Paulino Levipan coyán, Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya Melinao y su vocero Eric Montoya Montoya.
Deseamos comunicar a opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Hoy 29 de Agosto cumpliéndose el tercer día de huelga de hambre, manifestamos con fuerza nuestro descontento por la injusta condena de nuestros peñis Daniel Levinao y Paulino Levipan, lo que consideramos un fallo discriminatorio, racista y político, con que el estado busca a arrancar la idea de recuperación de nuestro territorio y bajar nuestra justa lucha.
Nosotros como presos políticos mapuche seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor e inhumano, seguiremos luchando contra quienes tienen usurpado el territorio y llegaremos hasta las ultimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa demostrando con ello nuestra inocencia. Por tanto solicitamos:
1.- La anulación del juicio de Paulino Levipan y Daniel Levinao.
2.- La aplicación del convenio 169 y convenios internacionales que Chile ha suscrito.
3.- Fin a la utilización de testigos protegidos en causas mapuche.
4.- No más allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y ancianos. Queremos la desmilitarización del territorio mapuche.
5.- Libertad a todos los presos políticos mapuche Y la devolución del territorio a nuestras comunidades. Hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche, a todos los pueblos hermanos, a las personas conscientes, a las organizaciones sociales y de ddhh tanto nacionales como internacionales a que apoyen nuestra justa causa. Por que ni el encarcelamiento, ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro pueblo nación mapuche.
Larga vida al pueblo mapuche y a su resistencia de siglos. Marrichiweu.
Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu
Primera información:
Presos Políticos cárcel de Angol:
1.-Paulino Levipán
2.-Daniel Levinao
3.-Hector Nahuelqueo
4.-Rodrigo Montoya
5.- Eric Montoya
Todos ellos pertenecientes a la comunidad de Wente Wingkul Mapu del Lof Chekenko. Región de la Araucanía.
Es una Huelga de Hambre líquida, de caracter indefinida, comenzada el día 27 de Agosto. Todos ellos fueron acusados de homicidio frustrado reiterado, y dos de ellos ya fueron condenados en un verdadero tribunal de guerra donde una decena de carabineros que compadecieron al juzgado para acusarles con mentiras y calumnias a dos muchachos de dieciocho y diecinueve años, ambos estudiantes de zona rural, dándole una pena aflictivas de 11 años y ocho meses.
En Unicef:
Mewlen Wencho, werkén de Alianza Territorial Mapuche (desde el 24 de Agosto), ella se encuentra en resistencia hace más de treinta días pidiendo un pronunciamiento de esta entidad mundial por los abusos cometidos por la policía y el Estado en territorio mapuche en contra de niños, mujeres y ancianos quienes han sido golpeados y heridos con perdigones de la forma brutal quedando muchos de ellos postrados debido a las lesiones.
En Temuco: Machi Pascual Catrilaf (desde el 27 de Agosto) sumado a estas movilizaciones y en total concordancia a los Presos políticos mapuche y mewlen
COMUNICADO
Ante los últimos acontecimientos, que han afectado a nuestra nación, los Presos Políticos Mapuche de la CAM señalamos a nuestro pueblo y a la opinión publica lo siguiente:
1. En el actual escenario de confrontación entre la Nación Mapuche y Estado Chileno, a través de su gobierno de turno, custodio de los intereses de las empresas privadas y que mantiene militarizado el Wallmapu, con el objeto de abrir paso a las Áreas de Desarrollo Indígena, antesala de nuevas inversiones capitalistas y perpetuación de la usurpación, depredación y dependencia winka.
2. Queremos valorar públicamente el proceso de recuperación territorial llevado adelante por la comunidad Ignacio Queipul del Lof Temucuicui, quienes han hecho ocupación efectiva de sus tierras ancestrales, ejerciendo control territorial en el fundo La Romana y Montenegro del latifundista Rene Urban.
3. Que apreciamos, también, la actitud de su werken, peñi Mijael Carbone Queipul, que frente a la condena de 7 años de prisión, como autor de homicidio frustrado a carabineros en acto de servicio, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, a decidido asumir la clandestinidad. Alentamos a nuestro peñi a continuar asumiendo con coraje el camino de la rebeldía e instamos a seguir su ejemplo.
4. Queremos también reconocer la valentía de nuestros jóvenes hermanos del Lof Chequenco que se encuentran en huelga de hambre y que fueron condenados a altas penas a través de un indebido proceso.
5. Finalmente señalamos que el camino hacia la liberación nacional de nuestro pueblo es complejo, lleno de sacrificio y es necesario reconocer cuando la lucha se asume con mayor dignidad, entereza y altura.
Fentren rume newen ka kimun ta iñ kom pu che ngealu.
¡Fin a la militarización de los territorios en conflicto!
¡Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche!
¡Wewaiñ! ¡Marichiweu¡
Presos Políticos Mapuche - CAM
Cárcel de Angol, Agosto 30 del 2012
Como mapuche nos autoconvocamos desde México:
Ante la escalada de violencia en contra de nuestras comunidades mapuche, la nula intervención de organismos internacionales y los continuos ataques que reciben nuestros pichikeche (niños), mujeres y ancianos, dDenunciamos que la violencia del Estado chileno es histórica y se mantiene desde tiempos de la entrada del ejército chileno a territorio mapuche (1861) y continúa hasta el presente, incrementándose desde los gobiernos de la concertación hasta la actual administración de Sebastián Piñera, donde con impunidad se atenta contra nuestras familias demostrando el abuso de poder que existe en Chile.
Durante los últimos 15 años han sido asesinados weichafe (guerreros mapuche) por parte de la policía chilena y cuyos ejecutores gozan actualmente de impunidad. Hace unas semanas, la Justicia Militar chilena declaró inocente al carabinero que asesinó por la espalda a Jaime Mendoza Collío, declarando que el funcionario actuó en legítima defensa. Se sentenció a cárcel a comuneros de la comunidad Wente Winkul Mapu, quienes han decidido iniciar una huelga de hambre desde el 27 de agosto. El werkén (mensajero) de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul, ha optado por la clandestinidad tras ser condenado a 7 años de prisión. A la fecha, se ha condenado a una treintena de hermanos y hermanas mapuche por la Ley Antiterrorista creada en la dictadura de Pinochet; y que los posteriores gobiernos han usado principalmente para condenar a nuestros dirigentes.
Las oficinas de la UNICEF en Chile estuvieron tomadas pacíficamente durante 40 días. La vocera de la Alianza Territorial Mapuche, Mewlen Huencho, estuvo en huelga de hambre en esta sede, por la nula respuesta y pronunciamiento de este organismo internacional frente a la agresión armada de la policía chilena a nuestros niños y niñas mapuche. Se espera que una delegación de funcionarios de Naciones Unidas visiten las comunidades donde han sido agredidos nuestros niños, mujeres y ancianos y se dé a conocer a la opinión pública nacional e internacional un informe, sobre los efectos de la violencia hacia nuestras comunidades y la criminalización de la protesta mapuche .
Por lo anterior, desde la Meli Witran Mapu(cuatro puntos de la tierra), los mapuche nos preguntamos :
¿Cuándo va haber un juicio para la policía que ataca a nuestros niños e infunde el terror en nuestras comunidades?
Ante la indolencia de un Estado que quiere exterminar nuestro pueblo por la vía armada, la represión y asimilación, declaramos declaramos que:
NO MÁS VIOLENCIA POLICIAL EN CONTRA DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS MAPUCHE
SOLIDARIZAMOS CON NUESTRAS HERMANAS QUE OCUPARON LA SEDE DE LA UNICEF Y QUE EXIGIERON QUE SE DETENGA LA VIOLENCIA DE LOS CARABINEROS DE CHILE
FUERA LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU (TERRITORIO MAPUCHE)
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.
CONVOCAMOS A LA SOCIEDAD CIVIL a solidarizar y mostrar el repudio a la indolencia estatal chilena y de organizaciones internacionales ante los hechos de violencia que afectan a nuestras comunidades.
Declara: Colectivo mapuche en México
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Honduras: El pueblo garífuna contra las Ciudades Modelo en Honduras por desInformenonos
17 de Septiembre de 2012
La tierra ancestral de los garinagu enfrenta una amenaza ultraliberal: la edificación de ciudades liberales hechas a la medida de los inversionistas extranjeros. Vallecito, Honduras. Las Regiones Especiales de Desarrollo son un proyecto que, bajo el pretexto de sacar a los hondureños de la pobreza, pretende despojar a los garífuna de sus tierras con la complicidad del Estado y la ayuda de paramilitares. Sin embargo, este pueblo se moviliza -como lo ha hecho desde hace siglos- para defender su territorio.
El Campamento
Es 28 de agosto en Vallecito, Colón, en la costa atlántica de Honduras. Ráfagas de aire y lluvia golpean durante toda la noche a un pequeño campamento de 200 familias garífunas, llegadas de más de una docena de sus 46 comunidades de la costa hondureña para levantar el campamento y participar en una recuperación de tierras ancestrales. Pero a la gente no le ha preocupado el huracán Isaac ni esta noche, ni alguna otra desde su llegada el día 26; Isaac es sólo uno de los al menos 20 huracanes que pueden mostrar su furia en las costas del pueblo garinagu[1] durante el año.
Los tambores garífunas suenan cada vez más fuertes y el fervor de la gente aumenta con la tensión en el campamento; las lonas truenan como rayos al azotarse por los fuertes vientos. Sin estrellas ni luna, es imposible distinguir el movimiento de gente fuera de la carpa principal. Repentinamente, entre la oscuridad que rodea al campamento como una niebla que viene lejos sobre el mar y lo envuelve todo en su camino, irrumpen hombres fuertemente armados con ametralladoras de alto calibre, disparando descaradamente por arriba del campamento.
Los hombres montados de a dos sobre motocicletas, en sí acto ilegal en Honduras[2], se mueven rápidamente de un lado al otro del campamento disparando ráfagas de balas sobre todo lo que se encuentra frente a su camino. Parecen uniformados, aunque no con uniformes oficiales de la policía ni del ejercito hondureño, pero uniformados lo mismo.
“¡Sí!”, afirma Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fundador de la primera radio garífuna, Faluma Bimetu (Coco Dulce) y coordinador de la Red de Radios Garífunas, “son paramilitares ligados al narcotráfico y al señor Reynaldo Villalobos, que es el que ha invadido cinco de las seis empresas asociativas[3] de más de 700 hectáreas de tierra” en Vallecito. Queda la duda de si pudieran ser sicarios del “Palmero de la Muerte”, Miguel Facussé, cuyas decenas de miles de hectáreas de plantaciones de palma africana rodean por completo a Vallecito, con excepción de la playa.
Dice Alfredo: “Únicamente contamos con nuestros tambores para responder a sus armas”, que suenan aún más fuerte en el campamento, exhortando a Isaac para que su furiosa lluvia ayude a ablandar el infame apetito de sangre de los sicarios, que ya llevan tres noches seguidas hostigando el campamento garífuna.
Esta noche no hubo masacre ni heridos, pero el mensaje de los terratenientes de esta zona está claro, dice Alfredo. “Nos están tratando como intrusos en nuestra propia casa, y en vez de que las autoridades intervengan, más bien da la impresión de que se coluden.” Aunque nadie ha dormido mas que unos momentos durante las últimas noches, la gente sabía que venía a este campamento a participar en una acción no-violenta para recuperar tierras ancestrales que pertenecen legal y legítimamente al pueblo garífuna.
Además de tener que obligar al Instituto Nacional Agrario (INA) a medir las más de 700 hectáreas de las 6 “empresas asociativas” garífunas (Empresa Ruguma, Saway, Saway Sufritiñu, Walumugu, Satuye, Sinduru Free), y conseguir las garantías de seguridad del Estado necesarias para volver a poblar y trabajar lo suyo, los garífunas, afirma Alfredo, no son ajenos a la persecución ni a la resistencia: “A través de centenares de años hemos estado en resistencia, y (ahora) no es el momento en que vamos a bajar los brazos por los intereses mezquinos de un gobierno irresponsable como el hondureño.”
La Tierra
El Informe sobre la defensa del Territorio de Vallecito, Colon, elaborado por OFRANEH, indica que “Vallecito históricamente ha pertenecido al pueblo garífuna, que a partir de 1804 comenzó, ante las presiones de los españoles, a desplazarse desde la bahía de Trujillo hacia el río Sico” en búsqueda de tierras fértiles para la siembra y con acceso a las playas para la pesca, actividades que forman el eje vertebral de la cultura garífuna.
Por lo menos 24 comunidades garífunas surgieron en esa zona a raíz de su más reciente traslado y búsqueda de condiciones mejores que ser trabajadores explotados por los españoles en Trujillo. Es decir, el pueblo garífuna comienza a poblar la zona de Vallecito 17 años antes de que Honduras se independizara de la Corona española, en 1821.
El esfuerzo actual de los garífunas, organizados por OFRANEH y el Movimiento Iseri Lidamari, no es el primer intento por recuperar sus tierras ancestrales del despojo de los intereses económicos de la oligarquía hondureña y las grandes imposiciones extranjeras.
Cuenta la historia que, al poco tiempo de la llegada garífuna a Vallecito, “alrededor de 1820, el pirata escocés Gregor MacGregor logró obtener de Georges Frederick I, Rey de la Moskitia, el territorio de la Serranía de Payas, entre Trujillo y el Río Sico, supuestamente por dos botellas de whisky.” [4] Esta fue la primera gran estafa e intento extranjero de apropiarse de las nuevas tierras garífunas, venderlas y “desarrollarlas” sin previa consulta al pueblo.
Luego, en el año 1887, cerca de Puerto Cortez, el primer proceso de titulación de tierras garífunas comenzó, bajo el régimen del Estado Hondureño. Poco duró la relativa tranquilidad de las comunidades garífunas, ubicadas ya a lo largo de la costa hondureña. El cambio del siglo mostró la nueva cara de colonización con la llegada de los bananeros y el revigorizado saqueo de recursos naturales y explotación laboral. Grandes cantidades de tierra cultivable fueron entregadas a las tres empresas bananeras, United Fruit Company (Chiquita), Standard Fruit Company (Dole), y Cuyamel Fruit Company, que recibieron 500 hectáreas de tierra a cambio de cada kilómetro de ferrocarril que colocaron en Honduras. Para 1929, la United Fruit Company había logrado controlar los principales puertos y hasta 300 mil hectáreas (2 mil 500 kilómetros cuadrados) de tierra para la cosecha de banana, incluyendo la mayoría del acceso fluvial desde y sobre la costa atlántica.[5]
La transición hondureña -de colonia española a Banana Republic- definió una nueva temporada de despojo y resistencia territorial de los garífunas debido a las presiones y expansionismo de las bananeras, que acumulaban tierra y trabajadores. Este proceso provocó una complicidad estatal con las empresas para producir nuevos títulos de tierra, desconociendo el proceso de titulación comenzado a favor de los garífunas a finales del siglo XIX. Sin embargo, con plantaciones tan grandes no le fue fácil a las empresas controlar por completo las tierras.
“En 1997, el Movimiento Iseri Lidamari, acompañados por OFRANEH, solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) la titulación del territorio (de Vallecito) a nombre de seis empresas asociativas, teniendo como resultado la gestión de la obtención de documentos legales que acreditan la propiedad de los garífunas de 2 mil 700 hectáreas de tierra”, dice textualmente el Informe Sobre La Defensa Del Territorio De Vallecito, Colon, escrito por la OFRANEH.
Sin embargo, indica el informe de la OFRANEH, “desde esa fecha comenzaron los invasores a tratar de apoderarse de ese territorio. Miguel Facussé sembró 100 hectáreas de palma africana en la Empresa Ruguma, una de las seis empresas asociativas…sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un dictamen a favor de los garífunas para invalidar las pretensiones de Facussé de adueñarse de esas tierras. A pesar de esto, en los últimos años la zona se ha convertido en un corredor del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que el número de pobladores en la zona ha disminuido.”
Según Teófilo Colon Junior, periodista e investigador garífuna radicado en Nueva York, un resultado de la creación de dicho corredor de crimen organizado y usurpación de tierras fue que “en los últimos 18 años, el 86 por ciento de las tierras del pueblo garífuna han sido agarradas por personas no garífunas.”[6] Esta situación se agudiza en los años noventa, y con la guerra contra el narcotráfico se intensifica aún más, relata un comunicado de OFRANEH:
A partir del año 2005, personajes asociados al crimen organizado imponen un régimen de terror en el corredor Limón – Punta Piedras, obligando a los garífunas que radicaban en Vallecito a minimizar su presencia y actividades en las tierras pertenecientes a las empresas asociativas (garífunas). Posteriormente, aparecen foráneos que se adjudican la propiedad de 900 hectáreas de las mil 600 reconocidas por el INA al pueblo garífuna.[7]
A pesar de la persistencia de las amenazas, el golpe de Estado del 2009 y el corredor de terror fabricado en la zona de Vallecito, en julio de 2010 la OFRANEH logra firmar un convenio con delegados del INA para realizar la re-medición de las empresas asociativas. Pero, según Miranda, “los invasores (Facussé y Villalobo) negaron la entrada a miembros del INA y del Ministerio Público,” imposibilitando la medición de las tierras para abrir las puertas de las ya cercadas empresas asociativas garífunas para poder repoblarlas.
OFRANEH es actualmente dirigida por Miriam Miranda, que desde el 2008 fue unánimemente elegida por la asamblea general del pueblo garífuna como presidenta de la organización. OFRANEH fue fundada en 1978 con la misión explícita de representar y defender los intereses de la minoría afro-caribe garífuna en Honduras, y con el mandato de trabajar para proteger la capacidad de la comunidad garífuna y su autodeterminación a través de programas de promoción de su desarrollo político, social, económico y cultural. Miranda asumió la presidencia de OFRANEH poco después de que su entonces presidenta, Gregoria Flores, tuviera que refugiarse fuera país por las constantes amenazas de muerte que recibía.
Desafortunadamente, dice Miranda en el informe, “Vallecito es un paraje considerado por el ejecutivo (Porfirio Lobo Sosa) como inhabitado.” El territorio inhabitado es el punto clave para entender la amenaza actual más preocupante para el pueblo garífuna: la Región Especial de Desarrollo (RED) o Ciudades Modelos. OFRANEH enfatiza que, desde la llegada de los bananeros extranjeros hace 100 años y el comienzo de la llamada “desterritorialización garífuna,”[8] que se recrudeció a partir de los años noventa con la especulación de bienes raíces surgida alrededor de megaproyectos turísticos en la costa caribeña, no ha habido una amenaza tan contundente al pueblo garífuna como la que ahora representa la primera Ciudad Modelo de América Latina.[9]
El arribo de las Ciudades Modelos a Honduras
Las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o Ciudades Modelos (Charter Cities, en inglés) fueron concebidas por el estadounidense Paul Romer. Hijo de un exgobernador estadounidense, Romer es un economista reconocido y educado en la Universidad de Chicago y actualmente profesor de economía en la New York University Stern School for Economics. En los últimos años, se ha dedicado a diseñar, promover y buscar un territorio “no habitado” cercano a recursos naturales explotables en un país ejemplar (es decir, un país en crisis total) donde vender su primera Ciudad Modelo, para así producir una nueva época de desarrollo para el mundo.
Concluyendo su articulo de mayo de 2012 con el New York Times, titulada ¿Quién quiere comprar a Honduras?, Adam Davidson coincide con la perspectiva de Romer, opinando que, “Es fácil criticar un experimento sobre el bienestar de la gente empobrecida, pero de haber pasado tiempo en los barrios caóticos de Honduras, Haití, Jordania e Indonesia, yo he encontrado con la realidad de que la gente pobre de por si, está realizando experimentos cotidianas sobre el como mejorar su vida fuera de la economía formal. En general, no
está funcionando. Entonces tenemos que probar nuevas cosas.””[10]
En efecto, dice Miriam Miranda en una entrevista con el periodista Giorgio Trucchi, “en nombre del desarrollo, Honduras está a la venta, y esto no es más que el reflejo de un Estado fallido que aún no recupera su institucionalidad después del golpe de Estado (del 2009).” Ése fue el propósito de la mega exposición del 5 y 6 de mayo del 2011, llevada a cabo en San Pedro Sula, llamada adecuadamente “Honduras, abierta para los negocios”.
La expo comercial atrajo a los gigantes de negocios transnacionales como Carlos Slim, Siemen Phillips y 325 más, frente a los cuales los empresarios hondureños promovieron seis ejes para la inversión extranjera: energía, infraestructura, maquila de servicios y transformación, agronegocios, forestal y turismo, asegurando que el “acceso a los mercados más importantes del mundo, garantías de la inversión y reglas claras, (serían) algunas de las ventajas para inversionistas.” [11]
En un artículo publicado en el diario hondureño El Heraldo, una lista de preguntas y respuestas que promueven la llegada de Ciudades Modelos a Honduras explica que “las RED gozarán de un alto grado de autonomía. Las reglas relacionadas con la salud, la educación, la justicia y la seguridad en la RED podrán diferir de las del resto del país.” Por definición, según la propia página web de los Charter Cities y la página oficial de las RED en Honduras, las RED serán prácticamente un país autónomo dentro de otro país con la expresa misión de producir ganancias económicas en nombre del desarrollo para los subdesarrollados o para combatir a la pobreza.
Sin embargo, para comenzar el desarrollo de una Ciudad Modelo, en la página se aclara que primero se requiere de “terrenos despoblados del tamaño de una ciudad, contribuidos voluntariamente por un gobierno anfitrión”. [12]
Al contrario del pensamiento del economista norteamericano, el autor uruguayo Eduardo Galeano escribió ya hace años que “el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su consecuencia.” Es decir, que la pobreza no se erradica con experimentos económicos de desarrollo diseñados para aumentar las riquezas de las empresas para luego filtrar esta riqueza hacia abajo, sino que el desarrollo feroz que propone el saqueo de recursos naturales, el desalojo de poblaciones tradicionales y la explotación de las fuerzas laborales contribuye y fomenta exponencialmente la pobreza y la desigualdad.
Para iniciar el proyecto de las RED en Honduras, Romer necesita un terreno “despoblado”; este concepto ambiguo ya existía para el presidente Lobo y el congreso hondureño cuando comenzaron con las reformas constitucionales de forma fast track en el 2010. Dichas reformas constitucionales ya han sido cuestionadas por abogados hondureños. Estos abogados, en octubre de 2011, metieron la primera petición formal a la Corte Suprema de Justicia Hondureña sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo que crea las RED, argumentando que el decreto cede territorio nacional para crear un estado dentro del estado y que entonces viola a la soberanía nacional.
Además, OFRANEH ha enfatizado el erróneo entendimiento de Romer sobre Honduras, e ilustra las posibles consecuencias de la teoría que está a punto de ser implementada: “Paul Romer, en su propagada sobre las ciudades modelo, habla de construirlas en lugares deshabitados. Desafortunadamente, en Honduras pretenden despojar al pueblo garífuna de la mitad de nuestro territorio con el propósito de crear las RED. La desinformación existente y el alto grado de violencia que existe en el país deja entrever que se darán múltiples violaciones a los derechos humanos para la instauración de un proyecto de corte neocolonial en el siglo XXI”.[13]
La crisis
Sin embargo, ya existe la crisis económica y, aún más importante, ya hay una crisis de inseguridad e ingobernabilidad en Honduras, agudizada de manera incontrolable desde la consolidación del golpe de Estado el 29 de noviembre de 2009, con la elección de Porfirio Lobo Sosa como presidente de Honduras. Y Romer, que en el 2004 patentó la frase “una crisis es una cosa terrible para desperdiciar,”[14] encontró en Honduras el campo perfecto para experimentar su visión. El promover la reducción de pobreza, la seguridad y una estabilidad económica en un país donde no existe ninguno de estos aspectos es muy atractivo para los legisladores que formarán la primera fila de posibles inversionistas y ocupantes de dicha RED.
Hasta la fecha, Honduras es el país con la tasa de homicidios más alta per cápita del mundo, según las Naciones Unidas, con mas de 82.1 asesinatos por cada cien mil habitantes en el 2011; comparemos esta cantidad con México, donde se mantiene un promedio de 20 asesinatos por cada cien mil habitantes, a pesar de una guerra desencadenada por el gobierno en contra del narcotráfico, que ha cobrado más de 50 mil vidas en seis años.[15] Según el Comité para la Libre Expresión, C-Libre, Tegucigalpa también mantiene una de las tasas más altas per cápita a nivel mundial de asesinatos de periodistas, llegando a 33 periodistas asesinados en los últimos 10 años, 28 de ellos desde el golpe del Estado.[16]
La reciente visita de la Misión Internacional de Verificación sobre las Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán informó que Honduras se ha definido por ser un país donde hay asesinato sistemático de campesinos, en particular en la zona del Bajo Aguan, Colón, donde mas de 50 campesinos han sido acribillados en los últimos 2 años por sicarios que protegen los intereses del Miguel Facussé para la producción de la palma africana y la exportación de agrocombustibles.[17]
Es decir: tras el golpe de 2009, rápidamente se dieron las condiciones para aprobar la implementación de las Ciudades Modelo. El 19 de enero de 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED).[18] La periodista Sandra Marybel Sánchez destaca las afectaciones de estas concesiones a la soberanía del país:
1. Serán autónomas, tendrán personalidad jurídica, contarán con su propio sistema de administración, emitirán su propia normativa y tendrán su propio fuero jurisdiccional, integrado por profesionales nacionales o extranjeros.
3. Estarán autorizadas para celebrar convenios y tratados internacionales relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia.
4. Podrán celebrar convenios con servicios de inteligencia nacional o internacional para combatir el crimen organizado.
5. Tendrán su propia policía y pueden celebrar convenios de cooperación para su fortalecimiento con otros países y regiones.
6. Las RED tendrán su propio presupuesto, fijarán las tasas que cobrarán y harán la recaudación y administración de sus propios tributos.
8. Podrán establecer su propia política y normativa de migración y extranjería, además de controlar cualquier sistema de transporte que se interne en su espacio de competencia. Las naves marítimas y aéreas tendrán asegurado su acceso a las RED.[19]
Además, el abogado y ex fiscal Jari Dixon, de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, ha constado que RED viola una serie de leyes hondureñas: “En las RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual es totalmente inconstitucional. Además, entregando parte del territorio nacional de forma indefinida a extranjeros se está violentando la soberanía del país.”[20]
Cuando Dixon, Sánchez e integrantes de organizaciones sociales intentaron entregar una nueva petición para solicitar a la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad frente a la legislación de la RED, el cinco de septiembre de 2012, fueron detenidos durante varias horas. Dixon, al ser liberado, manifestó que “éste es el primer ejemplo de lo que serán las Ciudades Modelo. Aquí un muro separa a la sociedad hondureña; esto evidencia que lo que pierde el Estado con la venta del país es nada menos que su soberanía.”[21]
El 30 de agosto, en medio del campamento de Vallecito, OFRANEH -acompañado por miembros del Espacio Refundacional y de organizaciones de derechos humanos- realizó una Jornada de Resistencia Cultural Contra Las Ciudades Modelo. Miriam Miranda expuso: “En diversas ocasiones, tanto el poder ejecutivo como el legislativo indicaron que la primera RED en Honduras se ubicará entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, área que incluye 24 comunidades garífunas consideradas santuario cultural. Además, se ha mencionado la creación de RED destinadas a la producción de agrocombustibles, presuntamente en los bosques tropicales de la Moskitia hondureña. Ésta es una zona de alto interés y potencial para los intereses del poder fáctico, de los grupos de poder económico, de la oligarquía que tiene secuestrado este país.”
Doug Henwood, editor de la revista estadounidense The Nation, acierta en una entrevista con Al Jazeera cuando dice:
Es interesante cómo el concepto de las Ciudades Modelo desenmascara al “sueño liberal” como profundamente antidemocrático. La compatibilidad de Pinochet y (el economista estadounidense) Milton Friedman ofreció muchas pistas, pero el experimento hondureño parece ser la prueba definitiva. Primero se requiere de un golpe de Estado y luego creas una zona de libertad, pero una libertad muy especial. No una libertad de asociarse, de expresión individual o de desarrollo, sino la libertad para que una élite económica maniobre libremente y con la protección total del Estado. Patri Friedman, nieto de Milton y uno de los pioneros de las “Ciudades Modelo” [o “ciudades libres”] ha declarado que “desafortunadamente, la democracia es inadecuada para un estado liberal.”
Las Ciudades Modelo de Honduras prometen crear precisamente este tipo de Estado liberal laissez-faire, atractivo para inversionistas con un sueño semejante a una ciudad sujeta únicamente a leyes que no restringen sino que garantizan toda libertad de movimiento de capital.
La Firma
El 4 de septiembre de 2012, en Tegucigalpa, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, COALIANZA, una comisión creada por el congreso de Honduras, firmó un convenio de 15 millones de dólares con un consorcio estadounidense, encabezado por Michael Strong, para comenzar la construcción de la primera Ciudad Modelo. En la ceremonia de firma, el presidente del congreso hondureño, Juan Orlando Hernández, aseveró: “Es un momento de gran trascendencia para nuestro país, para esta generación de hondureños y para la generación de políticos, académicos y asesores que decidimos tirar la vista al futuro y no tenerle temor al cambio.”[22] Por su lado, Carlos Pineda, presidente de COALIANZA, calificó al proyecto como “la potencia que puede convertir a Honduras en un motor de riqueza” y un “instrumento de desarrollo propio de países del primer mundo”.[23]
Michael Strong, fundador y presidente de la empresa NGK, declaró que “el futuro recordará el día de hoy como el día en que dio comienzo el desarrollo de Honduras”, porque “creemos que esta va a ser una de las transformaciones más importantes del mundo, a través de la que Honduras terminará con la pobreza creando miles de empleos.”[24] Además, apuntó que “es una colaboración entre un diverso grupo de inversionistas, empresarios y expertos, que apunta a la eliminación de la pobreza a través de la creación de riqueza en Honduras por medio de las Regiones Especiales de Desarrollo.”[25] Aunque los detalles del convenio no han sido aclarados, aparentemente Canadá y Corea del Sur han sido los principales financiadores del proyecto, que se implementará primero en la región de Puerto Castilla, en la Bahía de Trujillo.[26]
Aún quedan muchas dudas sobre la empresa NGK, que proclama que puede crear hasta 200 mil empleos con este proyecto en los próximos años.[27] Medios nacionales e internacionales -como AP, ABC, The Guardian y The Independent- reportan información contradictoria: la mitad citan el nombre de la empresa como “NGK” y la otra mitad como “MGK”. El mismo sitio del congreso de Honduras encabeza el artículo sobre la firma del convenio citando a “MGK”, pero el contenido habla únicamente de “NGK”. En extensas búsquedas no aparece información sobre la existencia de ninguna empresa bajo ninguno de los dos nombres, lo cual hace parecer que Honduras ha firmado un convenio con una empresa fantasma o muy recientemente creada.
Además, el mismo Paul Romer comentó en su blog, el día 7 de septiembre, que: “Aquí en Charter Cities hemos recibido varias solicitudes para dar una declaración sobre los reportajes recientes que han circulado en los medios acerca de un convenio con inversionistas para desarrollar las Regiones Especiales de Desarrollo (RED). Nosotros nos enteramos de estos convenios por los medios de comunicación y no tenemos conocimiento alguno de los términos de dichos convenios; entonces, no podemos comentar acerca de ellos.” Romer declara que los miembros de la Comisión de Transparencia (el organismo con el mandato de gobernar a la Ciudad Modelo) escribieron una carta al presidente de Honduras para aclarar la situación.[28]
La Comisión de Transparencia fue nombrada por Porfirio Lobo en diciembre del 2011, e incluye a Paul Romer; George Akerlof, un residente permanente del Fondo Monetario Internacional y Premio Nobel; Nancy Birdsall, ex vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo; Boon-Hwee Ong, ex general de las fuerzas armadas de Singapur; y Harry Strachan, director emérito de Bain & Company.[29]
Sin embargo, Michael Strong asegura que “trabajaremos de cerca con el gobernador de la Ciudad Modelo para asegurar que la región pueda contar con la mejor policía y la mejor jurisprudencia y transparencia. La meta principal de nuestro proyecto es crear la base para una comunidad segura y próspera para los hondureños.”[30] Además de encabezar la controvertida empresa NGK (o MGK), resulta que Michael Strong es director ejecutivo y cofundador de FLOW (Freedom Lights Our World) y “flow-idealism”, una organización fundada con base en la filosofía liberal.
Strong se considera izquierdista e incluso llama a su concepto de “Ciudades Libres” un “paraíso anarco-capitalista”, mucho más eficaz en erradicar la pobreza mundial que el “euro-socialismo,” según lo presentó en abril de 2011 en la isla hondureña Roatán frente a un grupo de élite de liberales mundiales, incluyendo a Patri Friedman y al mexicano Ricardo Valenzuela, quien desde hace tiempo empuja conceptos similares para México.
En su presentación, titulada “Marketing Free Cities as a Mainstream Solution to Global Poverty,” Strong repetía que lo que le distingue de otras personas e instituciones con proyectos similares es que “nosotros estamos del lado de los ángeles,” marcando así el aspecto humanista, efímero, elitista y new-age que representa su línea de pensamiento.[31]
Traslado, resistencia y baile
Resulta que Roatán es la isla donde el pueblo garífuna hizo su primera presencia en lo que hoy es Honduras, el 12 de abril del 1797. Los garífuna -tras dos guerras que su líder Satuyé y su esposa Barauda lanzaron contra los ingleses en la isla de San Vicente, a donde habían llegado como náufragos pero libres en 1635- fueron exiliados por los ingleses a la isla de Baliceaux. En esta isla, más de la mitad de la población murió antes de que fueran trasladados de nuevo y abandonados los últimos 2 mil 26 garífunas en Roatán, en 1797, sin suministros para sobrevivir.[32]
No obstante, los garífuna sobrevivieron, como tantas veces antes, tras ser arrancados de las cadenas de la esclavitud en África, luego de llegar a San Vicente como los únicos negros no esclavizados, y luego de mezclarse con los pueblos arawak y caribe, formando el pueblo garinagu o garífuna.
Ya el 30 de agosto de 2012, desde el campamento de Vallecito, Miriam Miranda levantó la palabra hacia el gobierno por permitir las Ciudades Modelo y la falta de garantías de los derechos de los pueblos preexistentes al Estado, como el pueblo garífuna. “Vallecito es el corazón del territorio donde se impulsaría la creación de una ciudad modelo. Entonces, precisamente por eso, no solamente estamos encontrándonos ante lo que son los intereses del crimen organizado; estamos encontrándonos ante los intereses de un gobierno que -sin consultar- toma decisiones sobre nuestros territorios.”
El sentimiento de Miranda tuvo un eco a principios de agosto de 2012 cuando Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, hizo una visita oficial a Honduras y entregó, entre otras, la siguiente recomendación:
De igual manera, considero que el establecimiento de programas de supuesto desarrollo que representen salirse del régimen territorial del país, como las “Ciudades Modelo”, que desplazarían poblaciones y pretenden generar un régimen legal distinto y autónomo del Estado, son una violación a la soberanía nacional y a la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el Estado con la población en su territorio. Recomiendo que el gobierno de Honduras gire una invitación a la Relatora Especial de Independencia de Magistrados y Abogados para realizar una misión de país que puede coadyuvar positivamente en procesos para combatir la impunidad.[33]
Para Miriam Miranda, Alfredo López y las 200 familias que llegaron a Vallecito para reclamar su tierra como pueblo garífuna, la falta de respuesta del gobierno ha sido clara. Declara Miriam, con los tambores del campamento sonando en el fondo, que:
No existe voluntad política del gobierno para atender la demanda de nuestras comunidades. Las medidas cautelares [de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya otorgadas a Vallecito, entre otras comunidades garífunas] no paran el acoso paramilitar. Es increíble que a estas alturas no hayamos tenido ninguna respuesta; es un mensaje muy claro de que estamos en una ingobernabilidad, en un Estado fallido, y es una muestra muy clara de cómo responde el Estado, porque han movilizado -a petición de Miguel Facussé- a todo el ejército de Honduras para salvaguardar su palma africana. En este caso, no ha sido posible que llegaran ni siquiera cuatro elementos de la seguridad del estado para resguardar el proceso de titulación y de remedición de las comunidades garífunas.
Nosotros estamos prácticamente en medio de una zona de guerra no declarada, donde grupos altamente armados están protegiendo sus intereses; es un territorio donde ellos mandan. Estamos pidiendo algo muy fácil: que vengan a remedir lo que es nuestro, que el Estado venga y diga: “Sí, nosotros le entregamos ese título a ustedes en 1997 y estamos reiterando que esta tierra es suya”. Ahora nos encontramos con una respuesta de silencio, de complicidad del Estado con estos grupos de poder y sus planes. Nos parece gravísimo”.
Las lluvias de Isaac se han tranquilizado. El sol lucha por salir detrás de las nubes y el calor impregna el campamento. Alfredo, con la sonrisa única de un hombre que fue preso político durante siete años y luego logró una condena internacional al Estado de Honduras por su injusto encarcelamiento, comenta: “Al parecer se han calmado los sicarios, o más bien se les acabaron las balas y tuvieron que regresar a casa.” Así que aquí, en Vallecito, en los tambores suenan aún más vigorosos los ritmos garífunas, sin la interferencia de las balaceras, y esta vez suena el ritmo del Yancunú: Guanaragua, Maladi Yancuru, el baile de Mascaros.
El Yancunú es la máxima expresión garífuna de rebelión y defensa de territorios, es el baile que utilizaron los hombres garífuna en su rebelión de 1773 en San Vicente[34]. Bajaron de la montaña disfrazados de mujeres a una fiesta de los soldados ingleses, seduciéndoles con un baile espectacular antes de revelar los machetes que sacaron de abajo de sus faldas, logrando vencerles. Esos mismos machetes que derrotaron a los soldados ingleses son los que hoy en día siguen trabajando en la yuca, el coco y la pesca, los mismos que acompañan a la tierra de Vallecito y al pueblo garinagú, que sigue defendiendo sus tierras frente a las nuevas caras del saqueo de riquezas.
[1] Garinagu es el nombre original del pueblo garífuna después de haberse mezclado africanos naufragados en San Vicente del Caribe con los pueblos indígenas arawak y carib.
[2] A principios del 2012, el congreso hondureño pasó una resolución que prohíbe que se monte más de una persona sobre una motocicleta, debido al alto nivel de asesinatos atribuidos a gatilleros montados como pasajeros en motos, quienes así huyen rápidamente de sus crímenes.
[3] La empresa asociativa es la calificación legal de tierras otorgada por el Instituto Nacional Agraria. No se ha permitido una titulación comunal como cooperativa en los últimos años en Honduras, sobre todo en el Aguan y el departamento de Colón.
[4] “Piratas en Honduras: De Gregor Macgregor y la República de Poyas, a la Ciudad modelo de Paul Romer” OFRANEH. Julio 18, 2012
[5] John Soluri, Banana Culture: Agriculture, Consumption, and Environmental Change in Honduras and the United States (Austin: University of Texas Press: 2005)
[6] “Garífuna People of Honduras Begin Land Recovery Campaign on MONDAY August 27th 2012,” by Tio Teo. Being Garífuna
[7] “Pueblo Garífuna reocupa tierras usurpadas en Vallecito (Limón)” Comunicado de OFRANEH, 26 de Agosto del 2012. http://albatv.org/Pueblo-Garífuna-reocupa-tierras.html
[8] “216 años de la muerte de Satuye y la nueva expulsión del pueblo garífuna del Banana Coast (Honduras),” OFRANEH, 14 marzo 2011.
[9] “216 años de la muerte de Satuye y la nueva expulsión del pueblo garífuna del Banana Coast (Honduras)”, comunicado de OFRANEH del 14 de Marzo 2011
[10] “Who Wants to Buy Honduras?” por Adam Davidson, The New York Times. 8 mayo 2012. http://www.nytimes.com/2012/05/13/magazine/who-wants-to-buy-honduras.html?pagewanted=all
[11] http://www.cohep.com/l/content/%E2%80%9Chonduras-open-business-el-puente-ideal-para-los-negocios%E2%80%9D
[12] http://chartercities.org/esp-concept
[13] “Golpes de estado en Madagascar y Honduras” OFRANEH. http://ofraneh.org/ofraneh/ciudad_modelo_articulos_ingles.html
[14] “A Terrible Thing to Waste,” por Jack Rosenthal, The New York Times Magazine. 31 julio 2009. http://www.nytimes.com/2009/08/02/magazine/02FOB-onlanguage-t.html?_r=1&;scp=1&sq=%22paul%20romer%22&st=cse
[15] United Nations Office on Drug and Crimes release of its first Global Study on Homicide October 2011
[16] Alertas C-Libre 0076-2012, 29-08-12
[17] “Fuerzas ocultas orquestan la criminalización de la protesta campesina en Honduras” Giorgio Trucchi, Desinformemonos, Septiembre 2012
[18] La pesadilla de las “Ciudades Modelo,” por Giorgio Trucchi, 29 agosto 2012. Voselsoberano.http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&;view=article&id=14128%3Ala-pesadilla-de-las-ciudades-modelo&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1
[19] “Ni una revolución, mucho menos una elección revertirá las “Ciudades Modelo” ¡Es ahora o nunca!” http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&;view=article&id=14076:ni-una-revolucion-mucho-menos-una-eleccion-revertira-las-ciudades-modelo-ies-ahora-o-nunca&catid=1:noticias-generales
[20] La pesadilla de las “Ciudades Modelo,” por Giorgio Trucchi, 29 agosto 2012. Voselsoberano.http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&;view=article&id=14128% Ala-pesadilla-de-las-ciudades-modelo&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1
[21] Alertas C-Libre 0075-2012 05-09-12
[22] “Honduras-Coalianza y empresa NKG de Estados Unidos firman convenio para construir primera Ciudad Modelo” http://www.diariowebcentroamerica.com/region/honduras-coalianza-y-empresa-nkg-de-estados-unidos-firman-convenio-para-construir-primera-ciudad-modelo/
[23] “Coalianza y empresa estadounidense NKG firman acuerdo para construir primera ciudad modelo en Honduras” http://www.centinelaeconomico.com/2012/09/04/coalianza-y-empresa-estadounidense-nkg-firman-acuerdo-para-construir-primera-ciudad-modelo-en-honduras/
[24] ibid 21
[25] “Coalianza y empresa estadounidense NKG firman acuerdo para construir primera ciudad modelo en Honduras” http://www.centinelaeconomico.com/2012/09/04/coalianza-y-empresa-estadounidense-nkg-firman-acuerdo-para-construir-primera-ciudad-modelo-en-honduras/
[26] Can private cities save a nation with world’s worst murder rate? http://www.independent.co.uk/news/world/americas/can-private-cities-save-a-nation-with-worlds-worst-murder-rate-8113966.html
[27] “Honduras to build new city with its own laws and tax system to attract investors” http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/06/honduras-new-city-laws-investors
[28] http://chartercities.org/blog/231/honduras-update
[29] http://www.red.hn/
[30] “Coalianza y empresa estadounidense NKG firman acuerdo para construir primera ciudad modelo en Honduras” http://www.centinelaeconomico.com/2012/09/04/coalianza-y-empresa-estadounidense-nkg-firman-acuerdo-para-construir-primera-ciudad-modelo-en-honduras/
[31] http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Strongfreecities
[32] http://garífunaworld.blogspot.mx/, http://ofraneh.org/ofraneh/216_satuye.html
[33] Observaciones y recomendaciones de la visita oficial del relator de la ONU, Frank de La Rue http://conexihon.info/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-%E2%80%9Cla-impunidad-es-el-mayor-obst%C3%A1culo-para-la-libertad-de
[34] http://garífunaworld.blogspot.mx/2008/04/quienes-son-los-garfunas.html
http://desinformemonos.org/2012/09/el-pueblo-garifuna-contra-las-ciudades-modelo-en-honduras/
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Chile; Comunidades mapuche de Likan-Ray rechazan proyectos de inversión y exigen restitución territorial
por Mapuexpress, 18 de Septiembre de 2012
Kaos en la Red
Las Comunidades Mapuche de Likan-Ray luego de un Trawun realizado el 14 de septiembre, informan al pueblo mapuche y sociedad en general Rechazamos la proyección política y económica que el gobierno regional tiene para esta zona, ya que este apunta a aumentar los polos de desarrollo urbanos en desmedro de las tierras mapuche, Instalando plantas de aguas servidas en las comunidades, trayendo inversionistas para sus proyectos capitalistas, privatizando espacios que las comunidades han dejado para el disfrute público como el arco de piedra, modificando los planes reguladores sin consulta a las comunidades, entre otras medidas.
Comunicado Público
Las Comunidades Mapuche de Likan-Ray luego de un Trawun realizado el 14 de septiembre, informan al pueblo mapuche y sociedad en general que:
1. A partir de hoy las comunidades se encuentran en estado de movilización con la finalidad de defender los espacios territoriales que nos corresponden por derecho ancestral, por este motivo hemos declarado tierra en conflicto a un paño de 10.000 hectáreas las cuales deben ser devueltas a las comunidades para su propia administración.
2. Rechazamos la proyección política y económica que el gobierno regional tiene para esta zona, ya que este apunta a aumentar los polos de desarrollo urbanos en desmedro de las tierras mapuche, Instalando plantas de aguas servidas en las comunidades, trayendo inversionistas para sus proyectos capitalistas, privatizando espacios que las comunidades han dejado para el disfrute público como el arco de piedra, modificando los planes reguladores sin consulta a las comunidades, entre otras medidas.
3. Declaramos que no permitiremos la llegada de nuevos proyectos a la zona que contaminen y destruyan los espacios tradicionales mapuche. Rechazamos por ende la presencia de motores contaminantes en las aguas del lago Calafquén, la instalación de basurales y planta de aguas servidas, asi como la llegada de más colonos a la zona producto de la venta indiscriminada de tierras indígenas.
No a la planta de aguas servidas, lanchas y motores que contaminan el territorio del Calafquén
Por la reconstrucción territorial mapuche...
http://www.mapuexpress.net/?act=news&;id=9159
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Cumbre Andina sobre Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria: Declaración Política
CLOC / VÍA CAMPESINA
14 de septiembre 2012
Con la presencia de más de 200 delegados de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, se llevó a cabo durante 3 días, del 11 al 13 de Septiembre del 2012, en la ciudad de La Paz, Republica Plurinacional de Bolivia, La cumbre Andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, convocada por la coordinadora Latinoamericana de organizaciones del campo CLOC – Vía Campesina de la región Andina. La cual conto con la participación del señor vicepresidente de Bolivia – Álvaro García Linares, de los señores embajadores de Ecuador y Nicaragua, entre otras personalidades. De la misma manera se contó con la presencia de la comisión continental de la campaña global por la reforma agraria.
La realización y desarrollo de la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, posibilito un profundo análisis colectivo sobre los avances y retrocesos en las políticas agrarias en cada uno de las naciones andinas, constatando que en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, con el acenso de gobiernos de carácter democrático, popular y revolucionarios, se están efectuado cambios dirigidos a reversar las políticas neoliberales que se promulgaron a partir de los años 80 y 90, siguiendo los postulados del fondo monetario internacional, el banco mundial y el banco interamericano de desarrollo – BID, la cual conllevo a una profunda crisis social y política, que se manifestó en el aumento acelerado de la pobreza, miseria, migración, privatizaciones, concentración sobre la propiedad de la tierra, especulación financiera, desempleo, corrupción y militarización de la sociedad. Estos cambios que han partido de movilizaciones y luchas sociales, se ven materializados en la creación de nuevos marcos constitucionales, que garantizan a la mayoría de la población sus derechos fundamentales como también los de la madre tierra, que a su vez se están materializando en nuevas formas de participación y decisión social sobre su futuro.
No obstante, estos avances, existen diferentes obstáculos que no han permitido acelerar algunos procesos de cambio como el dirigido a profundizar las reformas estructurales, como la reforma agraria que permita la democratización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de las políticas, que garanticen plenamente la soberanía alimentaria de los pueblos.
Por otro lado, en Colombia y Perú se observa una profunda crisis social en el campo, cuyo origen está relacionado directamente con la reconcentración de la propiedad de la tierra en el caso colombiano, cuyas cifras indican que el 62% de la propiedad se encuentra concentrada en menos del 0,4% de los propietarios. Estos índices han tenido que ver con la expropiación violenta ejercida en las ultimas 3 décadas en contra del campesinado, durante la cual fueron desplazados más de 5’000.000 de campesinos y 10’000.000 de hectáreas despojadas forzosamente. El conflicto minero ambiental que se viene agudizando, como es el caso de Perú, que esta afectando a los territorios indígenas y campesinos, específicamente en Conga – Cajamarca, que a su vez incrementa los niveles de conflictos contra las transnacionales y los agronegocios que han venido últimamente acaparando tierras habilitadas con sistema de riego y se prepara desde el gobierno una ley, que según las organizaciones campesinas, beneficiara a estos sectores de la gran agroindustria comercial.
Desde nuestras perspectivas como organizaciones, miembros de la CLOC Vía – Campesina región andina, en el marco de esta cumbre de reforma agraria y soberanía alimentaria, nos planteamos continuar trabajando por el fortalecimiento organizativo de nuestras bases, la formación, la articulación de mujeres y jóvenes, la no violencia contra las mujeres, la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad y la recuperación de las semillas nativas, así como la lucha frontal contra los agronegocios, agrotóxicos y transgénicos, el gran latifundio y la concentración especulativa de la tierra y las transnacionales mineras, entre otros.
Fortalecer nuestras luchas y la unidad latinoamericana:
Desde la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria los participantes hacemos llegar nuestra voz de solidaridad e indignación por las violaciones de los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, encarcelamientos y en general la criminalización contra los campesinos, sus organizaciones y sus dirigentes, como en el caso de los campesinos de Honduras, Paraguay, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, quienes vienen resistiendo y movilizándose en contra de estos atropellos. A la vez que condenamos de manera contundente el golpe de estado en Paraguay realizado al presidente Lugo.
De igual manera, saludamos los nuevos proyectos de integración del ALBA, CELAC y UNASUR que rompen con el hegemonismo imperialista de los Tratados de Libre Comercio – TLC, que colocan en desventaja y sumisión a los países que se someten a ellos. Como también el proceso ALBA de los movimientos sociales en construcción que abre nuevos horizontes desde los pueblos de América Latina hacia su emancipación.
Expresamos nuestro apoyo al inicio de los diálogos en Colombia entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional en la búsqueda de una solución política al conflicto armado que vive este país, hacia una paz duradera y estable para los colombianos y la región andina.
Desde la CLOC –Vía Campesina, región andina, Llamamos a fortalecer los procesos organizativos nacionales e impulsar la más firme solidaridad con los campesinos y pueblos del mundo que luchan por alcanzar la plena libertad y soberanía. Así mismo, la unidad Latinoamericana y la patria grande que soñaron nuestros libertadores.
Por último, queremos socializar las principales estrategias emanadas de la cumbre, que buscan direccionar nuestra campaña por la reforma agraria y la soberanía alimentaria:
1. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas, miembros de la CLOC – Vía Campesina de la región andina.
2. Potenciar la escuela andina de formación política itinerante.
3. Lucha frontal contra los transgénicos, paquetes tecnológicos y agrotóxicos.
4. Fortalecimiento de la comisiones sobre reforma agraria y derechos humanos.
5. Desarrollar procesos de intercambio de experiencias sobre reforma agraria y soberanía alimentaria en cada uno de los países de la región.
6. Creación de un observatorio de conflictos agrarios, dirigido desde la CLOC andina.
7. Adelantar jornadas de movilización y lucha contra el acaparamiento de tierras en la región.
8. Conformación de un tribunal sobre conflictos agrarios en la región andina.
9. Impulsar iniciativas de Leyes Alternativas Agrarias desde cada país.
10. Proponemos realizar con otras fuerzas sociales la cumbre de agua y medio ambiente.
11. Promover la agroecología de campesino a campesino como propuesta al nuevo modelo de producción y desarrollo agrario integral.
12. Fortalecer la identidad y cultura de los pueblos, y la defensa de sus territorios.
13. Realizar encuentros, festivales, trueques y demás iniciativas que permitan el rescate de las semillas autóctonas y mercados locales.
14. Llevar a los IALAS la propuesta de creación de laboratorios que faciliten la investigación y mejoramiento de semillas y especies.
POR LA TIERRA Y LA SOBERANIA DE NUESTROS PUEBLOS
AMERICA LUCHA
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Guatemala: Las comunidades del sureste de la Sierra Chama, en Alta Verapaz en su retorno a sus tierras y a su territorio
Por los Miembros del Consejo del Pueblo Tezulutlán, Manuel Tot - Guatemala,
11 de septiembre de 2012
Nuestras abuelas y nuestros abuelos, nos recomendaron que siempre “volviéramos a nuestros origen, porque uno es nuestro pueblo y una es nuestra lengua”. Hoy nosotros como comunidades desplazadas y desalojadas por el Estado, la burguesía y el Ejército de Guatemala, durante los años ochenta, hemos decidido volver a nuestras comunidades, donde nuestros antepasados nos dejaron y donde nos dijeron que encontraríamos los caminos planos y llanos y vida en abundancia.
Ahora estamos reivindicando a quienes se negaron a abandonar sus tierras y territorios y que por eso fueron, asesinados y masacrados. Siempre contamos a nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas, que el ejército durante cinco días bombardeo las comunidades destruyendo cultivos, viviendas y escuelas eliminando totalmente sus medios de vida, por ello quienes sobrevivieron fueron obligados a emigrar a la cabecera departamental de Alta Verapaz y muchos de ellos reducidos a aldeas modelos y campos de concentración.
Hoy la Generación que sobrevivió a dichas atrocidades, sentimos el llamado de Q’a Loqlaj Ch’och (Nuestra Sagrada Tierra), por ello organizamos nuestros retorno con la determinación de recuperar nuestra tierra y nuestro territorio, dignificar nuestras familias masacradas y retomar nuestra forma de vida y defender nuestros bienes naturales ante las amenazas de los proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos.
Hoy hacemos el llamado a las organizaciones sociales, ONGs de Alta Verapaz, de Guatemala y del Mundo, a personas voluntarias y voluntarios, a sumarse y a solidarizarse con nuestra lucha.
Sierra de Chamha’, Kaib’ Ajmaq, los pueblos q’eqchi y poqomchi, descendientes de la Gran Civilización Maya
PORQUE NO NOS OLVIDEN Y NO NOS BORREN DE SUS MEMORIA
UNO SOMOS Y NO SEREMOS
PORQUE LA TIERRA NO SE VENDE SE DEFIENDE
MIEMBROS DEL CONSEJO DE PUEBLOS TEZULUTLÁN “MANUEL TOT”
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Colombia: Indígenas colombianos: Nos compete participar en el proceso de paz
Radio Sur, 6 de septiembre 2012
El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Luis Andrade, llamó a que las partes en conflicto asuman “su responsabilidad” en los crímenes de lesa humanidad y que los temas de “la verdad, de memoria, de reparación” se incluyan en la negociación.
El Consejero Mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Luis Andrade, afirmó este miércoles que al haber sido víctimas los pueblos originarios de ese país del conflicto armado, se justifica su participación en el proceso de paz firmado recientemente por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Hemos sido víctimas históricamente de todas las vejaciones del conflicto armado (…) que en las últimas décadas se ha desarrollado en nuestros territorios convirtiéndolos en escenario de guerra. En tanto hemos sido afectados por la guerra, también nos compete participar en un proceso de paz y aportar nuestras ideas de cómo se debe consolidar un proceso de paz verdadero y duradero, más allá de la solución al conflicto armado que también es necesario”, afirmó en una entrevista para La Radio del Sur.
Andrade esbozó como una de las propuestas a presentar por los aborígenes en su eventual participación en el proceso de paz es el tema de la Reforma Agraria, que tenga en cuenta “nuestra autonomía y nuestra territorialidad”.
Otro tema de interés para los originarios es el “debate sobre la construcción de un modelo de desarrollo económico y social equilibrado”, para superar un sistema que genera “grandes riquezas para unos, mas desigualdades y la exclusión de otros”, lo cual es uno de “los grandes problemas por lo cual hay tanto conflicto y diferencias” en Colombia, explicó.Durante la entrevista en el programa De primeros en la Cola, Andrade llamó a que las partes en conflicto asuman “su responsabilidad”, de modo de no dejar “la carga del sacrificio, el perdón y la reconciliación” a la sociedad civil.
En este sentido, destacó que hasta ahora “ese es el mensaje que más o menos se ha dado”, pues los actores en confrontación “resuelven sus diferencias, se habla de indultos, reducción de pena, de acceso a la participación política pero la sociedad civil sigue siendo desconocida, victimizada y hasta padeciendo mayor violencia” y exclusión durante el postconflicto.
Ante tal situación resaltó la necesidad de que los temas de “la verdad, de memoria, de reparación” se incluyan en la negociación y destacó la importancia de que las partes enfrentadas asuman su responsabilidad en lo referido a crímenes de lesa humanidad.
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Chile:Santiago: Convocan marcha en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre
3 de septiembre 2012
La movilización convocada por la organización Meli Wixan Mapu y la comunidad Wente Winkul Mapu, se iniciará en cerro Welen a las 19:30 hrs. lunes 3 de septiembre y tiene como objetivo dar apoyo a los jóvenes mapuche recluídos en la cárcel de Angol y que actualmente se encuentran en huelga de hambre.
El día 26 de agosto, 5 presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol, pertenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu, de los cuales dos de ellos recientemente han sido condenados por el estado chileno a mas 11 años de prisión, en un nuevo y orquestado montaje político-judicial, han dado inicio a una huelga de hambre indefinida.
Esta medida se enmarca en un contexto de extrema represión y negación al pueblo Mapuche por parte del estado chileno. Medida de presión que nuestros weichafes encarcelados han decidido valientemente llevar adelante con el objeto de conseguir las históricas demandas políticas de nuestro pueblo.
Esta huelga de hambre indefinida, es llevada adelante por jóvenes Mapuche que actualmente se encuentran recluídos en la cárcel de Angol; que a pesar de que su libertad les ha sido arrebatada por el estado chileno, no han dejado de luchar y aportar desde donde se encuentren a la lucha por la liberación de la nación mapuche.
Ante esta situación, hacemos un llamado a mapuche y no mapuche que solidarizan con nuestro pueblo, a estar informados de todo lo que pueda suceder, pues sabemos que la cumbre de seguridad presidida por piñera y hinzpeter ya ha empezado a dar sus frutos, a movilizarse, a generar redes de apoyo y difusión de lo que día a día acontece en territorio mapuche, a denunciar todo tipo de atropello del estado y sus policías…
Invitamos a todas y todos, para que este lunes resuenen en las calles de la capital del estado chileno las voces mapuche, las voces de dignidad y lucha, que no callarán hasta que sean realmente libres…
Asistan con sus instrumentos, lienzos, material de difusión y propaganda para acompañar al werken de la comunidad wente winkul mapu y demas comuneros de malleco que estaran presentes en esta movilizacion.
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Guatemala:PRIMER ENCUENTRO CON RADIOS COMUNITARIAS Y EL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE (CPO).
3 de septiembre 2012
Por CPO
“La Comunicación, como un derecho colectivo de los pueblos”, fue el tema central del primer encuentro de radios y comunicadores comunitarios, la cual se llevó acabo en la ciudad de Txeljub’, Quetzaltenango, convocada por el Consejo de Pueblos de Occidente. El objetivo principal de este encuentro, fue analizar la situación actual de los medios de comunicación en Guatemala, a quiénes favorecen y a quiénes discrimina.
Contó con una gran participación de comunicadoras y comunicadores desde los territorios de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, San Marcos, ciudad Capital e inclusive comunicadoras de Japón, España y Estados Unidos, aglutinadas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y Ciudadanas - AMARC, Asociación Mujb’ab’l Yol – Encuentro de Expresiones, La Red de Radios Católicas y parroquiales, destacados comunicadores profesionales del occidente del país, quienes vienen desarrollando una labor importante en la promoción y defensa de la vida, el territorio y el buen vivir de los pueblos de Twitz Paxil – Guatemala.
“Actualmente, los medios de comunicación, radial, televisivo y prensa escrita está en manos del Monopolio, en especial del Magnate mexicano, Ángel González, los Arcazal, Archila y otros grandes empresarios, que les ampara la Ley General de Telecomunicaciones, que abre el camino grande hacia la privatización del espacio radioeléctrico, dejando a los pueblos, en especial al pueblo indígena, sin la posibilidad de accesar a un derecho humano tan elemental, como lo es el de comunicación”, puntualizo, Alberto Recinos (Tino), del movimiento de radios comunitarias a nivel nacional.
Para continuar leyendo haga clic en el siguiente enlace: http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/2012/09/medios-de-comunicacion-en-favor-de-los.html
misión de Comunicacion - CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE - CPO
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Chile:Nuevamente masivo allanamiento en Temucuicui Destacado
por Alianza Territorial Mapuche
02 de Septiembre de 2012, Kaos en la Red
Mientras la comunidad desarrollaba una masiva reunión al interior del lof cerca de la escuela, fuerzas blindadas de la policía militar irrumpieron en el lugar disparando gran cantidad de bombas lacrimógenas y bengalas, ante lo cual la gente mapuche debió brindar protección a ancianos y niños...
Mientras la comunidad desarrollaba una masiva reunión al interior del lof cerca de la escuela, fuerzas blindadas de la policía militar irrumpieron en el lugar disparando gran cantidad de bombas lacrimógenas y bengalas, ante lo cual la gente mapuche debió brindar protección a ancianos y niños que fueron llevados a sus casas.La historia se vuelve a repetir y con las consecuencias de siempre que afectan a mujeres, los niños y los ancianos de esa poblada comunidad mapuche enclavada en la zona de mayor represión policial hacia el pueblo mapuche en la comuna de Ercilla.Según han denunciado los voceros de la comunidad Ignacio Queipul, mientras la comunidad desarrollaba una masiva reunión al interior del lof cerca de la escuela, fuerzas blindadas de la policía militar irrumpieron en el lugar disparando gran cantidad de bombas lacrimógenas y bengalas, ante lo cual la gente mapuche debió brindar protección a ancianos y niños que fueron llevados a sus casas. Mientras tanto, los weychafe defendieron su espacio, logrando que la policía se retire de la zona, sin que hasta ahora se conozcan las causas de este nuevo ataque, aunque se presume que dice relación con la persecución contra el vocero mapuche Mijael Carbone Queipul.
Al mismo tiempo, los comuneros han denunciado que en la ciudad de Ercilla, carabineros de uniforme y civiles han interceptado a varios niños y niñas de la comunidad en distintos momentos de la semana que termina y han lanzado la siguiente amenaza “Dile a (Mijael) Carbone que lo vamos a encontrar y de un solo tiro lo vamos a matar”; mensaje que los niños han comentado a sus familias diciendo que temen volver a la escuela de la ciudad. Este tipo de amenazas de repiten contra niños de la zona de Mawizache en Freire, en cuyos caminos son interceptados e interrogados por agentes estatales, a lo que se suma el acoso policial al machi Fidel Tranamil en Rofuwe, dadas las movilizaciones sociales de las comunidades del sector.
Para el werken de la ATM, Alberto Curamil, estas situaciones “son aún más preocupantes por el silencio de la clase dirigente de la región y de Chile, quienes están para nosotros catalogados como cómplices de estas violaciones a los derechos elementales de nuestros hijos, los que tarde o temprano deberán responder ante la humanidad por estas vejaciones” sentenció el vocero mapuche.
Comunicaciones PuLofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche
http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
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Guatemala:Consejo de Pueblos de Occidente se manifiestan en contra de visita de Parlamentarios canadienses a Mina Marlin
31 de agosto 2012
Integrantes del Consejo de Pueblos de Occidente manifestaron su rechazo ante la llegada a Guatemala, específicamente a las instalaciones de la Mina Marlin, ubicada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán de este departamento, de parlamentarios de origen canadiense, aduciendo que lo que buscan con su visita es reunirse con gobernantes guatemaltecos para buscar la aprobación de una nueva ley de minería que les de mayores beneficios.
A este respecto, GOLCORP se pronunció con un comunicado de prensa, en donde se da a conocer que la visita se realizó en el marco de una supervisión rutinaria a las inversiones canadienses que se realizan en nuestro país, y que en ningún momento se tiene previsto influir en el tema legislativo guatemalteco, mostrando el respeto a la soberanía e independencia de la legislación guatemalteca.
Emisoras Unidas Sur Occidente 98.3
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Paraguay: Aclaraciones ante la sucia campaña de ABC Color contra el IALA Guaraní
CLOC-Vía Campesina
30 de agosto de 2012
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina de Paraguay, conformadas por las siguientes organizaciones: la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), el Movimiento Agrario y Popular (MAP), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); se dirigen a la opinión pública nacional e internacional, ante los nuevos ataques que el Diario ABC Color infunde en una campaña de desprestigio contra el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA Guaraní), en notas firmadas por el periodista Jorge Torres Romero, para aclarar cuanto sigue:
El IALA Guaraní, cuyo asiento se encuentra en la comunidad Santa Catalina, distrito de Curuguaty, forma parte de una red de institutos superiores de educación formal, impulsada por la CLOC y La Vía Campesina Sudamérica; es un proyecto de formación de jóvenes rurales que tiene su origen en el Acuerdo de Tapes, donde gobiernos y movimientos campesinos se comprometieron a actuar en el área de educación superior, posibilitando a los campesinos y a las campesinas el acceso a ese grado de enseñanza, en vista de que, en la mayoría de nuestros países, éstos se encuentran excluidos de ese nivel educacional.
El Acuerdo de Tapes fue firmado en el año 2005, en el marco del V Foro Social Mundial, que se realizó en Porto Alegre (Brasil). La primera experiencia fue inaugurada en agosto de 2005, con la creación de la Escuela Latinoamericana de Agroecología (ELAA), en Brasil. Al año siguiente se creó el IALA Paulo Freire, en Venezuela. A partir de 2011 comenzó el proceso de construcción simultánea del IALA Guaraní, en Paraguay, y del IALA Amazónico, en el estado de Pará, Brasil.
Algunos objetivos de la Red IALA son: formar técnicos de nivel superior que tengan la capacidad de organizar bancos de semillas en sus comunidades; desarrollar y aplicar nuevas tecnologías agrícolas que respeten el medio ambiente sin uso de agrotóxicos ni abonos químicos solubles; organizar y orientar a los campesinos y campesinas para ser multiplicadores de semillas en sus regiones; desarrollar la organización de la producción, de la cooperación y acciones de preservación y conservación ambiental en las diversas organizaciones campesinas de América Latina, en el marco de la agroecología, entre otros.
Atendiendo la necesidad concreta de encontrar respaldo financiero para dar inicio a la construcción del IALA Guaraní, la CLOC/Vía Campesina Paraguay se ha propuesto la consecución de los recursos para concretar el proyecto. La Itaipú Binacional fue sólo una de las entidades que recibió el proyecto de la creación y mantenimiento del instituto y, habiendo realizado todos los trámites de rigor, aprobó, mediante un convenio firmado por los directores paraguayo y brasileño, la financiación de las actividades por el término de un año, siendo los rubros garantizados: alimentación, honorarios profesionales, compra de equipamientos y el traslado.
Como se puede apreciar, el convenio firmado con la Itaipú Binacional no contempla la inversión en infraestructura, tal como afirma irresponsablemente en su serie de notas periodísticas el señor Jorge Torres Romero, con el afán tendencioso de contrastar las fotografías del local del Instituto, todavía en precarias condiciones materiales, con el monto desembolsado por la binacional.
Referente a la legalización de la Carrera de Ingeniería en Agroecología, existe un convenio marco de cooperación firmado por la Fundación IALA Guaraní y la Universidad Nacional de Pilar (UNP), cuyo alcance se limita a respaldar los trámites burocráticos para la creación de la Carrera en sí.
El proceso de legitimación del Instituto y del Curso exige ciertos requisitos desde el punto de vista de la infraestructura y de lo académico; no es algo que se pueda obtener de un día para otro, sino que sigue un curso coherente de formación y elaboración de documentos que deben necesariamente pasar por varias instancias y departamentos oficiales del Estado, donde no siempre están dispuestos a contribuir cuando el público receptor es la comunidad campesina.
El periodista de ABC Color ensaya burdamente una vinculación entre los hechos registrados el 15 de junio pasado, conocidos como la masacre de Curuguaty, y la existencia del IALA Guaraní atendiendo a una coincidencia geográfica, todo con el objetivo de confundir a la opinión pública; pretende, así, que pese una reputación negativa sobre los y las estudiantes del Instituto, quienes se están formando para ser profesionales comprometidos con su comunidad y trabajar en defensa de los bienes naturales, la soberanía alimentaria y la agricultura libre del uso de agrotóxicos que tanto dañan a la Madre Tierra.
Por el respeto que merecen los educandos y las educandas, debemos aclarar enfáticamente que no corresponde a la verdad la arbitraria afirmación de que en la nómica de estudiantes existan menores de edad o personas cuyo números de documentos correspondan a fallecidos. Son especulaciones vagas de una persona que no se ha tomado la mínima molestia de practicar un ejercicio mental de inferencia y cuyos conocimientos sobre su objeto de investigación son, por demás, extremadamente limitados, al punto de especular, conjeturar y hacer deducciones groseras que atentan contra el buen nombre de las personas.
Entendemos que este medio de prensa, vocero del ala más conservadora de nuestra sociedad y representante de la oligarquía reaccionaria, promueve la persecución política contra las personas y grupos que optan por un pensamiento diferente. No es la primera vez que ataca el proyecto del IALA Guaraní ni lo etiqueta bajo la acusación de fomentar “adiestramiento de guerrilla”, injuria que en su momento nos hemos encargado de desmentir sin la necesidad de recurrir a estrados judiciales.
Estamos convencidos de que lucharemos por este proyecto educativo ya que el acceso a la educación es un derecho garantizado en la Constitución Nacional. Instamos a toda la ciudadanía a defender esta iniciativa de formación; nos mueve la certeza de que los verdaderos cambios sociales y estructurales sólo serán posibles de alcanzar en la medida en que fomentemos una educación inclusiva, participativa y democrática, que promueva nuevos valores.
En ese sentido, instamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles y populares a defender la educación como un derecho de todos y todas y, especialmente, que la capacitación de nuevos técnicos, varones y mujeres cuyo trabajo se desarrolla en las comunidades, alcance a jóvenes activos provenientes de los sectores campesinos e indígenas que tengan asegurado todo lo necesario para su aprendizaje.
Invitamos al diario ABC Color a informarse de manera más veraz y a tener presente que los movimientos campesinos lucharemos por la formación del pueblo, sin que este tipo de medidas de amedrentamiento logren hacernos flaquear en nuestras luchas.
Exhortamos a la ciudadanía a prestar atención a las publicaciones de este medio que ha sido cómplice del golpe de Estado Parlamentario en nuestro país y que ha manifestado en reiteradas oportunidades su abierta posición a favor de la clase dominante y en contra de las luchas populares.
¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos! ¡América lucha!
¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!
¡ABC miente! ¡ABC ijapu!
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Guatemala:Raíces El sí a la vida
Por Cecilia Mérida - Jueves 30 de agosto 2012
El 29 de agosto de 2006 se realizó la consulta comunitaria de Buena Fe en Santa Eulalia, le antecedieron las de Comitancillo, Sipacapa en San Marcos y cinco más en territorio Mam y Popti en Huehuetenango. Estas expresiones de decisión política desde lo comunitario, sentaron precedentes de lo que hoy es la rearticulación del tejido social de los Pueblos Indígenas y de poblaciones mestizas a lo largo de todo el país cuando de defender la vida y el territorio se trata.
En estos últimos seis años, se ha conformado un inmenso mosaico de voces, en el que mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y jóvenes expresan un rotundo NO a las pretensiones de empresas transnacionales de explotar los recursos naturales, especialmente el oro, la plata y el agua de los ríos para la instalación de hidroeléctricas, cuya generación de energía no beneficiará a la población más pobre, sino que, como siempre, serán unos pocos los que se hagan más ricos.
Defender el territorio significa defender la vida, porque con cada perforación hecha a las montañas, con el desvío del cause de los ríos, con cada tala de árboles se rompe el ciclo natural de los ecosistemas y se altera el mundo de significado e historia que guarda cada bosque, manantial o río. Estar de acuerdo con la explotación minera o las hidroeléctricas significa ser cómplice del ecocidio que sufre la Madre Naturaleza en el hoy y es también robarle el futuro a las generaciones venideras, las que seguramente solo conocerán desiertos y lodo y no tendrán un lugar para refugiarse ante los desastres naturales.
La responsabilidad la tienen los empresarios extranjeros y las autoridades guatemaltecas quienes, con beneplácito, apoyan las actividades extractivas en contra de la voluntad de todo un pueblo que ha decidido defender los bienes y recursos de la naturaleza ante la voracidad del capitalismo neoliberal.
Hoy celebramos con dignidad el sexto aniversario de la voz del pueblo q´anjob´al de Santa Eulalia, porque es una manera de continuar posicionando nuestro compromiso con este país, el cual no está en venta. Reafirmamos el sí a la vida.
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México: Acción Urgente por San Dionisio del Mar
por Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
Kaos en la Red, 31 de agosto 2
Agresión y hostigamiento en contra de los indígenas y comuneros de San Dionisio del Mar, defensores de su territorio frente al proyecto eólico “San Dionisio” del consorcio Mareña Renovables.
El 8 de noviembre de 2004, bajo engaños y en total violación al derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Ikojts de San Dionisio del mar, la empresa de ese entonces Preneal México S. A de C.V., obtuvo el usufructo de 1643 mil hectáreas de tierras de uso común de los bienes comunales de San Dionisio del mar.
En el año de 2011 los comuneros tuvieron acceso al contrato abusivo que les hizo firmar la empresa, desde entonces comenzó una lucha primero por el acceso a la información, paralelamente una lucha decidida por defender el lugar conocido como la isla, la barra santa teresa, lugar sagrado para los Ikojts el cual les da el sustento de vida y contribuye a la preservación de su identidad cultural.
La comunidad en diversas asambleas de pueblo ha declarado su rechazo rotundo a la implementación del proyecto eólico “San Dionisio” por la grave afectación que representa para su forma de vida y su supervivencia como pueblo indígena.
A principios de este año se enteraron que el presidente municipal C. Miguel castellanos estaba reuniéndose a espaldas del pueblo con las empresas eólicas y ante la amenaza que hizo este presidente municipal hacia la asamblea reunida, el pueblo decidió desconocerlo, y desde febrero de 2012 tiene tomado de manera simbólica las instalaciones del palacio municipal, el cual dejo abandonado el presidente después de ver el descontento del pueblo.
El 8 de febrero de 2012, el pueblo interpuso un recurso de revocación de mandato, el congreso de Oaxaca no ha hecho nada al respecto a pesar de contar con pruebas suficientes de que el presidente municipal ha cometido diversos delitos y faltas en la administración publica.
Desde entonces los comuneros y pobladores defensores de su territorio han sido objeto de amenazas, intimidaciones, y persecución judicial.
El día 14 de mayo el gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo amenazo de propia voz con el derramamiento de sangre y con la liberación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de los indígenas que se han atrevido a defender su territorio. Poniéndoles el ejemplo tan claro de que les pasaría los mismo que les paso a los compañeros de San José del Progreso.
Actualmente más de 40 indígenas de San Dionisio cuentan con averiguaciones previas iniciadas por denuncia que interpuso el desconocido presidente municipal, quien ha dado órdenes expresas de negar los servicios básicos a los indígenas que estén en contra del proyecto eólico, como el servicio de la ambulancia y el servicio médico; además de despojar a las mujeres y ancianos de los apoyos de oportunidades y 70 y más.
El día 23 de agosto la empresa entro a la isla desde una comunidad zapoteca para dar inicio a la construcción del parque, derrumbando manglar y afectando de manera irreversible la zona lagunar.
El día 25 de agosto del presente año un comunero que se encuentra en la defensa del territorio frente al proyecto eólico fue brutalmente golpeado por un simpatizante del presidente municipal y del proyecto eólico. Al llevar al joven comunero herido para que le dieran la atención médica necesaria la doctora encargada de la clínica se negó a atenderlo.
Hechos:
El día de hoy 28 de agosto a pesar de la clara postura del pueblo de San Dionisio de no al proyecto eólico en la barra santa teresa o la isla, la empresa entro por la comunidad de pueblo viejo, respaldado por el agente municipal C. Teódulo gallegos, al tiempo que en la comunidad de San Dionisio del mar (cabecera municipal) se anunciaba y se invitaba a todos los comuneros priistas para que mañana 29 de agosto se congregaran a las cinco de la tarde para llevar a cabo una reunión con “ Jorge Gonzales representante de la cámara de diputados” quien llegara el día de mañana 29 de agosto para pactar la entrada de las empresas y el inicio de las obras del parque eólico.
Los indígenas que defienden su territorio ven un serio peligro de agresión por parte del presidente municipal, de sus simpatizantes y de los enviados del gobierno toda vez que no se está haciendo un llamado a todo el pueblo en general para llevar una asamblea publica sino que solo a los priistas y existe el temor fundado que planeen una nueva agresión contra la comunidad para lograr el acceso de las empresas y el inicio de las obras en la isla.
Esto se suma al ambiente de agresión e intimidación que los indígenas defensores de la isla vienen padeciendo por parte de las empresas y el gobierno federal, estatal y municipal, además es una clara provocación y una intimidación mas por parte del gobierno del estado y de las empresas, ya que por un lado (por el lado del mar) llegan las empresas transnacionales para empezar la construcción del parque más grande de México y de América latina y por tierra llegan los representantes del gobierno respaldando la invasión, el despojo, la entrega del sustento de vida y de su identidad como pueblo indígena Ikojts: la isla de San Dionisio del mar.
Las organizaciones firmantes exigimos:
1. Se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física de la comunidad indígena Ikojts de San Dionisio del Mar, quienes son dueños legítimos del territorio y a quienes se les tiene que respetar su derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado que hasta ahora ha sido violentado de la manera más cínica por parte del estado mexicano
2. A las autoridades del estado de Oaxaca investiguen, sancionen a los responsables de las agresiones al comunero Moisés Juárez Muriel, indígena Ikojts.
3.- A las diversas dependencias de salud, desarrollo social para que supervisen y evalúen la atención que brindan la clínica y el programa de 70 y más en San Dionisio del mar y atiendan las quejas por la discriminación y la negativa de acceso a los servicios a que tienen derecho los habitantes de la comunidad.
4.- A las empresas eólicas Mareña renovable que cese su hostigamiento hacia la comunidad indígena de San Dionisio, que entienda que el pueblo no permitirá la construcción del parque y que cese de estar provocando un ambiente de violencia e inestabilidad comunitaria.
5. Al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y al estado mexicano en general el respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado.
6.- la cancelación inmediata del megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los pueblos indígenas, en específico el proyecto eólico “San Dionisio”.
Enviar llamamientos a:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06600 México D.F. Fax: (52.55) 50933414;
Correo: secretario@segob.gob.mx, contacto@segob.gob.mx
Cuenta de Twitter: @SEGOB_mx
Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Internacional Oaxaca – Istmo KM 15, Ciudad Administrativa
“Benemérito de las Américas” edif. 7
Colonia Tlalixtac de Cabrera Oaxaca. C.P. 68270
Tel: (951) 50 15000, ext. 13752
Correo-e.: j.castillo.oax@gmail.com"> j.castillo.oax@gmail.com
Erendira Cruz Villegas Fuentes
Comisionada de Derechos Humanos de Oaxaca
Tel: (951) 50 18100
Lic. Manuel de Jesús López López
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Centro Administrativo del poder ejecutivo y Judicial, Gral. Porfirio Díaz, soldado de la
patria.
Edificio Jesús Chu Rasgado. Segundo Nivel.
Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71250
Tel: (951) 501 69 00, ext. 20769
Correo electrónico: contacto@pgjoaxaca.gob.mx
Dr. Heriberto Antonio García
Defensor de los derechos humanos del Pueblo de Oaxaca
Calle de los Derechos Humanos, NÚMERO 210, Col. Américas
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel: (951) 50 30 520
Correo electrónico: correo@derechoshumanosoaxaca.org
Lic. Pablo Sandoval Martínez
Visitador Regional de Juchitán
Oficina regional de Juchitán
Calle Efraín R. Gómez s/n, Centro, Juchitán de Zaragoza.
C.P. 70000.
Tel/ fax: (971) 71 2 10 18
Delphine Malard
Jefa de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
11000 México D.F.
Correo electrónico: delphinemalard@eeas.eurpa.es
Copia: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. tierrayterritorioasamblea@yahoo.com.mx"> tierrayterritorioasamblea@yahoo.com.mx
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Chile: Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu en huelga de hambre dan a conocer sus demandas Destacado
por Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu
Kaos en la Red, 31 de agosto 2012
Los presos políticos de la comunidad Wente Winkul Mapu del Lof Chekenco: Paulino Levipan Coyán, Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo, Rodrigo Montoya Melinao y su vocero Eric Montoya Montoya, deseamos comunicar a opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Hoy 29 de agosto, cumpliéndose el tercer día de huelga de hambre, manifestamos con fuerza nuestro descontento por la injusta condena de nuestros peñi Daniel Levinao y Paulino Levipán, lo que consideramos un fallo discriminatorio, racista y político, con que el estado busca arrancar la idea de recuperación de nuestro territorio y bajar nuestra justa lucha.
Nosotros como presos políticos mapuche seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor e inhumano, seguiremos luchando contra quienes tienen usurpado el territorio y llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa, demostrando con ello nuestra inocencia. Por tanto solicitamos:
1.- La anulación del juicio de Paulino Levipán y Daniel Levinao.
2.- La aplicación del convenio 169 y convenios internacionales que Chile ha suscrito.
3.- Fin a la utilización de testigos protegidos en causas mapuche.
4.- No más allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y ancianos. Queremos la desmilitarización del territorio mapuche.
5.- Libertad a todos los presos políticos mapuche y la devolución del territorio a nuestras comunidades.
Hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche, a todos los pueblos hermanos, a las personas conscientes, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a que apoyen nuestra justa causa.
Porque ni el encarcelamiento, ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro Pueblo Nación Mapuche.
Larga vida al pueblo mapuche y a su resistencia de siglos.
Marrichiweu.
Presos políticos mapuche Wente Winkul Mapu__
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Chile. Brutal ataque policial a comunidades Mapuche Lafkenche Destacado
por NEWEN PU LAFKENCHE PU LAFKENCHE / CARAHUE-TIRÚA
29 de Agosto de 2012
Comunicado Público
Violento operativo policial deja tres comuneros mapuche heridos, tras ser desalojados por la fuerza desde el ex Fundo La Suerte, predio de Forestal Mininco que comunidades mapuche de la costa (Carahue-Tirúa) reivindican como tierras indígenas por legítimo derecho.
Según informó Moisés Vilches, dirigente de la Asociación Newen Pu Lafkenche, el hecho se registró en horas de esta tarde (martes), cuando un enorme contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó al predio, mientras familias mapuche se encontraban pacíficamente en el lugar, siendo violentamente amedrentados con balines de metal y perdigones.
Como resultado de este brutal ataque, tres comuneros sufrieron heridas de diversa consideración; en tanto otros tres -uno de ellos, menor de edad- permanecen detenidos en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial sin hasta hora conocer los delitos que se les imputan. Mañana serían formalizados ante el Tribunal de Carahue.
Cabe señalar que durante el mismo procedimiento, Carabineros destruyó completamente una ruka mapuche, destinada a uso religioso comunitario.El ex Fundo La Suerte es reclamado por 80 familias, pertenecientes a las asociaciones Newen Pu Lafkenche y Pu Lafkenche, cuyos dirigentes han accedido a instancias de diálogo con representantes de Forestal Mininco, sin recibir respuestas concretas que den término a la marginación productiva y religiosa que han sido sometidos por décadas.
“Con fusil en manos, es muy difícil que logremos conversar. Esto nos obliga a tomar otros caminos, porque la lucha por nuestras tierras la mantendremos”, dijo el dirigente Moisés Vilches.
ORGANIZACIONES:NEWEN PU LAFKENCHE PU LAFKENCHE;CARAHUE-TIRÚA
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Chile. Pueblo Rapa Nui denuncia violación al derecho a ser consultados
por Dirigentes del Pueblo Rapa Nui
29 de Agosto de 2012
DECLARACION PÙBLICA: AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DEL PUEBLO INDÍGENA RAPA NUI AUTOCONVOCADOS
Nosotros, los dirigentes del Pueblo Rapa Nui Auto convocados, en el marco de nuestros derechos consuetudinarios denunciamos públicamente lo siguiente: Que hoy estamos siendo afectados por la imposición unilateral de las leyes y medidas administrativas y que los procesos de diálogo con las autoridades del Estado son forzados y poco sinceros, lo que resulta en una total vulneración de nuestros Derechos.Invalidamos a la ONG Oceana, a la Subsecretaría de Pesca, y a Carlos Llancaqueo, actual comisionado para asuntos de Isla de Pascua, nombrado unilateralmente en forma arbitraria, por crear el Decreto 235 de fecha 30 de septiembre 2010 y promulgar el 04 de diciembre de 2010, el cual declara el Parque Marino Motu Motiro Hiva, sus Planes de Manejo del Pure Rapa Nui y otros(as), sin previa consulta al Pueblo Rapa Nui como lo indica el artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el cual es autoejecutable. Alzamos una voz en reclamo por estas entidades que siguen tomando decisiones por nuestro pueblo a puertas cerradas con la asistencia del señor Llancaqueo quien fue nombrado arbitrariamente sin respetar el artículo 6 y 7 del convenio 169 de la OIT el cual es autoejecutable.
Denunciamos e impugnamos todas las consultas unilaterales que se están realizando en el territorio de Rapa nui, bajo los aleros de la Conadi, de la OIT Chile, violando y pasando a llevar los Derechos de los Pueblos Originarios.
Que los dirigentes del Pueblo Rapa Nui Auto convocados nos adherimos a la Declaración Pública que hicieren las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Auto convocados con fecha 25 de julio del presente año.Y declaramos, que reconocemos las consultas emanadas desde nuestro Pueblo, bajo el espíritu real del Convenio 169 de la OIT, el cual es autoejecutable.
Organizaciones y comunidades indígenas auto convocadas:
Comunidad indígena Pakarati.
Comunidad indígena Teao.
Asociación Ŋa vi’e Moana Nui a Kiva.
Asociación indígena Rapa Nui Keu-Keu Henua.
Asociación indígena Rapa Nui Hoŋa’a o te Marama-rama.
Organización indígena autónoma Makenu Re’o Rapa Nui.
Organización Medio Ambiental Ka ‘Ara.
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Honduras: Pueblo Garífuna reocupa tierras usurpadas en Vallecito (Limón)
26 de agosto 2012
El pueblo Garífuna viene sufriendo fuertes presiones territoriales, estas presiones son emprendidas por empresarios, políticos y militares que componen el poder factico de Honduras y,quienes desde hace décadas vienen apoderandose de nuestro territorio ancestral.
A traves de 6 Empresas Asociativas los Garifunas logramos la titulacion de 1600 mz de tierras en Vallecito, Limon, Colon, durante el año de 1997. Desde esa fecha comenzaron los invasores a tratar de apoderarse de ese territorio. Miguel Facusse sembro 100 hectáreas de palma africana en la Empresa Ruguma, una de las seis empresas asociativas. Para finales del 1999, la Corte suprema emitió un dictamen a favor de los Garífunas, invalidando las pretensiones del palmero de la muerte. Facusse en el 1993 se apoderó de Punta Farallones, paraje que colinda con Vallecito, y el cual pertenece a la comunidad de Limón.
A partir del año 2005, personajes asociados al crimen organizado imponen un régimen de terror en el corredor Limón - Punta Piedras, obligando a los Garífunas que radicaban en Vallecito a minimizar su presencia y actividades en las tierras pertenecientes a las empresas. Posteriormente aparecen foráneos que se adjudican la propiedad de 900 hectáreas de las 1600 reconocidas por el INA al pueblo Garífuna
En julio del 2010, la OFRANEH firmó un acta de compromiso con funcionarios del INA para lograr la remedición de las empresas asociativas. Sin embargo los invasores negaron la entrada a miembros del INA y del Ministerio Público.
La supuesta instalación de la Ciudad modelo en la franja entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, ha suscitado un recrudecimiento de las presiones territoriales sobre las comunidades Garífunas; la Administración Lobo no ha consultado al pueblo Garífuna sobre sus pretensiones de entregar nuestro territorio a inversionistas y compañías extranjeras, para la creación de un estado independiente.
Vallecito es para nuestro pueblo una reserva territorial para cimentar la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de lograr recuperar el territorio de las empresas asociativas, donde hemos soñado ademas construir en un Futuro la Universidad Garífuna
El dia de Hoy, centenares de Garifunas procedentes de las diferentes comunidades, convocados por Iseri Lidawamari y la OFRANEH, hacemos precencia en Vallecito, Limon, para reocupar el territorio que historicamente nos ha pertenecido y legalmente titulado por el INA a favor del pueblo Garifuna, a traves de seis Empresas Asociativas; Empresa Ruguma, Saway, Saway Sufritiñu, Walumugu, Satuye, Sinduru Free.
¡¡¡¡Urgimos de solidaridad, tanto nacional como internacional¡¡¡¡
No buscamos violencia, no queremos represion
Luchamos por la Vida, por la Soberania Alimentaria, Por nuestra Identidad Cultural, Por la Soberania Nacional
Baruada, Satuye, Bandiemu, Walumugu, Lombardo Lacayo, presentes en esta lucha.
Vallecito, Limon, Colon, 26 de Agosto del 2012
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Calle 19, #130.
Barrio Alvarado
La Ceiba, Atlantida,
Honduras
telefax: 504-24432492
email:garifuna@ofraneh.org/ ofraneh@yahoo.com
http://www.ofraneh.org
http://www.ofraneh.wordpress.com
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Declaración de los Pueblos Indígenas de Abya Yala
Minga Informativa,
26 de agosto 2012
Los representantes de los pueblos indígenas de Abya Yala, articulados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica- COICA, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, el Consejo Indígena de Centro América CICA, el Consejo Indígena de Meso América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB, el Consejo de Todas las Tierras, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, los representantes del Pueblo Saramaka y otros delegados de Pueblos Indígenas que suscriben esta resolución, en el marco del desarrollo del “Diálogo Regional de Pueblos Indígenas y el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial”, efectuado en Lima, Perú del 22 al 24 de agosto del 2012, luego de haber desarrollado un profundo análisis sobre la política de los gobiernos en relación a la elaboración, implementación y aplicación de la política de REDD+, en la región.
Considerando que la implementación de los procesos REDD+ en Abya Yala ha significado la violación de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas; reiteramos al Banco Mundial, al FCPF y a su Comité de Participantes, nuestras propuestas generales siguientes.
Hemos revisado la Política Operativa 4.10 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas. A este respecto las experiencias nos reportan que tales políticas no cubren las diversas situaciones en materia de derechos colectivos que afectan a los Pueblos Indígenas en los países de la región y que debe ser armonizada con la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Los Pueblos Indígenas reiteramos que dicha Declaración (DNUDPI), es el instrumento que estipula derechos mínimos y al mismo tiempo constituye una herramienta elemental para el diálogo nacional y multilateral basado en la buena fe. Sin embargo, este instrumento no ha sido respetado ni aplicado por los gobiernos en muchas partes de la región. De la misma forma y a pesar de las limitantes del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, sigue siendo un
instrumento válido que se debe respetar, promover y aplicar. Asi mismo, los estados y la banca multilateral, deben respetar la jurisprudencia (Casos Saramaka, Awas Tigni, Sarayaku, entre otros) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que va estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que hace parte de los “acuerdos internacionales” que comprometen a los estados latinoamericanos. En relación a la armonización de la normativa interna de cada país con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, exigimos que todo esto sea un requisito previo a la aprobación de los proyectos de REDD+ en nuestros países.
Los Pueblos Indígenas ratificamos el derecho inherente e imprescriptible sobre nuestras tierras, territorios y sus recursos, basados en el artículo 28º de la DNUDPI.
Los Pueblos Indígenas reiteramos el derecho a la Libre determinación que nos asiste y que ha sido reconocido recientemente por la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para la implementación Universal de dicho derecho y del mismo modo reconocido en el artículo 3º de la
DNUDPI, así como en la “Declaración del Derecho al Desarrollo” y como lo estipula inequívocamente el artículo 1º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Asi mismo, señalamos las propuestas siguientes:
1. A raíz de la experiencia de preparación, implementación y aplicación de los R- PP sobre políticas de REDD, en América Latina y el Caribe, los Pueblos Indígenas consideramos un imperativo establecer un Protocolo Internacional (Principios, reglas y procesos) para la relación
institucional y permanente entre el Banco Mundial, FCPF y los Pueblos Indígenas sobre la implementación de los mecanismos y procesos REDD+ en todas sus etapas; que estén basados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Consideramos que dicho Protocolo Internacional debe elaborarse mediante un diálogo directo, transparente, equitativo y de fiel cumplimiento, entre el Banco Mundial y los Pueblos Indígenas del Abya Yala, a través de las organizaciones presentes en este Diálogo y ampliable a otras más,
mediante un proceso, que deben ser apoyado por el FCPF y construido conjuntamente con nuestras organizaciones.
2. Los procesos REDD+ no deben ser continuados o implementados en aquellos países donde no se hayan respetado los derechos colectivos y territoriales de nuestros pueblos; ni efectuado las debidas consultas, con la participación efectiva de los pueblos, o donde se carecen de mecanismos institucionales para la preparación y ejecución de REDD+; hasta que dichos derechos fundamentales sean respetados y garantizados, con evaluaciones independientes al respecto. Lo que empieza o se prepara mal, no se podrá mejorar en las etapas siguientes.
3. Sobre la revisión de la Directiva Operacional 04.10 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas, rechazamos el enfoque de diluirla o desaparecerla en una norma sobre “comunidades locales”. Nuestra
solidaridad con ellas implica, no reducir derechos, sino al contrario ampliar lo ya conseguido por nuestros pueblos a dichas comunidades locales.
4. En cuanto a la capacitación y relación directa e institucional entre los Pueblos Indígenas, el FCPF y el Banco Mundial, las organizaciones de los Pueblos Indígenas articuladas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas CAOI, el Consejo Indígena de Centro América CICA, Consejo Indígena de Meso América CIMA, la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB, el Consejo de Todas las Tierras, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, los representantes del
Pueblo Saramaka y otros delegados de Pueblos Indígenas que suscriben esta resolución, conformaremos un equipo con organizaciones idóneas para establecer y efectuar las actividades denominadas de “Intermediarios Regionales”. Esta se formalizará ante el Banco Mundial y FCPF en un plazo que no exceda los 30 días y se solicita a dichas entidades, el apoyo para el proceso indígena que permita viabilizarlo.
Finalmente reiteramos nuestra firme disposición al dialogo tanto con el Banco Mundial y con el FCPF, con el objeto de definir el alcance y contenido del Protocolo Internacional, lo cual debe constituir la base para la relación firme y duradera en el futuro; para lo cual proponemos
la continuidad de este Diálogo mediante un nuevo cronograma posterior al Diálogo global de Diciembre del 2012 en Doha.
Lima, 24 de agosto del 2012
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI
Consejo Indígena de Centro América CICA
Consejo Indígena de Meso América CIMA
Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB
Consejo de Todas las Tierras
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas_
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Declaración Final de V Congreso de los pueblos de Abya Yala Destacado
por Frenadeso
Viernes, 24 de Agosto de 2012 00:24
Declaración final de V Congreso de Abya Yala, celebrado en Venezuela del 5 al 9 de agosto de 2012. Panamá estuvo representada por el Compañero Celio Guerra, Presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buklé; miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Campesina Panameña (UCP).
Nosotras y nosotros lideres, voceros, guerreros socialistas y miembros de las comunidades indígenas de Venezuela acompañados de hermanas y hermanos provenientes de argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Dominica, ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay reunidos los días 7,8 y 9 de agosto de 2012 en Kavanayen Municipio Gran Sabana del estado Bolívar tierra del pueblo Pemón en ocasión del V congreso gran nación Abya Yala de los pueblos antiimperialista, por la preservación de la pachamama y la salvación de la especie humana desde nuestra cosmovisión y cosmogonía de los pueblos ancestrales del Abya Yala, decidimos:
1. Ratificar nuestra condición antiimperialista consiente que el imperialismo y su faceta belicista representa un peligro cierto para la paz y convivencia mundial perpetuando un sistema de relacionamiento humano basado en la conflictividad social y constituyendo un principal causante del cambio climático que vivimos actualmente.
2. Asumir nuestra condición de defensores de la unidad dentro de la diversidad con un aporte de nuestros pueblos con la integración latinoamericana y caribeña y el fortalecimiento de la soberanía de la región nuestra americana.
3. Reivindicar nuestras prácticas ancestrales en todos los ámbitos de la vida cotidianas como una forma de preservar nuestra identidad, defender nuestros valores la riqueza de los conocimientos en la sociedad y reivindicar la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos milenarios donde se valore la instrumentación de la medicina indígena y los resanadores naturales.
4. Reconocer que la planta sagrada de la coca, es parte de nuestra vida cultural y espiritual.
5. Solicitar una mayor inclusión de los pueblos indígenas en espacios de integración y concertación regional como: ALBA, TCP, MERCOSUR, CELAC Y UNASUR a efectos de visibilizar los movimientos y luchas indígenas y genera redes entre nuestros pueblos para articular propuestas y acciones comunes estamos convencidos que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, podrá fortalecer nuestra presencia y nuestros interés en este bloque integracionista.
6. Promover el intercambio cultural, político y deportivo entre los pueblos, para profundizar el socialismo indoamericano del siglo XXI.
7. Condenar las acciones criminales contra los líderes indígenas que luchan por sus tierras, así como por el derecho a la salud, educación y la defensa del ambiente de sus pueblos.
8. Instar a aquellos estados que aun no lo han hecho como Uruguay y El Salvador a ratificar el convenio 160 de la OIT, el cual constituye un importante instrumento para reconocer la importancia de nuestros derechos.
9. Aplaudir la entrega de titulo de tierra que ha venido adelantado el Gobierno Revolucionario de Venezuela, como una muestra de su voluntad por reconocer el derecho a la demarcación de los territorios ancestrales, en muchos países todavía existimos en una expropiación y explotación de las tierras indígenas con estrategias que responden las políticas de seguridad nacional e interés del gran capital terrateniente que debe dar paso al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de poseer sus tierras tradicionales.
10. Ratificar la importancia de la formación para la preservación de nuestras culturas y la generación de conciencias criticas que contribuyan a fortalecer el socialismo indoamericano se hace necesario promover talleres, programas universitarios y actividades educativos de nivel básico, medio y técnico superior, mediante las cuales los pueblos indígenas coartamos conocimientos con el resto de la sociedad y evitemos la estigmatización cultural.
11. Generar actividades específicas para sanear nuestros lagos, ríos quebradas y manantiales de todos los cuales deben considerarse técnicas ancestrales que conjuguen las necesidades de nuestras poblaciones para la preservación de la fauna y la flora autóctona de cada pueblo indígena.
12. Diseñar campañas de concientización hacia la población de América Latina y el Caribe para contribuir con la preservación y limpieza de los espacios naturales, así como con los reciclaje y el uso racional de los recursos energéticos.
13. Difundir y visibilizar las experiencias de nuestros pueblos en defensa de los derechos de la pachamama a través de mecanismos escritos, orales y tecnología de información y comunicación.
14. Promover las experiencia de autogestión y transferencia de recursos a las poblaciones indígenas, como una forma de consolidar el poder popular en la democracia participativa y protagónica en este aspecto, saludamos la experiencia conducida por el gobierno revolucionario de Venezuela, de transferir recursos a las comunidades a través de los consejos comunales.
15. saludar el convenio Cuba-Venezuela en materia agroecológica, el cual ha permitido implementar técnicas para la conservación de la tierra y nuevas formas de cultivo a menor escala para el alto consumo y de esta forma encaminar a nuestras comunidades hacia la auto sustentabilidad.
16. Fortalecer el reconocimiento de la mujer como la esencia de la vida y promover la articulación de las redes de mujeres que contribuyan a los procesos formativos políticos y sociales de nuestros pueblos.
17. Exigir el retorno de la abuela Kueca a su territorio ancestral Pemón y denunciar cualquier forma de violación al patrimonio cultural de nuestros pueblos.
18. Fortalecer los procesos organizativos del Congreso Gran Nación Abya Yala y agradecer la hospitalidad del pueblo Pemón y la hermosa Gran Sabana que nos recibió con sus majestuosidad de sus tepuyes y esa energía milenaria, asimismo manifestando la solidaridad y compromiso al comandante presidente Hugo Chávez Frías, para quien invocamos las más altas bendiciones y agradecimiento para su mejoría de salud y quien saldrá victorioso de la nueva batalla de Carabobo en defensa de la patria venezolana que es igualmente la patria de nuestros ancestros.
Dado en Kavanayen a los nueve días del mes de agostos de 2012.
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UN DIA INTERNACIONAL SIN DERECHOS INDIGENAS EN GUATEMALA
Año con año, desde 1,994 se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, los días 9 de Agosto. La Asamblea General de las Naciones Unidas también decidió en ese año establecer el primer “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” y actualmente está transcurriendo el segundo “Decenio Internacional de las Poblaciones del Mundo”.
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que vino a reforzar el Contenido del Convenio 169 de la OIT después de décadas de luchas indígenas en demanda del respeto de sus derechos colectivos en los distintos continentes.
En Guatemala, como fruto de la resistencia maya y la insurgencia revolucionaria el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG - firmaron el 31 de marzo de 1995 el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que obligó al Estado a reconocer los derechos de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna y que el Decreto 52-2005 establece como compromisos del Estado de Guatemala.
La realidad de los Pueblos Indígenas en Guatemala es todo lo contrario al contenido y espíritu de las leyes nacionales y los convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco. Lo poco que se avanzó con los Acuerdos de Paz de 1,996 está en un claro proceso de retroceso.
Algunos casos:
La población Q’eqchi de la Región Polochic fueron despojados de tierras nacionales para favorecer a grandes empresarios productores de Palma africana.
La Marcha Indígena y Campesina que salió de Cobán el 12 de marzo de este año fue burlada y engañada por el Presidente al no haber respondido concretamente a sus legítimas demandas.
Las Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez han sido sometidas a la persecución judicial para imponer una empresa cementera, la población de San José el Golfo y de Escuintla han sido reprimidas por el gobierno para intentar imponer una empresa minera,
La población Q’anjob’al de Barillas Huehuetenango sufrió el Estado de Sitio y hay más de 30 órdenes de capturas contra los líderes comunitarios mientras no han sido castigos los que asesinaron a uno de los líderes comunitarios;
Las Comunidades Mayas de la Región Ixil y las Comunidades Q’eqchi de Copón Uspantán y las poblaciones de Ixcán sufren el impacto de la hidroeléctrica Palo Viejo de la empresa italiana ENEL que ha violado sistemáticamente los derechos de los Ixiles, Q’eqchi y otros pueblos mayas,
En Sayaxché Petén igualmente se han irrespetado las leyes laborales y las empresas multinacionales de palma africana violan sistemáticamente los derechos indígenas de manera impune.
El Relator de las Nacionales Unidas para Pueblos Indígenas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión del Convenio 169 de la OIT, la Comisión de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación y, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido resoluciones favorables al respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y de recomendaciones al Estado de Guatemala que no han sido ni aceptadas, ni cumplidas por los Gobiernos de turno.
El Gobierno actual pretende una reforma constitucional que suprime los pocos derechos indígenas que reconoce y respeta la Constitución Política actual, por el contrario, busca fundamentalmente favorecer a los grandes empresarios y las empresas multinacionales para despojar a los pueblos indígenas de sus recursos naturales y de sus territorios.
En este contexto, valoramos los avances que hemos logrado desde nuestras Comunidades en la organización, en el ejercicio de nuestros derechos, en la creciente resistencia frente las empresas multinacionales y en la defensa de nuestros bienes naturales y territorios indígenas, en la reconstrucción de nuestro tejido social lastimado gravemente por el genocidio aplicado por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno.
Hay una resistencia que heredamos y que es nuestra fuerza para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.
En este día importante, exhortamos al Mecanismo de Expertos Indígenas de Naciones Unidas, al Relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, al Foro Permanente de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, las comisiones de seguimiento de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, tomar medidas más concretas para ofrecer a los Pueblos Indígenas de Guatemala una labor de observación permanente que limite la impunidad, el racismo, la represión y el despojo del Estado de Guatemala en las regiones indígenas de nuestro país.
En este día enviamos nuestro saludo para los Pueblos Indígenas hermanos de otras parte del mundo y les expresamos nuestro compromiso de seguir abriendo camino a la construcción de un mejor futuro de dignidad y derechos para las nuevas generaciones, compromiso que reafirmamos en nuestras celebraciones del cierre del 13 periodo de 400 años, que se conoce como 13 BAKTUN en nuestro Calendario Maya.
CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN
Iximulew, Día 13 AJMA'K, AÑO 13 NO’J, BAKTUN 13. Guatemala, 9 de Agosto de 2012.
Rigoberta Menchú Tum:Honor a quien honor merece
15 de agosto 2012
Siglo XXI
Si bien es cierto la búsqueda del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pasa por el protagonismo de muchos líderes y lideresas de los propios pueblos, también es importante reconocer el aporte sustantivo que hombres y mujeres no indígenas han dado a una causa no por demás justa. Entre estos intelectuales profundamente entendidos de la realidad y de una enorme sensibilidad se encuentra Augusto Willemsen Díaz. Un guatemalteco, profesional del Derecho cuyas contribuciones son de corte universal; conocedor invaluable del entretejido del Sistema de Naciones Unidas y cuyo conocimiento y manejo puso a disposición, sin reserva alguna, de quienes nos aventuramos y decidimos emprender, hace algunas décadas, el camino de la diplomacia y de la incidencia en el ámbito internacional para hacer visibles no solamente a los pueblos indígenas sino también para poner sobre la mesa un reclamo histórico.
Las contribuciones de Don Augusto van más allá del teje y maneje del Sistema de Naciones Unidas, de los pasillos y la diplomacia. Son también, y fundamentalmente, aquellas de orden conceptual cuyo traslado magistral, sin duda alguna, nos proveyó de los insumos y la claridad suficientes para permear y convencer con determinación a unos actores representantes de los estados nacionales, reacios en principio, a aceptar que los pueblos indígenas éramos sujetos de derecho. Las largas jornadas de trabajo, las discusiones y los aprendizajes obtenidos de este persistente y preclaro hombre hoy están plasmados en una serie de instrumentos internacionales que de suyo algunos obligan a los estados nacionales a definir e implementar agendas cuyo propósito es dar lugar a otras formas de convivencia entre los pueblos y a construirse con base en la diversidad cultural. Sin duda alguna, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas, a lo que Don Augusto ha hecho aportes trascendentales, hace que hoy sea posible trazar nuevas rutas de entendimiento en los países en donde la presencia de pueblos indígenas no solo es significativa sino también enriquecedora.
Don Augusto, en el plano universal siempre soñó y nos hizo soñar un mundo diferente. Siempre ha luchado y enriquecido nuestras luchas, convencido de que los pueblos indígenas son una de las mayores riquezas de la humanidad. En el plano guatemalteco, parte de sus profundas convicciones es que, a pesar de la historia el pueblo maya y los otros pueblos indígenas no solo han resistido sino resistirán los embates de las políticas de asimilación, invisibilización y exterminio de unos poderes económicos y políticos renuentes a construir un Estado civilizado.
Al hacer un repaso de la agenda de los pueblos indígenas en las últimas dos décadas, llego a considerar que esta no puede ser sin la presencia de Don Augusto y que él, estoy segura, al evaluar los avances de la misma, en mucho estará insatisfecho. No es raro por ello verle aún, con la lucidez de siempre, persistiendo en sus sueños al lado de quienes ha puesto a disposición sus mayores capacidades y convicciones.
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2012-08-14
Honduras
El difícil sendero de los pueblos indígenas y negros
Ollantay Itzamná
Los registros históricos indican que en el siglo XVII, en el actual territorio hondureño, coexistían alrededor de 400 mil nativos dispersos en diferentes pueblos. Situación que le generó serias dificultades a Pedro Alvarado, enviado de Hernán Cortés, quien requirió de más de dos décadas para “someter” a los pueblos de Honduras. La civilizaciones azteca e inca cayeron casi de manera inmediata (en sólo meses) una vez aniquilados sus gobernantes principales. La única rebelión indígena en Honduras, aún poco conocida, es la del pueblo indígena Lenca, liderada por el legendario líder Lempira, que desafió a los invasores aprovechando de la topografía y del clima del lugar, hasta que fue vencido en 1573.
En la medida en que dichos pueblos eran vencidos, iban directamente a parar a los centros mineros de la región, e incluso de América del Sur. De esta manera, amortizaron la demanda de la mano de obra esclava para el funcionamiento del sistema colonial en el siglo XVII, hasta que fueron traídos las y los primeros africanos (siglo XVIII).
El saqueo de la población indígena en Honduras fue tan brutal que, cuando la Corona española, en su intento de proteger la mano de obra nativa, mediante la creación de pueblos indios, promulgó las Leyes de Indias (1542), en este país centroamericano ya no existían comunidades indígenas demográficamente significativas. En Guatemala se establecieron, bajo dichas leyes, más de 700 pueblos indios. En Honduras, no existe registro significativo de pueblos indios.
Ésta es quizás una de las razones fundamentales del por qué en Guatemala los pueblos indígenas preservan sus idiomas, vestimentas, espiritualidades, comidas, modos de producción, etc. Mientras que en Honduras, tan sólo a minutos de las y los indígenas de Guatemala, los pueblos indígenas, actualmente organizados, carecen de idiomas nativos, espiritualidades, vestimentas, modos de producción, etc.
La conmemoración del quinto centenario de la invasión española (1992) estimuló la rearticulación de los pueblos indígenas en Honduras, quienes amparados en el Convenio 169° de la OIT lograron ser reconocidos como tales por el Estado. En la actualidad, los pueblos indígenas reconocidos son: Lenca, Maya Chortí, Pech, Tolupanes, Tawakas y Nahua. Mientras los pueblos coloniales (fruto del encuentro de nativos con africanos e ingleses) son: Garífuna, Miskito y Creol. Con este reconocimiento de pueblos indígenas y negros, los gobiernos hondureños aparecieron en la comunidad internacional a tono con los vientos multiculturales que soplaban en décadas pasadas. Pero, ni tan siquiera este supuesto multiculturalismo es honesto en Honduras.
Diferentes gobiernos de turno fueron promoviendo y distribuyendo múltiples personerías jurídicas a un mismo pueblo indígena. Un ejemplo claro es el pueblo Lenca que tiene cinco registros de personería jurídica con estatus de pueblo indígena. ¿Cómo puede un Estado serio extender cinco identidades diferentes a una misma persona? Y esto ocurre con los otros pueblos indígenas y negros.
La finalidad de esta estrategia de la legalización de múltiples organizaciones paralelas fue mantener arrodillados a indígenas y negros, instrumentalizarlos políticamente, y utilizarlos para limpiar el rostro etnofágico del aparente Estado. Existen organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINNH) y la Organización Fraterna de Negros de Honduras (OFRANEH) que se resisten a estas manipulaciones, pero son organizaciones criminalizadas, perseguidas y reprimidas por los diferentes gobiernos de turno.
La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado 9 de agosto, en Copán Ruinas, retrata, de forma grotesca, la manipulación política que el actual régimen, como otros, hacen de estas organizaciones, con el consentimiento expreso de sus dirigentes. Diferentes delegaciones de indígenas y negros del país, fueron trasladados hacia el Santuario Arqueológico Maya Chortí, en Copán Ruinas, donde se realizó dicho acto celebrativo. Estuvieron representados todos los pueblos, pero mediante las organizaciones paralelas, y casi nadie conocía el motivo de la celebración. No hubo más de 500 personas. La mayoría, indígenas chortís del lugar. El acto se realizó al costado del Santuario Maya, pero los presentes no podían ingresar a dicho Santuario por ser un espacio reservado para gente con dinero, en especial extranjeros.
El saludo, las palabras de bienvenida, el discurso oficial, el cierre e incluso la moderación de la celebración del Día Internacional de Pueblos Indígenas estuvo a cargo de dirigentes políticos y funcionarios del Partido Nacional. Personas que duermen soñando con los EEUU, y viven escupiendo al indígena y negro en el país.
Indígenas carcomidos por la desnutrición y los parásitos, sin tierras, sumisos y providencialistas ovacionaron al Presidente de la República, Pepe Lobo, quien aterrizó en el lugar, en el único helicóptero operativo de la providencia norteamericana.
Una dirigenta chortí, revestida con su traje ritual, tomó de las manos al Presidente de la República y le llevó al imponente estrado, construido por los chortís en la víspera (donde indígenas no tenían espacio en la mesa principal), para que les hablara sobre la unidad y la obediencia en un país prácticamente inexistente. Las danzas, los actos rituales, los cantos, etc. todo era para rendir honores y pleitesía a los políticos, en función de gobierno, que prometieron y prometen el paraíso terrenal pero hacen de Honduras un país sin República, sin Estado, sin nación y sin dignidad.
Así transcurrió el evento. El Presidente se despidió anunciando las próximas fechas exactas para almorzar, por separado, en la casa presidencial con cada una de las organizaciones indígenas y negras presentes, mientras los aplausos desesperados y las miradas tristes se confundían en el lugar. Al día siguiente, el gobierno central difundía desde sus espacios de información oficial: “Apoteósica celebración del Presidente de la República por el Día Internacional de Pueblos Indígenas en Honduras…”
La condición de colonialidad ha calado demasiado hondo en Honduras. En la medida en que las y los colonizados, en este caso indígenas y negros, continúen asumiendo su condición de sometimiento y miseria como algo natural, y sigan ovacionando a las élites políticas tradicionales (responsables de sus desgracias) como a sus únicos redentores, la vigencia del colonialismo interno está garantizada para rato. Aunque con esperanza también se ven esfuerzos sobrehumanos de sectores indígenas y negros que comienzan a cuestionar el colonialismo y el patriarcado interno y externo, pero estos esfuerzos encuentran serias dificultades para articular procesos de liberación por la fragmentación organizativa y la condición colonial de la gran mayoría de indígenas y negros de Honduras.
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Brasil: Decisión histórica de un tribunal de Brasil en defensa de los territorios indígenas
Otraamerica. com
15 de agosto 2012
Por Renato Santana / CIMI
Los jueces de la Sala 5 de la Corte Federal de la 1 ª Región (TRF-1), con sede en Brasilia, revocaron por unanimidad la licencia y la instalación de la central de Belo Monte, en Pará. Las obras, por lo tanto, deben ser suspendidas.
La notificación debe llegar al consorcio de Energía del Norte, el constructor de la planta hidroelécctrica, en las próximas horas y cada día de incumplimiento de la sentencia del TRF-1, incluye una multa de 500.000 reais (unos 240.000 dólares). El consorcio puede apelar el fallo ante el Tribunal Supremo Federal (STF).
Según el ponente, el juez Antônio de Souza Prudente, la obligación de la consulta previa e informada -como determina la Constitución Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- no fue realizada por el Congreso Nacional.
"La consulta debe ser previa, no a posteriori. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace la obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser escuchadas y respetadas”, dice el juez Souza Prudente en una conferencia de prensa en las instalaciones del TRF-1.
Sobre la alegación del Gobierno Federal de que las audiencias sí se hicieron, Souza Prudente afirma que la consulta es una prerrogativa del Congreso, que se debería haber hecho antes de la votación del decreto legislativo 788 que autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de Belo Monte.
"No ocurrió eso. La consulta no es una mera formalidad: la opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta en la decisión de los parlamentarios. El Congreso sólo puede autorizar la obra si los indígenas quieren”, destaca el juez, citando al abogado Dalmo Dallari, los artículos de la Constitución, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Souza Prudente insiste en que el Congreso no puede delegar la consulta a terceros. Por lo tanto, las realizadas por el IBAMA, FUNAI y demás organismos no son válidas. Según el juez, dichas consultas, incluso, se limitaron a la mera comunicación de la realización del proyecto. El juez dice que no ve alivio en las consultas realizadas por los organismos federales, especialmente interesados en el megaproyecto.
"Hay muchas otras Acciones Civiles Públicas [en contra de la construcción de Belo Monte] y esto muestra la cantidad de errores que existen en la ejecución de esta obra. No podemos aceptar que los pueblos indígenas no son escuchados. Esta dictadura es inaceptable", insiste el juez.
Impactos
Souza Prudente justifica su posición citando una reciente declaración del Presidente de la Corte Suprema, Carlos Ayres Britto, durante la votación sobre la nulidad de los títulos de los no-indígenas ocupantes de la Terra Indígena Pataxó Hã-Hã-Hãe, en el sur de Bahía: "La tierra es para el indígena algo místico, no es una propiedad que se vende o intercambia".
Con este argumento, el juez volvió a la Constitución y al Convenio 169 para explicar que ambas defienden esta forma de entender la tierra en el "medio ambiente cultural" de los pueblos indígenas. "Si este entorno cultural se verá afectado, los pueblos indígenas deben ser escuchados", dijo Souza Prudente, recordando que el ministro del STF Celso de Melo ya había llevado a la Corte Suprema del país la defensa constitucional del medio ambiente cultural.
El gobierno federal no se ha librado en el discurso del ponente. Para él, las tierras de los indígenas no fueron demarcadas y, por tanto, no es posible conocer la magnitud del impacto de la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte. Además, cualquier cambio en ese entorno cultural de los pueblos indígenas deben ser tomado en cuenta.
Los pueblos indígenas del río Xingu, afectados de manera brutal por las obras de Belo Monte, han mantenido una lucha frontal contra el proyecto. Esta sentencia es histórica ya que demarca con claridad cómo debe producirse la obligada consulta previa, libre e informada y llega en un momento de múltiples amenazas a los territorios y sus pueblos ya que el Gobierno Federal de Brasil tiene un proyecto gigante de megadesarrollos en diferentes zonas del país.
La semana anterior, la misma Sala 5 de TRF-1 ya había decidido a favor de los derechos indígenas en otro caso, ya que no se realizó en forma ni fondo la consulta para la planta hidroeléctrica Teles Pires, en el río del mismo nombre, en la frontera entre Pará y Mato Grosso. El ponente del caso fue también el juez Souza Prudente y la diferencia entre los dos procesos es que el Teles Pires se encuentra todavía en fase preliminar.
* Nota en portugués en la página de Xingu Vivo para Sempre. Traducción al castellano de Otramérica
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Mexico: Sierra Huichola ¿Y ahora uranio?
por Ojarasca/La JornadaSábado, 11 de Agosto de 2012 21:45
Hay una gran contaminación de aguas superficiales y subterráneas con químicos y material radiactivo, los drenajes de metales pesados de las escombreras y pilas de “colas” o residuos, y los drenajes ácidos de la mina y de la roca, químicos producto de la lixiviación.
Como reportamos en la edición de julio de Ojarasca, crecen los rumores de agresivas actividades de prospección y extracción minera de oro, plata, cobre, manganeso y estaño por cuenta de empresas canadienses en el sureste del territorio de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) en Jalisco, cercano a Nayarit. Desde hace seis meses un grupo de personas que se ostentan como representantes de la minera visitan a comuneros wixaritari en varias localidades con el fin de hacer un diagnóstico social y geográfico, además de convencerlos de las bondades de la mina.
Las reservas de manganeso estarían en Cerro Prieto (algo de lo que se habla desde fines de 2002). Si en el sur de Jalisco ha sido legendaria la cantidad de 50 tráileres diarios de manganeso que salían de los yacimientos, en este caso hablan de hasta 100 tráileres diarios, lo cual puede ser una exageración. El estaño estaría en Cerro Eslabón y el oro en Amultita, en el corazón de las tierras de San Sebastián.
Ante la situación, la asamblea de San Sebastián del 1-3 de junio, máxima autoridad de la comunidad, dijo NO A LA MINERIA, pese a que se han hecho propuestas variadas que varios comuneros entienden como un intento de corrupción directa, pues se dice que están ofreciendo hasta 30 millones de pesos a la comunidad por acceder a la explotación minera en la Sierra, y 10 millones a los miembros del comisariado.
Sin embargo, ahora el rumor se agranda por la presencia de extranjeros (hay quien dice que japoneses) que reúnen materiales para levantar un centro de población “con miras a iniciar una explotación de uranio”, lo que incluso tiene alarmados a los ejidatarios mestizos de Puente de Camotlán que comienzan a hacer preguntas de por qué llega tanta gente a la Sierra y levantan la alarma ante un eventual envenenamiento extremo de sus tierras por uranio. Y no es para menos.
Si la explotación minera a cielo abierto provoca una contaminación tremenda, los venenos, producto de la explotación del uranio incluyen gases, partículas en suspensión, residuos sólidos con diferente emisión de radiactividad, efluentes y metales pesados. Hay una gran contaminación de aguas superficiales y subterráneas con químicos y material radiactivo, los drenajes de metales pesados de las escombreras y pilas de “colas” o residuos, y los drenajes ácidos de la mina y de la roca, químicos producto de la lixiviación.
Según nuevagaia.com.ar, “hay un cálculo elemental que determina que por tonelada de uranio se generan 3 mil 700 litros de residuos líquidos y cien veces el peso del material obtenido en residuos de radio. Entre esos residuos sólidos se hallan las denominadas ‘colas’ que contienen uranio, radio 226, radio 222, cromo, vanadio, molibdeno, cobre, níquel, cobalto, hierro y distintos compuestos químicos como ácido sulfúrico, isodecanol, carbonato más hidróxido de sodio, bióxido de manganeso, etcétera. Lo que se dice una verdadera sopa química y radiactiva, verdadero coctel amenazante para el ecosistema vigente en el lugar. Los compuestos radiactivos poseen una vida media, según sean, de días hasta miles de años”.
Como informamos el mes pasado, el asunto no está concluido porque la asamblea tendrá que ratificar los acuerdos, y suponemos que en septiembre que se reúna la nueva asamblea hay una oportunidad nueva para cerrarle la puerta a un proceso de tanto riesgo y de tanta disolución social como la minería. Una vez visto el proceder de las dependencias del gobierno ante el caso de Virikuta, es crucial que la sociedad civil y otras comunidades que luchan contra la minería sepan que los intereses mineros también van por los minerales (metálicos y no metálicos) de la Sierra Huichola.
2012-08-10
Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas
Relator ONU sobre Derechos de los pueblos indígenas
James Anaya
"Enfatizo la importancia del proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y las autoridades de pueblo nasa del norte del Departamento del Cauca, iniciado recientemente para abordar la cuestión de la presencia militar en el territorio nasa y otros asuntos relacionados. Entiendo que este proceso de diálogo comenzó después de que las autoridades nasa y su Guarda Indígena tomaran medidas para expulsar a los efectivos militares y a un grupo armado de la FARC que se encontraban en su territorio. En días anteriores, según la información recibida, ocurrieron enfrenamientos entre los militares y el grupo de la FARC que dieron lugar a varios heridos y a daños a propiedades indígenas.
"Animo a las partes a desplegar todos sus esfuerzos para adelantar este proceso de diálogo. Se debe asegurar que el proceso avance dentro de un espíritu de buena fe y de búsqueda de soluciones que acaten las normas de derechos humanos aplicables.
"Además, exhorto a la fuerza pública y a las autoridades indígenas que actúen en todo momento con diligencia para asegurar el derecho a la vida y a la seguridad personal, así como el derecho a la libertad de asociación y de expresión de los habitantes en los territorios indígenas.
"La cuestión de la presencia militar en territorios indígenas fue uno de los temas abordados durante mi visita a Colombia en julio de 2009 y en mi informe subsiguiente sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia (A/HRC/15/37/Add.3). Tomo nota con preocupación de la información recibida que indica una condición de vulnerabilidad creciente de los pueblos indígenas en Colombia frente a la presencia militar y enfrentamientos armados dentro de los territorios que habitan, especialmente en el norte del Departamento del Cauca.
"Durante y desde mi visita a Colombia, he constatado que, en muchos casos, las autoridades indígenas han insistido en la desmilitarización de los territorios de sus pueblos. Se alega que la presencia tanto del ejército como de grupos armados irregulares contribuye a las condiciones de violencia que han resultado en un gran número de muertos y heridos, además de daños a propiedades indígenas.
"Reconozco la complejidad de esta situación, que abarca tanto los intereses y la responsabilidad del Estado colombiano de mantener el orden público, como las demandas legítimas de los pueblos indígenas de garantizar su seguridad física y el respeto de sus propias autoridades e instituciones. Considero, sin embargo, que es imprescindible tomar las medidas necesarias para revertir los patrones de violencia que afectan a los pueblos indígenas y asegurar que la presencia del ejército no contribuya a condiciones que les pongan en peligro. Al respecto, recuerdo que es necesaria la implementación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes de resguardos pertenecientes al pueblo nasa en el Cauca (CIDH, Medida Cautelar 255/11) y del plan de salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional de Colombia mediante su Auto 004 de 2009. La implementación de las medidas para atender la situación de extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el norte del Cauca deben ser abordadas como parte del proceso de diálogo con estos pueblos dentro del marco de las normas de derechos humanos aplicables, incluyendo aquellas contenidas en los instrumentos internacionales y el derecho interno colombiano.
"De especial relevancia en este contexto es el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece en su primer inciso lo siguiente: 'No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.' Esta disposición establece una presunción en contra de la presencia militar en los territorios indígenas, por lo cual el Estado siempre debería buscar alternativas al uso de territorios indígenas para instalaciones o actividades militares, a no ser que lo hayan solicitado los pueblos indígenas interesados.
"El artículo 30 de la Declaraciónprevé excepcionalmente la presencia militar en territorios indígenas si existe un 'interés público pertinente.' Al respecto, observo que el interés público pertinente no es equivalente a los intereses específicos o transitorios que definen las estrategias y tácticas militares, sino que engloba el interés social mayor, incluyendo el interés social de asegurar el bienestar de los pueblos indígenas, dentro de un contexto de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario tomar plenamente en cuenta los intereses de seguridad y de bienestar de los pueblos indígenas afectados como parte de la evaluación sobre si existe o no un interés público suficiente para justificar la presencia militar. Dada la naturaleza de esta evaluación, considero que requiere de una determinación de alto nivel dentro del Gobierno.
"Además, aún si se estableciera el interés público para justificar la presencia militar en territorios indígenas, se requiere una consulta previa con los pueblo indígenas interesados para establecer las condiciones de esa presencia. El segundo inciso del artículo 30 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que '[l]os Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.'
"Cabe resaltar que el artículo 30 de la Declaraciónse fundamenta en los derechos de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios, derechos reconocidos y amparados por varios otros artículos de la Declaración. Además, estos derechos están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Con base en estos derechos de propiedad y autonomía, corresponde a los pueblos indígenas, a través de sus propias instituciones y autoridades, ejercer el control sobre las áreas que habitan tradicionalmente. Esto hace necesario el respeto a las autoridades indígenas en el despliegue de las funciones del Estado, inclusive funciones en el marco de seguridad, dentro de los territorios indígenas."
Ginebra (9 de agosto de 2012) –
- James Anayaes Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
2012-08-07
Día Internacional de los Pueblos Indígenas:
El movimiento indígena avanza, se fortalece y aporta
CAOI
www.movimientos.org
Este año, el 9 de Agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas encuentra al movimiento indígena en pleno debate de las políticas globales, preparándose para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas convocada por las Naciones Unidas para el año 2014. Su protagonismo político en la defensa de sus derechos y los derechos de la Madre Tierra, lo ha llevado de manera progresiva a trascender desde el nivel comunal hasta enfrentar el modelo hegemónico global que está en crisis.
Heredero de civilizaciones milenarias, el movimiento indígena del Abya Yala en particular ha conservado su espiritualidad como hijo de la Madre Tierra, defendiendo sus territorios de la contaminación, actualizando sus saberes y conocimientos ancestrales para enfrentar los nuevos desafíos que impone la modernidad, manteniendo sus propias formas de organización política.
El movimiento indígena sí entiende al mundo occidental y le respondemos con nuestras propias propuestas. La cultura occidental, en cambio, recién empieza a tomarlo en cuenta, cuando todos sus paradigmas –libre mercado, Estado nación, democracia representativa, crecimiento y desarrollo– están en aguda crisis y buscan respuestas nuevas en nuestros saberes y prácticas ancestrales de diálogo y armonía con la Madre Tierra, porque sus alternativas ya no logran convencer siquiera a sus propios Estados.
Algunos de esos Estados incluso incorporan a sus discursos los paradigmas centrales de los pueblos indígenas: los Estados Plurinacionales y el Buen Vivir / Vivir Bien. Pero se trata solo de discursos huecos porque persisten en el modelo económico neoliberal, incompatible con la realización práctica de estos paradigmas.
En la construcción de propuestas alternativas a la globalización neoliberal, el movimiento indígena no está solo; teje alianzas con otros movimientos sociales: de mujeres, de jóvenes, de ambientalistas y otros que también cuestionan el modelo dominante.
Así con pasos seguros, los pueblos indígenas y sus organizaciones hemos logrado avanzar en el contexto global: participamos en los espacios internacionales de discusión y nos hacemos escuchar en ellos. Para ello fortalecemos nuestras organizaciones, nos capacitamos, formamos nuevos liderazgos, con énfasis en las mujeres y los jóvenes indígenas.
Y en este constante caminar, utilizamos todas las herramientas tecnológicas para incidir y convencer. No somos pasadistas ni bárbaros salvajes, mucho menos terroristas, como nos estigmatizan los Estados y las corporaciones multinacionales. Somos hijos de la Madre Tierra que amamos y defendemos la vida.
El proceso que enfrentamos es muy duro, porque los Estados entienden la inclusión como sinónimo de asimilación, que es otra forma de exterminio cultural, y no como reconocimiento de la diversidad. Por ello no diseñan políticas públicas interculturales en salud, educación, justicia, producción económica. Por ello carecen de políticas frente al cambio climático, no implementan siquiera sus propios acuerdos adoptados en Río+20, y solo se hacen presentes en nuestros territorios para ejercer la represión y entregar los bienes de la Madre Tierra para explotarlos y destruirlos.
Nos enfrentamos también a la voracidad de esos monstruos con nombre y sin rostro: las corporaciones multinacionales y su voracidad por los bienes naturales que albergan nuestros territorios, traducida en la imposición de megaproyectos extractivos. Corporaciones que cuentan con un inmenso poder económico que les permite vulnerar derechos impunemente. Hace ya tiempo secuestraron a los Estados y hoy han secuestrado también a los organismos internacionales, por eso no hay mecanismos de salvaguarda ni fiscalización de sus actividades, por eso imponen sus intereses económicos y sus normas en la Organización Mundial de Comercio y en sus tratados de libre comercio. Siempre para apropiarse de nuestros territorios, de nuestros saberes ancestrales, de nuestros bienes naturales.
Y en este duro proceso enfrentamos también la criminalización del ejercicio de nuestros derechos y la militarización de nuestros territorios. Lo vemos con los Nasa, Embera y otros pueblos en el Cauca, Colombia, en Chile con los Mapuches, en Guatemala con los Mayas, con los Quechuas, Aimaras y Kichwas en Perú, Bolivia y Ecuador. Hay un rechazo creciente a la criminalización y la militarización en todo el continente, porque los Estados no garantizan la seguridad en nuestros territorios, donde fuerzas regulares e irregulares pelean guerras que no son nuestras.
Para hacer frente a todos estos desafíos, los pueblos indígenas reivindicamos nuestro derecho a la comunicación, que consideramos también una herramienta estratégica para la incidencia. Y demandamos a los medios de comunicación masiva que nos incluyan en su agenda, ya no como folclor sino en nuestra real dimensión, para que dejen de estigmatizarnos como “arcaicos” y sepan que, por el contrario, tenemos mucho que ofrecer para garantizar el futuro a todos y todas.
El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas y sus organizaciones seguimos debatiendo y aportando, para que en la Conferencia Mundial del 2014 los Estados discutan nuestra agenda y no la que les impongan los países poderosos y las corporaciones multinacionales.
El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas y sus organizaciones seguimos debatiendo y aportando, para hacer realidad los Estados Plurinacionales y el Buen Vivir / Vivir Bien; para insistir en el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra y desde allí construir un nuevo paradigma civilizatorio que garantice la paz y la equidad.
Lima, agosto del 2012.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú
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Guatemala: Comunicado de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej 6 de agosto 2012
Nuevamente nuestro medio de comunicación es objeto de ataques a través de la Web. En menos de 9 días el sitio de la pagina web de Waqib Kej sufre dos ataques. El o los responsables de este hecho
están utilizando la pantalla de "hackers" para realizar los ataques. El día 24 de Julio hicimos la denuncia que la pagina web fue desactivada y dañada severamente, de esa fecha al día de hoy se encontraba en
proceso de reconstrucción. Nueve días después de este primer ataque nos encontramos con un segundo ataque al mismo sitio web de nuestra organización. Sitio que tiene como uno de sus objetivos fundamentales comunicar e informar las luchas y resistencias de los pueblos maya, xincas y mestizos, de igual manera el posicionamiento político de las organizaciones y comunidades en defensa del territorio, la vida y en contra de los mega proyectos. Las organizaciones que forman parte de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej rechazamos y denunciamos públicamente este tipo de ataques sumándose al ambiente de
criminalización, control y atentados en contra de las organizaciones, pueblos y sus lideres.
Cuando desde abajo comunicamos los de arriban tiemblan
Iximulew, Waqib’ Aq’ ab’ al Guatemala 06 de agosto 2012
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Chile:Javier Meliman: No nos moveremos del fundo ocupado por nuestras comunidades por Alianza Territorial Mapuche en Kaos en Red
, 04 de Agosto de 2012Werken mapuche reitera posición comunitaria de su territorio en orden a mantener indefinidamente la ocupación y el control total del FUNDO SELVA CHICA de más de 600 hectáreas entre las comunas de Freire y Padres las Casas, en el territorio de la Nación Mapuche, expresando al mismo tiempo su rechaso la violencia contra los niños mapuche por parte del Estado chileno.
Una semana es el tiempo que ha transcurrido desde la nueva irrupción en la agenda del PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO por los derechos territoriales de los territorios encestrales Xapilwe y Mawizache de la comuna de Freire al sur de Chile. En dicho territorio en la que conviven numerosas comunidades mapuche, se ha instalado una conciencia colectiva con voluntad de unidad nacional mapuche en función de la movilización permanente y propositiva, tal como lo han venido señalando sus líderes y voceros. Uno de ellos, Javier Meliman, reconocido representante de la ATM y de la Nación Mapuche pone de relieve la importancia de la movilización para recuperar derechos enfocado en el trabajo y el esfuerzo permanente: "en el caso de este territorios, somos trabajadores esforzado y vivimos de la tierra, somos productores y abastecemos a la propia ciudad con nuestra verdura y cereales, pero la tierra no alcanza. No pedimos nada, solo que nos devuelvan lo que nos pertence, aúnque el estado y degradación con la cual nos están devolviendo no tienen nada que ver con la riqueza y productividad que tenía cuando nos la quitaron 100 años atrás", destaca el werken mapuche frente a la actual realidad que se vive como gente que vive de la tierra.
En ese contexto, las comunidades del sector en estos últimos días han retomado las recuperaciones de tierras, pese a un subsidio estatal que habían recibido para dicho fin, el cual "no alcanza ni para obtener 2 hectáreas para cada integrante de nuestro territorio", ha señalado Meliman. Reiterando que el gobierno chileno equivoca el camino de la militarización por sobre el diálogo bilateral real, lo cual puede generar consecuencias insospechadas tanto hacia los mapuche como al clima de las relaciones "que con muchos chilenos son buenas en el territorio, pero el gobierno con su propaganda hecha a perder eso" sentenció el vocero mapuche.
Por último, y frente a la violación de los derechos humanos de los niños y niñas mapuche de los últimos días, el werken llamó a los organismos como Naciones Unidas a hacer un esfuerzo mayor que el mero protocolo y formalidad en su relación con el Gobierno chileno. En esa línea señaló: "para eso, la ONU debe poner a todas sus agencias en Chile a disposición para buscar un diálogo real y un compromiso definitivo que ponga fin a la violencia contra nuestro futuro que son los niños", llamando a la ciudadanía a mantener su apoyo a sus hermanas que ocupan la sede de UNICEF en Santiago de Chile. Asimismo aclaró que cuando los organismos de Naciones Unidas realizan programas con participación y consulta previa a los interesados se logran resultados, sin embargo ello no ocurre en la mayoría de los casos.
México:Los choles de Tila están en la ciudad de México y exigen justicia sobre su territorio
2 de agosto 2012http://desinformemonos.org
Ciudad de México. Llegaron, recorrieron el centro de la ciudad de México en una marcha digna, pacífica y combativa, y se plantaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del palacio nacional. Son, para ser exactos, 187 hombres y 27 mujeres, todos choles del ejido de Tila, ubicado al norte de Chiapas, pueblo que reclama una decisión favorable al recurso jurídico que interpuso por el despojo de 130 hectáreas por parte del gobierno del estado.
La Caravana por la Tierra y el Territorio fue recibida en esta ciudad por diversos colectivos de La Otra Campaña, iniciativa política de la que es parte el ejido de Tila. La Red Nacional Contra la Represión, los campesinos de San Salvador Atenco, un grupo de sindicalistas de Telmex, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente de Pueblos, entre otras organizaciones, acompañaron la marcha que partió del monumento a la Revolución al zócalo capitalino.
El jueves 2 de agosto la SCJN deberá emitir el fallo sobre el amparo 259/1982 y el incidente de ejecución de la sentencia 1302/2010. Afuera del inmueble estarán los ejidatarios esperando la resolución, en silencio, durante todo el día.
La marcha de este 1 de agosto fue encabezada por los choles llegados el día anterior en cuatro autobuses. Están cansados y cansadas de tantos kilómetros recorridos. Llevan prácticamente cuatro días casi sin dormir, pero marchan con gritos combativos, uniformidad y disciplina. Todos traen paliacate al cuello, símbolo de la resistencia de los pueblos de Chiapas, y algunos portan machetes al igual que sus compañeros de Atenco.
“Estamos aquí porque queremos que se respete la legalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Venimos a presentar nuestra lucha, que es en defensa de la tierra que trabajamos, que vivimos y nos da de comer”, afirma uno de los ejidatarios, micrófono en mano, desde el sonido instalado en una camioneta frente a la sede máxima de impartición de justicia en México.
Simultáneamente, en Tila, marcharon seis mil ejidatarios en defensa de sus tierras. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó que la movilización se llevó a cabo por las calles de la cabecera municipal y que iniciaron un plantón frente a las oficinas del comisariado ejidal para exigir la restitución de las 130 hectáreas de las cuales fueron despojados en 1980, mediante un decreto emitido por el Congreso local.
Esta lucha no es nueva, como advierten los oradores frente al palacio de justicia. “Fue un sacrificio y un desgaste económico y físico para lograr la tierra desde 1922 y hasta 1961, cuando se aprobó el plano definitivo. Nuestros antepasados nos dejaron como herencia las 2 mil 938 hectáreas de terrenos nacionales y 2 mil 466 que estimamos como tierra recuperada que nos benefició la revolución de 1910, por lo que suman un total de 5 mil 405 hectáreas”.
“La expropiación de estas tierras”, explica en entrevista con Desinformémonos uno de los integrantes de la comisión de ejidatarios, ”es parte de un proceso de implantación de proyectos, pues quieren convertir a nuestro pueblo en atractivo por sus fachadas y sus costumbres, quieren utilizar el agua y la cuevas para estos fines”.
Por eso, indica, “venimos a pedir al gobierno una respuesta favorable a la expropiación. Nuestros abuelos y padres lucharon por estas tierras y venimos a la ciudad de México a defenderlas”.
De aquí, insiste uno de los voceros, “queremos llevarnos a nuestro pueblo una resolución favorable. Si así se diera pensaremos que si hay justicia para los pueblos. Si se da una resolución negativa la asamblea decidirá las acciones siguientes”.
A la Suprema Corte de Justicia llegó la marcha encabezada por los principales de la comunidad, quienes encendieron cuatro velas correspondientes a cada uno de los puntos cardinales, y bailaron la danza de la pluma, tradición de la cultura chol, con los acordes de los instrumentos musicales de la región. El copal y el incienso acompañaron los rezos con los que piden que su palabra sea escuchada.
Las 130 hectáreas de las que fueron despojados no son poca cosa. Ahí se impuso la zona urbana y el fundo legal, “pero esos terrenos son ejidales según la resolución presidencial correspondiente”. En la zona urbana “hay un mercado de lujo, edificios, centros comerciales de lujo y semi lujo, hoteles, jardines y centros colectivos y el templo que es patrimonio de los choles, utilizando los derechos de terceros para propiedad privada”, señalaron desde Tila.
La resolución de este jueves será decisiva no sólo para el pueblo chol de Tila, sino para el resto de los pueblos indígenas del país que luchan contra el despojo de su territorio y de su forma de vida. En silencio, reiteran, esperarán el veredicto, y después el pueblo decidirá lo que sigue.
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Mapuche acusan frente a la escalada represiva del Estado chileno
por Alianza Territorial MapucheMiércoles, 01 de Agosto de 2012 15:26
Kaos en la Red
La violencia colonial genera la ley y ella justifica la violencia policial y sociocultural. La sociedad debe saber que a los jóvenes y niños de Temucuicui se les dispara a 3 metros de distancia.
Ante los últimos atentados a los Derechos Humanos en nuestro territorio mapuche, comunicamos lo siguiente:
1. En estos días vemos las agresiones armadas reiteradas contra la Nación Mapuche, en especial contra niños y niñas pertenecientes a TEMUCUICUI ANCESTRAL que por décadas viene luchan por la recuperación del emblemático Fundo LA ROMANA en la Comuna de Ercilla; la brutal agresión e intento de asesinato del kimche chachay (sabio anciano mapuche) Francisco Huaiquinao Haiquimil que se debate entre la vida y la muerte luego de que la policía militar chilena lo lanzara contra el pavimento por manifestarse junto a su comunidad en la carretera; la ocupación de la sede de UNICEF Chile en Santiago como única via para lograr que Naciones Unidas se preocupe de la situación y la represión sobre el Lof Trapilhue que se encuentra recuperando territorio de Quepe.
2. Hemos visto también que una serie de ataques a campesinos pobres han sido realizados por desconocidos (paramilitares?) para encender los ánimos de civiles organizados bajo la conocida fórmula de las guardias civiles armadas -llamadas en este caso juntas de vigilancia- y justificar también el estado de sitio no declarado, intensificado a partir del 25 de julio pasado en territorio mapuche con ataques diarios, patrullaje por aire, controles y empadronamientos en varios sectores y tecnología de guerra como la usada por las potencias en medio oriente. Luego de esta arremetida armada se terminaron por arte de magia los supuestos atentados, mientras los medios de comunicación y autoridades chilenas culpan sin pruebas a mapuche de la autoría, intentando legitimar así el control armado y la represión.
3. La violencia colonial genera la ley y ella justifica la violencia policial y sociocultural. La sociedad debe saber que a los jóvenes y niños de Temucuicui se les dispara a 3 metros de distancia en las puertas del Hospital de Collipulli arrojando con la fuerza del impacto sus cuerpos a más de un metro de distancia. Varios son heridos por la espalda lo que evidencia una vez más la alevosía del procedimiento. En el caso del kimche Huaiquinao hay un golpe tan poderoso, que genera una lesión que rompe las venas del cerebro y llena de sangre el espacio entre cerebro y hueso de la cabeza. Esto genera una lesión cerebral y eventualmente la muerte. Vemos entonces que la orden del gobierno no es “mantener el orden” sino la ejecución de procedimientos que llevan a la muerte.
4. La valiente manifestación de nuestras hermanas en UNICEF de Santiago convoca a todas las entidades y personas sensibles a manifestar su opinión públicamente y busca emplazar una vez más a Naciones Unidas a efectuar su labor de velar por el cumplimiento de los derechos que proclama. Es sorprendente para nosotros que en el desarrollado mundo de U.N. debamos presionar en sus oficinas para que sus funcionarios abandonen sus cómodos sillones y seminarios inconducentes para plantear al gobierno que los valores del derecho internacional deben ser atendidos. Por todo ello esperamos un diálogo que responda efectivamente y sin distractores a la demanda de las lamgen (hermanas) que se encuentran en UNICEF Santiago de Chile..
El derecho al territorio de la Nación Mapuche es un derecho reconocido por la legislación internacional.
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE - PULOFXAWÜN
La Suprema Corte frente al caso de los ch’ol, de Tila
Magdalena Gómez
La Jornada31 de julio 2012
Nuevamente ha sido programada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la discusión del proyecto de resolución sobre el incidente de inejecución de la sentencia que en 2008 favoreció al pueblo ch’ol. El caso tiene larga data y los ejidatarios de Tila han sido persistentes en utilizar los recursos legales a su alcance. La SCJN tiene la oportunidad de aplicar plenamente la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, si funda su decisión en los derechos de los pueblos indígenas consagrados en tratados internacionales y con ello ampliar la mira sobre la materia agraria. Si lo hace, estaría superando aquel argumento que ofrecía hace años, de que no tenía resoluciones respecto a pueblos indígenas porque éstos no llegaban a la Corte.
Lo están haciendo durante la última década, por lo menos a partir de las 331 controversias interpuestas por municipios indígenas consideradas improcedentes. Más adelante ha definido que los municipios no tienen personalidad jurídica en materia indígena y no logra trascender el enfoque de derechos individuales (derecho al intérprete), tampoco ha logrado asumir la implicación del derecho a la libre determinación.
Recordemos el caso donde colocó a las autoridades agrarias en preeminencia sobre las indígenas (amparo directo 3-2009 por el presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de Ocotepec Morelos y otros. Tesis aislada XVI /2010). Con tales antecedentes sería trascendente que esta vez reorientara posturas. El caso Tila es una oportunidad. Recordemos: el ejido fue afectado con el despojo de 130 hectáreas de su territorio, ocupadas de manera inconstitucional por el H. ayuntamiento municipal de Tila, a raíz de la publicación del decreto número 72 del 17 de diciembre de 1980, emitido por el gobernador y el Congreso del estado de Chiapas. Para su defensa los ch’oles tramitaron un juicio de amparo, el 14 de abril de 1982 (259/82), ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al ejido de Tila y ordenando al H. ayuntamiento municipal de Tila, al gobernador del estado de Chiapas, al Congreso del estado de Chiapas y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la restitución inmediata de las tierras al ejido Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que privatizaran las mismas. Se trataba entonces de entrar en la fase de ejecución de sentencia, cuando la asamblea general se enteró de que su abogado promovió un incidente de cumplimiento sustituto, lo cual implicaba que ellos aceptarían un mecanismo distinto a la recuperación de tierras, esto es, una indemnización.
Ante ello el Centro Fray Bartolomé de las Casas los apoyó para tramitar el desistimiento del referido incidente, y el juez primero de distrito, en acuerdo del 20 de agosto de 2010, les rechazó la petición, colocando su voluntad por encima de la de los titulares del derecho ya reconocido en una sentencia de amparo.
En dicho acuerdo se argumentó la denegación en razón de que existe imposibilidad física y material de cumplir con la sentencia. Ante ello los ejidatarios interpusieron un recurso de queja en la SCJN; ésta se declaró incompetente y lo envió al tribunal colegiado del vigésimo circuito de Tuxtla Gutiérrez, el cual declaró procedentes y fundados los agravios que se hicieron valer y que consistían en que la asamblea general del ejido Tila tenía el pleno derecho a desistirse del incidente de cumplimiento sustituto (indemnización económica), y solicitó al juez primero de distrito que declarara el desistimiento del incidente de cumplimiento sustituto y que, además, en caso de que tuviera elementos para considerar que las autoridades responsables tuvieran imposibilidad material y física para acatar con la sentencia de amparo 259/1982 (restitución al ejido del control jurídico y político de las 130 hectáreas de tierra expropiadas por el decreto 72), entonces solicitara a la SCJN la atracción del asunto para desahogar un incidente de inejecución de sentencia. En noviembre de 2010 se dio inicio a dicho incidente bajo el número 1302/2010; se asignó la ponencia a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, de la primera sala de la SCJN, donde se determinó solicitar al pleno el estudio del caso.
El argumento oficial de que los ejidatarios afectarían a quienes hoy habitan en las tierras despojadas ha sido reiteradamente desmentido por los ch’oles: “La única diferencia es que en lugar de las autoridades municipales mandarían las ejidales y se frenaría la venta de tierras ejidales” (boletín 2, 13/9/10). Quieren gobernar su territorio. Ojalá la SCJN otorgue prioridad al pueblo indígena-ejido frente a las posturas oficiales responsables del conflicto, que ahora acusan a sus víctimas de provocarlo si les restituyen su pleno derecho.
Basta de impunidad.
Colombia:Colombia: “No nos está matando sólo la guerra, también su indiferencia”
Ismael ParedesEnlace Indígena
30 de julio 2012
La cotidianidad de nuestras comunidades indígenas nasa que viven el fragor del conflicto armado en su territorio y sienten el odio y la discriminación miserable de un sector de la sociedad colombiana.
“…La sociedad colombiana ha sido incapaz de trazarse un destino propio, ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas, y la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas… de sus negros, de sus mulatajes…” William Ospina, ¿Dónde está franja amarilla?
Estamos en guerra lo sabemos, lo que no sabíamos o no queríamos verlo así es cómo la sociedad de alcurnia colombiana -léase rancia aristocracia, medios de comunicación comerciales, monopolio de la opinión pública, sectores de la iglesia, sectores castrenses y partidos políticos de ultraderecha, centro y derecha- le ha declarado literalmente su odio mezquino a nuestras comunidades indígenas así como lo hicieron en su momento contra el único partido político (con principios y proyecciones solidas) que ha existido en Colombia: la Unión Patriótica y lo aniquilaron. Desafortunadamente lo que los medios de comunicación han pasado el 17 de julio, fue una ligereza de unos empujones hacia los militares que han dramatizado de tal forma que la opinión y el gobierno estén en contra de los pueblos indígena del Cauca, manifestó el líder nasa Giovanny Yule.
La ira santa de esta sociedad ‘culta’ se hizo sentir hace dos semanas cuando un ‘héroe’ militar, el sargento Rodrigo García, armó tremenda pataleta mediática y derramó lágrimas contenidas durante años pues la ‘disciplina’ castrense no permite a sus miembros llorar, pues resquebraja su ‘hombría’. La Realidad de lo que vimos en terreno es que ese soldado lloró por la impotencia de no poder detener la dignidad de un pueblo a través de las armas y de su aparato militar, reiteró el dirigente nasa del Cauca, Feliciano Valencia. Por su parte algunos docentes nasa, quienes estuvieron en la recuperación del cerro sagrado Berlín por parte de la comunidad, relataron así la pataleta del militar: El sargento García viendo a sus soldados listos para salir, le dice a un grupo que salga hacia la derecha del cerro, otros a la izquierda, luego, al escuchar a los comuneros decir ‘váyase’ se tira al suelo y se pone a gritar y a patalear para dejarse ver de las cámaras de televisión allí presentes. Lea testimonio docentes nasa
Con ello se reafirma el show melodramático que escenificó Rodrigo García en Toribio. Este mismo ‘país decente’ e indignado, no se mosqueó dos semanas antes cuando en Risaralda los militares, dispararon contra dos indígenas emberá un hombre y una mujer, quien perdió su bebe de 8 meses (Lea denuncia de las autoridades indígenas CRIR) y luego murió viendo la indiferencia malévola de esta sociedad capaz de juzgar un acto de justa exigibilidad de los indios, pero que aborrece con saña el sufrimiento de miles de víctimas del paramilitarismo, la guerrilla y de más de 3000 víctimas de los llamados “falsos positivos”.
Esa misma sociedad “digna” no ha llorado ni se ha indignado por casi mil indígenas asesinados en el Cauca, algunos de ellos por la fuerza pública como el caso de los 20 de la Masacre del Nilo en 1991 y que el mismo Estado a través del presidente Ernesto Samper reconoció en su momento. Pero no es, entonces, una humillación para los indígenas el enterrar sus muertos y llorar con sus viudas y huérfanos el dolor de miles de indios asesinados. Vale más una lágrima de “honor” fingida que las de verdadero dolor de miles que han dejado masacres y humillaciones padecidas por los nasa en el Cauca, vulnerados además por el despojo territorial y la discriminación histórica; no es humillante ¿tampoco? que algunos terratenientes a nombre de la moralidad y en casos de la institucionalidad hayan usurpado a plomo o artimañas jurídico administrativas las tierras de los indios. ¿No? Resulta que esa sociedad sigue pensando que los indios carecen de sentimiento, que no tienen alma. Es, eso sí, una humillación para los militares el hecho que los indígenas se hayan cansado de la guerra, como reitera la comunidad nasa y lo recoge la columnista María Teresa Ronderos, al referirse a que los indígenas han soportado atentados guerrilleros y ataques del ejército; sus hijos reciben clase ‘custodiados’ por las trincheras de la guerra; sus casas han sido destruidas y sus familias lloran sus muertos.
Esa misma sociedad “justa” no ha crucificado a los verdugos de miles de huérfanos y viudas que ha dejado 60 años de conflicto, tampoco se da golpes de pecho por los niños que mueren de hambre, de frío y soledad, no se indigna cuando miles de mujeres en aras de conseguir bocado para sus hijos, se ven obligadas a vender su cuerpo y su dignidad en las malolientes camas de los prostíbulos.
Ese consagrado grupo de periodistas, militares, opinadores, ‘respetables’ políticos, terratenientes industriales, empresarios y cristianos no han censurado con rabia e imparcialidad el genocidio de 3000 indígenas en los últimos 20 años de guerra, ni ha fustigado los sistemas de salud por cuya causa mueren a diario niños indígenas y campesinos por desnutrición y disentería, entre otras enfermedades prevenibles y curables.
En fin habría muchos pecados que recordarle a esta sociedad moralista, indolente, arrogante. Pero se equivoca si cree que a ella le voy a dedicar estas letras; al contrario el centro de este relato resalta la vida, dignidad y resistencia de las comunidades campesinas, afro e indígenas en sus hogares, sus acervos culturales como fundamentos del país que muchos, entre ellos indígenas, campesinos y afro, queremos y construimos desde los sueños colectivos de grandeza y dignidad, con equidad y justicia, con dolor y alegría, con errores pero con la sencillez de aceptarlos y corregirlos, con perseverancia y amor y, lo más clave desde la diversidad cultural, gran pilar de nuestro país…
El sueño de acabar la guerra
A las 7: 30 a.m. del 21 de junio llegamos a Santander de Quilichao y luego del saludo con un grupo de indígenas que esperan la chiva para ir a Toribio, el siguiente ruido es el de las balas, lo oímos por los radios de comunicación de la Guardia Indígena que comunican desde Caloto que no suban pues hay enfrentamientos en la zona. 15 minutos después la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, se empieza a motivar con encuentros de familias indígenas que llegan de zona rural y los visitantes que vamos de Bogotá miembros de la Minga de Resistencia Bakatá, la agencia de noticias alternativa Notiagen, una compañera y este servidos por parte de la Consejería de Comunicaciones ONIC, también llegó una delegación del Consejo Regional Indígena Risaralda, CRIR, entre ellos un amigo fotógrafo para respaldar la resistencia indígena del Cauca.
A esa hora mi preocupación se centra en la llamada que recibo de Toribio de un amigo comunicador del Consejo Regional Indígena del Cauca, en la cual me reitera que debo estar lo más pronto pues hay una reunión de comunicadores alternativos y amigos periodistas internacionales, defensores del derecho a la información libre e imparcial para buscar salidas a la encerrona difamatoria que han emprendido medios de comunicación comerciales colombianos contra la buena honra de nuestras comunidades indígenas. Otra conversación telefónica con una compañera comunicadora del Tejido de Comunicación ACIN por la Verdad y la Vida me advierte del cuidado que debemos tener pues hay combates a lo largo del camino y de nuevo escucho las ráfagas por el celular.
Pero no es esto lo que me sorprende, sino la respuesta de una mayora nasa de la Guardia indígena a quien le trasmito mi inquietud y ella con una serenidad solemne me dice: “para eso vamos a Toribio a calmar la guerra, este conflicto que no es nuestro lo vamos a acabar los indígenas”.
El sueño de acabar la guerra es un imperativo del pueblo nasa, del cual se empoderó la comunidad desde los niños, jóvenes hasta los sabios mayores y las mujeres, así lo reitera Emilse Paz Labio de la Consejería de Mujer ACIN: “Nosotras como mujeres somos sembradoras de vida, todos estamos cansados de no poder vivir tranquilos, de escuchar a diario los sonidos de ráfagas y explosiones, de los caminos minados, estamos cansados que las mujeres indígenas seamos violadas sexualmente por los diferentes actores armados, nuestros hijos menores de edad son reclutados: las mujeres ahora somos responsables de nuestros hijos, pues a muchos de nuestros compañeros los han asesinado, estamos casados de ir a las huertas y verlas minadas…”
La preocupación nuestra se va disipando cuando llegamos una hora después al poblado El Palo, un corregimiento del municipio Caloto, a una hora y media de Toribio. Nos hemos subido en la vhiva que lleva gente a la Audiencia que al mediodía se realizará en el Resguardo San Francisco en la cual se tomaran correctivos para 4 milicianos de la guerrilla retenidos tres días antes por la comunidad a través de su guardia indígena en su ejercicio autonómico de expulsar de sus territorios a todos los actores del conflicto que tanto dolor han infligido a sus familias.
A las 9 de la mañana las ráfagas son continuas y estruendosas en Caloto. El avión fantasma realiza vuelos sobre los cerros diáfanos de Toribio, “tierra maravillosa y hermosa, ustedes no saben cuanta paz siente una en este territorio. Pero la incertidumbre del conflicto nos está matando, una no se explica cómo este nido de paz que es Toribio, se ha convertido en centro de guerra” se lamenta una joven nasa, mientras vamos en carretera. En El Palo tuvimos que esperar casi una hora a que cesaran los combates, rápidamente en Toribio los cabildos indígenas, el CRIC y la ACIN preparan una Comisión que vendría al Palo para pedirle a la guerrilla y al ejército que paren la guerra…
Pero mientras los señores del conflicto se deciden dejar su odio y matarse entre buenos y malos, la vida en las comunidades sigue su curso; quienes vamos de viaje apreciamos como el fuego a pocos metros no impide que se habla de proyectos agrícolas, de visitas familiares, de amores y desamores, se hacen mofas y la vida es normal, hasta el momento en que las comunidades deben abandonar sus hogares pues su vida está en riesgo. Allí el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario ha quedado reducido a unos egos radicales de quien gana o quien pierde “el control territorial” en esta absurda contienda, que en Toribio ya ha dejado en los últimos años más de un centenar de muertos, miles de desplazados, mutilados y unas mil viviendas y hogares destruidos. Pero sobre todo nos ha dejado un cansancio histórico, advierte un anciano nasa que vive en una vereda cercaba a Toribio, no queremos más la guerrilla, no queremos más el ejército y no queremos más que los medios de comunicación (da nombres propios RCN, Caracol, CM&) cuenten más nuestra historia, ellos nos están haciendo más daño que el mismo conflicto.
Ante esta afirmación de un campesino sencillo y víctima de la guerra uno queda atónito, no se me ocurre que más preguntarle, siento que en sus cortas palabras ha contado todo el drama de nuestras comunidades indígenas, sin embargo continúa… uno no sabe a qué horas se van a agarrar, no podemos salir a cultivar tranquilos, pues quedamos los adultos en medio del fuego en nuestras parcelas o nuestros hijos y mujeres en las casa al vaivén de una bala perdida que les alcance… muchas veces la cosecha se pierde… yo no me he desplazado pues no tengo donde ir, pero hay mucha gente que lo ha hecho. Es que estar en medio del conflicto todos los días es una incertidumbre que altera nuestra tranquilidad, ¡cuando un indígena nasa había vivido tanta preocupación, nunca!, lo del conflicto fue ahora, hace unos 30 años…
El testimonio de este hombre que recojo en horas de la tarde, las conversaciones que escuchamos en la chiva, la cotidianidad de esta y otras visitas que hemos hecho a estas comunidades del Cauca y el desarrollo de la audiencia en Toribio nos permiten concluir claramente que en esta zona del Cauca la guerra ha roto todo menos la dignidad, la autonomía, ni la resistencia indígena…
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Tuve que esperar 11 años desde que entré a estudiar periodismo a la Academia y llegar a Toribio el 21 de junio para darme cuenta de algo evidente pero que, por terquedad, me negaba a creer, y es que el periodismo colombiano está en su crisis ética más aguda de su historia, eso si destacó que hay aún muchos periodistas ecuánimes y trasparentes que enorgullecen nuestro modesto oficio.
No obstante mucha gente me anuncia, y recibo la notificación con gran dolor, que estamos ad portas de dar vergonzosa sepultura al periodismo imparcial en casi mayoría de medios de comunicación comerciales del país. Me lo dijeron varios líderes indígenas del Cauca y me lo han dicho los Mamos Kogui de la Sierra Nevada, como algunos sabios indígenas de Taraira en Vaupés, me lo dijeron las víctimas del oriente antioqueño y los campesinos del Catatumbo, me lo decían varios maestros de clase, entre otros, incluso me lo han dicho mismos colegas de medios, acá nos toca seguir una línea editorial, las noticias son manejadas por enfoques que responden a intereses claramente políticos y económicos, me dice una colega de un medio comercial, quien me recordó la teoría hipodérmica de la comunicación, en la cual la propaganda reiterativa de un hecho logra que las masas adhieran a un sentimiento en contra o a favor de algo o de alguien.
Se trata de inyectar información para generar efectos. Ejemplos los hay, la venia de la ciudadanía a la primera y segunda guerras mundiales, la anuencia de un sector colombiano con paramilitares o la guerrilla, sentimientos que se han logrado mediante efecto de la teoría de la aguja hipodérmica.
Otro ejemplo es la masacre de Ruanda, en la que algunas emisoras y periódicos incitaron al odio entre pueblos de una misma etnia, banyaruanda, tutsi y hutu, se trataba de que en el camino hacia el Ideal Supremo, que consistía en eliminar al enemigo de una vez para siempre, se crease una comunión criminal entre el pueblo; de que, a consecuencia de una participación masiva en el genocidio, surgiese un sentimiento de culpa unificador; de que todos y cada uno supiesen que, desde el momento en que habían cometido algún asesinato, se cerniría sobre ellos la irrevocable ley de la revancha, a través de la cual divisarían el fantasma de su propia muerte, así explica Ryszard Kapuscinski, periodista polaco, y que según él, este sentimiento promovió una segregación racial de gran magnitud que los guerrilleros tutsis fueron llamados cucarachas por los hutus y prácticamente les llevo a éstos al aniquilamiento por parte de aquellos.
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En el Cauca dicen los analistas la guerra quebró el poco escrúpulo de los medios para direccionar la información a conveniencia particular y lograr que la opinión nacional mire hoy los indígenas como agresores y el resultado es, como señaló el representante Iván Cepeda, que ahora un sector de la sociedad considere a los indígenas, que han sido víctimas por años, como victimarios.
Pero la guerra también ha roto en los actores armados cualquier mínimo de respeto por la población civil y se puede corroborar en las reclamaciones hechas por las comunidades tanto al ejército como a la guerrilla, cuando le reclama uno al ejército de por qué asesinan nuestros comuneros responden que fue un error y de ahí no pasa nada, tal como paso el día siguiente en Caldono con el asesinato de un comunero indígena, si le preguntamos a la guerrilla por qué agreden la población civil, dicen que es inminente que haya muertes de civiles cuando se desarrollan combates con la fuerza pública y la comunidad esté cerca, así lo reiteraron autoridades indígenas en la audiencia del 21 en Toribio.
La frágil voluntad política y constitucional del gobierno para garantizar la autonomía y la vida de las comunidades indígenas también la ha roto la guerra, se lee en los discursos del presidente, del Ministro de Defensa y de algunos generales al señalar irresponsablemente a la comunidad indígena como aliada de la guerrilla, con ello la ponen contra las balas y contra la sociedad que actúa como juez sin pruebas y sale a condenar las actuaciones de los ‘salvajes’ indios que ‘maltratan’ al ejército colombiano. Vergüenza debería darle a una sociedad mezquina que se niega en sus propias raíces.
La Audiencia, quien desarmonice el territorio será amonestado
21 de julio 12m. Durante la audiencia se develaron matices que los medios no han informado, las luchas milenarias del pueblo nasa y los pueblos indígenas del Cauca, su cara a cara con la guerrilla a expensas de su propia vida y cómo ha sido constante el conflicto con los actores armados que agreden su territorio e infringen el Derecho Internacional Humanitario. La Audiencia culminó con aplicación de remedio o del correctivo a los guerrilleros retenidos por arrojar tatucos (explosivos) contra los militares en la base Berlín de Toribio, sitio que los indígenas reclaman como suyo por ser un sitio sagrado. Fue un verdadero acto de aplicación del derecho propio, la jurisdicción Especial indígena, la Constitución Nacional y el derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Las autoridades indígenas dejaron claro que en ejercicio de su autonomía ejercen control territorial con el fin de armonizar el territorio y la vida, por ello advirtieron a los guerrilleros que a todo aquel que agreda la vida y el territorio debe asumir su culpa y hacerse acreedor a la sanción respectiva. En este caso los hechos ocurridos tres días antes en Toribio habrían puesto en riesgo la población civil toda vez que con sus acciones los guerrilleros provocarían la reacción militar que desencadenaría en confrontación y la población civil en medio del fuego cruzado. Con su accionar los guerrilleros habrían desarmonizado el territorio y el ambiente del pueblo nasa del norte del departamento, por lo cual se armonizó con el correctivo de la justicia indígena. Estos remedios se usan para recomponer la integridad de la comunidad, quedo consignado el acta de Asamblea comunitaria.
En este sentido las comunidades indígenas piden a los actores en disputa, militares y guerrilla, respeto por su territorio que ancestralmente les ha pertenecido. Pero esta exigencia no es nueva, desde el surgimiento del conflicto los indígenas se han declarado autónomos frente a él, el pueblo nasa recibió el premio nacional de paz y ha emitido resoluciones como la de Vitoncó en 1985, en la cual declaran que dada la grave situación por la que atraviesan las zonas indígenas del Cauca debido a la presencia militar tanto del ejercito, de la policía como otros grupos armados ajenos a nuestras comunidades (…) recalcamos el derecho a nuestra autonomía…[1]
Petición que ha sido ratificad en distintas asambleas y escenarios, pero como ninguno de los actores armados ceden en su pretensión de controlar la región y sobre todo el territorio indígena y persisten en el enfrentamiento armado, las comunidades indígenas han emprendido su legitimo y autónomo proceso de control social, territorial y colectivo como el ejercido por las comunidades en Toribio. Ver crónica de la audiencia.
Pero esta decisión no solo obedecen a la coyuntura actual, sino que actuamos bajo mandatos colectivos de las comunidades y bajo el amparo constitucional contenidos en los artículos 7, 10, 246, 329, 330 de la Constitución Política de Colombia donde se reconocen el ejercicio de gobernabilidad propia de los pueblos indígenas y es ratificado por mecanismos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas para los DDHH de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Las acciones en el Norte del Cauca son el resultado del cansancio, por las lágrimas, por las muertes de nuestros hijos, padres y hermanos muchas víctimas han muerto a casusa del conflicto armado…”, reitera el líder nasa Giovanny Yule.
Finalmente las autoridades y dirigencia indígena del Cauca llaman a un diálogo franco y abierto con el Estado y gobierno colombiano, pero en el marco del respeto por la autonomía. Invitan a concertar con las comunidades indígenas, la intervención militar en sus territorios, como estipula el derecho internacional porque, reiteran, este conflicto está eliminado a los pueblos indígenas. Además Vemos como hoy cuando estamos reclamando nuestros derechos el gobierno nos cataloga como narcotraficantes, guerrilleros, salvajes lo peor que puede existir. Queremos aclararle que nosotros somos respetuosos de la constitución, del Estado Social de Derecho, nosotros somos respetuosos de toda la ciudadanía colombiana, que nosotros sólo estamos reclamando nuestros derechos, y por reclamar esos derechos la incapacidad del gobierno nos pone en riesgo y empieza a justificar las violaciones sobre nuestras comunidades, ratificaron los dirigentes Giovanny Yule y José Domingo Caldono del Cauca.
Qué hacer ante esta difícil coyuntura, máxime si se tiene en cuenta que la primera gran reunión de acercamiento entre las partes, prevista para el pasado viernes 27 de julio, fracasó por la no presencia de ministros o funcionarios con capacidad decisoria como exigen las autoridades indígenas. La respuesta me la dio -sin preguntárselo- en Popayán una gran maestra de la resistencia, Aida Quilcue Vivas, cuando llame para saludarle el pasado domingo a las 7am: Lo único que nos queda a los pueblos indígenas es seguir caminado la resistencia, a esa hora Aida casi llegaba a Jambaló, a 4 horas de la capital del Cauca, para acompañar la comunidad indígena en una Asamblea.
Nota
[1] Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo. Biblioteca básica de los Pueblos indígenas de Colombia. Mincultura 2010
Ismael Paredes Paredes es comunicador de la ONIC
Fuente:
http://cms.onic.org.co/2012/07/no-nos-esta-matando-solo-la-guerra-tambien-su-indiferencia/
Bolivia: Observadores de Unasur y OEA califican de histórica consulta boliviana en el Tipnis
29 julio 2012Por: Agencia Venezolana de Noticias (AVN) | Domingo, 29/07/2012 08:03 PM Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)
La misión de observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de histórica la consulta, que inició este domingo, a las comunidades bolivianas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), sobre la construcción de una carretera interdepartamental que atravesará esa reserva. El representante de Venezuela ante la Unasur, Pedro Sassone, expresó que “éste es un proceso histórico, inédito en Sudamérica, por lo tanto se podría decir que se está haciendo historia hoy”, citó ABI. Entretanto, el delegado de la OEA Enrique Reina manifestó que “este es un interesante proceso de profundización democrática y un proceso novedoso en el que las comunidades definirán temas ligados a su propio desarrollo”.
Agregó que “el pueblo boliviano en general ha entendido con madurez el tema democrático y ha generado procesos de manera pacífica y procesos en el que puede transformar su propia democracia”.
La consulta se realiza a las 69 comunidades que habitan el Tipnis, un área de un millón 200.000 hectáreas, para que decidan si se construye o no la carretera interdepartamental que unirá Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni.
La consulta se realiza luego de una ardua disputa en la región, debido a la posición de algunos grupos que se oponían a la misma. Una parte minoritaria de las comunidades indígenas, convocadas por dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), realizaron una marcha hasta La Paz para detener la consulta. No obstante, la mayoría de los habitantes de la región apoyaron su realización.
Líder indígena agradece
Entretanto el presidente de la Subcentral del Tipnis, Carlos Fabricano, agradeció al Ejecutivo boliviano por llevar a cabo esta consulta, porque no sólo permitirá conocer la opinión sobre la construcción de la carretera, sino que además, el Gobierno podrá recavar información sobre las necesidades de las comunidades de esta región.
“Estamos acá para poder reclamarle (al Ejecutivo) de esta necesidad tan grande que tenemos como el agua potable, pero hoy el Estado lo va a hacer realidad“, dijo Fabricano.
Aregó que “queremos ese desarrollo en salud, educación, desarrollo productivo y queremos ahora ejercer nuestro derechos que la misma Constitución nos ampara como pueblos indígenas y esta también plasmado en la ley 169 de la OIT (Organización Internacional del
Guatemala: “La lucha de los Pueblos: por la vida, la Madre Tierra, derechos Colectivos y el Buen Vivir, frente al Poder económico tradicional, colonizador (CACIF), que explota y despoja”.
Comunicación CPO 27 Julio de 2012
1996 -Ratificación del Convenio 169 de la OIT
Luego de la consulta y dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el 5 de junio de 1996, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, la primera cláusula del decreto legislativo norma: “a. El Convenio 169 queda supeditado a la Constitución Política de la República de Guatemala”.Las organizaciones indígenas pragmáticamente no cuestionaron tal situación debido a que semejante aberración jurídica internacional quedaba invalidada por dos instrumentos:
Primero: La Constitucional Política de la República de Guatemala reconoce la supremacía de las normas de los derechos humanos sobre la Constitución, y el Convenio 169 de la OIT, es un instrumento de derechos de los pueblos indígenas.
Segundo: El Convenio 169, al ser un instrumento de derechos humanos, no admite condicionamientos o ratificación parcial o razonada, solo puede ser aceptado o rechazado en su totalidad.
Implicaciones para el Estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT
Al ratificar el Convenio 169, el Estado de Guatemala se comprometió que al año siguiente adecuaría su legislación a los principios, normas y mecanismos que ordena dicho Convenio.Aspectos que debe de cambiar el Estado a la luz del Contenido del Convenio 169.
1. Reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, invisibilizados jurídicamente, maginados y excluidos hasta la fecha. El ordenamiento jurídico guatemalteco está construido sobre matrices monoculturales, monoétnicas y monolingües. Traslucenideologías racistas y etnocentristas. Sus bases conceptuales son los del igualitarismo formal liberal de individuo. La constitución Política de 1985, realizo un avance al reconocer la existencia de grupos étnicos de ascendencia indígena, pero sus derechos quedaron únicamente en un listado de generalidades y sin mecanismos para que sean operados.
2. El gobierno junto con los pueblos indígenas deben establecer los mecanismos de consulta sobre todas aquellas medidas legislativas e institucionales que afectan a los miembros de los pueblos indígenas en todos los aspectos (semejante o es el mismo del Acuerdo Indígena, capítulo III, D, 5; explotación de recursos, programas o proyectos socio económicos, culturales, etcétera). El convenio 169, mandata al gobierno “la consulta” a los pueblos indígenas como mecanismo obligatorio para tratar decisiones que afectan la vida de las comunidades de los pueblos indígenas. Este mecanismo debe ser diseñado con la participación de los pueblos indígenas, sin su participación seria nuevamente una imposición. El mecanismo de consulta es una obligación del gobierno y un derecho de los pueblos.
3. El gobierno junto con los pueblos indígenas, deben establecer los mecanismos de participación y representación (semejante o es el mismo con el Acuerdo Indígena, Capitulo III, D, 3). El empoderamiento de los pueblos indígenas de Guatemala, es uno de los grandes temores de la oligarquía, porque implica pérdida de su poder, de su seguridad y de la facilidad con que controla las cosas. Estos son los temores reales del porque este compromiso no se ha hecho realidad.
1997 - La Ley de Minería en Guatemala y su Vigencia
El Congreso de la República de Guatemala, aprobó el 11 de Junio de 1997, la Ley de Minería, Decreto 48-97, luego publicada el 17 de julio de 1997 en el Diario Oficial de Centro América, para su entrada en vigencia al día siguiente de su publicación.
2012 Presentación de la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Minería
El 12 de marzo de 2012 a las 10:00 horas, la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO, presento ante la Corte de Constitucionalidad, CC, la Acción de Inconstitucionalidad total contra la ley de Minería, Decreto 48-97, vigente desde hace 15 años.
El objetivo principal es que la CC declare inconstitucional la Ley de Minería y en consecuencia, se le expulse del ordenamiento jurídico guatemalteco, por violar el derecho de Consulta previa libre e informada, regulado en el artículo 6, numeral 1, literal a), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ―OIT―, sobre Pueblos indígenas, y los preceptos contenidos en los artículos 44, 46, 66 y 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante, el cual fue ratificado por Guatemala en el año 1996. Una vez ratificado el Convenio, el Estado, se obligó a reformar sus políticas públicas, programas y su legislación para respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales regulados en dicho convenio.
En este instrumento se establece, que los gobiernos deben “consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativa.” , cosa que no paso en Guatemala, Sin embargo en el año 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, el Congreso emitió la Ley de minería vigente contenida en el Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, publicada el 17 de julio de 1997, que regula la explotación minera en Guatemala, sin que se haya respetado el derecho de consulta previa, libre e informada, tampoco garantizó los derechos fundamentales regulados en convenios internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado guatemalteco.
A pesar de la ratificación que realizó del Estado Guatemalteco en el año 1996, el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas, el Estado de Guatemala no ha cumplido, ni está cumpliendo con estos tratados y convenios internacionales.
Esta acción constitucional, fue firmada y presentada por las Autoridades Ancestrales - Autogobierno de los pueblos Mayas del occidente de Guatemala: Junta Directiva de los 48 Cantones de Chwimiqena’ - Totonicapán, Municipalidad Indígena de Chichicastenango - MICH, Municipalidad Indígena de Sololá, Consejo de la Nación Maya Mam (Txeljub’ - Quetzaltenango, te Txe Chman - San Marcos y Toj Mlaj – Retalhuleu), Consejo de los Pueblos Kichés - CPK, Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH, Parlamento del Pueblo Xinca, con el respaldo político y jurídico del Consejo de Pueblos de Occidente - CPO,territorio donde se han autorizado más de 350 licencias mineras e hidroeléctricas, sin el consentimiento y la consulta respectiva a los pueblos.
Ante esta imposición de un modelo de desarrollo económico que choca contra la forma de vida, desarrollo y visión de los pueblos, y ante el incumplimiento de los Convenios Internacionales y Tratados en materia de Derechos Humanos y Colectivos, por parte del Estado de Guatemala; los pueblos haciendo uso de su derecho a la autodeterminación y autonomía, han realizado más de 60 Consultas comunitarias de Buena Fe, en particular en el occidente de Guatemala, en la que han participado más de un millón de personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos y abuelas, han tomado la decisión de defender la vida, el territorio, la madre tierra, los derechos colectivos y el buen vivir, mismas que se hacen desde la perspectiva y práctica organizativa y de toma de decisiones de las comunidades y pueblos.
Abril 2012, Primera Resolución de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
El miércoles once de abril de 2012, sorpresivamente la CC dio trámite a la Acción de Inconstitucionalidad presentada el pasado 12 de 2012. “La acción de inconstitucionalidad se plantea porque el congreso aprobó la Ley de Minería sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y sus respectivas autoridades, lo cual viola flagrantemente derechos consagrados en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, indicó Udiel Miranda de la Comisión Jurídica del CPO. Esta resolución se da justamente un día después de que las autoridades en consejo y en conferencia de prensa pidieron a la CC diera tramite a esta acción, ya que observaban pasividad y silencio de parte de los magistrados.
“Nos parece positivo el hecho que la corte haya dado trámite a ésta acción de inconstitucionalidad y esperamos que pueda resolver favorablemente para los pueblos, pues el Estado nunca ha cumplido con la obligación de consultar a los pueblos sobre medidas legislativas, administrativas y ejecutivas”, expresó Lolita Chávez, una de las interponentes de esta acción.
Julio 2012 Vista pública en la Corte de Constitucionalidad
La Corte de Constitucionalidad, con mucha antelación fijó la Vista Pública el día 19 de julio de 2012, a las nueve de la mañana en la Sala de Debates, en la ciudad de Guatemala. Sin embargo a última hora, el día martes 17 de julio, repentinamente cambio la fecha para el efecto, programando un día después de lo fijado, el viernes 20 de julio. Esta situación vino a mover toda la programación y logística que con tanto esfuerzo habían organizado los pueblos, no se descarta que la intención precisamente haya sido desarticular la movilización, organización y preparación. Pese al cambio de fecha, las autoridades y gobierno de los pueblos mayas, garífunas y Xincas, participaron masivamente a la vista pública.
Antes del inicio de la vista pública, los Ajq’ij, abuelos y abuelas, efectuaron una invocación maya para saturar la Sala de Audiencias de la CC. Practica milenaria y ancestral de nuestros pueblos, para pedir permiso, sabiduría y equilibrio.Argumentos de los pueblos originarios:
En representación de los interponentes de la Acción de Inconstitucionalidad, Diego Cotiy Maz, K’amalb’e del Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Maya Garífuna y Xinca y el Consejo de los Pueblos de Occidente - CPO, en el idioma maya kiché, expuso los grandes efectos e impactos que tiene la Ley Minera, esta ley atenta y pone en peligro la vida, territorios y la existencia de los pueblos. Además cuando esta ley fue aprobada no fuimos consultados, es una ley, que facilita la entrada e imposición de megaproyectos, la autorización de licencias en territorios de los pueblos, sin el consentimiento y consulta de los pueblos ancestrales u originarios.
Haberlo expresado todo en el idioma Kiché, extrañó y sorprendió a los Magistrados, pues todos eran mestizos, ni siquiera intérpretes tienen para la realización de los debates, en especial una de tanta importancia histórica. Esto puso de manifiesto que el sistema de justicia, sigue siendo monocultural, racista y excluyente.
Después, la Abogada Lucía Xiloj de la Comisión Jurídica del CPO, en su intervención dijo que la actividad minera afecta directamente la vida, los derechos y pone en peligro la existencia de los pueblos. “La Ley de Minería es inconstitucional porque contraviene la Constitución, y por ello pedimos que se expulse del ordenamiento jurídico de nuestro país”. Así mismo, explico que el Congreso de la República al momento de emitir el Decreto 48-97, violentó el derecho a la consulta y privilegió derechos económicos particulares, porque la ley se aprobó para hacer los trámites más breves y sencillos.
“Cuando se aprobó la Ley de Minería, el Convenio 169 de la OIT ya estaba vigente y no como tergiversadamente pretende decir la defensa de la Cámara de Industrias”, puntualizó, la abogada de los pueblos.La corte ha reconocido en anteriores fallos o resoluciones, que el derecho a la Consulta es un derecho fundamental de los pueblos, finalizó.
Terceros interesados que se adhirieron a la Acción de Inconstitucionalidad
Coordinadora Nacional De Viudas de Guatemala – CONAVIGUA
La Abogada, Lidia Ispanel, enfatizó “que antes de hablar de derechos de los pueblos, estamos hablando de personas. Y como tal, estamos hablando de derechos humanos que están contemplados en instrumentos internacionales”. “La ley minería no contempla los derechos colectivos: territorio, libre determinación, en especial el derecho a la consulta. Se está violando los artículos 4, 46, 44, 66 y 149 de la Constitucionalidad, por lo que se debe declarar inconstitucionalidad. No queremos una exhortación, porque los diputados ni siquiera se enteran. Los pueblos necesitan un cambio en la aplicación de las leyes, porque son ciudadanos guatemaltecos.
Edgar de León, Presidente de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala
En su intervención resalto “El Estado ha sido signatario de tratados y acuerdos internacionales, lo que lo obliga a cumplir con el contenido de los mismos.”
“Los terceros interesados que contravienen nuestra posición, han argumentado que el convenio 169 y los instrumentos jurídicos internacionales, no son parámetros para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley ordinaria. Esto es contradecir lo que la misma corte ha opina con respecto al convenio 169 de la OIT”. “De acuerdo al expediente número 199-95, resolución de fecha, 18 de mayo de 1995, donde esta corte opinó que el convenio 169 no contradice la constitución Política de la República de Guatemala. De ser así, el convenio, artículo 6, numeral 1, literal A, obliga al estado a consultar a pueblos indígenas por todas aquellas medidas administrativas y legislativas que afecten o les sean susceptibles por esas decisiones. En virtud de ello desde 1825, los pueblos indígenas nunca hemos sido parte de las decisiones de este país”.
Posición de la Cámara de Industrias - CACIF
En contraposición, Mario Fuentes Destarac, abogado de la Cámara de Industrias y sector Empresarial, se mostró a favor de la Ley de Minería, al considerar que llenó todos los requisitos para su aprobación y además porque no es excluyente. Explico que la legislación no es arbitraria ni “sacada de la manga”, sino que obedece a un mandato constitucional. Subrayó que toda ley produce una afectación sobre todos los destinatarios. “La Ley de Minería tiene como características su generalidad, impersonalidad y abstracción, y consecuentemente no tiene una dedicación especial”, aseveró.
Argumento “la Constitución, es la ley fundamental del país, se sustenta en dos principios claves: supremacía y súper legalidad constitucional, nada es superior a ella” en alusión al Convenio 169. Enfatizó que el Convenio, no estaba vigente cuando se aprobó la ley de minería y no tiene carácter retroactivo. Además se cumplió con el proceso de creación de la Ley de conformidad a la constitución política de la república.
Ministerio Público
Karla Valenzuela Elías, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, pidió a la CC que en su fallo exhorte al Congreso a que haga cambios a la Ley de Minería -Decreto 48-97-, en donde se establezca que en todo proceso de exploración y explotación minera debe otorgarse participación a la población dígena que pueda ser afectada, en observancia del Convenio 169 de la OIT.“Esa reforma es necesaria porque la explotación minera causa daños ecológicos y como consecuencia de ello puede poner en riesgo los intereses económicos, la supervivencia y la integridad cultural de los pueblos indígenas”, expresó Valenzuela Elías.
La vista, estaba programada para las 9.30 horas, sin embargo comenzó 45 minutos después, en medio de tensión por parte del personal de seguridad de la CC. La Policía llegó al lugar para proteger esa sede debido a que decenas de indígenas se ubicaron frente al inmueble para respaldar a líderes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas Mayas, Garífuna y Xinca.Para entrar, los abogados que representan a estas agrupaciones tuvieron que esperar a que concluyera una audiencia. Sin embargo, no todos fueron tratados igual. Los representantes del sector empresarial ingresaron a la CC sin los obstáculos que les pusieron a los indígenas. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif), Andrés Castillo, entró por el área del parqueo de magistrados y por allí se retiró.
Se pudo constatar que hubo una audiencia a las 9 horas, pero mientras esta se desarrollaba los abogados del sector empresarial permanecieron en la sala del primer piso de la Corte. Los indígenas esperaron en la calle.
[1] Información brindada por el Matutino Prensa Libre de fecha 21 de julio de 2012. http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Sectores-fijan-posturas-Ley-Mineria_0_740925937.html
Mapuches mantienen toma pacífica de sede de Unicef en Chile
por Prensa Latina
Sábado, 28 de Julio de 2012 18:23
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha tenido una postura pasiva, contradictoria y contemplativa frente a los atropellos, heridas de balas y agresiones que han sufrido los niños mapuches.Representantes del pueblo mapuche mantienen por tercer día consecutivo y por tiempo indefinido la toma pacífica de la sede de Unicef aquí, en reclamo del retiro de La Araucanía de las fuerzas especiales de Carabineros.Chile: Carabineros reprimen manifestación en apoyo a niños mapucheSe trata de miembros de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) que demandan a Unicef interceder con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el fin de que solicite al gobierno chileno la retirada policial del territorio Arauco.Según la werken (vocera) de ATM, Mewlen Wenchu, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha tenido una postura pasiva, contradictoria y contemplativa frente a los atropellos, heridas de balas y agresiones que han sufrido los niños mapuches.La portavoz de la citada etnia calificó de grave que se dijera por autoridades locales que las familias mapuches utilizan a sus hijos como escudos humanos frente a la policía militar.Sobre la acción de protesta, Francisca Palma, encargada de comunicaciones del organismo internacional, apuntó que no se solicitará el desalojo de la dependencia.Mientras, crece en el escenario doméstico el rechazo a la decisión de aumentar la dotación policial en La Araucanía, derivada de la "cumbre de seguridad" del Ejecutivo de la semana pasada.Autoridades nativas señalaron que esa reunión surgió tras fuertes presiones de empresarios y latifundistas que pidieron el incremento de la represión contra las comunidades indígenas que reivindican la recuperación de tierras en su ancestral territorio.También el Observatorio Ciudadano de Chile afirmó que la referida cumbre puso leña al fuego en la Araucanía y discriminó una vez más a los mapuche.La instancia defensora de los derechos humanos rechazó asimismo "la imputación directa o indirecta que las autoridades, los gremios, y los medios de comunicación" hacen de los mapuches en relación con los actos de violencia en la zona.Esa instancia condenó en particular la actuación policial que derivó en varios niños heridos la última semana, my anifestó que tales procedimientos forman parte de una conducta habitual de trato inhumano y degradante contra el pueblo mapuche.Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&;task=view&id=529886&Itemid=1
Guatemala:KAJKOJ MáXIMO BA TIUL
Esta ha sido casi la costumbre para que unos pocos tengan privilegios y abusen del mismo, para discriminar y sentirse los superdueños del país. En la reciente vista pública en torno al amparo interpuesto en la Corte de Constitucionalidad, para que se declare inconstitucional la ley de minería, el edificio de dicha corte fue acordonado con miembros de la Policía Nacional Civil, para resguardarlo, por si acaso, “a quienes llegaron a la ciudad se les ocurría hacer alguna acción que riñera con la ley”. A las autoridades del Estado criollo se les olvidó que quienes estaban esperando entrar a la sede de dicha corte también son autoridades, seleccionadas y legitimadas por las mismas comunidades, en acciones mucho más democráticas que las mismas elecciones nacionales, o diferentes a la forma como el Congreso elige a otros funcionarios públicos.
Además, de no dejarlos entrar libremente, también los hicieron esperar 45 minutos, mientras los miembros del Cacif, la Cámara de Minería y sus abogados, sin ser registrados, entraron al parqueo y directamente a la sala de vistas, y hasta que se les dio la gana dejaron entrar a las autoridades indígenas.
Esta forma utilizada por el Estado y las élites para discriminar a los pueblos indígenas solo demuestra que los pueblos siguen siendo considerados los “no ciudadanos”, y aunque se llenen la boca diciendo que hay que fortalecer la guatemalidad, estos hechos demuestran que la guatemalidad sigue siendo una farsa, porque en la patria del criollo los únicos que cuentan son ellos y sus ambiciones.
Aunque simbólicamente asumen reconocer las identidades indígenas, pero estas identidades solo les sirven para el folklore y el turismo, como hasta ahora lo están haciendo con la celebración del oxlajuj ba’k’tun o con el festival folklórico de Cobán y otras actividades que como decía aquel ensayo indígena de 1970, son “homenajes mayas”, que lo único que buscan es el sometimiento de los pueblos para su propio proyecto.
Es impresionante ver la desfachatez que tienen cuando emiten su opinión en contra de la petición de los indígenas, “que porque la ley se redactó antes del convenio 169 y la declaración y por eso no es inconstitucional”, cuando bien saben los abogados, si es que estudiaron, que los estados, al ratificar estos instrumentos, se obligan a readecuar su legislación a la normativa internacional.Por eso se espera que en el marco del derecho a la igualdad y a la diferencia la Corte de Constitucionalidad falle a favor de los pueblos indígenas y así que comience una nueva era para defender sus derechos, y los pueblos podrán seguir fortaleciendo su principio de que somos iguales, diferentes y complementarios.
Multitudinaria marcha Mapuche denuncia represión policial en Araucanía
27 de julio 2012
Telesur
Al menos 500 mil mapuches se manifestaron este viernes en el centro de la capital chilena, Santiago en protesta por la represión policial que han sufrido en los últimos días en la zona de la Araucanía, por parte de la policía militarizada de Carabineros.
Pese a que el Gobierno insiste en que la Auracanía no ha sido militarizada, los comuneros protestaron por el envío de más contingente policial a esa zona, así como también por el incremento de diversos actos violentos en contra de la principal etnia indígena del país.
En este sentido, los manifestantes desplegaron pancartas y gritaron consignas en contra de la Policía y el Gobierno y pese a que la marcha se realizó de forma pacífica, los uniformados volvieron a arremeter contra ellos con carros lanza-aguas.
Mientras esto acontecía, en la sede de Unicef en Santiago se mantuvieron reclamando cuatro mujeres mapuches que demandan al Ejecutivo la salida de las fuerzas especiales de la policía en la Araucanía porque -aseguran- arremeten incluso contra niños.
En este contexto, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, insistió este viernes que se lleve a cabo un proceso de militarización en la Araucanía y argumentó que el incremento de uniformados en la zona es para “detener” la violencia.
"No existe ninguna militarización en la zona de la Araucanía. Lo que estamos haciendo es que, frente a un recrudecimiento de acciones de violencia que se han producido en el último tiempo, cumpliendo con el deber de todo Gobierno, es fortalecer la presencia y acción policial", afirmó Chadwick.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, aseveró que en esa localidad el aumento de la dotación policial puede provocar más violencia en la zona.
"Estamos en un momento muy complejo en la región debido a los niños heridos con perdigones, uno de ellos con impactos en su cabeza", añadió Fries.
Desde hace más de una década, la comunidad de Mapuches, la etnia indígena más poblada de Chile, ha mantenido enfrentamiento con los Carabineros denunciando que éstos los agreden y abusan de su autoridad.
Este viernes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó los actos de violencia por parte de los uniformados contra los niños y jóvenes de la comunidad mapuche, que durante una operación de desalojo el pasado lunes en la Araucanía hirieron de bala a dos menores de la etnia.
teleSUR- Efe- Afp- La Tercera/lp/KMM
Entrevista a líder mapuche Mijael Carbone tras violenta represión de Carabineros en Araucania chilena
Chile | 26 de julio de 2012
El origen del conflicto por la tierra en el sur de América tiene sus raíces en los procesos dictatoriales que usurparon el poder democrático y entregaron vastas extensiones entre particulares vinculados a los distintos regímenes cívico-militares. Tres décadas después de los “años de plomo”, los reclamos de las comunidades originarias son respondidos con toda la violencia del estado.
Así se lee de lo ocurrido el pasado 23 de julio en la región chilena de la Araucanía donde, como informara Radio Mundo Real, tuvo lugar un violento operativo por parte de dos centenares de carabineros para desalojar a una comunidad mapuche de un predio que, a pesar de haber sido ancestralmente un territorio comunitario, fuera entregado durante la dictadura de Augusto Pinochet a un ciudadano de nacionalidad suiza.
Aunque el proceso de re-ocupación del territorio había sido definido como netamente pacífico, los uniformados no ahorraron violencia contra la comunidad, como resultado de la cual una docena de integrantes de la misma resultaron hospitalizados, además de tres niños menores de edad que sufrieron heridas de arma de fuego.
Mijael Carbone, vocero de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) narró en diálogo con Radio Mundo Real la sucesión de hechos que se vivieron por parte de Temucuicui, su comunidad. “La violencia fue extrema, disparando indiscriminadamente a pesar de que entre los ocupantes había ancianos, bebés, niños, madres”, explicó Carbone.
“Esas tierras ancestralmente nos pertenecen. En el año 1973 nuestros hermanos vivían en esas tierras hasta que la dictadura los enajena y las entrega a particulares suizos”, historió el líder mapuche quien también se refiere a una previsible escalada represiva en la zona de la Araucanía.
“Somos una región donde se protagonizaron de parte del estado chileno los hechos más violentos y los herederos de quienes alguna vez nos violentaron e ingresaron a nuestros territorios, hoy lo vuelven a hacer”, enfatizó Mijael.
Ninguna instancia oficial chilena ni internacional vinculada a los DDHH había reaccionado, hasta el momento de la entrevista, en función de proteger a la comunidad agredida el pasado lunes 23, recalcó el joven mapuche en la entrevista.
Foto: www.emol.com
Fuente Radio Mundo Real
Fuente Radio Mundo Real
Honduras;Indígenas Lencas: recolonización en Honduras es parte del feroz neoliberalismo
por Conexihon
Sábado, 21 de Julio de 2012 15:54
Mientras en las escuelas hondureñas se celebra el 20 de junio el Día del Indio Lempira, alrededor del pino de la memoria, se celebra una especial ceremonia espiritual del pueblo Lenca. En ese lugar, donde cuelgan los nombres de los mártires del Copinh, están también los colores del pueblo Lenca Lempira, Honduras (Conexihon.info).- Esta mañana de sol, viento y espíritus de lucha se juntaron en el Centro Utopía, lugar al que los y las indígenas miembros del Consejo Cívico de Organizaciones de Populares Indígenas de Honduras (Copinh) fueron llegando desde las comunidades lejanas de los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz.Mientras en las escuelas hondureñas se celebra el 20 de junio el Día del Indio Lempira, alrededor del pino de la memoria, se celebra una especial ceremonia espiritual del pueblo Lenca. En ese lugar, donde cuelgan los nombres de los mártires del Copinh, están también los colores del pueblo Lenca, y la ceremonia da inicio con la palabra de la guía espiritual, Pascualita Vásquez. Dos sacerdotes están ahí, escuchan a la guía y reciben de ella las bendiciones, guardando silencio y respeto.Entonces, Pascualita recuerda que sus compañeros luchaban por la tierra, por la memoria de los abuelos y las abuelas, por guardar la espiritualidad y continuar con la defensa de los bienes naturales. Se trata de una Ceremonia y homenaje a los Mártires y a la gesta insurreccional de Lempira, Señor de la Sierra, la misma dio comienzo este jueves con una celebración muy diferente a la que se vive en los centros educativos hondureños, donde miles de niños vestidos con trajes de manta y taparrabos emulan un pasado que se niega a desaparecer.Las comunidades Lencas, recuerdan su arraigo, invocando la presencia de sus ancestros como parte de una cosmovisión, que día a día, luchan por no perder. En este lugar la pobreza se ha adueñado de muchos sueños, la falta de oportunidades y la necesidad de subsistencia han orillado a sus miembros a la migración a las ciudades, donde generalmente se terminan “integrando”, dejando en el olvido su identidad.El patriarcado y las iglesiasLos copines hicieron un análisis de la realidad de Honduras, mientras la coordinadora de las mujeres, Luz Esperanza Reyes, reflexionó sobre el patriarcado y sus daños contra la vida de las mujeres. Reyes denunció el papel de las iglesias contra los cuerpos de las mujeres y sus derechos a decidir, recordó también las históricas luchas de las mujeres del Copinh y sus propuestas actuales.Igualmente, Melissa Cardoza profundizó sobre qué es el patriarcado en los hechos cotidianos, como se expresa en las organizaciones y en las condiciones de las mujeres, reflexionó sobre las diferencias del trabajo entre los hombres y las mujeres y el origen de la injusticia, el uso de la violencia doméstica, de pareja y la militarización. Habló sobre el papel del feminismo y su relación con otros movimientos sociales.Somos la sangre de LempiraLempira, el señor de la sierra, sigue viviendo en las comunidades lencas que luchan contra el neoliberalismo, el patriarcado y el racismo. Según los indígenas, existen historias de personas que dicen haberlo visto andando entre las sierras, las orquídeas y la neblina, cruzando los caminos por donde lo ven las mujeres que se levantan antes que todos a tomarse el café de la madrugada.Lempira se irá cuando los pueblos dejen de luchar, pero si del Copinh depende no va a dejar de estar entre nosotras y nosotros. Somos sangre de Lempira.Los nuevos colonizadores“Echarles carrera fue lo que hizo Lempira - aseguran en la asamblea-, echarles carrera a los colonizadores que vinieron desde Europa a robar y a matar, a imponer sus ideas, su idioma y sus creencias. Eso es lo que toca hacer con los nuevos colonizadores que son las transnacionales que intentan controlar y explotar el agua, los bosques, el maicito, las playas, y las y los habitantes de esas tierras. Hacerlo con organización, con reflexiones y con acciones colectivas directos. Con la seguridad de que las leyes pueden estar en nuestra contra, pero no la legitimidad de nuestras utopías”.De su lado, Tomás Membreño, consideró que el Plan de Nación gubernamental, emprendido desde el Poder Ejecutivo, tiene severos efectos en las comunidades, especialmente con la aprobación de los megaproyectos y la mal llamada “economía verde que ahora andan proponiendo los capitalista en todo el mundo”, por lo que “los pueblos están enfrentando esta realidad global también de manera global”.Finalmente, Roberto Barra coincide sobre como estas realidades se relacionan con los tratados de libre comercio, las transnacionales, los megaproyectos mineros, de represas, y la importancia de rescatar una perspectiva para Honduras y el pueblo Lenca.El feroz neoliberalismoAfirmó, que este se trata de un proceso “recolonización en el país, como parte del feroz neoliberalismo, más agresiva que la que tuvo que enfrentar Lempira y por lo tanto una gran vulnerabilidad de los derechos humanos, aunado a la escalada de violencia que tienede a crecer en los próximos años”.Señaló que “el movimiento de la resistencia está replegado después de la efervescencia frente a la lucha contra el golpismo, y la efervescencia electoral ha servido para que las leyes más agresivas sean aprobadas y el movimiento social en la dimensión posterior al golpe de estado se ha desmovilizado. Planteó algunos escenarios sobre la política electoral y los movimientos sociales y sólo en la organización se puede enfrentar estas realidades desde el pueblo”.“Copinh es una organización indígena formada por las comunidades pobres del pueblo lenca que no depende de ningún partido y que su lucha desde hace 20 años va más allá de las coyunturas electorales, la prioridad de la organización es seguir en la defensa de los bienes de la naturaleza, continuar la lucha por los títulos comunitarios, la defensa de la territorialidad, cultura, soberanías, por la refundación y las necesidades de la población, seguir con la lucha antipatriarcal”, sostuvieron.La organización plantea que no renunciará a sus luchas históricas y a la refundación del país que se hará con la construcción del poder indígena, negro, mestizo, feminista, de la diversidad sexual, de la juventud desde abajo, con toda la creatividad y esperanza que en este tiempo se necesita. La jornada concluyó con una caminata desde el centro Utopía hasta la Escuela Normal de Occidente, donde se hizo un homenaje a Nestor Ovidio Zúniga, luchador, pintor y poeta.
Panama:Los Gunas defienden su autonomía ante las armas de Panamá
25 de julio 2012
Por Laura Avellaneda
Otra América
Casi podría decirse que todo empezó de forma inocente. Era enero de 2011 y en las aguas de la comarca Gunayala+, al noreste de la ciudad de Panamá, apareció una lancha volteada que llevaba tanto tiempo a la deriva que en el casco había conchas adheridas Quienes la habían hallado eran indígenas gunas. Estaban en sus labores de pesca habituales y, al avisar a las autoridades policiales -en Gunayala el territorio es vigilado por miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el nuevo brazo militar de la Policía Nacional-, los policías les dijeron: “Ayúdennos a voltearla”.
Los indígenas se negaron. “Si la quieren, voltéenla ustedes”, fue la respuesta.
La patrullera del Senafront se fue y los indígenas tomaron la lancha y la arrastraron hasta la comunidad de Cartí Tupile. Allí estuvo, durante varias semanas. La norma guna indica que transcurridos seis meses, los bienes encontrados en el mar que no son reclamados pertenecen a la comunidad. Así que, cuando los habitantes de Cartí Tupile le pidieron al Personero Comarcal que querían quedarse con la lancha, la petición les fue aprobada.
Los habitantes de Cartí Tupile se dedicaron entonces a limpiarla, a repararla y a pintarla. Sin que lo supieran, Senafront había abierto un proceso legal en una fiscalía de Colón -provincia vecina de la comarca- para reclamar la lancha que, según la entidad, era producto de un proceso vinculado con el narcotráfico.
Cuando el bote estuvo listo para darle uso otra vez, varios hombres vestidos con uniformes de camuflaje desembarcaron en Cartí Tupile y empezaron a dispersarse por toda la comunidad. Iban con armas gruesas, acompañados por personal de la fiscalía de Colón y de la oficina de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Dicen que los niños, que todavía estaban en la escuela, se asustaron cuando vieron tanto soldado entrar. La maestra -no indígena- contó días después que pensó que había comenzado una guerra porque los policías hasta se arrastraron por la arena.
Era 10 de julio de 2012 y la comunidad en pleno llegó hasta la casa del Congreso Local para discutir allí, con las “visitas”, lo que estaba pasando.
Gunayala, el narcotráfico y el poder
Las aguas de la comarca son una de las varias rutas que el narcotráfico usa para trasladar droga desde los países productores hasta su principal mercado, Estados Unidos. En octubre de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública -bajo el cual se encuentra el Senafront- inauguró la “Base de Operaciones del Caribe Oriental” en Puerto Obaldía, limítrofe con Colombia.
Desde allí realizan sus operaciones de vigilancia por toda la región comarcal, y la población civil ha empezado a incomodarse. Como dice uno de los abogados del Congreso General Guna (CGG), Atencio López, “es una militarización lo que hay en Gunayala”, una militarización que no solo perturba a los gunas sino a los turistas que llegan a la comarca con la promesa de playas blancas, arena limpia y paz.
Cuando el 10 de julio la comunidad de Cartí Tupile estaba reunida en la casa del Congreso Local tras la irrupción de Senafront, el subcomisionado Luis Trejos pidió a los saglas que entregaran el bote. Los saglas se negaron. Dijeron que ya habían pasado más de seis meses y que nadie lo habia reclamado.
Una funcionaria de la fiscalía tomó la palabra y les advirtió que, de no devolverlo, serían acusados de obstruir la justicia. La amenaza, claro está, cayó mal. “No la devolvimos porque Senafront quería llevársela a la fuerza”, explica López.
El intercambio de palabras se hizo bajo la mirada atenta de varios periodistas de medios impresos y televisivos de la capital que, invitados y llevados por Senafront, llegaron hasta Cartí Tupile para “corroborar que, en efecto, no querían entregar la lancha”. “Están pasando cosas que los medios no saben”, dice López.
El 11 de julio pasado, tras el incidente, Trejos denunció que unos motores que la comunidad de Digir había devuelto a finales de junio no tenían baterías, brújula ni llaves. El director encargado del Senafront, Alfredo Calleja, agregó que saglas de diferentes comunidades “se quedan con lanchas abandonadas en alta mar por grupos de narcotraficantesy luego las renegocian con estos”, según reportó el diario La Prensa.
El 17 de julio, el CGG emitió un comunicad en el que establece que “es extremadamente grave la imagen negativa que las mismas autoridades nacionales están creando respecto a la Comarca Gunayala, que varios medios la han catalogado como un 'santuario de narcotráfico'”.“Pareciera que los gobiernos de América están organizados contra los pueblos indígenas”
En el comunicado se denuncia además que “Senafront realiza las maniobras militares con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos... sin el consentimiento previo libre e informado de nuestras autoridades, desconociendo así a las autoridades del CGG”.
El Senafront, vale decirlo, pidió desde hace más de un año la autorizacón del Congreso General para abrir dos bases de vigilancia más, en el centro y occidente de la comarca. El Congreso, hasta ahora, no ha dado la aprobación.
La opinión general en Panamá es que los indígenas -ya sean ngäbes, buglés, nasos o gunas- quieren gobernar sus territorios como si se tratara de un país independiente. De hecho, un miembro del Senafront dijo en televisión que, hasta donde él entendía, Panamá era desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, reforzando la idea de que las autoridades gunas no pueden pretender que la ley sea diferente en la comarca.
Blass López, secretario del CGG, declaró a La Estrella de Panamá que el problema es que el conflicto se ha creado porque Senafront está entrando a las comunidades y realizando acciones “sin los debidos permisos”.
El viceministro de Gobierno, Javier Tejeira, comentó ese mismo 10 de julio algo que tal vez resume mejor que nada el pensamiento del gobierno: “Ayudarles a conservar sus tradiciones no significa que no deban someterse a la autoridad nacional, y en este caso la autoridad se ejerce con las armas porque hay delitos graves, secuestros y muertes”.
Pero el abogado Héctor Huertas, también en declaraciones a La Estrella, enfatizó que “en nuestras comunidades no hay secuestros, tampoco hay muertes violentas”.
López, mientras tanto, no disimula su indignación. “Pareciera que los gobiernos de América están organizados contra los pueblos indígenas”, refiriéndose a los problemas en el Cauca colombiano o en el Cherán mexicano. “Tenemos miedo porque las balas no tienen ojos”, puntualiza
Minga Informativa de Movimientos Sociales Por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio
Declaración del III Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Los delegados y delegadas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), asistentes al III Congreso Ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), reafirmando nuestra identidad como hijos de la Madre Tierra, frente al extractivismo neoliberal, la criminalización y la militarización, en defensa de la vida, en ejercicio de nuestra libre determinación y por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el Buen Vivir.CONSIDERANDO: Que durante quinientos años los pueblos indígenas del Abya Yala fuimos reprimidos, invisibilizados, excluidos, por políticas de exterminio o de asimilación implementadas la Colonia y luego por los Estados uninacionales y monoculturales creados sin nosotros y contra nosotros. Pero hoy nos visibilizamos, pasamos de la resistencia a la propuesta, nos articulamos, somos actores políticos y ya nada puede hacerse sin tomarnos en cuenta. Que en la Región Andina y todo el continente, los Estados, sean abiertamente neoliberales, “alternativos” o “progresistas”, persisten en la aplicación de un modelo neoliberal extractivista, que vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, saquea los bienes naturales y depreda la Madre Tierra, renunciando a la soberanía nacional a través de políticas de promoción de inversiones, tratados de libre comercio, megaproyectos e intervenciones militares directas (bases militares) e indirectas (asesores extranjeros), vulnerando los derechos humanos y colectivos. Que producto de esa vulneración de derechos por el neoliberalismo extractivista se multiplican los conflictos sociales en toda la Región Andina, frente a los cuales los Estados responden con la criminalización del ejercicio de derechos, estigmatización de nuestras organizaciones indígenas, persecución policial y judicial a nuestros líderes, autoridades y dirigentes, declaratorias de estados de excepción y militarización de nuestros territorios, cooptación de dirigentes y división de nuestras organizaciones a través de la creación de entidades paralelas. Que la Región Andina y el Abya Yala, por su diversidad bilógica y cultural única en el planeta, se configuran así en el centro de las disputas por los bienes naturales, en el marco de una crisis global –climática, económica, financiera, política, de paradigmas, etc. – frente a la cual los Estados y los organismos internacionales plantean la profundización del neoliberalismo, pretendiendo resolver las crisis profundizando el modelo que las causa. Y desde los pueblos indígenas debatimos, construimos y proponemos cambios a este modelo inviable para el mundo. RESOLVEMOS: 1. Continuar en el fortalecimiento de nuestras organizaciones y de su articulación regional, continental y global, a través de procesos de intercambio de experiencias, construcción colectiva de propuestas e incidencia conjunta en los espacios internacionales de defensa de nuestros derechos y construcción de políticas públicas. Trabajar por el fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres y los jóvenes indígenas. 2. Ejercer desde nuestras comunidades nuestro derecho a la libre determinación sobre nuestros territorios, bienes naturales, modelo económico y político propio, democracia comunitaria, Derecho Propio o Derecho Mayor y consulta y consentimiento previo, libre e informado de toda medida o proyecto que nos afecte real y potencialmente. 3. Exigir y lograr nuestra legítima representatividad en espacios nacionales, regionales y continentales y globales de discusión (Comunidad Andina, UNASUR, OEA, ONU y otros), reforzando nuestras acciones de diplomacia indígena y participación en escenarios internacionales con voz propia. 4. Frente al saqueo de los bienes naturales, la depredación y la contaminación de la naturaleza, persistir en nuestras acciones por el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la deuda histórica con nuestros pueblos y la justicia climática. 5. Desarrollar acciones conjuntas contra la criminalización del ejercicio de nuestros derechos y la militarización de nuestros territorios, con investigaciones, informes y denuncias ante espacios internacionales, fortaleciendo para ello nuestro Observatorio Jurídico, nuestros procesos de capacitación y formación, la ampliación y consolidación de nuestras alianzas con los movimientos indígenas y sociales de la región, el continente y el mundo.6. Fortalecer políticas de incidencia y comunicación como un derecho de los pueblos indígenas y una herramienta estratégica, afianzando la articulación de nuestras propias redes de comunicación y con las redes de comunicación alternativa, desde la visión política y programática de nuestros pueblos y organizaciones.
7. Desarrollar acciones e implementar el Buen Vivir en políticas públicas desde lo local a lo global, con participación de los pueblos indígenas. 8. Llamamos a los Estados a respetar el derecho a la vida, dado que en múltiples conflictos la fuerza pública sistemáticamente viene asesinando a dirigentes sociales e indígenas. Les exigimos abrir espacios para resolver los conflictos sin derramamiento de sangre. 9. Organizar la V Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala en el 2013, en Colombia, tejiendo la agenda desde los pueblos indígenas del Abya Yala y plantear propuestas y políticas a la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas del 2014. 10. CON TODAS ESTAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS, AVANZAR HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA CIVILIZATORIO SUSTENTADO EN EL BUEN VIVIR, CON PLENO EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS, RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y ESTADOS PLURINACIONALES QUE EXPRESEN NUESTRA DIVERSIDAD. 11. Expresar nuestra solidaridad con: - La resistencia de los pueblos indígenas del Cauca que sufren la intromisión del conflicto armado en sus territorios, exigiendo la salida de todos los actores armados. Nos sumamos a la campaña en defensa de los pueblos indígenas colombianos en peligro de extinción física y cultural y llamamos a una salida pacífica al conflicto armado en Colombia. - La resistencia de los pueblos indígenas de Cajamarca, Cusco, Ancash y otros en el Perú, contra la imposición de la minería en sus territorios; demandando la libertad, corte de juicios y cese de la persecución contra los dirigentes, líderes y autoridades indígenas. - La lucha de los pueblos indígenas ecuatorianos y sus organizaciones por la construcción de un real Estado Plurinacional, contra la estigmatización de sus organizaciones y la judicialización de sus líderes y autoridades. - La defensa de los bienes naturales por los pueblos indígenas bolivianos y sus organizaciones, la defensa de la intangibilidad del TIPNIS y contra todo intento de divisionismo y cooptación de las organizaciones indígenas bolivianas. Cundinamarca, 17 de julio del 2012, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kiwcha del Ecuador – ECUARUNARI Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ
Colombia:
La minería a cielo abierto cubre con su manto al departamento del Quindío
por Jhon Jairo Salinas. Kaos en la Red
22 de Julio de 2012
La avaricia por el oro, desde la llegada de los invasores europeos, hace que esta tierra, originaria de los indígenas, Quindos, Pijaos, y Quimbayas, tres culturas que hicieron de nuestro territorio una resistencia por la vida, sufra una arremetida por el saqueo. La avaricia por el oro, desde la llegada de los invasores europeos, hace que esta tierra, originaria de los indígenas, Quindos, Pijaos, y Quimbayas, tres culturas que hicieron de nuestro territorio una resistencia por la vida, sufra una arremetida por el saqueo y expoliación de nuestros recursos minerales.La abundancia de esas riquezas minerales hace que las multinacionales europeas y norteamericanas, quinientos veinte años después, sigan buscando el oro que nuestros antepasados dejaron enterrado en las entrañas de estas tierras.A finales del siglo XIX, con la famosa colonización antioqueña, los colonizadores provenientes de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, hicieron de estos parajes pertenecientes al antiguo Cauca, hoy Eje Cafetero, departamentos prósperos y ricos producto, en un principio, de la guaquería (la profanación de las ricas tumbas indígenas), modalidad económica impuesta por quienes años más tarde se hicieron ricos y potentados, gracias a dicha “colonización” y luego por el desarrollo de la agricultura en los valles del río la Vieja, Quindío y santo Domingo. En esa historia de colonización, una empresa se impuso contra los descuajadores de selva a punta de hacha y machete y se granjeo una gran fortuna: “El derecho a estas tierras se fundaba en una cédula real de 1641. En documentos del siglo XVIII se le establecen unos límites que iban ni más ni menos que desde el río Cauca hasta la cresta de la cordillera Central. Para la segunda mitad del siglo XIX, Burila se convirtió en una empresa, con accionistas que llegaron a incluir personajes y entidades de gran talla como Rafael Reyes, Manuel Antonio Sanclemente, Eliseo Payán, Eustaquio Palacios, las familias Caicedo, Carvajal, Pombo y Domínguez y los bancos del Cauca e Industrial de Manizales. La empresa Burila trató -con relativo éxito de impedir la colonización masiva de sus tierras, lo que llevó a prolongados pleitos que continuaron hasta los primeros decenios del siglo XX.[1]. Las tierras del municipio de Zarzal, así como las de Caicedonia y Sevilla, incluso las que hoy pertenecen a los municipios quindianos de Armenia, Calarcá, Pijao y Génova, hicieron parte de una enorme concesión que se conoció como Burila”.En esos prolongados pleitos participó José María "el tigrero". La empresa Burila se aprovechó del oro y de las riquezas de la naturaleza que la gente extrajo para su sobrevivencia, hasta que su dominación culminó. En el Quindío, con una extensión territorial de 1.800 kilómetros cuadrados, equivalentes aproximadamente a 193 mil hectáreas, 95 mil de ellas se encuentran en concesión minera hoy. En esta región ya se otorgaron 82 contratos de concesión y existen 133 solicitudes más por parte de multinacionales dispuestas a explotar y explorar yacimientos no sólo de oro, sino también de plata, platino, molibdeno, zinc, cobre e hidrocarburos.En los doce municipios del Quindío, excepto Tebaida, Circacia, Filandia, casi el 70% del departamento, incluyendo las áreas que se encuentran dentro de la reserva forestal central de Colombia, están enajenadas por las multinacionales.En el municipio cordillerano de Pijao, todo su territorio está concesionado por las multinacionales Anglo Gold Ashanti, Oro Barracuda, Cerro Matoso.Rafael Herz presidente de la Anglo Gold dijo, (…) Para el 2019 extraeremos el primer gramo de oro de la mina La Colosa Cajamarca, Tolima, cuyas expectativas de volumen a explotar se habrían duplicado en un estimado de 12 millones de onzas de oro, a 24 millones de onzas (…)”2“El ejecutivo aprovechó su intervención, en el mismo congreso, para solicitarle a las autoridades ambientales y al gobierno para que faciliten las labores de exploración realizadas en el departamento del Tolima, en una zona cercana al Quindío, y en las que la compañía habría invertido a la fecha cerca de 250 millones de dólares, mientras que los planes a futuro se acercarían a 100 millones de dólares anuales más, por tres años contando a partir del presente.”[3]El cinismo de Herz, y los daños ambientales se proyectan claramente. Se calcula que en el proceso de extracción de oro, específicamente para 50 mil toneladas diarias de roca, se utilizarán 2 millones de litros de agua por hora. Esto equivale al agua que consume una persona en 35 años de vida. Uno de los impactos en la vida y la naturaleza es que el 40% del agua usada en minería se evapora y se dispersa convirtiéndose en lluvias ácidas, atentando contra la salud de quienes habitan alrededor de estos esperpentos de desarrollo minero. Según las nefastas experiencias mundiales, la minería a cielo abierto y el uso indiscriminado de cianuro y mercurio, aumenta la incidencia de cáncer pulmonar, vejiga y leucemia. Además, incrementando las enfermedades respiratorias, renales, reproductivas (deformación del feto), dérmicas, intestinales y visuales.En las áreas a explotar, en el Quindío, se hallan importantes especies de fauna y flora, entre ellas el perico paramuno, el oso de anteojos, la danta de páramo, el puma, el cuzumbo, el pájaro barranquero, el loro orejiamarillo; la estación biológica estrella de agua, el Parque Natural de los Nevados, el Valle de Cócora, y nuestro árbol insigne nacional, la palma de cera del Quindío. No sobra recordar que el departamento es uno de los más ricos de Colombia en recursos hídricos y que gran parte de sus reservas hídricas se afectarán con la locomotora minera.La declaración de “Paisaje cultural cafetero”, del eje cafetero, como patrimonio de la humanidad por parte de las Naciones Unidas, lo que hace es resaltar la mistura natural de nuestras cascadas, ríos, montañas con nuestro café, plátano y la gran cantidad de cítricos (naranjas, mandarinas, limones), hacen que se conjuguen en una mezcla de colores, dejando como resultado la obra pictórica natural de nuestra región reconocida por la resolución de ese ente internacional. ( El PCC está conformado por zonas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, y norte de Valle del Cauca. Incluye áreas urbanas y rurales de 47 municipios localizados en estos 4 departamentos, en un territorio de más de 141 mil hectáreas en el área principal y 207 mil en àreas de amortiguamiento, albergando a una población de alrededor de 595 mil habitantes, así:El pasado 25 de junio el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscribió el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y productivo único que representa una tradición que representa un símbolo poderoso tanto a nivel nacional como para otras zonoas cafeteras del mundo. Puede ver comunicado de la UNESCO.Gigantescas canteras a cielo abierto se instalarán en la tierra del cacique Karlaká (Tolima y Quindío), las cuales destruirían inmediatamente el hábitat natural y biodiverso de la región y se acelerará la extinción de un patrimonio natural de la humanidad.Además, este tipo de mega-proyectos mineros atentan contra la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro entorno, donde nuestros campesinos abandonan la vocación agrícola para convertirse en mineros. En el Quindío del 100% de verduras y legumbres que consumen sus 600 mil habitantes el 90%, hasta hace 5 años, provenían de Cajamarca, Tolima. Municipio en el cual está ubicada la mina la Colosa.Por todos estos argumentos es importante que se abra un debate a nivel regional que permita que los ciudadanos de la zona afectada sea quienes decidan qué modelo de desarrollo debe implementarse con miras al desarrollo, pues hasta hace veinte años el Quindío tenía sustentando su modelo de desarrollo en la caficultura; hace diez años se enfatizó sobre el desarrollo turístico; hace cinco años permitió la reconfiguración de la propiedad de la tierra e incentivó la ganadería.Teniendo en cuenta que según el informe del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2011), el departamento del Quindío pasó de tener 62 mil hectáreas de café hasta hace dos décadas, a tener a la fecha sembradas 32 mil hectáreas, en los últimos años. Según este mismo informe se sembraron 52 mil hectáreas en pasto para ganadería y, en un titular del diario La Crónica del Quindío, se anuncio ¡Quindío nuevo departamento ganadero!, ¿será que ahora, con el 70% de su territorio entregado en concesión minera nos convertiremos en modelo de desarrollo minero?El 5 de agosto del 2011, en el centro de convenciones de Armenia, con una asistencia de cien organizaciones sociales, al igual que con la movilización efectuada en el municipio de Pijao, el 5 de junio del 2012, un sin número de ciudadanos quindianos, acompañados por las máximas autoridades departamentales, incluyendo la gobernación y Defensoría del Pueblo. Le planteamos a las autoridades nacionales que amamos la vida, defendemos el agua, y nos convertimos en custodios de nuestras montañas. Para que ellas no vayan a descargar su ira contra quienes habitamos alrededor de la “pacha mama” y del gran volcán Machín que supura su lava cada ochocientos años y se apresta a cumplir ese ciclo en poco tiempoDesde la Alianza Quindiana Contra la Megamineria, como sociedad civil ponemos a consideración ocho propuestas para avanzar en la consolidación de la defensa de nuestro territorio: Llamar a todos los Quindianos a una GRAN CONSULTA POPULAR sobre el establecimiento de la minería a gran escala en esta región. La construcción de esta propuesta debe hacerse con todos los habitantes del departamento, tanto en la zona rural como en la urbana, al ser un tipo de emprendimiento que cambiaría para siempre nuestra vocación agrícola y nuestro modo de vida campesino y de pequeña ciudad. Impulsar la creación de las zonas de reserva campesina en el departamento del Quindío, estas áreas se constituirían en zonas de manejo por parte del campesinado, comunidades negras e indígenas quienes deben participar en su diagnóstico, la definición de las estrategias y políticas para su manejo, y, por supuesto, en la dirección ejecutiva y de control de lo acordado; serían estas comunidades las responsables de su administración, producción y sostenimiento.La agroecología como estrategia de producción, consigue no sólo un mejor manejo y uso de los suelos, logra recuperar nuestra Soberanía Alimentaria, ésta es para nosotros como alianza, la mejor alternativa ante el saqueo y ante la desertización que la minería a gran escala nos dejaría. Es inaceptable que en Colombia se tengan que importar anualmente 7.5 millones de toneladas de productos del agro, cuando tenemos más de 51 millones de hectáreas abiertas, 10 millones aptas para la agricultura, muy mal repartidas y pésimamente aprovechadas, pues solamente 4.5 millones de hectáreas están cultivadas. Anular, derogar definitivamente el actual código minero de Colombia y crear La Comisión Nacional de Energía, con participación no sólo del Estado; sino también de los trabajadores del sector minero, representantes y organizaciones civiles de las regiones, organizaciones ambientalistas, etc. Esta Comisión, planificará la política energética, el aprovechamiento de los recursos minerales y el manejo eficiente y transparente de las regalías para las regiones, el respeto a la biodiversidad y al ambiente. Así se asegura la prosperidad y la verdadera participación de todos en los grandes proyectos productivos que se adelantan en Colombia. Renombrar las zonas de reserva natural y/o forestal en el departamento del Quindío. Los páramos, los bosques de niebla, los senderos ecológicos, los nacimientos acuíferos, los humedales, las zonas de reserva, etc. Deben ser áreas sagradas, orientadas hacia la formación ambiental y la conservación de los recursos naturales.En el departamento del Quindío, la Corporación Autónoma Regional (CRQ) ha conformado más de 5 áreas de protección y manejo, un promedio de 9.096 hectáreas, y no se tiene claro que ocurrirá con estas zonas de manejo especial ante el emplazamiento de grandes mega-proyectos en el departamento del Quindío. Evaluar y organizar las funciones de la CRQ como entidad comprometida con el manejo de los recursos naturales del departamento, de una forma eficaz, responsable y transparente. En esta reorganización de la Corporación Autónoma, se debe contar con el factor ciudadano como ente fiscal y veedor del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Corporación en cuanto al manejo de los capitales naturales en el Quindío.Debe asegurarse y respetarse la función de la CRQ, como ente autónomo en la región, no como garante de intereses económicos de las multinacionales o de los consorcios extractivos nacionales. Nacionalizar las empresas de hidrocarburos del país. La exploración, explotación y venta de los recursos minerales debe hacerse por y desde Colombia, generando con ello el verdadero desarrollo que este tipo de industria promete para las regiones. La inversión de capital extranjero debe limitarse a porcentajes mínimos o asesorías tecnológicas que en el ramo de la minería se han desarrollado e implementado mejor en otros países del mundo como Canadá, Japón, Inglaterra, etc. De esta forma impulsamos y dirigimos mejor nuestra propia economía. Construir colectivamente unos nuevos conceptos de desarrollo humano, social y económico para todos aplicables a nuestra región, éstos deben orientarse más hacia el desarrollo humano y social de los territorios que hacía la modernización de las ciudades y la expansión irresponsable de las empresas extractivas en el departamento, lo cual deja de lado la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas de pobreza, desempleo, drogadicción e inseguridad que afectan la región. El ser humano, no el capital, debe constituirse en el eje del desarrollo para el país. Hay que pensar en una sociedad educada, atendida y con conciencia ciudadana. Impulsar la educación ambiental, la formación de conciencia ambientalista en todos los centros docentes del país. Si somos el segundo país con la más amplia biodiversidad del mundo, ¿Cómo es posible que no contemos con un Ministerio del medio Ambiente totalmente independiente, responsable del manejo de nuestros recursos naturales? En un país mega diverso como el nuestro la Educación Ambiental como cátedra debe aplicarse a modo de pilar en la creación de políticas que nos eduquen y nos guíen hacia la conciencia conservacionista que no hemos logrado despertar en todos nosotros. La ignorancia nos condena no solo a la violencia, sino al despilfarro, al hambre y a la miseria. La Alianza Quindiana contra la mega minería, lanza esta propuesta como alternativa a la invasión y al despojo que nos espera. Creemos firmemente que solo mediante la organización y la movilización social se pueden lograr los grandes cambios que esperamos hace muchos años y que éstos últimos gobiernos guerreristas no han podido o no han querido buscar. Tenemos todos los medios, los recursos y el conocimiento para generar verdadera prosperidad en nuestro país, sin que esto signifique sacrificar todo lo que poseemos y postrarnos ante los gigantes inversionistas que han puesto sus ojos en toda esa riqueza que no hemos sabido aprovechar, porque siempre la hemos visto como algo inmaterial, que no nos pertenece y que de algún modo se tiene que acabar. Merito justo a Adriana Quiroga, Manuel Colorado, Juan Carlos Rincón, que desde esta iniciativa popular han contribuido a la resistencia por la defensa de la vida Fuentes/citas; [1] Rosselli Cock, Diego Andrés: Zarzal, tierra de litigios. http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro132-zazal.htm¿El pueblo Garífuna, una isla de paz en un mar de violencia?julio 21, 2012 Publicado en: Política La ejecución de tres hermanos Garífunas en la comunidad de Triunfo de la Cruz, perpetrada ayer en horas de la noche, irrumpe la paz que hasta ahora hemos batallado por conservar, en un país que se sumió en una espiral de la violencia.OFRANEH *Honduras post golpe se ha convertido en una de las áreas más peligrosas del planeta, superando incluso a Kandahar, Afganistan. La putrefacción imperante entre las fuerzas de seguridad y el cada día mas visible narcoestado, son ingredientes del coctel de la muerte imperante en el país.La ejecución sumaria de nuestros hermanos ha dejado a la comunidad de Triunfo de la Cruz perpleja, ante la osadía de los asesinos los que portaban uniformes del cuerpo elite de la Policía Nacional. Estos actuaron con zaña, disparando sus armas de alto calibre a quemarropa, llegando al extremo que uno de los cadáveres exhibía mas de 25 impactos de bala.La enorme cantidad de armas que circulan en el país y la condescendencia existente con su porte, ha ayudado a fomentar a la cultura de la muerte, la cual incluso ha sido promovida por los medios de comunicación.La juventud Garífuna observa el colapso del país, siendo pocos los casos de inclusión de nuestra juventud en el fenómeno de las maras. No obstante la pregunta es hasta cuando lograremos mantenernos al margen de la violencia.En el actual carnaval electoral en que se ha sumido el país, bajo la mascara de una supuesta democracia, la mayoría de las problemáticas trascendentales de Honduras han quedado soterradas en el marco del pastel del poder, dejando a un lado tanto las acuciantes problemáticas sociales como la pústula de la violencia y la espiral irreversible en que nos hemos sumido.Un indispensable desarme general, ha sido soterrado tanto por los partidos políticos tradicionales como por los emergentes. Existen antecedentes de farsas de desarme, que no abonaron a procesos de pacificación, sino más bien engrosaron los arsenales del crimen organizado. El robo de armamentos de los arsenales del ejercito y la policía han fomentado la violencia a limites abominables.Nuestro pueblo es considerado en Honduras como timorato, ante la renuencia que demostramos a la violencia. Somos los herederos de los caribe-arawak, los que luchamos en las Antillas de forma persistente por nuestro territorio, sin embargo al radicarnos en Centroamérica hemos demostrado una tendencia al pacifismo, el que se ve amenazado por situaciones como la ejecución de nuestro hermanos de Triunfo de Triunfo de la Cruz.La indignación Garífuna en este momento, sirve para la reflexión, más que el habitual llamado a la violencia que impera en el país. Es la hora para que la elite de poder política-económica de un golpe de timón y reaccione ante la enorme ola de violencia que han permitido o instigado en Honduras.Condenamos enérgicamente este hecho violento, exigimos investigación y justicia en este crimen que ha enlutado a la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz y por ende a todo el pueblo Garifuna en general y al mismo solidarizamos con la familia de nuestros hermanos Vidal Cacho, Jimmy Colón Centeno y Pablo Castillo.Colombia:La batalla por el cerro de Las Torres
JOAQUÍN VILLALOBOS 19 JUL 2012
El País
La historia militar está llena de legendarias y sangrientas batallas por el control de colinas, cerros y edificaciones. Una altura debe defenderse ferozmente porque de esta puede depender la victoria o la derrota. Sin embargo los recientes sucesos en el cerro de las Torres de Toribío, en el departamento del Cauca, quizás sean un signo positivo sobre la evolución del conflicto colombiano. Las experimentadas tropas del Ejército fueron desalojadas por indígenas armados de palos y piedras. Luego, el cerro fue recuperado por policías del escuadrón móvil antidisturbios con gases lacrimógenos. Estamos acostumbrados a ver policías luchando contra protestas en ciudades, pero policías tomando a bastonazos un cerro de interés militar ocupado por civiles desarmados, no es común y menos si hay guerrilleros y militares en las vecindades. Si se olvida la historia, este hecho puede ser interpretado como algo grave, pero en un país de matanzas y violencia brutal, esto es especial y nuevo. La mezcla de intereses de pobladores civiles por vivir en paz, con los de las FARC por restablecer su dominio militar, más los del Estado por consolidar su autoridad, podrían estar abriendo una coyuntura con más características político-sociales que militares. Que los habitantes de estas comunidades se atrevan a movilizarse en una protesta bajo un entorno de guerra, es un indicador de pérdida del miedo y también una señal de progreso democrático. Sin duda una parte de ellos responden políticamente a las FARC, pero en tanto no estén armados son civiles con derecho a la protesta social; el uso proporcional de la fuerza y sobre todo el diálogo con ellos es lo democráticamente correcto. ¿Significa todo esto que la seguridad y la guerra en Colombia están empeorando? Por el contrario, significa que podría estar abriéndose una oportunidad para que el conflicto termine. La razón principal de la violencia ha sido la ausencia de Estado en la Colombia rural profunda. En la actualidad las FARC realizan la mayor parte de sus operaciones militares en territorios que controló durante décadas, es decir, que sus acciones son ahora estratégica y moralmente defensivas. Para el Estado establecerse en esa Colombia rural profunda es, en alguna medida, la última fase del conflicto. Esto implica retos que ya no son solo militares. La presencia del Estado debe adquirir sentido para los que siempre estuvieron olvidados, no importa sin son bases de la guerrilla. Pareciera estar cobrando fuerza una nueva situación en la que tanto el Estado como los guerrilleros necesitan disputarse mentes y corazones, y esa lucha es más eficaz sin balazos. La inédita batalla por el cerro de las Torres tiene un poco de eso.
Pronunciamiento frente a la profundización del conflicto armado en el Cauca
ONIC
Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC), frente a la profundización del conflicto armado en los territorios Indígenas del departamento del Cauca. Julio 18 de 2012La ONIC, expresa a lo opinión pública nacional e internacional:Que hace 21 años la sociedad colombiana realizó un pacto de organización civil y democrática, dando como producto la Constitución de 1991, en la que reconoce a los gobiernos indígenas como autoridades constitucionales en sus territorios. La misma disposición constitucional define que “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”. (Artículo 330 numeral 7). Que Según el derecho internacional y nacional de consulta previa y con base en la Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han definido los criterios de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional, aclarando que las acciones de intervención en los territorios indígenas que pongan en riesgo la pervivencia física y cultural deben ser debidamente consultados con los pueblos interesados. Que el recrudecimiento del conflicto armado colombiano y particularmente en el Norte del Cauca, ha llevado a que la población civil indígena se declare en resistencia pacífica frente al conflicto armado al exigir la desmilitarización plena e inmediata de los territorios colectivos, debido a que el fuego cruzado producto de la confrontación armada, viola los derechos humanos, infringe el DIH, y agudiza la situación de exterminio físico y cultural sobre los pueblos indígenas, tal como ha venido siendo señalado por la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009 y el informe del Relator Especial para las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de la ONU, James Anaya. Que las justas exigencias de los hermanos indígenas Nasa del Norte del Cauca, gozan de plena disposición legal y constitucional, y de una profunda fuente de legitimidad, debido que sus peticiones no están encaminadas a la segregación del Estado o a prácticas de separación; por el contrario, la autonomía indígena como derecho constitucional es una herramienta de cooperación de los pueblos indígenas a través de acciones civiles que contribuyen en la construcción de la paz y la armonía del Estado colombiano. Que los pueblos indígenas en distintas circunstancias hemos reiterado que somos víctimas de un conflicto que no es nuestro, pero del cual hemos sido históricamente víctimas, cuando las secuelas de la guerra afectan nuestras vidas de una forma desproporcional e inhumana. Que los pueblos indígenas de Colombia hemos rechazado de manera reiterada todos los actos de violencia provenientes de todos los actores armados. Que la presencia de los actores armados en nuestros territorios obedece a intereses geoeconómicos y geoestratégicos que atentan contra nuestra cultura y autonomía. Que estamos cansados de la guerra, de la permanente confrontación armada dentro de nuestros territorios el cual afecta a nuestros niños, mujeres y ancianos. Que al ser estigmatizados, discriminados y criminalizados, afecta el buen nombre del movimiento indígena colombiano. FUNDAMENTADOSEn la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que en su artículo 30, establece que NO se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado y en todo caso, los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. RECHAZAMOS: La presencia de actores armados en los territorios indígenas, colocando a la población civil en medio del fuego cruzado. Que se utilicen organizaciones paralelas no representativas de los pueblos y organizaciones indígenas de carácter local, regional o nacional, como la (OPIC) con la aquiescencia del gobierno para generar divisiones al interior del movimiento indígena y mal informar a la opinión pública.a estigmatización, discriminación y señalamientos que hacen algunos medios de comunicación, políticos y sectores abiertamente anti-indigenistas como el diario El Liberal de Popayán y que colocan en riesgo a las autoridades indígenas la guardia indígena y las comunidades que hoy rechazan la violencia en sus territorios. Los pronunciamientos del gobierno nacional en cabeza su Ministro de defensa que solo conllevan a incentivar la violencia contra los territorios y autoridades indígenas. EXIGIMOS: Al gobierno Nacional un debate público de cara a la comunidad nacional e internacional sobre la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de Colombia, en el marco de una iniciativa de paz entre el Estado y la Sociedad Civil. Que el Gobierno Nacional solicite de manera extraordinaria una visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y conozca de inmediato la crisis humanitaria que vive el pueblo Nasa en el Norte del Cauca y los demás pueblos indígenas de Colombia. A los actores del conflicto armado, particularmente a las Guerrillas de las FARC, para que respeten la vida y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. Al igual que exigir a la fuerza pública No utilizar la fuerza contra la población civil indígena, sin que antes se agote la vía del dialogo a través de una comisión nacional de organizaciones indígenas acompañada de los organismos de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas con presencia en Colombia y los organismos del Estado defensores de los Derechos Humanos. Convocar a la Mesa Nacional de Derechos Humanos a una sesión extraordinaria y ampliada de trabajo en el departamento del Cauca. Que la Corte Constitucional posibilite a las organizaciones indígenas del país, una Audiencia Extraordinaria que permita evaluar el estado de avance de los Planes de Salvaguarda Étnica y el Programa de Garantías en el marco del Auto 004. Convocamos a las organizaciones aliadas a la ONIC defensoras de los derechos humanos en los niveles regional, nacional e internacional a realizar un informe conjunto que pueda tenerse en cuenta durante la evaluación de Colombia en el Examen Periódico Universal de la ONU (EPU 2012). Instamos a la Guardia y a las autoridades indígenas no utilizar la fuerza en los procesos de resistencia. RESPONSABILIZAMOS Al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de las represalias que se puedan tomar contra la vida, la integridad física y la libertad de las autoridades indígenas y miembros de la guardia indígena en el Cauca y a nivel nacional, como consecuencia de los constantes señalamientos por parte del gobierno nacional y la fuerza pública. A las FARC, por poner a la población civil en medio de la confrontación armada, reclutando a menores de edad, cooptando la autonomía indígena y utilizando los territorios indígenas para la guerra. RESOLVEMOS Acompañar a los hermanos indígenas del Cauca y hacer de su lucha nuestra lucha, por la defensa de la autonomía, el territorio, la cultura y unidad de los pueblos indígenas de Colombia. Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC) Organización Nacional Indígena de Colombiawww.onic.org.coderechoshumanos@onic.org.co Consejería de Comunicaciones, Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC comunicaciones@onic.org.co19/7/2012
Cauca. El conflicto social y armado se soluciona por la vía política: el guerrerismo fracasó
x Marcha Patriótica
El presidente Juan Manuel Santos en su discurso de posesión anuncio estar dispuesto a abrir la puerta de la paz, pero durante estos dos años de período presidencial no ha hecho otra cosa que mantener la estrategia de guerra. En contraste, las organizaciones sociales y populares que confluyen en distintas plataformas de unidad como la Marcha Patriótica, hemos alzado la bandera de la solución política al grave conflicto que vivimos los colombianos y de forma terca Santos permite que siga el desangre.
Lo que estamos viviendo en el departamento del Cauca es la manifestación de una bomba de tiempo provocada por la testaruda política de Guerra de los distintos gobernantes. Desde años atrás hemos advertido el cansancio por una guerra hecha por las fuerzas militares a nombre nuestro, supuestamente por nuestra seguridad, cuando es la misma política militar la que nos produce mayor inseguridad, siendo puerta de entrada a las políticas económicas y sociales que garantizan el despojo de nuestros territorios campesinos, indios y negros, llevándonos como desplazados a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades.
Como en otras zonas de la geografía colombiana, los sectores sociales y populares del Cauca se encuentran hartos de protestar y hacer llamados al gobierno nacional para que se siente a dialogar, como primer responsable ante la Constitución Política y los tratados internacionales de garantizar el derecho fundamental a la paz. Ante este llamado democrático la respuesta son los oídos sordos del mandatario y más violencia, por lo que de manera legítima y amparados en la misma Constitución, las comunidades caucanas exigen su derecho a la paz y han decido expulsar de sus territorios a quien provoca la confrontación armada.
Hacemos evidente una vez más que existe la tendencia a generalizar en todo el territorio nacional estas acciones de paz, ya que las gentes del común, quienes vivimos a diario el conflicto, sabemos y hemos asumido que la responsabilidad de la paz está en nuestras manos, por lo que haremos lo necesario para marchar hacia la solución política del conflicto. Si el gobierno nacional no entiende la exigencia de diálogo político para resolver el conflicto hecho desde las comunidades locales, articuladas en lo nacional en el movimiento político y social, tendrá que dar un paso al costado y permitir que un nuevo gobierno popular y democrático cumpla con el llamado que hacemos desde el campo de lo popular y lo alternativo. Presidente Santos: su guerra fracasó.
Quienes instigan la guerra lo hacen desde clubes sociales, casinos militares, palacios de gobierno y estudios de grabación de grandes medios de comunicación. Ninguno de ellos va al campo de batalla; desde lejos ven y dirigen la guerra, promoviéndola desde lejos para mantener los privilegios económicos y sociales que les da su posición dominante.
Se equivoca una vez más el gobierno nacional al criminalizar y reprimir estas acciones de paz de las gentes del común. Rechazamos y demandamos al gobierno por su responsabilidad política y jurídica por los campesinos e indígenas asesinados y heridos en las acciones adelantadas el día de hoy en el Departamento. Si el gobierno aún no se siente con la capacidad para superar la guerra y avanzar en un proceso de paz, le demandamos aceptar el retiro de las estaciones y tropas militares de los centros poblados, sus bienes protegidos y de la misma población civil, lo que por Constitución está obligado a cumplir, estipulado además en el Derecho Internacional Humanitario.
Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas del Cauca son ejemplo digno de constructores de paz, como muchos en otros lugares del país; consideramos que la paz es nuestro objetivo y por lo tanto somos parte integrante de su búsqueda.
El nivel de organización y de conciencia de las comunidades caucanas es conocido por toda la opinión pública. Lo que estamos encontrando en esta zona del país son proyectos sociales y políticos construidos desde la base de la sociedad que buscan el reconocimiento étnico, social, económico, político y cultural, a evidenciarse en el derecho concreto a la paz con justicia social. Con estos proyectos nos contraponemos a las aspiraciones guerreristas que hoy se materializan en los planes de consolidación militar.
Viendo el avance del caminar de la palabra en la Minga Social y Popular y la construcción de la Segunda Independencia de la Marcha Patriótica, saludamos a la Minga por la Paz, resaltando que nos une nuestro anhelo a la paz con justicia social. Es la hora del cambio, es la hora de los movimientos sociales, es la hora de la unidad, de estar juntos en Minga y en Marcha por la paz y la solución política.
Toda la Marcha Patriótica se solidariza con la resistencia indígena, campesina y negra en el Cauca, en especial las resistencia contra la guerra en Caloto, Miranda, Toribío, Jámbalo, Caldono y Argelia. Somos parte de esta lucha, no somos ajenos al Cauca, porque en el Cauca también estamos en Marcha; consideramos que no habrá paz en Colombia sin paz en el Cauca y para ello el “Diálogo es la Ruta”. La vía de la solución política es la única garantía para lograr paz efectiva y duradera, ya que se trata de resolver los graves problemas económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que dan origen y continuidad a la confrontación armada. La lucha que hoy vemos en el Cauca es una lucha por la paz.
Llamamos al pueblo en Marcha, a estar alerta y a continuar con las actividades programadas; la coyuntura política que se provoca a raíz de la acción por la paz en el Cauca ambienta nuestra legitimidad en los pasos fuertes y seguros organizativos que estamos dando, como lo son la Constitución de los Consejos Patriótico Departamentales en el marco de la conmemoración del grito de la independencia este 20 de julio. Invitamos a todos y todas a levantar pancartas y mensajes los días de las manifestaciones públicas de nuestro Movimiento llamando una vez más a la solución política y en solidaridad efectiva con nuestros hermanos Caucanos.
18 de Julio de 2012
OCMAL
Comunidades indígenas en el suroeste andino de Bolivia ocuparon de manera pacífica una mina privada de cerusita de capitales brasileños, alegando falta de apoyo de la compañía al desarrollo local.
"Son más de 100 años que nosotros hemos dejado explotar, hemos solicitado que por lo menos limpien nuestros caminos, lo que no han cumplido; que nos ayuden en educación y no nos han hecho caso", afirmó el corregidor del sindicato campesino de la zona, Eleuterio Pacheco, entrevistado por la radio privad Erbol. Los indígenas ocuparon la mina Cerusita Andina Limitada (CA Ltda) en la comunidad de Suk'awaña, en el departamento andino de Potosí, en la misma zona cuyos habitantes consiguieron la semana pasada un compromiso del presidente Evo Morales para revertir la concesión minera de la canadiense South American Silver.
"Nos hemos enterado de lo sucedido, pero estamos confirmando los datos de nuestros trabajadores", informó a la AFP el gerente de operaciones de CA Ltda, Carlos Villegas, quien acotó que "los trabajadores estaban en resguardo" del centro minero.
"Tenemos una concesión desde 2004, pero aún vamos a evaluar la situación, no hay confirmación oficial", aseguró el ejecutivo minero, quien manifestó que se temía un desenlace de este tipo, pues "somos colindantes de Mallku Khota", la filial en Bolivia de South American Silver.
La cerusita es un mineral consistente en carbonato de plomo que se usa en pinturas a base de plomo.El gobierno boliviano tomó en los últimos 20 días decisiones que afectan a dos empresas con capitales extranjeros: la de estaño de Sinchi Wayra, de la suiza Glencore, a la que le revocó la concesión, y la de plata e indio de Mallku Khota, de la canadiense South American Silver, cuya concesión está en proceso de retirarse.
El presidente izquierdista Morales nacionalizó, desde que llegó al poder en enero de 2006, empresas de gas, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, hidroeléctricas y fundidoras de mineral.
18 de julio 2012
Colombia:
TORIBÍO, Colombia (AFP). La policía antimotines desalojó en la madrugada de este miércoles a los indígenas que habían ocupado un puesto militar ubicado cerca del pueblo de Toribío, suroeste de Colombia, informó a la AFP el coronel Ricardo Alarcón, comandante de la policía de la región.
"A las 5.30 locales (10.30 GMT) retomamos el control. Se presentó resistencia (por parte de los indígenas), hubo escaramuzas, pero entre los policías no hay heridos", dijo Alarcón. El comandante de la policía del departamento de Cauca (suroeste), donde se ubica Toribío, aseguró que la base del cerro El Berlín ya está ocupada nuevamente por policías y militares.De lado de los indígenas hubo "entre cuatro o cinco heridos, un detenido y una persona que se encuentra desaparecida", indicó a la AFP Carlos Andrés Alfonso, representante de la Asociación de cabildos indígenas de la región. Cerca de 500 indígenas Nasa (paeces) se mantienen en la zona de la base "y esperamos que se movilicen más personas, porque no nos vamos a dejar intimidar", añadió Alfonso, quien a la vez expresó su esperanza de que "el gobierno se abra al diálogo".El presidente Juan Manuel Santos anunció que viajará este miércoles a la región del Cauca y señaló en un mensaje de su cuenta Twitter que "el ministro del interior (Federico Renjifo) está autorizado para abrir una mesa de diálogo con indígenas cuando cesen agresiones". "Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares. Esa es la orden desde anoche", indicó el mandatario en otro mensaje en la red social.Cientos de indígenas desalojaron el martes a los militares que se encontraban en la cima del cerro El Berlín, luego de haber destruido sus trincheras y tiendas de campaña. Los militares respondieron con disparos al aire y gases, pero finalmente bajaron de la cima del cerro hasta un punto ubicado a dos kilómetros de la base. Desde hace una semana, las autoridades indígenas del Cauca exigen la salida de sus territorios tanto de la fuerza pública como de la guerrilla comunista FARC, y reclaman que la seguridad quede a cargo de la guardia indígena. El Cauca es una de las regiones de Colombia donde es más intenso el conflicto armado, y es señalada también como un importante corredor para la salida de drogas hacia el océano Pacífico.La decisión de los indígenas de expulsar a militares y guerrilleros de la zona se produjo luego de que hostigamientos de las FARC contra el pueblo de Toribío (unos 500 kms al suroeste de Bogotá) los pasados 7 y 8 de julio dejaron ocho personas heridas y varias viviendas afectadas. Tras esos ataques, el presidente Juan Manuel Santos visitó el poblado, pero rechazó de plano retirar a militares y policías del lugar.El jurista español Baltasar Garzón, que hasta principios de este año fue asesor de la misión de la OEA para el proceso de paz en Colombia, se reunió con las autoridades indígenas del Cauca el domingo pasado. Sin embargo, el gobierno descartó la posibilidad de una mediación de Garzón.ContextoSe calcula que en Colombia hay un millón de indígenas, que habitan sobre todo en las áreas rurales y selváticas, donde el conflicto armado es más intenso. Toribío, en la zona montañosa entre Cali y Popayán, es una de las poblaciones de Cauca que en los últimos días ha sido objeto de continuos hostigamientos por parte de guerrilleros de las FARC, que según autoridades policiales utilizan a la población civil como escudos humanos para atacar a los uniformados.A principios de junio pasado, también en el departamento de Cauca, un grupo de campesinos expulsó del municipio de Miranda al contingente militar que se encontraba en la zona, en un intento similar por cesar los enfrentamientos con la guerrilla.Confederacion de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador- Ecuarunarii: Propuesta Politica para Construir Estados Plurinacionales y la Unidad en la Diversidad e Intercultural Al Magno III Congreso de la CAOI
Por: Manuel Castro, Dirigente Ecuarunari
Minga Informativa
16 de julio 2012
PROPUESTA POLITICA:
La necesidad de reconstituirse de las naciones indígenas.
Los pueblos y nacionalidades indígenas somos constituidos como entidades históricas desde hace miles de años, antes de la conformación de los Estados dominantes que son resultados de la colonización e invasión europea. Las naciones indígenas venimos caracterizándose la convivencia y armonía con la naturaleza y así hemos mantenido por muchos siglos la continuidad de la vida, como parte de la presencia y valor del sumak kawsay.
Desde aquellos tiempos nuestros sabios abuelos nos enseñaron como construir y fortalecer nuestra vida cultural, espiritual, y todos los demás conocimientos y saberes mediante sus propias civilizaciones, es decir, un proyecto propio a base de sus cosmovisiones históricas.
Las naciones indígenas y sus culturas más relevantes sin menoscabar a otras naciones originarias fueron los de las mayas, aztecas e Incas. En la actualidad las huellas están vivas dando señales de la existencia de una civilización propia, de la ciencia y tecnología que, aún no existe una expediciones clara por parte de los investigadores colonizadores; además tenemos las grandes construcciones históricas de nuestros antepasados por ejemplo, los pirámides en Centroamérica, Machupicchu en Perú, Tiwanaku en Bolivia, entre otros, que hoy en día se convierten como lugares de exposiciones de grupos e instituciones interesados, sin respetar la intervención y el cuidado directo de sus propios naciones indígenas, una discriminación y exclusión en lugares sagrados es imperante.
La reconstitución de las naciones indígenas consiste en que todos los pueblos indígenas tenemos el derecho de construir nuestra historia, reafirmar, valorar y autovalorar nuestras identidades culturales, espirituales en cada región, en cada país, en cada escenario y ser respetados como tales. De esta manera para superarnos de la crisis cultural, ideológica, espiritual, económica que sistemáticamente nos imponen y oprimen contra las naciones indígenas.
Las imposiciones sistemáticas desde la visión occidental nos han humillado a las naciones indígenas, hasta con los nombre impuestos, cambiaron las normas propias, religiones y el sometimiento forzosos que en pleno siglo XXI, está siendo latente.
La necesidad de autodeterminación de las naciones indígenas.
Los pueblos y nacionalidades indígenas que existimos en el actual territorios de las naciones indígenas de Suramérica y del continente, discriminados y explotados por los Estados uninacionales burgués-oligárquicos, propugnamos el establecimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y Nacionalidades indígenas y de los demás sectores sociales, y a su ejercicio mediante la participación activa y directa en la vida política, económica y cultural de los Estados.
La autodeterminación constituye el Derecho que tenemos las naciones indígenas a la libre determinación y constituirse en gobiernos comunitarios propios; es decir, ejercer libremente su propio sistema político y jurídico, el modelo de economía, social, cultural y tecnológico, en un territorio plenamente definido dentro de los Estados constituidos y para ello el sistema de Estados actuales deberían someterse a la refundación de nuevos Estados Plurinacionales.
Propugnamos:
La CAOI debería redefinirse su campo político socio- organizativo a nivel del Suramérica y del continente, para ello se debe:
ü Tomar iniciativas para apoyar, conformar y fortalecer a todas las organizaciones nacionales para incluir a todos los pueblos y nacionalidades indígenas de cada país.
ü Es necesario reorientar sobre la necesidad de reconstitución como pueblos y nacionalidades indígenas en cada país. Esta acción serviría para autovalorar, recuperar, defender y fortalecer el proceso de una serie de culturas existentes en el continente, y para proteger ante los procesos de desaparición y extinción como pueblos o naciones indígenas.
ü La CAOI debería manejar su rol protagónico para retomar los principios de comunitarismo, participación y lucha social para refundar el tawantinsuyu como un camino de transición hacia una revolución desde las naciones indígenas y movimientos sociales en Suramérica.
ü Promover y fortalecer la lucha por la autodeterminación de las naciones indígenas como forma de organización de Estados Plurinacionales, del ejercicio de la democracia participativa y de la convivencia intercultural de las sociedades.
ü La CAOI debería expandirse con nuevo modelo de lucha social en defensa a la madre naturaleza, su biodiversidad, ecosistemas para la continuidad de la vida.
ü La CAOI levantar en defensa a los territorios ancestrales, comunitarios, los páramos, altiplanicies para no permitir la intromisión de extractivismo transnacionales que degradan a la convivencia y la paz interna, en las comunidades.
ü Construir, defender y fortalecer los gobiernos comunitarios y las normativas propias de las naciones indígenas.
ü Radicalizar la lucha social en defensa a la vida y a la paz, mediante acciones pacificas ante los gobiernos de turno en cada país, a fin de que nos garanticen los derechos colectivos de las naciones indígenas y que se cumplan cabalmente los tratados internacionales a favor de las naciones indígenas.
ü Proponer y exigir a los gobiernos estados para que las fronteras de las naciones sean libres para los pueblos y nacionalidades indígenas por ser un territorio sin límites para las naciones indígenas.
ü La CAOI debería operativizar estrategias comunicacionales y la solidaridad internacional de manera permanente con los conflictos provocados por la política extractiva en territorios indígenas, a fin de mantener la paz interna, en las naciones indígenas.
Necesidad de construir de Estados Plurinacionales.
Los Estados Uninacionales burgués-oligárquicos y los sectores de poder que han gobernado desde cuando se conformaron los estados y gobiernos a lo largo de la historia, se han encargado de excluir e impedir la participación de las Naciones indígenas en la vida política nacional e internacional, desde su constitución de repúblicas hasta nuestros días.
Los Estados y sus estructuras vigentes, no reflejan la realidad de pueblos y naciones indígenas en todos los países sin excepción. En tanto fue constituido por mentes coloniales dominantes, es excluyente e impositivo. Para superar la crisis jurídicos, políticos, socioculturales y económicos en seno de las naciones Estados dominantes, es necesario y urgente construir nuevos Estados Plurinacionales mediantes estrategias necesarias y condiciones internas viabilizando a las constituyentes Plurinacionales, el mismo que deberá incorporar y poner en vigencia los derechos colectivos e individuales de las naciones indígenas, así como de los diferentes sectores sociales explotados y excluidos de Suramérica y del continente.
Con esta finalidad la CAOI plantea la siguiente propuesta política:
Convocar a las naciones indígenas y a todos los sectores sociales que luchan por un mundo sin exclusión, ni discriminación a la alianza social como fuerza social y política para la construcción permanente de los Estados Plurinacionales y sociedades interculturales.
Utilizar adecuadamente los distintos instrumentos y estrategias políticas y jurídicas nacionales e internacionales, y de las Naciones Indígenas para lograr nuestros propios procesos de desarrollo integral, como entidades históricas. así como el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos, y la participación de nuestras autoridades y representantes en la toma de decisiones políticas, de la vida nacional e internacional.
La creación y desarrollo de una nueva Estructura Política y Jurídica de los Estados Plurinacionales, conforme nuestra lucha histórica conjuntamente con los demás pueblos excluidos y explotados, hasta que se concrete la superación de la crisis civilizatoria, cultural y política de sociedades actuales y sus gobernantes.
Impulsar la defensa política y jurídica en el ámbito nacional e internacional sobre la violación de los Derechos humanos y de los Derechos Colectivos de las Naciones indígenas y del incumplimiento de las Declaraciones y Convenios internacionales a favor de las naciones indígenas y normas constitucionales vigentes.
Luchar por los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado es un denominador común de los Estados de la Región Andina.
Proyección estratégica
Con la construcción y establecimiento de Estados Plurinacionales se implantará un nuevo ordenamiento político y jurídico que permita a cada nación y en cada pueblo y nacionalidades indígenas a fortalecer su sistema legal, que tenga vigencia en el ejercicio del Derecho a la autonomía de las Nacionalidades indígenas y avanzar el proceso de desarrollo integral de construcción de Estados Plurinacionales.
Los territorios y los Gobiernos Comunitarios, las Naciones Indígenas históricamente ocupamos territorios en cada región, en cada país; en la Región Amazónica, en la Sierra, en la Costa, altiplanicie, etc. en donde hemos desarrollado una economía comunitaria-familiar y colectiva, sistemas legales y administrativos propios, así como una cultura originaria. Por ello la COAI se implementará una lucha sistemática en defensa de los territorios.
El territorio entendido como un espacio físico-geográfico definido, donde habitan y se desenvuelven las Naciones Indígenas, conformadas por tierras comunitarias, territorios de posesión ancestral, tierras de propiedad familiar y tierras adquiridas, todas constituyen el hábitat de las Naciones Indígenas, que ha sido la base fundamental para la supervivencia y desarrollo económico, político y cultural. Sobre estos territorios han subsistido Gobiernos Comunitarios propios del mundo indígenas y ejercido su autoridad, control territorial y autonomía; los mismos que han sido desconocidos y objetados tanto en tiempos de la colonia, como por la Repúblicas.
Propugnamos nuestra lucha:
Luchar por la recuperación de las tierras y territorios usurpados en la colonia y acaparamientos en la vida republicana.
Demandar y exigir a los Estados la delimitación y legalización de los territorios que hemos ocupado ancestralmente.
Controlar el desarrollo geopolítico de las Nacionalidades y Pueblos indígenas.
Impulsar la reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas - originarias y de sus sistemas y estructuras propias de gobierno, como una forma del ejerció del Derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Luchar por una educación alternativa, producción y comercialización, por una economía comunitaria, el ejercicio de justicia a base normativas ancestrales, formación y capacitación en diversas disciplinas de acuerdo a la realidad de las naciones indígenas.
Políticas de relaciones internacionales
En el marco Internacional la CAOI impulsa relaciones políticas entre las organizaciones de pueblos y nacionalidades de todos los territorios ancestrales del continente, que representan a sus pueblos sometidos y explotados por sistemas dominantes e injustos, y que luchan porque sus derechos fundamentales sean respetados y garantizadas; de igual manera impulsa relaciones con organizaciones y movimientos sociales y políticos que al igual que nosotros luchamos por la liberación política y económica.
Implantar una lucha histórica
La CAOI desplegará su solidaridad moral y política activa con todos las Naciones Indígenas que sufren el peso del sistema extractivista y neocolonial; así como con los pueblos que sufren de las persecuciones, desplazamiento a sus territorios, militarización, criminalización a la lucha social por parte de los gobiernos autoritarios y el imperialismo.
La CAOI apoya a las Naciones que construyen nuevas sociedades y defienden los intereses de todos los empobrecidos, explotados por los crimines extractivas en el Suramérica y del continente.
La CAOI mantener la denuncia permanente sobre violación de los Derechos Humanos de las naciones Indígenas por parte del Estados Uninacionales y sus Gobiernos; y exigir severas sanciones para las empresas extrativistas multinacionales petroleras, mineras, madereras, agroindustriales, etc.; que están degradando de manera sistemática a lo largo y ancho en territorios de las naciones indígenas del continente.
La CAOI exige y lucha ante los organismos de representación internacional, como la Organización de Naciones Unidas ONU, OEA, OIT, para que las Nacionalidades y Pueblos indígenas tengamos representación directa sin intermediarios.
La CAOI debería impulsar la firma de Convenios científicos, educativos, culturales y económicos con Gobiernos y Estados progresistas y democráticos interesados en solucionar los graves problemas que afrontamos las Naciones Indígenas.
La necesidad de reconstituirse de las naciones indígenas.
Los pueblos y nacionalidades indígenas somos constituidos como entidades históricas desde hace miles de años, antes de la conformación de los Estados dominantes que son resultados de la colonización e invasión europea. Las naciones indígenas venimos caracterizándose la convivencia y armonía con la naturaleza y así hemos mantenido por muchos siglos la continuidad de la vida, como parte de la presencia y valor del sumak kawsay.
Desde aquellos tiempos nuestros sabios abuelos nos enseñaron como construir y fortalecer nuestra vida cultural, espiritual, y todos los demás conocimientos y saberes mediante sus propias civilizaciones, es decir, un proyecto propio a base de sus cosmovisiones históricas.
Las naciones indígenas y sus culturas más relevantes sin menoscabar a otras naciones originarias fueron los de las mayas, aztecas e Incas. En la actualidad las huellas están vivas dando señales de la existencia de una civilización propia, de la ciencia y tecnología que, aún no existe una expediciones clara por parte de los investigadores colonizadores; además tenemos las grandes construcciones históricas de nuestros antepasados por ejemplo, los pirámides en Centroamérica, Machupicchu en Perú, Tiwanaku en Bolivia, entre otros, que hoy en día se convierten como lugares de exposiciones de grupos e instituciones interesados, sin respetar la intervención y el cuidado directo de sus propios naciones indígenas, una discriminación y exclusión en lugares sagrados es imperante.
La reconstitución de las naciones indígenas consiste en que todos los pueblos indígenas tenemos el derecho de construir nuestra historia, reafirmar, valorar y autovalorar nuestras identidades culturales, espirituales en cada región, en cada país, en cada escenario y ser respetados como tales. De esta manera para superarnos de la crisis cultural, ideológica, espiritual, económica que sistemáticamente nos imponen y oprimen contra las naciones indígenas.
Las imposiciones sistemáticas desde la visión occidental nos han humillado a las naciones indígenas, hasta con los nombre impuestos, cambiaron las normas propias, religiones y el sometimiento forzosos que en pleno siglo XXI, está siendo latente.
La necesidad de autodeterminación de las naciones indígenas.
Los pueblos y nacionalidades indígenas que existimos en el actual territorios de las naciones indígenas de Suramérica y del continente, discriminados y explotados por los Estados uninacionales burgués-oligárquicos, propugnamos el establecimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y Nacionalidades indígenas y de los demás sectores sociales, y a su ejercicio mediante la participación activa y directa en la vida política, económica y cultural de los Estados.
La autodeterminación constituye el Derecho que tenemos las naciones indígenas a la libre determinación y constituirse en gobiernos comunitarios propios; es decir, ejercer libremente su propio sistema político y jurídico, el modelo de economía, social, cultural y tecnológico, en un territorio plenamente definido dentro de los Estados constituidos y para ello el sistema de Estados actuales deberían someterse a la refundación de nuevos Estados Plurinacionales.
Propugnamos:
La CAOI debería redefinirse su campo político socio- organizativo a nivel del Suramérica y del continente, para ello se debe:
ü Tomar iniciativas para apoyar, conformar y fortalecer a todas las organizaciones nacionales para incluir a todos los pueblos y nacionalidades indígenas de cada país.
ü Es necesario reorientar sobre la necesidad de reconstitución como pueblos y nacionalidades indígenas en cada país. Esta acción serviría para autovalorar, recuperar, defender y fortalecer el proceso de una serie de culturas existentes en el continente, y para proteger ante los procesos de desaparición y extinción como pueblos o naciones indígenas.
ü La CAOI debería manejar su rol protagónico para retomar los principios de comunitarismo, participación y lucha social para refundar el tawantinsuyu como un camino de transición hacia una revolución desde las naciones indígenas y movimientos sociales en Suramérica.
ü Promover y fortalecer la lucha por la autodeterminación de las naciones indígenas como forma de organización de Estados Plurinacionales, del ejercicio de la democracia participativa y de la convivencia intercultural de las sociedades.
ü La CAOI debería expandirse con nuevo modelo de lucha social en defensa a la madre naturaleza, su biodiversidad, ecosistemas para la continuidad de la vida.
ü La CAOI levantar en defensa a los territorios ancestrales, comunitarios, los páramos, altiplanicies para no permitir la intromisión de extractivismo transnacionales que degradan a la convivencia y la paz interna, en las comunidades.
ü Construir, defender y fortalecer los gobiernos comunitarios y las normativas propias de las naciones indígenas.
ü Radicalizar la lucha social en defensa a la vida y a la paz, mediante acciones pacificas ante los gobiernos de turno en cada país, a fin de que nos garanticen los derechos colectivos de las naciones indígenas y que se cumplan cabalmente los tratados internacionales a favor de las naciones indígenas.
ü Proponer y exigir a los gobiernos estados para que las fronteras de las naciones sean libres para los pueblos y nacionalidades indígenas por ser un territorio sin límites para las naciones indígenas.
ü La CAOI debería operativizar estrategias comunicacionales y la solidaridad internacional de manera permanente con los conflictos provocados por la política extractiva en territorios indígenas, a fin de mantener la paz interna, en las naciones indígenas.
Necesidad de construir de Estados Plurinacionales.
Los Estados Uninacionales burgués-oligárquicos y los sectores de poder que han gobernado desde cuando se conformaron los estados y gobiernos a lo largo de la historia, se han encargado de excluir e impedir la participación de las Naciones indígenas en la vida política nacional e internacional, desde su constitución de repúblicas hasta nuestros días.
Los Estados y sus estructuras vigentes, no reflejan la realidad de pueblos y naciones indígenas en todos los países sin excepción. En tanto fue constituido por mentes coloniales dominantes, es excluyente e impositivo. Para superar la crisis jurídicos, políticos, socioculturales y económicos en seno de las naciones Estados dominantes, es necesario y urgente construir nuevos Estados Plurinacionales mediantes estrategias necesarias y condiciones internas viabilizando a las constituyentes Plurinacionales, el mismo que deberá incorporar y poner en vigencia los derechos colectivos e individuales de las naciones indígenas, así como de los diferentes sectores sociales explotados y excluidos de Suramérica y del continente.
Con esta finalidad la CAOI plantea la siguiente propuesta política:
Convocar a las naciones indígenas y a todos los sectores sociales que luchan por un mundo sin exclusión, ni discriminación a la alianza social como fuerza social y política para la construcción permanente de los Estados Plurinacionales y sociedades interculturales.
Utilizar adecuadamente los distintos instrumentos y estrategias políticas y jurídicas nacionales e internacionales, y de las Naciones Indígenas para lograr nuestros propios procesos de desarrollo integral, como entidades históricas. así como el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos, y la participación de nuestras autoridades y representantes en la toma de decisiones políticas, de la vida nacional e internacional.
La creación y desarrollo de una nueva Estructura Política y Jurídica de los Estados Plurinacionales, conforme nuestra lucha histórica conjuntamente con los demás pueblos excluidos y explotados, hasta que se concrete la superación de la crisis civilizatoria, cultural y política de sociedades actuales y sus gobernantes.
Impulsar la defensa política y jurídica en el ámbito nacional e internacional sobre la violación de los Derechos humanos y de los Derechos Colectivos de las Naciones indígenas y del incumplimiento de las Declaraciones y Convenios internacionales a favor de las naciones indígenas y normas constitucionales vigentes.
Luchar por los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado es un denominador común de los Estados de la Región Andina.
Proyección estratégica
Con la construcción y establecimiento de Estados Plurinacionales se implantará un nuevo ordenamiento político y jurídico que permita a cada nación y en cada pueblo y nacionalidades indígenas a fortalecer su sistema legal, que tenga vigencia en el ejercicio del Derecho a la autonomía de las Nacionalidades indígenas y avanzar el proceso de desarrollo integral de construcción de Estados Plurinacionales.
Los territorios y los Gobiernos Comunitarios, las Naciones Indígenas históricamente ocupamos territorios en cada región, en cada país; en la Región Amazónica, en la Sierra, en la Costa, altiplanicie, etc. en donde hemos desarrollado una economía comunitaria-familiar y colectiva, sistemas legales y administrativos propios, así como una cultura originaria. Por ello la COAI se implementará una lucha sistemática en defensa de los territorios.
El territorio entendido como un espacio físico-geográfico definido, donde habitan y se desenvuelven las Naciones Indígenas, conformadas por tierras comunitarias, territorios de posesión ancestral, tierras de propiedad familiar y tierras adquiridas, todas constituyen el hábitat de las Naciones Indígenas, que ha sido la base fundamental para la supervivencia y desarrollo económico, político y cultural. Sobre estos territorios han subsistido Gobiernos Comunitarios propios del mundo indígenas y ejercido su autoridad, control territorial y autonomía; los mismos que han sido desconocidos y objetados tanto en tiempos de la colonia, como por la Repúblicas.
Propugnamos nuestra lucha:
Luchar por la recuperación de las tierras y territorios usurpados en la colonia y acaparamientos en la vida republicana.
Demandar y exigir a los Estados la delimitación y legalización de los territorios que hemos ocupado ancestralmente.
Controlar el desarrollo geopolítico de las Nacionalidades y Pueblos indígenas.
Impulsar la reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas - originarias y de sus sistemas y estructuras propias de gobierno, como una forma del ejerció del Derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Luchar por una educación alternativa, producción y comercialización, por una economía comunitaria, el ejercicio de justicia a base normativas ancestrales, formación y capacitación en diversas disciplinas de acuerdo a la realidad de las naciones indígenas.
Políticas de relaciones internacionales
En el marco Internacional la CAOI impulsa relaciones políticas entre las organizaciones de pueblos y nacionalidades de todos los territorios ancestrales del continente, que representan a sus pueblos sometidos y explotados por sistemas dominantes e injustos, y que luchan porque sus derechos fundamentales sean respetados y garantizadas; de igual manera impulsa relaciones con organizaciones y movimientos sociales y políticos que al igual que nosotros luchamos por la liberación política y económica.
Implantar una lucha histórica
La CAOI desplegará su solidaridad moral y política activa con todos las Naciones Indígenas que sufren el peso del sistema extractivista y neocolonial; así como con los pueblos que sufren de las persecuciones, desplazamiento a sus territorios, militarización, criminalización a la lucha social por parte de los gobiernos autoritarios y el imperialismo.
La CAOI apoya a las Naciones que construyen nuevas sociedades y defienden los intereses de todos los empobrecidos, explotados por los crimines extractivas en el Suramérica y del continente.
La CAOI mantener la denuncia permanente sobre violación de los Derechos Humanos de las naciones Indígenas por parte del Estados Uninacionales y sus Gobiernos; y exigir severas sanciones para las empresas extrativistas multinacionales petroleras, mineras, madereras, agroindustriales, etc.; que están degradando de manera sistemática a lo largo y ancho en territorios de las naciones indígenas del continente.
La CAOI exige y lucha ante los organismos de representación internacional, como la Organización de Naciones Unidas ONU, OEA, OIT, para que las Nacionalidades y Pueblos indígenas tengamos representación directa sin intermediarios.
La CAOI debería impulsar la firma de Convenios científicos, educativos, culturales y económicos con Gobiernos y Estados progresistas y democráticos interesados en solucionar los graves problemas que afrontamos las Naciones Indígenas.
Bogotá, Colombia, 15 al 17 de julio del 2012
El III Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se realizará del 15 al 17 de julio en Bogotá, Colombia. La CAOI, que cumple seis años, se reunirá para evaluar sus logros, analizar sus retos y actualizar sus estrategias para la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio, basado en el Buen Vivir y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
Las organizaciones nacionales indígenas que integran la CAOI son: la ONIC de Colombia, Ecuarunari de Ecuador, CONACAMI de Perú y CONAMAQ de Bolivia.
Durante el congreso el debate político se centrará en cuatro temas:
Articulación del movimiento indígena.
· Derechos de los Pueblos Indígenas.
· Modelo de desarrollo sustentado en el Buen Vivir.
· Fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres indígenas.
Como aporte para este debate, Ecuarunari ha elaborado una propuesta política que plantea la necesidad de las naciones indígenas de reconstituirse.
“La reconstitución de las naciones indígenas consiste en que todos los pueblos indígenas tenemos el derecho de construir nuestra historia, reafirmar, valorar y autovalorar nuestras identidades culturales, espirituales en cada región, en cada país, en cada escenario y ser respetados como tales. De esta manera para superarnos de la crisis cultural, ideológica, espiritual, económica que sistemáticamente nos imponen y oprimen contra las naciones indígenas.
“Las imposiciones sistemáticas desde la visión occidental nos han humillado a las naciones indígenas, hasta con los nombre impuestos, cambiaron las normas propias, religiones y el sometimiento forzosos que en pleno siglo XXI, está siendo latente”.
El documento delinea una propuesta estratégica para la CAOI, que será debatido en el Congreso.
Mujeres zapatistas en Chiapas Destacado
por Magalí Daniela Pérez Riedel / Furias
Domingo, 15 de Julio de 2012 17:53
Avances y retrocesos. Encuentro Internacional de Mujeres Zapatistas. Entrevista con una mexicana en Argentina
“En nuestra lucha, hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien nada más por ser mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que se merecen como mujeres que son”.
Prende un cigarrillo. Natalia se acomoda sobre una silla frente a su escritorio para contarme sobre aquella experiencia inolvidable. Su habitación, repleta de objetos. Un estante con la colección de libros de Harry Potter entera, otro con cds, más libros y fotos. Hay ropa en el suelo, la gata Celina duerme sobre la cama y la perra se recuesta cerca de nosotras. Un placard alto me llama la atención; está repleto de dibujos que el padre había realizado. No es de extrañarse si se sabe que Natalia, de 30 años, es estudiante del profesorado de Bellas Artes y nació en México. No solo eso, sino que también pertenece a la agrupación Hijos e Hijas del Exilio, motivo por el cual, después de una larga espera, decidió hacer una breve visita a su país natal. Y por una de esas casualidades fue invitada al Encuentro Internacional de Mujeres en Chiapas, algo que la hará explayarse conmigo sin problema alguno.
En una sociedad sexista como la mexicana, el rol de la mujer, sobre el que luego ahondaremos, siempre estuvo limitado a las labores domésticas y maritales. Y de allí se desprende la necesidad de una construcción de autonomía, que tanto hombres como niños y mujeres pudieron lograr en la comunidad zapatista de Chiapas. La reivindicación de la mujer como sujeto de derecho quizás no sea un logro reciente en la Argentina del siglo XXI, pero en la comunidad indígena se trató de un conmovedor proceso revolucionario que involucró el uso de fuerzas armadas, de una gran capacidad de autogestión, organización y solidaridad y, sobre todo, de unidad; una campaña interesante en busca del cambio social.
Un poco de historia
“La tierra es de quien la trabaja”, dijo Emiliano Zapata. Y en su honor, el Ejército Nacional de Liberación Zapatista tomó su nombre, al igual que la comuna que constituye hoy un movimiento social rebelde, revolucionario y de base popular e indígena; sin duda, una de las más pobres del continente americano. Lograron imponerse el primero de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas al tomar varias cabeceras municipales; el acto se encontraría con un gobierno desprevenido que estaba ocupado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entraría en vigencia ese mismo día.
El acuerdo ya mencionado entre Estados Unidos, México y Canadá que establecía el libre comercio y una dura política arancelaria endurecería las circunstancias vividas por los indígenas. Pero el problema era todavía más profundo: desde su emancipación, México y su pasaje de la era colonial a la neoliberal solo supusieron un cambio de nombre y no de modalidad. Las burguesías nacionales no supieron o no quisieron propiciar un cambio en la política interna que condujera al óptimo desarrollo del país y que acabase con su dependencia económica en el exterior; se dio inicio a una nueva etapa de exterminio de las poblaciones originarias y de expatriación de riquezas de una nación que subsiste en su subdesarrollo. De allí los motivos para el combate contrahegemónico e insurgente que se lanzó en la región. Un movimiento social anticapitalista o contracultural que no buscaba la toma del poder estatal.
Los principios elementales que allí se persiguen son, principalmente, la defensa de los derechos, ya sean individuales o colectivos, que hayan sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. Luego, pero no menos importante, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya las nociones de democracia, libertad y justicia para una nueva forma de hacer política. Y tercero, la realización de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo.
Las mujeres en Chiapas
Durante la entrevista, Natalia afirma que las mujeres “han logrado algo que yo pensé que nunca iban a poder lograr en una sociedad tan machista como es la de México, en donde ellas no tenían dos minutos para nada; ahora son comandantas, dirigen ejércitos, son militares, son educadoras, son médicas, eligen con quién quieren casarse si quieren casarse, si no, a qué edad o cuántos hijos tener. Han logrado muchísimas cosas.” Los logros son todavía mayores; los integrantes de esta comunidad, en su mayoría indígenas, han prohibido el uso de alcohol y drogas para proteger el bienestar femenino. Esto se debe a que la alcoholemia era el factor principal por el cual ellas solían ser sometidas y acosadas constantemente.
El rol de la mujer ha cambiado; tanto las grandes como las más chicas pueden observar las diferencias entre el presente y el pasado. Ahora pueden formar parte de aquello que se propongan; se las ve ocupando las mismas posiciones que los hombres, siempre en un clima de justicia, democracia y autonomía. Para celebrarlo, llevaron a cabo el Tercer Encuentro Internacional de Mujeres Zapatistas entre el 27 de diciembre de 2007 hasta el 1 de enero del 2008 al que la entrevistada tuvo la suerte de concurrir. Comenta que allí “estaba todo muy organizado: te decían el horario de desayuno, de la primera charla, después de la comida, la segunda charla, la tercera charla y de la recreación de la tarde. Comer, comías bárbaro, era barato; los ayudabas con un poco de plata con lo que consumías. El lugar estaba muy bien distribuido y no faltó nada”. En el encuentro, tanto jóvenes como mujeres maduras tuvieron la oportunidad de dar charlas y conferencias ante miembros de organizaciones internacionales, mientras que los hombres se encargaban del cuidado de los niños, de la limpieza y de la cocina.
Ley Revolucionaria de Mujeres
Un pequeño regalo que tuve la suerte de recibir de Natalia es una tarjeta que consiguió durante su estadía en Chiapas; lo que dice sobre ella es lo siguiente:
“En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES:
Primera: Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
Segunda: Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.
Tercera: Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.
Cuarta: Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.
Quinta: Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación.
Sexta: Las mujeres tienen derecho a la educación.
Séptima: Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.
Octava: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente.
Novena: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.
Décima: Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.”
Educación y comunicación
Con respecto al ámbito educativo, las nenas de aproximadamente trece años, nacidas en la comuna, se alegran de la educación a la que tienen acceso, que es la del “buen gobierno”. La comparan con la escuela del “mal gobierno”, en el que no pueden opinar, no pueden elegir qué aprender y no se divierten; en cambio, la de su comunidad no es una educación graduada. Pueden elegir, tienen voz y se las escucha.
A pesar de todo, su suerte en la comunicación se ve limitada; los medios oficiales eran indiferentes ante todo lo que tuviera que ver con Chiapas. Por esto, se dio inicio a un proyecto comunitario importante: se trata de “un grupo que sale de Chiapas y va por todo México contando lo que pasa ahí. Son hombres y mujeres también, y se llama La Otra Campaña”, comenta Natalia. En el transcurso, este movimiento político-independiente que permite la participación popular, alienta el diálogo, informa y recibe inquietudes, necesidades y ayuda para sus fines. Se aproximan a todo aquel que en un clima de horizontalidad y en pos de la equidad quiera superar el estado actual de la sociedad.
La mexicana agrega que “como no tienen lugar en los medios oficiales, también es importante Internet. Es impresionante que podés escuchar y bajar sus declaraciones, ver muchas fotos; eso es lo que ellos quieren, esparcir su mensaje por todos lados, hasta donde los medios no los dejan llegar”. Son varias las fuentes virtuales como también las escritas (el periódico La Jornada, la revista Chiapas, entre otras) las que nos acercan a esta nueva realidad, creando foros que sirven para la formulación de diversas demandas
Además, en lo que refiere a las mujeres en particular, parece pertinente recordar aquel suceso ocurrido el primero de agosto del año 2006. Aproximadamente dos mil personas de sexo femenino de todas las edades y sectores sociales (hijas, esposas, madres, campesinas, trabajadoras, amas de casa, entre otras) organizaron una protesta pacífica y ocuparon las radios y cadenas televisivas que eran propiedad del gobierno estatal en el pueblo Oaxaca. La finalidad era conseguir la renuncia del gobernador priísta y un gobierno mejor para todo México, uno que no violara los derechos de los humanos de su nación. Con anterioridad, con la sexta declaración de la Selva Lacandona (2005) se pudo dejar en claro el deseo zapatista de organizar un movimiento nacional para conseguir la reestructuración de las relaciones sociales y la creación de una nueva constitución que tome en cuenta las demandas mexicanas. Aún queda mucho por hacer.
Chiapas hoy
Sin embargo, hoy la realidad ha cambiado un poco. Los paramilitares y las fuerzas oficiales quieren acabar con lo que queda del movimiento zapatista a sangre fría. Como dice la entrevistada, “es muy crítica la situación, es peligroso. Los están reprimiendo mucho, los trasladan a las empresas y nunca los juzgan, los torturan, está muy pesado. Ya están asustados”. Por esto es que cubren sus caras en todas las protestas, sean adultos o niños, hombres o mujeres. Natalia cita una frase muy común, “hasta que no podamos sacarnos la máscara no vamos a poder seguir”, no van a poder ser totalmente libres.
Muchas familias se separaron para conseguir refugio para algunos de sus seres queridos o porque los maridos o madres de casa jamás regresaron a su hogar. Hay muchos muertos y desaparecidos, pero las víctimas ya no son solamente aquellos de nacionalidad mexicana. Los miembros de la comuna quieren que se los visite para poder trabajar en paz porque antes no los atacaban si había gente de otra nacionalidad. Y tal vez las razones sean claras pero no suficientes ya que, por desgracia, muchos profesionales y curiosos venidos del extranjero también fueron atacados por los militares. El peor ejemplo se ubica en la ciudad de Atenco, donde hubo una represión masiva; sobrevivientes y pueblerinos estiman que las órdenes de ataque provenían del Estado.
Ante las circunstancias recientes, ¿cómo responden las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuál es la posición oficial ante la situación de sometimiento previa al movimiento, de sus logros y del más cruel de los desenlaces de su reivindicación? ¿Qué podrá decir el gobierno mexicano sobre aquella estudiante chilena que fue violada dentro de su jurisdicción o de los niños que han sido masacrados sin causa? Previo a la entrevista, Natalia cuenta que las ONGs están tranquilas ante los sucesos. Anteriormente, la comuna zapatista había contado con su apoyo, como fue el caso de Médicos Sin Fronteras cuyos miembros prestaron asistencia médica y educación pertinente para formar futuros médicos en Chiapas. Pero hoy las acciones escasean y faltan respuestas.
Para obtenerlas y para poder comprender la opinión de las autoridades mexicanas sobre este tópico, se intentó contactar a la embajada mexicana en Argentina. El llamado fue atendido por Alma Margarita Carvalho Soto, encargada del Área de Asuntos Sociales y Derechos Humanos. Sus evasivas fueron varias: “los zapatistas trabajan como una ONG, no hay una opinión oficial al respecto”, “es un tema que ya no se encuentra en la agenda pública del país”; sí lo fue entre 1994 hasta el 2002, según dice. Admitió que habrían registros sobre el movimiento (en México), pero se limitó a recomendar visitas a páginas de Internet sin dar respuestas concretas.
En conclusión, si bien se han conseguido muchos avances que el Estado mexicano intenta revertir, las mujeres ahora más que nunca tienen que protegerse entre sí y a los que las rodean. Unidas podrán derrotar cualquier fuerza paramilitar que se les aproxime, juntas podrán vencer las fronteras que el gobierno les impone y pasar por arriba de todas aquellas que separan una ciudad de otra, a un país de otro. Porque no son solamente las mujeres de Chiapas las que necesitan autonomía; no. Este es un ejemplo cercano para todo habitante de Latinoamérica y debe servirnos como modelo a seguir para conservar la esperanza y luchar por un futuro más igualitario.
http://revistafurias.com/internacionales/mujeres-zapatistas-en-chiapas-2
Honduras;Garífunas denuncian a ambientalistas en Honduras
Por OFRANEH
En la costa norte de Honduras se encuentran localizados una cadena de humedales, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna, siendo las lagunas y esteros parte esencial del hábitat funcional, de donde obtenemos nuestro sustento diario. En los últimos años el efecto de la erosión costera ha dejado sentir su peso sobre los cordones litorales, acelerando la salinización de los humedales con efectos impredecibles.Sin embargo una de las mayores problemáticas que en un futuro cercano incidirá en los humedales, es la construcción de múltiples represas hidroeléctricas a lo largo de todo el litoral caribeño. En el caso del departamento del Atlántida, en una franja de 60 kilómetros se pretenden construir o ya están finalizadas 10 represas. Los caudales de los 10 ríos en cuestión, que discurren hacia los humedales costeros de Sambuco, Cuero y Salado, son esenciales para su sobrevivencia.En la mayoría de los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías constructoras de las represas, en materia del caudal ecológico de los torrentes, no se tuvo en consideración los efectos del cambio climático en relación a las posibles alteraciones en las precipitaciones.Es de esperar que en un futuro no muy lejano, las sequías producto del fenómeno Niño, se agudizarán y sus períodos de oscilación serán de mayor tiempo, generando graves consecuencias tanto para los ríos como las lagunas costeras.Represas como las del Patuca III y los Chorros en el río Sico, tendrán efectos fatales sobre las lagunas de Bacalar, Ibans y Brus Laguna, las que ya de por sí en los últimos años han sido afectadas severamente por la disminución de los caudales de los ríos en Centroamérica.Áreas protegidas y represas La destrucción de los ríos, bajo el lema de producción de energía limpia, pone en riesgo múltiples ecosistemas. Desafortunadamente existe una creencia entre los desarrollistas de pensar que los ríos son la fuente mas económica para la producción de energía hidroeléctrica, soterrando otras posibilidades de fuentes energéticas, como puede ser el mar.Una de las mayores contradicciones de los supuestos ambientalistas, es el silencio en que se han sumado muchas de las organizaciones encargadas de las áreas protegidas donde se están construyendo represas o que serán afectadas por las mismas.Es de recordar que en la década de los años 90 del siglo pasado, con la imposición del Corredor Biológico Mesoamericano, sirvió para evitar que se les reconociera su territorio a muchos de los 59 pueblos indígenas del istmo centroamericano. En la actualidad las organizaciones ambientalistas en cierta medida son cómplices de la destrucción y violación a los derechos humanos que están causando las represas entre nuestros pueblos.Desde el pueblo Maya kanjobal de Barillas (Guatemala) hasta el pueblo Bugle de Tabasara (Panamá), sus derechos humanos han sido violentados. En los últimos meses muchos pueblos indígenas han sufrido la represión estatal y la obliteración de sus derechos humanos. En el Sistema de Áreas Protegidas que se han establecido desde hace décadas se ha permitido la construcción de represas, tal como sucedió con el río Teribe del Parque La Amistad (Panamá), y el río Patuca en la Biosfera Corazón. La moda de la conversión de zonas privilegiadas en biodiversidad en áreas protegidas continúa hasta la fecha. Pero cada día queda más clara la visión mercantilista que manejan los ambientalistas ahora ensalzada por la denominada economía verde.Desde la creación del refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, pasando por el Monumento Marino Cayos Cochinos y Punta Hizopo, entre otras; notamos como empresarios de "muchos kilates" entendieron perfectamente el negocio del manejo de las áreas protegidas. Basta ver al sentenciado Stephan Schmidheiny, rey de los asbestos, hasta el palmero de la muerte Miguel Facusse, quienes aplicaron los mecanismos de conversión del manejo de áreas protegidas en eco inversiones.Los planes de manejo de las áreas protegidas en ningún momento fueron consultados, y en algunos casos como en Cuero y Salado se dieron desalojos silentes de las poblaciones locales. Casi medio centenar de familias Garífunas que habitaban los humedales, se vieron obligados a instalarse en otras zonas de la costa ante las presiones de los funcionarios de la Reserva que acompañados de soldados aplicaron restricciones al derecho a la alimentación. Schmidheiny y sus socios locales trataron de replicar la misma estrategia en los Cayos Cochinos.Humedales y Palma AfricanaSegún la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en Honduras existe una hectárea de humedal por cada cuatro hectáreas de palma Africana. Sin embargo la proporción de palma aumentará ante la expansión de la frontera de los agrocombustibles. Según los cálculos de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras hay en la actualidad unas 220 mil hectáreas de palma que se pueden extender a 540 mil hectáreas.Esa ominosa predicción implica que la palma africana avanzará sobre la Moskitia, acelerando la desaparición de enormes extensiones de humedales e intensificando el acaparamiento de tierra.Ciertamente el antiguo Corredor biológico Mesoamericano se convertirá de forma gradual en el Corredor de Palma Centroamericano, y es posible que las plantaciones de palma reciban fondos de los REDD.Los pueblos originarios sufrimos una acelerada ofensiva por parte de los estados-nación, los que bajo el pretexto de producción de energía limpia, incluyendo los agrocombustibles y secundados por la hipocresía de las áreas protegidas, han optado por un asalto final sobre nuestros territorios, culturas y estilos de vida.Es indudable que la crisis desarrollista que enfrenta el mundo, requiere de decisiones responsables y éticas por parte de los estados, así mismo que los diversos pueblos y el movimiento social debemos fortalecer nuestras agendas, movilizaciones y estrategias para garantizar el futuro de las próximas generaciones.Colombia: Respeto para nuestra Guardia Indígena, es lo único que aceptamos
Autor: Tejido de Comunicación - ACIN
Las acciones contundentes de nuestros comuneros y comuneras valientes, han logrado llegar al mundo, la fuerza y transparencia de estas iniciativas de la comunidad tienen un impacto tal que los medios oficiales las han difundido sin poder tergiversar su mensaje, como en otras ocasiones. Pero este es un contexto complejo, en donde todos tratan de sacar provecho.
Frente a la destrucción de trincheras del ejército y de los campamentos de la guerrilla, para todo el mundo queda clara la posición, fuerza y unidad de la comunidad del norte del Cauca. Que es la única protagonista legítima de la resistencia indígena a la guerra y a la ocupación de su territorio. Pero simultáneamente al respaldo solidario legítimo a las comunidades, quedan en evidencia otras reacciones que afectan y distorsionan la iniciativa autónoma y decidida de las mismas. Se trata entonces de una situación en la que, de una parte la guerra transforma a un pueblo ejemplar en víctima. De otra, la utilización de nuestra resistencia como una oportunidad para alcanzar intereses de quienes hablan a nuestro nombre negándonos también la autonomía.
Un bando nos somete con el terror y la guerra y nos promete obras para despojarnos, otros se apropian de nuestra resistencia a los armados y a sus beneficiarios corporativos. Todos nos expropian. Unos y otros nos ocupan. Ninguno nos representa. Las comunidades tenemos derecho de nombrar y caminar nuestra palabra. A unos y otros les exigimos respeto. Por ejemplo, se escucha que el gobierno quiere ‘evaluar’ la legalidad de la institución autónoma de la guardia, como respuesta al documento a Santos, nuestra exigencia en el sentido de que esa es la única fuerza legítima para defender pacíficamente nuestro territorio. ¿Pero el gobierno es el indicado para evaluar a la guardia? ¿Quiénes legitiman las acciones en defensa del pueblo? ¡El pueblo!
Al mismo tiempo , diferentes medios empiezan a especular, afirman que la comunidad de Toribío solicita al gobierno “que legitime a la Guardia Indígena de ese municipio como un mecanismo de protección, tras los recientes hostigamientos de las FARC”, pero la Guardia desde siempre ha sido legítima, su lucha en defensa de la vida y el respaldo de la comunidad se la confiere. No se pueden confundir dos temas distintos, las acciones de expulsión de los actores armados que realiza la comunidad respaldada en la guardia indígena no son coherentes con una petición de reconocimiento a un ente que no está en la facultad de otorgarlo.
Nosotros no le pedimos al Gobierno que legalizara ni reconociera a la Guardia Indígena: le exigimos (además de retirar la fuerza pública que solamente genera guerra y maltrato), que la respete y que cumpla con sus obligaciones constitucionales y le brinde todo el respaldo que requiere para recuperar el control territorial que ancestralmente nos pertenece.
Si todos los recursos que el Gobierno está malgastando en mantener unas fuerzas armadas que solo traen devastación y muerte se destinaran, bajo el control y orientación autónoma de las comunidades para fortalecer nuestros planes de vida, una proporción mínima de lo que ahora solo causa dolor y miseria, bastaría para consolidar a la Guardia Indígena en este propósito. Ello impone una condición por la que venimos luchando desde hace más de 500 años: el respeto a nuestra autodeterminación.
De una parte, el Estado (punto 4 de la Minga y todos los acuerdos internacionales), tiene la obligación de ofrecer todos los recursos y respaldos al proceso autónomo bajo el principio de autodeterminación. De otra parte, ninguna institución puede usurpar el derecho de las comunidades a resistir y a representarse a sí mismas para defender sus planes de vida. Y las autoridades que deben mandar obedeciendo solamente pueden exigir respaldo institucional bajo el mandato de las comunidades. Cuando las instituciones a nombre de defendernos nos someten a sus proyectos y a sus intereses, también violan nuestra autonomía y nuestra lucha. Tanto el estado como ong’s y otros respaldos institucionales tienen que respetarnos y adoptar nuestra orientación. Si no lo hacen exigimos que se vayan.
Que les quede claro de una vez por todas lo que las comunidades queremos. 1. Que se vayan los actores armados, vengan de donde vengan. 2. Que respeten nuestros Planes de vida y nuestra Guardia indígena. 3. Que los recursos del pueblo en nuestros territorios, no los sigan manejando unos pocos para una guerra privada que le entrega lo nuestro a las transnacionales sino que sean públicos para fortalecer nuestros Planes de Vida y nuestra Guardia Indígena. 4. Que rechazamos a los que se aprovechan de nuestro sufrimiento y hablan a nombre de nuestra resistencia. Quienes dicen apoyarnos deben entender y caminar con nosotros y de acuerdo a nuestra orientación, como conocedores ancestrales de nuestro territorio; si no es así entendemos que nuestra lucha es algo de lo que se están aprovechando y de esta manera se tienen que ir.
Unos nos traen la guerra y los otros pretenden decirnos cómo resistir. Unos y otros nos niegan como pueblo. Entendemos que ante la complejidad de la situación que atraviesa nuestro territorio, muchos quieren aprovecharse. De nada nos sirve ponernos de pie frente a unos y tener que arrodillarnos frente a otros. ¡Vamos a continuar nuestra resistencia vengan de donde vengan!
Guataemala: Comunitarios exigen sus derechos a la municipalidad del Estor, Izabal
Representantes de las comunidades que habitan en la Sierra Santa Cruz, El Estor Izabal, Izabal exigen a las autoridades de este municipio que los reconozca como comunidades indígenas Q´eqchis sujetas de derecho.
Su petición esta respaldada por el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los líderes comunitarios han mencionado que se apostarán frente a la municipalidad hasta que el Consejo Municipal redacte un acuerdo en donde quede establecido que ellos habitan en comunidades indígenas.
Guatemala: CONDENAMOS ATAQUE EN CONTRA DE LIDER INDIGENA DOMINGO HERNANDEZ IXCOY
La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej, condena enérgicamente el acto de intimidación en contra del líder nacional y compañero Domingo Hernández Ixcoy, realizado el día de hoy martes 10 de julio a las 14:00 horas, en donde desconocidos ingresaron a su residencia ubicada en el departamento de Chimaltenango, sustrajeron dinero y otras pertenencias, dejando una nota intimidatoria que supone el objetivo era atentar en contra de la vida del compañero Domingo Hernández, la cual decía: “dejen esta nota sobre el cadáver”.
Domingo Hernández Ixcoy es cofundador del Comité de Unidad Campesina CUC, actualmente Coordinador de la Asociación maya Uk´uxB´e, a su vez miembro de la Junta Ajpatan Samaj de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej, dirigente histórico en la lucha por la defensa del territorio, quien ha participado activamente en las consultas comunitarias de buena fe en contra de la minería e hidroeléctricas en diferentes comunidades del país, miembro del comité organizador de la marcha Indígena, Campesina y Popular que movilizó a mas diez mil personas y recorrió 212 kilómetros, en marzo del 2012.
Ante el ataque en contra del compañero Domingo Hernández Ixcoy, expresamos:
Nuestra condena y repudio ante este ataque, que golpea a las organizaciones y activistas que trabajan en la defensa del territorio y en consecuencia debilita aún más la seguridad, integridad física y la vida de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
Nuestra preocupación por la inseguridad que se vive diariamente en el país, situación que amenaza y corta la vida de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, de los distintos estratos sociales, sin que existan serias y permanentes acciones para combatirla, sino más bien la utilización inconstitucional del ejército para tareas de seguridad ciudadana sustituyendo a la policía nacional civil de sus funciones según su mandato; así como tampoco una persecución penal eficiente contra los autores materiales e intelectuales de los hechos, contribuyendo con ello a profundizar la impunidad.
Por consiguiente, exigimos al Gobierno de la República adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger la vida y actividades de las y los guatemaltecos, así como de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya situación de vulnerabilidad se ha agravado durante este año debido al clima de violencia.
Al Ministerio Público, la investigación y persecución penal de los autores materiales e intelectuales de este hecho.
Y por último, al compañero Domingo Hernández Ixcoy, a su familia, a la Asociación Maya Uk´uxB´e, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo.
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA NACIONAL MAYA WAQIB´KEJ
Ixim Ulew waxaqib ajmaq
Guatemala, 10 de julio de 2012.
Guatemala
NO MAS INTIMIDACION A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO -ADH- Y EL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDNETE -CPO- POR ESTE MEDIO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL; MANIFESTAMOS
1. NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACION POR LA SISTEMATICA AGRESION E INTIMIDACION QUE ESTAN SUFRIENDO DIFERENTES LIDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LUCHAN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE NUESTROS PUEBLOS, LO QUE SE HA AGUDIZADO PRECISAMENTE EN EL PRESENTE AÑO.
2) MANIFESTAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO DOMINGO HERNANDEZ DE LA ASOCIACION UKUX BE, MIEMBROS DE WAQUIB KEJ; QUIEN FUE VICTIMA DE UN ACTO DE INTIMIDACION HOY MARTES 10 DE JULIO A LAS 14:00 HORAS, EN DONDE DESCONOCIDOS INGRESARON EN SU RESIDENCIA, SUSTRAJERON DINERO Y OTRAS PERTENENCIAS, DEJANDO UNA NOTA INTIMIDATORIA CON LA SIGUIENTE LEYENDA “dejen esta nota sobre el cadáver”.
3) EXIGIMOS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO; LA PRONTA ACLARACION DE ESTE HECHO; DEMANDAMOS MAYOR SEGURIDAD Y RESPETO A LA INTEGRIDAD FISICA E INTELECTUAL DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUIENES CONTRIBUIMOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO.
OCCIDENTE DE GUATEMALA, MARTES 10 DE JULIO DE 2012
Guatemala
NO MAS INTIMIDACION A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO -ADH- Y EL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDNETE -CPO- POR ESTE MEDIO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL; MANIFESTAMOS
1. NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACION POR LA SISTEMATICA AGRESION E INTIMIDACION QUE ESTAN SUFRIENDO DIFERENTES LIDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE LUCHAN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE NUESTROS PUEBLOS, LO QUE SE HA AGUDIZADO PRECISAMENTE EN EL PRESENTE AÑO.
2) MANIFESTAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO DOMINGO HERNANDEZ DE LA ASOCIACION UKUX BE, MIEMBROS DE WAQUIB KEJ; QUIEN FUE VICTIMA DE UN ACTO DE INTIMIDACION HOY MARTES 10 DE JULIO A LAS 14:00 HORAS, EN DONDE DESCONOCIDOS INGRESARON EN SU RESIDENCIA, SUSTRAJERON DINERO Y OTRAS PERTENENCIAS, DEJANDO UNA NOTA INTIMIDATORIA CON LA SIGUIENTE LEYENDA “dejen esta nota sobre el cadáver”.
3) EXIGIMOS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO; LA PRONTA ACLARACION DE ESTE HECHO; DEMANDAMOS MAYOR SEGURIDAD Y RESPETO A LA INTEGRIDAD FISICA E INTELECTUAL DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUIENES CONTRIBUIMOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO.
OCCIDENTE DE GUATEMALA, MARTES 10 DE JULIO DE 2012
Mujeres en Resistencia La lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales
Colectivo Madre Selva
10 de julio 2012
El día domingo 1 de julio del año 2012, en la resistencia comunitaria localizada en la Puya San Pedro Ayampuc, se realizó el foro Mujeres en Resistencia -la lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales-.
Esta actividad fue un intercambio de experiencias entre lideresas de los departamentos de El Quiché, Santa Rosa, San Marcos y las mujeres de la resistencia antiminera en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala. Las ponentes: Aura Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K´iche´s, Gregoria Crisanta Pérez y Crisanta Olivia Pérez de la Pastoral de Medio Ambiente de San Miguel Ixtahuacán, Yolanda Girón del Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza Codidena y Lesbia Villagrán del Comité Defensor de la Vida de San Rafael las Flores, compartieron sus experiencias con las mujeres y comunidades en La Puya donde están bloqueando la entrada a la mina.
Las invitadas compartieron información sobre las acciones pacíficas y estratégicas que han tomado como comunidades para evitar la entrada de proyectos mineros y grandes hidroeléctricas, también compartieron sus experiencias personales sobre la criminalización a las que han sido sometidas por defender su territorio y además, cómo han desarrollado consultas de vecinos o comunitarias para oponerse a grandes proyectos que buscan desarrollarse en su territorio.
Esta actividad permitió resaltar varios temas importantes sobre la resistencia de las mujeres:
- Existe un dolor compartido por la forma en que se violan los derechos de los pueblos, en particular a las mujeres, pero también la fuerza extraordinaria de estar juntas. Por lo tanto es necesario crear alianzas entre las mujeres delpaís que estamos resistiendo y defendiendo el territorio.
- La resistencia pacífica ha sido individual y colectiva y se ha hecho de múltiples maneras. Se han efectuado actividades simbólicas como entregar pilones de café, llevar rosas a las puertas de la mina, caminata de la niñez, caminatas acompañadas de música y poesía elaborada por las comunidades. Esto ha resignificado el sentido de lucha comunitaria y social.
- Las mujeres tenemos decisión y sabemos lo que nos afecta, pero es muy importante que las comunidades apoyen la participación de las mujeres. Las opresiones no vienen sólo de las empresas o del Estado, también vienen de otros ámbitos como el hogar. Además, es importante fortalecer la unidad y organización de las comunidades porque la división es ganancia para otros.
Al finalizar la actividad se recibió una llamada muy emotiva de Yolanda Oqueli saludando a sus compañeras y compañeros de la Puya. Ella expresó su dolor por no poder estar allí en ese momento, pero les animó a seguir adelante en la lucha. Además enfatizó en la necesidad de no dejarse dividir ni manipular por la empresa y seguir unidos en la resistencia pacífica.
Como Colectivo MadreSelva, agradecemos el apoyo de las comunidades y organizaciones participantes. Esperamos que este sea uno de muchos encuentros que apoyen el fortalecimiento de la participación política de las mujeres y hombres que defienden la tierra, el agua la vida.
A principios de 2011 vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala se dan cuenta que esta operando, con licencia de exploración, una empresa minera de oro y plata en su territorio.Se trata del proyecto minero El Tambor que consiste en varias licencias entre unas la de Progreso VII Derivada, propiedad de la empresa canadiense Radius Gold Inc. Este proyecto fue autorizado sin consulta previa a la población de ambos municipios.En el mes de marzo del presente año, los pobladores deciden bloquear la entrada a la mina y se instala el campamento La Puya donde los vecinos se turnan las 24 horas para evitar el ingreso de la maquinaria al proyecto. El 8 de mayo a la una de la mañana la empresa intenta ingresar, aproximadamente, 25 camiones con maquinaria custodiados por 40 patrullas de la Policía Nacional Civil. Los vecinos se organizan y llegan 2000 personas de las aldeas aledañas al lugar para impedir el ingreso de la empresa. A pesar de la provocación por parte de la empresa y la PNC, y gracias a la actitud pacifica de la población, no se incurre en violencia.El 13 de mayo sufre un atentado contra su vida la destacada lideresa Yolanda Oqueli de San José del Golfo quien se encuentra estable pero sin poder regresar por ahora a su comunidad. La resistencia comunitaria y pacifica ya tiene mas de cuatro meses en el lugar y la lucha sigue en pie a pesar de las amenazas e intimidaciones.
Guatemala
INVITACIÓN A LA VISTA PUBLICA EN EL MARCO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL DE LA LEY DE MINERÍA Decreto 48-97, PRESENTADA POR EL CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA - CPO
Estimados hermanos, hermanas de los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizo, directores y reporteros de los medios de comunicación, comunidad nacional e internacional, adjunto enviamos una invitación especial para que participe con nosotros en esta importante e historica actividad el dia 19 de Julio de 2,012, a las nueve de la mañana en la Sala de debates de la Corte de Constitucionalidad.
El 12 de marzo de 2,012 a las 10:00 horas, la Comision Jurídica del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO, entrega formal del documento que demuestra la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL que existe desde hace 15 años en la LEY DE MINERÍA VIGENTE- Decreto 48-97-, publicada el 17 de junio de 1,997 en el diario oficial para entrar en vigencia el siguiente día.
Esta acción legal fue firmada y presentada por las Autoridades Ancestrales y propias de los pueblos originarios del occidente de Guatemala, territorio donde existe la mayoría de licencias mineras e hidroeléctricas y donde se han realizado más de 60 CONSULTAS COMUNITARIAS DE BUENA FE, desde la practica organizativa y de toma de decisiones de las comunidades y pueblos.
El objetivo principales es que la CC, declare inconstitucional la LEY DE MINERÍA y en consecuencia, se le expulse del ordenamiento jurídico guatemalteco, por violar el derecho de Consulta previa libre e informada, regulado en el artículo 6, numeral 1, literal a), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ―OIT―, sobre Pueblos indígenas, y los preceptos contenidos en los artículos 44, 46, 66 y 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala .
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante, el cual fue ratificado por Guatemala en el año 1,996. Una vez ratificado el Convenio, el Estado, se obligó a reformar sus políticas públicas, programas y su legislación para respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales regulados en dicho convenio.
En este instrumento se establece, que los gobiernos deben “consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativa.” , cosa que no paso en Guatemala, Sin embargo en el año 1,997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, el Congreso emitió la Ley de minería vigente contenida en el Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, publicada el 17 de julio de 1,997, que regula la explotación minera en Guatemala, sin que se haya respetado el derecho de consulta previa, libre e informada, tampoco garantizó los derechos fundamentales regulados en convenios internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado guatemalteco.
A pesar de la ratificación re realizó del estado Guatemalteco en el año 1,996 del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, EL ESTADO GUATEMALTECO NO HA CUMPLIDO NI ESTA CUMPLIENDO con estos tratados y convenios internacionales.
CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE CPO
Guatemala:
Cárcel, atentados y amenazas a comunidades, en un marco de promoción de la inversión privada en territorios rurales
Por Juan Pablo Ozaeta
Colectivo de Estudios Rurales Ixim (CER-Ixim)
En las
recientes semanas, una serie de acontecimientos de amenazas, ataques y capturas
contra poblaciones enfrentadas a empresas extractivas y de servicios, y en
defensa de sus medios de vida, pintan un panorama preocupante para la población
rural, y muy delicado para un Gobierno como el que preside el ex general Otto
Pérez Molina.
A
continuación, una relación de hechos recientes:
El día 2 de
mayo, en el municipio de Santa Cruz Barillas, municipio de Huehuetenango
(altiplano occidental, frontera con México), se llevan a cabo disturbios entre
pobladores y personeros de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A, que concluyen con
la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel.
Estos
enfrentamientos se originan tras el impulso de un proyecto hidroeléctrico de la
empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español.
Como resultado de estos hechos, el gobierno declara estado de sitio y detiene a
por lo menos once personas de la comunidad, a quienes implicó en los disturbios,
y se les imputan cargos de terrorismo.
El 31 de
mayo, es capturado y puesto en libertad por falta de pruebas Rodimiro Lantán,
líder de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo
Integral de la Región Ch’ortí –COMUNIDCH-. Esto ocurrió poco después de haberse
realizado la entrega de Títulos como Comunidades Indígenas de Ascendencia Maya
Ch´orti´ y Títulos de Consejos de Asuntos Indígenas, Territoriales y Recursos
Naturales de las Comunidades Indígenas de Tachoche y Tizamarté, del municipio de
Camotán, Chiquimula, en el oriente del país.
Tres meses
atrás, fue asesinado un líder de esa organización, Elaví Hernández Agustín,
quién fungía como Secretario del Consejo de Administración de Tierras y Recursos
Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, La Unión Zacapa, región
Ch’orti’.
El 13 de
junio, Yolanda Oquelí lideresa comunitaria del municipio de San José del Golfo,
cercano a la capital, fue atacada por dos hombres en una moto, quienes les
dispararon hiriéndole con un bala cerca del hígado.
Oquelí ha
liderado la resistencia pacifica ante la instalación de un proyecto minero de la
empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A (Exmingua.). Esta compañía es
subsidiaria de la empresa canadiense Radius Exploration
Ltd.
Yolanda Oquelí al micrófono. Foto: James Rodríguez -
Mimundo.org
El 4 de
julio, se denunció la persecución y agresiones en contra de integrantes del
Consejo de Pueblos
K´iche´s (CPK), entre las que se encuentra la líder
Lolita Chávez.
Cuatro
mujeres integrantes del CPK resultaron heridas por supuestos simpatizantes del
alcalde de Santa Cruz del Quiché, luego de una manifestación pacífica en contra
de dicho jefe edil, quien pertenece al partido de Gobierno, y contra la
instalación de torres eléctricas de la empresa de distribución de energía
DEOCSA, propiedad de la compañía inglesa Actis.
Semanas
atrás, en la misma región ocurrió un violento asesinato, contra José Tavico
Tzunun, también integrante del CPK.
Lolita Chávez, del Consejo de
Pueblos K´iche´s (CPK)
Luego de
esta relación de hechos, del cual pudieron haberse quedado otros sucesos sin
mencionar, cabe apuntar que poco o nada se ha visto para aclarar los actos de
violencia e intimidación contra estos líderes y lideresas rurales. Una excepción
es el caso de Santa Cruz Barillas, en el cual se capturó a dos guardias de la
empresa Hidro Santa Cruz, acusados de la muerte del campesino Andrés Pedro
Miguel.
En tanto, el
actual Gobierno protagonizó otros acontecimientos que también fueron noticia
reciente y que dibujan el marco político de esta relación de sucesos de
violencia contra la población rural.
El pasado 30
de junio, el general Otto Pérez Molina, presidente de la República, inauguró dos
brigadas militares, entre ellas una ubicada en el municipio de San Juan
Sacatepéquez, cerca de la capital, donde desde hace varios años existe
resistencia contra una empresa cementera; situación que ha provocado que a la
fecha haya líderes purgando largas condenas.
Un mes
antes, el 17 de mayo, el gobierno de Otto Pérez lanzó su política de Desarrollo
Rural, que incluía un “Marco General de Política para la Promoción de la
Inversión Privada en Territorios Rurales”. Este señala que existe necesidad de
inversión privada y extranjera, por lo que “brindará seguridad jurídica al
inversionista (…) impulsando el desarrollo sostenible mediante el uso de los
recursos naturales, especialmente aquellos que por reconocimiento constitucional
se definen como bienes del Estado (el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos
y los minerales)”.
Vale añadir
también la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio, el cual
cuenta con un pilar importante de comercio e inversiones, que promoverían más
inversiones en territorios rurales, como las de las empresas europeas ya
mencionadas acá, y que son actores protagónicos de esta lucha por el control de
los recursos naturales.
Todos estas
“novedades” hablan de un Gobierno que impulsa a la fuerza un proyecto económico
orientado la explotación de recursos naturales, y que en lugar de garantizar
mejoras en las condiciones de vida de la población rural, trae violencia y
ataques contra hombre y mujeres líderes.
También
presenta un desafío para el liderazgo rural y los movimientos sociales, para
saber actuar unificadamente contra esta ola de ataques, y difundir ante la
sociedad guatemalteca, y en particular en las poblaciones rurales, un modelo de
bienestar realizable, sostenible y respetuoso de la madre naturaleza.
Fuentes:
Imágenes
de capturas en San Juan Sacatepéquez:
Guatemala:
La Ley de Minería es Inconstitucional
El Consejo de Pueblos de Occidente, CPO por sus siglas, nació a finales del año dos mil ocho como seguimiento a las consultas comunitarias ante las permisivas políticas gubernamentales con la presencia, en territorio nacional, de empresas trasnacionales exploradoras y explotadoras de recursos naturales minerales.
Esta presencia es una realidad, palpable en cualquier comunidad del altiplano marquense, sobre todo en Sipakapa y San Miguel por lo que son muchos que consideran que la presencia de estas empresas ponen en riesgo la vida común de los pueblos.
Es por ello que el equipo jurídico del CPO realizó el análisis exhaustivo de la controversial ley de minería y llego a la conclusión de que la misma es inconstitucional, Pero ¿Cómo se puede decir que una ley, dentro de nuestro sistema jurídico desde hace más de 15 años, es inconstitucional?.
Para esa respuesta hay que ir un poco atrás en el tiempo. En 1996 con la paz firmada tras los duros años de conflicto armado interno, los gobernantes de la época entendieron que era necesario capitalizar el país. Era necesario que empresas inviertan en el país, que existiera una oferta laboral que pudiera sacar al país de la miseria al desarrollo económico. La idea no era mala en un principio pero pronto quedo patente que, en vez de buscar un desarrollo nacional con el nacimiento de empresas nacionales o privadas de elaboración de materias primas, la idea era aprovechar, más bien expoliar, todos los recursos del país. Para ello era necesario cambiar leyes y acomodar normas. Una de ellas era la ley de minería y, por consiguiente, había que hacerla más accesible.
No se dudo y el resultado fue una nueva ley que, entre otras cosas, rebajaba los impuestos, las regalías y no garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas reconocidos en convenios internacionales firmados por Guatemala.
La fiebre del oro contamino los gobiernos de Guatemala. El resultado es la situación actual. Más de 100 licencias de exploración minera sobre un país que es número 106 en extensión territorial del mundo y sin tradición minera.
Poco antes del cambio de ley, Guatemala ratificaba el convenio 169 de la OIT. En base este convenio establece que los gobiernos deben de cuidar y preservar las tradiciones de los pueblos indígenas. Dentro de este convenio se establece claramente, en su artículo 15, la obligación de realizar consultas previas antes de realizar proyectos de extracción minera con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las licencias mineras.
Y está es la piedra angular de este caso. Mientras se realiza una ley que entrega el patrimonio del subsuelo a empresas sin ton ni son, el mismo gobierno firmaba convenios que exigían el respeto a los pueblos indígenas.
Infografía: P.L.
“la ley contradice, contraviene y no está acorde con lo que establece la constitución” nos dice el licenciado Udiel Miranda, del área jurídica del CPO y es que la Constitución política de la Republica de Guatemala es clara al señalar que “en materia de derechos humanos la norma internacional prevalece sobre las leyes ordinarias” nos completa Udiel.
Tras un largo proceso de estudio se toma la decisión única de denunciar, en el máximo tribunal de la nación, la inconstitucionalidad total de la ley de minería.
El 12 de marzo de 2012 la comitiva de abogados del CPO, representante de los pueblos del occidente de Guatemala, se presento a la Corte de Constitucionalidad para hacer entrega formal del documento legal que demuestra la inconstitucionalidad total de la ley de minería, dicho documento acompañado entre otros de las firmas de la presidenta de los 48 cantones de Totonicapán, Alcalde Indígena de la Municipalidad Indígena de Solola, Alcaldía indígena de Nebaj, Alcaldía Indígena de Chichicastenango, Alcalde Comunitario representante de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, K’MALB’E del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales de los pueblos Maya, Xinca y Garifuna de Ixim Ulew, Álvaro Ramazzini en calidad de representante legal de la iglesia católica diócesis de San Marcos, representante legal del ecuménico cristiano de Guatemala y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, dando inicio así a un proceso de defensa territorial jurídico-político.
Un mes después la Corte de Constitucionalidad decide darle trámite a dicha acción presentada por los pueblos y dos meses más tarde exactamente el 25 de mayo de 2012 decide dar audiencia el 19 de Julio de 2012 a las 9:00 horas para realizar Vista Pública sobre el caso.
Es básicamente el momento en que se espera para hacer justicia. Para que la razón sea entregada a las comunidades.
La decisión de las comunidades se ha podido ver en todas y cada una de las consultas comunitarias realizadas a lo ancho y largo del país. Ni una sola consulta de las más de 60 realizadas han dado un sí a la exploración o explotación química de metales, ni un solo municipio del país quiere minas en su territorio. Sin embargo el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas sigue concediendo licencias alegando que no pueden hacer nada, pues cumplen con la ley, (a pesar de no contar con el consentimiento de los pueblos indígenas, propietarios de sus tierras) lo cual hace surgir la cuestión. ¿Porque el gobierno no puede detener las peticiones de licencias a pesar del rotundo rechazo social?.
El día 19 de julio es el momento de hacer historia, el momento en que un pueblo pueda fortalecer su unidad y vencer a la destrucción, al miedo y al despojo. El momento en que un tribunal tendrá la oportunidad de hacer de este un país en que el imperio de la ley se mantenga y el Estado Constitucional de derecho tenga su razón de ser.
Los Pueblos dGuatemala ya hablaron en las consultas comunitarias, ahora le corresponde a la Corte de Constitucionalidad.
Guatemala:
ATENTADO EN CONTRA DE LOLITA CHÁVEZ
ATENTADO EN CONTRA DE LOLITA CHÁVEZ DEL CONSEJO DE PUEBLOS K´ICHE´S
La dirigente Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K´iche´s - CPK y también del Consejo de Pueblos de Occidente - CPO fue atacada el 4 de julio, alrededor de las 16:00 horas, por hombres armados, mientras retornaban a la cabecera departamental de una manifestación pacífica.
Al final de la manifestación, cuando regresaban a la comunidad Xetinap quinto La Laguna personas miembras del Consejo de Pueblos Kíche´s sufrieron un atentado, por parte de hombres armados quienes las interceptaron con palos, machetes y navajas hiriendo a cuatro mujeres golpeándolas fuertemente, estos hombres a gritos buscaban y perseguían a la dirigente comunitaria Lolita Chávez. Afortunadamente ella se encuentra a salvo.
Se solicitó el auxilio a la policía quienes llegaron 25 minutos después, fueron las autoridades comunitarias quienes les auxiliaron. Sin embargo la policía llegó a amendrentar a las personas de las comunidades. Muchas de ellas tuvieron que huir a las montañas.
Desde el día de ayer se presentó el Alcalde con soldados a comunidades como Xetinap para amenazar a miembros del CPK y poniendo denuncias en contra de luchadores y defensores de la tierra y el territorio ante la PDH.
Por la mañana el Consejo de Pueblos K'iche's (CPK) realizó una manifestación pacífica en Santa Cruz del quiché para denunciar las actitudes racistas y prepotentes que el alcalde Estuardo Castro del Partido Patriota (PP) está teniendo en contra de los pueblos indígenas, así como por la corrupción que ha demostrado su temprana administración. Desde las ocho de la mañana se encontraban en la carretera alrededor de 400 personas en su mayoría mujeres, niños y niñas.
Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución, se han puesto órdenes de captura a sus dirigentes, y el pasado 12 de junio asesinaron a José Tavico Tzunun a la una de la madrugada, dos hombres balearon su casa ubicada en la comunidad Sibacá III del municipio de Santa Cruz del Quiché . Hay amenazas en contra de otros miembros de esta organización.
Hoy por la mañana ante la manifestación pacífica, la respuesta fue el envío de alrededor de cien agentes de policía y la mitad son antimotines, desde el 22 de octubre que las comunidades de Santa Cruz del Quiché han realizado su consulta comunitaria en contra de minería proyectos que afectan la vida de los pueblos, en donde exigen que se respete el derecho de consulta y de defensa del territorio.
El Consejo de Pueblos K'iche's denuncia discriminación, racismo y prepotencia por parte del alcalde, que además continúa beneficiando a personas que se afiliaron al partido oficial. Además alertan acerca de las negociaciones que está realizando con transnacionales como DEOCSA, que afecta a las comunidades pues ésta pretende instalar torres de alta tensión y quitar a las comunidades sus terrenos, se exige que se respeten el derecho de consulta, los derechos de los pueblos indígenas, convenios internacionales como el 169 de la OIT, el convenio sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas y la constitución política de Guatemala
El alcalde esta en contra de las decisiones que están tomando las comunidades k'iche's en contra del PER y el PET, que son proyectos de tendido eléctrico de alto voltaje que forman parte del Sistema de Integración Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC); un plan imperialista que busca crear la infraestructura necesaria para la privatización de la cuencas hídricas de mesoamericana y por consiguiente de la producción eléctrica en base a hidroeléctricas para alimentar energéticamente los demás planes del capital nacional y transnacional que se proyectan (maquilas, Hoteles 5 estrellas, megacentros comerciales y mineras).
Centro de Medios Independientes de Guatemala
Transnacionales españolas y territorios indígenas
Autor: Jesús González Pazos / http://www.alainet.org/active/56207
Con motivo de la reciente celebración de la Conferencia de Naciones Unidas Río+20, el Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos que, en paralelo a esa conferencia, reunió a cientos de organizaciones sociales y a miles de hombres y mujeres de todo el mundo, emitió diferentes pronunciamientos. En uno de estos documentos denunciaba abiertamente que el fallido modelo económico “pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza”.
En esa misma línea, el capital transnacional español está tratando de reubicarse a través de sus empresas. Algunas de éstas, sobradamente conocidas y con una larga historia de denuncias sociales por violaciones a los derechos ambientales y humanos; otras más nuevas y que, sumándose a esta corriente en los tiempos de crisis, buscan ganar nuevos mercados y más beneficios. Y todas ellas alentadas, en esta carrera de expansión, por la clase política tradicional y los diferentes poderes institucionales del estado incluidos, en muchos casos, los autonómicos. También ambas inmersas en esa línea de mercantilización extrema de la naturaleza para la máxima obtención de beneficios al precio que sea, incluidos los derechos de las personas y de los pueblos. Veamos a continuación tres ejemplos que, como tales, no son excepciones sino, por el contrario, muestra de esta tónica dominante de distintos niveles de conflicto pero todos en la lógica de explotación de la naturaleza y de irrespeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos.
Chile
Caso Neltume Central Hidroeléctrica. La transnacional italo-española Enel-Endesa, pretende el vaciado parcial de un lago y la inundación de territorios sagrados mapuches. Esto traería consigo daños ambientales y sociales irreversibles, parejo al reasentamiento de comunidades indígenas tras la expulsión de sus tierras. Todo ello con la pretensión de construir una nueva central hidroeléctrica en uno de los territorios más castigados por este tipo de proyectos a lo largo de las últimas décadas: el llamado sur chileno que no es más que el territorio mapuche. Son sobradamente conocidos los casos, protagonizados también por Endesa, de la construcción de centrales hidroeléctricas en otros ríos andinos con proyectos como Ralco y Panque, conocidos posteriormente como “ecodesastres” por sus graves consecuencias medioambientales y sociales contra el territorio mapuche. Por supuesto todo esto se produce, entre otras, con una clara violación del derecho a la consulta, reconocido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se utiliza la cooptación de líderes, el soborno y el hostigamiento a dirigentes y comunidades que están manifestando su oposición a esta nueva violación de sus derechos como pueblos que ocupan estos espacios desde hace miles de años.
Perú
Recientemente Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la organización representativa de los pueblos amazónicos de Perú, denunciaba una nueva intromisión y presiones a cargo de Repsol. En esta ocasión la situación se producía en el territorio awajun y shawi del departamento de Loreto. En este territorio se ubica el denominado lote petrolero 109, según concesión del gobierno peruano, realizada sin consulta alguna a la población. Repsol presiona constantemente a las comunidades para entrar a operar en estos territorios indígenas sin, como señalamos, autorización alguna de las comunidades. De las 42 comunidades afectadas, solamente una había aceptado este ingreso. Aidesep exige a Repsol el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos del área y al gobierno peruano, más cercano a los intereses de la transnacional española que de su propia población, instalar y desarrollar un dialogo para solucionar el conflicto antes de que se puedan producir consecuencias mayores y más graves.
Guatemala
En este caso, la empresa agresora es Hidro Santa Cruz S.A., la cual es subsidiaria de la española Hidralia Energía, que tiene su sede central en A Coruña. En esta ocasión, el conflicto ha adquirido niveles realmente graves pues se han producido ya muertos y heridos, además del estado de sitio declarado por el gobierno guatemalteco.
Santa Cruz de Barillas es un municipio q’anjob’al del departamento de Huehuetenango y en él se enclava el territorio donde la transnacional gallega pretende construir una central hidroeléctrica. El 23 de junio del año 2007 se realizó una consulta comunitaria en la que más de 40.000 personas expresan su rechazo a las actividades mineras y en 2012 reiteran este repudio sumando su oposición a los posibles proyectos hidroeléctricos. Todo ello a pesar de presiones y amenazas continúas contra dirigentes y comunidades. El 1 de mayo de este mismo año la situación explota; en un atentado, es asesinado un comunario y otros dos son heridos. Ese hecho es respondido por la población con manifestaciones y su entrada en instalaciones militares, donde se habían refugiado los asesinos. El gobierno guatemalteco responde inmediatamente con la declaración del estado de sitio, que suspende las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y militariza la población durante varias semanas. Recientemente se ha detenido a dos empleados de seguridad de la empresa como presuntos autores materiales del atentado.
Como se puede observar en los tres casos brevemente citados, la tónica general es la entrada de empresas transnacionales españolas en territorios indígenas, sin consulta a las comunidades e irrespetando, en sus términos más suaves, sus derechos como personas y como pueblos a sus territorios y los derechos de la propia la naturaleza. Además, a estas acciones se suman normalmente las actuaciones de los gobiernos de turno que responden a dar protección jurídica y legal, así como las mejores condiciones a las empresas, en vez de a los legítimos dueños y dueñas de las tierras. Y si los métodos de cooptación, sobornos y otras formas de presión no son suficientes, se pasará entonces a otros como la militarización de los territorios, los procesos judiciales contra determinados liderazgos o los asesinatos con el objetivo de eliminar opositores y extender el terror entre la población.
Por esto, la contundente declaración al inicio de este texto del Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos no es sino la denuncia del objetivo del modelo neoliberal (sistema fallido) que trata ahora de reinstaurarse como dominante, en medio aún de la crisis estructural que padece. Y a ese proceso las transnacionales españolas también se están sumando. Para ello cuentan con el favor y respaldo de los poderes económicos, pero especialmente de gran parte de la clase política, escudándose en gran medida en la llamada crisis económico-financiera y la necesidad urgente de extender los mercados. Pero, esa salida de la crisis no puede serlo a costa también de los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales de otros pueblos; no puede reeditar los viejos procesos colonialistas en una simple y trágica repetición más de la historia.
Jesús González Pazos
Miembro de Mugarik Gabe y de la CODPI (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas)
| Etiquetado Occupy Wall Street, Río+20
Guatemala:
La Ley de Minería es Inconstitucional
3 de julio 2012
El
Consejo de Pueblos de Occidente, CPO por sus siglas, nació a finales del año
dos mil ocho como seguimiento a las consultas comunitarias ante las permisivas
políticas gubernamentales con la presencia, en territorio nacional, de empresas
trasnacionales exploradoras y explotadoras de recursos naturales minerales.
Esta presencia es una realidad, palpable en
cualquier comunidad del altiplano marquense, sobre todo en Sipakapa y San
Miguel por lo que son muchos que consideran que la presencia de estas empresas
ponen en riesgo la vida común de los pueblos.
Es por ello que el equipo jurídico del CPO realizó el análisis
exhaustivo de la controversial ley de minería y llego a la
conclusión de que la misma es inconstitucional, Pero ¿Cómo se puede decir que
una ley, dentro de nuestro sistema jurídico desde hace más de 15 años, es
inconstitucional?.
Para
esa respuesta hay que ir un poco atrás en el tiempo. En 1996 con la paz firmada
tras los duros años de conflicto armado interno, los gobernantes de la época
entendieron que era necesario capitalizar el país. Era necesario que empresas
inviertan en el país, que existiera una oferta laboral que pudiera sacar al
país de la miseria al desarrollo económico. La idea no era mala en un principio
pero pronto quedo patente que, en vez de buscar un desarrollo
nacional con el nacimiento de empresas nacionales o privadas de elaboración de
materias primas, la idea era aprovechar, más bien expoliar, todos los
recursos del país. Para ello era necesario cambiar leyes y acomodar normas. Una
de ellas era la ley de minería y, por consiguiente, había que
hacerla más accesible.
No se dudo y el resultado fue una nueva ley que, entre otras cosas,
rebajaba los impuestos, las regalías y no garantiza los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas reconocidos en
convenios internacionales firmados por Guatemala.
La fiebre del oro contamino los gobiernos de
Guatemala. El resultado es la situación actual. Más de 100 licencias de
exploración minera sobre un país que es número 106 en extensión
territorial del mundo y sin tradición minera.
Poco antes del cambio de ley, Guatemala ratificaba el convenio 169 de la
OIT. En base este convenio establece que los gobiernos deben de cuidar y
preservar las tradiciones de los pueblos indígenas. Dentro de este convenio se
establece claramente, en su artículo 15, la obligación de realizar consultas
previas antes de realizar proyectos de extracción minera con la finalidad de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las licencias mineras.
Y está es la piedra angular de este caso. Mientras se realiza una ley que
entrega el patrimonio del subsuelo a empresas sin ton ni son, el mismo gobierno
firmaba convenios que exigían el respeto a los pueblos indígenas.
“la
ley contradice, contraviene y no está acorde con lo que establece la
constitución” nos dice el licenciado Udiel Miranda, del área jurídica del CPO y
es que la Constitución política de la Republica de Guatemala es clara al
señalar que “en materia de derechos humanos la norma internacional prevalece
sobre las leyes ordinarias” nos completa Udiel.
Tras
un largo proceso de estudio se toma la decisión única de denunciar, en el
máximo tribunal de la nación, la inconstitucionalidad total de la ley de
minería.
El 12 de marzo de 2012 la comitiva de abogados
del CPO, representante de los pueblos del occidente de Guatemala, se presento a
la Corte de Constitucionalidad para hacer entrega formal del documento
legal que demuestra la inconstitucionalidad total de la ley de minería, dicho
documento acompañado entre otros de las firmas de la presidenta de los 48
cantones de Totonicapán, Alcalde Indígena de la Municipalidad Indígena
de Solola, Alcaldía indígena de Nebaj, Alcaldía Indígena de
Chichicastenango, Alcalde Comunitario representante de las 12 comunidades de
San Juan Sacatepéquez, K’MALB’E del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales
de los pueblos Maya, Xinca y Garifuna de Ixim Ulew, Álvaro Ramazzini en
calidad de representante legal de la iglesia católica diócesis de San
Marcos, representante legal del ecuménico cristiano de Guatemala y la Premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, dando inicio así a un proceso de defensa
territorial jurídico-político.
Un mes después la Corte de Constitucionalidad decide darle trámite a dicha acción presentada por los pueblos y dos meses más tarde exactamente el 25 de mayo de 2012 decide dar audiencia el 19 de Julio de 2012 a las 9:00 horas para realizar Vista Pública sobre el caso.
Es básicamente el momento en que se espera para hacer
justicia. Para que la razón sea entregada a las comunidades.Un mes después la Corte de Constitucionalidad decide darle trámite a dicha acción presentada por los pueblos y dos meses más tarde exactamente el 25 de mayo de 2012 decide dar audiencia el 19 de Julio de 2012 a las 9:00 horas para realizar Vista Pública sobre el caso.
La
decisión de las comunidades se ha podido ver en todas y cada una de las
consultas comunitarias realizadas a lo ancho y largo del país. Ni una sola
consulta de las más de 60 realizadas han dado un sí a la exploración o
explotación química de metales, ni un solo municipio del país quiere minas en
su territorio. Sin embargo el gobierno, a través del Ministerio de Energía y
Minas sigue concediendo licencias alegando que no pueden hacer nada, pues
cumplen con la ley, (a pesar de no contar con el consentimiento de los
pueblos indígenas, propietarios de sus tierras) lo cual hace surgir la
cuestión. ¿Porque el gobierno no puede detener las peticiones de
licencias a pesar del rotundo rechazo social?.
Los
Pueblos de Guatemala ya hablaron en las consultas comunitarias, ahora le
corresponde a la Corte de Constitucionalidad.
Guatemala:
Solidaridad con la lucha de nuestros compañeros de la organización hermana COMUNDICH
Por la Coordinadora Nacional Permanente sobre Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas- Guatemala, 30 de junio de 2012
MANIFESTAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD con la lucha de nuestros compañeros de la organización hermana COMUNDICH, al mismo tiempo que REPUDIAMOS ENERGICAMENTE los ataques, la persecución y el acoso del cual están siendo víctimas nuestros compañeros, por el sólo hecho de defender sus legítimos derechos a la vida, sus tierras y territorios.
En tal sentido, trasladamos a continuación el comunicado enviado por ellos el cual respaldamos íntegramente.
COMUNICADO URGENTE.
ASOCIACIÓN COMUNDICH, LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS Y RECURSOS NATURTALES, ALCALDÍAS INDIEGNAS DECAMOTÁN Y LA UNIÓN, DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y ZACPA, CONSEJOSE Y ORGANIZACIÓN DE MUJERES Y COLECTIVO DE LA JUVENTUD.
A TODAS LAS ORGANIZACIONES HERMANAS, GOBIERNO Y INSTUTUCIONES RELACIONADAS, ORGANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOSHUMANOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Ante los acontecimientos que se han venido vertiendo en contra de nuestra organización ASOCIACIÓN COMUNDICH de nuestro movimiento en justa reivindicación de nuestros derechos como personas, descendientes de un pueblo maya, por nuestra tierra y territorio, por nuestros recursos naturales y por nuestro patrimonio cultural, hacemos saber lo siguiente.
No debe de extrañarse nuestro comunicado, al igual que nuestra organización el movimiento social, sindical, estudiantil y popular ha sido agredo.
ASOCIACIÓN COMUNDICH está enfrentando un asedio constante contra sus dirigentes, es el caso que el 14 de febrero de año en curso fue vilmente asesinado nuestro compañero y hermano ELEVÍ HERNÁNDES AGUSTÍN, representante de la COMUNIDAD INDÍGENA DE ESQUIPULITAS LA UNIÓN, ZACAPA. Seguidamente a este cruel y des- inhumano crimen Julio Reyes hijo de nuestro líder LORENZO REYES fue víctima de un ataque armado cuando se dirigía a su casa de estudio en el municipio de la UNIÓN.
Compañeros miembros de los CONSEJOS DE ASUNTOS INDÍGENAS, TERRITORIALES Y AMBIENTALES DE LAAS COMUDIADES INDÍGENAS DE TACHOCHE YTIZAMARTÉ reciben constantemente amenazas de muerte, esto por denunciar la gravedad en las que se encuentra las tierras de estas comunidades derivado de un préstamo adquirido por el Gobierno dando en garantía de pago las tierras cientos de familias indígenas y campesinas y ladinos.
El día 31 de mayo en la comunidad indígena de Tachoche, municipio de Camotán, en un acto público que pretendía entregar documentos a la comunidad relacionadas con el tema a la identidad étnica, la organización en cuanto a su situación territorial, la alcaldesa indígena y 5 alcaldes indígena más, representantes de COMUNDICH y otras instituciones, fuimos agredidos física y psicológicamente, amenazando y se pretendía asesinar a nuestro COORDINADOR RODEMIRO LANTAN.
Seguidamente NUESTRO COORDINADOR está siendo perseguido tanto por cuerpos oscuros como por entes del Estado, en menos de un mes nuestro compañero, hermano, coordinador y líder de nuestra organización COMUNDICH e incansable luchador por defender a nuestras comunidades ha sido detenido y encarcela, la última de ellas el día 27 de junio, acusándolo de robo y finalmente puesto en libertad por NO PRESENTARSE PRUEBA SOBRE LAS ACUSACIONES.
NOSOTROS LAS 6 ALCALDÍAS INDÍGENAS, LOS 12 CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES, LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DEL CONSDEJO DE LA MUJERES DE COMUNDICH, EL COLECTIVO DE LA JUVENTUD Y DEMAS COMUNIDADES TODAS MIEMBROS DE COMUIDCH. NOS SOLIDARIZAMOS CON NUESTRO HERMANO RODEMIRO LANTAN, por estos ataque de que está siendo objeto, manifestamos nuestro incondicional respaldo a su inocencia sobre lo que se le señala, le brindamos todo nuestro apoyo y respaldo, estaremos siempre en estos difíciles momentos.
A LOS ORGANIZACIONES HERMANAS PODIMOS SU SOLIDARIDAD, para con nuestro Dirigente, Compañero y Hermano RODEMIRO LANTAN, pedimos apoyo a defender una justa y legítima lucha por defender los medios de vida de cientos y cientos de familias que en estos momentos aún no comprende a que nos estamos enfrentando y nosotros que lo comprendemos, nos comprometemos a seguir adelanta porque defender la vida es un deber que la justicia compensa.
Al Gobierno de OTTO PEREZ MOLINA cese la hostilidad y agresión a los movimientos sociales y cese la agresión de que está siendo objeto nuestro movimiento y los ataques a nuestros compañeros y compañeras.
Hermanas organización, SU SOLIDARIDAD CON NOSTROS Y CON NUESTRO COMPAÑERO RODEMIRO LANTAN A QUIEN MÁS SE ESTA ATACANDO.
Agradecemos su solidaridad y como nosotros tenemos la firme convicción de ella, también ustedes reciban nuestro salido solidario fraterno y hermanado.
LA LUCHA SIGUE Y SEGUIRA HAACIA LA VICTORIA, TIERRA, JUSTICIA, LIBERTAD Y PAZ.
CNP-TIERRA
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