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Honduras. Organizaciones campesinas demandan el acceso a la tierra y el cese a la violencia   

 por Los Necios - OPLN 
, 09 de Febrero de 2013

 El campesinado hondureño está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a la represión, persecución, asesinatos, y criminalización de la lucha por la tierra. 

Así lo manifestaron en conferencia de prensa desarrollada en la Vía Campesina, representantes de  diversas organizaciones que demandan el acceso a la tierra y el cese a la violencia en el Bajo Aguán y otras regiones del país.
  
 Se calcula que de 4 millones de campesinos y campesinas, más de 2 millones están en situación de indigencia total. Y más de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra.
  
 “Desde hace más de 20 años viene acumulándose una problemática  de grandes dimensiones en  el campo, la Ley de Modernización  para el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en 1992 en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas desarticuló el proceso de reforma agraria y dividió al movimiento campesino”, expresa un comunicado distribuido a la prensa.
  
 A partir de la aprobación de dicha ley “las grandes empresas entre ellas las cañeras, bananeras cuyos productos son orientados a la exportación, se apoderaron de las mejores tierras del país, pues es política de Estado la reconcentración de la tierra a manos del gran capital nacional y transnacional, esto trajo consigo el despojo de los campesinos y campesinas que tanto les había costado la adquisición de sus tierras”, señala el documento.
  
 Añade que pese a la difícil situación del agro hondureño, el campesinado continúa en pie de lucha por la tierra, tal es el ejemplo de la Asociación de Campesinos Progreseños (ADCP) en donde unas 3 mil 500 familias entraron a un proceso de recuperación de 3 644.4 hectáreas de tierras propiedad del Estado de Honduras, pero que está en manos de la Azucarera del Norte S.A.  (AZUNOSA).
  

Estas  familias fueron desalojadas y capturados 32 campesinos y campesinas, entre ellos varios menores de edad que  posteriormente fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares. La ADCP esperó 6 meses para que se pronunciara el Consejo Nacional Agrario, pero esto no pasó, pese a que el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió la resolución 50-2012 a favor de las familias en marzo de 2012. Tiempo después, el Consejo Nacional Agrario aceptó una solicitud de inafectabilidad a favor de AZUNOSA favoreciendo a dicha empresa e invocando un convenio bilateral suscrito entre el gobierno de Honduras y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que ya prescribió, de acuerdo con lo expresado por los dirigentes campesinos.
  
 Las organizaciones campesinas demandaron el respeto irrestricto a los derechos humanos de los campesinos y campesinas y que cese de una vez por todas la persecución y el derramamiento de sangre.
  
 Además le hicieron un llamado a los 3 poderes del Estado para que interpongan sus buenos oficios y que paren tanto atropello hacia los campesinos y campesinas de Honduras.
  
 El movimiento campesino instó al ministro del INA, César Ham para que deje de negociar a espaldas de ellos y ellas, ya que está afectando con sus acciones a miles y miles de familias que lo único que quieren es tierra para trabajar y poder alimentarse.
  
 En el comunicado las organizaciones exigieron al Congreso Nacional la inmediata aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral presentada en octubre de 2011 por el movimiento campesino y al mismo tiempo lo instaron para que otorgue una audiencia para concertar y buscar solución a la problemática agraria.
  
 Las organizaciones denunciaron que en lo que va del año (2013) en el Bajo Aguán han sido asesinados 4 campesinos cuyos nombres son: Luis Antonio Ramos (24), Manuel Antonio Pérez (27), Juan Pérez (41) y William Alvarado (23). Por otra parte denunciaron que durante el 2012 se produjeron cientos de desalojos a grupos campesinos en distintas regiones del país y de varias organizaciones campesinas como  el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM),  la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), entre otras.
  
 Finalmente instaron al campesinado hondureño a permanecer en estado de alerta permanente ante la crisis política y social, así como también la inseguridad y la problemática pública que “nos está arrastrando a una crisis agraria y alimentaria sin precedentes”.  
  
 Estuvieron presentes en la conferencia de prensa, representantes de el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), la Plataforma Agraria Regional Campesina del Aguán (PARCA), la Asociación Nacional de campesinos hondureños (ANACH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH), el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), el Frente Nacional de la Juventud Campesina Indígena y Afrodescendiente (FRENAJUC) y la Vía Campesina.

Los actos de violencia y desalojos no pueden resolver los conflictos agrarios!


¡Los actos de violencia y desalojos no pueden resolver los conflictos agrarios!

Por la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) - Santa Cruz, Alta Verapaz, 5 de julio de 2012


¡Urge la búsqueda de soluciones pacificas para el acceso a tierras de las comunidades 20 de Octubre y San Miguel Cotojax!

A la comunidad nacional e internacional manifiesta:

El 02 de julio del presente año se recibió información de las autoridades estatales, que dan por culminado el proceso de diálogo que habían mantenido con las comunidades 20 de Octubre del municipio de Cahabon, Alta Verapaz y San Miguel Cotojax del municipio de El Estor, Izabal, ya había sido tomada la decisión para ejecutar los desalojos en los dos casos y el desalojo en Cahabon está programado el día jueves el 5 de julio.

Como organización rechazamos la falta de voluntad del gobierno, frente a las empresas privadas para buscar soluciones pacificas para regularizar las tierras en que las comunidades se encuentran. Miembros de la comunidad 20 de Octubre han estado participando en reuniones y mesas de dialogo con representantes de las autoridades en Alta Verapaz y la ciudad capital en los últimos 10 meses y en el caso de San Miguel comunitarios han participado en espacios de diálogo y negociación desde 2008. En ninguno de los casos se ha visto propuestas que son realmente adecuadas para resolver conflicto.

El 12 de junio, en una reunión realizada en la capital entre la Secretaria de Asuntos Agrarios y delegados de la UVOC incluyendo representantes de la comunidad San Miguel, una propuesta de la empresa Chabil Uztaj fue planteada en que la comunidad se reasentara en un espacio de 7 manzanas de terreno, la empresa arrendaría media manzana de terreno en otro espacio, con precios cómodos acordados entre la comunidad y la empresa, y darían preferencia para contratarlos en empleos de la empresa. Este propuesta fue rechazada por la razón los comunitarios han vivido en estas tierras desde hace cientos de años y que todavía no se ha realizado ningún estudio catastral y registral para averiguar si Chabil Utzaj tiene el derecho pedir desalojo de la comunidad y poner plantaciones de agro-combustibles. La propuesta no garantiza que van a tener tierras en condiciones fértiles para sus cosechas en el futuro, como también es un ejemplo sustancial de la empresa para emprender nuevamente procesos de colonización y aplicación del mozo colonato.

En el caso de la comunidad 20 de Octubre, aunque representantes de la Secretaria de Asuntos Agrarios y la PDH el 08 de marzo visitaron la comunidad no realizaron ninguna propuesta o alternativa sana para la gente. En cambio han percibido un aumento de militarización en el área en la forma de sobrevuelos de helicópteros en la comunidad y la presencia fuerte de elementos de la policía y ejército. Igualmente los líderes comunitarios han sido víctimas a difamaciones por parte de los medios de comunicación acusándoles de ser terroristas y guerrilleros acusaciones que no tienen ningún fundamento.

Un acuerdo gobernativo que propone un protocolo para desalojos fue entregado por parte de la COPREDEH el 27 de mayo del año 2011, después los desalojos en del Valle de Polochic. Entre varios puntos destaca que:

 Hay que avisar del desalojo a la gente 15 días antes de su realización. (Articulo 5)

 Medidas de fuerza solo pueden ser implementadas en un desalojo después de que los mecanismos de mediación y dialogo se han fracasado (Articulo 7).

 En ningún caso puede participar miembros de seguridad privada en un desalojo (Articulo 7).

 En el caso de poblaciones indígenas se verificará el cumplimiento del artículo 16 del convenio 169 que asegura viviendas dignas para ellos afectados (Articulo 8).

 Que el plan de desalojo contemple la protección a las personas y los bienes y muebles afectados, su traslado y reubicación al ordenarse su desplazamiento al nuevo predio o inmuebles (Articulo 8).

 El primer punto en relación con este protocolo no percibimos en ninguna manera que “se han fracasado” los mecanismos de mediación y dialogo que autoriza un desalojo y al contrario creemos que las autoridades necesitan mostrar más voluntad en estos espacios. Asimismo, vemos que en las fase de la aplicación del desalojo no habido los 15 días de aviso para que la gente tenga la opción de salida pacífica. Tampoco hemos visto evidencia de un plan de desalojo que propone opciones de reubicación y otros aspectos que garantiza protección básica, es decir salud física y alimentación.

 Algo muy sustancial para la vida humana y seguridad alimentaria es que las dos comunidades mencionadas como la mayoría de comunidades rurales en el país ya han sembrado y pronto están esperando rendimiento. No queremos ver otra violación al derecho de la alimentación como vimos durante los desalojos en el Valle del Polochic, cuando miembros de la seguridad privada de la finca acompañada por la policía y ejército quemaron las cosechas de las comunidades.

Por lo tanto exigimos;

 La suspensión de los desalojos en la Comunidad 20 de octubre y San Miguel Cotojax.

 Que el gobierno tome en cuenta el protocolo para desalojos propuesta por la COPREDEH, para que se sean viables los de espacios de mediación y dialogo, para buscar realmente alternativas para solucionar los conflictos de tierra y evitar cualquier manera la implementación de desalojos violentos.

 Que en el caso donde el gobierno, ha decidido realizar un desalojo forzoso que tome todas las medidas correctas para garantizar los derechos humanos básicos de vivienda, alimentación y seguridad física de los comunitarios.

 La creación de políticas nacionales que buscan solucionar la conflictividad agraria en Guatemala y no solo propuestas o programas que no tiene ningún proceso de aplicación por lo tanto se queda solamente en intención.

 Velar por el interés de la mayoría de la población indígena y campesina para garantizar el bien común.



La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC

 La coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC


La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas - UVOC