En este breve artículo sobrevolaremos las luchas sociales de los últimos años para trata de caracterizar un periodo que, en sus rasgos generales, pareció prolongar el ciclo de reflujo hacia posturas defensivas y resistenciales iniciado en 2006 [1] pero que, al mismo tiempo, cobijó una contratendencia suscitada por la acumulación de agravios y la consiguiente reacción antagonista de varios sectores politizados, organizados y movilizados de las clases subalternas.
EL MOVIMIENTO #YOSOY132
El inicio del sexenio fue anti climático, el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dio a pesar del clima de descrédito marcado por una serie de masivas manifestaciones llamadas explícitamente “anti Peña” y por el protagonismo de los estudiantes del movimiento #YoSoy132, surgido de un contraste con el candidato priista en su visita a la Universidad Iberoamericana.
El #YoSoy132 adquirió rápidamente carácter masivo, logró mover el tablero electoral y generó esperanzas. Los estudiantes movilizados cuestionaron el papel de los medios de comunicación a favor de Enrique Peña Nieto y denunciaron la puesta en escena de una imposición anunciada. Combinando uso de las redes sociales y convocatorias a actos masivos, por medio de un discurso crítico ágil y penetrante, el #YoSoy132 generó simpatías y adhesiones de sectores de izquierda y de la sociedad civil en general. [2] Al mismo tiempo, no logró impedir la victoria electoral de Peña Nieto [3] , plagada de denuncias de compra de votos, lo cual generó rabia y frustración e hizo aflorar las divisiones en el movimiento entre quienes auspiciaban un repliegue táctico y quienes sostenían la necesidad de implementar acciones contundentes y escalar el conflicto. El día de la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre, muchos jóvenes desahogaron su enojo en la calle y fueron objeto de una desproporcionada reacción de las fuerzas policiales.
Lo que quedó del #YoSoy132 después de su dispersión fue una intensa y formativa experiencia de politización de una generación [4] que volverá a ser protagonista dos años después en el torbellino de movilizaciones masivas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El retorno del PRI a la Presidencia de la República no comportó una variación substancial respecto de la línea neoliberal de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) -y que el propio PRI había sostenido desde 1982- ni en relación con la línea de represión selectiva y criminalización de la protesta. Sin embargo, el PRI, que se mantuvo incrustado en el aparato estatal durante los dos sexenios de gobiernos panistas, volvió a ocupar el poder ejecutivo contando con una extensa estructura de poder tanto territorial (gobiernos locales y redes clientelares) como sectorial (gremios empresariales y burocracias sindicales) que le otorga un margen de maniobra mucho mayor en términos de implementación de reformas neoliberales como, por ejemplo, la educativa y la energética que se aprobaron en 2013. Al mismo tiempo, si bien bajó la intensidad militarista de la guerra contra el narco lanzada por el gobierno panista anterior, no se instrumentó otra estrategia y no se logró disminuir la violencia que sigue azotando el país.
El #YoSoy132 adquirió rápidamente carácter masivo, logró mover el tablero electoral y generó esperanzas. Los estudiantes movilizados cuestionaron el papel de los medios de comunicación a favor de Enrique Peña Nieto y denunciaron la puesta en escena de una imposición anunciada. Combinando uso de las redes sociales y convocatorias a actos masivos, por medio de un discurso crítico ágil y penetrante, el #YoSoy132 generó simpatías y adhesiones de sectores de izquierda y de la sociedad civil en general. [2] Al mismo tiempo, no logró impedir la victoria electoral de Peña Nieto [3] , plagada de denuncias de compra de votos, lo cual generó rabia y frustración e hizo aflorar las divisiones en el movimiento entre quienes auspiciaban un repliegue táctico y quienes sostenían la necesidad de implementar acciones contundentes y escalar el conflicto. El día de la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre, muchos jóvenes desahogaron su enojo en la calle y fueron objeto de una desproporcionada reacción de las fuerzas policiales.
Lo que quedó del #YoSoy132 después de su dispersión fue una intensa y formativa experiencia de politización de una generación [4] que volverá a ser protagonista dos años después en el torbellino de movilizaciones masivas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El retorno del PRI a la Presidencia de la República no comportó una variación substancial respecto de la línea neoliberal de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) -y que el propio PRI había sostenido desde 1982- ni en relación con la línea de represión selectiva y criminalización de la protesta. Sin embargo, el PRI, que se mantuvo incrustado en el aparato estatal durante los dos sexenios de gobiernos panistas, volvió a ocupar el poder ejecutivo contando con una extensa estructura de poder tanto territorial (gobiernos locales y redes clientelares) como sectorial (gremios empresariales y burocracias sindicales) que le otorga un margen de maniobra mucho mayor en términos de implementación de reformas neoliberales como, por ejemplo, la educativa y la energética que se aprobaron en 2013. Al mismo tiempo, si bien bajó la intensidad militarista de la guerra contra el narco lanzada por el gobierno panista anterior, no se instrumentó otra estrategia y no se logró disminuir la violencia que sigue azotando el país.
AYOTZINAPA ¡NOS FALTAN 43!
Tan sólido es el armazón del poder priista que, además de lograr sostener la imposición de EPN a contrapelo de las protestas de 2012, también resistió la embestida de uno de los movimientos de protesta más amplios y prolongados de la historia contemporánea de México.
Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa provocó una indignación tal que desató una serie de protestas y marchas multitudinarias en todo el país. [5] La maraña de las responsabilidades de este crimen involucró narcos, policías y políticos locales (del Partido de la Revolución Democrática), el Ejército y el Ejecutivo federal en la medida en que trató primero de desviar y posteriormente dar por terminadas las investigaciones. En este sentido, el grito de protesta “Fue el Estado” sintetizó la percepción de que se trataba de un crimen de Estado, de cara a un contexto de violencia generalizada y no pocas veces teñida de origen político, ponía en evidencia la impunidad y la complicidad entre una serie de actores diversos y de partidos de signo opuesto, un complejo, siniestro y opaco sistema de complicidad criminal incrustados en las instituciones públicas.
Con los padres de los 43 desaparecidos a la cabeza, se instaló una Asamblea Nacional Popular que impulsó la protesta tanto en el Estado de Guerrero como en la Ciudad de México donde, en medio de protestas multitudinarias, destacó la participación de los estudiantes articulados en la Asamblea Interuniversitaria. En paralelo la indignación se extendió a todo el país y tuvo una importante repercusión a nivel internacional.
Entre redes, asambleas, con una creciente actitud antisistémica y una tendencia hacia la radicalización, se terminó de foguear una generación que, sin poner por delante demandas estudiantiles, asumió el papel de conciencia crítica de un país en crisis y de denuncia de unas clases dominantes y dirigentes siempre más cínicas, corruptas y criminales. [6]
Al mismo tiempo, si bien sedimentaron a nivel experiencial e instalaron cuestiones fundamentales en el debate nacional, los brotes de antagonismo de minorías activas que en 2012 y 2014 sacudieron al país no lograron modificar substancialmente la correlación de fuerzas como se pudo constatar en las elecciones intermedias de 2015 donde, al margen de la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se confirmó el peso de los aparatos clientelares de los partidos, de la influencia mediática y la inercia de una mayoría silenciosa conservadora. [7]
Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa provocó una indignación tal que desató una serie de protestas y marchas multitudinarias en todo el país. [5] La maraña de las responsabilidades de este crimen involucró narcos, policías y políticos locales (del Partido de la Revolución Democrática), el Ejército y el Ejecutivo federal en la medida en que trató primero de desviar y posteriormente dar por terminadas las investigaciones. En este sentido, el grito de protesta “Fue el Estado” sintetizó la percepción de que se trataba de un crimen de Estado, de cara a un contexto de violencia generalizada y no pocas veces teñida de origen político, ponía en evidencia la impunidad y la complicidad entre una serie de actores diversos y de partidos de signo opuesto, un complejo, siniestro y opaco sistema de complicidad criminal incrustados en las instituciones públicas.
Con los padres de los 43 desaparecidos a la cabeza, se instaló una Asamblea Nacional Popular que impulsó la protesta tanto en el Estado de Guerrero como en la Ciudad de México donde, en medio de protestas multitudinarias, destacó la participación de los estudiantes articulados en la Asamblea Interuniversitaria. En paralelo la indignación se extendió a todo el país y tuvo una importante repercusión a nivel internacional.
Entre redes, asambleas, con una creciente actitud antisistémica y una tendencia hacia la radicalización, se terminó de foguear una generación que, sin poner por delante demandas estudiantiles, asumió el papel de conciencia crítica de un país en crisis y de denuncia de unas clases dominantes y dirigentes siempre más cínicas, corruptas y criminales. [6]
Al mismo tiempo, si bien sedimentaron a nivel experiencial e instalaron cuestiones fundamentales en el debate nacional, los brotes de antagonismo de minorías activas que en 2012 y 2014 sacudieron al país no lograron modificar substancialmente la correlación de fuerzas como se pudo constatar en las elecciones intermedias de 2015 donde, al margen de la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se confirmó el peso de los aparatos clientelares de los partidos, de la influencia mediática y la inercia de una mayoría silenciosa conservadora. [7]
MAESTROS, OBREROS Y CAMPESINOS
En medio de acontecimientos de resonancia como el #YoSoy132 y Ayotzi, la conflictualidad social en México no dejó de recorrer caminos ordinarios. En torno al clivaje capital-trabajo se dieron, en el periodo analizado, además de las tensiones cotidianas y casi imperceptibles de la lucha de clases, una serie de conflictos de gran relevancia.
El más trascendente por su alcance nacional y su duración fue el de la resistencia en contra de la reforma educativa de 2013 que levantaron y sigue sosteniendo las corrientes disidentes del magisterio. La reforma –todavía en curso de implementación- combina dos niveles. Por una parte, introduce una serie de afectaciones a la estabilidad laboral de los maestros para debilitar su fuerza sindical bajo el pretexto de una evaluación que fomente la “profesionalización docente” y que se reveló tecnocrática y arbitraria. Por otra parte, avanza otra serie de medidas que tienden a abrir brechas de privatización y mercantilización de la educación pública, bajo el señuelo de la autonomía de las escuelas, tanto en términos de la venta de servicios privados como de la aportación de cuotas “voluntarias” por parte de las familias.
Mientras la dirección priista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) daba su aval a regañadientes, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otras corrientes disidentes ha sido contundente a través de marchas, plantones, paros y con episodios de desborde masivo al límite de la insurgencia en sus tradicionales bastiones en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y en la Ciudad de México. [8]
A la fecha, la reforma avanza solo formalmente ya que un número importante de maestro rechazó asistir a las evaluaciones y la renovación de los planes de estudios se está retrasando.
En paralelo a este conflicto que, a lo largo de los últimos años, ocupó de forma intermitente el centro del escenario político y mediático, se dieron una serie de luchas obreras a contrapelo del control corporativo y burocrático de las centrales sindicales afiliadas al PRI.
Entre 2014 y 2017, en Ciudad Juárez, ciudad símbolo de la violencia del narco y de los feminicidios pero también históricamente un centro estratégico de maquilación, se dio una oleada de huelgas (en las fábricas de Eaton, Foxconn, Lexmark, Scientific Atlanta, ADC/COMSCOPE, entre otras) en torno a demandas de mejores condiciones laborales y salariales, de denuncias de acoso laboral y sexual y, en particular, por la formación de sindicatos independientes en lugar de los llamados de “protección patronal”. También se registraron paros y huelgas, con demandas similares, en el sector minero (en las minas de Cananea, Taxco, El Coronel, Frisco, María y Hércules) y en el automotriz y siderúrgico como, por ejemplo, los de Honda (El Salto, Jalisco), de Teksid, Pytco y Gunderson Gimsa (Ciudad Frontera Coahuila) o en Las Truchas (Lázaro Cárdenas, Michoacán).
En 2015, surgió un inédito movimiento de jornaleros en San Quintín (Baja California) en demanda de salarios dignos (recibían menos de 8 dólares diarios), prestaciones básicas y representación sindical. El paro de los jornaleros, originarios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, paralizó la producción y obligó a las empresas a negociar concesiones importantes. El incumplimiento de los acuerdos obligó a seguir las movilizaciones y en 2017 una delegación de jornaleros realizó una marcha hacia la capital.
Hay que señalar que, al margen de este caso particular, el movimiento campesino no volvió a tener una movilización nacional como la de “El campo no aguanta más” de 2002-2003, aunque diversas organizaciones sigan presionando, hagan marchas e instalen periódicamente plantones en la Ciudad de México para exigir cumplimiento de acuerdos previos o con nuevas demandas relacionada con el estado de abandono del agro por parte del Estado.
El más trascendente por su alcance nacional y su duración fue el de la resistencia en contra de la reforma educativa de 2013 que levantaron y sigue sosteniendo las corrientes disidentes del magisterio. La reforma –todavía en curso de implementación- combina dos niveles. Por una parte, introduce una serie de afectaciones a la estabilidad laboral de los maestros para debilitar su fuerza sindical bajo el pretexto de una evaluación que fomente la “profesionalización docente” y que se reveló tecnocrática y arbitraria. Por otra parte, avanza otra serie de medidas que tienden a abrir brechas de privatización y mercantilización de la educación pública, bajo el señuelo de la autonomía de las escuelas, tanto en términos de la venta de servicios privados como de la aportación de cuotas “voluntarias” por parte de las familias.
Mientras la dirección priista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) daba su aval a regañadientes, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otras corrientes disidentes ha sido contundente a través de marchas, plantones, paros y con episodios de desborde masivo al límite de la insurgencia en sus tradicionales bastiones en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y en la Ciudad de México. [8]
A la fecha, la reforma avanza solo formalmente ya que un número importante de maestro rechazó asistir a las evaluaciones y la renovación de los planes de estudios se está retrasando.
En paralelo a este conflicto que, a lo largo de los últimos años, ocupó de forma intermitente el centro del escenario político y mediático, se dieron una serie de luchas obreras a contrapelo del control corporativo y burocrático de las centrales sindicales afiliadas al PRI.
Entre 2014 y 2017, en Ciudad Juárez, ciudad símbolo de la violencia del narco y de los feminicidios pero también históricamente un centro estratégico de maquilación, se dio una oleada de huelgas (en las fábricas de Eaton, Foxconn, Lexmark, Scientific Atlanta, ADC/COMSCOPE, entre otras) en torno a demandas de mejores condiciones laborales y salariales, de denuncias de acoso laboral y sexual y, en particular, por la formación de sindicatos independientes en lugar de los llamados de “protección patronal”. También se registraron paros y huelgas, con demandas similares, en el sector minero (en las minas de Cananea, Taxco, El Coronel, Frisco, María y Hércules) y en el automotriz y siderúrgico como, por ejemplo, los de Honda (El Salto, Jalisco), de Teksid, Pytco y Gunderson Gimsa (Ciudad Frontera Coahuila) o en Las Truchas (Lázaro Cárdenas, Michoacán).
En 2015, surgió un inédito movimiento de jornaleros en San Quintín (Baja California) en demanda de salarios dignos (recibían menos de 8 dólares diarios), prestaciones básicas y representación sindical. El paro de los jornaleros, originarios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, paralizó la producción y obligó a las empresas a negociar concesiones importantes. El incumplimiento de los acuerdos obligó a seguir las movilizaciones y en 2017 una delegación de jornaleros realizó una marcha hacia la capital.
Hay que señalar que, al margen de este caso particular, el movimiento campesino no volvió a tener una movilización nacional como la de “El campo no aguanta más” de 2002-2003, aunque diversas organizaciones sigan presionando, hagan marchas e instalen periódicamente plantones en la Ciudad de México para exigir cumplimiento de acuerdos previos o con nuevas demandas relacionada con el estado de abandono del agro por parte del Estado.
LUCHAS TERRITORIALES Y RESISTENCIA INDÍGENA
Como en otras partes de América Latina, la presión extractiva se ha incrementado en los últimos años por el aumento exponencial de proyectos mineros [9], de infraestructura de comunicaciones y producción energética, así como la explotación agro-industrial de la tierra a través de monocultivos y de transgénicos y, a nivel urbano, el desarrollo inmobiliario a costa de la escasez de agua y la generación exponencial de basura. El daño al territorio, los bienes comunes y el entorno social por este saqueo intensivo es incalculable pero innegable y constituye uno de los focos de alerta más apremiantes respecto de las tendencias capitalistas y, como contraparte, de las necesarias iniciativas anticapitalistas.
En México, el enfrentamiento entre lógicas opuestas es inevitable ya que las comunidades indígenas y campesinas siguen habitando grandes extensiones territoriales y, gracias a lo que queda de los ejidos, son propietarios de ellas. Los conflictos socioambientales se calculan en el orden de los cientos, se distribuyen sobre todo el territorio nacional, pero con cierta concentración en la región suroeste (Chiapas, Oaxaca, Guerrero), donde los indígenas son los principales actores en resistencia y la cuestión socioambiental se tiñe de connotaciones étnicas. [10] En algunos casos, se desarrollan exitosas experiencias de autogobierno mientras que en otras se limitan a contrastar el avance de los proyectos o a negociar las condiciones de su implementación. Las demandas van desde cuestiones más generales ligadas a los derechos de los pueblos indígenas, la protección del territorio (protección ecológica, reparación de daños ambientales), el reconocimiento de la propiedad de la tierra pero también incluyen reivindicaciones de tipo más inmediato -como, por ejemplo, la creación de fuentes de trabajo- además de las de no criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos que suelen surgir cuando el conflicto ya está en curso.
Las resistencias comunitarias, al margen de sus diferencias y especificidades, suelen organizarse a partir de la participación de familias articuladas en espacios asamblearios o en concejos y otras formas de coordinación. A lo largo de estos años se dieron varias formas de convergencia intercomunitaria como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la reciente Campaña en Defensa de la Madre Tierra que reunió a 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios. [11]
Entre las expresiones más destacadas de este tipo de luchas, sobresalen las históricas victorias, a principios de los años 2000, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco contra el despojo de tierras por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa “La Parota” en el río Papagayo en Guerrero. Siempre en Guerrero se desarrolló la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero, una exitosa experiencia de autodefensa y de autonomía que fue replicada en otros lugares como, por ejemplo, en la comunidad nahua de Santa María Ostula. [12]
Sobre la base de estos antecedentes, ya en el periodo que estamos analizando, uno de los casos más exitosos de resistencia al despojo como base para impulsar prácticas de autonomía ha sido el municipio de Cherán. Después del conflicto armado del 2011 en el que las y los comuneros se organizaron para expulsar de su territorio a los talamontes ilegales y los narcotraficantes, así como a integrantes del gobierno municipal que los solapaban, los purépechas tomaron el control de su comunidad regresando a sus formas ancestrales de auto-organización política –reconocida posteriormente por el Estado- mediante la creación de un Concejo y diversas formas de participación comunitaria.
Otra lucha ejemplar se libra en el norte del país donde, desde 2010, los wixárika se enfrentan a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp para proteger los lugares sagrados, en particular el de Wirikuta. La lista podía seguir mencionando conflictos como los de Xochicuautla, Tepotzlán, de la presa El zapotillo en Jalisco y otros más.
En el contexto de estas luchas que expresan plenamente la condición defensiva de las clases subalternas mexicanas y las dificultades que viven los pueblos indígenas asediados por el capital y el Estado, surge la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de formar un Concejo de Gobierno y lanzar una candidata indígena, Marichuy Patricio, a la Presidencia de la República con la finalidad de propiciar la re-organización del movimiento indígena nacional.
En México, el enfrentamiento entre lógicas opuestas es inevitable ya que las comunidades indígenas y campesinas siguen habitando grandes extensiones territoriales y, gracias a lo que queda de los ejidos, son propietarios de ellas. Los conflictos socioambientales se calculan en el orden de los cientos, se distribuyen sobre todo el territorio nacional, pero con cierta concentración en la región suroeste (Chiapas, Oaxaca, Guerrero), donde los indígenas son los principales actores en resistencia y la cuestión socioambiental se tiñe de connotaciones étnicas. [10] En algunos casos, se desarrollan exitosas experiencias de autogobierno mientras que en otras se limitan a contrastar el avance de los proyectos o a negociar las condiciones de su implementación. Las demandas van desde cuestiones más generales ligadas a los derechos de los pueblos indígenas, la protección del territorio (protección ecológica, reparación de daños ambientales), el reconocimiento de la propiedad de la tierra pero también incluyen reivindicaciones de tipo más inmediato -como, por ejemplo, la creación de fuentes de trabajo- además de las de no criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos que suelen surgir cuando el conflicto ya está en curso.
Las resistencias comunitarias, al margen de sus diferencias y especificidades, suelen organizarse a partir de la participación de familias articuladas en espacios asamblearios o en concejos y otras formas de coordinación. A lo largo de estos años se dieron varias formas de convergencia intercomunitaria como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la reciente Campaña en Defensa de la Madre Tierra que reunió a 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios. [11]
Entre las expresiones más destacadas de este tipo de luchas, sobresalen las históricas victorias, a principios de los años 2000, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco contra el despojo de tierras por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa “La Parota” en el río Papagayo en Guerrero. Siempre en Guerrero se desarrolló la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero, una exitosa experiencia de autodefensa y de autonomía que fue replicada en otros lugares como, por ejemplo, en la comunidad nahua de Santa María Ostula. [12]
Sobre la base de estos antecedentes, ya en el periodo que estamos analizando, uno de los casos más exitosos de resistencia al despojo como base para impulsar prácticas de autonomía ha sido el municipio de Cherán. Después del conflicto armado del 2011 en el que las y los comuneros se organizaron para expulsar de su territorio a los talamontes ilegales y los narcotraficantes, así como a integrantes del gobierno municipal que los solapaban, los purépechas tomaron el control de su comunidad regresando a sus formas ancestrales de auto-organización política –reconocida posteriormente por el Estado- mediante la creación de un Concejo y diversas formas de participación comunitaria.
Otra lucha ejemplar se libra en el norte del país donde, desde 2010, los wixárika se enfrentan a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp para proteger los lugares sagrados, en particular el de Wirikuta. La lista podía seguir mencionando conflictos como los de Xochicuautla, Tepotzlán, de la presa El zapotillo en Jalisco y otros más.
En el contexto de estas luchas que expresan plenamente la condición defensiva de las clases subalternas mexicanas y las dificultades que viven los pueblos indígenas asediados por el capital y el Estado, surge la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de formar un Concejo de Gobierno y lanzar una candidata indígena, Marichuy Patricio, a la Presidencia de la República con la finalidad de propiciar la re-organización del movimiento indígena nacional.
MORENA Y EL 18
Como suele suceder, el fin de sexenio genera una proyección de expectativas de cambio que abarca el conjunto de los actores y sujetos en lucha, aun cuando siempre más cunde el escepticismo y la desconfianza respecto de una real posibilidad de recambio de grupos dirigentes y de que este eventual recambio pueda efectivamente marcar una discontinuidad en el ejercicio del poder estatal.
Sin embargo, algunas organizaciones apostaron -y otras más lo irán haciendo conforme inicie la campaña electoral- por Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, como una opción de cambio o por lo menos como un mal menor frente al degrado político y social en curso.
Después de la derrota de 2012, la ruptura de López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se consumió definitivamente cuando éste aceptó participar en el Pacto por México promovido por Peña Nieto. Entonces Morena se fue registrando oficialmente como partido para dar piso propio al liderazgo de López Obrador y para organizar a los sectores movilizados del obradorismo.
En su discurso, Morena coloca en primer lugar la cuestión moral (en contra de la corrupción) y sostiene un programa nacionalista moderadamente reformista en términos de redistribución de la riqueza. En su composición interna, Morena entremezcla grupos dirigentes de origen priista y de izquierda, intelectuales progresistas y militantes con arraigo social. El peso de cada una de las componentes depende de los escenarios y las circunstancias. Por encima de ellas, se impone el incuestionable liderazgo carismático de López Obrador. Morena cuenta con bases populares y, en cierta medida, cataliza y canaliza el malestar social y diversas iniciativas de organización y movilización de sectores de las clases subalternas. Al mismo tiempo, a parte de la lucha en defensa del petróleo en 2013, los esfuerzos de la neonata organización han sido fundamentalmente orientados hacia la construcción de su estructura territorial concebida como un eficaz aparato electoral –también en función anti-fraude- y de ocupación de cargos públicos. [13]
En el contexto bosquejado anteriormente [14] , caracterizado por la persistencia de una dinámica defensiva y resistencial pero una acumulación de agravios y con destellos de antagonismo, es difícil hacer previsiones respecto de los rumbos de la campaña y el desenlace de la coyuntura electoral. Al mismo tiempo, aun cuando puedan ocurrir acontecimientos inesperados, lo cual ha sido frecuente en la historia de los últimos 30 años, es evidente que para derrotar en las urnas al bloque de poder que conforman partidos políticos (PRI, PAN, PRD y otros menores), clases dominantes, medios de comunicación masiva e intereses norteamericanos, que cuenta con la inercia de una parte importante de la población y no desdeña recurrir a formas fraudulentas como la compra de votos y la manipulación de resultados electorales, se requiere más que una simple campaña electoral de oposición, más que un candidato que atraiga alrededor de un tercio de los votos y más movilización masiva de las de 1988, 1994, 2006 y 2012.
Sin embargo, algunas organizaciones apostaron -y otras más lo irán haciendo conforme inicie la campaña electoral- por Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, como una opción de cambio o por lo menos como un mal menor frente al degrado político y social en curso.
Después de la derrota de 2012, la ruptura de López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se consumió definitivamente cuando éste aceptó participar en el Pacto por México promovido por Peña Nieto. Entonces Morena se fue registrando oficialmente como partido para dar piso propio al liderazgo de López Obrador y para organizar a los sectores movilizados del obradorismo.
En su discurso, Morena coloca en primer lugar la cuestión moral (en contra de la corrupción) y sostiene un programa nacionalista moderadamente reformista en términos de redistribución de la riqueza. En su composición interna, Morena entremezcla grupos dirigentes de origen priista y de izquierda, intelectuales progresistas y militantes con arraigo social. El peso de cada una de las componentes depende de los escenarios y las circunstancias. Por encima de ellas, se impone el incuestionable liderazgo carismático de López Obrador. Morena cuenta con bases populares y, en cierta medida, cataliza y canaliza el malestar social y diversas iniciativas de organización y movilización de sectores de las clases subalternas. Al mismo tiempo, a parte de la lucha en defensa del petróleo en 2013, los esfuerzos de la neonata organización han sido fundamentalmente orientados hacia la construcción de su estructura territorial concebida como un eficaz aparato electoral –también en función anti-fraude- y de ocupación de cargos públicos. [13]
En el contexto bosquejado anteriormente [14] , caracterizado por la persistencia de una dinámica defensiva y resistencial pero una acumulación de agravios y con destellos de antagonismo, es difícil hacer previsiones respecto de los rumbos de la campaña y el desenlace de la coyuntura electoral. Al mismo tiempo, aun cuando puedan ocurrir acontecimientos inesperados, lo cual ha sido frecuente en la historia de los últimos 30 años, es evidente que para derrotar en las urnas al bloque de poder que conforman partidos políticos (PRI, PAN, PRD y otros menores), clases dominantes, medios de comunicación masiva e intereses norteamericanos, que cuenta con la inercia de una parte importante de la población y no desdeña recurrir a formas fraudulentas como la compra de votos y la manipulación de resultados electorales, se requiere más que una simple campaña electoral de oposición, más que un candidato que atraiga alrededor de un tercio de los votos y más movilización masiva de las de 1988, 1994, 2006 y 2012.
NOTAS
[1] Massimo Modonesi, “Mexique: résistances sociales au pays de la «guerre contre le narcotrafic« en État des resistances dans le sud: Amérique Latine, Centre Tricontinental-Sylespes, París, 2011.
[2] Para una cronología del movimiento ver Massimo Modonesi y Luz Estrello, “El #YoSoy132 y las elecciones en México. Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió” en OSAL núm. 32, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 2012.
[3] Quien ganó las elecciones, en medio de fuertes cuestionamientos sobre la compra de votos en su favor, con el 38.20% frente al 31.57 de Andrés Manuel López Obrador.
[4] Massimo Modonesi, “De la generación zapatista al #YoSoy132. Identidades y culturas políticas juveniles en México” en OSAL núm. 33, CLACSO, Buenos Aires, mayo de 2013.
[5] Para un análisis más detallado de este movimiento ver Massimo Modonesi y Samuel González, “Ayotzinapa 2014: crimen de Estado, indignación y antagonismo en México” en Anuario del Conflicto Social 2014, Universidad Autónoma de Barcelona, mayo 2015.
[6] En efecto, el único movimiento estrictamente estudiantil del periodo, el del IPN en 2014, recibió apoyos, pero quedó en segundo plano respecto de la centralidad del tema de Ayotzi. Ver Massimo Modonesi (coordinador), Militancia, antagonismo y politización juvenil en México (2011-2015), UNAM-ITACA, México, 2017.
[7] Massimo Modonesi, “Sigue siendo el Estado. Las elecciones del 7 de junio como operación conservadora” en Memoria núm. 255, CEMOS, México, agosto de 2015.
[8] Luis Hernández Navarro, La novena ola magisterial, Fundación Rosa Luxemburgo, México, 2016.
[9] El sector más importante en términos de crecimiento (en promedio de 20% al año desde 2007) y de extensión territorial ya que aproximadamente el 17% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras privadas nacionales y transnacionales.
[10] Entre diversas investigaciones véase la de María Fernanda Paz Salinas, “Luchas en defensa del territorio. Reflexiones desde los conflictos socio ambientales en México” en Acta Sociológica 73, mayo-agosto 2017, FCPyS-UNAM, México.
[11] También en las principales ciudades, en diversos barrios populares, está creciendo la resistencia hacia la gentrificación y el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios.
[12] No hay que confundir estas experiencias con las de las autodefensas michoacanas, ya que estos grupos no surgen de comunidades en lucha sino como reacción armada en contra del narcotráfico y cuya legitimidad ha sido cuestionada por ser infiltradas por cárteles y el ejército.
[13] Héctor Alejandro Quintanar, Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional. Antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de MORENA, Itaca, México, 2017.
[14] Otra novedad importante del periodo que no se puede omitir, aunque no tenga inmediata repercusión política, ha sido la emergencia de la cuestión femenina como lucha contra la opresión y asimetrías presentes en las relaciones entre hombre y mujer, contra la violencia machista, los acosos y abusos sexuales y los feminicidios. El proceso de subjetivación femenina y el feminismo están viviendo una gran expansión en México como se hizo evidente en las masivas movilizaciones en el #24ª de 2016 y 2017.
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