23 de octubre por Eleni Portaliou
CADTM
El mito más persistente en torno a la capitulación de Syriza ante la troika es que fue una “elección forzada”. Por decirlo de otro modo, “no había alternativa” a firmar el tercer memorándum, dada la correlación de fuerzas extremadamente desfavorable a nivel europeo e internacional. Este es el único argumento aparentemente racional que Alexis Tsipras y sus seguidores han sido capaces de dar para defender sus acciones.
Sin embargo, la historia no acaba aquí. Tsipras no solo descartó las alternativas propuestas por casi la mitad de su propio partido y dirigió a su gobierno a la rendición más espectacular jamás cometida por una fuerza política de izquierda. También aceptó permanecer en el poder para implantar completa y devotamente las políticas de sus antiguos adversarios. Como consecuencia, para dar credibilidad a esta versión de izquierda del argumento de que “no hay alternativa”, son necesarios más argumentos interesados. El principal es que “implementar todas estas medidas de austeridad va contra nuestra voluntad y hacemos todo lo que podemos para atenuar sus consecuencias negativas”.
Aquellos que en la izquierda defienden a Syriza adoptan esta línea de defensa. Entre ellos está el filósofo Etienne Balibar que, en un reciente artículo, escribe que a pesar de que Tsipras fue “forzado a aceptar los diktat de los europeos”, sin embargo, “lucha por asegurarse de que esta política de austeridad y expropiación de la riqueza nacional sea lo menos injusta para aquellos que más han sufrido ya”.
Pero la realidad del gobierno de Syriza un año después de firmar el tercer memorándum basta para refutar este argumento. El siguiente artículo se centra en uno de los aspectos más importantes del actual experimento en el país: la imposición de un modelo de “acumulación por desposesión”, no a un país del Sur Global o de Europa del Este, sino a un miembro de la eurozona desde su creación y de la Comunidad Económica Europea desde principios de los 80. Demuestra que lejos de aliviar lo que sus predecesores acordaron hacer, Tsipras y su gobierno están llevando realmente a cabo una liquidación de bienes públicos a una escala desconocida desde la reunificación alemana.
La autora de este artículo, Eleni Portaliou, es una figura ampliamente respetada en la izquierda radical griega. Arquitecta y profesora emérita de la Universidad Nacional Técnica de Atenas, ha sido miembro durante mucho tiempo del Partido Comunista de Grecia (Interior), concejal de Atenas varias legislaturas y después miembro del comité central de Syriza, el cual abandonó en el verano de 2015. Ha sido pionera en movimientos urbanos y activista destacada contra la privatización de los bienes estatales griegos.
Stathis Kouvelakis
La privatización –la confiscación de propiedad pública por parte del capital privado– es un elemento central de la globalización neoliberal, impuesta rutinariamente no solo por gobiernos nacionales, sino por organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Hoy Grecia es el epicentro de la privatización. El tercer memorándum, firmado por el gobierno de Tsipras en 2015, permitió que la propiedad del Estado griego fuera cedida con métodos escandalosos a compañías multinacionales y a otros Estados. El robo no es raro. La privatización es uno de los principios incuestionables del pensamiento económico neoliberal, junto con el equilibrio presupuestario, la independencia del Banco Central Europeo, la prohibición de la financiación monetaria del déficit y los estrechos lazos con los mercados financieros. Estos principios han sido incorporados constitucionalmente al edificio europeo, codificando la apropiación y el gasto de riqueza pública, destruyendo el trabajo humano y socavando la supervivencia en nuestro planeta.
Propiedad pública y deuda pública
En Grecia, todo lo malo parece ocurrir en tríadas. La estrategia de confiscación de propiedad pública en el país viene dada por tres virajes en las relaciones de propiedad, impuestas por los acuerdos de préstamo y la consiguiente aprobación de tres memorandos. Primero, a los inversores extranjeros les fueron asignados bancos a precios ridículamente bajos. En ese proceso, el sector público, que había adquirido bancos en quiebra con el dinero de los impuestos y podía haberlos nacionalizado, perdió una herramienta de regulación clave en la economía.
La privatización de los bancos facilitó la confiscación de la propiedad privada de empresas griegas por medio de los “préstamos rojos” y las acciones en poder de los bancos. Este fue el segundo viraje. La confiscación de empresas se justificó como parte de un plan de reestructuración y consolidación de grandes empresas para que pudiera cambiarse a los dueños de la forma más ventajosa para los nuevos propietarios. Después llegó la confiscación de las pequeñas y medianas empresas e incluía primeras viviendas –una pérdida devastadora para muchos agricultores, autónomos y pequeñas empresas–. Los fondos buitre ya habían iniciado adquisiciones de préstamos no rentables de los bancos.
El tercer viraje fundamental en el régimen de propiedad tiene que ver con la confiscación de propiedad pública con el propósito de ponerla al servicio de la supuesta deuda pública. Para entender este viraje es necesario examinar primero la validez de las afirmaciones sobre la deuda pública del país, la justificación para confiscar la propiedad pública.
¿Cuál es la conexión entre privatización y deuda pública?
En Europa, como en América, el verdadero epicentro de la crisis de 2008-2010 es el sector bancario y el dinero público que se le prestó para evitar su bancarrota, lo que llevó a países como Grecia a la bancarrota. La deuda pública no es la deuda de las sociedades. Es la deuda del sistema bancario global, que colapsó debido los movimientos especulativos incontrolados del capital financiero. El sistema bancario fue asistido con dinero público, manteniéndolo con vida a lo largo de la crisis y hoy continúa operando exactamente de la misma manera en que lo hacía antes del colapso.
La naturaleza de este mecanismo no es un secreto. La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia (julio de 2015) calificó la deuda de “ilegítima, odiosa, ilegal”. Es también insostenible, llegando a cerca de los 300 000 millones de euros. Según dicha Comisión, “[…] la insostenibilidad de la deuda pública griega ha estado siempre clara para los líderes internacionales, las autoridades griegas y los medios del sistema. Sin embargo, en 2010 las autoridades griegas, junto con los gobiernos de la Unión Europea, conspiraron contra la reestructuración de la deuda pública con el objetivo de proteger las instituciones financieras. Los medios ocultaron la verdad al público, pretendiendo […] que el rescate abarcara a toda Grecia y no sólo a los bancos […] creando una narrativa que estaba dirigida a presentar a la población griega como si mereciera, de algún modo, el maltrato de los acreedores.”
Además, “la suma asignada por los programas de rescate (memorandos) de 2010 y 2012 fue controlada desde el extranjero por medio de complejos planes que excluían cualquier autonomía financiera. Los prestamistas determinaban de forma estricta la asignación de los préstamos para cumplir los objetivos del ‘rescate’, del cual solo una pequeña fracción, menos del 10 %, iba dirigida a satisfacer el gasto público vigente.” El pueblo griego es consciente de este mecanismo. Por ello, la consigna de protesta en las movilizaciones excepcionalmente amplias y combativas de 2010-2012 fue: “No debemos nada. No venderemos nada. No pagaremos”.
Soberanía
Un Estado soberano tiene derecho a rechazar la confiscación de sus bienes clave. Michael Hudson, profesor de economía en la Universidad de Misuri y asesor de numerosos gobiernos, dice: “Ningún Estado soberano puede ser privado de sus bienes públicos. No es solo una transgresión contra la democracia; supone un rechazo de la definición de Estado soberano según la legislación internacional. Así que es algo más serio que un ataque a la democracia. Es una guerra intraeuropea.”
La realidad es algo más compleja. Según la Consejera de Estado María Karamanof (y presidenta de la Cámara de Medio Ambiente y Sostenibilidad), los bienes públicos pueden dividirse en tres categorías. La primera incluye la propiedad que por su propia naturaleza está esencialmente vinculada a los objetivos públicos fundamentales de soberanía nacional y desarrollo sostenible (defensa, seguridad, elementos esenciales de ambiente natural y cultural, energía básica, infraestructura de transportes, etc.).
La segunda categoría incluye la propiedad que sirve a los objetivos públicos que constituyen el Estado social moderno y parte de la infraestructura necesaria para proporcionar los correspondientes servicios públicos (hospitales, escuelas, edificios públicos, cuarteles, etc.).
La tercera categoría incluye la propiedad inmobiliaria pública, que es claramente propiedad privada del sector público. Solo esta tercera categoría puede, en ciertas condiciones, ser cedida a ciudadanos privados y siempre de acuerdo con los procedimientos determinados por el Estado soberano y no por organizaciones extraterritoriales, como, hasta cierto punto, el Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) y en mucho mayor grado, el superfondo de privatización recientemente formado,Hellenic Company of Assets and Participations, S.A. (HCAP) para la confiscación de la totalidad de la propiedad pública, bajo control y dirección directa del Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Además, la gestión de la concesión de los bienes del Estado, cuya asignación está permitida constitucionalmente, es responsabilidad exclusiva del Estado, en este caso, del Estado griego. En relación con el HRADF, el eminente experto constitucional George Kasimatis ha declarado que “el Fund for Denationalizing Private Property, se le llame como se le llame, es una institución ilegal y criminal porque viola la soberanía nacional en relación con la gestión de la propiedad pública y provoca un daño económico incalculable al Estado.”
La primera ola de privatizaciones
La naturaleza ilegal de la cesión/confiscación de propiedad pública en Grecia se mantiene. Hasta ahora el robo se perpetraba por medio del Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), que fue instituido por medio de la Ley de Memorándum 3968/2011 con la idea de que los ingresos de su actividad se dedicaran exclusivamente a pagar la deuda pública del país.
Paso a paso, un número cada vez mayor de bienes públicos han pasado a ser posesión del HRADF: cerca de 35 puertos, cerca de mil parcelas de propiedad pública inmobiliaria (entre ellas el aeropuerto Hellinikon y el hotel Asteras Vouliagmenis, spas, zonas de camping, hoteles Xenia, edificios ministeriales, edificios de administración pública, etc.), docenas de propiedades en el extranjero, docenas de monumentos clasificados y no clasificados, carreteras nacionales, cuarenta aeropuertos, instalaciones militares, gas natural, la industria de defensa (Hellenic Defense Systems S.A., Hellenic Vehicle Industry S.A.), petróleo (Hellenic Petroleum), numerosas playas y zonas costeras que suponen cientos y miles de hectáreas de tierra, humedales, ferrocarriles (TRAINOSE S.A., EESSTY S.A. [Compañía Griega de Mantenimiento de Material Rodante del Ferrocarril], oficinas de correos (ELTA) y empresas con fines de lucro.
El despojo por medio de la HRADF no procedió con la rapidez deseada por las así llamadas “instituciones” de la eurozona antes de la llegada del gobierno Syriza-ANEL. Se dieron movilizaciones, existía el recurso a tribunales constitucionales y, en muchos casos, la fiscalía entabló juicios por delitos económicos.
La luz verde
La firma del tercer memorándum en julio de 2015 desencadenó un ataque más amplio por parte de las “instituciones” europeas. Y el mes pasado se creó un nuevo superfondo de privatización (el HCAP). El HCAP será la cuarta parte de una ley llamada Provisiones urgentes para la implementación del acuerdo para alcanzar los objetivos fiscales y reformas estructurales y otras provisiones (artículos 1847-223). No pertenece al público ni al sector público y no se le aplican las previsiones sobre las empresas públicas, a menos que esta ley lo declare explícitamente.
El HCAP opera de acuerdo a las reglas de la economía privada y en interés público con propósitos específicos, definidos como: primero, pago de la (supuesta) deuda pública; y, segundo, contribución a los fondos para la política de inversión del país, completamente controlada por las “instituciones” europeas, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) y la Comisión Europea. La mitad de los beneficios de la compañía está destinada a pagar la deuda mientras que el beneficio remanente se usa en las inversiones del HCAP de acuerdo con las provisiones expuestas en los artículos de la ley.
La compañía se creó por un periodo de 99 años, pese a las estimaciones iniciales en torno a 35 años. Por ponerlo en perspectiva, el periodo del HRADF era solo de 6 años. La Unión Europea ha declarado efectivamente que posee el futuro de Grecia. El estatuto legal del HCAP le ha permitido también subsumir otras entidades como sus filiales directas: el Financial Stability Fund (HFSF), el Hellenic Republic Public Asset Development Fund (HRPADF), el Public Properties Company (PPCo S. A.), elPublic Holdings Company S.A.; el HCAP tiene derecho a establecer otras filiales, así como a alcanzar sus objetivos.
Todos los principales bienes públicos del Estado, una pequeña parte de los cuales –más allá de las concesiones actuales– fueron asignados al HRADF, son transferidos a la nueva compañía. Por lo que respecta a la recientemente formada Public Holdings Company, poseerá el remanente de las acciones del Estado griego en las empresas públicas y gestionará estas acciones de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las directrices de la OCDE.
Las empresas públicas controladas por la Public Holdings Company son objeto de una supervisión adecuada, según las reglas de la legislación europea y nacional. Registradas en virtud de los estatutos del Public Holdings Company, las acciones de las empresas públicas son trasferidas automáticamente, sin consideración, a esta compañía. La propiedad y posesión de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al estado griego y gestionados por el Public Holdings Company según la ley 2636/1998 son transferidas automáticamente al HCAP, sin consideración, con la sola excepción de las áreas naturales protegidas, para ser directamente gestionadas por la compañía de reciente formación.
La supervisión de esta acumulación de riqueza pública quedará a cargo de una junta de cinco miembros, tres de los cuales son seleccionados por el Estado griego con la aprobación de la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) y dos miembros, incluyendo el presidente de la junta, son seleccionados por la Unión Europea y el ESM, con la aprobación del ministro de finanzas. El superfondo y sus filiales directas, exceptuando el FSF y el HRADF, tienen un gran margen para explotar sus nuevos bienes. Pueden venderlos o transferir los derechos sobre los mismos a sociedades limitadas o anónimas o vender las acciones a terceros.
Las relaciones laborales y los derechos del personal que trabaja en estas antiguas empresas públicas ser verán también profundamente alterados. El HCAP y sus filiales directas pueden contratar personal con contratos de empleo privados por tiempo definido o indefinido. Pueden también desplazar a trabajadores –transferir forzosamente a trabajadores cuyas compañías del sector privado o cuyas acciones de compañías sean transferidas a la HCAP o a una de sus filiales– o transferir empleados del HCAP a una de sus filiales o entre filiales. Finalmente, la HCAP está autorizada para contratar personal del gobierno, de entidades públicas o del sector público para trabajar para ella o para una de sus filiales.
La completa rendición de los bienes del Estado griego a instituciones extraterritoriales por medio de procesos carentes de control por parte de las instituciones electas se dio virtualmente de la noche a la mañana, publicándose el borrador de la ley con tan solo dos días de antelación. Los textos de los acuerdos fueron elaborados ad hoc por las “instituciones” y ratificados por los lacayos parlamentarios griegos.
¿Quién posee el aire?
La confiscación de los aeropuertos regionales del país y del antiguo aeropuerto Hellenikon dan una idea de la envergadura del robo que está teniendo lugar. La cesión de catorce aeropuertos regionales –Salónica, Corfú, Zante, Aktion, Kavala, La Canea, Rodas, Cos, Santorini, Miconos, Scíathos y Samos– es casi completa, a pesar de un significativo movimiento de protesta en las comunidades locales y de la naturaleza ilegal de la cesión.
Desde el comienzo hay un gran número de problemas jurídicos. Según la constitución griega es ilegal ceder estos aeropuertos públicos. Hay también un conflicto de intereses potencial, porque Lufthansa (que pertenece al Estado alemán) es un asesor técnico del sector público griego y es también partícipe del consorcio al que los aeropuertos están siendo cedidos, violando las normas internacionales y de la UE sobre transparencia, imparcialidad y libre competencia.
Además, la sección económica del acuerdo es escandalosa. El consorcio hará un pago único al Estado griego de 1 234 millones de euros, lo que corresponde a tres años del ingreso neto que recibe el Estado griego de los aeropuertos. Si se descuentan los 520 millones de euros que el National Strategic Reference Framework (NSRF) ha destinado a las obras de Salónica y La Canea que el Estado tenía que pagar, la suma se reduce entonces a 714 millones. La renta anual que paga Fraport por los 14 aeropuertos es de 23 millones de euros, lo que equivale a la facturación anual solo del aeropuerto estatal de Corfú.
En los cuarenta años de duración del contrato, el consorcio ganará 22 000 millones de euros y devolverá al Estado griego 3 850 millones de euros. Si la cesión de estos aeropuertos económicamente sólidos sigue adelante, puesto que sufragan otros 18 aeropuertos más débiles económicamente, el Estado se verá obligado a mantener a estos 18 aeropuertos, o a cerrarlos, con trágicas consecuencias para las comunidades locales, particularmente en las islas.
Otro tema igualmente grave es el control de la aviación y del sector turístico por el capital alemán. Teniendo en cuenta la enorme concesión del aeropuerto de Atenas a la constructora Hochtief, el Estado griego perderá la capacidad de planificación del transporte aéreo (de servicio a comunidades locales, refuerzo político de regiones específicas, desarrollo turístico, etc.), siendo ello un pilar central de la capacidad del país para estructurar su economía.
La Federación de Asociaciones de la Hellenic Civil Aviation Authority ha presentado un plan de desarrollo para modernizar los aeropuertos y aumentar los ingresos que se generan. Su informe es devastador: los bienes públicos están siendo literalmente regalados cuando existe una alternativa viable. Pero incluso si el precio fuera ventajoso, no se deben hacer concesiones. Un Estado sin bienes pierde su soberanía. Se convierte en un protectorado, como lo es hoy Grecia.
En el caso de los bienes inmuebles públicos del antiguo aeropuerto Hellenikon y la playa de Agios Kosmas, hay serios problemas legales y de orden constitucional que le fueron señalados, mediante una comunicación no judicial, al primer ministro Tsipras y al ministro de finanzas Tsakalotos por cuarenta ciudadanos encabezados por Manolis Glezos y por el miembro del parlamento europeo, Nikos Chountis. La supuesta “inversión” en Hellenikon supone la confiscación de más de seis millones de metros cuadrados de terreno público de inmenso valor ecológico y económico, con procedimientos inconstitucionales y probablemente ilegales.
El Fiscal del Estado para Delitos Económicos, Ioannis Dragatsis, ha iniciado investigaciones sobre el bajo precio por el que estas concesiones fueron obtenidas y el Comité de Peticiones está examinando un informe sobre las violaciones de la ley europea. La sociedad de inversión elegida, Lamda Development, ha adquirido derechos sobre el suelo durante 99 años y el 30 % de la plena e indivisa posesión y propiedad. Esta es una patente apropiación de propiedad pública.
Según el plan Norman Foster complementario al contrato, en Hellenikon se creará una nueva ciudad privada cerrada de 27 000 habitantes, que abarcará entre 3 y 3,6 millones de metros cuadrados. Entre sus usos habrá diferentes tipos de complejos residenciales, instalaciones turísticas, un casino con instalaciones complementarias, edificios de oficinas, zonas de comercios al por menor, complejos universitarios privados y otros edificios con fines educativos, culturales, y deportivos. Esta ciudad autorreferente ofrece una amplia gama de servicios, pero aísla a los que viven allí y opera de forma antagónica respecto de las zonas vecinas con centros económicos activos en los municipios próximos, creando nuevas zonas amplias de espacios de oficinas, comercios, etc. Es de hecho una ciudad privada, con servicios públicos y funciones de uso común financiadas por el Estado griego.
La ciudad es también un desastre ecológico en potencia. La cuenca de Ática, ya saturada por estructuras humanas, necesita adaptarse al cambio climático, no desarrollarse más y ya se ha generado una burbuja inmobiliaria en la costa y otros municipios vecinos. En virtud de algunos de sus rasgos económicamente beneficiosos, la nueva ciudad privada atraerá a consumidores de la población residente en los municipios vecinos y de toda la cuenca, dañando aún más la ya encogida actividad económica de Ática. Los nuevos edificios de oficinas, los centros comerciales y otras tiendas del eje de la avenida Vouliagmenis, junto con la construcción de centros residenciales del plan Foster, inundarán el mercado inmobiliario actual y puede llevar a las empresas existentes a la quiebra.
Se crearán nuevos empleos, mal remunerados e inseguros, sobre las ruinas de pequeñas y medianas empresas constructoras, comerciales y turísticas, trabajos por cuenta ajena y por cuenta propia e ingresos complementarios del alquiler. Una gran zona de construcción estará en funcionamiento durante décadas, creando un lastre permanente tanto para las funciones de la ciudad como para la vida de los residentes, por no mencionar al sector turístico. El terreno del Ática será aplastado bajo una enorme capa de cemento.
Privatizando, subsidiando
La apropiación de Hellenikon está teniendo lugar en nombre del pago de la deuda pública, pero muy poco dinero acaba en el agujero negro de los 321 000 millones de euros. Según los expertos de la Cámara Técnica, el valor de inversión de Hellenikon es de 3 000 millones de euros, pero solo se desembolsan 576 millones a su valor actual. Según dos recientes informes encargados al Fiscal del Estado para Delitos Económicos, Ioannis Dragatsis, el valor actual de Hellenikon es cuatro veces más alto que la suma pagada y el precio al valor actual que ha de pagar la compañía inversora es al menos dos veces y media más bajo, sobre la base del valor actual de Hellenikon.
En cualquier caso, la magra suma adquirida irá destinada a pagar la deuda. Pero se exigirá al gobierno griego que pague directamente 134 millones de euros para la reubicación de los servicios públicos alojados en Hellenikon, así como el coste de soterrar la avenida Poseidonos y que, desde el primer día de la creación de la nueva ciudad, lleve a cabo la operación y mantenimiento de espacios abiertos y el parque, los proyectos de planificación pública e infraestructuras, edificios comunes y servicios por medio de la institución de un cuerpo administrativo especial.
El Estado griego está cediendo también el Centro Olímpico de Vela Agios Kosmas y otras instalaciones olímpicas de alto valor económico. En otras palabras, el Estado griego está siendo penalizado por la “inversión” que ha de implementar usando no los propios recursos de un particular, sino por medio de préstamos a los mismos bancos que rechazaron proporcionar liquidez a la pequeña y mediana empresa.
Resistir la liquidación
Los movimientos que luchan contra cada caso concreto de confiscación –en particular, cuando afecta a los bienes y servicios básicos del Estado– afrontan unos desafíos enormes. Entre sus oponentes se incluyen las “instituciones” europeas que imponen las políticas neoliberales, el gobierno de Syriza-ANEL, la oposición y la oligarquía nacional. Pero merece la pena librar las luchas como parte de un proyecto más amplio de desafío y probablemente de derogación de los compromisos del memorándum, de recuperación de la soberanía del país y de restablecimiento de las instituciones democráticas, que han sido suspendidas por medio del golpe institucional impuesto por la eurozona y el euro.
Por medio de estas movilizaciones, se han esclarecido dos elementos clave: la supresión de la democracia y de la soberanía nacional y la exigencia de cancelación –o al menos de reestructuración radical– de la deuda, en cuyo nombre, por medio de acuerdos de préstamos y memorandos, se están confiscando los bienes tanto del Estado como de los ciudadanos griegos.
Hay, por tanto, una amplia convergencia sociopolítica en torno a objetivos generales, que constituyen las condiciones fundamentales para la supervivencia del país, para la recuperación de la producción y para la reconstrucción social. El lastre de una deuda “ilegítima, odiosa e ilegal” es el factor clave que se halla tras la abolición de la autonomía de la democracia griega y de su capacidad de decisión, el factor que está reduciendo el país a un estado de protectorado, o de lo que algunos llaman una “colonia de deuda”. Ser conscientes de esta realidad y de cómo está afectando a la gente común de Grecia tiene el potencial de dar vida a un contramovimiento político y social. Esto es lo que estamos luchando por crear.
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