Imanol Ordorika/Adolfo Gilly, La Jornada

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l 27 de enero, a 43 días de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró verdad histórica. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.

Con la expresión verdad histórica el procurador quiere significar que su versión de los hechos de Ayotzinapa es ya caso juzgado, aunque diga que la investigación sigue abierta para encontrar otros posibles “culpables. Con esta declaración también cierra el paso a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes acordada con los padres.

Resulta sorprendente que el procurador no tenga idea de que unaverdad histórica, por el hecho mismo de serlo, sólo puede ser establecida en los tiempos de la historia y con sus métodos, jamás por la voluntad, las acciones o los dichos de los protagonistas de los sucesos, en este caso la PGR con su apresurada investigación.

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El procurador reitera sus hipótesis con muy pocos fundamentos. Se basan casi exclusivamente en testimonios de los presuntos delincuentes detenidos, de cuya veracidad, propósitos y procedimientos para su obtención no nos presenta ninguna prueba o simple evidencia. El procurador dice y el dudoso y fragmentario video elaborado por la PGR ilustra su dicho. ¿Qué es esto, adónde hemos llegado? En todo proceso penal la confesión constituye el eslabón más débil de la prueba. En la historia de los procesos penales en este país el uso de métodos violentos –incluidas las amenazas y las promesas– para arrancar confesiones es proverbial y sigue vigente.

La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado, por la elemental razón de que fue cometido por cuerpos armados del Estado mexicano, como lo son las policías municipales, en cumplimiento de órdenes de funcionarios del Estado, como los presidentes municipales y no sólo ellos en este caso. El Estado no es tan sólo la Presidencia de la República, sino el conjunto de las instituciones en el territorio de la nación.

La pretensión de cerrar el caso Ayotzinapa y el llamado presidencial ano quedar atrapados en esa tragedia no hacen más que profundizar la crisis de esas instituciones. Actúa así como germen y estímulo de disensos y divisiones dentro del mismo aparato del gobierno federal. A nivel del territorio nacional esta crisis se hace visible en la imbricación entre fuerzas y servidores públicos, y no sólo en el estado de Guerrero, con elementos del crimen organizado; en la complicidad o encubrimiento de esos hechos por funcionarios municipales y estatales, sea por conveniencia o por legítimo temor; en la inoperancia de las instituciones de seguridad y de impartición de justicia en todos los niveles; y, por tanto, en la carencia de credibilidad y legitimidad de gobiernos y funcionarios en los tres niveles: municipal, estatal y federal. Una sola pregunta: ¿por qué no se ha llamado a declarar cuanto pueda saber al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en los momentos del crimen de Ayotzinapa? No es la única omisión, pero es una de las más clamorosas en la verdad histórica de la PGR.

Las manifestaciones en demanda de que se esclarezca el paradero de los 43 estudiantes no cesan y este miércoles, estudiantes de UAM-Xochimilco y padres de normalistas marcharon en el sur de la ciudad de MéxicoFoto Carlos Ramos Mamahua

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Esta crisis configura lo que en la doctrina y en la práctica se denomina una crisis de Estado. Reconocerla es premisa indispensable para superarla. Y para eso es preciso abrir todas las puertas, echar aire y luz sobre todas las investigaciones, revisar todos los archivos y documentos, o sea, lo contrario de la propuesta, la política y las acciones del gobierno federal, a través de su procurador general, en este caso.

Pues Ayotzinapa no es un caso aislado. La desaparición forzada de 43 estudiantes en una sola acción criminal llevada a cabo por policías municipales uniformados y la muerte de otros cuatro es un punto culminante de la interminable tragedia de miles y miles de desapariciones, asesinatos,feminicidios, trabajo esclavo, que viene asolando al territorio nacional en lo que va del siglo XXI y también antes. ¿Olvidamos Acteal? ¿Olvidamos San Fernando? ¿Olvidamos Ciudad Juárez y toda la frontera? ¿Olvidamos el olvido?

Establecer la verdad donde sea que tope en el caso Ayot-zinapa es abrir las puertas y las avenidas para conocer y, entonces sí, empezar a salir de esta tragedia interminable. Ayotzinapa no es un cierre, es una dolorosa e ineludible ocasión para la sociedad mexicana y también sus instituciones estatales para comenzar a ir más allá de la tragedia recurrente en que vivimos.

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La crisis y la pérdida de credibilidad de las instituciones de Estado de cara a la sociedad han hecho aparecer al gobierno federal y a su PGR como juez y parte en las investigaciones y la construcción jurídica del caso Ayotzinapa. No hay razón válida para que la aprobada e indispensable visita y tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa se siga postergando. La CIDH es indispensable.

Es preciso, sin embargo, ir además más lejos. Urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada y a la cual se le abran todas las puertas: cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios. Todo.

Es necesaria, es indispensable ya, la conformación de una comisión de la verdad independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.

Conocer la verdad verdadera sobre Ayotzinapa exige una comisión de la verdad con plenos poderes de acción e investigación. Es la respuesta al carpetazo oficial.

México:Ayotzinapa y la nueva insurgencia cívica

Luis Hernández Navarro

La Jornada

El fuego devora un vehículo frente al palacio de gobierno de Chil­pancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron: Justicia. Guerrero está en llamas.

La lumbre que devora edificios públicos y automotores expresa la rabia y la indignación crecientes de cada vez más jóvenes en la entidad. Es el termómetro de una insurgencia cívica y popular de largo aliento que sacude todo su territorio, y se extiende a más municipios y sectores. Es la evidencia de una ira que cada día que transcurre se radicaliza más y más.

En un primer momento las protestas se centraron a las autoridades locales y el Partido de la Revolución Democrática. Edificios municipales y las oficinas del sol azteca fueron incendiadas. Las flamas de la cólera se extendieron después contra el gobernador con licencia Ángel Aguirre. Hoy han alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto. La exigencia de su renuncia es un clamor a lo largo y lo ancho de la entidad y del país.

Alrededor de 22 de los 81 municipios del estado están tomados. La cuenta crece cada día. Los plantones surgen como hongos en las plazas públicas. La revuelta no sólo obstaculiza el buen funcionamiento de los cabildos. La multitud analiza echar a andar gobiernos paralelos.

Como resultado del alzamiento cívico, la economía local funciona a trompicones. Los hoteles se han vaciado. Los interminables bloqueos carreteros estrangulan el transporte de carga y de pasajeros. El cerco a los grandes centros comerciales frena las transacciones comerciales.

Esta nueva insurgencia cívica y popular recuerda la vivida en la entidad entre 1957 y 1962, en contra del despótico gobernador Raúl Caballero Aburto y en favor de la democratización, a la que el gobierno federal respondió con dos masacres (Chilpancingo, en 1960, e Iguala, en 1962), y que culminó, años después, con la formación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), conducida por el profesor Genaro Vázquez Rojas.

La revuelta actual tiene en normalistas, maestros, policías comunitarias y organizaciones campesinas su columna vertebral. Su larga tradición de lucha y su experiencia organizativa son el sustrato que sostiene la movilización. Sin embargo, el levantamiento va mucho más allá de ellas. En algunas regiones participan hasta empresarios.

En Guerrero existen desde hace 45 años organizaciones insurgentes. Según un recuento periodístico, desde 1994 se han manifestado públicamente 23 de ellas. Hay evidencias serias de la presencia y actuación de, al menos, cinco. Tienen implantación social en varias regiones, capacidad de fuego y experiencia en la acción. Varias han acordado formas de entendimiento y coordinación.

La expansión de la insurgencia cívico popular guerrerense ha sido acompañada y cobijada por un amplísimo y creciente movimiento nacional de solidaridad. El mundo universitario está en ebullición. Al menos 82 escuelas y centros de educación superior pararon exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas rurales desaparecidos. En las redes sociales son apabullantes las muestras de descontento contra Enrique Peña Nieto.

La estrategia gubernamental para enfrentar la crisis ha sido desastrosa. Error tras error, cada paso que las autoridades dan las acercan irremediablemente al borde del abismo. Incapaces de comprender la naturaleza de la insurgencia cívica que tienen frente a sí, han respondido echando mano de politiquería barata y maniobras burdas. Su apuesta de ganar tiempo y esperar un milagro tiene saldos cada vez más negativos.

Así aconteció con su último ardid. La versión de que los alumnos de Ayotzinapa habrían sido ejecutados, calcinados en un basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río, de acuerdo con testimonios de presuntos integrantes del cártel Guerreros unidos, difundida por la Procuraduría General de la República (PGR), ha propiciado que los ánimos se exacerben aún más. Lejos de ofrecer una explicación convincente de los hechos, la conferencia de Jesús Murillo Karam causó más dudas y malestar. La arrogancia de su respuesta a las preguntas de los reporteros generó más indignación.

El gobierno federal pretende establecer un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica para evadir su negligencia y responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas internacionales en su contra. Busca ocultar que se trató de un crimen de Estado y de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su explicación está llena de omisiones, inconsistencias y contradicciones. No es creíble.

De frente, Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo al presidente Peña Nieto en el encuentro sostenido en Los Pinos el pasado 29 de octubre: Creo yo que si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta, ya también debe de estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero.

No es el único que lo piensa. Una y otra vez, en las distintas movilizaciones que se producen en el país, la multitud corea dos consignas que sintetizan no sólo un estado de ánimo pasajero, sino las convicciones profundas de quienes las vocean. Al gritar ¡Fue el Estado!, señalan a quien consideran responsable de la barbarie. Al exigir ¡Fuera Peña! expresan lo que ven como vía de salida del conflicto. La insurgencia cívica y popular ha entrado a una nueva etapa.

Twitter: @lhan55

México. Canción a 43 estudiantes normalistas desaparecidos

Ayotzinapa y la fuerza del normalismo rural

Luis Hernández Navarro

La Jornada

U

no, dos, tres, cuatro, corea la multitud sin parar hasta llegar al número 43 y exigir a voz en cuello: ¡Justicia!

Felipe Arnulfo Rosa, pasa lista una voz. ¡Presente!, responden centenares de gargantas encolerizadas.Benjamín Ascencio Bautista, pregunta nuevamente. ¡Presente!, contestan los manifestantes. Israel Caballero Sánchez...

Son los nombres de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos por las policías municipales de Iguala y Cocula. Son los mismos cuyos rostros aparecen por millares en las pancartas y lonas que estudiantes y ciudadanos portan en todo tipo de protestas, exigiendo a las autoridades su presentación con vida.

Curiosa ironía. Después de ser apartadas de la vida pública nacional durante años y aparecer de cuando en cuando en los medios de comunicación como un vestigio educativo del pasado necesario de extirpar, las normales rurales están hoy en el centro del debate. La tragedia de Ayotzinapa, una normal rural, ha sacudido la conciencia nacional, sacado a los estudiantes de universidades públicas y privadas a las calles en prácticamente todo el país y precipitado la más grave crisis política en muchos años.

Las movilizaciones en solidaridad con los normalistas no cesan. Cada día suman a nuevas fuerzas: religiosos, artistas, intelectuales, deportistas, sindicatos. La pretensión de los medios de comunicación electrónicos de contener, minimizar y desnaturalizar el sentido de las protestas ha sido rebasada.

¿Por qué esta tragedia en concreto ha suscitado tanta indignación? Porque fue la gota que derramó el vaso, como en su momento y en otra escala sucedió con el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. En esta ocasión, los relatos de la saña policial contra un grupo de muchachos pobres, acosados y desarmados, y la imagen de los padres dolidos, han conmovido a otros padres que ven en lo sucedido algo que les pudo haber pasado a sus hijos, creando una identidad instantánea y funcionando como elemento articulador de un descontento social hasta ahora disperso.

En el sufrimiento de esos padres, en su penar, se condensa la incertidumbre e inseguridad que muchos ciudadanos viven en amplias regiones. En el destino de los normalistas se descubre la sensación de vulnerabilidad que provoca ser joven en un país en el que los jóvenes son víctimas recurrentes de la violencia gubernamental. En la historia de un alcalde al se dejó escapar se encuentran las evidencias del pacto de impunidad con que se cubre la clase política.

Pero ese dolor y esa rabia, ese miedo y ese anhelo de que regresen con vida los muchachos tiene su núcleo duro, su fuente de legitimidad, su red de protección, en un tejido comunitario inasible para la tecnoburocracia que conduce al país. Esa red es la que le proporciona a la movilización social la fuente de autoridad moral que se expande por toda la sociedad.

Sí, no son sólo 43 jóvenes desaparecidos. Detrás de ellos están más de cuatro decenas de padres dolientes y sus familias extensas, en su mayoría de muy escasos recursos, que pasan las noches en vela esperando que sus hijos aparezcan. A su lado se encuentran decenas de comunidades, casi todas rústicas, que ruegan por el retorno con bien de sus paisanos. Hombro con hombro, marchan unos 500 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que aguardan el regreso de sus compañeros de banca y de dormitorio. Como si fueran un ejército, los acompañan miles de egresados profundamente comprometidos con la escuela que les ha permitido salir adelante en su vida, muchos de ellos laborando en los poblados más remotos de Guerrero, que viven como un agravio personal lo que se ha hecho a los muchachos. Y, en primera línea, están unos 8 mil alumnos de otras normales rurales, hermanados con ellos mucho antes de que la tragedia llegara a sus vidas.

El normalismo rural es una comunidad imaginaria, integrada no sólo por los alumnos que estudian en sus aulas y viven en sus internados. De ella forman parte también los poblados de donde provienen los estudiantes, los grupos campesinos a quienes se atiende en las prácticas escolares y las comunidades adonde van a laborar sus egresados. Son parte sustancial de ella los maestros en activo que se graduaron en sus muros. A todos ellos, lo que sucede allí les atañe.

Las normales rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes en el campo. El destino que se forjen gracias a sus estudios incide en la vida de las comunidades. Lo que acontece con ellas no les es ajeno. Son suyas: son un legado vivo de la Revolución Mexicana, una herencia de la escuela rural y el cardenismo, al que no están dispuestos a renunciar.

Los alumnos que se instruyen en esas escuelas cuentan, además, con una de las organizaciones estudiantiles más antiguas en el país: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm). Fundada en 1935, ha desempeñado un papel fundamental en la sobrevivencia de las normales rurales, permanentemente acosadas por autoridades educativos y gobiernos locales. Sus dirigentes deben ser alumnos regulares, tener buena conducta y un promedio escolar no menor de ocho. Sólo los mejores alumnos representan a sus compañeros. Sus líderes son jóvenes formados políticamente, con capacidad de análisis, dotes organizativas y visión.

Esa comunidad transgeneracional e intercomunitaria es la que ha evitado que las normales rurales sean cerradas en el país en el pasado. Es la que ha resistido las agresiones en su contra. Es la que ha hecho posible la supervivencia del proyecto.

Esa comunidad es la que ve en la desaparición de sus 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías una grave afrenta a la que debe responder. Es la que juzga como una burla que el gobierno no aclare el paradero de los muchachos. Es la que se indigna ante la pretensión de las autoridades de no hacer coincidir la verdad jurídica con la verdad histórica. Es la que, con toda su autoridad moral, convoca a sumarse a la lucha al resto de la sociedad. Es la que exige, con rabia y determinación inagotables, la aparición con vida de sus hijos.

Twitter: @lhan55

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México:Ayotzinapa, terror racista y clasista

Carlos Fazio

Rebelión

Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crímenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas.

En ejercicio de sus funciones −o con motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43 desaparecidos fueron detenidos con violencia física por agentes del Estado y trasladados en patrullas oficiales, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzosa.

De acuerdo con el artículo 149 bis del Código Penal Federal, también podría configurarse el delito de genocidio, dado que se procedió a la destrucción parcial de un grupo nacional (los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa), quienes han sido sometidos a un hostigamiento sistemático, continuado y prolongado a través de los medios de difusión masiva, con la participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de los hechos.

Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de esa Normal Rural fueron ejecutados de manera sumaria extrajudicial en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro más resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y torturaron. Después, con la intención de fabricar un culpable o chivo expiatorio, le sembraron un arma AK- 47 de las llamadas cuernos de chivo y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos de pólvora, con la intención de imputarle la muerte de sus dos compañeros.

Entonces de determinó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y de las armas de fuego −es decir, se actuó al margen de los protocolos antimotines y con armamento de alto poder−, con el objetivo de contener una manifestación pública. Dos agentes policiales sindicados como autores materiales de los homicidios están hoy en libertad.

A dos años y medio de aquellos hechos, existen evidencias testimoniales de que entre los policías, ministerios públicos y militares del estado de Guerrero existe un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora como entonces, como tantas veces desde 1968 (cuando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas), asistimos a una acción conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya “misión” es desaparecer lo disfuncional al actual régimen de dominación.

Huelga decir que la figura de la desaparición forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminación del terror.

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial −el gobierno de Enrique Peña Nieto vive en la coyuntura una aguda crisis producto de las presiones a que está siendo sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias que demandan la aparición con vida de los 43 muchachos detenido-desaparecidos−, autoridades estatales y federales han venido posicionando mediáticamente la hipótesis del “crimen organizado y las fosas comunes”, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como estrategia de desgaste, disolución de evidencias y garantía de impunidad.

Se trata de una lógica perversa que, en el caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales, y juega con el dolor y la digna rabia de los familiares de las víctimas y sus compañeros. Como dicen las madres y los padres de los 43 desaparecidos, “las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos”.

No es creíble que los hechos hayan respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del Operativo Guerrero Seguro donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República), y que incluso se facilitaran las fugas del director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe, el alcalde con licencia José Luis Abarca, de quien ahora todos dicen que “sabían” que estaba vinculado al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Dieciséis de los 22 policías municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus armas− y podrían ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber quiénes son los responsables intelectuales y cuál fue el verdadero móvil de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.

Según consignó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jóvenes detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Público actuaron con negligencia e insensibilidad y podrían resultar cómplices en la acción de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. Amnistía Internacional calificó la investigación judicial como “caótica y hostil” hacia los familiares y compañeros de las víctimas. Hostilidad que ha sido extensiva a las peritas del equipo técnico de forenses argentinas, en quien familiares y estudiantes han depositado su confianza y ven como único mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparición de restos.

Cabe reiterar que una vez más hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Y hay que insistir en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de las policías estatal y federal, y de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del régimen). Pero también de elementos del Batallón de Infantería Nro. 27, que depende de la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batallón, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Además de que en ese estado existen Bases de Operación Mixtas (BOM), que suelen ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejército o Marina de Guerra).

Además, si como declaró públicamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, había informado con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Cisen y a la Procuraduría General de la República, de los presuntos nexos del edil de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Guerreros Unidos, se supone que la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada (Seido) debía tener bajo la lupa ese municipio.

Entre las inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la primera y segunda balacera el Ejército dejó pasar tres horas. El por qué sigue siendo una incógnita. Como denunció el joven Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa y quien estuvo esa noche en el lugar de los hechos, luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, “efectivos castrenses” sometieron a los normalistas. García narró que al hospital Cristina −adonde llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas herido con un balazo en la boca− “los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar”.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejército. Un Ejército que actúa bajo la lógica de la contrainsurgencia −es decir, del “enemigo interno”− y vive obsesionado con la presencia de la guerrilla (cuatro de las cuales, por cierto, se han manifestado a raíz de los trágicos hechos: EPR, FAR-LP, Milicias Populares y ERPI). Más allá de ello, y de los fines políticos mezquinos de los partidos políticos con vista a los comicios intermedios de 2015 y los presidenciales de 2018, resulta obvio que por acción u omisión, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados por policías y paramilitares de Iguala, además de que quedó demostrada, una vez más, la delegación parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocación. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecución extrajudicial de 22 personas por el Ejército en Tlatlaya, estado de México, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando “enemigos” en el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora.

En ese contexto, y en el de una conflictividad en aumento −los sucesos del lunes 13, cuando resultaron incendiadas las sedes del gobierno y la legislatura estatales y de la alcaldía de Chilpancingo−, cabe enfatizar el sentir de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa: búsqueda con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos; castigo a los culpables, y apoyo a las normales rurales que quieren ser desaparecidas, también, por el gobierno federal en el marco de la contrarreforma educativa aprobada en 2013.
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

México: Declaración de Guadalajara con Ayotzinapa

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, DESAPARECIDOS!

¡ANTE EL CRIMEN DE ESTADO, NI PERDÓN NI OLVIDO! ¡JUSTICIA!

En la noche del 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, los estudiantes  de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en varios autobuses hacia la ciudad de Chilpancingo, fueron agredidos a balazos de forma indiscriminada por la policía municipal y sujetos desconocidos que portaban armas largas, dejando como saldo del criminal ataque hasta el momento 7 personas muertas, tres de ellas estudiantes, además de decenas de heridos y 43 desaparecidos, incluidos los que fueron secuestrados por la policía.

 

Este hecho criminal se suma a otras acciones represivas en contra de los estudiantes por parte de las policías de distintos niveles, como la ocurrida a finales del 2011, en el operativo de desalojo en la “Autopista del Sol”, donde fueron ejecutados tres estudiantes; otros más heridos de bala y decenas detenidos arbitrariamente. Hechos que aún permanecen impunes.

 

Por su parte, a pesar de la gravedad de los lamentables hechos y las reiteradas denuncias por parte de estudiantes y familiares de los desaparecidos exigiendo justicia y la urgente presentación con vida de los 43 normalistas detenidos, las autoridades estatales y federales hicieron tortuguismo, actuando con deliberada negligencia y omisión. Sólo ante el reclamo de organismos internacionales y la opinión pública mundial horrorizada ante el escandaloso crimen de Estado cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y la matanza en Tlataya, Estado de México, donde fueron masacrados por el ejército 21 jóvenes presuntos delincuentes, las autoridades federales y estatales encargadas de la impartición de justicia tímidamente se han visto obligadas a investigar, sin esclarecerse debidamente aún los hechos ni presentar con vida a los desaparecidos.

 

Ante esta situación en un país donde las desapariciones, la tortura y el crimen se han convertido en hechos cotidianos; donde reina la impunidad, la injusticia, el tráfico de influencias y la colusión por parte de la fuerza pública con organizaciones criminales como las que operan en el estado de Guerrero, en complicidad o bajo la vista gorda de autoridades corruptas de todos los niveles, la represión y el asesinato de jóvenes estudiantes de extracción popular que defienden la educación pública no son hechos aislados, sino un crimen de Estado y un acto de lesa humanidad.

 

Por tal razón, las organizaciones, ciudadanos, jóvenes y estudiantes que suscribimos este pronunciamiento, hacemos nuestros los reclamos y exigencias de las familias y compañeros de las víctimas para que se haga justicia y se presenten vivos a los 43 desaparecidos, rechazado con indignación las falsificaciones del gobernador y sus colaboradores, quienes también son responsables de los hechos y cómplices de los ejecutores de este crimen.

 

Denunciamos la conducta omisa del Poder Ejecutivo federal, a cargo del señor Enrique Peña Nieto; al sistema político mexicano, corrupto y antidemocrático, sostenido por partidos políticos mafiosos y funcionarios ligados al crimen organizado; un Estado asesino y represor que exhibe el grado de descomposición y crisis a que ha llegado.

 

Exigimos se lleve a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de los hechos criminales y represivos ocurridos en Iguala en contra de los estudiantes normalistas y se castigue ejemplarmente a los policías responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales, estatales y federales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos.

 

Demandamos se garantice la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de los defensores que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente.

Atentamente,
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
Guadalajara, Jalisco, a 8 de octubre de 2014.

Las organizaciones y personas que suscriben este pronunciamiento:

ORGANIZACIONES:

Amnistía Internacional
Asamblea Estudiantil de la UdeG
Bordamos por la Paz
Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Colectivo de Abogados. Jalisco
Colectivo Grito Proletario
Colectivo Masde131 ITESO
Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU)
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo
Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI)
Familias Unidas por nuestros desaparecidos Jalisco (FUNDEJ)
Femibici
Frente Amplio contra la Privatización de la Industria Energética
Frente de Comerciantes en Resistencia
Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.)
Laboratorio de Estudios sobre Violencia (Sociología CUCSH)
Movimiento de Bases Magisteriales Jalisco CNTE
Movimiento #CalleSinAcoso Jalisco
Movimiento Ciudadano 5 de Junio (Guardería ABC/Jalisco)
Movimiento Independiente de Trabajadores de la Educación
Movimiento Libertario 28 de Mayo
Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MTS)
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)
PCM Jalisco
Petroleros en contra de las privatizaciones
Sindicato de Trabajadores unidos de Honda de México (STUHM)
Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc)
#Yosoy132 Gdl

PERSONAS:

Ofelia Medina. Actriz y activista social.
Dr. Jorge Alonso Sánchez. Investigador. CIESAS;
Lic. Esteban Garaiz Izarra. Reforma Nuevo Siglo. A.C.
Dra. Rossana Reguillo. Investigadora. ITESO.
Gilberto Parra. Luchador social (CJAMM).
Mtra. Guillermina Bustos, Profesora, Universidad de Guadalajara.
Dr. Jorge Ceja Martínez. Profesor- Investigador. Universidad de Guadalajara.
Lic. José Santos Urbina. Profesor.  Universidad de Guadalajara
Dra. Gloria Caudillo Félix. Profesora- Investigadora. Universidad de Guadalajara.
Dr. Rogelio Marcial. Profesor-Investigador. Universidad de Guadalajara / El Colegio de Jalisco.
Dra. Carmen Chinas Salazar. Profesora. Universidad de Guadalajara / ITESO.
Dr. David Coronado. Profesor-Investigador. Universidad de Guadalajara.
Dr. Francisco J. Mercado Martínez. Profesor. Universidad de Guadalajara.
Dra. Raquel Gutiérrez Nájera. Investigadora de la Universidad de Guadalajara.
Dra. Patricia García Guevara. Profesora. Universidad de Guadalajara.
Mtra. Carmen Díaz Alba. Profesora. ITESO.
Dr. Flavio Meléndez Zermeño. Psicoanalista, Escuela Lacaniana de Psicoanálisis.
Dr. Eduardo de la Vega Alfaro. Profesor. Universidad de Guadalajara.
Mtro. Jorge Rocha Quintero. Profesor. ITESO.
Dra. Ofelia Woo Morales. Profesora. Universidad de Guadalajara.
Dra. Martha Loza. Profesora. Universidad de Guadalajara.
María Eugenia de Alba. Ex consejera del IFE.
Pedro Mellado. Periodista.
Jesús Plascencia Ramos. Trabajador petrolero.
Mtra. Luz Bermejo. Profesora. Universidad de Guadalajara.
María Antonieta Flores Astorga. Periodista. Premio Nacional de Periodismo.
Mtro. Jorge Narro Monroy. Profesor. ITESO.
Dr. Salvador Romero Montalvo. Investigador. Universidad de Guadalajara.
Dr. Luis Ignacio Román Morales. Profesor - investigador. ITESO.
Dr. Jaime Antonio Preciado Coronado. Profesor - Investigador. CUCSH. Universidad de Guadalajara.
Dra. María Rita Chávez Gutiérrez. CUCSH. Universidad de Guadalajara.
Dra. Rosa María Pineda Trujillo. Profesora - investigadora. Universidad de Guadalajara.
Dr. Manuel Zataráin C. Profesor. Universidad de Guadalajara.
Dr. José Sánchez Jiménez. CIESAS Occidente.
Augusto Chacón.
Dr. José de Jesús Hernández López. CIESAS Occidente.
Dra. Susan Street. Profesora - investigadora. CIESAS.
Mtra. Paola Lazo Corvera. Directora Colegio Huellas. Doctorante del ITESO.
Dra. Renee de la Torre Castellanos. Investigadora. CIESAS Occidente.
Dra. María Eugenia de la O Martínez. CIESAS Occidente.
Dr. Miguel Fernández Membrive. Profesor - investigador. ITESO.
Mtro. Joaquín Osorio G. Profesor. ITESO.
Dr. Francisco Morfín Otero. Profesor. Departamento de Educación del ITESO.
Dra. Rosario Vidal Bonifaz. Profesor - Investigador. Universidad de Guadalajara.
Mtro. José Bautista Farías. Profesor. ITESO.
Mtro. Bernardo García González. Profesor. ITESO.
Mtro. Roberto Núñez Gutiérrez. Miembro de CVX.
Mtro. Agustín Verduzco Espinosa. Profesor. ITESO.
Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez. Profesora-investigadora Titular. CIESAS
Dra. Manuela Camus. Profesora - investigadora. Universidad de Guadalajara.
Dr. Santiago Bastos. Investigador. CIESAS Occidente.
M.C. Elsa Ivette Jiménez. Profesora. ITESO.
Dr. Ángel Florido. DEILA. Universidad de Guadalajara.
Dr. Juan José Palacios Lara. Investigador. Universidad de Guadalajara
Dra. Xóchitl Leyva Solano. Trabajadora de las Ciencias Sociales. CIESAS Sureste.
Dra. Alejandra Aguilar Ros. Investigadora. CIESAS Occidente.
Alba Corina Valadez Solís. Profesora. Universidad de Guadalajara.
Mtro. Carlos Ortiz Tirado Kelly. Profesor. ITESO.
Dra. María Gutiérrez Zúñiga. Investigadora. Universidad de Guadalajara.
Mtra. Martha Olivia Arias. Profesora. ITESO.
Dr. Rogelio Luna Zamora. Profesor-investigador. Universidad de Guadalajara.
Dra. Lucía Mantilla Gutiérrez. Investigadora. Universidad de Guadalajara.
Mtro. Guillermo Díaz Muñoz. Profesor - investigador. ITESO.
Dra. Laura Patricia Romero Miranda. Profesora - investigadora. Universidad de Guadalajara.
Dra. Rocío Andrade Cázares. Docente-Investigadora. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Querétaro.
Yehudi Villa Echevarría. Gestora cultural.
Mtra. María Alicia Navarro Román. Profesora. CUCSH. Universidad de Guadalajara.
Mtra. Lorena Cortés. Profesora. Universidad de Guadalajara.
Ignacio González Hernández. CIMTRA, Jalisco
Diosiry Valencia.
Diego E. García-Preciado Jáuregui. Jalisco 2050. A.C.
Ing. Víctor Silva F. Tlajomulco Morena.
Mtra. Adriana Loreley Estrada de León. Profesora. Universidad de Guadalajara.
Lic. César Fabián Maldonado Hernández. Profesor. Universidad de Guadalajara.
Dra. Ana Lucía González Ibáñez, Arquitecta Taller Patrimonio & Metrópoli.

Arq. Carlos Iram Sánchez Angulo.

Lic. Adela Martha Solares Zenteno.
Mtra. Angélica Ramos.
Ignacio Mireles Rangel.

 > Para adherirse, enviar correo a:
resistenciajalisco@gmail.com

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