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Crisis Económica Mundial: Capacidad instalada, un indicador olvidado Alejandro Nadal · · ·


Sin Permiso, 14/07/13


Una de las mejores pistas sobre la evolución futura de la economía mundial está en los índices de capacidad productiva instalada en la industria. Este es un indicador clave al que se presta poca atención a pesar de su gran importancia. Y hoy día, por países y por industrias, el panorama no es muy alentador.

Cuando se toman decisiones de inversión en una nueva planta industrial normalmente se deja un margen de seguridad: la capacidad de la planta rebasa los pronósticos sobre crecimiento de la demanda final del producto. Esto permite enfrentar las fluctuaciones de la demanda y es un importante mecanismo de competencia en el interior de la industria.

La situación es distinta cuando los niveles de capacidad instalada ociosa aumentan más allá de esos parámetros normales. Eso revela que las decisiones de inversión del pasado calcularon mal la evolución de la demanda agregada. Eso puede sucederle a un capitalista en lo individual: tendrá que enfrentar sus inventarios no vendidos como pueda (o irse a la quiebra). Pero cuando los niveles de capacidad ociosa aumentan para todas las ramas de la industria, la señal es clara: hay un problema macroeconómico. La crisis es la única salida para destruir parte del capital instalado y volver a recomenzar. Sólo que aquí la destrucción de capital es real, a diferencia de las pérdidas de riqueza de papel típicas de las crisis en los mercados financieros. La lógica de la economía capitalista es tan inexorable como destructiva.

Los altos niveles de sobreinversión (y su espejo, la capacidad ociosa) tienen varios efectos negativos. El primero pesa sobre la rentabilidad: los costos fijos pesan más dentro del costo total de producción. Esos costos fijos no dependen de la cantidad producida y la empresa incurre en ellos por el solo hecho de haber invertido en la planta. Se produzca o no, hay que pagarlos.

Un reflejo típico es reducir los costos variables disminuyendo el número de turnos y la duración de la jornada de trabajo. Los despidos técnicos se multiplican, lo que significa que la demanda agregada se ve afectada y eso agrava el ciclo: la reducción en la masa salarial reduce más el poder de compra y eso implica crecimiento de inventarios no vendidos, y se llega a otra vuelta en la tuerca de la represión económica. La crisis se profundiza.

Cuando hay exceso de capacidad instalada una reacción típica consiste en reducir precios para vender más, pero eso descorazona las nuevas inversiones. Y si la inversión se reduce, la demanda agregada se desploma y la crisis se agudiza. Si todo esto se acompaña de una postura de austeridad fiscal, la recesión se agrava y su duración se prolonga. Las perspectivas de recuperación se hacen cada vez más débiles. Es exactamente lo que ocurre hoy en la economía mundial.

¿Cómo se presenta hoy en día el panorama de la capacidad instalada? Los últimos datos de las encuestas de la Reserva federal en Estados Unidos muestran que el primer trimestre de 2013 el nivel de capacidad utilizada en el conjunto de la industria manufacturera en ese país fue de 70 por ciento. Se trata del nivel más bajo desde octubre de 2012, lo que indica que la economía estadounidense continúa perdiendo dinamismo. Lo más serio es que este desempeño mantiene la tendencia negativa que ya se observa en la economía estadounidense desde 1990.

Claro, hay una gran disparidad en los niveles de capacidad ociosa en las distintas ramas de la industria manufacturera: un análisis más detallado de la matriz insumo-producto permitiría desentrañar los efectos interindustriales de estas disparidades.

El récord histórico (desde 1960) muestra una tendencia secular negativa en los niveles de capacidad utilizada en la industria manufacturera de Estados Unidos. Y después de cada una de las siete recesiones importantes sufridas por la economía estadounidense (comenzando con la de 1960-61), los niveles de capacidad utilizada se han ido reduciendo; es decir, las recuperaciones son cada vez más débiles. El nivel de capacidad utilizada hoy corresponde al de los baches de las tres recesiones anteriores.

Los altos niveles de capacidad ociosa (o de sobreinversión) no se limitan a Estados Unidos. Casi todas las industrias importantes en el mundo muestran señales de sobreinversión: cemento, acero, vidrio, química pesada, maquinaria para construcción, automotriz, naval, semiconductores, hotelería y la metal-mecánica muestran bajos niveles de capacidad utilizada. Y la experiencia es compartida por los principales países europeos y China. Los datos del FMI sobre China indican una dramática caída en los niveles de capacidad utilizada: de un pico de 89 por ciento en 2000 a un alarmante 60 % en 2011. Los problemas crónicos de sobreinversión han marcado a la economía china desde hace más de una década y ahora con la caída en la demanda en Europa y Estados Unidos, las cosas tenderán a empeorar.

Este indicador olvidado revela que la recuperación tardará mucho y que la crisis, con todas sus secuelas, será más larga de lo que esperan las esferas oficiales.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

Grecia, España, la Unión Europea y la persistencia de la crisis capitalista mundial. EntrevistaYanis Varoufakis · · · · ·  14/10/12 Sin Permiso


Con motivo de la traducción alemana de su libro El Minotauro Global. EEUU y el futuro de la economía mundial (edición castellana en prensa en la editorial Capitán Swing), la revista económica austríaca FORMAT entrevistó a Yannis Varoufakis el pasado 13 de octubre.

FORMAT.— La canciller federal alemana Angela Merkel visita por vez primera Grecia desde 2007. Por miedo a las revueltas callejeras, Atenas ha blindado todo el distrito gubernamental de la ciudad. ¿Qué le dice a usted eso sobre la situación de la Eurozona?

YANIS VAROUFAKIS.— La sociedad griega oscila entre la insurrección y la depresión. Ora están las calles desiertas de gente, ora, de repente, basta una pequeña bobada para que se produzca un estallido de rabia colectiva y revueltas. Es una situación muy seria. Incluso para aquellos griegos que apoyan al gobierno, Angela Merkel simboliza la miseria que ha irrumpido en el país, apabullándolo. Se halla en una espiral descendente, la situación es cada vez más grave. Eso fortalece a la derecha; ahora tenemos un partido nazi en el Parlamento. Es como en los años 20 del siglo pasado. Veremos qué pasa.

Merkel dice claro y alto que Grecia debe permanecer en la Eurozona y recibir más ayuda. ¿No da eso a la población griega una brizna de esperanza?

 Me resulta muy difícil decir eso, pero he reflexionado desde hace mucho tiempo sobre esto: la probabilidad de que Grecia se halle de nuevo a sí misma es exactamente del cero por cien. No hay nada que Grecia, España o Portugal puedan hacer para relanzar realmente la economía y reducir duraderamente el desempleo. No, mientras esos países sean prisioneros de la Eurozona. Que la arquitectura institucional de ésta no funciona, es cosa manifiesta desde el desplome de la economía financiera en 2008. Lo que hasta ahora ha hecho la política europea ha sido tomar pseudomedidas con mucho ruido.

¿Significa eso que la Eurozona está condena a desintegrarse?

No tiene buena pinta. Grecia y España no se hallan en una recesión, sino en una depresión. Sí; están en coma. Recesiones las hay siempre, y a menudo no se pueden considerar algo malo, porque aceleran la desaparición de empresas sin futuro. Pero una depresión significa muy otra cosa: no sólo afecta a las empresas débiles, sino a todas. Una empresa griega exitosa, fabricante de máquinas-herramientas, el 98% de cuya producción se exporta al extranjero, se halla ahora mismo en concurso de acreedores, a pesar de contar con una rebosante cartera de pedidos. No puede comprar materias primas, porque no tiene crédito a corto plazo, lo que le impide responder a los pedidos. Lo mismo se está viendo ya en España. Lo que hace los recortes y la medidas de ahorro es estrangular más la economía.

¿No diría usted que ahora mismo se está empezando a calmar a situación? El anuncio realizado por el BCE de que va a comprar deuda de los países en crisis y el paraguas salvador del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que acaba de ponerse por obra, ¿no facilitará al menos un poco la financiación de los estados?

Siempre ha funcionado así hasta ahora: tras cada paso dado, siguen dos semanas tranquilas, hasta que todos se percatan de que no ha servido para resolver nada. Los paquetes de ayuda, la quita griega… todo eso sirvió a modo de cortisona, que tersa la piel, mientras el cáncer invisible sigue corroyendo. Hubo, empero, una excepción: la ayuda directa a los bancos acordada en junio pasado. A través de ella habría podido conseguirse separar la crisis bancaria de la crisis de la deuda pública, de modo que no tuvieran que venir ya más Estados apurados en socorro de sus bancos apurados. Pero como enseñan estas últimas semanas, eso ha quedado en nada. Alemania lo impide. 

¿Dónde radica el problema capital? ¿Cómo se puede resolver la crisis?

Con unión bancaria, eurobonos limitados y medidas de crecimiento. La unión bancaria es esencial para estabilizar el sistema. Pero tiene que instituirse adecuadamente: sólo bancos deben salvarse bancos que sigan teniendo posibilidades reales de sanar. Los otros deben ser liquidados. El apoyo debe venir a través de participaciones: el BCE u otro instituto central proporciona dinero, a cambio del cual obtiene participaciones en el banco, participaciones que luego habrá de vender con beneficios. 

¿Y qué hacemos con las deudas?

Imprimir dinero para comprar títulos y bajar los tipos, tal como ha propuesto el jefe del BCE, Mario Draghi, es, a lo sumo, la tercera mejor solución. Pero yo estoy también en contra de mutualizar todas las deudas, porque eso significa un enorme problema de azar moral que podría llevarse por delante las reformas estructurales de los Estados. Mi propuesta: el BCE podría, digamos que a propuesta de Italia, ofrecer bonos a intereses más bajos, a fin de ir disminuyendo paulatinamente las deudas que rebasen los topes fijados por Maastricht. Eso bajaría los intereses. Si extendiera esa política a otros Estados en crisis, la Eurozona podría librarse de un 30% de sus deudas en un período de unos 20 años, sin necesidad de que otros países quedaran comprometidos en el proceso. 

¿Y por qué no lo hacemos?

En parte por incompetencia de los políticos. Pero la razón principal es esta: porque los países exportadores –Alemania, Finlandia y Holanda— se manifiestan en contra. 

Pero esos países se manifiestan al mismo tiempo a favor de apoyar ilimitadamente al MEDE aceptando pasivos.

Estan más dispuestos a aceptar pasivos que a ligarse para siempre al euro. Si viene realmente la unión bancaria, si ver verdad vienen los eurobonos, ya no hay forma de salirse del euro. Este es el dilema: para resolver la crisis, tendríamos que apostar por la Eurozona para siempre jamás. Pero eso no lo quiere Alemania. Pues, como país exportador que es, dispone de una clara ventaja: si algún día –por los motivos que fuere— quiere salir, el capital fluiría hacia Alemania. No se rompería, como pongamos por caso Grecia; eso es seguro. Y esa opción se quiere dejar abierta. 

En vez de eso tenemos ahora el MEDE. En su libro lo califica usted de equivalente de las CDOs, las famosas obligaciones de deuda colateralizada, que tanto contribuyeron al desastre financiero de 2008. ¿Dónde está el peligro? 

 En las CDOs se mezclaban, barajados, distintos títulos de deuda. Se pasó por alto que esos títulos eran interdependientes: si un deudor pierde su puesto de trabajo y no puede pagar sus cuotas, crece la probabilidad de que, a través de una recesión, eso acabe afectando a otros deudores. En el caso del MEDE sucede lo mismo: si Italia necesita ayuda y falla como país contribuyente, crece la probabilidad de que también otros Estados fallen. Eso es, sencillamente, una locura.

En su libro dice usted que Europa no sólo ha tomado el camino equivocado para resolver los problemas, sino que ni siquiera entiende el problema básico. ¿Por qué somos ciegos?

Asistimos en 2008 el desplome de un sistema que sacó a la economía mundial de un equilibrio que había durado muchos años. Con el Tratado de Bretton-Woods de 1944 creó un sistema monetario internacional. Los norteamericanos lo configuraron de modo tal, que podían enjugar los excedentes de su comercio exterior mediante transferencias de ayuda e inversiones en Europa, sobre todo Alemania, y Japón. Para disponer de países en los que colocar sus mercancías, los EEUU forzaron la creación de la UE. Cuando Bretton-Woods fue historia y las exportaciones norteamericanas se fueron debilitando, surgió una nueva idea: los EEUU mantuvieron su posición hegemónica simplemente en la medida en que el dinero excedentario de los demás fluía hacia Wall Street y hacia empresas norteamericanas como Chrysler. Eso ha funcionado a satisfacción de todos. Hasta 2008. Y ahora tenemos países abierta y declaradamente exportadores, pero ya no hay más países importadores, y sobre todo, no hay ya ningún catalizador. La economía mundial no podrá recuperarse como eso siga así. 

¿No nos salvarán los llamados países emergentes?

No. China es ya un exportador neto e invierte en títulos de deuda norteamericanos, a fin de mantener la demanda allí. Pero China es de todo punto insostenible. El momentáneo crecimiento que experimenta se basa en programas estatales de coyuntura y en inversiones especulativas. Están inflando burbujas.

¿Y cómo podría el mundo volver a una situación de equilibrio?

Necesitamos un nuevo tratado del G20 que ayudara a orientar las corrientes monetarias mundiales. Pero los EEUU y Europa son por ahora ingobernables. Y estas cuestiones no juegan ningún papel político. No habrá recuperación en mucho, mucho tiempo.

Yanis Varoufakis es un reconocido economista greco-australiano de reputación científica internacional. Es profesor de política económica en la Universidad de Atenas y consejero del programa económico del partido griego de la izquierda, Syriza. Actualmente enseña en los EEUU, en la Universidad de Texas. Su último libro, El Minotauro Global, para muchos críticos la mejor explicación teórico-económica de la evolución del capitalismo en las últimas 6 décadas, está a punto de ser publicado en castellano por la editorial española Capitán Swing. Una extensa y profunda reseña del Minotauro, en SinPermiso Nº 11, Verano-Otoño 2012. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss

El precio de la desigualdad según Joseph Stiglitz: ineficacia y democracia en peligro
Estelle Leroy-DebiasiEl Correo, El Rebelión

14 de septiembre 2012


Hay momentos en que los pueblos se alzan y dicen « esto no va más, esto debe cambiar » Ahora, estamos en eso. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, hace mucho tiempo que viene previniendo los desvíos del actual sistema y de la financierización de la economía. En su nuevo libro se centra en el « precio de la desigualdad » 

 Hace veinte años que vienen aumentando las desigualdades y no solo son socialmente inaceptables sino más nefastas áun desde el punto de vista económico. Los indignados lo ponen muy bien en evidencia enarbolando los colores del 99% con referencia al 1% que ya había estigmatizado el antiguo director del Banco Mundial y Premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz. 

 Fracaso de los mercados, fracaso de los sistemas políticos que no corrigen los excesos de los mercados y de los injustos sistemas económicos y políticos. El actual sistema multiplica y mantiene los fracasos y de golpe se agravan las desigualdades. Pero lo que mucha gente ignora es que las desigualdades cuestan muy caro, porque participan directamente al « deterioro de la economía » y a sus desvíos, que Stiglitz llama « subversión de la democracia ». 

 Más allá de la muy interesante y fundamentada comprobación que plantea, el economista muestra como la desigualdad es la causa y la consecuencia del sistema que provoca un círculo vicioso y genera inestabilidad y cómo el actual sistema económico ha llegado a su fin. 

 Su comprobación parte de la situación de los EE.UU. en donde, desde hace dos décadas, el poder de compra de las clases medias no ha hecho sino disminuir. Los EE.UU tiene « el problema del 1% », una clase media presionada debido a que las desigualdades en los ingresos se han agravado y las ganancias de la recuperación « se le han esfumado » ; « el 93% de los ingresos suplementarios creados en 2010 han sido acaparados por el 1% de la población de clase alta ». De modo que en el transcurso de los últimos treinta años los Estado Unidos se han convertido en un país dividido : la clase alta ha progresado rápidamente y el país ha retrocedido. Los salarios bajos aumentaron en treinta años un 15% mientras que los del 1% del nivel superior aumentaron un 150%. Esta situación es aún más flagrante si observamos la distribución de los ingresos del capital. 

 Y en todo su libro, Stiglitz no dejará demostrar y demostrar que las desigualdades son causa de inestabilidad económica y derrota los argumentos de quienes hacen la apología de la desigualdad como base del crecimiento, según la tesis de la « economía del derrame » porque eso no funciona así. 

 Por el contrario los efectos nefastos de las desigualdades son claros : descenso del nivel de vida, consecuencias de deterioro de la salud, la de educación, de la vivienda, deterioro de las relaciones sociales entre los jóvenes ya adultos atrapados en la casa de sus padres…el mito de unos Estados Unidos justos y con igualdad de oportunidades se muestra sin eufemismos. 

 El libro didáctico y voluntariamente dirigido al gran público permite comprender –aun cuando uno no sea muy ducho en economía – los diferentes mecanismos y sus perversos efectos. Es cierto que Stiglitz se apoya en muchos ejemplos usamericanos – la campaña electoral obliga – pero su razonamiento es absolutamente « benchmarkable » y pòr otra parte no se priva de mostrar que más allá de los EE.UU. las limitaciones del actual sistema afectan a numerosos países comenzando por los europeos. Porque las mismas recetas generan los mismos males, aunque si bien es cierto en Francia se disfruta aún hoy de un sistema de redistribución un poco más logrado que el sistema estadounidense. 

 La Democracia en peligro 



 Además como lo señala claramente, los EE.UU. han jugado un papel central en la creación de las actuales reglas de juego que han fracasado. La globalización tal como está siendo actualmente administrada no facilita el progreso ni de la eficacia mundial, ni de la justicia, Sino que lo que es más grave es que pone en peligro a la democracia. Este es seguramente uno de los puntos más sensibles del libro. 

 Una democracia en peligro, es el título del capítulo nº 5 : la actual desigualdad existente en los EE.UU. y en muchos otros países del mundo nació o ha sido mantenida por las abstractas fuerzas del mercado y fortalecida por la política. Es por eso que la batalla la ha ganado el 1%. Pero no es esto lo que debiera suceder en una democracia. » En la que el 100% de los ciudadanos deberían participar del sistema « una persona = un voto » mientras que en la realidad sucede, como él lo recuerda « un dólar = un voto ». La política establece las reglas de juego de los mercados y ese juego esta sesgado a favor del 1%. 

 Así a los griegos se los privó de participar de un referéndum sobre el programa de drástica austeridad, dado que los dirigentes y los financistas pusieron el grito en el cielo ante esa idea. Pero sobre todo como lo subraya muy bien Stiglitz, el control de los mercados financieros no se produce solamente con los países endeudados sino en todos aquellos que quieren ganar en el mercado de capitales. Y aunque haya elecciones libres, los mercados imponen sus leyes mediante chantajes (baja de la calificación, nada de créditos, aumento sobre los préstamos de las tasas de interés…) La elección de opciones económicas es limitada. Y vale la pena recordar como en los años 90 (página 205 del texto en francés), Lula pudo haber sido electo en Brasil, pero Wall Street lo objetó (chantaje de por medio). En el 2002, los brasileños no se dejaron cooptar y de todas maneras eligieron a Lula. 

 Sin olvidar el lado caprichoso de los mercados que juegan con las calificaciones para actuar en el corto plazo, la presión de las multinacionales continúa especialmente a través de la OMC. Dado que las multinacionales se hallan administradas por un 1%, las reglamentaciones favorecen a ese 1%. Otro mundo es posible pero con otras formas de administrar la globalización, que no admitan una globalización sin trabas. Porque « para preservar la democracia, es necesario moderar la globalización » afirma. 

 Terminar con la reducción del Estado. 



 Y defender por lo tanto una justa distribución de los roles tanto del mercado como del Estado, y no acentuar sobre todo la reducción del Estado sino una estimulación de la economía. Ahora bien, explica Stiglitz, los programas anti-déficit y de austeridad tienen a menudo por objeto aumentar y preservar las desigualdades. 

 Por otra parte « la historia nos demuestra que la austeridad casi nunca funcionó” y que el gasto público, en cambio, puede ser muy eficaz. Sin embargo resulta siempre sorprendente, subraya Stiglitz, ver que muchos expertos (banqueros, políticos…) o ciudadanos que se dejan seducir por el “mito de la austeridad” como también por el « mito de comparar el presupuesto del Estado con el de un hogar » Un gobierno gastando más de lo que gana puede incentivar la producción y la generación de empleos. La creación de riquezas derivada de esa política puede llegar a ser muchas veces superior a los gastos realizados. 

 Ahora bien « el 1% a captado y distorsionado el debate presupuestario » sobre la base de un chantaje sobre el exceso de gastos pero que solo oculta su deseo de achicar el estado. 

 Stiglitz nos conduce de este modo al terreno de la política macroeconómica, de la política monetaria (capítulo 9). Tal como ha sido delineada por los monetaristas, ocn Milton Friedman a la cabeza « campeón del libre mercado » y toda la escuela de Chicago cuyos perjuicios se conocenen todo el mundo especialmente en América Latina. 

 Si los Bancos Centrales se interesaran en los empleos 



 « Las teorías de Friedman reflejaban su intención de achicar el Estado y limitar su libertad de decisión » La moderna concepción de la política monetaria ha dañado al 99% prosigue Stiglitz. Negando la importancia de la distribución de los ingresos, centrándose en las tasas de interés como única palanca y partiendo de la desregulación. El economista nos muestra muy bien los límites del concepto de Banco Central independiente tal como funciona en nuestros países puesto que son cautivos de los mercados financieros. Estigmatiza también la falta de fe en el control democrático de los que defienden la independencia de los bancos centrales. Y sin embargo debería inquietarlos. Y señala con el dedo el ambigüo papel del BCE en la crisis griega en beneficio de los bancos (pag. 349). 

 Pero lo más importante, es que una vez más, detrás de la política monetaria se esconde una lucha de ideas, una batalla sobre la concepción de la economía y de que lo que es bueno para ese 1% que toma las decisiones, lo sea forzosamente para el 99% que las sufre. Si el monetarismo ha sido dejado de lado, los bancos centrales se han centrado en las tasas de inflación como único objetivo. 

 Esto se ha convertido en una verdadera obsesión. Pero lo que ha desviado la atención de los problemas más serios, como son las desigualdades y la baja de los salarios. Y la conclusión de que luego de 25 años las políticas macroeconómicas y monetarias no han aportado ni estabilidad, ni crecimiento permanente, ni una mejor distribución de la riqueza entre las mayorías. Ha llegado por lo tanto el tiempo de encontrar otro marco. Pero los bancos y los mercados mantienen la resistencia. 

 Otro camino es posible. A través de un programa de reformas económicas (que Stiglitz detalla en su último capítulo) en el que debe intervenir el Estado, regulando los bancos, las empresas, los paraísos fiscales… Corrigiendo los excesos y fiscalizando en mayor medida los altos ingresos, promoviendo la inversión pública, mejorando la protección socialny tendiendo al pleno empleo otorgándole un papel más responsable al banco central « abandonando su excesiva concentración sobre la inflación para interesarse de manera más equilibrada en el empleo, el crecimento… » : lo que trata por otra parte de hacer la Argentina a través de una política considerada heterodoxa en cuanto a las funciones del banco central (ver : « Desaceleración del crecimiento, la Argentina elige ser contracíclica  »). 

 Las reformas descritas y propuestas se hallan destinadas a los EE.UU. – en plena campaña electoral - pero es comprensible que son comunes a muchos países. El análisis de Stiglitz sugiere que los EE.UU. podría usar su poderío y su influencia – aunque ahora sea menor que antes – a favor de nuevas regulaciones que generen una economía mundial más justa. Una visión posiblemente más hegemónica en un mundo en el que se diseñan nuevos contornos, en el que las relaciones de fuerza evolucionan. 

 Traduccion del français para  El Correo  de  : Susana Merino 




Higinio Polo:Tres apuntes para un naufragio
El Viejo Topo

Rebelion, 7 septiembre 2012


Uno 

 La crisis de la economía capitalista que se inició en Estados Unidos, y que está centrada ahora en la Unión Europea, ha pasado del pánico durante la mayor quiebra de la historia (la del banco Lehman Brothers, que llevó incluso a un estrafalario Sarkozy a hablar de una “reforma del capitalismo”) a una metástasis financiera que alcanzó los bancos europeos, y que amenaza convertirse en una gangrena por la contracción económica, el estallido de burbujas especulativas como la de la construcción, el aumento del desempleo, el crecimiento de la deuda pública, la reducción de los ingresos fiscales, y la acción combinada de bancos especuladores, fondos buitre y traficantes de toda laya que pretenden aumentar sus beneficios a costa de los países en dificultades, obligados a pagar elevados intereses por sus emisiones de deuda. Los orígenes de la crisis se encuentran más atrás, en tres décadas de desregulación, de liberalización y de eliminación de cualquier límite a la depredación de los propietarios de empresas y capitales.

 En ese marco, Estados Unidos está redefiniendo su política en el mundo, pero, pese a las apariencias, no dispone de una estrategia coherente, más allá de formular el deseo de seguir siendo “el país llamado a dirigir el mundo”, según mantiene Hillary Clinton, observando los problemas de la Unión Europea con el deseo de que no repercutan al otro lado del océano Atlántico, y estimulando artificialmente el crecimiento de su economía, atenazada por el desempleo y el declive industrial. Su “retorno a Asia”, centrando sus objetivos en la contención de China, es un intento de retrasar lo irremediable, es decir: Washington se resiste a aceptar la evidencia de que su tiempo ha pasado, aunque continuará siendo una de las principales potencias del mundo. Está asimilando aún la evidencia de que el colapso de la URSS no ha significado la consolidación de su papel como superpotencia única, porque, sencillamente, el retroceso de su economía no va a permitirle mantener su gigantesco despliegue militar en el mundo.

 Washington está forzado a recortar su gasto militar, a consecuencia del dramático déficit que enfrenta su gobierno: la reunión de la OTAN en Chicago, en mayo de 2012, sirvió de escenario para que Obama planteara a sus aliados de la OTAN que asumieran la mitad del gasto previsto para Afganistán: sin embargo, pese al aumento de la contribución alemana (ciento cincuenta millones de euros), los compromisos son endebles y esa realidad ha forzado a convocar una “reunión de donantes” en julio de 2012 en Japón. Constatar los apuros presupuestarios norteamericanos, y el apremio para que los aliados paguen una parte de la factura de sus aventuras militares, es la comprobación de la creciente debilidad de Washington, que se percibe también en el mal estado de sus infraestructuras y en la evidencia de que el país que se considera el centro del mundo ocupa el puesto número 20 en el índice de bienestar mundial.

 Un severo déficit fiscal y comercial, agravado por una deuda pública gigantesca (16 billones de dólares, que, si se añaden las deudas de los gobiernos estatales y locales, instituciones financieras y empresas, alcanza casi los 60 billones de dólares, según el criterio europeo para definir billón), impone la austeridad en los gastos militares. La escalada en el presupuesto de esa partida, durante la última década, ha sido enorme, y en gran parte se ha ocultado a la opinión pública gracias al recurso de distinguir entre el presupuesto “normal” del Pentágono y los gastos de guerras como las de Iraq o Afganistán. Obama sigue intentando detener la sangría de gastos en Iraq, traspasando responsabilidades, privatizando la guerra y la ocupación, mientras la ilusión de una victoria en Afganistán se desvanece: las negociaciones secretas con los talibán, el creciente distanciamiento de Karzai, que vela por sus propios intereses y por su futuro personal, y el enquistamiento del caos en Pakistán, ilustran el fracaso de la política exterior norteamericana en Oriente Medio. Iraq y Afganistán son la evidencia del pantano. Pese a la obligación de soltar lastre para remontar algo el vuelo, Washington sigue negándose a aceptar sus responsabilidades por unas guerras criminales que han arrasado países y causado verdaderas carnicerías: Obama proclamó en Chicago que las fuerzas desplegadas en Afganistán son una “misión internacional”, omitiendo que la guerra fue iniciada unilateralmente por Estados Unidos, que forzó a sus aliados a implicarse y a enviar tropas porque éstos no supieron o no pudieron negarse, mientras intenta ahora implicar al conjunto de la “comunidad internacional” en la salida del atolladero. Cincuenta países han enviado soldados para ayudar a Washington, y los destacados allí van desde los casi cien mil militares norteamericanos a los tres austríacos; y, para el conjunto de la OTAN, a ciento treinta mil. Obama argumentó que sería una irresponsabilidad abandonar ahora Afganistán, sin preguntarse de qué han servido más de diez años de guerra, la más larga protagonizada por su país, y sin reparar en que la verdadera irresponsabilidad fue iniciar, de nuevo, otra guerra, seguida después por la de Iraq.

 Las mayores urgencias del momento para el gobierno de Obama son definir un plazo para la salida de sus tropas de Afganistán, liquidar la guerra, e iniciar la recuperación económica en Estados Unidos y en Europa, con la mirada puesta en la reelección presidencial. Pero Washington, aunque necesita a la Unión Europea como aliada para superar la crisis y como vasallo en los escenarios internacionales, mira cada vez más a Asia, donde crece el desafío a su poder. El desempleo y el trabajo precario continúan atenazando a millones de norteamericanos, y la crisis europea amenaza con extenderse, en otra ironía de la historia: la quiebra que se inició en Estados Unidos con el fraude de las hipotecas-basura, y con la caída de Lehman Brothers, que gangrenó después a los bancos y las instituciones financieras europeas, y después a la deuda pública, puede acabar volviendo a Estados Unidos. Grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, que fueron rescatados con dinero público (miles de millones de dólares, todavía no sabemos exactamente la cuantía) por el gobierno norteamericano, son verdaderas oficinas de ladrones, de delincuentes financieros, y ese aire tóxico que se respira en Wall Street puede envenenar a todo el país, que vive un clima de fin de época exorcizado por las tradicionales bravatas y amenazas de su diplomacia y por intervenciones en pequeños países como Libia o Sudán. 

 Mientras China prosigue su desarrollo, no exento de graves problemas, afectada por la disminución de las exportaciones, Estados Unidos medita sus pasos, aunque la falta de una estrategia coherente para un mundo nuevo la está pagando con el declive de su influencia global. Es imperativo que reduzca su ejército, pero, paradójicamente, eso va a traerle más dificultades en el exterior porque la constatación de muchos de sus aliados de que la hegemonía norteamericana empieza a desvanecerse minará sus alianzas y su despliegue planetario. Pese a ello, pretende aumentar su despliegue militar en la región de Asia-Pacífico, destinando a la zona seis portaaviones, así como la mayoría de sus cruceros y de sus barcos de guerra, con la intención, en palabras de Leon Panetta, de “proyectar nuestra fuerza en la región”. Y ello, negando la evidencia, y asegurando que el despliegue “no tiene como objetivo a China”. Para Washington, van a acumularse los problemas: ni la austeridad, que compromete el ansiado crecimiento, ni la emisión de más dólares-basura para estimular artificialmente su economía, son soluciones para sus males. Además, el fin del dólar como moneda de reserva internacional se anuncia ya en el horizonte. 

 Dos 

 La Unión Europea, que sigue atrapada en el pantano griego, en los rescates a Portugal, Irlanda, tal vez a España e Italia, prisionera de la hipocresía de los financieros de la City londinense, y obsesionada por la contención del déficit público, continúa paralizada, inmersa en debates que siempre llegan tarde a la solución de los problemas, y expectante ante las hipótesis que se abren con el nuevo gobierno francés. Pero las alarmas suenan por todo el continente. Ha dejado de ser una hipótesis disparatada la desaparición del euro, e incluso de la Unión Europea, y se especula con su reconversión en una más limitada alianza económica entre algunos de los actuales países miembros, o su división entre el área germánica y los demás países. Entre la obsesión alemana por el control de la inflación, del déficit y la austeridad, el desdén británico (atado al viejo orgullo insular e imperial, a la subordinación a Washington y a los intereses financieros de la City) y la impotencia francesa, la Unión Europea se enreda entre los sargazos de la falta de una política económica y fiscal común, y la discusión entre partidarios de la austeridad o de nuevos estímulos, dado que algunos sectores económicos especulan con la posibilidad de aflojar el control de la inflación para impulsar de nuevo el crecimiento.

 Una irracional política económica, que beneficia a los bancos privados y a Alemania, está añadiendo deudas a varios países, hasta el punto de que todos los ahorros conseguidos en recortes salariales, en la limitación de las garantías sanitarias, del derecho a la enseñanza, de la cuantía de las pensiones y en las inversiones públicas… acaban destinados a pagar el mayor coste de la deuda y en manos de bancos y especuladores. Al mismo tiempo, la cuestión de la hipotética creación de los eurobonos, y la posible imposición de tasas para las operaciones financieras, sigue dividiendo a los países europeos, incapaces de poner freno a la desvergonzada especulación financiera. En otra aparente paradoja, la Unión permite que el Banco Central Europeo facilite gigantescos créditos a los bancos privados a un bajo interés, el uno por ciento, ¡que éstos utilizan para comprar deuda pública a altos intereses a los países con problemas como España o Italia, agravando así la crisis de su deuda, y, de paso, complicando la situación europea.

 ¿Tiene sentido que algunos países tengan que financiarse a intereses usurarios, como Grecia, Portugal, Irlanda, España, e Italia, mientras Alemania no paga nada por sus emisiones de deuda? ¿Tiene sentido que el BCE entregue dinero a la banca privada al 1% de interés, y no financie directamente a los Estados? Se objeta que los tratados europeos prohíben al BCE financiar directamente a los Estados, pero es obvio que podrían modificarse. De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda español proponen que el BCE pueda comprar deuda pública de los Estados miembros, para evitar la especulación, al tiempo que defienden la creación de una agencia de calificación europea, y medidas como una mayor tributación empresarial con el aumento del impuesto de sociedades, y la lucha contra el fraude fiscal (las tres cuartas partes del fraude, un verdadero robo al país, se atribuyen a las grandes empresas y grandes patrimonios). Es un problema de voluntad política, y de romper la servidumbre que ata a los gobiernos a los grandes poderes financieros que medran con la especulación.

 Al creciente escepticismo de Londres con la Unión Europea, que aunque ya se expresaba en tiempos de Thatcher ha cobrado nuevo ímpetu, al diktat alemán, a la pérdida de peso específico de Francia y la soledad de la periferia europea, a la penuria de Rumania y Bulgaria, y el desdén por las normas de la Unión en Hungría, Polonia y los países bálticos… se une la crisis del euro, el aumento de la desconfianza entre los países y entidades financieras, y el temor a que el proyecto de Unión esté llegando a su fin. Incluso las tentaciones totalitarias, fascistas, rebrotan: desde la impunidad con que actúan los viejos y nuevos nazis en Estonia, Letonia y Lituania, pasando por el fortalecimiento de los fascistas griegos (que empiezan a atacar a extranjeros, a organizar grupos de matones, como en los días de las SA y las SS), del fascismo francés, húngaro y checo, pasando por el aumento de la represión política y la persecución de la izquierda y el encarcelamiento de comunistas, e incluso por la reconversión autoritaria de muchos gobiernos (¡Grecia e Italia están siendo gobernadas por gabinetes que no han surgido de unas elecciones!), que están limitando los derechos democráticos, de forma que la libertad y los derechos ciudadanos se ven cada día más amenazados. La democracia se ha convertido en una soledad acosada.

 La práctica unanimidad de los gobiernos europeos insisten en cargar sobre los trabajadores y pensionistas el coste del despilfarro de los responsables políticos y de la incompetencia de los banqueros, y la ceguera en ver que la austeridad ha sido un fracaso, y que, cinco años después del inicio de la crisis, no sólo no se han resuelto la mayoría de los problemas en Europa, sino que se han agudizado, por la lentitud en la toma de decisión y la parálisis a la hora de abordar soluciones eficaces, ha hecho que cunda el escepticismo y el desánimo y que analistas como Krugman empiecen a hablar, incluso, de apocalipsis.

 La Unión Europea no se ha fundado sobre la libertad y el trabajo (rasgo que, sin ir más lejos, recoge la Constitución italiana), sino sobre la especulación financiera, la codicia empresarial, el latrocinio, la ausencia de normas para los poderes económicos, el autoritarismo: casi veinte años después de su creación, todas las decisiones relevantes de la Unión han sido tomadas por pequeños grupos de políticos asociados al mundo empresarial, ignorando a la población, desatendiendo las reclamaciones democráticas y las necesidades populares. Pero todo parecía ir bien, aunque ahora el edificio se revela cercado por la carcoma. En los quince años que ha durado el espejismo tras la desaparición de la Europa socialista, la Unión Europea ha compuesto un imaginario de éxito, de prosperidad, un imán para otros países europeos, que se está desvaneciendo. El desconcierto, la falta de un proyecto político claro (¿hasta dónde llega la Unión?), la constatación de que Bruselas representa poco más que un proyecto empresarial, destinado a favorecer una economía capitalista que ya ha mostrado sus límites, el peligro de la fragmentación (que alcanza incluso a algunos de los principales países), y la creciente desconfianza de los ciudadanos, está extendiendo sobre el continente el viento gélido del fracaso. ¿Quién va a apostar por esta hosca Europa que condena a la miseria a países enteros, como Grecia, que sigue atada a las aventuras imperiales de Washington, y que empieza a descubrir sus harapos?

 Tres 

 Moscú inicia una nueva etapa con Putin, tras los fraudes electorales, empeñado en una modernización que sigue sin tener un plan concreto y coherente. En enero de 2011, Medvéded presentaba en Davos el proyecto de modernización de Rusia, con el objetivo de atraer las inversiones occidentales a un mercado, afirmó, que llega desde el Atlántico hasta el Pacífico. Era un programa de privatizaciones en todos los sectores, para hacer atractiva la idea de invertir en el sector financiero, en el energético y en las infraestucturas, aunque manteniendo, según sus palabras, el papel del Estado. Junto a ello, destacó las nuevas ventajas fiscales, la reducción de impuestos, el impulso a un gran eje de investigación (Skólkovo, una suerte de Silicon Valley) que colabore con empresas occidentales y sea capaz de innovar y de atraer tecnología para explotar los yacimientos de hidrocarburos de la plataforma continental rusa, y el objetivo de crear grandes infraestructuras a lo largo de todo el país, de dimensiones continentales.

 Por su parte, Putin ha hablado de “una nueva revolución industrial” rusa (consciente de que los caóticos años de Yeltsin destruyeron la gran industria soviética), manteniendo para ello un elevado crecimiento económico, la radical mejora de la productividad y de la tecnología industrial, con el objetivo de convertirse en la quinta potencia económica mundial en apenas ocho años. Dispone de algunas ventajas comparativas: sus abundantes recursos naturales y grandes yacimientos de hidrocarburos; y cuenta, además, con superávit comercial, y la deuda pública rusa, por ejemplo, es apenas el 10 % del PIB, algo que parece un sueño inalcanzable para las economías europeas y norteamericana. Pero también acusa muchas dificultades. El proyecto de desarrollar Siberia y el lejano oriente ruso es ambicioso, pero, hoy, no cuenta con proyectos definidos ni socios fiables, y sólo puede llevarse a cabo en asociación con países como Corea, Japón, y, sobre todo, China, lo que complica su relación con Occidente, y hace que sea improbable que Washington consiga atraer a Rusia a su estrategia contra Pekín. Al mismo tiempo, Putin examina el modelo japonés para la nueva industrialización rusa, porque el disminuido potencial productivo ruso utiliza todavía las instalaciones y maquinaria soviética, y la renovación tecnológica ha sido escasa.

 Sin embargo, veinte años de “desarrollo” capitalista, han mostrado sus límites, aunque el país haya superado la postración de la etapa de Yeltsin. Si, por un lado, parece viable impulsar el crecimiento de la economía con la intención de acercarse a los niveles de la Unión Europea, por otro, el hecho de que la nueva presidencia de Putin se plantee seguir ese camino cuando está inmersa en una crisis terminal, hace dudar sobre la existencia de un proyecto estratégico viable y eficaz, tal y como denuncia el Partido Comunista Ruso. La atracción hacia Europa occidental sigue existiendo en Rusia, pero ha cedido a la vista del fracaso en la construcción de una unión política y de sus crecientes dificultades económicas. Pese a todas las hipotecas rusas, la crisis de la Unión Europea ha traído una peculiar paradoja: Rusia parece emerger de nuevo como un poder con proyección de futuro, aunque sus problemas sean enormes, y no se haya avanzado mucho en la articulación de un vasto espacio económico que abarque el conjunto de la antigua URSS, y el retroceso estratégico haya hecho desaparecer buena parte de su autoridad en el exterior, desde Oriente Medio hasta América y África. La influencia en los Balcanes, por ejemplo, es cosa del pasado, y las reticencias hacia Moscú de los nuevos gobernantes de los antiguos países socialistas europeos no han desaparecido, aunque esos países corren el riesgo de quedar atrapados en una tierra de nadie, entre el poder alemán y la nueva Rusia que pugna por recuperar su centralidad estratégica. La cuestión iraní, la crisis siria (donde Estados Unidos se inclina hacia la intervención militar, como en Libia), el escudo antimisiles y la intromisión norteamericana en sus asuntos internos y su actividad en las antiguas repúblicas soviéticas, son puntos de fricción con Washington. 

 Ucrania juega un papel peculiar en este escenario de crisis, pese a su escasa entidad económica y política. El país sigue sin consolidar sus instituciones y su identidad, escindido entre la atracción natural hacia Rusia y el acercamiento a la Unión Europea. La pretensión del gobierno ucraniano de abrir una perspectiva negociadora para ingresar en un futuro en la Unión Europea, choca con las dificultades del presente, y con la sospecha de que tal vez esa integración no llegue nunca, algo que estimula la reconstrucción de los lazos de los años soviéticos. Pero tampoco hay una visión de futuro clara entre la élite ucraniana. Ucrania sigue escindida entre la declarada apuesta prooccidental de Timoshenko, y la más matizada de Yanukóvich, quien, pese a su supuesta inclinación por Rusia, se declara partidario de ingresar en la Unión Europea, aunque no en la OTAN. La Alianza militar occidental decidió en su reunión de Chicago aprobar una resolución de condena a Ucrania, pese a la presencia de Yanukóvich y el interesado elogio a la contribución ucraniana al despliegue militar de la Alianza. Esa condena occidental por el caso Timoshenko y la exigencia de su liberación, la advertencia sobre la “persecución judicial” en los tribunales, así como las dudas sobre la limpieza con que se celebrarán las elecciones que tendrán lugar a finales de 2012, ilustran la política del palo y la zanahoria que Washington y sus aliados están utilizando con Kiev.

 Mientras los partidarios de la aproximación a Rusia, apuestan por la reanudación de los lazos históricos con Moscú (un eje eslavo formado por Rusia, Bielorrusia y Ucrania: curiosamente las mismas repúblicas que, bajo Yeltsin, rompieron la URSS), los sectores partidarios de la aproximación a la Unión Europea dibujan una hosca caricatura de Rusia, y aunque visten de modernidad a la Europa occidental… se oponen a que la elección entre Moscú y Bruselas sea decidida por el pueblo en una consulta popular, rasgo indicador de dónde están las simpatías de la mayoría de la población ucraniana. El gobierno norteamericano y los órganos de planificación de la OTAN son conscientes de la importancia de Ucrania para el futuro de Europa. Ucrania vive una aguda crisis económica, pero su papel puede ser muy importante en la definición de los nuevos poderes europeos: su hipotética apuesta por Moscú reforzaría el proyecto de Unión aduanera y económica de Putin, consolidaría la nueva potencia rusa y disminuiría el peso relativo de los restos de la Unión Europea.

 * * *

 No es exagerado afirmar que la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y el sistema financiero internacional está en manos de ladrones, de verdaderos gánsters. Las conquistas democráticas de los ciudadanos están en peligro, y los gobiernos de todos los países capitalistas desarrollados impulsan el desmantelamiento de derechos y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En el juego de grandes potencias que está dibujando un nuevo equilibrio mundial, parece ausente la voz de los ciudadanos y de los trabajadores, aunque las protestas aumentan. 

 La Unión Europea desfallece. Un eje Berlín-París-Moscú hubiera podido ser una apuesta de futuro para Europa (recuérdese que un embrión de ello se vio en 2003, con el rechazo de esas tres capitales a la intervención norteamericana en Iraq, pero esa posibilidad, bien vista por Putin, no ha avanzado) frente a las viejas y nuevas superpotencias, Estados Unidos y China, pero la crisis de sus instituciones, el empecinamiento en una apuesta liberal, escasamente democrática, dominada por los poderes financieros y por los especuladores de Londres y Frankfurt, está haciendo que el horizonte se desvanezca. Si la crisis se agrava y Alemania se desprende de sus compromisos con el resto de la Unión, puede aparecer en el gobierno alemán la tentación de acercarse a Rusia para configurar un eje Moscú-Berlín que no sería visto con desagrado por Putin.

 Rusia es una incógnita: si Putin consigue articular una propuesta de modernización creíble, que incorpore a las nuevas generaciones, que industrialice de nuevo el país, que renueve los lazos con las otras repúblicas soviéticas, y si construye un poder equidistante entre la Unión Europea y China, puede ser una de las potencias protagonistas del futuro. Aunque también podría hacerlo recuperando las energías que hicieron del sóviet y del socialismo un punto de referencia mundial: esa es, al menos, la propuesta del Partido Comunista, que continúa siendo el baluarte de la oposición al poder de Putin.

 Estados Unidos está asomándose a peligrosas tentaciones, de las que la guerra y el terrorismo son las peores. Recuérdese que Obama firma sin sobresaltos condenas a muerte de “sospechosos” en la siniestra kill list, lo que ilustra el grado de degradación moral al que ha llegado la élite que dirige el país. La reorientación de su poder militar hacia China, el despliegue del “escudo antimisiles” contra Rusia, el acoso a Irán, incluso las provocaciones que pueda lanzar Israel, configuran un sombrío escenario que justifica plenamente el temor de los ciudadanos por su futuro, y, aunque Estados Unidos va a resistir los nuevos vendavales en mejores condiciones que la Unión Europea, el tiempo de su supremacía está llegando a su fin, aunque eso no signifique que los próximos años vayan a ser felices.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Capital financiero, Estado y crisis económica en Europa

Nacho Álvarez Peralta
 22 de agosto  2012  


A lo largo de la historia del capitalismo se han sucedido diversos periodos, en cada uno de los cuales la interrelación de los elementos que articulan el proceso de acumulación se ha producido de forma distinta. Así, el papel que ha tenido el Estado en la economía, el rol que ha jugado el capital financiero o la conformación de un determinado patrón de distribución de la renta son elementos que se han relacionado de forma diversa según el periodo histórico.

Conquistas sociales, “represión financiera” y modelo de acumulación posbélico

En El 18 brumario de Luis Bonaparte Marx afirma que hay grandes hechos que se presentan dos veces a lo largo de la historia: una como tragedia y la otra como farsa. Sin embargo, comprobamos hoy día como una misma tragedia puede repetirse con escasas variaciones, y sin necesidad siquiera de la sutileza que caracteriza a la farsa.

En 1929 estalló una profunda crisis que hundió a la economía mundial en la Gran Depresión. En el estallido de dicha crisis tuvo un papel crucial la hegemonía del capital financiero y la formación de una enorme burbuja accionarial. El desempleo y la pobreza se dispararon en EEUU y en Europa. Durante la década siguiente y, de nuevo, al finalizar la II Guerra Mundial diversos países europeos vivieron situaciones de intensa confrontación política y social, dadas las durísimas condiciones laborales y las enormes necesidades sociales existentes en el momento. Dicha confrontación fue particularmente intensa en aquellos países donde el movimiento sindical tenía fuerza.

En mayo de 1936 el Frente Popular gana las elecciones en Francia. Ese mismo mes estalla una oleada de huelgas y ocupaciones por todo el país (casi 10.000 ocupaciones, 3 millones de huelguistas), que empuja a las organizaciones patronales –y también al propio gobierno de Léon Blum– a aceptar en los Acuerdos de Matignon las principales reivindicaciones del movimiento sindical: subida generalizada de los salarios, jornada laboral de 40 horas semanales, vacaciones pagadas, libertad sindical y establecimiento de convenios colectivos.

Tras la II Guerra Mundial, en las elecciones británicas de 1945 el conservador Winston Churchill fue sorprendentemente derrotado por el candidato laborista Clement Attlee, que recogía en su programa electoral las principales aspiraciones del pujante movimiento sindical británico: pleno empleo, asistencia sanitaria universal y gratuita, reforma fiscal progresiva y sistema de protección social “desde la cuna hasta la tumba”. El Partido Comunista Italiano –con un fortísimo peso electoral– formó parte tras las elecciones de 1946 del gobierno de coalición nacional, del que sería expulsado un año después bajo las presiones de la administración Truman como prerrequisito para la puesta en marcha del Plan Marshall. En Francia, el enorme prestigio que había acumulado el Partido Comunista Francés en la lucha contra el fascismo le llevó a ser la fuerza política más votada en las elecciones a la Asamblea Nacional de Noviembre de 1946.

Al finalizar la II Guerra Mundial las pujantes organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora estaban bajo el control de la socialdemocracia, por un lado, y del estalinismo, por otro. Esto impidió que los movimientos de masas del momento desembocasen en procesos abiertamente revolucionarios |1|. No obstante, la fortaleza de estos movimientos arrancó importantes concesiones a las patronales de los respectivos países.

Así, se consiguen incrustar en el aparato del Estado conquistas sociales y democráticas relativamente ajenas a la lógica de la rentabilidad, dando lugar a nuevos marcos institucionales específicos de los países europeos: sistemas universales de protección social, regímenes tributarios basados en una fuerte progresividad fiscal, pleno empleo como condición y derecho básico de ciudadanía, nacionalización de los sectores económicos estratégicos, profunda regulación de los distintos mercados y, especialmente, del sector financiero (identificado como responsable de la Gran Depresión de los años treinta), etc. Se despliega con ello el programa histórico de la socialdemocracia, en su doble alcance: contención del movimiento obrero en el marco del capitalismo y conquista del Estado a fin de utilizarlo como herramienta de progreso social.

El modelo de acumulación posbélico –íntimamente vinculado a las conquistas arrancadas por el movimiento obrero durante estos años– se articula en Europa en torno a los siguientes elementos: un progresivo crecimiento del empleo, que permite un intenso incremento del consumo y la demanda agregada; un avance de la productividad que sostiene la rentabilidad y, con ello, la inversión empresarial; un proceso de redistribución de rentas a favor de los salarios, al crecer éstos por encima de la productividad; un Estado que acompaña la progresión regular de la demanda agregada mediante políticas económicas monetarias y fiscales expansivas; la institucionalización de los procesos de negociación colectiva entre patronal y sindicatos a nivel sectorial y nacional, estructurándose con ello el marco de las relaciones laborales y el conflicto social; y, finalmente, una férrea regulación pública sobre el sector financiero y bancario, que subordina las prioridades del capital financiero a las necesidades de financiación de la actividad productiva y yugula la tendencia inherente del sistema capitalista al sobreendeudamiento.

No obstante, no debe idealizarse el papel que cumple el Estado a favor de los intereses de la mayoría social durante este periodo, en la medida en que la consolidación del Estado del Bienestar y su mantenimiento en el tiempo dependen en última instancia del grado de organización y de la capacidad de reivindicación de la clase trabajadora.

Neoliberalismo y restauración de la hegemonía financiera

La profunda crisis de rentabilidad que atraviesan las economías desarrolladas desde principios de la década de 1970 –determinada por la dinámica de sobreacumulación, la pérdida de eficiencia de las nuevas inversiones y las dificultades crecientes de valorización– supondrá la quiebra del modelo de acumulación posbélico.

Las crisis capitalistas son momentos de profunda reconfiguración económica, pero también política y social. El fuerte incremento del desempleo, junto con los límites que mostraba el instrumental keynesiano para enfrentar la crisis, facilitaron que las clases dominantes impulsasen una ofensiva para recuperar el terreno perdido durante las décadas anteriores, imponiendo las denominadas medidas neoliberales: privatizaciones generalizadas, apertura externa de las economías e impulso del proceso de mundialización, liberalización de los mercados de bienes y servicios, desreglamentación de la esfera financiera, flexibilización de los mercados de trabajo, etc.

En particular, dos fueron los pilares sobre los que se asentó a partir de 1980 la estrategia neoliberal: en primer lugar, quebrar la capacidad contractual del movimiento sindical (inicialmente en EEUU y Reino Unido, posteriormente también en la Europa continental); en segundo lugar, atender las exigencias de los actores financieros, fortalecidos durante la década de 1970 como consecuencia del reciclaje de los petrodólares y de la ruptura del sistema monetario internacional de Bretton Woods.

Estas medidas conllevaron una importante transformación del papel que el Estado y el capital financiero desempeñaban en la economía. Después de tres décadas en las que los poderes públicos habían impuesto un “corsé” a la banca, la generalizada desreglamentación de este sector posibilitó la restauración de la hegemonía financiera (tan característica de las décadas de principios del siglo XX). El resto de conquistas sociales alcanzadas al terminar la II Guerra Mundial pasaban a situarse igualmente en el punto de mira, iniciándose una erosión paulatina que se extendería –con mayor o menor intensidad según los países– a lo largo de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

La ideología neoliberal predicaba una progresiva retirada del Estado de la economía. Sin embargo, el salto entre el discurso y la realidad fue siempre apreciable: el Estado no se retirará durante el periodo neoliberal de la economía, sino que modificará sus pautas de intervención para ponerse al servicio de la nueva hegemonía financiera. El Estado, que había sido el marco institucional en el que el movimiento obrero organizado había consolidado la protección laboral y social, pasa a ser “capturado” nuevamente por los intereses del capital financiero. Esta captura institucional determinará nuevas prioridades para las administraciones públicas: facilitar la ampliación de los marcos de valorización del capital y garantizar la rentabilidad privada.

La eliminación de los controles de capitales, la liberalización de los mercados monetarios y de los tipos de interés administrados, la apertura de los mercados bursátiles, la flexibilización de los coeficientes mínimos de reservas que debían mantener las instituciones financieras, o el impulso dado por las administraciones a los mercados de deuda pública son ejemplos del tipo de medidas mediante las cuales los Estados facilitaron la restauración de la hegemonía financiera.

Por otro lado, las políticas de rentas basadas en la “desinflación competitiva” impusieron un bloqueo en el crecimiento de los salarios reales, una desconexión del crecimiento de éstos con relación al crecimiento de la productividad y, como consecuencia, una distribución de la renta favorable a los beneficios empresariales.

Este conjunto de medidas posibilitó, en primer lugar, una recuperación de la rentabilidad; pero además permitió que el exceso de liquidez del sistema –fruto del nuevo patrón de distribución de la renta, favorable a los beneficios empresariales– se valorizase crecientemente en el ámbito financiero. Sin embargo, desembridar las economías europeas de las regulaciones financieras y bancarias mantenidas en décadas anteriores también incrementó la inestabilidad intrínseca del sistema y su insostenibilidad.

Deuda, crisis y regresión social

El patrón de acumulación que se despliega a partir de 1980 con las medidas neoliberales es un patrón dirigido fundamentalmente por los intereses del capital financiero, que da lugar a una lógica crecientemente “financiarizada”.

La capitalización bursátil de las principales plazas financieras se dispara, sobrepasando varias veces el peso del PIB de las distintas economías nacionales; el valor de las transacciones financieras crece mucho más rápidamente que la actividad comercial y productiva; las instituciones financieras (banca comercial, banca de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguro, hedge funds…) ejercen un intenso poder en los mercados de divisas, deuda y acciones, determinando el funcionamiento de las diversas economías nacionales así como de la economía mundial en su conjunto; la presencia en las estructuras accionariales de estas instituciones impone estrategias industriales basadas en la masiva distribución del excedente empresarial, la ausencia de reinversión, las operaciones de reestructuración y refocalización empresarial, así como la extensión de la subcontratación; finalmente, se incrementa notablemente el peso de los “ingresos rentistas” (intereses, dividendos, rentas de la propiedad, etc.) sobre el total de la renta nacional.

En realidad, no podemos caracterizar esta “lógica financiarizada” que se despliega desde 1980 como novedosa. Asistimos más bien a una extrema agudización de algunos de los rasgos inherentes a la lógica del capital.

El drenaje hacia la esfera financiera de la liquidez no invertida en la actividad productiva ha conllevado la formación de enormes burbujas financieras y crediticias, aumentando el valor nominal de los activos y, con ello, el creciente divorcio entre el ámbito financiero y el productivo. Así, uno de los rasgos más significativos de este periodo es la enorme sobrevaloración de los activos que se ha producido. Esta sobrevaloración ha determinado que los activos financieros e inmobiliarios hayan pasado a tener –en general– un valor nominal muy superior a su valor real(siendo este último equivalente a la suma de los pagos futuros derivados de la tenencia de dichos activos). No obstante, el divorcio entre el ámbito financiero y el productivo nunca puede llegar a completarse, ni es sostenible en el tiempo: el fuerte crecimiento de las cotizaciones bursátiles no puede progresar indefinidamente si no está respaldado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las sociedades, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no crecen los ingresos de las empresas y los hogares endeudados.

Esa acumulación de “activos ficticios” |2| se sitúa precisamente en la base de la crisis actual. La fuerte expansión del crédito que las economías desarrolladas han experimentado a lo largo de las últimas décadas ha alcanzado tal dimensión que ha hecho evidente para los acreedores la imposibilidad de ejercitar sus derechos de cobro sobre los deudores. La consiguiente desvalorización de los “activos ficticios” acumulados ha dado paso a una intensa “recesión de balances” (hogares, empresas e instituciones financieras intentan desendeudarse simultáneamente, cortocircuitándose con ello el crédito, el consumo y la inversión).

La cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Eso explica que la crisis de la deuda haya aflorado con el episodio de las hipotecas subprime, o con los ataques a las deudas soberanas de los países de la periferia europea. No obstante, la dinámica de sobreendeudamiento es generalizada. Cuando en 2008 estalla la crisis, según datos del McKinsey Global Institute, la deuda total (pública y privada, de hogares, empresas e instituciones financieras) equivale en Alemania al 274% del PIB, en Francia al 308%, en España al 342% y en el Reino Unido al 380%. Estados Unidos (290% del PIB) y Japón (460%) no son ajenos a esta dinámica.

La acumulación masiva de deuda y de activos financieros sin respaldo real se presenta por tanto como una dinámica insostenible, una “salida en falso” a la crisis del capitalismo de los años setenta. Pero además, más allá de su insostenibilidad en el tiempo, esta acumulación de deuda se ha convertido en una palanca de recomposición social, dando lugar a una enorme batalla social. Esta batalla decidirá qué grupo social carga con el peso de la deuda y de los activos tóxicos. El papel del Estado en este punto vuelve a ser de nuevo crucial.

Desde el momento en el que estalla la crisis de la deuda en Europa, los Estados –y particularmente, las instituciones de la Unión Europea– se han puesto al servicio de los intereses del capital financiero nacional e internacional, hasta el punto de transformar una crisis bancaria en una crisis fiscal.

Los Estados europeos se encontraban con sus cuentas públicas equilibradas en el momento en el que estalla la crisis: según datos de AMECO, en 2007 el déficit público de la UE-27 se situaba en el -0,9% del PIB; en 2011 dicho déficit había pasado al -4,5%. Esta dinámica es similar en la mayoría de países: entre 2007 y 2011 el déficit público con relación al PIB pasa del -2,8% al -5,2% en Francia, del -1,6% al -3,8% en Italia, del -2,7% al -8,3% en el Reino Unido, del -6,8% al -9,2 en Grecia, del -0,1% al -3,9% en Bélgica y del -3,2% al -4,2% en Portugal. Aquellos países que se encontraban en situación superavitaria también pasaron a tener problemas fiscales: Holanda pasa del +0,2% al -4,6%, Irlanda del +0,1% al -13% y España del +1,9% al -8,5%.

Las causas de este incremento del déficit público son diversas: la crisis económica ha determinado un aumento de los gastos por desempleo en muchos países, al tiempo que se hundía la recaudación del IRPF, del IVA y, especialmente, del impuesto de beneficios.

No obstante, la enorme suma de las partidas comprometidas por los Estados con los rescates de sus sistemas financieros nacionales ha contribuido ampliamente a incrementar dichos déficits fiscales. Según datos de la Comisión Europea |3|, entre el 1 de octubre de 2008 y el 1 de octubre de 2011 la Comisión ha autorizado ayudas estatales a los sectores financieros nacionales por valor de 4,5 billones de euros (lo que supone el 36,7% de PIB de la UE). La mayor parte de las ayudas (3’5 billones de euros, el 27,7% del PIB de la UE) fueron acordadas el año 2008, principalmente bajo la forma de garantías y avales sobre el pasivo a corto plazo de las entidades bancarias. El billón de euros autorizado con posterioridad a 2008 se ha concentrado en ayudas de recapitalización directa a la banca y en la compra de activos tóxicos, no en garantías. Entre 2008 y 2010, el volumen de ayudas efectivamente utilizado por los bancos europeos se ha elevado a 1,6 billones de euros (el 13% del PIB de la UE), situándose las aportaciones por recapitalización y compra de activos tóxicos en 409.000 millones de euros (el 3,3% del PIB de la UE).

Como vemos, la “captura institucional” protagonizada por los intereses financieros a lo largo de las últimas décadas ha conllevado que las administraciones públicas europeas irrumpan en la batalla social abierta en torno al pago de la deuda facilitando la socialización de las pérdidas de la banca. Los inciertos derechos de cobro de los acreedores (inciertos en la medida en que para ejercerse precisan de la generación de una riqueza futura aún no producida) pasan a ser garantizados por los Estados europeos (mediante inyecciones de liquidez, avales públicos, compras de activos tóxicos, ayudas directas o mediante entradas en el capital de las instituciones). Para ello, los Estados se han endeudado nuevamente en los mercados financieros internacionales, imponiendo duros recortes en los gastos públicos y sociales con el fin de garantizar el futuro pago de dicha deuda. Y sin embargo, las instituciones financieras no repercuten en forma de crédito las ayudas recibidas, debido a que están en pleno proceso de saneamiento de balances (supeditado en todo caso al reparto anual de dividendos).

Cinco años después del comienzo de la crisis los niveles de endeudamiento global no se han reducido. No obstante, las ayudas a la banca han permitido trasladar a las administraciones públicas una parte creciente de los costes asociados a los activos tóxicos. De esta forma, será el conjunto de la ciudadanía –y especialmente las clases trabajadoras y populares– las que paguen la factura mediante durísimos recortes en sus salarios, en los servicios públicos (sanidad, educación, ayudas a la dependencia, etc.) o en las pensiones. Así, una profundísima transformación de los marcos laborales, salariales y sociales está aconteciendo en Europa como consecuencia de la crisis.

Asimismo, hay un elemento clave para entender en toda su dimensión la dinámica, primero, de sobreendeudamiento de las economías europeas y, después, de socialización de deudas en beneficio del capital financiero: el papel jugado por el Euro y la Unión Europea. La entrada en vigor del Euro en 2002 supuso una ampliación de los tradicionales desequilibrios comerciales y financieros intracomunitarios, ensanchando los déficits por cuenta corriente de los países periféricos así como sus necesidades de financiación externa respecto al núcleo central de la unión. Pero además, una vez que estalla la crisis la orientación de las instituciones de Bruselas es inequívoca: el Pacto del Euro institucionaliza la austeridad fiscal y la prioridad del pago de la deuda, para lo cual contempla igualmente la liquidación de los convenios colectivos así como los recortes salariales, del gasto público y las pensiones. Recuérdese además que los tratados de la Unión prohíben que los Estados europeos puedan recurrir a préstamos de sus propios bancos centrales, teniendo que endeudarse con la banca privada a tipos y condiciones de mercado. Esta intervención de las instituciones de Bruselas al servicio de los intereses del capital financiero se implementa además desde un ejecutivo no elegido directamente por los ciudadanos, como es la Comisión Europea, en contra incluso de las decisiones de gobiernos soberanos. Las exigencias que impone la Comisión Europea, acordadas con el BCE y el FMI en el marco de la llamada “troika”, se muestran por tanto difícilmente compatibles con la democracia.

Poco importa si las medidas de austeridad hunden aún más a las economías europeas –particularmente a las economías periféricas– en la depresión económica y profundizan la regresión social. Tampoco parece tenerse en cuenta el hecho de que estas mismas medidas fueron las que llevaron a América Latina durante los años ochenta a la llamada “década perdida” (con un colapso de la actividad económica, un intenso crecimiento de las desigualdades y un empobrecimiento de las clases medias). El objetivo de las políticas implementadas es evidente: asegurar el pago de la deuda a los acreedores. Y, de paso, redefinir el terreno de las relaciones salariales, laborales y sociales en beneficio de la rentabilidad privada.

No obstante, parece difícil pensar que la estrategia del capital financiero y de las instituciones de Bruselas podrá ser llevada hasta el final: la espiral recesiva a la que la austeridad nos está conduciendo, junto con la acrecentada percepción de injusticia social derivada del proceso de socialización de las pérdidas de la banca, obligará a los gobiernos (tarde o temprano, por voluntad o por necesidad) a modificar su rumbo. Las resistencias políticas y sociales que dicha estrategia enfrentará difícilmente podrán ser ignoradas. Los bruscos giros hacia la austeridad emprendidos –en plena Gran Depresión– por el canciller alemán Heinrich Brüning en el verano de 1931, por el gobierno francés de Pierre Laval en 1935 o por Roosvelt en EEUU en 1937, evidencian las enormes limitaciones políticas y económicas de esas estrategias.

El periodo neoliberal nos deja sentados encima de una enorme montaña de deudas. La crisis en la que nos hayamos hoy inmersos es la crisis de las soluciones que se instrumentaron ante las dificultades experimentadas por las economías europeas durante los años setenta. Así, las dos principales palancas que articularon la superación de dichas dificultades –financiarización y contención salarial– han mostrado su insostenibilidad, dada la dinámica de sobreendeudamiento a la que han llevado. La batalla social abierta en este momento en Europa pivota precisamente en torno a qué grupos sociales deben pagar dichas deudas, cuándo y cómo.

Al ampliar el diafragma con el que observamos la dinámica económica a lo largo de todo un siglo comprobamos que lo excepcional en el capitalismo no es precisamente el periodo neoliberal, la desreglamentación económica y financiera generalizada, la dinámica de acumulación de capital ficticio o la sucesión de crisis económicas. Lo excepcional es precisamente la “represión financiera”, la consolidación de las conquistas sociales y la regulación pública en beneficio de la mayoría de la población. Sólo la enorme fuerza de los movimientos de masas pudo imponer dicha excepcionalidad al finalizar la II Guerra Mundial. De hecho, la única forma de garantizar derechos democráticos como la educación gratuita, la sanidad universal, las pensiones, el empleo digno o la protección social pasa hoy día porque movimientos de masas consigan poner de nuevo en entredicho la lógica de la rentabilidad privada (en particular, la del capital financiero).

¿Acaso es lógico que –con el objetivo de pagar la deuda que la banca ha transferido a los Estados– a los trabajadores se les recorten sus salarios, se cierren los quirófanos, se despidan profesores o aumente la regresividad fiscal? ¿Qué legitimidad tiene esa deuda “pública” que se incrementa continuamente, ayer por la desfiscalización de las rentas del capital y hoy por el avance de la socialización de las pérdidas bancarias? ¿Por qué debe ser pagada? Es lógico que la ciudadanía se haga estas preguntas. Precisamente también por ello sería lógico que se iniciase una auditoría de dicha deuda que sirviese precisamente para identificar su carácter ilegítimo.

El péndulo de la historia sitúa de nuevo a los pueblos europeos y al movimiento sindical frente a dilemas similares a los de la década de 1930. En sus manos está la reconstrucción de un movimiento de masas que, partiendo de la defensa de los derechos colectivos, avance hacia la impugnación de un sistema en el que dichos derechos son la excepción, no la norma.

Fuente: http://colectivonovecento.wordpress...

Enrique Dusell: Nueva dictadura mundial y nacional:




La Jornada, 11 de agosto 2012






Carios artículos publicados el día 31 de julio en La Jornada hablan de un mismo síndrome. La dominación mundial, el nuevo imperialismo tiene una insospechada fisonomía que la vamos descubriendo en su ejercicio. Tiene implantación en el Estado nacional, pero se liga a una red internacional con base en instituciones informales (reuniones o foros como los de Davos, el grupo Bloomeberg?, etcétera). Es una élite de los grandes millonarios o propietarios capitalistas, especialmente en el ámbito financiero, pero igualmente en las grandes trasnacionales industriales y comerciales. Estas élites nacionales ligadas mundialmente, cuyos grandes bancos son paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos a los estados que, sin embargo, la protegen con sus ejércitos y prestan la población como mano de obra y absorben los endeudamientos asumiéndolos a cuenta del Estado (y que se pagan con impuestos de los ciudadanos), tienen dos instrumentos esenciales del ejercicio de su poder económico como poseedores de capital.

Por una parte, esa élite del capital globalizado mundial usa a las burocracias de los estados centrales (como Estados Unidos, los de Europa, Japón y otros) y periféricos como instrumentos o mediaciones de su poder. Lo económico ejerce su hegemonía sobre el poder político corrupto, que se vende a los intereses de ese capital globalizado. El Estado, como hemos indicado, presta la población como mano de obra a las trasnacionales, paga las deudas y permite que extraigan sus cuantiosas ganancias que, como decíamos, frecuentemente salen del territorio de los home States originarios de esos millonarios y se protegen en los lugares más seguros (para evadir el pago de impuestos). El juego sucio en su favor lo hace entonces la burocracia política de los gobiernos de los estados.

Pero, ¿cómo lograr esa sumisa obediencia de las burocracias corruptas de los estados centrales y periféricos? Ya no se recurre a los ejércitos de ocupación como en las colonias, ni a los golpes de Estado militares, sino a un sutil y bien extendido nuevo procedimiento que penetra la estructura de la democracia representativa (tanto en el centro como en la periferia, cuyo efecto hemos visto en Honduras, Paraguay y México). El Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos (en 2010) ha dado la posibilidad de una ilimitada contribución de los capitales privados en las campañas políticas para elegir representantes en un régimen aparentemente democrático solamente representativo.

Pero la nueva dictadura antidemocrática, en nombre de la “libertad de prensa” y la misma democracia, se organiza porque esas élites del capital, cuyo uno por ciento llega a tener 40 por ciento de la riqueza de las naciones en las que gestiona ese capital, gracias al monopolio de los medios de comunicación: televisión, radio, diarios, cine, medios electrónicos, universidades privadas de excelencia, etcétera. Esas élites pueden comprar todo medio de comunicación que alcance un amplio porcentaje de escuchas, lectores o espectadores, y que son orquestados por periodistas, intelectuales o artistas a sueldo del capital (los “nuevos mandarines” de Noam Chomsky). Con ese ejército de “tanques de pensamiento” esos medios crean una pantalla avasallante de mensajes que produce, casi de manera infalible, una opinión pública en su favor. Es decir, “en favor” de los intereses de esas minorías riquísimas, intereses que están en contra de la posibilidad de una vida humana de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Es la mediocracia globalizada, mundial. El capitalismo, que comenzó a usar la propaganda para derrotar a los otros capitales en la competencia e imponer sus productos, aprendió toda una técnica del uso de esa propaganda para producir en el receptor de sus mensajes programados una respuesta inevitable. Esa enorme experiencia de la propaganda en el mercado de mercancías la aplicó ahora a la propaganda política del mercado de candidatos para producir representantes.

Pero, además de embrutecer a las masas hipnotizadas por la mediocracia, las lleva a la mayor destitución de su dignidad por medio del negocio de las drogas (que por el lavado del dinero de las mafias terminan en sus grandes bancos y es sumamente beneficiosa para el gran capital, por lo que la estrategia de Felipe Calderón no puede sino fracasar), que destruye al pueblo, que crea una violencia generalizada y que en cierta manera elimina mano de obra sobrante, desempleada estructuralmente.

Para colmo, por el negocio de las armas, crea guerras y organiza hostilidades que producen nefastos efectos, cientos de miles de muertos, no sólo en las guerras entre estados, sino igualmente por el crimen cotidiano callejero (con el lema de la sagrada “libertad” de portar armas).

La nueva dictadura de las élites del capital se organiza en los cuatro niveles que se muestran en la gráfica.

La única manera de cortar el nudo Gordiano es por medio del despertar de las masas como pueblo actor de la historia, que pueda elegir representantes (articulado a la democracia participativa), que por medio de la regulación de los medios de comunicación destruya el poder de éstos (la mediocracia) mediante leyes que democraticen realmente dichos medios en proporciones justas y plurales, creando una televisión, una radio, una prensa, un cine, un apoyo a las universidades públicas y gratuitas, en servicio de las grandes mayorías empobrecidas (y todavía alienadas por una propaganda interesada).

Una regresión social:Capital financiero, Estado y crisis económica en Europa

Nacho Álvarez , Viento Sur

7 de agosto de 2012
 

A lo largo de la historia del capitalismo se han sucedido diversos periodos, en cada uno de los cuales la interrelación de los elementos que articulan el proceso de acumulación se ha producido de forma distinta. Así, el papel que ha tenido el Estado en la economía, el rol que ha jugado el capital financiero o la conformación de un determinado patrón de distribución de la renta son elementos que se han relacionado de forma diversa según el periodo histórico.

Conquistas sociales, “represión financiera” y modelo de acumulación posbélico

En El 18 brumario de Luis Bonaparte Marx afirma que hay grandes hechos que se presentan dos veces a lo largo de la historia: una como tragedia y la otra como farsa. Sin embargo, comprobamos hoy día como una misma tragedia puede repetirse con escasas variaciones, y sin necesidad siquiera de la sutileza que caracteriza a la farsa.

En 1929 estalló una profunda crisis que hundió a la economía mundial en la Gran Depresión. En el estallido de dicha crisis tuvo un papel crucial la hegemonía del capital financiero y la formación de una enorme burbuja accionarial. El desempleo y la pobreza se dispararon en EEUU y en Europa. Durante la década siguiente y, de nuevo, al finalizar la II Guerra Mundial diversos países europeos vivieron situaciones de intensa confrontación política y social, dadas las durísimas condiciones laborales y las enormes necesidades sociales existentes en el momento. Dicha confrontación fue particularmente intensa en aquellos países donde el movimiento sindical tenía fuerza.

En mayo de 1936 el Frente Popular gana las elecciones en Francia. Ese mismo mes estalla una oleada de huelgas y ocupaciones por todo el país (casi 10.000 ocupaciones, 3 millones de huelguistas), que empuja a las organizaciones patronales –y también al propio gobierno de Léon Blum– a aceptar en los Acuerdos de Matignon las principales reivindicaciones del movimiento sindical: subida generalizada de los salarios, jornada laboral de 40 horas semanales, vacaciones pagadas, libertad sindical y establecimiento de convenios colectivos.

Tras la II Guerra Mundial, en las elecciones británicas de 1945 el conservador Winston Churchill fue sorprendentemente derrotado por el candidato laborista Clement Attlee, que recogía en su programa electoral las principales aspiraciones del pujante movimiento sindical británico: pleno empleo, asistencia sanitaria universal y gratuita, reforma fiscal progresiva y sistema de protección social “desde la cuna hasta la tumba”. El Partido Comunista Italiano –con un fortísimo peso electoral– formó parte tras las elecciones de 1946 del gobierno de coalición nacional, del que sería expulsado un año después bajo las presiones de la administración Truman como prerrequisito para la puesta en marcha del Plan Marshall. En Francia, el enorme prestigio que había acumulado el Partido Comunista Francés en la lucha contra el fascismo le llevó a ser la fuerza política más votada en las elecciones a la Asamblea Nacional de Noviembre de 1946.

Al finalizar la II Guerra Mundial las pujantes organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora estaban bajo el control de la socialdemocracia, por un lado, y del estalinismo, por otro. Esto impidió que los movimientos de masas del momento desembocasen en procesos abiertamente revolucionarios[i]. No obstante, la fortaleza de estos movimientos arrancó importantes concesiones a las patronales de los respectivos países.

Así, se consiguen incrustar en el aparato del Estado conquistas sociales y democráticas relativamente ajenas a la lógica de la rentabilidad, dando lugar a nuevos marcos institucionales específicos de los países europeos: sistemas universales de protección social, regímenes tributarios basados en una fuerte progresividad fiscal, pleno empleo como condición y derecho básico de ciudadanía, nacionalización de los sectores económicos estratégicos, profunda regulación de los distintos mercados y, especialmente, del sector financiero (identificado como responsable de la Gran Depresión de los años treinta), etc. Se despliega con ello el programa histórico de la socialdemocracia, en su doble alcance: contención del movimiento obrero en el marco del capitalismo y conquista del Estado a fin de utilizarlo como herramienta de progreso social.

El modelo de acumulación posbélico –íntimamente vinculado a las conquistas arrancadas por el movimiento obrero durante estos años– se articula en Europa en torno a los siguientes elementos: un progresivo crecimiento del empleo, que permite un intenso incremento del consumo y la demanda agregada; un avance de la productividad que sostiene la rentabilidad y, con ello, la inversión empresarial; un proceso de redistribución de rentas a favor de los salarios, al crecer éstos por encima de la productividad; un Estado que acompaña la progresión regular de la demanda agregada mediante políticas económicas monetarias y fiscales expansivas; la institucionalización de los procesos de negociación colectiva entre patronal y sindicatos a nivel sectorial y nacional, estructurándose con ello el marco de las relaciones laborales y el conflicto social; y, finalmente, una férrea regulación pública sobre el sector financiero y bancario, que subordina las prioridades del capital financiero a las necesidades de financiación de la actividad productiva y yugula la tendencia inherente del sistema capitalista al sobreendeudamiento.

No obstante, no debe idealizarse el papel que cumple el Estado a favor de los intereses de la mayoría social durante este periodo, en la medida en que la consolidación del Estado del Bienestar y su mantenimiento en el tiempo dependen en última instancia del grado de organización y de la capacidad de reivindicación de la clase trabajadora.

Neoliberalismo y restauración de la hegemonía financiera

La profunda crisis de rentabilidad que atraviesan las economías desarrolladas desde principios de la década de 1970 –determinada por la dinámica de sobreacumulación, la pérdida de eficiencia de las nuevas inversiones y las dificultades crecientes de valorización– supondrá la quiebra del modelo de acumulación posbélico.

Las crisis capitalistas son momentos de profunda reconfiguración económica, pero también política y social. El fuerte incremento del desempleo, junto con los límites que mostraba el instrumental keynesiano para enfrentar la crisis, facilitaron que las clases dominantes impulsasen una ofensiva para recuperar el terreno perdido durante las décadas anteriores, imponiendo las denominadas medidas neoliberales: privatizaciones generalizadas, apertura externa de las economías e impulso del proceso de mundialización, liberalización de los mercados de bienes y servicios, desreglamentación de la esfera financiera, flexibilización de los mercados de trabajo, etc.

En particular, dos fueron los pilares sobre los que se asentó a partir de 1980 la estrategia neoliberal: en primer lugar, quebrar la capacidad contractual del movimiento sindical (inicialmente en EEUU y Reino Unido, posteriormente también en la Europa continental); en segundo lugar, atender las exigencias de los actores financieros, fortalecidos durante la década de 1970 como consecuencia del reciclaje de los petrodólares y de la ruptura del sistema monetario internacional de Bretton Woods.

Estas medidas conllevaron una importante transformación del papel que el Estado y el capital financiero desempeñaban en la economía. Después de tres décadas en las que los poderes públicos habían impuesto un “corsé” a la banca, la generalizada desreglamentación de este sector posibilitó la restauración de la hegemonía financiera (tan característica de las décadas de principios del siglo XX). El resto de conquistas sociales alcanzadas al terminar la II Guerra Mundial pasaban a situarse igualmente en el punto de mira, iniciándose una erosión paulatina que se extendería –con mayor o menor intensidad según los países– a lo largo de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

La ideología neoliberal predicaba una progresiva retirada del Estado de la economía. Sin embargo, el salto entre el discurso y la realidad fue siempre apreciable: el Estado no se retirará durante el periodo neoliberal de la economía, sino que modificará sus pautas de intervención para ponerse al servicio de la nueva hegemonía financiera. El Estado, que había sido el marco institucional en el que el movimiento obrero organizado había consolidado la protección laboral y social, pasa a ser “capturado” nuevamente por los intereses del capital financiero. Esta captura institucional determinará nuevas prioridades para las administraciones públicas: facilitar la ampliación de los marcos de valorización del capital y garantizar la rentabilidad privada.

La eliminación de los controles de capitales, la liberalización de los mercados monetarios y de los tipos de interés administrados, la apertura de los mercados bursátiles, la flexibilización de los coeficientes mínimos de reservas que debían mantener las instituciones financieras, o el impulso dado por las administraciones a los mercados de deuda pública son ejemplos del tipo de medidas mediante las cuales los Estados facilitaron la restauración de la hegemonía financiera.

Por otro lado, las políticas de rentas basadas en la “desinflación competitiva” impusieron un bloqueo en el crecimiento de los salarios reales, una desconexión del crecimiento de éstos con relación al crecimiento de la productividad y, como consecuencia, una distribución de la renta favorable a los beneficios empresariales.

Este conjunto de medidas posibilitó, en primer lugar, una recuperación de la rentabilidad; pero además permitió que el exceso de liquidez del sistema –fruto del nuevo patrón de distribución de la renta, favorable a los beneficios empresariales– se valorizase crecientemente en el ámbito financiero. Sin embargo, desembridar las economías europeas de las regulaciones financieras y bancarias mantenidas en décadas anteriores también incrementó la inestabilidad intrínseca del sistema y su insostenibilidad.

Deuda, crisis y regresión social

El patrón de acumulación que se despliega a partir de 1980 con las medidas neoliberales es un patrón dirigido fundamentalmente por los intereses del capital financiero, que da lugar a una lógica crecientemente “financiarizada”.

La capitalización bursátil de las principales plazas financieras se dispara, sobrepasando varias veces el peso del PIB de las distintas economías nacionales; el valor de las transacciones financieras crece mucho más rápidamente que la actividad comercial y productiva; las instituciones financieras (banca comercial, banca de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguro, hedge funds…) ejercen un intenso poder en los mercados de divisas, deuda y acciones, determinando el funcionamiento de las diversas economías nacionales así como de la economía mundial en su conjunto; la presencia en las estructuras accionariales de estas instituciones impone estrategias industriales basadas en la masiva distribución del excedente empresarial, la ausencia de reinversión, las operaciones de reestructuración y refocalización empresarial, así como la extensión de la subcontratación; finalmente, se incrementa notablemente el peso de los “ingresos rentistas” (intereses, dividendos, rentas de la propiedad, etc.) sobre el total de la renta nacional.

En realidad, no podemos caracterizar esta “lógica financiarizada” que se despliega desde 1980 como novedosa. Asistimos más bien a una extrema agudización de algunos de los rasgos inherentes a la lógica del capital.

El drenaje hacia la esfera financiera de la liquidez no invertida en la actividad productiva ha conllevado la formación de enormes burbujas financieras y crediticias, aumentando el valor nominal de los activos y, con ello, el creciente divorcio entre el ámbito financiero y el productivo. Así, uno de los rasgos más significativos de este periodo es la enorme sobrevaloración de los activos que se ha producido. Esta sobrevaloración ha determinado que los activos financieros e inmobiliarios hayan pasado a tener –en general– un valor nominal muy superior a su valor real(siendo este último equivalente a la suma de los pagos futuros derivados de la tenencia de dichos activos). No obstante, el divorcio entre el ámbito financiero y el productivo nunca puede llegar a completarse, ni es sostenible en el tiempo: el fuerte crecimiento de las cotizaciones bursátiles no puede progresar indefinidamente si no está respaldado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las sociedades, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no crecen los ingresos de las empresas y los hogares endeudados.

Esa acumulación de “activos ficticios”[ii] se sitúa precisamente en la base de la crisis actual. La fuerte expansión del crédito que las economías desarrolladas han experimentado a lo largo de las últimas décadas ha alcanzado tal dimensión que ha hecho evidente para los acreedores la imposibilidad de ejercitar sus derechos de cobro sobre los deudores. La consiguiente desvalorización de los “activos ficticios” acumulados ha dado paso a una intensa “recesión de balances” (hogares, empresas e instituciones financieras intentan desendeudarse simultáneamente, cortocircuitándose con ello el crédito, el consumo y la inversión).

La cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Eso explica que la crisis de la deuda haya aflorado con el episodio de las hipotecas subprime, o con los ataques a las deudas soberanas de los países de la periferia europea. No obstante, la dinámica de sobreendeudamiento es generalizada. Cuando en 2008 estalla la crisis, según datos del McKinsey Global Institute, la deuda total (pública y privada, de hogares, empresas e instituciones financieras) equivale en Alemania al 274% del PIB, en Francia al 308%, en España al 342% y en el Reino Unido al 380%. Estados Unidos (290% del PIB) y Japón (460%) no son ajenos a esta dinámica.

La acumulación masiva de deuda y de activos financieros sin respaldo real se presenta por tanto como una dinámica insostenible, una “salida en falso” a la crisis del capitalismo de los años setenta. Pero además, más allá de su insostenibilidad en el tiempo, esta acumulación de deuda se ha convertido en una palanca de recomposición social, dando lugar a una enorme batalla social. Esta batalla decidirá qué grupo social carga con el peso de la deuda y de los activos tóxicos. El papel del Estado en este punto vuelve a ser de nuevo crucial.

Desde el momento en el que estalla la crisis de la deuda en Europa, los Estados –y particularmente, las instituciones de la Unión Europea– se han puesto al servicio de los intereses del capital financiero nacional e internacional, hasta el punto de transformar una crisis bancaria en una crisis fiscal.

Los Estados europeos se encontraban con sus cuentas públicas equilibradas en el momento en el que estalla la crisis: según datos de AMECO, en 2007 el déficit público de la UE-27 se situaba en el -0,9% del PIB; en 2011 dicho déficit había pasado al -4,5%. Esta dinámica es similar en la mayoría de países: entre 2007 y 2011 el déficit público con relación al PIB pasa del -2,8% al -5,2% en Francia, del -1,6% al -3,8% en Italia, del -2,7% al -8,3% en el Reino Unido, del -6,8% al -9,2 en Grecia, del -0,1% al -3,9% en Bélgica y del -3,2% al -4,2% en Portugal. Aquellos países que se encontraban en situación superavitaria también pasaron a tener problemas fiscales: Holanda pasa del +0,2% al -4,6%, Irlanda del +0,1% al -13% y España del +1,9% al -8,5%.

Las causas de este incremento del déficit público son diversas: la crisis económica ha determinado un aumento de los gastos por desempleo en muchos países, al tiempo que se hundía la recaudación del IRPF, del IVA y, especialmente, del impuesto de beneficios.

No obstante, la enorme suma de las partidas comprometidas por los Estados con los rescates de sus sistemas financieros nacionales ha contribuido ampliamente a incrementar dichos déficits fiscales. Según datos de la Comisión Europea[iii], entre el 1 de octubre de 2008 y el 1 de octubre de 2011 la Comisión ha autorizado ayudas estatales a los sectores financieros nacionales por valor de 4,5 billones de euros (lo que supone el 36,7% de PIB de la UE). La mayor parte de las ayudas (3’5 billones de euros, el 27,7% del PIB de la UE) fueron acordadas el año 2008, principalmente bajo la forma de garantías y avales sobre el pasivo a corto plazo de las entidades bancarias. El billón de euros autorizado con posterioridad a 2008 se ha concentrado en ayudas de recapitalización directa a la banca y en la compra de activos tóxicos, no en garantías. Entre 2008 y 2010, el volumen de ayudas efectivamente utilizado por los bancos europeos se ha elevado a 1,6 billones de euros (el 13% del PIB de la UE), situándose las aportaciones por recapitalización y compra de activos tóxicos en 409.000 millones de euros (el 3,3% del PIB de la UE).

Como vemos, la “captura institucional” protagonizada por los intereses financieros a lo largo de las últimas décadas ha conllevado que las administraciones públicas europeas irrumpan en la batalla social abierta en torno al pago de la deuda facilitando la socialización de las pérdidas de la banca. Los inciertos derechos de cobro de los acreedores (inciertos en la medida en que para ejercerse precisan de la generación de una riqueza futura aún no producida) pasan a ser garantizados por los Estados europeos (mediante inyecciones de liquidez, avales públicos, compras de activos tóxicos, ayudas directas o mediante entradas en el capital de las instituciones). Para ello, los Estados se han endeudado nuevamente en los mercados financieros internacionales, imponiendo duros recortes en los gastos públicos y sociales con el fin de garantizar el futuro pago de dicha deuda. Y sin embargo, las instituciones financieras no repercuten en forma de crédito las ayudas recibidas, debido a que están en pleno proceso de saneamiento de balances (supeditado en todo caso al reparto anual de dividendos).

Cinco años después del comienzo de la crisis los niveles de endeudamiento global no se han reducido. No obstante, las ayudas a la banca han permitido trasladar a las administraciones públicas una parte creciente de los costes asociados a los activos tóxicos. De esta forma, será el conjunto de la ciudadanía –y especialmente las clases trabajadoras y populares– las que paguen la factura mediante durísimos recortes en sus salarios, en los servicios públicos (sanidad, educación, ayudas a la dependencia, etc.) o en las pensiones. Así, una profundísima transformación de los marcos laborales, salariales y sociales está aconteciendo en Europa como consecuencia de la crisis.

Asimismo, hay un elemento clave para entender en toda su dimensión la dinámica, primero, de sobreendeudamiento de las economías europeas y, después, de socialización de deudas en beneficio del capital financiero: el papel jugado por el Euro y la Unión Europea. La entrada en vigor del Euro en 2002 supuso una ampliación de los tradicionales desequilibrios comerciales y financieros intracomunitarios, ensanchando los déficits por cuenta corriente de los países periféricos así como sus necesidades de financiación externa respecto al núcleo central de la unión. Pero además, una vez que estalla la crisis la orientación de las instituciones de Bruselas es inequívoca: el Pacto del Euro institucionaliza la austeridad fiscal y la prioridad del pago de la deuda, para lo cual contempla igualmente la liquidación de los convenios colectivos así como los recortes salariales, del gasto público y las pensiones. Recuérdese además que los tratados de la Unión prohíben que los Estados europeos puedan recurrir a préstamos de sus propios bancos centrales, teniendo que endeudarse con la banca privada a tipos y condiciones de mercado. Esta intervención de las instituciones de Bruselas al servicio de los intereses del capital financiero se implementa además desde un ejecutivo no elegido directamente por los ciudadanos, como es la Comisión Europea, en contra incluso de las decisiones de gobiernos soberanos. Las exigencias que impone la Comisión Europea, acordadas con el BCE y el FMI en el marco de la llamada “troika”, se muestran por tanto difícilmente compatibles con la democracia.

Poco importa si las medidas de austeridad hunden aún más a las economías europeas –particularmente a las economías periféricas– en la depresión económica y profundizan la regresión social. Tampoco parece tenerse en cuenta el hecho de que estas mismas medidas fueron las que llevaron a América Latina durante los años ochenta a la llamada “década perdida” (con un colapso de la actividad económica, un intenso crecimiento de las desigualdades y un empobrecimiento de las clases medias). El objetivo de las políticas implementadas es evidente: asegurar el pago de la deuda a los acreedores. Y, de paso, redefinir el terreno de las relaciones salariales, laborales y sociales en beneficio de la rentabilidad privada.

No obstante, parece difícil pensar que la estrategia del capital financiero y de las instituciones de Bruselas podrá ser llevada hasta el final: la espiral recesiva a la que la austeridad nos está conduciendo, junto con la acrecentada percepción de injusticia social derivada del proceso de socialización de las pérdidas de la banca, obligará a los gobiernos (tarde o temprano, por voluntad o por necesidad) a modificar su rumbo. Las resistencias políticas y sociales que dicha estrategia enfrentará difícilmente podrán ser ignoradas. Los bruscos giros hacia la austeridad emprendidos –en plena Gran Depresión– por el canciller alemán Heinrich Brüning en el verano de 1931, por el gobierno francés de Pierre Laval en 1935 o por Roosvelt en EEUU en 1937, evidencian las enormes limitaciones políticas y económicas de esas estrategias.

El periodo neoliberal nos deja sentados encima de una enorme montaña de deudas. La crisis en la que nos hayamos hoy inmersos es la crisis de las soluciones que se instrumentaron ante las dificultades experimentadas por las economías europeas durante los años setenta. Así, las dos principales palancas que articularon la superación de dichas dificultades –financiarización y contención salarial– han mostrado su insostenibilidad, dada la dinámica de sobreendeudamiento a la que han llevado. La batalla social abierta en este momento en Europa pivota precisamente en torno a qué grupos sociales deben pagar dichas deudas, cuándo y cómo.

Al ampliar el diafragma con el que observamos la dinámica económica a lo largo de todo un siglo comprobamos que lo excepcional en el capitalismo no es precisamente el periodo neoliberal, la desreglamentación económica y financiera generalizada, la dinámica de acumulación de capital ficticio o la sucesión de crisis económicas. Lo excepcional es precisamente la “represión financiera”, la consolidación de las conquistas sociales y la regulación pública en beneficio de la mayoría de la población. Sólo la enorme fuerza de los movimientos de masas pudo imponer dicha excepcionalidad al finalizar la II Guerra Mundial. De hecho, la única forma de garantizar derechos democráticos como la educación gratuita, la sanidad universal, las pensiones, el empleo digno o la protección social pasa hoy día porque movimientos de masas consigan poner de nuevo en entredicho la lógica de la rentabilidad privada (en particular, la del capital financiero).

¿Acaso es lógico que –con el objetivo de pagar la deuda que la banca ha transferido a los Estados– a los trabajadores se les recorten sus salarios, se cierren los quirófanos, se despidan profesores o aumente la regresividad fiscal? ¿Qué legitimidad tiene esa deuda “pública” que se incrementa continuamente, ayer por la desfiscalización de las rentas del capital y hoy por el avance de la socialización de las pérdidas bancarias? ¿Por qué debe ser pagada? Es lógico que la ciudadanía se haga estas preguntas. Precisamente también por ello sería lógico que se iniciase una auditoría de dicha deuda que sirviese precisamente para identificar su carácter ilegítimo.

El péndulo de la historia sitúa de nuevo a los pueblos europeos y al movimiento sindical frente a dilemas similares a los de la década de 1930. En sus manos está la reconstrucción de un movimiento de masas que, partiendo de la defensa de los derechos colectivos, avance hacia la impugnación de un sistema en el que dichos derechos son la excepción, no la norma.

7/08/2012

Nacho Álvarez es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR

Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, nº 3.

http://dl.dropbox.com/u/31989152/N%C3%BAmero%203/encrucijadas%20n3%20alvarez.pdf

[i] Los partidos y sindicatos comunistas, a partir de las directrices impuestas desde Moscú (encuadradas en los acuerdos de Yalta y Potsdam de 1945), van a reconducir durante este periodo los movimientos de masas hacia la paz social.

[ii] Debe tenerse en cuenta que los activos financieros e inmobiliarios sobrevalorados no son estrictamente ficticios (de ahí el entrecomillado de la expresión): cuando, en el marco de la crisis, la desvalorización de los activos tiene lugar éstos siguen teniendo un valor de cambio final, y siguen otorgando el derecho a una serie de cobros futuros.

[iii] Véase el informe Report from the Commission.State Aid Scoreboard. Report on state aid granted by the EU Member States (Autumn 2011 Update) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2011_autumn_en.pdf