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España: "Los poderosos tendrán miedo cuando se enfrenten a la desobediencia civil organizada"



 11 de octubre 2013

Entrevista a Teresa Forcades y Esther Vivas, impulsoras del Procés Constituent y autoras recientemente del libro ’Sense por’ (sin miedo). 
Siscu Baiges - Barcelona

La doctora en Salud Pública por la Universidad de Barcelona, Teresa Forcades, monja benedictina en el monasterio de Sant Benet de Montserrat, y la periodista y activista Esther Vivas conversan en el libro Sense por (sin miedo) que acaba publicar Icaria Editorial. Ambas coinciden en la iniciativa del Procés Constituent, un movimiento que fue impulsado hace unos meses por la propia Forcades y el economista Arcadi Oliveres, vinculado a los colectivos cristianos de defensa de los Derechos Humanos, con la voluntad de crear una organización de izquierdas lo más unitaria posible que concurra a las próximas elecciones autonómicas. Este domingo celebran en Barcelona un acto central de presentación que se prevé multitudinario.

¿Por qué ’Sense por’?

Esther Vivas (E.V.): Porque pensamos que la gente está, parcialmente, comenzando a perder el miedo. Durante mucho tiempo nos han querido hacer creer que no había alternativas, que no se podía hacer nada para cambiar las cosas y, en estos momentos de situación crisis tan profunda, la gente empieza a ver la cara real del sistema capitalista. Hoy se ve que el capitalismo es incompatible con la vida, con la cobertura de las necesidades básicas de la gente y las personas se dan cuenta que esto no es solamente una crisis, sino que es una estafa, que nos han robado.

En los últimos tiempos hemos visto como la gente ha empezado a desobedecer masivamente. El propio 15-M fue un acto de desobediencia civil masiva. Hemos visto cómo la gente ocupa viviendas vacías de bancos y se las da a personas que han sido desahuciadas. La gente ocupa los vestíbulos de los hospitales, escuelas, supermercados... y estas acciones cuentan con el apoyo de amplios sectores de la sociedad, que está más de acuerdo con aquellos que ocupan, se indignan, se rebelan y desobedecen que con los que recortan. Por eso decimos "sin miedo", porque la gente está empezando a perder el miedo ya desafiar al poder. Ante la legalidad del sistema anteponemos la legitimidad de la calle, de la lucha y de los derechos y las necesidades de la gente.

Hablan de crisis del capitalismo, pero siempre se ha salido de crisis anteriores. ¿También se saldrá de esta?

Teresa Forcades (TF): El capitalismo crea estas crisis de forma continuada. No se pueden considerar una sorpresa. El ciclo capitalista se basa en una explotación humana y de los recursos que genera estas crisis y que se pueden analizar en el curso de la Historia. En este momento, la diferencia es que algunos de los recursos planetarios están a punto de desaparecer y, por tanto, desde el punto de vista ambiental -a no ser que se descubra una nueva fuente de energía o un nuevo planeta, algo que ha pasado antes en la Historia- hay un límite. En esta cuestión ambiental hemos tocado techo.

En la cuestión social, desgraciadamente el capitalismo se puede inventar un nuevo sistema para continuar tratando a las personas como mercancías y, por tanto, no estaríamos ante la última crisis del capitalismo.

¿La democracia actual permite el éxito de propuestas alternativas como la vuestra?

TF: En el marco del capitalismo, no. Nuestra propuesta tendrá éxito si es capaz de impulsar y activar la subjetividad política de la mayoría social descontenta por una ruptura. Lo que debe estar muy claro es que el proyecto que proponemos de democracia real es inviable en el marco capitalista. El motivo no es otro que la premisa del capitalismo que el poder político debe estar sometido al económico. Si permitimos esto, es imposible la democracia real.

El libro habla de "vencedores y perdedores". ¿De momento, los vencedores son los que conforman el llamado 1% de la sociedad?

EV: Con las políticas actuales somos una gran mayoría los que salimos perdiendo, y hay una minoría, unas élites políticas y económicas, que están salido beneficiadas y que están utilizando la crisis como una oportunidad para recortar derechos sociales, laborales, económicos, democráticos. Incluso podríamos decir que las políticas que hoy se están aplicando han sido largamente planificadas y que utilizan la crisis como excusa.

Pero la gente se está dando cuenta de todo ello: que el Estado español es uno de los países donde las diferencias entre ricos y pobres son de las más grandes de Europa. Vemos como el hambre, que siempre habíamos asociado a los países del Sur, comienza a golpear a nuestra puerta. En Cataluña, el informe del Síndic (defensor del pueblo) contabilizaba 50.000 niños malnutridos, porque muchas familias no tienen los ingresos mínimos necesarios para comprar los alimentos que necesitan sus hijos para poder llevar a cabo una dieta sana, saludable y equilibrada. Estamos empezando a ver situaciones que asociábamos a países del Sur y que ahora pasan aquí. Pasa como consecuencia de las políticas que se hacen para salir de la crisis. Y, mientras tanto, unas minorías económicas están ganando mucho dinero con esta situación.

TF: Parece que el marxismo es un anacronismo. Nos dicen que ahora no hay una clase que posee los medios de producción y una clase trabajadora, que ahora sólo hay clase alta y clase baja. La confrontación económica oscurece la realidad. Es muy diferente tener la propiedad de los medios de producción que depender de la venta de tu capacidad de trabajo para tener un sueldo y lo que necesitas para vivir.

Si permites que haya la distribución entre personas que tienen la propiedad y otros que tienen que vender su capacidad de trabajo, se está generando una divisoria, que engendra después la acumulación de capital, que comenzó el siglo XVII y que hoy en día está en unos niveles que no se puede acumular mucho más. El 1% frente al 99% o como lo queramos expresar.

Esta lucha de clases existe y se debe hacer conscientemente. Y no hay que tener miedo a apelar a esta descripción por el fantasma de la realización histórica del marxismo en la Unión Soviética, donde hubo una dictadura. Mi postura personal es ir a favor de la iniciativa privada pero que se sitúe en un marco de procesos cooperativos, que no tiene nada que ver con el capitalismo y tampoco con que un comité central te diga qué tienes que hacer y aún menos que todos tengamos que estar a sueldo de un Estado paternalista.

¿Han perdido fuerza los movimientos sociales? Puede parecerlo.

TF:  No lo sé. En mi ámbito teológico, escucho a menudo pronosticar la muerte de la teología de la liberación. En cambio, hay otros analistas que me gustan más que dicen que, en todo caso, ha muerto de éxito, porque ha generado en Latinoamérica, que es donde fue más fuerte, unos procesos de cambio político real que afectan no sólo a las comunidades eclesiales sino a toda la sociedad, y que han nacido del impulso que dieron estas comunidades de base.

En nuestro contexto, ocurre algo parecido. Puedes preguntarte dónde están las asambleas del 15-M, pero ahora estamos en un momento de movilización social mucho más alto. Tenemos el país en resistencia. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo intentan presentar de otra manera. Si cada día nos informaran de las iniciativas que hay a nivel local tendríamos una visión muy diferente.

Estamos en un momento en que las cosas hierven y es un momento fuerte para los movimientos sociales y las iniciativas que reivindican justicia social. Y la oportunidad es que todo esto es vehicule hacia una alternativa política viable.

Los de arriba parece que no escuchan. El gobierno holandés, por poner un ejemplo, dice que el estado del bienestar ya no se puede sostener.

EV: El poder no quiere reconocer el malestar social que va en aumento. La realidad, sin embargo, es incontestable. Lo vemos con el gobierno del PP, que dice que hay una mayoría silenciosa a la que agradece que no vaya a manifestarse y los apoye. En realidad, muchas veces se ha demostrado que esta mayoría silenciosa está más de acuerdo con los que luchan que con los que recortan. Esto lo vimos cuando se hizo la acción "Rodea el Congreso": miles de personas salieron a la calle y Rajoy agradeció a la mayoría silenciosa que se quedara en casa. Días después, el diario ’El País’, que no es precisamente antisistema, publicaba una encuesta según la cual la mayor parte de la población, un 70%, estaba de acuerdo con esa acción.

Cada vez más, amplios sectores de la sociedad simpatizan con la gente que se moviliza y lucha. Lo han corroborado varias encuestas. Las personas en situación de necesidad social y económica prefieren, en un 80% o un 90% de los casos, ir a buscar ayuda a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Cáritas que recurrir al Gobierno. La realidad está empezando a cambiar. La gente ya no puede aguantar más. Y, a pesar de que se quiera negar, es incontestable en la calle y en el día a día de la gente.

¿Y cómo se pueden lograr los cambios que reclaman, si no se confía en los partidos que están ahora en la oposición, especialmente los socialdemócratas?

EV: En el libro planteamos que es necesaria una revolución, una ruptura con el sistema actual. Se deben cambiar las cosas y plantear alternativas políticas. Más allá de perspectivas de cambio, de ruptura, hay que empezar a construir alternativas que permitan demostrar que otras prácticas económicas y sociales son factibles y viables. En este sentido, son importantes iniciativas a pequeña escala, en el marco de la economía social y solidaria, como las cooperativas de consumo, los medios de comunicación alternativos, las cooperativas de crédito, la banca ética...

No hay que esperar a hacer la gran revolución para comenzar a cambiar, aquí y ahora. Esto, afortunadamente, ya está empezando a pasar. Hay muchas iniciativas a nivel local, y en concreto en Cataluña, que demuestran que otro mundo es posible y que cuando, desde arriba, nos dicen que no hay alternativas, que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, les replicamos que sí, que muchas de ellas ya se están haciendo para demostrar que otras políticas son viables.

¿Hay algún modelo que sirva de referente para el Procés Constituent?

TF: Modelos para copiar fórmulas exactas no los hay, pero sí hay procesos de ruptura en periodos constituyentes, por ejemplo en países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia o Ecuador, que han revertido tendencias seculares de discriminación. Nosotros podemos aprovecharnos tanto de sus aciertos como de sus errores o de las dificultades con que se van encontrando.

Una de estas dificultades es, precisamente, empezar la redacción de la nueva Constitución sin un debate social suficiente, sin una profundización suficiente de lo que significa un cambio de este tipo.

También , evidentemente , un modelo no para copiar pero sí para inspirarse es el de Islandia , en el sentido de que ha demostrado que es posible decirle que NO a la Troika . En este país , al igual que el Estado español , les dijeron que tenían que imponer medidas de austeridad . Su Gobierno, al igual que el del estado español, lo aceptó, pero en cambio , a diferencia de España , el pueblo islandés dijo que " de ninguna manera" . Por tanto , en Islandia no tienen la situación de precariedad social y laboral que tenemos nosotros .

Nos dicen que los recortes son obligados porque nos hemos endeudado demasiado.

EV: El sistema nos repite que la culpa de lo que pasa es que nos hemos endeudado. Y este mantra dice que "esta deuda se paga o se paga". Pero el mantra, en cierta medida, está empezando a ser cuestionado y desde los movimientos sociales e iniciativas como la Auditoría Ciudadana de la Deuda se preguntan por qué aumenta la deuda pública y a quién ha beneficiado el dinero que ha generado el endeudamiento.

Lo que vemos es que la deuda privada de bancos privados se ha convertido en deuda pública. La deuda pública aumenta pero el gran problema de España era la deuda privada que ha asumido el Estado. Se trata de una deuda que ha beneficiado a bancos privados que, ellos sí, vivieron por encima de sus posibilidades en la época del boom inmobiliario. Y ahora nos están haciendo pagar las consecuencias de este guateque a la mayor parte de la población.

¿Por qué tenemos que pagar una deuda que no nos ha beneficiado? La campaña ciudadana por la Auditoría de la Deuda reivindica que se analice a quién ha beneficiado la deuda y, si no ha beneficiado a la población, no tenemos por qué pagarla. Esto es legítimo y ya se ha hecho en otros países del Sur. En Ecuador, por ejemplo, bajo la presidencia de Rafael Correa, sacaron adelante una iniciativa para auditar parte de su deuda y aquello que se consideraba ilegítimo no se pagó. Lo que enriqueció a determinadas élites no se pagó. No pagar la deuda es posible. El mantra de "la deuda se paga o se paga" es falso.

¿Su propuesta alternativa puede funcionar en un solo país sólo o debe darse a un nivel superior?

TF: Debe ser a nivel mundial, global, planetario. Esta radicalidad del cambio no se puede mantener en un solo país. Pero hay países latinoamericanos o mediterráneos que tienen potencial para generar movimientos de cambio de este estilo. Es concebible hacer cambios en solitario, como es el caso de Islandia, que logren mejoras sustanciales para la población que eviten la dependencia de una deuda que es ilegítima y que no tendríamos por que pagar. Ni que sea en solitario hay cosas que se pueden conseguir, pero este cambio de modelo pide alianzas a nivel internacional.

¿Cómo combatir el poder del dinero?

TF: ¡Cómo puede ser que los intereses de unos pocos dominen los de muchos! Si fuera al revés -que la mayoría oprimiera a unos pocos- parecería lógico, aunque sería lamentable desde un punto de vista de la justicia. Desde una óptica cínica se diría que estos pocos pueden dominar porque tienen al ejército, el poder de represión.

A lo largo de la historia se ha demostrado que, si bien siempre ha sido necesario el poder represor para mantener una situación social injusta, solo con el poder represor tampoco no es posible sostenerlas. Es necesario el elemento de la alienación, ideológico. Este es el caballo de batalla contra este dominio del dinero, la capacidad de la gente de la calle de imaginar una alternativa. Aquí es donde libramos la batalla más importante.

El discurso que hacen los que quieren mantener el statu quo no es el de ’vamos muy bien, todo es espléndido’. Es imposible hacer este discurso hoy. El discurso es: ’vamos fatal, vamos muy mal, pero no hay alternativa’. Frente a este discurso está el libro de los economistas Juan Torres López y Vicenç Navarro que se titula Hay alternativa. O los eslóganes de la PAH como "Sí, se puede, pero no quieren". Todos van en la dirección de decir que hay alternativas son muchas.

Por ejemplo, la guerra de Vietnam no gustaba a nadie, pero había quienes decían que no lo podían hacer de otra manera. Cuando una mayoría dijo que sí se podía hacer de otra manera, se produjo el cambio. Estamos en una situación parecida. Cuando la mayoría social descontenta se convence de que hay una alternativa, no hay quien la pare.

Hablan del derecho a decidir todo. ¿Hay que entenderlo como que hay que decidir más cosas aparte de la independencia de Cataluña?

EV: Es así. Con el debate soberanista de la independencia que se abre en Cataluña se abre una brecha que permite decidirlo todo. El soberanismo que defiende el señor Artur Mas es un soberanismo encorsetado, que básicamente dice "independencia sí, independencia no, y el día de mañana ya veremos". Nosotros, desde el Procés Constituent, proponemos la independencia como una oportunidad para replantear el modelo político, social y económico actual. Porque una independencia en manos de las 400 familias de siempre, que decía el señor Millet, que se encuentran en el palco del Barça, el Liceo o el Palau de la Música, no nos sirve de nada. Por ello, el pasado 11 de septiembre rodeamos La Caixa. Una Cataluña financiada por La Caixa, ¿de qué sirve? De nada.

Es necesario, pues, plantear el debate sobre la cuestión nacional para decidir sobre todas estas cosas, y poner en marcha un Proceso Constituyente, que permita replantear las bases sociales, políticas y económicas del país, y que dé la voz a la gente. Un debate sobre qué Cataluña queremos en todos los sentidos. Y este debate está ausente en los partidos políticos mayoritarios, incluida CiU.

Cataluña: ¿nuevo Estado de Europa o fuera de Europa?

EV: Una Europa en manos de la Troika, del Banco Central Europeo, de la señora Angela Merkel y compañía, no nos sirve. Europa está construida hoy al servicio de los intereses del capital, de las grandes empresas, de la guerra.

En el libro reconocen que su proyecto no logrará todos sus objetivos en dos meses, pero dicen que tampoco habrá que esperar diez años...

EV: No sabemos realmente cuando tiempo necesitaremos para cambiar las cosas. Con el Procés Constituent lo que se plantea es la urgencia de un cambio ante la situación dramática que cada vez están viviendo más sectores de la sociedad, aquí en Cataluña. Ante esta situación se planteó, en abril, la propuesta del Procés Constituent, lanzada por Arcadi Oliveres y Teresa Forcades, y desde entonces se han hecho múltiples asambleas locales, se han creado más de ochenta grupos de apoyo en todo el territorio, grupos de trabajo temáticos, sobre feminismo, sanidad, educación, inmigración...

La propuesta que hace este Proceso es crear un nuevo instrumento político y social que permita sumar la mayor parte de la gente que sufre la crisis, la mayor parte de la gente que lucha, la mayor parte de organizaciones políticas y sociales de izquierdas que están de acuerdo con estos planteamientos, para desafiar la dictadura del capital, hoy impuesta por CiU.

Algunos historiadores como Josep Fontana dicen que los poderosos sólo han hecho concesiones cuando han tenido miedo. Lo tienen ahora?

EV: Creemos que el miedo está empezando a cambiar de bando. El miedo, en sentido amplio, ya no la tenemos nosotros sino que lo están empezando a tener los que ostentan el poder político y económico. Cuando hoy vemos el aumento de las medidas represivas, cuando vemos cómo se criminaliza a los que luchan, cuando vemos que se tacha de filofascistas o de terroristas a los activistas de la PAH, esto es un símbolo de miedo y de debilidad.

Y sobre todo la estrategia de represión. Cuando ya no pueden controlar la situación actual por las buenas, la única opción que les queda es hacerlo por las malas. Y aquí el gobierno de CiU no sólo ha sido líder de las políticas de recortes en España -ha sido el mejor alumno de la señora Angela Merkel- sino que también ha sido el líder en las políticas represivas.

TF: Los poderosos sólo tienen miedo cuando tienen delante unos "no poderosos" que son conscientes de que hay alternativa. Esto da mucho miedo. Esto, que es la base, se concreta en actos de desobediencia civil, pacíficos, democráticos, en el sentido de no exclusivos. No me imagino una transición al nuevo modelo de sociedad que no tenga enfrentamiento. Sería absurdo, irreal imaginar algo así. Esta voluntad pacífica debe ser muy profunda porque es de esperar que haya confrontaciones.

Un ejemplo sencillo es lo que pasó con un señor, en Tarragona, que quiso poner en práctica una campaña de la CUP de no marcharte de un centro sanitario sin que te den hora. Si estás atendido en un hospital y necesitas un especialista tienes el derecho a saber qué día te visitarán. Pero no te lo dicen al momento porque entonces no computa en las listas de espera y así dicen que estas listas no se alargan. Este señor quiso hacer efectivo este derecho y la policía, los mossos, detuvieron.

Tenemos una sociedad donde cuando intentas hacer valer tus derechos hay una respuesta represora. Hay unas leyes que directamente son incompatibles con algunos de nuestros derechos. Lo que tenemos que hacer es de forma estructurada, bien organizada, llevar a la práctica esta desobediencia civil. Los poderosos tendrán miedo cuando esta base social esté dispuesta a actos pacíficos de desobediencia civil.
Ver en línea : http://www.eldiario.es/catalunya/po...

Neoliberalismo: Reforma laboral: los salarios bajan, los beneficios suben


Raúl Navas

 29 de septiembre de 2013
  

Desde que estalló la crisis, hemos oído miles de veces que hemos vivido por encima de nuestra posibilidades durante el boom económico y que ahora debemos implorar el perdón al dios mercado o al FMI, mientras aceptamos resignados cualquier castigo por parte de la banca y el capital. Resulta lamentable, pero necesario, desenmascarar esa mentira repetida constantemente en los medios de comunicación. Se dice que los historiadores deben recordar lo que la gente ha olvidado. Si es así, tenemos una gran tarea, porque el capital ha trabajado duro para borrar nuestra historia reciente y extender la falsa conciencia de que todos ganábamos mucho dinero antes de estallar la crisis.

 La realidad es que nuestros salarios ya eran bajos cuando la economía crecía. Informes de la OCDE señalan que España fue el único país de la OCDE en que se redujeron los salarios reales -un 4%- entre 1995 y 2005. Mientras tanto, los beneficios empresariales crecieron un 73% entre 1999 y 2008 (en la UE-15 aumentaron en este periodo una media del 38%). Estos datos reflejan que el boom económico fue muy beneficioso para el capital, pero no la gente trabajadora. En los años del boom, no vivimos por encima de nuestras posibilidades: el capital impuso un modelo económico de bajos salarios y precariedad, combinado con altos precios de la vivienda, formando un cóctel perfecto para provocar el endeudamiento de las familias, y con él, el negocio de los bancos. Este modelo se complementaba con continuas medidas gubernamentales encaminadas a bajar los impuestos al capital y los salarios al resto de la sociedad.

Si al inicio de la crisis ya partíamos de bajos salarios, con ella estos no han hecho más que bajar. Un Informe sobre  Remuneraciones de ICSA, publicado en enero de 2013, señalaba que entre 2007 y 2012 los trabajadores han perdido un 2,5% de su poder adquisitivo, y que mientras la media del salario anual de los directivos era de 75.106 euros, el de los empleados base se situaba en 21.408. Para Eurostat, el recorte de los salarios españoles desde 2009 alcanza el 6%.

El Partido Popular en el gobierno

 Durante la campaña electoral de 2011, la estrategia del PP fue muy simple, y se basaba en transmitir la idea de que “sin Zapatero todo se arreglará”. González Pons llego a prometer que si gobernaba el PP, crearía 3.5 millones de puestos de trabajo en cuatro años. Uno de los lemas de su campaña fue “Lo primero el empleo”. Y tenían parte de razón: lo primero que hicieron una vez ganaron las elecciones fue recortar el salario de los empleados. En diciembre de 2011, Rajoy formó gobierno, y poco después anunció la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, establecido en 641,20 euros. Hacía oídos sordos al mismo Consejo de Europa, que había advertido justo un año antes que el salario mínimo en España era insuficiente. Esta medida no estaba en su programa electoral y desde 1967 ningún gobierno se había atrevido a aplicarla. Hay que señalar que cuando se aprobó esta medida, la CNMV anunciaba que en 2011 el salario medio anual de los consejeros de las empresas que cotizaban en bolsa había sido 260.215 euros. El gobierno dejó bien claro desde el principio que estaba dispuesto a aceptar la tabla reivindicativa del gran capital.

 Mientras tanto, las ejecutivas sindicales de UGT y CC OO, una vez más, no optaron por una estrategia de movilización, sino que mostraron una continua disposición al pacto, facilitando así nuevas agresiones. El 25 de enero, CEOE, CEPYME, UGT Y CC OO, firmaban el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, que fijaba un acuerdo para establecer ridículas subidas salarias con el tope de un 0,5% en 2012, y un 0,6% en 2013 y 2014. Es decir, UGT y CC OO aceptaban el recorte salarial como medida necesaria para salir de la crisis, y se comprometían a no pedir subidas salariales superiores al 0,5%. Fue un acuerdo vendido como un avance, cuando en realidad suponía un ataque a nuestro poder adquisitivo. Aun así, la patronal y el gobierno tardaron poco en incumplirlo para tratar de imponer salarios aun más bajos.

Una nueva contrarreforma laboral

 Mientras la patronal, en una política de chantaje permanente, amenazaba con más despidos si no se asumían recortes salariales, Toxo y Méndez reiteraron su disposición al dialogo con un gobierno al servicio del capital. El 10 de febrero de 2012, el gobierno procedió a aprobar una contrarreforma laboral por decreto, sin negociar ni consensuar absolutamente nada. Se aprobaba una nueva legislación a la medida de la CEOE, la banca y el gobierno alemán. Estas afirmaciones no son gratuitas, y la prueba la tenemos en el propio inicio del texto publicado en el BOE, donde se exponía que la reforma era “reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas”. Más adelante se especificaba que “ Presiones de los mercados financieros (…) hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español”.

 La nueva normativa facilitaba que el empresario pudiera rebajar unilateralmente el sueldo a los trabajadores. Sencillamente se dejaba en manos del empresario la decisión de pagar o no la cantidad integra del salario pactado en convenio. De esta manera se otorgaba una seguridad jurídica total al empresario, quien podía tomar la decisión de rebajar los salarios dentro de un marco legal, más aún cuando estas medidas fueron seguidas de la aprobación de unas tasas judiciales que hacían inviable económicamente los recursos en segunda instancia ante abusos empresariales. Si en las últimas décadas la patronal consiguió normalizar el hecho de que una empresa con beneficios anunciara un ERE, ahora pretendía normalizar las rebajas salariales.

 Durante los últimos meses estamos comprobando que la reforma laboral sigue sirviendo fielmente a uno de los objetivos para los que fue aprobada: facilitar una rebaja generalizada de salarios en el sector público y privado. Abundan las estadísticas que señalan una rebaja salarial trimestre tras trimestre. Según el Índice de Coste Laboral Armonizado, el coste de la hora de trabajo disminuyó un 4% en el último trimestre de 2012. En este periodo, el conjunto de las remuneraciones salariales se redujo un 8,5%, mientras que el de las rentas empresariales aumentó un 1,4%. El INE publicó el pasado mes de mayo que en el primer trimestre de 2013 la remuneración por asalariado cayó un 0,4% en el sector público y un 0,9% en el sector privado, y en septiembre, que los salarios encadenaban nueve meses consecutivos de descenso. Otro dato significativo es que la remuneración media pasó de 35.600 euros en 2008 a 34.476 euros en el primer semestre de 2013, por lo que los asalariados han dejado de percibir casi 60.000 millones de euros durante ese tiempo. El pasado mes de agosto, el Ministerio de Empleo publicaba información relativa a los convenios colectivos registrados a lo largo de 2013, y señalaba que 671.739 trabajadores se habían visto afectados por una congelación salarial y que se habían registrado 1.574 descuelgues de convenio. Por otro lado las estadísticas del INE sobre coste salarial medio por trabajador indican mes tras mes que cada vez se trabaja más por menos salario.

 Quieren imponer unos salarios tan bajos que no haga falta ser parado de larga duración para vivir en la pobreza. Además, los bajos salarios sientan las bases para prestaciones por desempleo inferiores y futuras pensiones más bajas.

 Los representantes del capital no han ocultado su apoyo entusiasta a la reforma laboral que combina despidos baratos con rebajas de sueldo. En marzo de 2013, el Banco de España pedía a los empresarios que aprovecharan la nueva legislación para rebajar sueldos a los trabajadores. Otro ejemplo clarificador lo encontramos en unas declaraciones de Enrique Sánchez, Presidente y director de Adecco para España y Portugal, quien aseguró que “  Con la última reforma laboral la posibilidad de que las empresas recurran al descuelgue es real y las empresas están utilizando la reducción salarial como vía para evitar los despidos. Es un hecho que los salarios están bajando entre un 10% y un 15%  ”/1.

Los salarios y la competitividad

 Los capitalistas insisten en que la única manera de crear o mantener empleo es recortando derechos laborales y salariales. Pero la realidad muestra que estamos perdiendo todo tipo de derechos mientras no se crea empleo y aumenta la precariedad. Por el contrario, han existido ejemplos históricos de aumentos salariales combinados con creación de empleo. Esta situación no es nueva, dado que la patronal siempre achaca la culpa del paro o de una supuesta baja productividad a los derechos laborales, salariales y al coste del despido. En cambio, desde su punto de vista, el capital siempre queda fuera de toda culpa, pese a que ellos son quienes despiden y mandan al paro a millones de trabajadores, de una forma jurídicamente segura, fácil, libre y barata.

 Los representantes del capital siguen repitiendo que los salarios de los trabajadores (no los suyos) deben rebajarse para ser más competitivos. En la agenda reaccionaria del capital se encuentra una ofensiva para desligar definitivamente los salarios del IPC y poner fin a las cláusulas salariales. El pasado 24 de septiembre, el Círculo de Empresarios reivindicaba rebajar el salario mínimo. No dudan en presentar públicamente como positivos datos o estadísticas de devaluación salarial, alegando que se esta manera “España gana competitividad”. Ante esta afirmación hay que señalar que si la clave de la competitividad fueran los salarios, las empresas de Somalia serian las más competitivas. Sin embargo, analizando datos del Índice de Competitividad Del Foro Económico Mundial, comprobamos que no existe una relación entre salarios bajos y competitividad. Según este índice, España ocupa el puesto 36º con un salario mínimo de 645 euros. En cambio Holanda que ocupa el 5º lugar, tiene un salario mínimo de 1.447 euros. Bélgica, país donde el salario mínimo se sitúa en 1.444 euros, obtiene el puesto número 17º. Francia ocupa el puesto 21º, con un salario mínimo de 1.398 euros. Luxemburgo tiene el puesto 22º, con un salario mínimo de 1.801 euros.

 La tesis de que la única política laboral posible y correcta es la bajada de salarios es puesta en entredicho por la Organización Internacional del Trabajo. Su director, Guy Ryder, declaró a El País “Rebajar salarios y condiciones de trabajo es un error”. Incluso aseguró: “No creo que la salida de la crisis pase por la bajada de los salarios a niveles de pobreza. En Europa, una de cada dos familias que vive en la pobreza tiene al menos una persona que trabaja. Hay un gran peligro de que las reformas laborales creen una población de pobres que trabajan y ese no puede ser el objetivo. Si uno trabaja, tiene que poder vivir de forma decente. La idea de que en Europa es necesario rebajar salarios y condiciones de trabajo, incluso disminuir derechos fundamentales, es un error ”/2.

Escandalosos beneficios y remuneraciones para el capital

 Mientras las bajadas de sueldo, que hasta ahora eran una excepción, se están convirtiendo en regla, vemos como los capitalistas que predican recortes salariales no se aplican de sus propias exigencias. La patronal pide recortes de sueldos y de derechos para los demás, no para ellos. Basta analizar las ganancias de los representantes de la banca y patronal, o los beneficios empresariales registrados recientemente. Los quince directivos de empresas del IBEX 35 mejor pagados en 2012, ganaron en total 127 millones de euros. Destaca el caso del ex consejero de Telefónica Julio Linares, que ganó 33,3 millones de euros, incluyendo 24,7 millones de indemnización por dejar su cargo. Además, según el Informe anual sobre la Riqueza en el Mundo, el número de ricos en España creció un 5,4% en el año 2012.

 En los seis primeros meses de 2013, las empresas del IBEX 35 han aumentado sus beneficios en un 19,3%. En total han ganado 14.853,97 millones de euros. Destacan Caixabank con un aumento del beneficio de un 145,78%, o Bankinter, que presenta un incremento del 352%. Por su parte el Banco Santander aumentó su beneficio un 29% y el BBVA en el primer semestre de este año, aumentó sus beneficios un 90,86%, alcanzando 2.882 millones de euros, casi el doble que en todo el año 2012 (1.676 millones). ACS ha obtenido unos beneficios de 357 millones de euros, mientras que Sacyr ha alcanzado los 60,8 millones. Por otro lado, según la Asociación Española de la Banca, durante el primer semestre de 2013, la banca aumentó sus beneficios un 67,3%, alcanzando los 5.310 millones de euros, cifra “poco significativa” según la propia AEB. Además, según la Autoridad Bancaria Europea, hay 125 banqueros españoles que ganan más de un millón de euros al año, siendo España el cuarto país europeo con más banqueros que ganan más de un millones de euros al año. Conviene recordar datos de este tipo cada vez que escuchamos en televisión que se deben aplicar recortes.

 Con este injusto panorama no es de extrañar que la desigualdad salarial se dispare. En octubre de 2012 el Banco de España publicó que la desigualdad salarial se ha incrementado un 8,7%. Por otro lado, el INE ha publicado recientemente que las rentas del trabajo pasaron de 537.600 millones de euros en 2008 a 482.600 millones de euros en 2012. Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron un 5,1% en 2011 y un 2,3% en 2012. Este constante aumento de los beneficios y reducción de los salarios ha hecho que el peso en la renta nacional de las rentas del capital (46,1% del PIB) haya sobrepasado al de las rentas del trabajo (44,2%), que ha alcanzado un mínimo histórico.

Es necesaria una agenda de movilización

 A medida que se alarga la crisis económica, vemos como la voracidad del capital no conoce límites. Un año después de aprobarse la reforma laboral, comenzaron a escucharse las voces que pedían nuevos ataques a los derechos laborales y salariales. En marzo de 2013, Hans-Werner Sinn, presidente del IFO (think tank alemán), dijo que “  Rajoy debe aprobar otra reforma laboral que flexibilice los salarios a la baja. Eso hizo Schröder en 2003. Eliminó el salario mínimo y laminó el Estado del Bienestar privando a millones de personas de sus ayudas sociales: eso causó disturbios y protestas. Le costó el cargo. Sin embargo, se trataba de la política adecuada. Puede que con eso Rajoy no consiga gobernar mucho tiempo, pero eso es lo que España necesita ”  /3 .

 Este verano hemos conocido la propuesta del FMI de bajar un 10% los salarios de los trabajadores en España. Además ha exigido rebajar las cuotas empresariales a la seguridad social, volver a subir el IVA, reducir la capacidad judicial para declarar improcedentes los ERE y disminuir las indemnizaciones por despido. El FMI justificaba su propuesta alegando que los sueldos “No habían bajado lo suficiente”. Esta no fue una propuesta aislada, al día siguiente el comisario europeo de economía y vicepresidente de la comisión europea, Oli Rehn mostró un apoyo entusiasta a la propuesta de rebajar salarios. Se permitió el lujo de acusar de irresponsabilidad hacia los parados a quienes se opusieran. Conviene señalar que la directora del FMI tiene un salario base de 551.700 dólares después de impuestos y que los sueldos de los comisarios europeos rondan los 300.000 euros anuales. Estos son los salarios de los tipos que defienden bajos salarios.

 El gobierno ha apostado porque la única variable de ajuste y lo único que debe reducirse son los salarios y el gasto público. Hemos comprobado que el objetivo de la reforma laboral no era crear empleo, ni reducir la temporalidad, sino bajar los salarios. Rajoy dijo durante la campaña electoral de 2011 que siempre diría la verdad. Pese a que ha prometido hace poco que bajará los impuestos, la verdad es que está bajando los sueldos, mientras sube los impuestos excepto para los ricos.

 En conclusión, la actual normativa laboral beneficiados a unos y perjudica al resto. La situación actual, caracterizada por una alta tasa de paro, provoca miedo, angustia e inseguridad entre amplios sectores de la clase trabajadora, lo que facilita la imposición de salarios más bajos. Para hacer frente a esta situación hace falta un sindicalismo combativo y anticapitalista, que arrebate la iniciativa a una patronal que hasta el momento esta mejor organizada y más a la ofensiva. A este combate debemos ir con criterios ideológicos anticapitalistas muy claros, tejiendo redes de solidaridad y resistencia entre todo el movimiento obrero europeo.

 1/ El País, 8/3/2013, pp. 16. http://economia.elpais.com/economia...

 2/ El País, 30/9/2012, pp. 26. http://economia.elpais.com/economia...

 3/ El País, 2/3/2013, pp. 31. http://economia.elpais.com/economia...

28/9/2013

Raúl Navas es delegado sindical de CGT

España:La oposición al régimen español Un movimiento sin sujeto


John Brown

 Viento sur,  21 de septiembre de 2013


El problema, de las Mareas y del 15M en sus distintas expresiones es la enorme dificultad que experimentan a la hora de reproducirse como movimientos. Y es que un movimiento social al igual que los organismos vivos se encuentra en un metabolismo precario con su medio: su reproducción, los intercambios internos y externos que lo posibilitan y lo hacen durar es un problema fundamental. Los movimientos sociales son productos del encuentro entre distintos factores y sujetos. Buen ejemplo de encuentro aleatorio es el que se dio en un final de manifestación en la Puerta del Sol que se transformó en acampada. Pero una acampada es una acampada, no está hecha para durar y el 15M solo pervivió transformándose en asambleas populares y deviniendo en algunos sectores, en concreto los servicios públicos, ese espacio de encuentro entre los distintos miembros de la comunidad de la enseñanza o de la sanidad conocido como las Mareas. Sin embargo, para que un movimiento social dure es necesario que se establezcan dinámicas que lo reproduzcan, necesitan la solidaridad del entorno y una capacidad interna de imaginarse a sí mismo como una comunidad en movimiento. No bastan los muy felices encuentros de la multitud en la Puerta del Sol o de los profes, los estudiantes y los padres de alumnos en la Marea Verde o de médicos, enfermeros, pacientes etc. en la Blanca, ni siquiera la eficacia y la inteligencia de la PAH. Hace falta algo más, algo que dé entidad, aunque sea aparente, al mero encuentro y que haga que las singularidades que se han encontrado funcionen "como una sola mente" (como, según Spinoza, funcionaba la multitud en un Estado).

Para ello no bastan los análisis teóricos sesudos: la reproducción de un grupo social se hace a base de ideología, se basa en una imagen compartida de la propia comunidad como sujeto, en signos y significantes compartidos. La camiseta verde de la marea del mismo color suscitó –y suscita aún– miedo y odio entre las autoridades porque representaba un signo común de una multitud que debía permanecer dispersa y solo dejarse unificar bajo los significantes del mando estatal, del soberano. Sin embargo, este signo, con todo su acierto, plantea un problema: se limita a la comunidad de la enseñanza y no permite imaginar/significar una comunidad más amplia. Por ello mismo puede –injustamente, pero aquí no se trata de justicia– tomarse como el signo de una reivindicación corporativa, lo que, desde luego, no es, pues el esfuerzo por extender la reivindicación de una enseñanza pública y de calidad al conjunto de la sociedad a través de los distintos sectores directamente interesados, fue y sigue siendo muy apreciable. Falta, con todo, universalidad, falta un signo que dispute la universalidad, la representación del todo de la sociedad a un Estado que, en España, más claramente que en otros países, es un Estado de clase, el Estado de una parte de la sociedad. El signo capaz de aglutinar ha sido, en algunos países latinoamericanos marcados en su cultura política por la imagen del Libertador, un dirigente capaz de aglutinar un bloque social nacional-popular en torno a él, asumiendo como propios los signos de la nación: bandera, himno, historia, etc. Chávez, Correa o Evo Morales han podido así hacer suya esta necesaria universalidad en nombre de los sectores sociales mayoritarios y desfavorecidos, porque los significantes que constituyen la universalidad (la bandera, la historia, las instituciones políticas) estaban disponibles. No es este el caso del Estado español donde los significantes y los símbolos nacionales son los de un bando y de una parte del país y no son reconocidos como propios por una parte muy importante de la población. A nadie se le ocurre sacar una bandera rojigualda en una manifestación, sencillamente porque sigue siendo un símbolo del enemigo o un símbolo extranjero para muchos. Quienes por despiste o derechismo sacaron banderas rojigualdas en movilizaciones del 15M –los hubo– pronto comprendieron que estos símbolos no estaban en su lugar al ver las caras de extrañeza o incluso de hostilidad de los circunstantes.

Este problema de símbolos, sin embargo, está resuelto en algunas partes del Estado español. Si se compara la movilización que está teniendo lugar en el sector educativo de Baleares con las movilizaciones peninsulares advertiremos una diferencia gigantesca. En Baleares, la camiseta verde se combina con la senyera y con la defensa de la lengua catalana como lengua propia. Esto hace que la reivindicación de la enseñanza pública tenga una posibilidad de convertirse en parte de una reivindicación universal, de un proyecto de país. El éxito de las convocatorias y la perspectiva de que tome cuerpo una huelga general indefinida depende estrictamente de su capacidad de trascender el marco estricto de la enseñanza. Lo mismo, pero al revés puede decirse de la enorme movilización popular que conoce hoy Cataluña en torno al derecho a decidir: bajo los símbolos nacionales, los de la universalidad (la senyera o las distintas senyeras) se alojan multitud de reivindicaciones en gran medida contradictorias, pero se desarrolla también una poderosa fuerza de ruptura con el régimen. El independentismo catalán, cuyo éxito desborda a todas luces las expectativas de la burguesía catalana, es un síntoma de las crisis que atraviesan el régimen español. En Cataluña se está generando un sujeto político marcado por una fortísima aleatoriedad, un sujeto peligroso que puede llegar a desatar lo "atado y bien atado". Si en Baleares, en torno a una cuestión particular se ha aglutinado un bloque nacional-popular que recoge otras muchas reivindicaciones –algunas de las cuales pueden incluso ser relativamente contradictorias– bajo la defensa de la lengua y de la identidad cultural y en Cataluña se produce también ese tipo de comunicación entre lo universal –imaginario– y lo particular, es que se está constituyendo un sujeto político, posible portador de hegemonía.

Un sujeto no es nunca un origen, sino un efecto. Como dice Spinoza, "la naturaleza no crea naciones": son las instituciones y las costumbres quienes los crean. Ya se trate de un sujeto colectivo como el pueblo o la nación o de un sujeto individual, el sujeto se constituye siempre imaginariamente como resultado de tramas lingüísticas y simbólicas. Una marca perfectamente arbitraria como la circuncisión de los judíos o el velo de las musulmanas puede ser decisivo a este respecto. Afirma el psicoanalista Jacques Lacan que "el sujeto es aquello que un significante representa ante otro significante", lo que sostiene la diferencia entre los significantes. Una bandera o una lengua o una historia cobran valor de significante en su oposición a otros y no por virtud propia. Que un sujeto sea representado por un significante "ante otro significante", quiere decir que el sujeto carece de un significante propio y pasa metonímicamente de uno a otro. La senyera, la lengua catalana, etc. pueden ser significantes válidos para representar a la multitud como pueblo en Cataluña o Baleares, pero no en Afganistán, Burundi o España. Todo significante en este sentido es vacío, pues no guarda ninguna relación esencial de significación con ningún significado concreto.

Algunas zonas del Estado español pueden así representar a sus multitudes como una universalidad a través de los significantes que las representan y las constituyen como pueblo o nación, mientras que en otras, es mucho más problemática esta constitución imaginaria de los sujetos colectivos y, por lo tanto, más difícil convertir una suma de reivindicaciones parciales en una demanda hegemónica. La pregunta es, en otros términos, qué se puede hacer en las zonas donde la identidad cultural se ve hegemonizada casi exclusivamente por los aparatos de Estado, esto es en las zonas castellanohablantes del país. En estas zonas, la lucha por la hegemonía, por la constitución del sujeto potencialmente hegemónico exige previamente un enfrentamiento abierto con el régimen y sus símbolos, una guerra simbólica en la que los movimientos sociales deben poder vencer, pues de ello depende la posibilidad de un sujeto político capaz de situarse fuera del imaginario del poder. El problema es que el resultado de una victoria en esa guerra es la condición misma que permite ganarla: sin constituirse en sujeto colectivo hay pocas posibilidades de que una multitud logre liberarse de las redes simbólicas del poder. El sujeto colectivo debe, en cierto modo –como por cierto, todo sujeto– concebirse a sí mismo como siempre ya existente, autorizarse a sí mismo, para llegar simplemente a existir. La mejor referencia simbólica para los movimientos sociales que tienen que enfrentarse al régimen español se encuentra, sin duda, en la historia de los movimientos populares y democráticos, en un pasado republicano cuya percepción debe desprenderse de todo victimismo y de toda nostalgia. La historia que necesita el nuevo sujeto es una historia para el porvenir. Esto no lo han entendido en absoluto algunos de los más prometedores movimientos socio-políticos de los últimos años. Uno de los puntos débiles del 15M fue que, si bien afirmaban sus integrantes enfrentarse al régimen, tenían una absurda aversión a los símbolos republicanos –como símbolos que dividen– y más de una vez expulsaron a personas que llevaban una bandera tricolor como si esta fuera un símbolo de partido y no una propuesta de universalidad democrática en absoluto reñida con el protagonismo de la multitud. Esta actitud, lejos de ser anecdótica, privó al 15M, a pesar de su voluntad de "no dividir", de su universalidad. Lo que el 15M no llegó a comprender es que lo universal, en tanto que imaginario, no es nunca el todo, sino una parte; que, por consiguiente, toda universalidad se basa en una previa división. Si en la Revolución francesa, el pueblo revolucionario eligió como antepasados a los Galos frente a los Francos que dieron nombre al país, es porque no se puede producir universalidad a partir del todo como tal. El Tercer Estado que aspiraba a ser el todo de un pueblo, debía representarse a sí mismo como una parte de la nación, la plebe que reivindicaba su origen galorromano, enfrentada a la nobleza que se jactaba de su mítico origen franco. Si se está contra un régimen de espeluznante pasado y de triste presente como el español, es preciso asumir plenamente los símbolos de esa oposición. Sin ello, el poder sigue manteniendo como propio el espacio imaginario de la universalidad, sigue gozando del derecho exclusivo a hablar en nombre de la nación y del interés general. Por este motivo, es necesario disputar efectivamente ese espacio, para poder hegemonizarlo con viejos nuevos signos y con las exigencias de una nueva constitución material y formal, republicana y de los comunes. Ciudadanos:¡un esfuerzo más si queréis ser republicanos!

21/09/2013



España:Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero
 29 de abril  por Jorge Fonseca 


La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico, imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”, para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública son usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.

Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el proyecto de ley hipotecaria a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios, alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva imposición en favor de privilegios a banqueros y especuladores y en perjuicio de cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y empujadas a la marginación y muchas veces al suicidio. La injusticia de estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas, pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor del capital financiero. La burbuja inmobiliaria fue creada por la especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos masivos al sector inmobiliario: con condiciones abusivas a familias (cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año 2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).

Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras inmobiliarias en particular. La mora real de éstas ronda casi el 50% (160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB) y representa el 75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca. Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que pagasen sus cuotas de la hipoteca, hubiesen evitado el crimen social de dejar sin hogar y empujar a calle a casi 500.000 familias (incluyendo niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca el dinero de todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras, mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos básicos.

Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado, hundiendo más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio social mediante la violencia de instituciones “democráticas”, convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad, reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y porque no es nuestra, es ilegítima.
Ver en línea : http://blogs.publico.es/dominiopubl...

Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?


Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós · · ·  

28/04/13Sin Permiso


El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.

Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.

En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.



Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas

El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a "dar más tiempo a España". Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid). 

Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: "reordenación de cifras", "novedades tributarias"… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28. 

El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en el debate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en el memorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la "evaluación" de la reforma laboral por un "organismo independiente" (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.

La subida "extraordinaria y circunstancial" del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian "novedades fiscales" con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una "autoridad fiscal independiente", como si no fuese un problema político central.



Cuando la culpa la tiene la realidad

¿Estamos ante el "hundimiento de la legislatura", como advierte angustiado uno de los analistas más reconocidos de la derecha, José Antonio Zarzalejos? Las cifras y previsiones sobre el paro parecen, efectivamente, inasumibles socialmente. La intervención del estado en la economía vía ingresos fiscales es una de las más bajas de la UE (36,4% del PIB) –y ha caído desde 2008 más de 6 puntos, rebasando holgadamente en su retroceso el objetivo del 40%  defendido por el anterior presidente del BdE—, y la economía sumergida supera el 25% del PIB. Frente a la excusa de Rajoy –"quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad"—, el diagnóstico de Zarzalejos resulta demoledor: "el naufragio del paquebote popular se ha producido por la combinación de tres factores: la quiebra de la fiabilidad política del Gobierno y del PP –todo lo que se ha prometido se ha incumplido—, la comprobación de su escasa competencia técnica en materia económico-social y en la gestión de los intereses de España en la Unión Europea y la ausencia de un discurso político que, además de cubrir los frentes mencionados, ofreciese respuesta a la crisis institucional, al fenómeno de la corrupción y a la precarización del modelo territorial a raíz de la apuesta independentista en Cataluña".

Más allá del rancio "regeneracionismo" de sesgo conservador sobre la incapacidad de las "elites políticas (extractivas)" (sic), importa el diagnóstico de las causas, materiales e ideales, de la manifiesta crisis de la Segunda Restauración borbónica en el contexto de la crisis del proceso deconstituyente de la institucionalización neoliberal de la UE. (El lector interesado podrá, sin duda, encontrar algunos elementos consultando los archivos de SinPermiso, y, por lo pronto, nuestro análisis del último debate  sobre el estado de la nación).

Importa, ante todo, destacar el clima social en que se produce el reconocimiento del fracaso del Gobierno Rajoy. El conocido barómetro electoral de Metroscopia de abril recoge la caída, desde las elecciones de noviembre del 2011, en la intención de voto del PP: un tremendo precipicio del 20% (del 44,6% al 24,5%). Por su parte, el PSOE sigue en caída libre, con un descenso del 4,3% (del 28,7% —después de la perdida de 14 puntos desde 2008— al 23%). Menos difusión ha tenido el obSERvatorio del 15 de abril de la Cadena Ser, que muestra no sólo la apabullante desconfianza popular ante el bipartidismo dinástico (87%), sino la enorme radicalización y la creciente disposición a la movilización social de la opinión pública, incluida la convocatoria de una nueva huelga general (47%), a pesar del descrédito de los sindicatos mayoritarios (que sólo recogen un apoyo del 18%, frente, por ejemplo, a un espectacular 75% cosechado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezada por Ada Colau). 

¿Qué margen le queda al gobierno Rajoy? En la crisis de la primavera de 2012 –acaso la experiencia política más importante de lo que llevamos de legislatura, porque ha determinado el repertorio de respuestas de las clases socialmente rectoras, de los partidos y de los sindicatos—, la respuesta de Rajoy fue: "España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a Europa". El Consejo europeo de junio del 2012 no sólo aprobó el rescate bancario, sino que permitió la política de intervención del BCE en los mercados secundarios, evitando un segundo rescate, esta vez general, de la economía española. De nuevo, es la constatación en la UE de que es imposible que se puedan alcanzar sus ilusos objetivos de reducción del déficit lo que, sumado a los efectos de la recesión en Alemania, ha determinado el aplazamiento de dos años; no la presión ni la capacidad de negociación en Europa del gobierno Rajoy o del resto de los gobiernos conservadores de la periferia. Patético, por decir lo menos, es el intento de Rajoy de presentar las cosas como si el logro de ese nuevo margen fuera mérito propio, de su tenacidad en la aplicación de las políticas de ajuste y en la puntual observación de las condiciones del memorándum. Lo cierto es que en la UE Rajoy ha pasado de ser un supuesto aliado estratégico de Angela Merkel a convertirse en el esforzado alumno despechado, para terminar pretendiéndose un conspirador de capa y espada a favor de una iniciativa comunitaria para el crecimiento. Nada de ello es verdad, por supuesto. La modesta –y ridícula— verdad consiste en esto: hace lo que se le dice, como y cuando se le dice desde Berlín o Bruselas. Más que el guardián, es el pícaro del memorándum.



Una hipótesis de escenario político

Rajoy no gestiona, sobrelleva la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Y en ese trance, sus principales activos son la holgada mayoría parlamentaria y la falta de una alternativa política creíble programática y organizativamente, es decir, verdaderamente amedrentante. Gracias a esos dos activos ha logrado esquivar el segundo rescate, poner sordina a los cantos de sirena de los pactos de estado o del gobierno de "unidad nacional" y mantener a raya y dispersa la crecida resistencia social. Lo que no ha logrado evitar es la incesante erosión de su legitimidad electoral, de su base electoral y de la del conjunto del régimen bipartidista. Tampoco ha escapado a las devastadoras dentelladas de la crisis financiera del estado de las autonomías, ni al destape generalizado de la corrupción, que es, sobre todo, manifestación de la ruptura del consenso hegemónico de las clases rectoras del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos de la Transición. Ni, menos, al inopinado estallido del secesionismo catalán, manifestación inequívoca de la crisis de la monarquía y de su inveterada incapacidad para encontrar soluciones hacederas –fundadas en la autodeterminación— para la libre vertebración democrática de los pueblos de España. Lidiar con cualquiera de estos perentorios asuntos precisa de iniciativa vigorosa y apremiante; no digamos enfrentarse a todos ellos de consuno. Ínsito, en cambio, en la naturaleza del gobierno Rajoy parece estar el más inane de los inmovilismos. Tal vez el ejemplo más fatal de esa pasividad haya sido su total despreocupación respecto del proceso de normalización social y política en curso en el País Vasco, y a tal punto, que comienza a peligrar el proceso unilateral de pacificación. Se busca, ni que decir tiene, compensar esa parálisis política práctica con verborrea atrabiliaria y guerras culturales al estilo zapateril: como si lo único que le quedara al gobierno Rajoy fuera atizar el fuego de la polarización ideológica de sus votantes más extremistas. No otro es el triste y evidente papel de la contrarreforma de la Ley del Aborto impulsada por el ministro de justicia Gallardón.

El año que tenemos por delante, hasta las elecciones europeas, será decisivo. En el terreno social, la "evaluación" y ampliación de la reforma laboral, así como el nuevo retraso en la edad de jubilación, obligarán, quieras que no, a CC OO y UGT a convocar una nueva huelga general. Por lo que se refiere a la crisis financiera de las autonomías, que en buena medida es la del "estado del medioestar" español, la tensión de la negociación en torno al traslado asimétrico a las autonomías del nuevo margen de déficit (del 0,7% al 1,2%) concedido al Reino de España por la UE no solo creará graves tensiones entre las comunidades gobernadas por el PP, sino que obligará al gobierno PSOE-IU andaluz a una mayor y más pugnaz confrontación, y muy probablemente terminará bloqueando el juego de alianzas asimétricas de supervivencia ensayado por la Generalitat de Mas con ERC y PSC, obligando a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En lo atinente a la cúspide institucional coronada, la probable condena de Urdangarín y su socio, tras la imputación de la Infanta Cristina, hará inevitable la abdicación del monarca, las bases legales de la cual ya se negocian más o menos discretamente entre los dos principales partidos dinásticos. Las elecciones europeas, proporcionales en una sola circunscripción, supondrán un durísimo voto de castigo tanto para el PP como para el PSOE, lo que verosímilmente contribuirá a acelerar la crisis de la Segunda Restauración.

En este escenario de crisis cada vez más evidente de todo el régimen político monárquico de 1978, la estrategia sindical de CCOO y UGT –resumida en sus manifiestos para el 1 de Mayo— pasa esencialmente por la defensa de un programa mínimo que amplíe el margen concedido por la UE, para dar cabida a la fórmula de un Pacto por el Empleo y relanzar la negociación de los convenios colectivos, muchos de los cuales caducan el próximo mes de junio. Al propio tiempo, se insiste en la necesidad de mantener el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas de la Cumbre Social, verosímilmente para cargarse de razones de cara a una huelga general que prevén tan inevitable como crecientemente difíciles las condiciones sociales en que habrá de realizarse (con una población trabajadora desmoralizada por una desocupación sostenida sin ejemplo histórico y con unas organizaciones sindicales mayoritarias que no logran romper el descrédito ante la opinión pública que recogen las encuestas). En este sentido, la mayoría sindical vasca y otros sindicatos han convocado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra una huelga general para el próximo 30 de mayo. Los sindicatos mayoritarios han dejado caer en el olvido, en el peor momento, lo que no hace tanto parecieron haber empezado a comprender, y es a saber: que sin una alternativa política realista y unitaria, que pasaría hoy mismo por una campaña de movilizaciones ciudadanas para forzar la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el ciclo de resistencia social choca con los límites objetivos de la deslegitimada mayoría absoluta del PP y del tenebroso callejón sin salida a que aboca la estólida estrategia de "unidad nacional" o mera alternancia bipartidista del PSOE de Rubalcaba.

La izquierda política federal, IU e ICV, y la izquierda soberanista (EH Bildu, Anova, CUP, así como sectores de ERC y Compromís) ha empezado a situarse en la perspectiva, más realista, de un incierto proceso destituyente de fin de régimen. Comprender eso es, al menos, el primer paso para plantearse una contraofensiva constituyente: sólo esa contraofensiva –o siendo realistas, el horizonte, la promesa, de ella— podría dar sentido, esperanza, unidad y vertebración política a la miríada de movilizaciones sociales (incluidas las sindicales) más o menos dispersas y más o menos espontáneas que van acumulándose de modo creciente, con radicalidad creciente, con rabia creciente y, ¡ay!, con desesperación creciente. Lejos del narcisismo onanista de las cabezas de ratón, lejos de las ilusas y fatigantes intrigas manipulatorias de la sectícula política de turno, esa perspectiva precisa de algo más que alentar la resistencia; necesita perentoriamente la articulación unitaria de un amplio bloque político, social e intelectual alternativo que, hoy por hoy –reconozcámoslo—, no termina de arrancar.   

Es iluso pensar que la distancia entre el timorato programa mínimo avanzado ahora por los sindicatos mayoritarios y la incipiente aspiración a un programa de tipo constituyente de las izquierdas alternativas y soberanistas es sólo ideológica, o sólo de comprensión política del momento. Esa distancia responde en buena parte también a las distintas condiciones objetivas en que desarrollan su actividad. Comprender eso tiene que ayudar a salir de la mera denuncia moral (o hipermoral) estéril, para comenzar a tender puentes a través de la movilización y de la coordinación unitaria territorial, que adopta ya diversas formas.

A medida que crezca la polarización social y política inducida por la crisis, se hará más evidente el dilema entre el proyecto de la pseudorreforma constitucional limitada que hoy propugnan el PSOE de Rubalcaba y sectores de la derecha --un proyecto incapaz de frenar el peligrosísimo proceso deconstituyente en curso--, y el de las fuerzas sociales y políticas que trabajan en una contraofensiva republicana constituyente. Sea ello como fuere, las posibilidades de esa pseudorreforma constitucional que fantasea con contener el descalabro de la Segunda Restauración dependen crucialmente de que los partidos dinásticos, señaladamente el PP y el PSOE, sigan teniendo la mayoría institucional de 2/3 necesaria. Es lo más probable que su legitimidad entre en proceso de erosión irreversible con las elecciones europeas de 2014 y las municipales y autonómicas posteriores. Lo que a estas alturas cotiza como seguro es que las elecciones generales de 2015 pondrán fin a la mayoría política del régimen bipartidista. Para entonces, el paro puede rondar ya el 30%. Y no valdrán las medias tintas. 

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

¿Sirve de algo manifestarse?
Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada, 30 de septiembre 2012

El presidente de gobierno del reino de los súbditos borbónicos, Mariano Rajoy, antes ministro del Interior de Jose María Aznar, se despachó a gusto en Estados Unidos. En un acto de soberbia mandó el siguiente mensaje: agradecía a los millones de españoles, que no se manifiestan, ser leales a la marca España”, mostrando con su actitud el apoyo a los recortes. Semejante afirmación, digna de entrar en los anales de la manipulación, por no decir de la estupidez, no merece respuesta. Aunque, por su importancia, debe ser analizada. Igualmente el humorista político Gran Wyoming le contestó con el siguiente símil: “La visita del papa Benedicto XVI para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica contó con la presencia de un millón de personas provenientes de todo el mundo; 5 mil 999 millones se muestran contrarios y no asisten, quedándose en sus casas”.

El argumento maniqueo de Rajoy muestra la incomprensión de la convocatoria del 25-S, “toma el Congreso”. Tienen miedo a un desborde popular. En Portugal, una manifestación contra los recortes hizo retroceder al gobierno conservador, hasta ahora alumno aventajado de la troika. Las manifestaciones son la punta del iceberg. No son simplemente reivindicativas, expresan un estado de ánimo, una llamada de atención o un intento de hacer visible un problema. Las hay de derechas e izquierdas. Sólo que las derechas, guste o no, cuando convocan movilizan toda su gente, se deja la piel. Invierte en anuncios en televisión, radio, prensa escrita. En España son famosas las patrocinadas por la Iglesia católica y el Partido Popular en contra del aborto, la defensa de la familia tradicional, la educación privada y el terrorismo de ETA. Han llenado plazas y han sido cientos de miles sus participantes. Intentan tomar la calle y lo hacen. Pero tampoco, si hubiese sido un fracaso de asistencia sería un hecho relevante. Las manifestaciones no se miden por el número de asistentes, aunque tiene su importancia. Descalificar una asamblea, un plantón o una convocatoria por el escaso número de asistentes, es no comprender el significado de las convocatorias en tanto constituyen parte de la libertad de reunión y expresión de la ciudadanía. Señalar que los problemas no existen cuando la participación es minoritaria, es insultar la inteligencia. Son muchas las movilizaciones contra el rescate de los bancos, los desahucios, la corrupción política, la privatización de la salud, la educación o los recortes sociales que no han sido un éxito de convocatoria. ¿Y qué? 

En las actuales democracias representativas, hoy despolitizadas, conseguir que la gente salga a la calle y exprese su parecer, constituye un éxito. Son décadas de trabajo, empleadas por el neoliberalismo y sus instituciones para desarticular las redes sociales, los movimientos ciudadanos, los sindicatos de clase. Promueven la pasividad, la desmovilización, el conformismo social, el sálvese quien pueda y yo el primero. A pesar de ello, la gente sigue movilizándose. Los efectos sociales de la crisis ha despertado conciencias adormecidas. Ahora se vive un proceso inverso. El edificio neoliberal tiene grietas, no es granítico, sus fisuras minan sus estructuras. Hay que apuntalarlo. Una sociedad donde prima el egoísmo, la competitividad y la pérdida de centralidad de la política, cierra espacios de representación democrática, criminaliza las protestas y es su respuesta aumentar los niveles de represión y violencia.

La frase “toma el Congreso” simboliza el rechazo a la degradación política, la perdida de dignidad y ética de los partidos mayoritarios, en especial subraya la ilegitimidad del partido que gobierna. El Partido Popular incumple su programa, hace lo contrario y se ufana de ello. Necesita tapar las vergüenzas, haciendo de la protesta popular ciudadana un acto reprochable, concebido para desestabilizar, provocar desórdenes, promover desobediencia, destrozar el mobiliario urbano y generar caos, en definitiva alterar la paz social. Esta manera de concebir la libertad de reunión no es nueva, Rajoy la practicó en los ocho años de gobierno de Aznar. No le dolieron prendas, como ministro del Interior, criminalizó a los manifestantes e hizo oídos sordos a las denuncias de torturas o trato degradante de los detenidos. Protegió a los policías imputados, rechazó los cargos y se negó a instalar cámaras en los interrogatorios de comisarías, desafiando la normativa europea, bajo la excusa de falta de presupuesto y tecnología. Pero no fue el único, su homólogo socialista, Pérez Rubalcaba, fue reincidente. Por eso sintonizan en materia de seguridad interior, conocen las cloacas y respiran en ellas. Por suerte, los informes de la comisión contra la Tortura y la Asociación de Derechos Humanos han demostrado la veracidad de las acusaciones de los detenidos.

La acción policial del 25 de septiembre, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo, mostrando la brutal actuación de los antidisturbios, debe contextualizarse. Responde a una manera de presentar los hechos, criminalizar las protestas y proteger las fuerzas de seguridad del Estado. El concepto de enemigo interno se rescata. La policía tiene orden de proteger las instituciones patrias, el Parlamento en este caso, que será sitiado y tomado con el fin de provocar un golpe de Estado. El Partido Popular, sus dirigentes, ministros, diputados y senadores consideran a los convocantes provocadores profesionales de la subversión, golpistas en ciernes. Pueden secuestrar las instituciones democráticas, crear un clima de violencia, asaltar el Parlamento. ¡Vamos! Reditar en el siglo XXI, la toma del Palacio de Invierno. Así se desplazaron a mas de mil agentes antidisturbios y se infiltraron en la manifestación. Su estrategia respondía a la razón de Estado.

Las organizaciones y los convocantes se transformaron en el otro, el extranjero, el enemigo de la patria y la nación. Así, se puso en entredicho la protesta, a quienes la secundaban y los asistentes, además abrió la puerta a tipificar a los posibles detenidos como autores de atentar contra las instituciones del Estado. En comparecencia ante el Congreso, el director general de policía, Ignacio Cosido, tipificó de “muy graves los atentados” , y argumentó que los “detenidos cometieron delitos contra altos organismos de la nación”. La juez que instruye la causa, en el auto de procesamiento de los 35 detenidos, dice que hay elementos para suponer que se atentó contra las instituciones del Estado. Todo conduce a un mismo fin. Se trata de dar una lección a quienes protestan y convencerlos de lo estéril de manifestarse. Sobre todo si trae como consecuencia ser acusados de delitos contra la nación. Mejor quedarse en casa en silencio y protestando ante la televisión o jugando a la PlayStation. La idiotez política no tiene límite. La pena es que gobierna y además cree que todos son de su condición. Si no hay gente protestando, todos aceptan los recortes. Por eso es necesario perseverar y copar la calle, aunque sólo sea para dar testimonio del desacuerdo. No pueden gobernar impunemente. Ese es el valor de las manifestaciones.


España:  2º dia de protestas de la iniciativa Rodea el congreso   26 de septiembre 2012,La Haine 





00.40 Habría al menos 3 heridos y 3 detenidos, tras las cargas policiales para evacuar Neptuno, según 20minutos. Las carreras han llegado hasta Callao, la gente responde con piedras y botellas, hay contenedores tirados en las calles aledañas a Sol-Alcalá.

00.30 La policía ha agredido a un periodista de Diagonal abriendo la puerta del coche justo cuando pasaba, tirándole al suelo y rompiéndole la cámara. Ha habido disparos al aire de la policía con cartuchos. También resulto agredido un periodista de Russia Today.

00:00 Poco antes de las 00:00 la policía ha echado a la gente de Neptuno. Se han producido cargas en Paseo del Prado y en Cibeles. Al menos dos detenidos, uno en Neptuno y otro en Cibeles

23.50 Después de muchos minutos de tensión se han producido las primeras cargas policiales en el Paseo del Prado. Los represores han comenzado a perseguir a un grupo de manifestantes disparando pelotas de goma.

23:00 En la asamblea ser hizo también un llamamiento a apoyar a l@s detenid@s que van a declarar mañana en la Audiencia Nacional a las 9:00.

Se van retirando l@s manifestantes. Se hizo una pequeña asamblea para discutir si se volvía mañana, pero lo seguro es la concentración del sábado 29.

Actualización 22.00: La gente continúa sentada en calma, aunque empiezan a verse algunos claros en la concentración. Se grita "Se nota, se siente, secreta en al ambiente".

La policía vigila las vallas, pero en actitud mucho más tranquila que ayer. Sin embargo, una ambulancia del Samur acaba de llegar a la plaza con varios enfermeros.

Actualización 21.00: La marcha de CGT acaba de llegar a Neptuno. Los represores se ponen cascos y escudos.

A su llegada, los coordinadores de la CGT están leyendo un comunicado criticando la "represión policial" de ayer y las palabras de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que calificó de "espléndida" la acción de la Policía. Reclaman su dimisión mientras la gente grita "policía asesina", informa Público.

Hablan también contra "la dictadura de la deuda y las imposiciones de la troika". Además critican "las concertaciones de CCOO y UGT" y piden una huelga general: "La voluntad del pueblo está sobradamente demostrada en las calles".

Actualización 20.30: Los manifestantes gritan "Detenidos, libertad" y "No tenemos miedo". En total permanecen bajo custodia policial 35 personas. Esta mañana, la Policía afirmó que pondrá a disposición de la Audiencia Nacional a los arrestados, ya que les pretendía acusar de delitos contra las instituciones del Estado alegando que el objetivo de su acción era el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la Audiencia Nacional, sin embargo, explicaron a Público que hasta las 15.00 horas de este miércoles, el juez Central de Instrucción de guardia, Santiago Pedraz, no había tenido comunicación de la Policía sobre las detenciones y sobre su intención de llevar allí a los arrestados para que se les tomase declaración como imputados en los delitos citados, informa Andrés Muñiz.

Actualización 20.00: Miles de personas vuelven a estar concentradas en la plaza de Neptuno en el 2º día de protestas de la iniciativa rodea el congreso.

35 personas permanecen detenidas tras la jornada de ayer, los medios burgueses han informado que se les planea acusar de de "delitos contra la nación" con acusaciones que pueden llegar hasta los 5 años de prisión.

Hay mucha presencia de prensa internacional. Un cordón policial ha cortado la concentración en dos aunque de momento la situación esta tranquila.

En el Paseo del Prado, junto a la plaza, decenas de vehículos —incluso algunos autobuses— han quedado atrapados. La Policía ha optado por que cambiaran de sentido y, finalmente, se ha cortado el tráfico a la altura de Cibeles.

Sobre las 18.30 horas los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) han cortado los accesos a la carrera de San Jerónimo, en la que se ubica el Congreso, tanto en coche como a pie, y han vuelto a colocar el vallado de seguridad que se instaló ayer tanto en la esquina con la plaza de Neptuno como en el acceso por la calle Cedaceros.

En la zona hay un amplio despliegue policial, con una veintena de furgonas dentro del perímetro acotado y otros 15 más fuera.