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 Guatemala: Comunicado de la Marcha Indígena, campesina y Popular28 de diciembre 2012


 Informamos desde Nebaj, terminó la audiencia intermedia en el proceso 280-20112 contra el compañero preso político Felipe Gutiérrez Cifuentes. El juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Maria Nebaj ha desestimado los cargos de robo agrabado, homicidio en grado de tentativa y detenciones ilegales con los que el querellante adhesivo Finca San Francisco acusaba al compañero Felipe. 
El juez únicamente le imputa el delito menor de coacción y amenazas y la apertura de juicio por estos cargos será el proximo 11 de enero a las 11 de la mañana en el mismo Juzgado de Nebaj. Don Felipe fue capturado el pasado 9 de febrero de 2012 por su lucha en defensa del territorio en contra de los despojos del terrateniente Pedro Brol, su detención fue bajo falsas acusaciones con la clara intención de criminalizar y reprimir la organizacion comunitaria en Regadíos, Uspantán, comunidad en la que don Felipe es líder y alcalde indígena. 
El juez, actuando con imparcialidad, ha desestimado por evidente falta de pruebas los falsos delitos por los que don Felipe guarda prisión desde hace casi un año. Reconocemos el buen trabajo del equipo jurídico del Comité de Unidad Campesina-CUC que está llevando la defensa del compañero y que ha conseguido demostrar las falsedades de las acusaciones del querellante adhesivo. 
La justa lucha y la organización comunitaria campesina e indígena hoy ha logrado una victoria frente al poder económico y los terratenientes que siguen bloqueando el desarrollo del país y condenando a la miseria y el hambre al campesinado indígena y ladino. Don Felipe Gutiérrez Cifuentes, primer preso político del gobierno del Partido Patriota y líder campesino e indígena en defensa de la Madre Tierra y el territorio ha demostrado su inocencia y esperamos su pronta y justa libertad.

Guatemala: Pronunciamiento Marcha Indígena y Campesina



Guatemala: Comunicado Marcha Indígena, Campesina y Popular sobre Masacre de Totonicapan



Guatemala, 8 de octubre 2012

Las organizaciones de la Marcha Indígena, Campesina y Popular expresamos nuestra indignación y repudio a la masacre cometida, este 4 de octubre, por el ejército de Guatemala en la Cumbre de Alaska, al reprimir una manifestación convocada por las autoridades ancestrales indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán que protestaban por el alto precio de la energía eléctrica, contra la eliminación de la carrera del magisterio y las reformas constitucionales.

Rechazamos que se quiera ocultar lo que sucedió en la Cumbre de Alaska, manipulando la información, cambiando las versiones y nombrando los trágicos acontecimientos de diferente forma. Lo que sucedió fue una masacre realizada por el ejército; no puede ser calificada de otra forma.

Manifestamos nuestra solidaridad a las comunidades y familias que conforman los 48 Cantones y 5 Parcialidades de Chuimekena ante la agresión que fueron objeto por parte del gobierno militar de Pérez Molina y que, hasta ahora, tuvo como resultado el asesinato de 8 manifestantes y alrededor de 40 heridos de bala. Animamos a nuestros hermanos y hermanas a mantener el ánimo combativo, siguiendo el ejemplo de Atansio Tzul y Lucas Aguilar.

De nuevo, como lo hicimos durante la Marcha, exigimos a Pérez Molina la no intervención del ejército en donde hay conflictividad social; los hechos en la Cumbre de Alaska lamentablemente nos dan la razón: donde actúa el ejército hay saldo de heridos y muertos. Reafirmamos que el ejército no tiene nada que hacer en los lugares donde se realizan protestas sociales. Seguir utilizando al ejército lleva un mensaje claro: a la protesta social se le responderá con medidas militares que pueden llegar incluso a las masacres. Por eso es que rechazamos la presencia del ejército en San Juan Sacatepéquez, en Santa Cruz Barillas, en San Rafael las Flores, en las protestas de Totonicapán y, como sucedió hace más de un año, en el Valle del Polochic.

Denunciamos que en Guatemala hay un proceso de militarización que está recorriendo caminos similares a los que llevaron a una época de terror y violación continuada de los derechos humanos, a pesar de las declaraciones de los gobernantes y funcionarios públicos intentando negar esta realidad. Por eso, las reformas constitucionales buscan consagrar la participación de los militares en la represión de las protestas sociales. Las operaciones conjuntas entre el ejército y la policía hasta llegar a una preeminencia de Marcha Indígena, Campesina y Popular los militares que se intenta encubrir con medidas legales y formales; el despliegue de cuarteles y destacamentos militares en los lugares de conflictividad social; la presencia y patrullajes militares constantes para “acostumbrar” a la población a la presencia castrense; las acusaciones y persecuciones en contra de líderes sociales; la creación
 de un clima de rechazo a los defensores de los derechos humanos; el promover una mentalidad individualista y de rechazo a las manifestaciones, la defensa de los intereses empresariales por encima de la vida y la utilización de la represión ante la protesta social, so pretexto de “cumplir la ley” son rasgos que ya se dieron en el
pasado.

Llamamos a todas los pueblos, comunidades, organizaciones y personas a defender el ejercicio pleno de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de manifestación que no puede ser restringido, limitado o coartado; por lo tanto denunciamos y rechazamos las amenazas del ministro de gobernación que a su sabor y antojo pretende limitar el derecho a manifestación, diciendo cuánto tiempo y en qué lugares se puede manifestar. Cuando la policía o el ejército se hacen presente donde
se realiza una protesta social, con el pretexto de “guardar el orden público”, en realidad es porque están juzgando de antemano a quienes manifiestan y presuponen que será necesaria reprimirlos.

Denunciamos a los empresarios y sus distintas cámaras de ser los responsables ocultos detrás de los heridos y asesinatos de quienes han manifestado en diversas ocasiones. Para ellos lo que está por encima de todo, incluyendo por encima de la vida, es la defensa de sus negocios, muchos de ellos realizados corrompiendo, torciendo o pasando encima de las leyes. Son esos empresarios quienes utilizando a los medios de comunicación, presionando a funcionarios públicos y haciendo creer que la defensa de sus intereses es hacer prevalecer la ley, que se han opuesto siempre a la protesta y manifestación social y cuando personas y comunidades demandan sus derechos, consagrados en la Constitución y los tratados y convenios internacionales, para ellos esa ley no existe y acusan de querer polarizar cuando son ellos los que han pasado por encima de los derechos de la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas.

Los ministros de gobernación y de de la defensa, tal como lo establece el artículo 155 de la Constitución, tienen responsabilidad compartida por los asesinados y heridos en la Cumbre de Alaska, por lo tanto exigimos su renuncia o destitución inmediata y la deducción de las responsabilidades respectivas, así como el resto de funcionarios en la línea de mando. En cualquier país del mundo, con hechos de la magnitud de lo sucedido el jueves 4 de octubre, los responsables ministeriales son destituidos o renuncian. Demandamos del Procurador de los Derechos Humanos que cumpla su papel como defensor de los derechos de los más vulnerables, que no avale las
versiones gubernamentales y no justifique la represión en contra de las y los manifestantes.

Además de la realización de una investigación pronta e imparcial, exigimos del gobierno de la república y demás funcionarios públicos, que se tomen las medidas necesarias para que NUNCA MÁS vuelvan a suceder hechos como los de la Masacre de la Cumbre de Alaska, entre ellas, el reconocimiento del papel de las autoridades comunitarias indígenas, la no presencia del ejército y policía en las manifestaciones pacíficas; que no se vulnere, restrinja, limite o coarte el derecho de manifestación; la
existencia de protocolos de actuación de cualquier funcionario público, cuyo objetivo sea garantizar el respeto a la vida, la integridad física y los derechos humanos de las y los guatemaltecos y sobre todo, que se atiendan las causas que generan conflictividad social.

Ante las graves y continuadas violaciones a los derechos humanos en nuestro país y la falta de respuesta efectiva de los gobiernos a las recomendaciones de comisiones y relatores, solicitamos a la comunidad internacional y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que se mantenga la observación de la situación de los derechos humanos y el nombramiento de un relator especial para Guatemala. Marcha Indígena, Campesina y Popular

Guatemala, 5 de octubre de 2012.

POSICIONAMIENTO DE LA MARCHA INDIGENA CAMPESINA Y POPULAR


POSICIONAMIENTO DE LA MARCHA INDIGENA CAMPESINA Y POPULAR

FRENTE A LAS PROPUESTAS DE REFORMA A

 LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA.


En Guatemala los grupos de poder, a través del gobierno actual, pretenden modificar la Constitución Política de la República para favorecer sus intereses y consolidar su poder. No existe otra lectura posible. Seis meses han sido suficientes para comprobar que este gobierno está al servicio de los sectores con poder, y en contra de los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos. Este gobierno pro militar y servil a la oligarquía conservadora y emergente, carece de legitimidad para emprender un proceso de reformulación de la norma fundamental en la que se sustenta este Estado.

Reformar la constitución requiere de un gran acuerdo que establezca los mecanismos para que la voz de todo el pueblo  sea escuchada. También requiere de gobernantes que tengan la legitimidad y visión de ser incluyentes. El gobierno del general Otto Pérez ha demostrado ser solo un operador político del poder económico, que nos presenta una propuesta de reformas a la constitución parcializada y emanada desde la “soberbia del poder”.

Su principal argumento es que “el Estado no es viable en la condición actual”. No es viable ¿para quién? ¿Para el modelo neoliberal? ¿Para el capital nacional y transnacional? ¿Para el proyecto oligárquico militar? ¿Para asegurar el espolio en la franja transversal del norte y así concretizar los planes militares de los 70s? ¿Para que el poder económico se asegure el control de las instituciones de justicia?

No vemos en su propuesta  el sentir de las y los guatemaltecos, principalmente de los  pueblos indígenas y de campesinos y sectores populares, que nos hemos expresado a través de las 63 consultas comunitarias, expresando un NO rotundo a los megaproyectos en nuestros territorios; así mismo de los miles de indígenas, campesinas y campesinos que marchamos durante 9 días y dos cientos catorce   kilómetros para presentar nuestras demandas, las que fueron desoídas en su mayoría por el Presidente y los otros poderes del Estado; a los que nos ha dado la espalda cuando le hemos pedido que pare el proceso de militarización del país.  Este gobierno no ha demostrado voluntad para dar solución a demandas sociales que no requieren de grandes acuerdos políticos.  Por tanto, no somos ingenuos para creer que emprende esta desgastante lucha política para reformar la constitución en búsqueda del bienestar de las grandes mayorías.

Referente a la propuesta, llama la atención el grupo de los siete que está detrás de su configuración.  Personajes oscuros, vinculados la mayoría al aparato militar, juristas dedicados a la defensa de la oligarquía, ex funcionarios de gobiernos nefastos. Todos ellos han elaborado una propuesta técnicamente pobre, una autentica güisachada.  Una propuesta de reformas jurídicas debe llevar necesariamente un sustento social solido, una exposición de motivos, una justificación.  Lo contrario es una imposición y una demostración de la soberbia que da el poder.   En ellas deberían de reflejarse modificaciones que impacten en cambios estructurales de la realidad socioeconómica, particularmente las comunidades indígenas y campesinos.

POSICIONAMIENTO:

Somos consientes que la Constitución Política en nada se armoniza con la realidad social de Guatemala,  que este  Estado debe de ser refundado, no parchado y sin tocar temas estructurales como lo socioeconómico y político.

También somos consientes de lo peligroso de una reforma constitucional bajo la dirección de un gobierno con filosofía y adoctrinamiento militar, que ha demostrado signos alarmantes de que sus métodos para resolver diferencias no han variado,  y que ha iniciado un proceso de militarización de los territorios para acallar el sentir popular y proteger intereses oligárquicos y transnacionales. 

Reafirmamos que una reforma constitucional requiere de un pacto social, de dialogo y de tolerancia.  Sin embargo,  este gobierno  ha demostrado que carece de liderazgo, tolerancia y visión política para tal tarea.

Denunciamos y rechazamos  las políticas y mecanismos pro neoliberales del gobierno actual para la viabilidad y consolidación de un Estado al servicio de la oligarquía nacional y corporaciones multinacionales.

Denunciamos que la oposición inicial de la oligarquía,  se da por la pugna  con un sector económico emergente y con el proyecto político militar;  se  corresponde a una estrategia para obtener mayor beneficio de las reformas planteadas.

Manifestamos que las reformas no son más que arbitrariedades emanadas de un grupo al servicio de intereses económicos y oscuros; carentes de un respaldo social sólido.

Finalmente nos declaramos vigilantes  por el respeto y el derecho de nuestros pueblos,  analizaremos  y denunciaremos cada una de las estrategias, concesiones y maniobras que realice este gobierno para viabilizar un proyecto político que va en contra de los intereses de la mayoría de guatemaltecos y en retroceso de la construcción de la democracia en el país.


La Asamblea de la Marcha Indígena Campesina y Popular

Organizaciones que forman parte de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej: Comité de Unidad Campesina CUC, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, CALDH, Asociación Maya Ukux B’e, Coordinadora Juvenil de Comalapa, Movimiento de Jóvenes Mayas Mojomayas, ASECSA, Asociación CEIBA. Las organizaciones y comunidades: Consejo de Pueblos Tezulutlán CPT  “Manuel Tot”, Doce Comunidades Maya Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, Comité de Santiago Sacatepéquez, Asociación de Desarrollo Integral de la Gomera Escuintla ADIGE, Coordinadora de las Comunidades de la Sierra de las Minas de Panzos A.V., Fundación Guillermo Toriello FGT, Plataforma Agraria, Comunidades Indígenas de Santa María Xalapán, Asociación Nueva Esperanza, Alianza Política Sector de Mujeres, Frente Popular,  SITRACAPGUA, CONGECOOP, COPISCO, Movimiento estudiantil universitario de historia, Estudiantes por la Autonomía EPA, Asociación de Estudiantes de Derecho AED, Asociación de Estudiantes de Ingeniería AEI, Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas AECE, Caja Lúdica, CIIDH, SITRASEPAZ, AMARC, Alianza de Mujeres Rurales, CONAVIGUA, CPR Primavera del Ixcán, PRODESSA, Parlamento Xinca, CODIDENA PAPXIGUA, UNSITRAGUA, Bloque Anti Imperialista, HIJOS, Voces de Mujeres, Comité Campesino del Altiplano CCDA, CODEMAV, Comunidad los Regadillos Uspantán Quiché, DEMACH, Coordinadora Campesina Chortí Nuevo Día, UNAMG, Frente Norte del Área Metropolitana FRENAM: comunidades de San José Del Golfo, comunidades de San Pedro Ayampuc.  Asamblea de Comunidades con Deuda Agraria, Coordinadora Campesina de Santa Rosa, Comunidades de Población Desarraigada del Petén, Comunidades del Valle del Polochic A.V., Comunidades de la Sierra de Chinajá A.V.




Iximulew, Julajuj B’atz’. 

Guatemala, 25 de Julio 2012.