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Guatemala: Pronunciamiento de la Coordinación y Convergencia Maya Waqijb Kej y la Asociación de Abogados Mayas

EL GENOCIDIO Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE UN PUEBLO, NO SE BORRA NI SE OLVIDA

En Guatemala ¡SI HUBO GENOCIDIO!

El punto resolutivo de los diputados del Congreso de la república de Guatemala, es una clara Intromisión en facultades que no les corresponde, y el haber declarado QUE NO HUBO GENOCIDIO EN GUATEMALA, se configura en la comisión del delito de usurpación de atribuciones, ya que esta facultad de decir que hubo genocidio solo les compete a los jueces.
Aunque el artículo 107 del Decreto Número 63-94 Ley Orgánica del Congreso de la República, describe que los puntos resolutivos tienen la naturaleza de contener recomendaciones u otras declaraciones, estas no debe entrometerse en otro organismo o poder del Estado, en este caso al organismo judicial.
El proceso legal contra el General y Ex Dictador José Efraín Ríos Montt, por los delitos de GENOCIDIO aún no ha concluido en su totalidad, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso que condeno de GENOCIDA; Al emitir una declaración previa, de parte del Congreso de la Republica, refleja que no existe la separación de poderes del Estado de Guatemala en una supuesto estado de derecho, democrático y republicano.
Esta resolución del Congreso de la Republica, únicamente profundizan la impunidad que históricamente ha imperado en el Estado guatemalteco, cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico registró más de 200,000 muertes y 669 masacres calificadas como políticas de tierra arrasada, de los cuales el noventa y cuatro por ciento fueron cometidas por el Estado particularmente durante el gobierno de facto del General Ríos Montt, aunado con las pruebas rendidas por el Ministerio Publico en el debate oral y público contra el hoy sentenciado General Ríos Montt, demostrando al tribunal con pruebas contundentes que hubo intención de aniquilar a comunidades mayas, es suficiente para dictar la sentencia sobre GENOCIDIO.
No es de extrañar que los ponentes de la moción fueron los diputados del Partido Republicano Institucional-PRI- que no es más que la conversión del Frente Republicano Guatemalteco –FRG-como partido político otrora del General Ríos Montt, donde el diputado ponente Luís Fernando Pérez perteneció; sumándose a ello el actual Presidente del Congreso de la República el señor Arístides Crespo diputado por Escuintla, quien militó por un largo período en la Política con el Ex dictador Efraín Ríos Montt y ahora aprovecha su posición de Presidente del Congreso para profundizar la impunidad, y los 87 diputados que votaron a favor del punto resolutivo.
Por tanto:
  1. Los Pueblos Indígenas tenemos el derecho a la justicia y la verdad histórica de nuestros pueblos, por lo que seguiremos manifestando que ¡¡SÍ, SÍ HUBO GENOCIDIO!! para que las futuras generaciones no olviden la historia de sus pueblos.
  2. Rechazamos rotundamente este punto resolutivo que emitió el Congreso de la República, porque atenta contra la dignidad de las víctimas del conflicto armado y la memoria histórica de las futuras generaciones, así mismo atenta contra la independencia de poderes fortaleciendo la impunidad.
  3. Reafirmamos que como pueblos indígenas seguiremos defendiendo nuestros derechos y el derecho a nuestro territorio, porque las razones de la opresión constante de parte del Estado de Guatemala, el ejército y las empresas, es el no permitirnos buscar nuestro propio desarrollo, y oponernos al modelo de desarrollo capitalista que ellos impulsan; Por eso la historia a registrado los constantes intentos del aniquilamiento de nuestros pueblos.
Por la plurinacionalidad de Guatemala, los pueblos indígenas en la lucha siempre.
COORDINACIÓN Y CONVERGENCIA NACIONAL MAYA WAQIB´ KEJ
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y NOTARIOS MAYAS DE GUATEMALA – NIM AJPU 

Guatemala: Pronunciamiento del Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DEL PUEBLO MAYA KAQCHIKEL, ANTE LA MANIPULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DESARROLLO DE CHIMALTENANGO.

 El Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel, consciente de que dentro de la estructura del Estado y todos los gobiernos de turno, principalmente el actual, que se caracteriza por ser de corte militar, neoliberal y represor, donde la participación del Pueblo Maya, Garífuna y Xinka ha sido malintencionada y utilizada como simple imagen y folklor, y el liderazgo es cooptado y alineado a los intereses del Gobierno de turno. 

 Ante el acercamiento de los representante indígenas del CODEDE en el Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel para socializar su preocupación y situación de abandono por las organizaciones que respaldaron su “elección” hace dos años y de exclusión y marginación en la toma de decisiones en el Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental, manifestamos nuestra inconformidad y preocupación porque se repita la misma situación.

 Señalamos como una flagrante violación a los derechos del Pueblo Maya Kaqchikel por parte del Ministerio de Cultura y Deportes al forzar de forma unilateral la realización de esta Asamblea, ya que estaba prevista para el mes de abril según los representantes actuales ante el CODEDE, por lo que el Consejo de Pueblo Maya Kaqchikel discutiría este sábado 22 de marzo su posición política frente la elección de representante titular y suplente en el CODEDE. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y los operadores del partido oficial forzaron la elección para el mismo 22 de marzo sin respetar los acuerdos anteriores y sobre todo violando los preceptos de la misma ley en sus artículos 1, 2, 3 y 9 del decreto 11-2002; en el artículo 10 de su respectivo reglamento y de los principios, normas y procedimientos propios del Pueblo Maya Kaqchikel.

 Además queremos dejar en claro que para el Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel el Sistema de Consejos de Desarrollo sigue siendo un ente excluyente y paternalista, porque permite únicamente a un solo representante a nivel departamental y que ha sido tutelado por un Ministerio del Estado que sigue las líneas del partido oficial y que buscan irrespetar y manipular los derechos colectivos de los pueblos Mayas, Garìfunas y Xinkas.

 POR TANTO:

 Rechazamos categóricamente la actitud de división que genera el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes en el seno del Pueblo Maya Kaqchikel al convocar a esta “Asamblea” en el departamento de Chimaltenango. 

 Dejamos en claro que como Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel no formamos parte ni avalamos la “elección” de los representantes 2014-2016 en el Consejo Departamental de Desarrollo.

 Hacemos el llamado al Pueblo Maya Kaqchikel a pronunciarse ante los abusos y a profundizar su articulación interna para hacer valer los derechos colectivos que es la base de nuestra cosmovisión y de nuestra existencia como Pueblo, así mismo a posicionar y exigir el respeto al ejercicio del derecho de libre determinación, respaldado por el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. 

 Hacemos el llamado a los otros departamentos del territorio maya Kaqchikel a estar alertas y vigilantes ante acciones y organización de asambleas malintencionadas y manipuladas por interés personales, grupales y partidarias.

 La “elección” de los representantes de los Pueblos Mayas, Garífuna y Xinka en el Sistema de Consejos de Desarrollo no sustituye la obligación Constitucional del Estado de consultar a los Pueblos, previo a la implementación de medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectar los derechos colectivos.

 ¡Por el respeto a la vida, la dignidad y la libre determinación de los Pueblos!

 CONSEJO DEL PUEBLO MAYA KAQCHIKEL

 13 B’ak’tun, 0 K’atun, 1 Tun, 4 Winäq, 16 Q’ij, 5 Ajmaq, 12 Kumk’u, Chi B’oko’.
 Chimaltenango, 22 de marzo, de 2014.

Guatemala. Comunicado del Consejo de los Pueblos de Occidente

ANTE LA PERMANENTE VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS COMO PUEBLOS INDIGENAS DE PARTE DEL ESTADO GUATEMALTECO, Y DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DE CAPITAL TRANSNACIONAL.


NOSOTROS: EL CONSEJO MAYA MAM DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO, A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:

HACEMOS SABER:

1. Nuestra profunda solidaridad con los hermanos y hermanas del pueblo Maya Sipakapense en el departamento de San Marcos por la problemática ocasionada por el mismo Estado de Guatemala al autorizar de forma racista la licencia de minería de metales “Los Chocoyos” en aquel territorio indígena sin respetar la Consulta Comunitaria realizada por el pueblo Sipakapense en el año 2005, violando incluso el Título de Propiedad Colectiva registrado a nombre de este pueblo indígena bajo el número 30,054, folio 58, del libro 176 del departamento de San Marcos.

2. La autorización de licencias de minería de metales en territorio indígena no es más que la intención histórica de grupos de poder económico y de las transnacionales de querer invadir y explotar los bienes naturales, violando indiscriminadamente nuestros derechos fundamentales como comunidades indígenas.

3. Manifestamos nuestro rechazo a la actitud del Gobierno en querer entablar un dialogo fraccionado de manera particular con los municipios que tienen problemas mineros e hidroeléctricos, más bien nuestra propuesta y postura es que toda esta conflictividad social emanada del irrespeto a nuestros derechos fundamentales debe ser abordada de manera conjunta con todos los pueblos indígenas que cohabitamos en esta región, y no de forma municipal como hasta ahora se está pretendiendo desarrollar por la institucionalidad del Estado.

Por lo antes mencionado a Estado Guatemalteco, EXIGIMOS:

1. Al Gobierno de Guatemala cancelar la licencias “Los Chocoyos” ubicada en territorio indígena del pueblo Sipakapense, y en consecuencia expulsar la maquinaria que hasta la fecha opera en este territorio, en virtud de ser la causante de la conflictividad social, y ser violatoria de propiedad colectiva de pueblo indígena.

2. Al gobierno de Guatemala; al Ministerio de Energía y Minas; a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPDREDEH-; a La Procuraduría de Derechos Humanos; VELAR OBJETIVAMENTE por el estricto respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas contemplados en la legislación interna y en los convenios internacionales.

En territorio del Pueblo Maya Mam del departamento de San Marcos, 11 de diciembre de 2013.

NUESTRAS ACCIONES PARA DEFENDER LA VIDA, NO CESARÁN…
CONSEJO MAYA MAM DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO

México: Reforma energética y derechos de los indígenas


Francisco López Bárcenas
La Jornada, 24 Octubre 2013

Aunque no se les nombra, las iniciativas de reforma constitucional en materia de extracción del petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República y diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de las reacciones que pueden generar entre los afectados si se concretan tal como han sido propuestas. Como sucedió en la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, ahora también se les ignora, tal vez pensando que nada tienen que decir sobre una medida de vital importancia para el futuro del país y los mexicanos, entre quienes se cuentan los pueblos indígenas. Pero sí tienen que decir y mucho, en primer lugar porque el petróleo es propiedad de todos los mexicanos y la generación de energía eléctrica es responsabilidad Estado; en segundo, porque tienen reconocidos derechos específicos que el Estado está obligado a respetar.

Un primer derecho que ni el Presidente ni los partidos han respetado al presentar dichas iniciativas es el derecho de los pueblos a seguir existiendo como tales y a diseñar su futuro. Se dirá que no afectan este derecho, pero no es así, pues al menos en los casos donde el petróleo que se vaya a extraer o donde se pretenda generar electricidad se ubiquen en territorios indígenas, seguramente afectaran el ambiente, como ya sucede en los casos donde Pemex realiza alguna actividad, lo mismo que los generadores de energía eólica, que han provocado enfermedades, impiden a los habitantes cultivar la tierra para obtener sus alimentos, contaminan el agua que consumen ellos y sus animales, así como sus cultivos, además de que destruyen sus lugares sagrados; la jurisprudencia internacional considera que atentan contra la existencia de los pueblos indígenas.

Para evitar este tipo de problemas, el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT impone a los estados la obligación de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos nativos reviste su relación con las tierras o territorios, que ocupan o utilizan de alguna manera, particularmente los aspectos colectivos de esa relación. La misma disposición determina que el uso del término ‘tierras’ incluye el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Parece que ni el gobierno federal ni los partidos tienen interés alguno en respetar esta disposición, pues nada de eso se dice en sus iniciativas.

Tampoco se puede ignorar que el artículo 2° de la Constitución expresa que los comunidades indígenas tienen derecho a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Hasta ahora ese derecho no ha operado, porque tanto la extracción de petróleo como la generación de energía eléctrica son consideradas áreas estratégicas, pero como las iniciativas de reforma presentadas por el Presidente y el Partido Acción Nacional proponen que dejen de serlo, los pueblos tendrán derecho al acceso preferente al petróleo y la generación de energía eléctrica y, por tanto, las iniciativas deberían expresar la manera en que podrían hacerlo.

Sólo que las comunidades renunciaran a su derecho, el gobierno podría otorgar concesiones o permisos a cualquier particular, pero antes tendría que consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular por medio de sus instituciones representativas. Según dispone el mismo Convenio 169, las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Esa es la norma general, pero existe otra particular, la cual expresa que cuando los recursos pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si esos intereses serían perjudicados y en qué medida, y las prevenciones para evitarlo o reparar los daños.

Como puede verse, en la reforma energética los pueblos indígenas tienen más que decir de lo que se cree, porque en el fondo se pretende seguir despojándolos, lo mismo que al país, como actualmente sucede con sus territorios y algunos recursos naturales: la tierra, el agua, las minas, los bosques vía explotación y servicios ambientales, entre otros proyectos. Por eso es importante que se manifiesten y exijan se les consulte antes de discutir y aprobar o desechar las propuestas de reforma energética. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a la hora de tomar sus decisiones, pues si no lo hacen podrían generar más problemas de los que, por razones similares, ya se viven actualmente entre el Estado y los pueblos indígenas.

Colombia:Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-EPAutor:  Autoridades indígenas de Colombia - ONIC - CRIC - ACIN
Corinto, Resguardo López Adentro, mayo 16 de 2013

  
 Señor:
TIMO LEÓN JIMÉNEZ
 Comandante
 FARC
  
 Reciba un saludo, desde nuestra resistencia a la guerra y al capital.
  
 Hemos leído su carta del 13 de mayo de 2013, donde usted cortésmente acepta que dialoguemos para superar el conflicto que tenemos las comunidades indígenas del Cauca por la presencia de las FARC en nuestro territorio. También hemos leído la carta del 12 de mayo de 2013, donde el Bloque Occidental de su organización nos acusa una vez más --creemos que es la vez número 90-- de ser una avanzada contrainsurgente, acusa a nuestro mayor Alcibiades Escué de ser reclutador de informantes y acusa a nuestro vocero Feliciano Valencia de ser un amigo mimado de la Tercera División del Ejército.
  
 Preferimos contestar la carta suya, que propone conversar, porque la otra nos anuncia –ahora sí con toda la claridad-- que somos objetivo militar de esos frentes de las FARC. Eso ya lo sabíamos, pero ahora con esa declaración oficial de las FARC ya nos ahorran la tarea de hacer las investigaciones sobre los responsables cuando aparezca el próximo muerto, que seguro llegará; al fin y al cabo no hemos visto que el Secretariado le dé la orden imperativa a sus frentes de que paren la matanza de indios nasa y de otros pueblos hermanos.
  
 Pero preferimos dialogar. Siempre preferimos dialogar. Eso sí, no renunciamos a ejercer nuestra autonomía como pueblos, nuestro gobierno y nuestra justicia propios. Estamos tan dispuestos a dialogar, que a veces algunos interlocutores creen que somos apendejados y que pueden pasar por encima de nosotros. Es una herencia colonial que tiene mucha gente wakasx (no indígena): creer que como reclamamos con el pensamiento de nuestra comunidad, apenas con nuestros bastones de autoridad, con voz bajita y de buen modo es que les tenemos miedo y que nos vamos a dejar oprimir o utilizar por el resto del siglo y el siglo que sigue.
  
 Estamos de acuerdo que muchos temas no deben ser tratados con escándalos de la prensa, que siempre los aprovecha para el lado de los más culpables. Pero teniendo en cuenta que no hemos podido hablar directamente con usted, y que lo más posible es que no podamos, o que nos manden a hablar con los comandantes más agresivos para que luego no cambie nada, queremos por esta vía decirle algunas cosas que vemos importantes, y que le van a aclarar algunos puntos que es evidente que no conoce bien.
  
 Ya lo hemos dicho varias veces: entre enero de 2002 y abril de este año, contados uno por uno, registrado nombre por nombre, solo en el norte del Cauca y Caldono hemos tenido 70 comuneros y comuneras asesinados, muchos de ellos autoridades espirituales, líderes políticos y kiwe thegza (guardias del territorio); otros han muerto por las minas antipersona, la mayoría niños y niñas. De todos esos asesinatos, la tercera parte han sido causados por combatientes o milicianos de las FARC o por minas dejadas por ustedes, otra tercera parte por el ejército y los paramilitares, y el resto no hemos podido establecer el responsable. No contamos amenazas ni señalamientos, porque el larguero no terminaría en esta carta. En una carta anterior ya le habíamos planteado el caso de Gargantillas, donde unos niños fueron bombardeados luego que el jefe de las milicias de las FARC se entregara y le informara al Ejército el sitio del campamento. Díganos, comandante Timoleón: ¿en una población tan reducida como la nuestra, no se trata de un caso de muertes sistemáticas? ¿No es eso lo que llaman un crimen de lesa humanidad?
  
 Usted podría preguntar que cómo sabemos que han sido las FARC; pues porque vivimos ahí, porque las comunidades estamos en permanente cuidado y vemos lo que pasa, porque nuestro sistema de justicia está trabajando según nuestra costumbre, y sobre todo porque en voz baja sus propios militantes reconocen los crímenes y algunos hasta sacan pecho con el propósito de asustarnos. También usted podría responder que sí, que sí ha habido casos, pero que se trata de guayabas dañadas o de casos aislados. ¿20 casos aislados en un solo año y medio? Eso es lo que dice el Procurador y el ministro de Defensa de los criminales “falsos positivos”, y nadie les cree. Díganos, comandante Timoleón: ¿Hay una palabra, distinta a exterminio, que podamos usar para llamar a esta muerte continua de indígenas cuyo delito es que queremos mandarnos y vivir a nuestro modo y según nuestras costumbres? Si usted la conoce, la cambiamos. Usted dice que no hay orden de exterminio, pero no nos dice si le ha informado a su tropa que está prohibido matar indios desarmados; ojalá algún día lo hiciera.
  
 Como usted puede ver, para decidir aplicar justicia a los responsables de la muerte de nuestro mayor Benancio no necesitamos que unos azuzadores nos dijeran por dónde agarrar. Ya que nos dice que quiere dialogar, le recordamos un pedazo de la historia para que entienda de dónde es que sale esa decisión: En la Resolución de Jambaló en 2000 nosotros tomamos la decisión de excluir de la comunidad a las personas que se sumaran a cualquier actor armado (ustedes o el ejército y sus paramilitares), de modo que se quedaban sin derechos políticos y pasaban a ser juzgados por su organización política o por sus enemigos cuando fueran cogidos; pero también dijimos que si las comunidades eran agredidas íbamos a mantener nuestro derecho de aplicar la jurisdicción, y más si se trataba de milicianos nasa, que quieren vivir en la comunidad escudándose en la gente pero no quieren cumplir nuestras leyes, y que para nuestro profundo dolor actúan más contra nuestra organización y su propio pueblo que contra el poder oficial y sus ejércitos público y privado.
  
 La decisión de aplicar justicia con los guerrilleros la retomamos en julio de 2011, cuando ustedes hicieron estallar una chiva-bomba en Toribío el día de mercado, matando dos civiles, hiriendo a 134 personas y causando daño a 651 casas (mejor dicho, casi todas las que hay en ese pueblo); en esa ocasión dijimos que empezábamos un proceso de desmilitarización y que íbamos a fortalecer el control territorial. Ni el ejército ni la gente de ustedes pensó que hablábamos en serio, de pronto porque hablamos bajito o porque meterse a enfrentar gente armada a punta de bastones simbólicos a veces les parece muy folclórico; se les olvidó que un pueblo unido jamás será vencido y que la multitud organizada es más poderosa que cualquier ejército, y hasta quita el miedo. ¿Se acuerda del sargento que lloró en el cerro El Berlín? ¿El que lloró porque no le tuvimos miedo? Pues ese tampoco creyó que estábamos hablando en serio.
  
 Y en lugar de entender esta decisión autónoma, lo que hizo el Bloque de Occidente fue sacar un mensaje donde decía que la decisión de desmilitarizar era un favor que le hacíamos al ejército y que alguien estaba detrás de nosotros. Es que siempre el prejuicio racista impide analizar la situación concreta. Aún así, le mandamos a usted una carta donde explicábamos toda nuestra posición frente a la guerra y sobre la necesidad de la paz, donde celebrábamos que ustedes hablaran de diálogo, y donde reconocíamos que la decisión de no hacer más retenciones económicas era un gesto de paz que obligaba al gobierno a responder. ¿Alguien estaba entonces detrás de nosotros? En esa ocasión dijimos que algún sector había con ganas de provocar una masacre de la guerrilla contra los indios del Cauca, le informamos que luego de hacer un análisis muy serio no había entre nuestro liderazgo ningún provocador y le dijimos que hiciera esa revisada entre los suyos. Nunca respondieron. No sabemos si hicieron el análisis. Creemos que no.
  
 No hay ningún miembro de nuestra organización que haya entregado información a la fuerza pública del Estado. Esa es una posición de principios: no darle ventaja a ninguno de los actores armados, no involucrarse con ellos. En cambio durante todos estos meses, lo que hemos visto es un montón de guerrilleros que desertan y se voltean para el lado del ejército oficial. La misma gente que nosotros hemos dicho que son personas descompuestas y desarmonizadas; los que se van para la guerrilla o para el ejército porque quieren sacarle el cuerpo a las decisiones de sus autoridades y organizaciones, y que ustedes recogen como si fuera una victoria sobre nosotros. Los informantes están entre sus filas, comandante Timoleón; los que dirigen los frentes de estas zonas saben que esas personas son los que luego le informan al ejército. Pero prefieren echarnos la culpa a nosotros para no asumir la responsabilidad de una estrategia de reclutamiento equivocada, de muchachos sin formación política, recogiendo gente que puede que sirva para la guerra pero que definitivamente no sirve para la revolución. Es lógico que esa gente se les tuerza, comandante.
  
A usted le dijeron que sus fuerzas habían matado a Benancio por colaborar con la fuerza aérea y el ejército (los indios de por acá hasta ahora nos enteramos que había fuerza aérea en Toribío); suponemos que también le contaron de las acusaciones a Alcibiades y Feliciano (¡pobre Feliciano, al que el gobierno y la derecha le llaman “Miliciano Valencia”). Mire usted la locura de la guerra: Esos dos compañeros y 150 más, incluido Benancio, tenemos abiertas investigaciones penales por supuesta colaboración con la guerrilla y más de uno tiene orden de captura.
  
 Usted reclama para los condenados por la muerte de Benancio Taquinás el debido proceso que no le permitieron al propio Benancio; porque juicio no hubo con Benancio, comandante. ¿No le parece una contradicción? ¿Los suyos se merecen el debido proceso y los nuestros se merecen 14 balazos? Esos acusados y condenados tienen garantías en nuestra justicia. Usted dice que ellos no fueron; nuestra investigación rigurosa dice otra cosa. Si ustedes nos envían las evidencias sobre otros responsables, la comunidad, que es el juez, no es ciega; al revés, si aparecen nuevas pruebas, la gente va a volver a analizar. Porque nuestra justicia busca es la armonía de la comunidad y con la Madre Tierra, no la venganza.
  
 Perdone lo largo de esta carta. Pero era necesario dejar varias cosas claras sobre nuestra posición política.
  
 Comandante Timoleón: Sentémonos a conversar directamente. De forma urgente. Pero nuestras comunidades quieren ver que el diálogo sí representa cambios; por eso nuestras condiciones: que nos dejen de matar, de señalar y de dividir. Específicamente, les proponemos que mientras hablamos, ustedes paren las acciones armadas que nos afectan; empecemos por lo siguiente antes de sentarnos:
  
1. El compromiso de ustedes de que la presencia guerrillera, y sobre todo cuando ataquen a las fuerzas del Estado, lo van a hacer sin afectar ni poner en riesgo la seguridad de la población civil.
  
2. El compromiso de respeto a las autoridades, los usos y costumbres ancestrales de las comunidades; en consecuencia el respeto al ejercicio de la justicia indígena y del control territorial.
  
3. El compromiso de ustedes de prohibir de forma absoluta y sin excepciones las amenazas, la ejecución, el fusilamiento o el ataque armado a autoridades, líderes o comuneros/as indígenas, sobre todo de las mujeres nasa; eso quiere decir que ningún combatiente o miliciano de las FARC podrá realizar actividades o acciones que puedan causarle la muerte o heridas a dichas personas, o para intimidarlos o amenazarlos, o realizar acciones de intimidación al conjunto de una comunidad, o actos y pronunciamientos que puedan interpretarse en ese sentido.
  
 Empecemos por esos compromisos. Y sentémonos a conversar el resto de puntos, que ustedes conocen, sobre el cumplimiento del DIH: minas, tatucos, reclutamiento. Y, claro, de la paz. Y de la necesidad de terminar esta guerra eterna. Y de los cambios que necesita este país: las reformas que nosotros hemos dicho por diferentes medios que requiere la adolorida tierra de Manuel Quintín. Sirva la ocasión para repetir lo que hemos dicho en varias partes estos días, a raíz de nuestra decisión de aplicar justicia: “no estamos condenando a la guerrilla como tal. Es decir, la guerrilla tendrá sus razones de existir, sus objetivos o planes. Tendrán razones para haber optado por una lucha armada. Nosotros en el Cauca tenemos nuestras razones para haber optado por una lucha pacífica. Por eso no estamos en contra de los diálogos. Al contrario, los felicitamos y saludamos. Porque creemos que ese es el camino. Lo que no podemos aceptar es que mientras se dialoga, se sigan cometiendo faltas gravísimas en nuestro territorio. Nosotros no estamos castigando el proceso de paz. Estamos castigando las faltas en nuestro territorio”.

 Le proponemos que el diálogo se haga con algunos facilitadores internacionales y unos garantes nacionales, para que la palabra de paz tenga testigos. La presencia de organizaciones populares de otros países sería muy importante para que ese diálogo avance.
  
 Esperamos su pronunciamiento sobre estos puntos elementales, y el consiguiente contacto que permita discutir a fondo los temas que nos interesan. Nos gustaría que la próxima vez que nos comuniquemos, sea para analizar los problemas estructurales del país, esos que deben empezar a resolverse para construir la paz.
  
 Señor comandante Timoleón:
  
CUENTE CON NOSOTROS PARA LA PAZ. NO NOS CUENTE PARA LA GUERRA.
  
ORGANIZACIÓN  NACIONAL INDÍGENA  DE COLOMBIA - ONIC
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE LA CAUCA - CRIC
CONSEJERÍA MAYOR DE LA CXHAB WALA KIWE
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN
   
PD. Cuando aprobábamos en Junta Directa de gobernadores esta carta, llegó el siguiente muerto: un menor de edad, a quien otros dos milicianos de las FARC también menores de edad le dispararon con una AK47. A usted no le gusta contar sus muertos. A nosotros tampoco. A nadie. ¡Y son tantos, comandante! Hay familias que ya ni lágrimas tienen. ¿Será que no puede usted parar eso, comandante Timoleón?

http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5740-respuesta-a-las-farc

MEXICO: La CNDH se asoma a la justiciabilidad del derecho indígenaMagdalena Gómez

9 DE OCTUBRE 2012
lA JORNADA

La  tres días de las consuetudinarias y centenarias conmemoraciones del 12 de octubre y a 20 años del famoso quinto centenario, los pueblos indígenas enfrentan amenazas devastadoras ante las cuales esgrimen su proverbial resistencia y, en ocasiones, contadas, por cierto, los derechos logrados les sirven para contenerlas. Hoy el asunto de la deuda histórica hacia los pueblos indígenas, siendo real, ya no resulta suficiente para colocar la grave situación que viven dichos pueblos. Diría que se abrió una nueva cuenta que tiene como centro el impacto del neoliberalismo con la activa participación del Estado, en especial durante las tres últimas décadas. Para solventarla o por lo menos renegociar dicha deuda, se requiere colocar en el centro la reforma del Estado, ya no sólo desde el plano electoral, como gusta a la clase política, sino de manera integral redefinir el proyecto de nación, y con ello, obviamente, el modelo económico.

En lugar de ello, el Estado mexicano ha optado por apropiarse del discurso indígena para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein. En ese contexto resulta muy pertinente la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al emitir el pasado 28 de septiembre una recomendación paradigmática, en respuesta a las quejas motivadas por la existencia de actividades mineras en el sitio sagrado indígena Wirikuta, en agravio del pueblo indígena wixárika.

La CNDH se refiere a la violación de sus derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud (56/2012).

En su amplio argumento, basado tanto en la revisión de documentos oficiales como en periciales recabadas, destaca cómo desde el inicio, en años anteriores, de procedimientos administrativos para otorgar concesiones y autorizaciones mineras en Wirikuta existieron omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para preservar íntegramente los recursos naturales de la zona, así como la ausencia de diligencias adecuadas para verificar las condiciones de las empresas mineras que realizan o han realizado operaciones en ese territorio, lo cual, agrega, constituyen una violación a los derechos al acceso, uso y disfrute de las tierras indígenas, a la consulta y a la identidad cultural del pueblo wixárika”. En especial señala que la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras inconsultas que han puesto en peligro constante la integridad de los territorios sagrados de los wixáritari. A partir del derecho internacional relativo a pueblos indígenas, en concordancia con la reforma al artículo 1º constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH sale al paso de los clásicos argumentos defensivos y restrictivos de legaloide apariencia y anota que, si bien es cierto que la Ley Minera y su reglamento no contemplan procedimiento alguno para incluir la consulta a los pueblos indígenas en relación con concesiones que puedan afectar sus intereses y derechos, ello resulta secundario ante la preeminencia de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. También comenta la insuficiencia que muestra la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente al establecer un procedimiento de consulta pública, mismo que puede ser ejercido cuando una persona está interesada en conocer el proyecto. Señala que incluso en esa óptica la consulta pública no se llevó a cabo en el caso de los procedimientos de evaluación de la actividad minera en Wirikuta, por lo que ese medio no sustituye el derecho a la consulta con el que cuentan los wixáritari.

En suma, sugiere la revisión de concesiones mineras, la toma de acciones de resarcimiento, el respeto al derecho de consulta, coloca en el centro las violaciones presentes no sólo en el caso abordado y si bien las medidas concretas que se sugieren no son imperativas, las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Profepa, Conagua, la CDI, el gobernador de San Luis Potosí y autoridades municipales deberán responder.

Por lo pronto considero que es urgente demandar la creación de una comisión nacional de la verdad que audite las decisiones de Semarnat, la Secretaría de Economía y todas las dependencias involucradas en complicidades con compañías trasnacionales, para que se deslinden responsabilidades y, en su caso, se definan alternativas para suspender aquellas concesiones otorgadas de manera irregular. Los saldos del calderonismo, aparte de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, también se expresan en las cifras de territorio nacional concesionado a mineras trasnacionales cuyo destino preferente son los territorios indígenas. En suma, la CNDH con el caso wixáritari ha mostrado la punta del iceberg.