¡Decimos no y nunca más a la presencia militar de Estados Unidos en los territorios de México y Centroamérica!

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA[1] en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano. Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

Con respecto al primer punto, desde hace varios años los pueblos y organizaciones de la región mesoamericana hemos denunciado distintos actos de militarización en nuestros territorios, pero el pasado 25 de abril se dio un paso más en la escalada militarista por parte de los Estados Unidos, notificó en el marco de la rueda de prensa al cierre de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, en el cual el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, anunció brevemente la instalación de al menos “una de las bases operativas”[2] del Comando Sur de EUA en el Departamento de Petén, Guatemala,  con el objetivo de realizar operaciones conjuntas vía aérea, marítima y terrestre a todo lo largo de la región transfronteriza de México con Guatemala, bajo el argumento de vigilar los flujos migratorios y perseguir a cárteles del crimen organizado. En un tono de celebración sobre los acuerdos de la CENTSEC 2017 resaltó que ‘‘son encuentros estratégicos y claves para afinar los mecanismos, rutas de migrantes, contrabando de ganado, la utilización de personas para el paso de droga. La ausencia del Estado no es un secreto en Guatemala; con estas reuniones tratamos de estar mejor organizados para generar gobernabilidad y restarle fuerza al crimen organizado’’[3].

Este tipo de posicionamientos por parte de los ejércitos de la región dejan ver que son la clase militar la que asume las labores de “gobernabilidad” bajo regímenes de Estado supuestamente civiles y democráticos, y que por lo tanto privilegian los enfoques de seguridad nacional, ahora hemisférica, por encima de la realización de los derechos fundamentales de las poblaciones locales; y que a su vez asumen a las personas migrantes como una supuesta amenaza a la seguridad de la región, al mismo tiempo que se les estigmatiza, persigue y criminaliza de forma abierta y reiterada.

Es importante resaltar que la CENTSEC 2017, de forma inédita, fue organizada por el Estado mexicano, y como coanfitriones fungieron el Comando Sur y al Comando Norte de EUA[4], siendo estos quienes llevaron la batuta de los acuerdos durante los días 23, 24 y 25 de abril. No obstante, vale la pena señalar que ninguno de los titulares ni representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaria de Marina de México, ni del Comando Sur y Norte de EUA se hicieron presentes durante la rueda de prensa al cierre de la Conferencia, realizada en Cozumel, Quintana Roo; lo cual presupone fue planificado para ocultar y evitar cualquier impacto mediático y social en ambos países en el corto plazo[5].

También resulta revelador que esta escalada en la cooperación militar y de inteligencia entre México y EUA ya se venía proyectando hace varios años, según lo reconoce el propio Secretario de Defensa de Guatemala[6]. Sin embargo, el trasfondo de este tipo de confabulaciones castrenses es más profundo de lo que parece a simple vista. De acuerdo a un telegrama filtrado por Wikileaks el 18 de octubre de 2012 (latam México 100910[7]) esta nueva fase de la cooperación internacional en la era Trump, data desde antes del 2010 con la administración de Barack Obama[8].

El documento revela que un equipo de inteligencia de México (CISEN) y el entonces embajador en los Estados Unidos, Arturo Sarukhán, realizaron reuniones secretas con el Comando Norte de EUA en las instalaciones del Pentágono. Al respecto, el Jefe del Comando Norte reconocía en aquel entonces que “las conversaciones entre agencias (de inteligencia y militares) hablan que el aumento de la ayuda militar ha sido discreto para evitar un contragolpe público en México”, al mismo tiempo que se cuestionaba: “¿qué van a aceptar los militares mexicanos de nosotros?”[9], sobre la viabilidad política en aquel momento para operar directamente. De igual forma, en el documento se revela que la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, justificaba en 2010 la intensificación de la cooperación militar con México bajo el argumento de que la actividad del crimen organizado en territorio mexicano alcanzaba niveles de “narco-insurgencia”[10], con lo cual abría las puertas a estrategias militares contrainsurgentes al estilo de las proyectadas en los países de Oriente Medio.

Pasando ahora al segundo punto de este análisis, este prende todas las alertas y está por venir dentro de unas semanas. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EUA han convocado a una Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, participando esta vez como coanfitrión el Estado mexicano. La conferencia tiene como objetivo discutir las causas del desplazamiento forzado y la migración únicamente desde un enfoque económico y de seguridad, dejando de lado las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, protección a grupos vulnerables y refugio.

Para esta Conferencia está invitado el Vicepresidente Mike Pence, y estarán presentes el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly[11], el Secretario de Estado Rex Tillerson[12], además de los Secretarios de Comercio, y de Hacienda por parte de EUA, los Presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como altos mando del gobierno mexicano (sin confirmar quiénes hasta el momento); y como invitados figuran la Unión Europea, algunos países europeos, además de Panamá, Costa Rica, Canadá, Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluyendo también representantes del sector privado (sin especificar cuáles gremios hasta el momento).

En ese contexto, ¿cuáles acuerdos se están maquinando para esta Conferencia? Por lo pronto se tiene planificado tener el primer día de reuniones al interior de la base militar del Comando Sur en Miami, se ha excluido hasta el momento la presencia de alguna organización no gubernamental de EUA o México y se perfila como el acto conclusivo de una serie de negociaciones que se han llevado en los últimos meses a puertas cerradas.

El caso mexicano resulta paradigmático puesto que de acuerdo a declaraciones extraoficiales de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puede entrever que a cambio de “mejorar” el piso de negociación del TLCAN entre ambos países, el gobierno mexicano estaría finalmente concediendo la realización de operaciones oficiales del ejército de EUA en territorio nacional; es decir, bajo la misma óptica de lo revelado por el cable de Wikileaks de 2010, lo cual implica que ahora sí sería factible que el ejército mexicano acepte la intervención militar norteamericana. Esto es congruente también con la reciente llamada telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto, y los sobrevuelos del Comando Sur y Norte de EUA en la frontera con Guatemala y México el pasado 30 de enero de 2017 en Tapachula, Chiapas. Además que se impulsa a México para que fortalezca su presencia militar en Centroamérica.

Todo indica que como punto central de esta Conferencia se pretende realizar modificaciones sustanciales al Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica[13], reformulándolo para promover mayor inversión privada proveniente de EUA, intensificar el comercio oficial de armas y equipo militar, así como para extender las Fuerzas de Tarea del Comando Sur en Guatemala por lo pronto, e incursionando hacia México.

Resulta revelador el lenguaje del Secretario de Estado Rex Tillerson en un discurso pronunciado apenas el pasado 3 de mayo, en el cual vincula el trinomio de la migración, el crimen organizado y el terrorismo para pretender legitimar el enfoque de seguridad nacional a partir de la militarización y la inversión privada en el exterior (como fuente del crecimiento económico norteamericano):

“Debemos asegurar a la nación. Debemos proteger a nuestra gente. Debemos proteger nuestras fronteras. Debemos proteger nuestra capacidad de ser la voz de nuestros valores ahora y por siempre. Y sólo podemos hacer esto con la prosperidad económica. Entonces esto es la política exterior proyectada con una capacidad fuerte para hacer cumplir la protección de nuestras libertades con un ejército fuerte.

En particular, invertimos mucho esfuerzo en México debido a las problemáticas de la transmigración y del crimen organizado … No sólo ellos son una amenaza para nosotros y para la estabilidad en México y el látigo de las drogas que solamente fluyen hacia este país, ellos también son parte de redes financieras del terrorismo integrado. Entonces esto es vital para nosotros por ciertas razones y esperamos con impaciencia hacer algún progreso allí… En realidad actualmente estamos organizando un evento en Miami para atraer a aquellos líderes y poder hablar con ellos sobre cómo nos organizamos mejor para enfrentar estas problemáticas y cómo podemos atraer más capital privado hacia oportunidades de inversión en América Latina y Central.”[14]

Ante estos dos acontecimientos resulta evidente que enfrentamos una de las amenazas más serias en los últimos tiempos en lo que se refiere a la intervención militar de EUA en Centroamérica y México. No podemos dejar de lado que esta escalada en la militarización de nuestros territorios en la región mesoamericana ha traído en los últimos años más violencia directa, más despojo de territorios con todo y sus bienes naturales y mayor condicionamiento, sometimiento y empobrecimiento de los pueblos.

Como ejemplos podemos mencionar, entre otros: 1) los múltiples casos en que agentes militares pasan a formar parte (y/o participan en activo) con los cárteles del crimen organizado (como caso emblemático el Cártel de Los Zetas); 2) la presencia de militares y exmilitares quienes acaban se suman a los sistemas de seguridad y protección de empresas privadas y sus inversiones en proyectos extractivos y de acaparamiento de tierras de los pobladores locales, y sin su consentimiento; 3) se deslegitima, estigmatiza, persigue, reprime y criminaliza tanto a la protesta social como a los movimientos sociales, incluyendo la ejecución/asesinato de sus integrantes de forma extrajudicial; 4) se favorece el comercio y el tráfico legal e ilegal de armas desde EUA hacia los territorios en el sur, que llegan a cuerpos policiacos, pero también a paramilitares y grupos del crimen organizado; 5) se cometen diversas violaciones graves a los derechos humanos[15], quedando además en total impunidad debido a la inmunidad militar con la que operan; 6) como demuestran los casos en Colombia y en Centroamérica, alrededor de las bases militares suele aumentar la violencia sexual, acoso y enganchamiento de niñas, niños y adolescentes (también llamado enamoramiento); 7) los territorios quedan sometidos a pueblos amurallados, tras la instalación de bases militares donde en sus perímetros se levantan muros al interior de los países en antiguos caminos comunitarios.

Ante esta tendencia hacia permitir una mayor presencia militar de EUA en Centroamérica y México que se prepara para los próximos años, los pueblos de la región y pueblos de otras latitudes solidarias con la causa a favor de la vida, la integridad y la dignidad humana, nos resistimos, nos oponemos y de forma clara y contundente exigimos rotundamente UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN DE NUESTRAS FRONTERAS.

Requerimos y exigimos a nuestros gobiernos de México y de Centroamérica; primero, que transparenten y den a conocer lasnegociaciones y diálogos sostenidos durante los últimos meses con sus contrapartes de EUA sobre la cuestión; segundo, que se abstengan inmediatamente de cualquier colaboración que implique una mayor presencia de las agencias de defensa y de inteligencia de EUA en nuestros territorios, en respeto irrestricto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos; tercero, que se diseñe una estrategia de desmilitarización en los territorios.

¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS

EN LOS TERRITORIOS DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO!

18 de mayo de 2017.

#NoMásMilitarización

#NoAlEjércitodeEUAenMéxico

#MovimientosSocialesTransfronterizos

FIRMAN:

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. (Chiapas): enlace@vocesmesoamericanas.org

Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH FrayBa)

Pueblo Creyente, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor romero

Servicio Cristiano de Solidaridad con América Latina SICSAL-México

Dignidad y Justicia en el Camino A.C., Fm4 Paso Libre (Jalisco)

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)

PRAMI - Ibero Torreón

Albergue Tochan-Nuestra Casa

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Centro de Estudios Ecuménicos

Alianza Binacional Migración y Desarrollo, A.C. (Guerrero)

Colectivo Guerrero por la Familia Migrante (Guerrero)

Dinamismo Juvenil

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C., CODEHUTAB (Tabasco)

Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y a la Economía Popular, CEP-Parras

Colectivo Mexicano del Consejo de Educación Popular de América y el Caribe, (CEAAL)

Colectivo Centroamericano del Consejo de Educación Popular de América y el Caribe, (CEAAL)

Coordinación Diocesana Juvenil de las Comunidades Eclesiales de Base Región lll Pacifico Sur.

Centro de Mujeres Profesionistas Tojol-ab'ales  A. C.

Círculo de Estudios Jurídicos y Defensa de Derechos Humanos (CIREJyDDH)

Centro de Derechos Humanos Ku´untik

UNICH Las Margaritas en Resistencia

SOLMUNDI

Coordinadoras Regionales Tojolabal y Lagos-Fronteriza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-Histórica)

Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-DI-UNOPI)

Frente Popular Revolucionario

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán)

Mujeres, Organización y Territorios MOOTS, A.C. (Tabasco)

Derechos Humanos Integrales en Acción DHIA (Chihuahua)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca)

Yéssica Pérez Amezcua (Chiapas)

Sandra Karina Ordóñez (Cd México)

Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Saludarte y Educación (Jalisco)

Morada Infantil (Guanajuato)

Martha Villareal Ruvalcaba

Servicios para una Educación Alternativa, A.C., EDUCA (Oaxaca)

ENLACE Comunicación y Capacitación, A.C.

Consejo del Pueblo Maya, CPO (Guatemala)

Coalición de Derechos Humanos of Tucson, Arizona (Texas)

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos (Guatemala)

Paola Arteaga (Ciudad de México)

Colectivo Carnaval del Maíz

Asociación Ceiba – Guatemala

Perla Vargas (UNACH, Chiapas)

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

Asociación de Consumidores Orgánicos

Millones contra Monsanto

Colectivo Zapayasos (San Cristóbal de Las Casas)

Global Exchange (Estados Unidos)

Norma Maldonado

Simona V. Yagenova

Mario Roberto Morales

Asociación Qachuu Aloom (Madre Tierra) Rabinal, Baja Verapaz

Asociación Raxch' och' Oxlaju Aj (Tierra Verde 13 Aj) AROAJ.

Carcha, Alta Verapaz  Guatemala

Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, PCFS

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes; Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala, ACCSS; FGER; ADECI; American Friends Service Committee (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes; COJDI, San Juan Ixcoy, Huehuetenango; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Movimiento Acción Esperanza (Action Hope); Nueva Luz Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj'; ENLACE; CEIBA; FUNDAR; INICIA; Parroquia de Palenque; ASDECOHUE.

Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA: 1 de 7 Migrando,  AFABI, Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, Albergue del Desierto (Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes), Albergue Senda de Vida, Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD), Alma, AMEXCAN, AMUCSS, Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México, Be Foundation, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Casa del Migrante en Tijuana AC, Casa del Migrante Saltillo, Casa del Migrante Casa Nicolás, Casa Madre Assunta, Casa Tochan, CCAMYN, Centro de Derechos Himanos Fray Matías de Córdova, CDHM Tlachinollan, CEALP, CEMAC A.C, Centro BONÓ - Servicio Jesuita Migrante, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de DH para los Pueblos Indígenas Oaxaca, Centro Gerardi, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH),  Clínica Jurídica Alaide Foppa de la UI A-Cd. De México, Coalición Pro Defensa del Migrante, Colectiva Sororidad Glocal, Colectivo Por una Migración Sin Fronteras, Colectivo Transnacional CODETZIO, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, CONFEMEX, CONVIVE A.C.,  El Rincón de Malinalco, Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Espacio Migrante, Estancia del Migrante González y Martínez, A.C., Red para las Migraciones en Querétaro, EstudiosFronterizos.org / UACM, Federación Zacatecana, AC, FM4 Paso Libre, FM4 Paso Libre, Formación y Capacitación A.C. (FOCA), Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Fundación Comunitaria del Bajío, Fundación para el Desarrollo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), FundarCentro de Análisise Investigaicón, Fundec Torreón, Galería MUY, GIMTRAP A.C., Help for Be Progress, Identida d Migrante y Derechos Humanos, INCIDE Social, A.C., Inclusión y Equidad AC (IyEC), CICEG, Instituto de Esudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM), Iniciativa Ciudadana, Iniciativa Kino para la Frontera, Inmigrant Initiative, INSAMI,INSP, Instituto Jose Pablo Rovalo Azcue, Instituto Para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), Irapuato Vive A.C., Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Acción (JINACO), Las Dignas, Latin America Working Group (LAWG),Instituto de Investigación y Práctica Social ( IIPSOCULTA), Maestría Migración UIA-Cd. De México, Voce Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM), /Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Migrantólogos/Instituto Mora, Mujeres Unidas y Activas - Immigrant Youth Coalition, Nosotras somos tu voz, Otros DREAMs en Acción (ODA), Por la Superación de la Mujer A.C., Planeta CAOSS AC., PRAMI UIA Laguna, Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara (PRAMI-ITESO, PRAMI de la UIA Torreón, PRECADEM A.C., Prevencasa A.C., Programa Casa Refugiados A.C., Red Bajío en Apoyo al Migrante, Red Binacional de Mujeres Artesanas, Red de Desarrollo Sustentable, Red de Mujeres del Bajío A.C., Red Jesuita con Migrantes de LAC, Red MOCAF / RIOD-México, Red Nacional de Género y Economía, Red Nic Migración CEPS, Red para las Migraciones en Querétaro (RMQ), Respuesta Alternativa, Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), Ririki Intervención Social S.C., Servicio Jesuita a Migrantes-México, Sin Fronteras IAP, Salud Integral para la Mujer AC (SIPAM), Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), UADG-Investigadora, CIDE profesora, Universidad Autónoma de Zacatecas, UFCW Canadá, UIA-Puebla, Un Mundo Una Nación, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración (Foro Nacional de la Mujer, Guatemala; CODEMUJER, Guatemala; OSAR, Guatemala; Red de productoras de café, Guatemala; Centro de Atención Integral de la Mujer, Guatemala; Asociación de Comadronas tradicionales Huehuetecas Luna, Guatemala; APROSUVI, Guatemala; Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México; Salud Integral para la Mujer (SIPAM), México; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir  (ILSB), México; CIAM/Mesa Chiapas, México; Ceiba A.C, México; CIMAC-Noticias, México; Las patronas, México; CDMCH, México; TzomeIxuk A.C., Mujeres Organizadas, México.).

Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas de Petén: Asociación de Mujeres de Petén Ixqik; Asociación de Comunidades Campesinas para el Desarrollo Integral de La Libertad, Petén (ACCODIL); Asoviñas; Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA; Asociación Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Ixmucané; Asociación de Comunidades de la Ruta a la Técnica (ASCORTE); Comité Central de la Laguna del Tigre, San Andrés, Petén; Frente Petenero contra Represas, FPCR; Comité de Mujeres Activas de Las Cruces; Comité de Mujeres Dejando Huellas de Las Cruces; Comité de Desarrollo Campesino, CODECA Las Cruces; Comisión para la Defensa de la Vida y la Naturaleza, Sayaxché; La Otra Cooperativa.

Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas: Enlace, Comunicación y Capacitación, AC; Respuesta Alternativa, AC; Centro de Desarrollo Indígena Loyola, AC; Frente Indígena de Organizaciones Binacionales- FIOB; Mixteco Yosonuvico, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan; Centro de Investigación CECIG. Académicos: Antonieta Barrón, Facultad de Economía de la UNAM; Celso Ortiz, Universidad  Autónoma Intercultural de Sinaloa; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC.

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria: Aldeas Infantilies SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México; Casa del Migrante Saltillo, Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Gisele Lisa Bonnici; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras).

 

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[1] El Comando Sur de EUA (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es un mando conjunto integrado por militares y civiles del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines, la Guardia Costera, y las agencias federales de inteligencia. Así mismo opera mediante Operaciones Especiales Conjuntas, Fuerzas de Tareas Conjuntas, una Inter-agencia Conjunta de Fuerzas de Tarea (Joint Interagency Task Force), y las oficinas de Asistencia para la Seguridad. En estas bases militares rigen las leyes estadounidenses, operan en red entre ellas y en diversos casos han sido señaladas como centros de vigilancia política. El Comando Sur tiene su principal base de operaciones en Miami, Florida; actualmente presente en 17 países latinoamericanos.

[2] http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol

[3] Idem.

[4] https://www.gob.mx/sedena/articulos/conferencia-de-seguridad-de-centroamerica-2017?idiom=es

[5] De la misma forma, el periódico La Jornada (en su versión electrónica) fue el único medio de difusión a nivel nacional en México que cubrió las palabras de cierre de la CENTSEC 2017, en la que se anunciaba este pacto militar transnacional. En medios de Estados Unidos prácticamente no se tocó el tema, e igualmente muy pocos periódicos centroamericanos (de Guatemala y El Salvador) abordaron el cierre de la Conferencia y sus conclusiones más concretas.

[6] http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol

[7] https://wikileaks.org/gifiles/docs/20/2024761_-latam-mexico-100910-.html

[8] Como antecedente sobre la militarización transfronteriza, es oportuno señalar a la Iniciativa Mérida, como estrategia de seguridad regional, aprobada en junio de 2008 por el Congreso de EUA, destinando a lo largo de los años más de USD$3,00 millones en la región, y la cual tiene a su vez sus antecedentes en el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza (GANSEG), creado en el 2002 por los gobiernos de México, Guatemala y Belice, con el objetivo de enfrentar el crimen organizado transnacional. Finalmente, en julio de 2014 el Plan Integral para la Frontera Sur resulta la evolución de la misma estrategia militar impulsada desde la Iniciativa Mérida.

[9] https://wikileaks.org/gifiles/docs/20/2024761_-latam-mexico-100910-.html

[10] Idem.

[11] John Kelly fungió como jefe del Comando Sur entre finales de 2012 y enero de 2016; siendo uno de los autores intelectuales y principal impulsor del actual Plan Alianza para la Prosperidad (junto con el BID), concretizado a finales 2015, en 2016 por un monto oficial de USD$750 millones y de USD$655 millones para 2017. Inicialmente se previó con una duración de 5 años, del 2016 al 2020.

[12] Ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile.

[13]http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1801SMOUSLD?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

[14] https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm (Como parte de información recabada por Burgi-Palomino, Daniella, de Latin America Working Group, LAWG). El resaltado y la traducción son propias.

[15]http://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/33077/presencia-militar-de-eeuu-en-centroamerica-se-traduce-en-masacres

Honor y gloria al Pueblo Palestino en el día Al Nakba

Hoy hace 69 años ocurrió el Naqba, la tragedia del pueblo palestino. Un proceso de despojo y ocupación de su territorio, el sistemático asesinato, encarcelamiento y agresión contra el pueblo palestino por parte del Estado asesino de Israel. Gracias a la campaña mundial del BDS, cada vez más organizaciones, universidades y empresas han retirado sus inversiones en Israel y sus empresas. Israel es el Estado que nunca cumple las resoluciones de la ONU y solo puede sostener su política gracias al incondicional apoyo económico del imperio y del zionismo internacional.

En este día de recordatorio de al Nakba también rendimos tributo y honor a las mujeres palestinas, guardianas de la memoria, de la historia y de la cultura del pueblo palestino. Rendimos tributo y honor a los abuelos y abuelas quienes aún preservan las llaves de sus casas robadas; rendimos tributo a los mártires caídos en la lucha, a los 6500 presos políticos de los cuales 1600 llevan una huelga de hambre desde hace 15 días.

Gracias al pueblo palestino por su dignidad, heroismo y sed de justicia por rendirnos nunca jamás

Venezuela El espejo | La disyuntiva: diálogo o violencia

José Vicente Rangel

El gobierno de Maduro, y el chavismo, tienen una solidez proveniente de las fuerzas sociales que los apoyan y de una organización de la que carece la oposición

1 Les consta a los lectores de esta columna -y a la audiencia de mi programa de televisión- mi tenaz actitud en defensa del diálogo. No he vacilado en explicar, en distintas oportunidades, que constituye la única opción que garantiza la salida pacífica a la crisis. En señalar sus bondades y en recomendar a los factores involucrados en la contienda política la necesidad de recurrir a él. Pero lo cierto es que tengo la impresión de que resulta inútil persistir en el planteamiento, lo cual no significa renunciar a esa política. En el fondo, es la única racional. La que preserva al país de caer en el caos.

2 Pero hay factores que no lo ven así. Unos porque consideran que se trata de una trampa. Del recurso al cual apela un gobierno que tiene los días contados y que, por tanto, no hay que darle tregua. Esta opinión corresponde con una evaluación equivocada. El gobierno de Maduro, y el chavismo, tienen una solidez proveniente de las fuerzas sociales que los apoyan y de una organización de la que carece la oposición. Esto no significa que la oposición carezca de fuerza, mas es indudable que se trata de una masa susceptible de cambios y no sustentada en la estructura partidista que dice representarla. Los datos de las encuestas lo confirman. Me cuento entre los que consideran que la votación de las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, que favoreció a la oposición, ni remotamente se repetiría en las actuales circunstancias.

3 Otros estiman que el diálogo es una perdedera de tiempo. De esta visión participan no solo dirigentes opositores sino también chavistas. Suelen recurrir a un pragmatismo que oscurece la perspectiva y remite a una praxis aventurera. Algunos creen que el país está condenado a resolver sus problemas a través de la violencia, y esa temeraria apreciación de la realidad determina que Venezuela se hunda en una lucha fratricida. En fin, a la hora de establecer responsabilidades porque el diálogo no se efectúe, hay que decir que este no se da porque la oposición lo excluye de sus planes. Claro que al chavismo le conviene el diálogo, bien porque cree en él o por razones estratégicas. Mientras, la oposición centra su objetivo en el derrocamiento de Maduro. Su intención no contempla otra posibilidad. Se siente insegura en alcanzar ese logro si le abre la puerta al diálogo y por consiguiente se atrinchera en una actitud que tiene pleno apoyo en la Casa Blanca, la OEA almagrista y la derecha de la región. Cree que con esa solidaridad, y extremando la violencia -en alianza con elementos terroristas-, podrá tener éxito.

4 Pero el cálculo es equivocado. Desprecia a Maduro, a la capacidad que este ha demostrado para sortear situaciones críticas durante cuatro años. Desprecia al chavismo, el movimiento con más implantación popular de Latinoamérica. Desprecia a la Fanb, leal a la Constitución y al proyecto bolivariano, resteada con las instituciones en el marco de una nueva doctrina militar basada en la unión pueblo/Fanb. En ese conjunto de factores descansa la respuesta al golpismo. Lo que explica el fracaso de la política de calle opositora que deviene en terrorismo. A su aislamiento. Pero estas consideraciones no pasan por la mente de aquellos que actúan embriagados de arrogancia y desprecio.

LABERINTO

La decisión del presidente Maduro de convocar a una Constituyente es la salida jurídica a la crisis, como lo prevén los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna. Ahora se abre el debate fuera de la charca en que estaba ubicado…

Hay quienes consideran que el retiro de Venezuela de la OEA fue un error. Yo creo lo contrario -mucho más después de la creación de la Celac. Permanecer en ese organismo regional fue una equivocación. El gobierno bolivariano y el chavismo tienen una posición ideológica y política diferente a la que representa la concepción panamericanista que la rige. La sola circunstancia de que la OEA funcione en Washington, el tutelaje que representa esta ubicación, más su historial vergonzoso, son factores suficientes para estar conscientes de que, tarde o temprano, coexistir en ese ambiente contaminado por el imperio y sus adláteres haría crisis en cualquier momento. En el caso de nuestra decisión en este momento no podía ser peor. Lo hacemos en una etapa de reflujo político en la región; cuando la correlación de fuerzas cambió en el organismo y la decisión que adoptamos no podía ser otra, porque nos estaban rebanando el inefable Almagro -instrumento de la Casa Blanca- y el clan de los cipayos integrado por los gobiernos de México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú…

Entiendo el fervor patriótico con que el pueblo venezolano, y otros pueblos latinoamericanos, acogieron la noticia. No dudo de la pertinencia de la decisión, pero estimo que a la hora de decidir sobre temas delicados hay que tener plena conciencia de las circunstancias en que se hace. Por tanto, me pregunto: ¿en cuántos otros asuntos trascendentales estamos en mora?…

Otro asunto: en el mensaje de ciertos dirigentes de la MUD se ha puesto de moda la amenaza, abierta o velada, a los chavistas. Se anuncia que cuando se produzca el derrocamiento de Maduro -quien tiene un récord de pronósticos lúgubres-, la furia de los opositores se desatará sobre ellos con asesinatos, prisiones, agresiones a familiares y amigos. En el lenguaje popular usamos el refrán “perro que late no muerde”. Pero como quiero mucho a los perros considero que hay seres humanos capaces de ladrar y morder al mismo tiempo. En el país tenemos la experiencia del 11 de abril de 2002. Cuando fue derrocado Chávez -por los mismos que tratan de hacer algo similar con Maduro-, en las barriadas populares muchos chavistas fueron perseguidos, asesinados, lesionados, sus casas asaltadas y maltratadas sus familias. Lo cierto es que hay canallas aguardando para provocar un baño de sangre en el país. Lo divulgan a través de las redes y en sus discursos, sembrando entre sus partidarios un oscuro sentimiento de venganza…

Ahora bien, ¿no toman conciencia esos cultores del odio de los peligros de este mensaje? En los acontecimientos de 2002 la situación se dio vuelta rápidamente. Los fugaces vencedores -durante pocas horas- vivieron el miedo de la incertidumbre sobre lo que les iba a pasar cuando el pueblo y la Fuerza Armada derrotaron a los traidores y llevaron a Chávez de nuevo a Miraflores. Pero el pavor que los embargaba se les pasó cuando constataron que el chavismo actuaba de manera diferente: ninguno fue agredido y se les respetaron todos sus derechos…

Recomendación para antichavistas delirantes: dejen de amenazar porque pierden el tiempo. Actúen con serenidad, porque es lo que reclama la gente en la calle. No abusen del lenguaje estridente y macabro, porque si en el país se presenta una situación límite, en la que haya que dirimir las diferencias a través de la violencia -debido a que la oposición rechazó el diálogo-, no duden que la pelea será peleando. No la tienen fácil. Y me atrevo a pronosticar que los que más gritan y amenazan serán los primeros en poner los pies en polvorosa…

La MUD -y la oposición en general- está a punto de estallar como una granada fragmentaria. Está de a toque. Y no lo digo por ciertas conversaciones que han trascendido en estos días, sino porque una vez más la violencia logra su efecto letal. El mismo de la guarimba del año 2014: aislar a la oposición…

La madre de las marchas fue la movilización el 1° de mayo de los trabajadores y del pueblo socialista. Una contundente advertencia a la derecha golpista, la cual persiste en su plan de acabar con el régimen constitucional por la vía del terrorismo.

Atilio Boron Venezuela en la hora de los hornos.

 

La dialéctica de la revolución y el enfrentamiento de clases que la impulsa aproxima la crisis venezolana a su inexorable desenlace.

 Las alternativas son dos y sólo dos: consolidación y avance de la revolución o derrota de la revolución. La brutal ofensiva de la oposición -criminal por sus métodos y sus propósitos antidemocráticos- encuentra en los gobiernos conservadores de la región y en desprestigiados ex gobernantes figurones que inflan su pecho en defensa de la “oposición democrática” en Venezuela y exigen al gobierno de Maduro la inmediata liberación de los “presos políticos”. La canalla mediática y "la embajada" hacen lo suyo y multiplican por mil estas mentiras. Los criminales que incendian un hospital de niños forman parte de esa supuesta legión de demócratas que luchan para deponer la “tiranía” de Maduro. También lo son los terroristas -¿se los puede llamar de otro modo?- que incendian, destruyen, saquean, agreden y matan con total impunidad (protegidos por las policías de las 19 alcaldías opositoras, de las 335 que hay en el país). Si la policía bolivariana -que no lleva armas de fuego desde los tiempos de Chávez- los captura se produce una pasmosa mutación: la derecha y sus medios convierten a esos delincuentes comunes en “presos políticos” y “combatientes por la libertad”, como los que en El Salvador asesinaron a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y a los jesuitas de la UCA; o como los “contras” que asolaron la Nicaragua sandinista financiados por la operación “Irán-Contras” planeada y ejecutada desde la Casa Blanca.

Resumiendo: lo que está sucediendo hoy en Venezuela es que la contrarrevolución trata de tomar las calles –y lo ha logrado en varios puntos del país- y producir, junto con el desabastecimiento programado y la guerra económica el caos social que remate en una coyuntura de disolución nacional y desencadene el desplome de la revolución bolivariana. Reflexionando sobre el curso de la revolución de 1848 en Francia Marx escribió unas líneas que, con ciertos recaudos, bien podrían aplicarse a la Venezuela actual. En su célebre El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, describía la situación en París diciendo que “en medio de esta confusión indecible y estrepitosa de fusión, revisión, prórroga de poderes, Constitución, conspiración, coalición, emigración, usurpación y revolución. el burgués, jadeante, gritase como loco a su república parlamentaria: «¡Antes un final terrible que un terror sin fin!»” Sería imprudente no tomar estas palabras muy seriamente, porque eso es precisamente lo que el imperio y sus secuaces tratan de hacer en Venezuela: lograr la aceptación popular de “un final terrible” que ponga término a “un terror sin fin.” A tal efecto Washington aplica la misma receta administrada en tantos países: organizar la oposición y convertirla en la semilla de la contrarrevolución, ofrecerle financiamiento, cobertura mediática y diplomática, armas; inventar sus líderes, fijar la agenda y reclutar a mercenarios y malvivientes de la peor calaña que hagan la tarea sucia de "calentar la calle" matando, destruyendo, incendiando, saqueando, mientras sus principales dirigentes se fotografían con presidentes, ministros, el Secretario General de la OEA y demás agentes del imperio. Esto mismo hicieron hace unos años con gran éxito en Libia, en donde Washington y sus compinches inventaron los “combatientes por la libertad” en Benghasi. La prensa hegemónica difundió esa falsa noticia a los cuatro vientos y la OTAN hizo lo que hacía falta. El resultado final: destrucción de Libia bombardeada a mansalva durante meses, caída y linchamiento de Gadafi, entre las risotadas de una hiena llamada Hillary Clinton. En Venezuela están aplicando el mismo plan, con bandas armadas que destruyen y matan lo que sea ante una policía poco menos que indefensa.






Por comparación, la ofensiva imperial lanzada contra Salvador Allende en los años setentas fue un juego de niños al lado de la inaudita ferocidad del ataque sobre Venezuela. No hubo en Chile una oposición que contratara bandas criminales para ir por los barrios populares disparando a mansalva para aterrorizar a la población; tampoco un gobierno de un país vecino que apañara el contrabando y el paramilitarismo, y una prensa tan canalla y efectiva como la actual, que hizo de la mentira su religión. Días pasados publicaron la foto de un joven vestido con uniforme de combate y arrojando una bomba molotov sobre un carro de policía y en el epígrafe se habla ¡de la "represión" de las fuerzas de seguridad chavistas cuando eran éstas las que eran reprimidas por los revoltosos! Esa prensa proclama indignada que la represión cobró la vida de más de treinta personas pero oculta aviesamente que la mayoría de los muertos son chavistas y que por lo menos cinco de ellos policías bolivarianos ultimados por los "combatientes por la libertad." Los incendios, saqueos y asesinatos, la incitación y la comisión de actos sediciosos son publicitados como la comprensible exaltación de un pueblo sometido a una monstruosa dictadura que, curiosamente, deja que sus opositores entren y salgan del país a voluntad, visiten a gobiernos amigos o a instituciones putrefactas como la OEA para requerir que su país sea invadido por tropas enemigas, hagan periódicas declaraciones a la prensa, convaliden la violencia desatada, se reúnan en una farsa de Asamblea Nacional, dispongan de un fenomenal aparato mediático que miente como jamás antes, vayan a terceros países a apoyar a candidatos de extrema derecha en elecciones presidenciales sin que ninguno sea molestado por las autoridades. ¡Curiosa dictadura la de Maduro! Todas estas protestas y sus instigadores están encaminadas a un solo fin: garantizar el triunfo de la contrarrevolución y restaurar el viejo orden pre-chavista mediante un caos científicamente programado por gentes como Eugene Sharp y otros consultores de la CIA que han escrito varios manuales de instrucción sobre como desestabilizar gobiernos.1

El modelo de transición que anhela la contrarrevolución venezolana no es el "Pacto de la Moncloa" ni ningún pacífico arreglo institucional sino la aplicación a rajatabla del modelo libio. Y, por supuesto, no tienen la menor intención de dialogar, por más concesiones que se les haga. Pidieron una Constituyente y cuando se la otorgan acusan a Maduro de fraguar un autogolpe de estado. Violan la legalidad institucional y la prensa del imperio los exalta como si fueran la quintaesencia de la democracia. No parece que la rehabilitación de Henrique Capriles o inclusive la liberación de Leopoldo López podrían hacer que un sector de la oposición admitiera sentarse en una mesa de diálogo político para salir de la crisis por una vía pacífica porque la voz de mando la tiene el sector insurreccional. La derecha y el imperio huelen sangre y van por más, y medidas apaciguadoras como esas los envalentonaría aún más aunque admito que mi análisis podría estar equivocado. Desde afuera, gentuzas como Luis Almagro que emergen cubiertos de estiércol desde las cloacas del imperio orquestan una campaña internacional contra el gobierno bolivariano. Y países que jamás tuvieron una constitución democrática y surgida de una consulta popular en toda su historia, como Chile, tienen la osadía de pretender dar lecciones de democracia a Venezuela, que tiene una de las mejores constituciones del mundo y, además, aprobadas por un referendo popular.

Maduro ofreció nada menos que convocar a una Constituyente para evitar una guerra civil y la desintegración nacional. Si la oposición confirmara en los próximos días su rechazo a ese gesto patriótico y democrático el único camino que le quedará abierto al gobierno será dejar de lado la excesiva e imprudente tolerancia tenida con los agentes de la contrarrevolución y descargar sobre ellos todo el rigor de la ley, sin concesión alguna. La oposición no violenta será respetada en tanto y en cuanto opere dentro de las reglas del juego democrático y los marcos establecidos por la Constitución; la otra, el ala insurreccional de la oposición, deberá ser reprimida sin demora y sin clemencia. El gobierno bolivariano tuvo una paciencia infinita ante los sediciosos, que en Estados Unidos estarían presos desde el 2014 y algunos, Leopoldo López, por ejemplo, condenado a cadena perpetua o a la pena capital. Su mayor pecado fue haber sido demasiado tolerante y generoso con quienes sólo quieren la victoria de la contrarrevolución a cualquier precio. Pero ese tiempo ya se acabó. La inexorable dialéctica de la revolución establece, con la lógica implacable de la ley de la gravedad, que ahora el gobierno debe reaccionar con toda la fuerza del estado para impedir a tiempo la disolución del orden social, la caída en el abismo de una cruenta guerra civil y la derrota de la revolución. Impedir ese “final terrible” del que hablaba Marx antes del “terror sin fin.” Si el gobierno bolivariano adopta este curso de acción podrá salvar la continuidad del proceso iniciado por Chávez en 1999, sin preocuparse por la ensordecedora gritería de la derecha y sus lenguaraces mediáticos que de todos modos ya hace tiempo vienen aullando, mintiendo e insultando a la revolución y sus protagonistas. Si, en cambio, titubeara y cayera en la imperdonable ilusión de que a los violentos se los puede apaciguar con gestos patrióticos o rezando siete Ave Marías, su futuro tiene el rostro de la derrota, con dos variantes. Uno, un poco menos traumático, terminar como el Sandinismo, derrotado “constitucionalmente” en las urnas en 1989. Sólo que Venezuela está asentada sobre un inmenso mar de petróleo y Nicaragua no, y por eso hay que desterrar el espejismo de que si los sandinistas volvieron al gobierno los chavistas podrían hacer lo propio, diez o quince años después de una eventual derrota. ¡No! El triunfo de la contrarrevolución convertiría de hecho a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana, y si Washington durante más de un siglo ha demostrado no estar dispuesto a abandonar a Puerto Rico ni en mil años se iría de Venezuela una vez que sus peones derroten al chavismo y se apoderen de este país y su inmensa reserva petrolera. La revolución bolivariana es social y política y, a no olvidarlo, una lucha de liberación nacional. La derrota de la revolución se traduciría en la anexión informal de Venezuela a Estados Unidos. La segunda variante de una posible derrota configuraría el peor escenario. Incapaz de contener a los violentos y de restablecer el orden y una cierta normalidad económica una insurrección violenta aplicaría el modelo libio para acabar con la revolución bolivariana. No olvidar que ahora la número dos del Comando Sur es nada menos que un personaje tan siniestro e inescrupuloso como Liliana Ayalde, quien fuera embajadora de Estados Unidos en Paraguay y Brasil y que en ambos países fue la artífice fundamental de sendos golpes de estado. Una mujer de armas tomar a quien no le temblaría la mano a la hora de lanzar las fuerzas del Comando Sur contra Venezuela, derribar su gobierno y, como en Libia, hacer que una turbamulta organizada por la CIA termine con el linchamiento de Maduro como sucediera con Gadafi, y el exterminio físico de la plana mayor de la revolución. La dirigencia bolivariana, la obra de Chávez y la causa de la emancipación latinoamericana no merecen ninguno de estos dos desenlaces, ninguno de los cuales es inevitable si se relanza la revolución y se aplasta sin miramientos a las fuerzas de la contrarrevolución.


1.  El más completo de esos infames manuales escrito por Eugene Sharp es De la Dictadura a la Democracia publicado en Boston por la Albert Einstein Institution, una ONG pantalla de la CIA. Sharp se considera el creador de la teoría de la “no violencia estratégica”. Para comprender lo que significa esto, y para comprender también lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, aconsejo fervientemente leer ese libro y sobre todo el Apéndice, en donde su autor enumera 197 métodos de acción no violentas, entre los que se incluyen “forzar bloqueos económicos”, “falsificar dinero y documentos”, “ocupaciones e invasiones”, etcétera. Todas acciones “no violentas”, como puede verse.

Santos, Peña Nieto y los militaristas de Washington

Carlos Fazio

mayo 08, 2017

El imperio en decadencia se ha vuelto demencialmente peligroso, y ante el surgimiento de China y Rusia como nuevos protagonistas de un mundo multipolar, los militaristas del estado paralelo en Washington acarician el delirio de una guerra nuclear mundial. 

Fuente: Rebelión

Si Colombia es el Israel de Estados Unidos como plataforma para desencadenar un conflicto militar subregional en el corazón de Sudamérica −con Venezuela como objetivo principal del rediseño geopolítico de Washington−, México ha sido acondicionado como un gran cuartel del Pentágono para consolidar el flanco sur del imperio de cara a un eventual conflicto bélico con potencias capitalistas que desafíen su hegemonía.

Como antes los ex presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón, de Colombia y México, respectivamente, los actuales mandatarios Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto están al frente de sendos regímenes clientelares y cleptocráticos vasallos de Estados Unidos. Ambos gobiernos colaboracionistas sacrificaron la soberanía político-militar de sus países y actúan como cipayos del estado imperial paralelo que opera al margen del gobierno de la Casa Blanca; al servicio de las guerras encubiertas y los golpes de Estado (de “cambio de régimen”) del “Estado profundo” −como lo llama James Petras− gobernado por los “unipolaristas” y “militaristas” que dirigen el aparato permanente de seguridad de EU, con independencia del presidente civil que despacha en la Oficina Oval.

Se trata de un gobierno paralelo al de Donald Trump que al decir de Petras no es una “entidad sin rostro”, ya que tiene una clara identidad de clase, ideológica y económica, y que ha logrado construir una red mundial de avanzadas militares, agentes clandestinos, ejércitos mercenarios, bandas terroristas y paramilitares, alianzas regionales y tropas vasallas que actúan como ejércitos de ocupación en sus propios países.

Por su ubicación geopolítica bioceánica en la región andino-amazónica y con su red de radares, bases militares y sus más de 1,500 asesores militares y fuerzas especiales de Estados Unidos in situ, el papel de Colombia como portaviones terrestre del Comando Sur del Pentágono se ha venido consolidando desde febrero de 2008, cuando en el marco de sus “guerras preventivas” la administración Bush utilizó al trío Uribe/Santos/Óscar Naranjo para intentar desencadenar un conflicto tipo Kosovo en el área, tras la acción bélica extraterritorial colombiana en el Sucumbíos ecuatoriano, eufemísticamente llamada “Operación Fénix” (recogía el nombre en clave de la instrumentada por William Colby contra el Vietcong, resucitada en los años ochenta en El Salvador).

Al margen del derecho internacional, la acción punitiva de Uribe y compañía buscaba internacionalizar el conflicto interno colombiano, escalar una confrontación política-ideológica con los países vecinos, en particular con Ecuador y Venezuela, e introducir un cuadro hipersensible en la subregión andina que derivara en un conflicto armado, para lo cual Washington había venido apoyando el surgimiento de movimientos separatistas extremistas en la “media luna” boliviana; Guayaquil, Ecuador, y el estado Zulia, Venezuela. Un escenario regional que, de haberse logrado, hubiera llevado a una “vietnamización” de América del Sur. Pero ni Rafael Correa ni Hugo Chávez mordieron el anzuelo.

Desde entonces Colombia ha venido sirviendo como base operativa para las acciones psicológicas y la guerra electrónica subversiva de EU contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, y como plataforma de las acciones terroristas desestabilizadoras de marines encubiertos, mercenarios y remanentes del paramilitarismo en la frontera colombo-venezolana (en particular en los estados de Táchira, Zulia y Miranda), solapadas mediante campañas de intoxicación mediática de las corporaciones hegemónicas privadas que se dedican a la fabricación de noticias y la manipulación masiva de emociones, dado que los medios cumplen un papel central en el campo de la propaganda como parte de una guerra no convencional asimétrica o de cuarta generación.

Asimismo, y a pesar de las notables contribuciones de la revolución bolivariana al Proceso de Paz en Colombia, el debilitado gobierno de Santos –salpicado por la ola de corrupción derivada de los dineros sucios de la empresa transnacional brasileña Odebrecht a su campaña− continúa actuando de manera servil en función de los intereses geopolíticos de Washington y en pro de una guerra civil en Venezuela.

Merced a los buenos oficios de la “experta en demoliciones políticas” (Atilio Borón dixit) Liliana Ayalde, vice jefa civil del Comando Sur (y ex embajadora en Paraguay y Brasil, donde preparó los golpes parlamentarios contra Fernando Lugo y Dilma Rousseff), Colombia se ha convertido en el patio trasero de los sectores golpistas neofascistas de la Asamblea Nacional (AN) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Necesitados de reconocimiento público ante el descrédito que sufren en su país, ultraderechistas como el diputado Julio Borges, presidente de la AN y dirigente de Primero Justicia; su correligionario Henrique Capriles Radonski, perteneciente a dos de las familias más poderosas de Venezuela (complejos de cines, cadenas de medios de comunicación y empresas de la industria alimenticia) y quien como alcalde de Baruta comandó el asalto a la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado de abril de 2002, y el diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, han encontrado los micrófonos abiertos del Congreso y el Senado colombianos para exigir la intervención militar en su propio país.

Florido fue recibido por el ultraconservador Álvaro Uribe y también por el presidente Santos, quien dijo que estaba dispuesto a abrir Colombia como canal “humanitario” ante un escalamiento del conflicto interno venezolano. Llama la atención que en marzo pasado cruzó a pie la frontera de su país y desde Bogotá viajó a Washington para presenciar el consejo permanente de la OEA. Dado que tiene su pasaporte invalidado por las autoridades venezolanas, ¿quién le entregó a Florido documentos de viaje? ¿Será el único opositor venezolano que viaja a EU con documentos de origen inconfesable?

En ese contexto, el Estado paralelo gobernado por los militaristas de Washington ha logrado a últimas fechas un añejo objetivo: terminar de convertir al territorio mexicano en una extensión del Comando Norte y a las fuerzas armadas nativas en un brazo operativo para la defensa de la seguridad nacional de EU.

Mientras el aprendiz de canciller Luis Videgaray −impuesto por Donald Trump en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México− impulsa la acción intervencionista de la OEA contra Venezuela, los mandos de las instituciones castrenses, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, oficiaron en días pasados en Cozumel como edecanes militares de los jefes de los Comando Norte y Sur del Pentágono, la general Lori J. Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, durante la V Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017).

Con la zanahoria de que la general Robinson les ha concedido el “liderazgo” militar subregional (México como la neocolonia más grande de Centroamérica), Cienfuegos y Soberón aceptaron participar en una “fuerza de tarea” conjunta México-Guatemala, que bajo el “mando activo” del almirante Tidd realizará patrullajes en la frontera común. Ergo, EU podrá incursionar militarmente en el territorio nacional mexicano en detrimento de su soberanía. Para arreglar la “agenda común” en materia de seguridad, el responsable de Seguridad Interior de EU, general John Kelly, convocó a su contraparte mexicana a una reunión en Washington el próximo 18 de mayo; con lo que México seguirá en la ruta de la capitulación, la sumisión y la entrega. Como colofón, no está de más recordar que el imperio en decadencia se ha vuelto demencialmente peligroso, y ante el surgimiento de China y Rusia como nuevos protagonistas de un mundo multipolar, los militaristas del estado paralelo en Washington acarician el delirio de una guerra nuclear mundial. En tal perspectiva, una tercera gran conflagración internacional podría tener como escenario al continente americano, con lo cual los regímenes vasallos de México y Colombia podrían ser blancos de los ataques de los enemigos de Estados Unidos.

Julio Gambina Argentina Las rémoras de la dictadura

La Corte Suprema de Justicia validó por mayoría el 2x1 (beneficio a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad), habilitando la libertad de los condenados por sus responsabilidades en el genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la disposición y que al mismo tiempo existe un amplio rechazo social y político.

En rigor, se vuelve a tensar a la sociedad en torno al “juicio histórico”, no solo el “juicio legal”, sobre los acontecimientos suscitados hace más de 4 décadas y que involucraron a militares, a civiles, a religiosos y muy especialmente a sectores económicos que se beneficiaron con los cambios estructurales acaecidos desde entonces y que sustentan aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.

Remito a cambios que fueron profundizados en distintos momentos en estos años, bajo administraciones constitucionales, tanto en los 90´ como en la actualidad y por eso nos convoca a repensar la relación entre terrorismo de Estado, orden económico y coyuntura.

La obcecada decisión de disciplinar el conflicto social y sindical, negando actualización salarial por la diferencia entre la inflación y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la proyección reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el 2017, da cuenta de una continuidad esencial entre el propósito de aquellos años de plomo y el presente.

Ofensiva contra trabajadoras y trabajadores

En 1975/76 y los años siguientes se instaló un propósito que con matices se proyecta a nuestros días. Se trataba de disminuir el costo de producción afectando los ingresos salariales para inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector más concentrado de la economía.

Más allá de relativas recomposiciones en ciertos momentos de estos 42 años, la tendencia principal, en sentido histórico es una menor participación del salario en la distribución funcional y personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del Estado que deterioró su función social destinada a asegurar derechos de educación, salud, empleo, etc.

Los cambios estructurales en el orden económico social enunciados en el programa económico de la dictadura genocida se materializaron en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos, más allá de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo histórico.

Por eso, cada vez que se puede, el sistema político responde al mandato de las clases dominantes y persiste en el rumbo estratégico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en la relación con las patronales.

No debe sorprender la actitud contra los docentes en todos los niveles, incluso en estas horas la presión sobre el sindicato y los trabajadores del sector lechero para atender el financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.

Disciplinar social, sindical y políticamente es imprescindible para abrir paso al programa de máxima del sector hegemónico en la economía local y por eso la intervención del Gobierno ante el conflicto, negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo de seguridad y una fuerte iniciativa ideológica y propagandística para deslegitimar las demandas salariales y laborales.

Necesitan explicitar la estrategia para convencer a potenciales inversores que demandan desarticular un elevado nivel de sindicalización que existe en Argentina, con relación a lo que acontece en la mayoría de los países del mundo. Recordemos que hace ya unos años, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la reunión anual de la OIT la eliminación del derecho a huelga.

Lo que se pretende desde los tiempos del terrorismo de Estado apunta a desarticular la organización sindical en el país y su trayectoria histórica plural de conflicto y “paro general”, no necesariamente usual en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad de las direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la historia reciente y verificar que el último paro nacional debió ser arrancado ante la escasa convicción de la dirigencia tradicional.

El poder detrás del poder

Los poderes del Estado, en consenso unánime o con matices retoman el sentido histórico del plan reaccionario de 1975/76, cuyos resultados son el crecimiento de la desigualdad, lo que supone creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos. Los últimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por ingresos y que para menores de 14 años alcanza al 45% de la infancia.

Junto a ello se destaca la extranjerización de la producción que tributa a una acumulación mundializada definida por las transnacionales en las distintas actividades de la economía local.

Vale destacar que la desigualdad es simultánea a la dependencia de la Argentina, la que se consolida con las relaciones subordinadas al curso restaurador que supone la ofensiva liberalizadora en estas horas en todo el continente y en el mundo.

Los integrantes de la Corte Suprema fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Poder Legislativo, lo que afirma el carácter republicano del orden capitalista en el país.

Pretendo llamar la atención de una lógica subyacente en la decisión del máximo tribunal del Poder Judicial, coherente con la búsqueda del poder “real”, detrás de las formas de la democracia electiva e institucional (constitucional).

Con la reforma judicial en curso, con antecedentes desde el comienzo de la Dictadura genocida se busca otorgar “seguridad jurídica” a los inversores, el poder detrás del poder, a contramano de la seguridad social masiva que inspira una concepción solidaria de derechos humanos integrales para toda la sociedad.

Esa seguridad supone la impunidad con los dueños del poder y aquellos sectores que fueron o son funcionales para la ejecución del plan del poder sustantivo.

Resulta imprescindible denunciar el fallo de la Corte y bregar para su revocación, al tiempo que se profundiza la promoción de los juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio y la regresiva reestructuración económica y social operada desde 1975/76, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo construido desde entonces con la secuela de beneficiarios y perjudicados.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017

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