Simona V. Yagenova
1. Se desarrolla en un
contexto económico nacional de profunda impactación por la globalización
neoliberal, que ha modificado la matriz productiva en la que el sector de
servicios y comercio tiene cada vez mayor preponderancia en PIB, en desmedro
del sector agrícola. Por
otro lado, se constata un proceso de reconcentración de la tierra en manos de
capitales nacionales y transnacionales, incluyendo al capital narco, que en su
conjunto marcan una tendencia de despojo de las comunidades campesinas e
indígenas y un deterioro en la tradicional economía campesina. La construcción
de nuevas hidroeléctricas, proyectos de
explotación petrolero y de minería, la aprobación del proyecto de la
Franja Transversal del Norte, del corredor
tecnológico, obedecen en su conjunto a una reorganización territorial
sustentada en los intereses de acumulación del capital nacional e
internacional, con sus respectivos secuelas de daños ecológicos, desplazamiento
poblacional y conflictividad social.
Se constata, un
reforzamiento de las alianzas entre capitales nacionales y transnacionales, que a pesar de sus evidentes contradicciones y disputas,
impulsan un modelo de acumulación sustentado en el despojo, que agudiza la
histórica y no resuelta problemática agraria, amenaza los territorios que le
den sustento material y espiritual a los pueblos originarios, e impacta a
comunidades campesinas amenazadas por proyectos que amenazan sus recursos de
agua y bosque.
Las elevadas ganancias
del sector bancario, el incremento de las exportaciones de la caña, la palma
africana, y de otros productos no tradicionales, se contraponen a los datos
estadísticos del aumento del desempleo, la extensión de la hambruna, y el
crecimiento de la pobreza, impactando profundamente a una población
históricamente empobrecida, que hoy por hoy, es mayoritariamente joven y carece
de mayores perspectivas de ascenso social, a pesar de sus esfuerzos por
concluir los estudios básicos, técnicos o universitarios. El que se suman más o
menos un millón de habitantes cada
cuatro años a la población ya existente, sin que el Estado cuenta con una base
tributaria adecuada que le permita atender a sus ciudadanos, complejiza aún más
la situación. Cuando un modelo económico es incapaz de brindar a los habitantes
dignas condiciones de vida, incapaz de garantizar perspectivas de futuro a la
generación naciente, cuando más del 78% de la fuerza laboral sobrevive en la
economía informal y cuando se expulsa a decenas de miles de connacionales hacia
los Estados Unidos para encontrar otros medios de ingresos, ciertamente debe
reconocerse que el modelo vigente ha fracasado en garantizar los derechos humanos
y constitucionales básicos.
En tal sentido, debería
responsabilizarse jurídica y políticamente a quienes promueven la
profundización y continuación de este modelo, profundamente violatorio de los
derechos de los y las guatemaltecos, porque atenta contra la vida y la madre
naturaleza.
2..
El
Estado, a pesar de que anualmente aumenta su presupuesto, no logra atender las
crecientes y cada más complejas necesidades de la ciudadanía, sean estas en el
ámbito de la salud, educación, vivienda, infraestructura, creación de fuentes
de empleo, en la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado o en
materia de derechos humanos y justicia. Pero
no se trata de un Estado fallido, sino de un andamiaje estatal que funciona en base
a compadrazgos, grupos de interés y que
sirve de botín para los grupos económicos y sus preciadas ganancias
particulares. Las políticas neoliberales impulsadas crearon condiciones para que su función
principal sea garantizar las políticas y normas jurídicas que permitan a las
elites transnacionalizadas contar con los mejores entornos para su proyecto de
acumulación.
3.Los pactos políticos que se suscribieron al
crearse la Constitución de la República en 1985, y los que posibilitaron la
firma de la paz en diciembre del 1996, han desvanecido y no existe una nueva plataforma y agenda
nacional consensuada que permitiría redireccionar el destino de la nación hacia
un futuro distinto. El deterioro de las prácticas políticas, carentes de ética,
de bases filosóficas, o ideológicas, responde a la lógica del capital en su
sentido más perverso. No se han creado nuevos espacios de participación
política que trascienden la lógica de la democracia liberal y representativa,
en tanto que la estructura política formal demuestra una creciente incapacidad
para canalizar o responder a los anhelos transformadores de las fuerzas
democráticas y sociales.
4. Desde ya hace varios
años se advertía de que el proceso de democratización del país se encontraba en
una fase de estancamiento, con riesgos de retrocesos hacia una restauración
autoritaria. Desde el inicio de la transición política de un Estado
contrainsurgente y autoritario hacía el que se cumpliera mínimamente con las
reglas de la democracia representativa han pasado ocho procesos eleccionarios,
pero las elecciones del 2011 fueron el
primero en el que se elige a un proyecto político que ha significado el
regreso de ex militares y militares activos
a esferas de la institucionalidad pública, que parecería estar
impregnando un sello particular a como desde el gobierno actual se aborda y
enfrenta los múltiples conflictos sociales.
5.La “reinvención“ del
enemigo interno, plasmado en el concepto
de seguridad hemisférico impulsado por los EEUU y ratificado por la OEA en el
2003, y nombrado como “ amenaza terrorista” se introdujo sutilmente en la
política de seguridad publicado recientemente por el gobierno actual, en la
cual la conflictividad social aparece como una de los principales amenazas
vigentes para el Estado guatemalteco, lo que en otras palabras quiere decir,
para las elites políticas y económicas cuyos intereses se encuentran
incrustados en su andamiaje institucional y jurídico. Las categorías de
soberanía nacional y territorio en cuya defensa se pretende accionar, se
esgrime a partir de una lógica de absoluto respaldo a los proyectos
empresariales a cuyos intereses se parece plegar nuevamente la institución
armada y su intricado red de colaboradores. Podría afirmarse, entonces, que se
trata de la recomposición de un proyecto oligárquico-militar, que cuenta con
una proyección estratégica de largo aliento, respaldado por fuerzas
conservadoras del continente. En tal sentido, parecen no importar los tiempos
políticos electorales, ni el tipo de instrumento partidario, ni el que se opere
con mayor frecuencia en la esfera de la ilegalidad o inconstitucionalidad. La
restauración autoritaria puede construirse sobre los escombros de la democracia
liberal y representativa.
6. Se constata una
regresión en el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva integral,
lo que constituye una evidencia contundente de la falta de compromiso de las
elites políticas y económicas para cumplir con los marcos jurídicos nacionales
e internacionales en esta materia, sea en el ámbito de los derechos de la
niñez, de las mujeres, de los pueblos originarios y de los trabajadores/as etc.,
y revela su marcado desinterés por la democracia.
7. En un periodo de 18
meses se han multiplicado e intensificado los ataques contra defensores/as de
derechos humanos, ex integrantes del movimiento revolucionario, dirigentes del
movimiento campesino, los pueblos originarios, comunidades, académicos,
organizaciones de desarrollo y la cooperación internacional. Está en marcha una
compleja e intricada estrategia con un amplio repertorio táctico, que involucra
tanto a funcionarios públicos, ex militares, políticos de extrema derecha,
medios de comunicación radial, televisiva y escrito, columnistas, supuestos
académicos y empresarios, que tiene la manifiesta intención de debilitar y
“aislar“a aquellas fuerzas quienes cuestionan la injusticia, la desigualdad, y
las persistentes violaciones a los derechos humanos de los y las guatemaltecos.
8. Especial mención
merecen las expresiones neofascistas y anticomunistas que operan con el
aparente beneplácito de autoridades gubernamentales y cuentan con el respaldo
político y económico del gran capital. Estas no surgieron a la luz del juicio
contra Ríos Montt, ni desaparecerán del espectro político a corto plazo. Aplicando
métodos de la contrainsurgencia y del fascismo clásico, inspirados en la guerra
de cuarta generación que les lleva a una interpretación fanatizada y
distorsionada de la realidad nacional, estos grupos libran una agresiva
ofensiva contra las fuerzas democráticas y sociales. Bajo el descalificado de “comunistas”
“terroristas” “vividores de la cooperación” desacreditan a personas e
instituciones como parte de una estrategia política-ideológica que busca ganar
adeptos para sus falaces interpretaciones de la historia y del presente. A
pesar de la diversidad de procedencia, estos “apóstoles” son defensores a
ultranza de las interpretaciones más ortodoxas del neoliberalismo y social
darwinismo, por lo tanto útiles para los intereses de los grupos económicos “retrógrados”.
Mientras atacan a la cooperación internacional por interferir en los asuntos
nacionales, son súbditos de organizaciones ultraconservadoras mundiales, cuyas
frases y propaganda reproducen como loritos obedientes. El problema no es su
adscripción ideológica política, sino su actuación de acoso, descredito y
divulgación de mentiras (al mejor estilo de fascismo clásico) que violenta los
derechos humanos de las personas agredidas. Un andamiaje discursivo que sirve
perfectamente para reforzar las tendencias fascistoides que históricamente han
estado anclados en la sociedad y podría ser la antesala de una peligrosa e
históricamente conocida estrategia represiva.
9. En otros países
donde existen estas fuerzas ultras, la derecha “civilizada” se tiende a
distanciar de estas expresiones por constituir un riesgo latente a la
institucionalidad democrática y la convivencia pacífica. Aquí continúan
operando con toda la impunidad del caso con el beneplácito o silencio de la
mayoría de las fuerzas políticas y sociales, quienes aún no han comprendido,
que más temprano que tarde, esta ofensiva no es contra comunistas, ni
socialistas, ni dirigentes sociales, ni la cooperación sino contra cualquier
posibilidad de construir un sistema político y económico democrático en el país.
10. En este contexto de profunda crisis, de
riesgos de restauración autoritaria es importante cerrar filas en torno a
derechos conquistados, compartir la praxis acumulada, potenciar las practicas
contra hegemónicas, articular los saberes y poderes populares, reabrir el debate
sobre los retos estratégicos, y contribuir a la construcción de un sujeto
socio-político que permita acumular fuerza, y redireccionar los destinos de
esta nación hacia un porvenir emancipatorio.
Guatemala 20 de julio 2013
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