Giorgio Trucchi
Nueva legislación utiliza figura del fideicomiso para entregar recursos naturales en concesión a inversionistas privados
Después de la idea de privatizar territorios enteros con la justificación de la lucha contra la desigualdad social, otra iniciativa del gobierno del presidente Porfirio Lobo fue aprobada en Honduras: la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, más conocida como "Ley Hipoteca". Para los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad hondureña, se trata de un elemento más de un amplio proceso de privatización del país, hundido en deudas.
La sesión parlamentaria del pasado 20 de julio se realizó en el retirado municipio de Gracias, Departamento de Lempira, con la participación de una cantidad muy reducida de diputados propietarios, sin la posibilidad de discusión y debate, y sin contar con el registro electrónico de los asistentes, para hacer constar cómo votó cada congresista.
La ley, cuya aprobación fue sucesivamente ratificada por el plenario del Congreso Nacional en Tegucigalpa y que ahora está siendo vetada por su principal impulsor y defensor, el presidente Porfirio Lobo, utiliza la figura del fideicomiso para entregar en concesión a inversionistas privados, en su mayoría transnacionales, los recursos naturales del país que se consideran ‘ociosos’, para proyecto de explotación. A cambio, el gobierno tendrá acceso a recursos líquidos para cubrir parte de la gigantesca deuda interna, que ha venido aumentando principalmente a raíz de la crisis originada por el golpe de Estado, que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya.
Después de fuertes protestas y grandes manifestaciones y a menos de 100 días de las elecciones, el presidente decidió devolver la ley al Congreso Nacional con varias observaciones. "Cuando llegue la ley, la voy a vetar, para que ya quitemos ese tema de las campañas políticas”, afirmó Lobo. Sin embargo, para varios analistas la aprobación fue postergada con la idea de no afectar la candidatura oficialista del actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con datos brindados por el FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa de Honduras) a Opera Mundi, la deuda pública total, entre consolidada y flotante, está calculada en unos 14 mil millones de dólares y ha superado el 70% del PIB (Producto Interno Bruto). De ese monto total, más de la mitad corresponde a deuda interna.
“En el caso de un cerro, por ejemplo, donde se ha detectado la presencia de minerales metálicos, o de un río cuyas aguas se van a utilizar para generar energía hidroeléctrica, el gobierno emite un título valor por una cantidad calculada en base a una estimación del flujo de caja que se generaría en un plazo de tiempo definido, y lo coloca en los mercados financieros”, explicó Gabriel Perdomo, técnico analista del FOSDEH. De esa manera, el inversor que adquiere dicho título valor tendrá el dominio absoluto sobre el bien y gozará de amplios beneficios fiscales. A cambio, entregará al gobierno la cantidad de dinero que deriva de la estimación realizada.
Según Perdomo, este mecanismo de titularización de flujo de caja futuro no sólo refleja la grave situación económico-financiera en que se encuentra el Estado hondureño, sino que genera muchas dudas sobre la transparencia de todo el proceso. “Con esta ley, que fue aprobada a la carrera y sin ninguna socialización ni discusión previa, el gobierno obvia todas las disposiciones y mecanismos legales contenidos en las leyes que regulan los procesos de contratación pública, la transparencia, el acceso a la información y la explotación de recursos naturales”, argumentó.
Además, el analista del FOSDEH expresó una profunda preocupación por la introducción, en estas operaciones, del tema del fideicomiso, “que es el mecanismo con menor transparencia que existe”, así como por los graves impactos que tendrá sobre los recursos naturales del país y sobre las poblaciones que viven en los territorios que serán objeto de concesión y explotación. “El verdadero objetivo de esta ley es puramente político. Van a vender los bienes del Estado de forma barata y no transparente y, de esa manera, tendrán acceso a nuevos fondos para mejorar la imagen del Ejecutivo y de los candidatos del partido de gobierno, en vista de las elecciones”, concluyó Perdomo.
Honduras a la venta
Para el abogado constitucionalista Oscar Cruz, detrás de la aprobación de la ‘Ley Hipoteca’ se ocultan fines mucho más estratégicos, que tienen que ver con el proceso de afianzamiento de los grupos de poder y las oligarquías nacionales.
“Hay un proyecto en marcha que apunta a sustituir la gestión y el poder público con la gestión privada, y lo han puesto en práctica con la aprobación de leyes y reformas constitucionales que, de hecho, alteran las relaciones de poder existentes”, dijo a Opera Mundi.
Entre las leyes y reformas aprobadas, el jurista mencionó la Ley de Alianza Público Privada, que dio vida a Coalianza, el conjunto de decretos y reformas constitucionales que crearon las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como Ciudades Modelo, así como la Ley de Empleo por Hora.
“La nueva ley viene a cerrar un círculo de esta estrategia, y el uso del instrumento mercantil del fideicomiso, controlado y manejado por los tres principales bancos del país - Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Continental - pone en riesgo el futuro de la nación”, alertó Cruz. Según él, con esta operación de entrega de los bienes del pueblo, “están creando las condiciones para que las generaciones futuras tengan únicamente obligaciones y deudas que pagar, una enorme mora de carácter social , más marginalidad y empobrecimiento”.
El abogado constitucionalista subrayó también que existirían varios elementos de inconstitucionalidad que caracterizan la Ley Hipoteca, que son muy similares a los que se detectaron en la ley que creó las ZEDE. “Aunque sepamos que el sistema judicial responde a los intereses de los grupos de poder, vamos a presentar los debidos recursos de inconstitucionalidad”, alertó Cruz.
Subasta y violencia
Las organizaciones que, desde hace décadas, defienden los territorios y los bienes comunes del país, aseguran que esta nueva ley no sólo aumentará los fenómenos de explotación y saqueo, sino que profundizará también la represión.
El caso dramático del conflicto agrario en el Bajo Aguán y el asesinato de no menos de 60 campesinos organizados, la represión desatada contra las comunidades indígenas Lenca que protestan contra el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la zona de Río Blanco, así como la lucha del pueblo garífuna en defensa de sus territorios y costas, que son invadidas por megaproyecto turísticos, hidroeléctricos y monocultivos, son solamente algunos ejemplos de la grave situación que ya está viviendo Honduras.
“Hay una entrega absoluta del territorio y de la soberanía del país. Además, se pretende inculcar la idea de que nuestros recursos son ociosos porque no se están explotando. Esto violenta nuestra cosmovisión de que la tierra hay que cuidarla, y que es parte del habitad funcional de los pueblos”, dijo Miriam Miranda, presidenta de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).
La dirigente garífuna recordó, también, que el fuerte debilitamiento institucional derivado del golpe de 2009, profundizó la entrega de los recursos naturales al mejor postor, e inició una ofensiva mediático-cultural para acrecentar la lógica individualista en el país. “Hoy la apuesta del sistema neoliberal es romper y acabar con la visión colectiva y comunitaria de los pueblos, donde el derecho y el bien colectivo son más importantes del derecho individual y la competitividad”, explicó Miranda.
Para ella, este sistema “voraz y depredador en que vivimos” considera el tema de los derechos colectivos como “una afrenta y un peligro que hay que combatir”. En este sentido, Miranda convocó la sociedad hondureña y los movimientos sociales, a seguir con la lucha de resistencia en los territorios.
Fuente original: Opera Mundi (en portugués)
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/08/honduras-la-venta-ley-hipoteca-refuerza.html
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