Comunicado No. 24-01-25
la brutal agresión contra la periodista y presentadora de televisión Susana Morazán, cometida por delincuentes que se conducían en una moto, quienes además de robarle sus pertenencias, le advirtieron que dejara de hablar mal del gobierno.
Esta deleznable acción se suma a la serie de hechos que han inquietado al gremio periodístico porque evidencia que hay una intención de censurar, acallar, intimidar y hostigar a los periodistas, por parte de personas que además de violar la ley, no tienen ningún escrúpulo al agredir a personas indefensas.
Ante esa advertencia que involucra al gobierno, es indispensable que al más alto nivel, de manera contundente se desligue de ese delito y que las autoridades correspondiente procedan de inmediato a la investigación de los hechos para determinar quiénes son los responsables directos e indirectos de los mismos.
La Comisión de Libertad de Prensa con la misma firmeza exige que los autores de hechos que riñen con la ley ocurridos en Santa Eulalia sean investigados y procesados, sobre todo la agresión en contra de María Victoria Pedro y David Diego, integrantes de la radio Snuq Jolom Konob’ quienes fueron golpeados por el grupo afín al alcalde.
La mencionada radio informó a principios de semana sobre el malestar de las autoridades comunitarias por los abusos policiales y militares cometidos durante un operativo debido al conflicto entre vecinos opositores y trabajadores de la Hidroeléctrica “Proyecto de Desarrollo Hídrico PDH S.A” cuya resolución molestó al alcalde Diego Marcos, quien disparó contra las autoridades y vecinos cuando salían deL Centro de Administración de Justicia, provocando heridas a dos personas.
Posteriormente, Marcos y sus allegados se trasladaron a la radio, donde agredieron a los comunicadores por dar a conocer la información, según informó Lorenzo Mateo, uno de los directores de la radio.
La Comisión de Libertad de Prensa de la APG demanda al gobierno una vez más, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República que le impone garantizar la vida, la seguridad y la libertad de expresión, de opinión y de prensa, si esa obligación no es asumida con toda responsabilidad y se dilucidan a la brevedad los hechos consignando a los responsables, este gobierno quedará una vez más en entredicho.
Es impensable construir un futuro distinto si además de los graves y persistentes problemas que enfrenta el país, se intenta provocar una inestabilidad a través de amenazas y coacciones en contra de la prensa, no importa de donde vengan.
Nos solidarizamos con la Periodista Susana Morazán y con los comunicadores María Victoria Pedro y David Diego y reiteramos nuestro repudio a estas acciones.
Guatemala, 21 de enero de 2015.
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