La conducción coercitiva del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a declarar representa un ataque a la democracia y a la Constitución.
Se trata de un nuevo e indigno capítulo en la escalada golpista que busca desestabilizar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, criminalizar al Partido de los Trabajadores y combatir al principal líder del pueblo brasileño.
Sectores del aparato policial y judicial del Estado, mancomunados con grupos de comunicación y la oposición de derecha, son el centro dirigente de una operación destinada a subvertir el resultado de las urnas.
El festival de investigaciones selectivas, filtraciones ilegales a los medios y atropellos de garantías individuales pone de manifiesto que la nación está siendo desangrada por la construcción de un régimen de excepción y arbitrio, bajo el comando de fuerzas conservadoras cuyo único objetivo es regresar al gobierno a cualquier costo.
Estos mismos grupos reaccionarios, en el pasado, recurrían a los cuarteles. Ahora reclutan enemigos de la democracia en los tribunales, en el Ministerio Público y en la Policía Federal, estimulados y protegidos por la prensa monopolista.
El ex presidente Lula es el principal blanco de quienes no aceptan el proceso de transformación iniciado en 2003, marcado por el cambio de vida y el creciente protagonismo de los trabajadores de la ciudad y del campo.
El Partido de los Trabajadores, en este momento de afrenta al sistema democrático y a la soberanía popular, reafirma la movilización permanente de la militancia. Los petistas están convocados a defender, al lado de nuestros aliados, en las calles y en las instituciones, las reglas constitucionales y la inocencia del ex presidente Lula.
Que no se ilusionen los pescadores de las aguas turbias del golpismo: el pueblo brasileño, del cual el ex jefe de Estado es el hijo más ilustre, sabrá resistir y derrotar a las fuerzas del odio y del retroceso.
Presidente Rui Falcão
Partido de Trabajadores de Brasil
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