Panama:Militarismo, democracia y derechos humanos

M. A Gandásegui

 Hace pocos días un soldado norteamericano en ‘misión’ de entrenamiento de policías según los medios locales asesinó, en la provincia de Los Santos, a una joven panameña. Hay indicios que el soldado intentó esconder su acto criminal enterrando a la mujer. EEUU invocó uno de los tantos acuerdos militares con Panamá para declarar al soldado un ‘agente diplomático’. Las autoridades panameñas entregaron el soldado a EEUU y todo indica que no será juzgado por su supuesto crimen. 

 Esta es una de las tantas consecuencias negativas de la creciente militarización de Panamá, que se suma a la corrupción y a los radares perdidos. Me imagino que la primera pregunta del presidente Juan C. Varela, quien asumió el poder el martes, a sus asesores en ‘seguridad nacional’ fue ¿dónde están los radares que el gobierno del expresidente Martinelli le compró a una empresa cercana a Silvio Berlusconi en Italia? Los radares se han convertido en un escándalo que puede acabar con las carreras de muchos políticos en Italia y, a la vez, puede poner a Martinelli en el banquillo de acusados en ese país europeo. 

 Detrás de las historias de mal uso de fondos públicos, sexo y otros abusos se encuentra un verdadero peligro para Panamá. Se trata del creciente militarismo que los sectores gobernantes abanican sin considerar los resultados catastróficos que representa. En menos de cinco años, Washington estableció 12 bases aeronavales sobre las costas panameñas. Los militares norteamericanos también crearon un Ministerio de Seguridad Pública en Panamá con un presupuesto anual que se acerca a los mil millones dólares. Gran parte del presupuesto es invertido en la compra de armas, el entrenamiento de oficiales y soldados y otras actividades.

 La formación de militares no puede ser objeto de un rechazo si es realizado para enfrentar a un enemigo que amenaza a Panamá. Pero el país no tiene enemigos, tenemos relaciones normales con nuestros vecinos y, lo más importante, no existen grupos insurgentes en el país. Entonces ¿al servició de quién están los militares que guardan nuestras fronteras y nuestras costas? La respuesta es sencilla: Es parte de la política exterior de EEUU de construir una red de bases a escala mundial para resguardar lo que llama su seguridad nacional. 

 En 1946 cuando terminó la II Guerra Mundial, EEUU le pidió a Panamá que nombrara a un militar como jefe de la Policía Nacional. Así llegó el entonces capitán José A. Remón a la cima del poder militar como peón de lo que sería el Comando Sur norteamericano acantonado en el Istmo. Remón después fue Presidente de la República y creó la Guardia Nacional que en 1968 dio el golpe militar.

 ¿Será casualidad que entre las primeras medidas del presidente Varela fue encumbrar a un militar como jefe de la Policía Nacional? Más bien parece que fue producto de una solicitud de EEUU que dio un paso en firme en la militarización de la Policía Nacional. Otro elemento que tampoco es casualidad es mantener en sus cargos a los jefes del Servicio de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Aeronaval (SENAN), instituciones militares.

 Las contradicciones afloraron inmediatamente. El presidente Varela anunció que trasladaría 1000 efectivos del SENAFRONT a fortalecer a la Policía comunitaria de las ciudades de Panamá y Colón. Medida que es urgente ante el estado de abandono en que el gobierno pasado tenía a las ciudades terminales. Pero, su ministro de Seguridad Pública dijo pocos días después que trasladaría un fuerte contingente de soldados a la frontera con Colombia. Incluso, insinuó que su misión sería colaborar con el Ejército de Colombia (y de paso con EEUU). Para saber cuáles son los planes del nuevo gobierno en materia de lo que llaman ‘seguridad nacional’, los panameños tenemos que consultar al Comando Sur de EEUU.

 La relación con EEUU es asimétrica. En los últimos quince años nos han tapado con ‘acuerdos’ que nos imponen como si fueran parte de nuestro orden jurídico. Washington interpreta estos documentos que salen de su Embajada en Panamá de acuerdo con cada coyuntura. Obliga a Panamá a ceder su soberanía y pone a nuestros ‘soldados’ al servicio de sus intereses, abandonando los objetivos que señala claramente la Constitución de la República. 

 Hemos planteado que en Panamá no habrá democracia si seguimos sometidos a los intereses de un Ejército extranjero. También hemos señalado que un gobierno militar es por definición contrario a la democracia.

 3 de julio de 2014.

Panamá. El golpe de Estado antes de las elecciones

Marco A. Gandásegui, h.

El grupo ‘Panamá Avanza’ presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad del artículo del Código Electoral que blinda a los magistrados del Tribunal Electoral. En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación ha presentado nueve solicitudes al Tribunal Electoral para que le levante la inmunidad al magistrado Erasmo Pinilla. El Tribunal Electoral mantiene las demandas de la Procuraduría en suspenso. 

El artículo del Código Electoral mencionado por ‘Panamá Avanza’ señala que es inconstitucional pretender que sólo el Tribunal Electoral puede levantarle la inmunidad a sus magistrados. Otra interpretación de la Constitución Política plantea que la potestad para juzgar a los magistrados del Tribunal Electoral es de la CSJ. 

Si la CSJ acoge la demanda y falla a favor de los demandantes, abre la puerta para que el magistrado Pinilla pierda su fuero y, además, sea separado de su cargo. En un caso como éste, la composición del Tribunal Electoral cambiaría radicalmente faltando menos de un mes para las elecciones generales del 4 de mayo.

El presidente Ricardo Martinelli lograría un objetivo político que se le escapaba: Contar con una mayoría de magistrados en el Tribunal Electoral. Esta eventualidad le aseguraría el triunfo electoral del candidato del Partido Cambio Democrático, José Domingo Arias, escogido por el mismo presidente Martinelli.

Aún más importante, le permitiría al primer magistrado de la República demandar con éxito los triunfos de los diputados de la oposición que resulten electos el 4 de mayo. El antecedente de 1968 está muy presente. Hace casi 50 años, el presidente electo Arnulfo Arias presentó demandas exitosas ante el Tribunal Electoral contra la mayoría de los diputados liberales que resultaron ganadores en las elecciones ese año. Cuando Arnulfo Arias asumió la Presidencia en octubre, su partido ya contaba con una cómoda mayoría en la Asamblea de Diputados.

La demanda de inconstitucionalidad que reposa en la CSJ es técnicamente un golpe de Estado. Es la “crónica de un golpe de Estado anunciado”. Como todo golpe de Estado, la intención del mismo es inaugurar un nuevo régimen que reemplace el anterior. Entre 1989 y 2014, ha regido en Panamá un sistema de dominación política de los partidos políticos conservadores / neo-liberales que se alternaban cada cinco años en el poder. El nuevo régimen político eliminará el papel de los partidos políticos y la alternabilidad en el poder. A partir de 2014 los partidos políticos serían reemplazados por la figura del ‘líder’. A su vez, no habría necesidad de renovar al líder y se pone fin a la alternabilidad.

¿Por qué ocurren estos cambios? Una de las razones, la más sencilla, es que el modelo de la llamada alternabilidad se agotó. No responde a los poderosos intereses de los sectores que compiten por el poder político. Si queda algún rastro que los identifica con los actores de 1990, la correlación de fuerzas ha cambiado. 

El nuevo modelo de acumulación capitalista que representa la figura de Martinelli privilegia el despojo de amplios sectores de la población panameña, tanto de los sectores empobrecidos como de las capas medias de la sociedad. Los recursos que tiene este modelo a su disposición es la creciente acumulación de riquezas que representa el Canal de Panamá y su ampliación (que derrama beneficios sobre los sectores especulativos y de servicios). 

El proyecto de Martinelli, además, pretende concentrar aún más las riquezas del país en cada vez menos manos. Los empresarios más grandes del país, dueños de la banca, aseguradoras, inmobiliarias, medios de comunicación, de transporte y del comercio exterior están bajo una presión constante para ceder parte de sus negocios al grupo de Martinelli. Lo lamentable para el país es que ambos grupos no presentan alternativas productivas (empleo) o nuevas áreas de acumulación capitalista. La estrategia basada en el despojo no sólo arruina a los capitalistas a corto plazo, también empobrece a los sectores mayoritarios de la población. La política del despojo de Martinelli representa el fin de un régimen basado en la ‘hegemonía’ de una oligarquía insaciable (aliada a los intereses de EEUU), que desde la oposición tradicional ha demostrado su incapacidad para mantener en alto su proyecto neo-liberal. 

‘Panamá Avanza’, aparentemente un brazo político de la campaña de Cambio Democrático que dirige el presidente Martinelli, es la vanguardia de un destacamento que sienta las bases para el golpe de Estado y un cambio de régimen. 

3 de abril de 2014.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 

www.marcoagandasegui14.blogspot.com

www.salacela.net

¿Se desacelera la economía panameña?

Marco A. Gandásegui (hijo)

 Los medios de comunicación han comenzado a publicar notas sobre la desaceleración de la economía del país que preocupa a los sectores financieros que operan en Panamá. Algunos le pasan la factura al gobierno del presidente Ricardo Martinelli y la corrupción. Hay quienes plantean que el estancamiento/recesión de EEUU (2008-2013) ha comenzado a sentirse en Panamá. Incluso, en algunos círculos dicen que la culpa de la desaceleración la tiene el colapso de Europa y el euro. Recientemente, ha surgido la tesis de que los cambios que experimenta China afectan negativamente a Panamá. Todos estos factores influyen sobre el crecimiento de la economía panameña. Sin embargo, no apuntan al problema de fondo: La estructura social panameña, el modelo económico que impulsan los sectores dominantes y las políticas públicas que promueven los gobiernos. 

Lo preocupante es que casi todos los análisis parten de supuestos superficiales y externos, sin mayor fundamentación. Panamá tiene una estructura social asimétrica, donde la gran mayoría no participa en el mercado de consumo y se vincula de manera informal al empleo. Es decir, tenemos una estructura social que concentra la actividad ‘productiva’ de la población en un sector muy pequeño, aproximadamente el 20 por ciento. El otro 80 por ciento está, en gran parte, excluido del mercado y no contribuye al crecimiento. Esta realidad da cuenta de la pobreza en que se encuentran los panameños (el 40 por ciento según el Banco Mundial). Más aún, apunta a la desigualdad social y económica.

 El modelo económico vigente en Panamá sólo agudiza las contradicciones de la estructura social. Por un lado, tiende a privilegiar a los sectores propietarios con subvenciones, privilegios impositivos y derechos al despojo de los bienes públicos. En cambio, a los sectores trabajadores le cae el peso de los impuestos (ITBMS) y no recibe privilegios. En la actualidad, los tres sectores de mayor crecimiento del país, como son la banca, el sistema portuario y la Zona Libre de Colón, no pagan impuestos. Además, las mil personas jurídicas o naturales que concentran la riqueza del país apenas pagan impuestos. El sector comercial se mantiene gracias a la manipulación del mercado y una legislación favorable. 

En cambio, los sectores productivos como la agro-industria y la manufactura se estancaron en la década de 1990, retrocedieron en la década pasada y, actualmente, la están destruyendo. Los últimos gobiernos panameños han impulsado políticas públicas relacionadas con la especulación inmobiliaria y un turismo, en parte, asociado con el crimen organizado. Estas actividades, junto con los ingresos provenientes del Canal de Panamá y el aparente lavado de dinero, generan los recursos que el actual gobierne utiliza para emprender las megas obras envueltas en múltiples escándalos de corrupción. Las altas tasas de crecimiento del PIB – cerca del 10 por ciento anual – en el último lustro son atribuidas a estas actividades. Según algunos medios “la actividad económica del país está experimentado una desaceleración en 2013”. 

Según cifras de la Contraloría, la economía redujo su ritmo en forma significativa. El informe sobre el producto interno bruto revela que en el primer trimestre de 2013 creció en un 7 por ciento. En el mismo período de 2012, el PIB creció a una tasa del 11. 4 por ciento. Los medios agregan que “la tendencia a crecer menos es causada por factores internacionales. La crisis que afecta a la Unión Europea, el lento crecimiento – 2 por ciento - que experimenta EEUU y la desaceleración por la que atraviesa China impactan las actividades relacionadas con el comercio exterior”. Según el economista Aristides Hernández, “los sectores que están marcando la desaceleración de la economía son la Zona Libre de Colón, que ha experimentado una caída del 12 por ciento, el movimiento de contenedores en el sistema portuario que cayó en un 15 por ciento y el tránsito a través del Canal de Panamá que se redujo un 9 por ciento”. La serie de números, sin embargo, no contribuye mucho a conocer las razones de una posible reducción del crecimiento económico panameño. Más aún, no explican porque Panamá, en la presente situación, no puede hacer algo para mitigar o modificar la tendencia que se comienza a sentir. 

En forma inmediata nos corresponde cambiar el modelo económico y buscar otro equipo político que se ponga a la cabeza del país. Los grandes excedentes que está absorbiendo la economía nacional tienen que reinvertirse en el desarrollo de los sectores productivos. En primer lugar los sectores manufactureros y agropecuarios. Los políticos neoliberales panameños – si se pueden calificar con este adjetivo - han apostado a la economía mundial y han abandonado lo fundamental: la economía nacional. Hay que poner a los panameños a trabajar y producir. De lo contrario, seremos víctimas del primer temblor que sacuda el actual arreglo internacional que depende de las importaciones agro-mineras de China y de las exportaciones de ese país, principalmente a EEUU. El Canal de Panamá seguirá pasando barcos, habrán puertos e, incluso, una zona franca. Pero si Panamá no cuenta con una población trabajadora estable y productiva con la primera sacudida se hundirá el país. 5 de septiembre de 2013 

 Publicado por Marco A. Gandásegui, (hijo) 2013  en 06:33  No hay comentarios:

Panamá:  

Marco A. Gandásegui, (hijo):Crece la deuda: más pobreza y mayor desigualdad 

14 de septiembre de 2012

 Algo que los panameños tenemos que recordar – se nos olvida con muchas facilidad – es que nuestros problemas son el producto de las políticas que aplican los gobernantes para favorecer algunos pocos inversionistas o especuladores que forman parte de círculo del poder. El crimen organizado y la creciente violencia que sacude al país es consecuencia de las políticas gubernamentales. El caos urbano en el transporte y en las construcciones son el resultado de las resoluciones que aprueban nuestras autoridades. El alto costo de la vida y el incremento del precio de la canasta básica están directamente asociados a los tratados de “libre comercio”.

 El círculo de poder que concentra la riqueza del país tiene a su servicio inmediato un ejército de servidores que se especializan en engañar, convencer, castigar y reprimir al resto de la población. Este sector – los pobres que conforman mas del 75 por ciento de los panameños - está dividido en dos grupos. Por un lado, los trabajadores que producen riquezas para la acumulación de los ricos. Por el otro, una creciente masa de panameños que se encuentra en el sector informal y sin trabajo decente, y que se encuentra en peligro constante de ser privada de su libertad por el delito de ser pobres.

 La mayoría de los panameños son engañados todos los días cuando se trata de explicar las causas del crimen, del caos urbano y del alto costo de la vida. Se dejan embaucar por quienes dicen a través de los medios que a los panameños les gusta ser flojos, peleones y relajados. Con esas características no podemos llegar a ser un pueblo productivo. Los teóricos de los gobernantes plantean que la desigualdad es necesaria para que exista progreso. Agregan insulto a desprecio señalando que la pobreza es un buen negocio para el país. 

 Recientemente, un escritor argentino, Adrián Salbuchi, se refirió al problema de la deuda pública. Los presidentes de la República, ministros y asesores le cantan loas a la deuda y los grandes beneficios que representan para el país. No importa que a mayor deuda, más pobreza y mayor la desigualdad. Salbuchi también nos recuerda que  “cuando estallan las consabidas ‘crisis’ de deuda pública, son preconcebidos. Estallan porque es el efecto buscado”.

Para explicar este fenómeno se remonta cuatrocientos años y trae al mundo actual a William Shakespeare. “Se trata de un complejo sistema de deuda que puede describirse como ‘el modelo Shylock’, aludiendo a la obra El mercader de Venecia, uno de cuyos principales personajes es el despreciable usurero Shylock”. En la obra de Shakespeare, Shylock le hace un préstamo a un mercader exigiéndole que firme un contrato mediante el cual se compromete a pagarle “de su propia carne” si no puede cubrir los intereses de la deuda.  

”Bajo el modelo de Shylock, primero hay que endeudar a la víctima, imponiéndole un contrato legal que lo obliga a pagar. Shylock lo logró apelando a las leyes de Venecia para que avalara su escandalosa pretensión. Los banqueros modernos lo hacen colocando a “sus” políticos para que endeuden al país”.

¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a mega-banqueros como Goldman Sachs, JP MorganChase, Rockefeller, Soros o Rothschild, todos ellos modernos administradores del modelo Shylock? Que algún país soberano le diga ven el lunes a retirar tu cheque.

”El Sistema de Deuda Eterna funciona, según el modelo Shylock, cuando los mega-banqueros usureros sincronizan su relojes con gobernantes títeres. Un trabajador honesto, señala Salbuchi, jamás podrá penetrar en la mentalidad parasitaria del usurero si parte de la premisa errónea de que Shylock le prestó a Antonio con la intención de que le devuelva la suma. Shylock especulaba con que Antonio no pudiera devolverle lo prestado, para así poder ejecutar la garantía, su “pagaré”.

Un deudor potencialmente rico que se vea transitoriamente imposibilitado de devolver un préstamo, es música para los oídos de un banquero usurero. Cualquier deudor que devuelva el dinero prestado no le conviene a un usurero. Esa práctica acaba con los principios y cimientos sobre los que se sustenta la usura. Frustra toda posibilidad de que banqueros y usureros puedan ejercer su oficio de parásitos, al verse obligados a trabajar en busca de nuevas víctimas.

El negocio más jugoso para un banquero es, precisamente, poder refinanciar deudas año tras año, haciéndolas crecer exponencialmente a través del interés y del interés compuesto. Por eso, el secreto está en que el deudor no pueda pagar. Shylock jamás tuvo como objetivo recuperar su préstamo. Sólo quería su libra de carne. El préstamo y el contrato de garantía conformaban el mecanismo para hacerse “legalmente” dueño del mercader.

Los liberales de mediados del siglo XX endeudaron el país en varias decenas de millones de dólares que aún estamos pagando. Los militares de fines del siglo pasado nos endeudaron por varios centenares de millones de dólares. En la actualidad, los neoliberales nos han endeudado en varios miles de millones de dólares que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos a los modernos Shylocks. Seguiremos entregándole a los banqueros nuestras riquezas mientras seguimos en la pobreza ‘espléndida’ y gozando de la desigualdad tan celebrada por los neoliberales. 

Panamá, 13 de septiembre de 2012.