M. A Gandásegui
Hace pocos días un soldado norteamericano en ‘misión’ de entrenamiento de policías según los medios locales asesinó, en la provincia de Los Santos, a una joven panameña. Hay indicios que el soldado intentó esconder su acto criminal enterrando a la mujer. EEUU invocó uno de los tantos acuerdos militares con Panamá para declarar al soldado un ‘agente diplomático’. Las autoridades panameñas entregaron el soldado a EEUU y todo indica que no será juzgado por su supuesto crimen.
Esta es una de las tantas consecuencias negativas de la creciente militarización de Panamá, que se suma a la corrupción y a los radares perdidos. Me imagino que la primera pregunta del presidente Juan C. Varela, quien asumió el poder el martes, a sus asesores en ‘seguridad nacional’ fue ¿dónde están los radares que el gobierno del expresidente Martinelli le compró a una empresa cercana a Silvio Berlusconi en Italia? Los radares se han convertido en un escándalo que puede acabar con las carreras de muchos políticos en Italia y, a la vez, puede poner a Martinelli en el banquillo de acusados en ese país europeo.
Detrás de las historias de mal uso de fondos públicos, sexo y otros abusos se encuentra un verdadero peligro para Panamá. Se trata del creciente militarismo que los sectores gobernantes abanican sin considerar los resultados catastróficos que representa. En menos de cinco años, Washington estableció 12 bases aeronavales sobre las costas panameñas. Los militares norteamericanos también crearon un Ministerio de Seguridad Pública en Panamá con un presupuesto anual que se acerca a los mil millones dólares. Gran parte del presupuesto es invertido en la compra de armas, el entrenamiento de oficiales y soldados y otras actividades.
La formación de militares no puede ser objeto de un rechazo si es realizado para enfrentar a un enemigo que amenaza a Panamá. Pero el país no tiene enemigos, tenemos relaciones normales con nuestros vecinos y, lo más importante, no existen grupos insurgentes en el país. Entonces ¿al servició de quién están los militares que guardan nuestras fronteras y nuestras costas? La respuesta es sencilla: Es parte de la política exterior de EEUU de construir una red de bases a escala mundial para resguardar lo que llama su seguridad nacional.
En 1946 cuando terminó la II Guerra Mundial, EEUU le pidió a Panamá que nombrara a un militar como jefe de la Policía Nacional. Así llegó el entonces capitán José A. Remón a la cima del poder militar como peón de lo que sería el Comando Sur norteamericano acantonado en el Istmo. Remón después fue Presidente de la República y creó la Guardia Nacional que en 1968 dio el golpe militar.
¿Será casualidad que entre las primeras medidas del presidente Varela fue encumbrar a un militar como jefe de la Policía Nacional? Más bien parece que fue producto de una solicitud de EEUU que dio un paso en firme en la militarización de la Policía Nacional. Otro elemento que tampoco es casualidad es mantener en sus cargos a los jefes del Servicio de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Aeronaval (SENAN), instituciones militares.
Las contradicciones afloraron inmediatamente. El presidente Varela anunció que trasladaría 1000 efectivos del SENAFRONT a fortalecer a la Policía comunitaria de las ciudades de Panamá y Colón. Medida que es urgente ante el estado de abandono en que el gobierno pasado tenía a las ciudades terminales. Pero, su ministro de Seguridad Pública dijo pocos días después que trasladaría un fuerte contingente de soldados a la frontera con Colombia. Incluso, insinuó que su misión sería colaborar con el Ejército de Colombia (y de paso con EEUU). Para saber cuáles son los planes del nuevo gobierno en materia de lo que llaman ‘seguridad nacional’, los panameños tenemos que consultar al Comando Sur de EEUU.
La relación con EEUU es asimétrica. En los últimos quince años nos han tapado con ‘acuerdos’ que nos imponen como si fueran parte de nuestro orden jurídico. Washington interpreta estos documentos que salen de su Embajada en Panamá de acuerdo con cada coyuntura. Obliga a Panamá a ceder su soberanía y pone a nuestros ‘soldados’ al servicio de sus intereses, abandonando los objetivos que señala claramente la Constitución de la República.
Hemos planteado que en Panamá no habrá democracia si seguimos sometidos a los intereses de un Ejército extranjero. También hemos señalado que un gobierno militar es por definición contrario a la democracia.
3 de julio de 2014.
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