Guatemala. Comunicado de la Fundación Tierra Nuestra

EN EL CONTEXTO DE LOS ATAQUES A DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Fundación Tierra Nuestra expresa:

Los discursos y campos pagados del actual gobierno hablan de una disposición de abordar el tema de desarrollo rural priorizando las economías campesinas, sujetos rurales en condiciones de múltiples exclusiones históricas. Y que paralelamente atenderá la inversión privada en área rural. Sin embargo, la realidad de los últimos dos años y medio ha mostrado un sesgo a favor de empresas nacionales y transnacionales, y un deterioro del respeto a los derechos humanos de personas que ejercen un liderazgo social, organizaciones de derechos humanos, población local, campesinos y pueblos indígenas.

Países democráticos requieren de una pluralidad de opiniones, respeto y la construcción de consensos. Recién la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala reiteró la necesidad de ejercer, en armonía con otros, la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación. En la actualidad, en los territorios de los pueblos de Guatemala estas condiciones no se aseguran. A las problemáticas sociales se les responde con estrategias represivas y antidemocráticas, combinado con tácticas provocativas y de choque. En vez de diálogo, respeto a la dignidad de las personas y atención de sus demandas, prevalece el empleo de la fuerza en contra de los movimientos pacíficos, como lo sucedido en el desalojo violento en La Puya a finales de mayo o anteriormente en la Cumbre de Alaska, contra los 48 Cantones de Totonicapán.

En este contexto rechazamos la violación a derechos humanos cuando se realizan capturas ilegales en especial de los/as principales dirigentes campesinos/as, comunitarios/as y de pueblos mayas. Las detenciones llamadas "preventivas" de líderes sociales son inaceptables por carecer de pruebas y de investigación de parte del Ministerio Público y del supuesto riesgo que se correría al no encarcelarlos. Fianzas de millones de Quetzales, como medidas sustitutivas, son injustas por las realidades socio-económicas de los perseguidos. Atenta contra la gobernabilidad del Estado quien convierte a las instituciones de justicia en herramientas de persecución política de opiniones no deseadas por los poderes económicos y sus aliados. Además, no resuelve las problemáticas de fondo, sino continúan agudizándose las condiciones de conflictividad en los territorios, la responsabilidad del Estado es resolver de forma profunda y transparente, aquello que genera las acciones de oposición y resistencia de las comunidades.

Rechazamos enérgicamente la nueva persecución a Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, quien ha sido blanco de recientes ataques: primero, en el intento de reactivación de un antiguo caso al citar a Monseñor por el MP en calidad de testigo bajo la advertencia "que su incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública"; y, segundo, al decretar ilegal e injustificadamente una medida de protección prevista para casos de violencia intrafamiliar, a favor de una persona con quien el Obispo de Huehuetenango no tiene parentesco. Ambos casos tienen la finalidad de intimidar a quien vive su ministerio desde la opción preferencial a favor por los pobres. Cabría analizar las responsabilidades legales y disciplinarias de jueces que emiten resoluciones notoriamente ilegales. En similar sentido, es inaceptable el trato despectivo al Obispo de Huehuetenango como sucede en algunos programas radiales.

Consideramos que el uso de los medios de comunicación, como recién lo hizo una emisora de radio, para desprestigiar a defensores de derechos humanos y organizaciones de cooperación, carece de ética porque violenta las relaciones democráticas donde tienen cabida diferentes puntos de vista. Al respecto el Procurador de los Derechos Humanos ha recomendado de "abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala... en los cuales no sólo se agrede a personas, organizaciones o movimientos, representes diplomáticos y Misiones Internacionales, sino también se fomenta el odio y la confrontación social". Recordamos la importancia de las demás recomendaciones del magistrado de conciencia, entre otras, de pedir "una campaña de difusión masiva acerca de la importancia del trabajo de las/los defensores de Derechos Humanos". Resaltamos el papel fundamental de los defensores de derechos humanos en sociedades democráticas, el cual implica gastos que en muchas ocasiones se cubren por la vía de solidaridad internacional. Lógicamente, hacer valer derechos conlleva implícito el cuestionamiento a realidades violatorias a dignidades humanas. Muchas actuaciones estatales actuales son todo lo contrario de lo recomendado por el Procurador de los Derechos Humanos.

Exigimos:

• El inmediato cese de las persecuciones políticas en contra de líderes comunitarios, líderes sociales, los defensores de derechos humanos y personas solidarias. Igualmente debe pararse las campañas de criminalización y de odio en su contra.

• La inmediata puesta en libertad de todos los perseguidos políticos que se encuentran en prisión bajo falsas acusaciones por motivos de opiniones disidentes a intereses empresariales, incluyendo pero no limitándose a los dirigentes campesinos, dirigentes comunitarios de Barillas, de La Puya, de San Rafael Las Flores y de otros más.

• Un alto a la campaña de desprestigio contra el Obispo Álvaro Ramazzini. Esperamos la pronta investigación sobre la calidad profesional y ética con la que actuaron los funcionarios que emitieron resoluciones judiciales ilegales contra el obispo de Huehuetenango.

• El cumplimiento de la resolución del Procurador de los Derechos Humanos, de implementar una campaña de difusión masiva acerca de la importancia del trabajo de las/los defensores de Derechos Humanos. Con la finalidad de lograr el cese de la incitación al odio y la agresión a los derechos fundamentales. Y la construcción de un imaginario de que un país en paz no se construirá por la vía de eliminar opiniones y acciones disidentes, sino por la vía de la construcción democrática de consensos bajo el principio del bien común y el respeto pleno de los derechos humanos.