GUATEMALA. DECLARACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LAS NACIONALIDADES Q'ANJOB'AL

Nosotras y nosotros descendientes de la Civilización Maya, en el inicio de la Nueva Era Jun Tun, Jun Katún, Jun B’aktunes, reunidos los días Oxlajon Watan, Jun K'ana' y Kab' Ab'ak, en el lugar denominado Oyeb’ Tx’o’ Konob’, al pie del Lugar Sagrado Kab'tz’in, del territorio Q'anjob'al, conocido hoy como Municipio de San Juan Ixcoy, lideresas y líderes de Yalimox, Jolom konob', Oyeb Tx’o’ Konob’, Tz'unun Ha', Wajxaklajunh, Yaxb'atz', Hakatan, Tajlaq, Xajlaj, Concepción Huista, San Atonio Huista, Santa Ana Huista, Tila, San Juan Cancuc, Ixtapa Nibak, Las Margaritas, La Trinitaria, Ch'enalvo, San Cristóbal Jovel, Chanja'; de las nacionalidades Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti', Chol, Tojolab'al, Tzeltal y Tzotzil, de la Nación Q'anjob'al, venimos a compartir, nuestras sonrisas, alegrías y felicidades; a unir nuestros pensamientos ideas y palabras, con la fuerza y energía cósmica en el Segundo Encuentro de las Nacionalidades del Mayab’ Q'anjob'al.

A pesar de la fuerza con que la nueva invasión pretende saquear otra vez nuestro territorio, nuestros pueblos, de manera conjunta hemos fortalecido nuestras luchas en lo político, social, económico, cultural y ambiental, para seguir caminando hacia la reconstitución de nuestra nacionalidad conforme a nuestra Cosmovisión, heredada de nuestros ancestros.

Conscientes del rol que hoy jugamos ante nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos, y ante el mundo, en este Segundo Encuentro de las Nacionalidades del Mayab’ Q'anjob'al:

DECLARAMOS:

Que del Primer Encuentro a la fecha, los Estados Nacionales han incrementado la entrega de los bienes de nuestro territorio a las empresas y corporaciones transnacionales. A su vez, los Estados han incrementado el servilismo a favor de las mencionadas empresas y corporaciones, militarizando las comunidades; el sistema de justicia actúa en apoya a los megaproyectos, las políticas públicas de los Estados se elaboran en congruencia con los intereses empresariales, violando de esta manera flagrantemente nuestros derechos individuales y colectivos, reconocidos por las legislaciones nacionales e internacionales.

Los elementos, recursos y bienes naturales existentes en nuestros territorios, son nuestro tesoro, nuestra riqueza y herencia ancestral invaluable y nos corresponde administrarlos de acuerdo a nuestra cosmovisión. Las decisiones para su administración corresponden a los pueblos originarios y no de los gobiernos ni las empresas. Los gobiernos y las empresas solamente han provocado conflictividades, dolor, miedo, angustia, persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura y asesinato en nuestros territorios.

Reiteramos nuestro compromiso en seguir defendiendo nuestra madre tierra, el sagrado maíz, el agua, los bosques, las montañas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos, haciendo uso de nuestros propios valores, principios y prácticas ancestrales, con la firme convicción de mantener la gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y seguir fortaleciendo la unidad de las nacionalidades Q'anjob'al, basándonos también en las legislaciones nacionales e internacionales.

El Patq'um, el Q'umlb'ail, el Lajti', entre otros, son sistemas sociopolíticos propios de nuestros pueblos desde nuestra propia cosmovisión, los que seguiremos practicando, construyendo consensos, acuerdos y acciones en el fortalecimiento de las nacionalidades Q'anjob'al.

Retomar y fortalecer el intercambio político, económico, social y cultural entre nuestros pueblos, sin que sean un obstáculo los límites administrativos y políticos impuestos por los Estados. Por lo que noscomprometemos a seguir trabajando para restablecer la autonomía ancestral de nuestras nacionalidades Q'anjob'al, sin que se constituyan como obstáculo nuestras pequeñas diferencias, por el contrario, nuestra diversidad es nuestra riqueza cultural.

Las Nacionalidades del Pueblo Q’anjob’al no están representadas ni en el Estado guatemalteco ni en el Estado mexicano, es decir, somos una Nación sin Estado, por lo tanto, lucharemos incansablemente con las otras nacionalidades de ascendencia Maya para la construcción de Estados Plurinacionales para dejar de ser Nación Q’anjob’al sin Estado.

Oyeb Tx’o’ Konob’, Kab’ Ab’ak.

San Juan Ixcoy, 23 de agosto de 2013.

Guatemala: Iximulew, Tierra Revuelta 

21 de abril 2013

Los Pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Meztizo, constituidos en Consejo, queremos expresar nuestra gran indignación porque volvemos a comprobar que la justicia en esta nación desprecia nuestras vidas. A continuación ejemplos contundentes:

 La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó nuestro derecho de consulta regulado en el Convenio 169 de la OIT, antes de la aprobación de la ley de minería.

 En Lanquin Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q’eq’chi. 

 En Totonicapán, el gobierno y los tribunales al no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012, sigue promoviendo la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho. 

 En el territorio Maya Ixil, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido a favor de empresas multinacionales. El Pueblo Ixil probó el dialogo con la empresa ENEL de Italia sin embargo, ésta empresa en complicidad con el Gobierno actual abandonaron el dialogo, se aprovechan de la pobreza de la población y han firmado un convenio de negocio que viola la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.

 Con la reforma a la carrera magisterial que está imponiendo el actual gobierno se está negando y destruyendo los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.

 Y así podríamos enumerar infinidad de acciones legales que hemos interpuesto para terminar con tantos abusos, asesinatos, persecuciones, desalojos que están ocurriendo en los cuatro puntos cardinales de nuestro país.

 Hemos utilizado todas las herramientas legales para la defensa de nuestros derechos como una muestra de confianza hacia el Estado de Derecho que nos han impuesto. Nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones.

 Frente a estas agresiones hacemos un llamado a todos los pueblos a la unidad y a la resistencia

 Iximulew, 9 Aq’ab’al, 10 K’AT /Guatemala, 14 y 15 de Marzo de 2013 

 [1] Articulación entre autoridades e instituciones propias del Pueblo Maya: Consejo Mam (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu), Consejo K’iche del Quiché, Consejo K’iche de Quetzaltenango, Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas de la Región Ixil, Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango, Consejo de los Pueblos de Tezulutlán, Consejo Ch’orti’, Parlamento Xinka y Movimiento Regional de Resistencia Popular del Sur. CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE - CPO -

México:Los acuerdos de San Andrés y la política antiautonómica

Magdalena Gómez · · · · · 

Sin Permiso, 16 febrero 2013

El próximo 16 de febrero se cumple un año más de la firma de los acuerdos de San Andrés y el pasado 30 de diciembre el EZLN emplazó al gobierno priísta a cumplirlos. Al margen de la necesidad de actualización de dichos acuerdos, resulta importante observar el cuadro de abierta regresión que se ha practicado desde el Estado con sus tres poderes.

Por lo pronto, encontramos que, transcurridas seis semanas del pronunciamiento zapatista, ya se dejó de lado en la actual legislatura el tema de la conformación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y no se habló más de la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática el mes pasado con la intención de retomar los históricos acuerdos. En realidad, ya están en la congeladora dos iniciativas previas que mostraron la misma intención. Es el caso de la que en el propio 2001 después de aprobada la contrarreforma indígena promovió entre otros Martí Batres con la firma de 160 diputados y la que seis años después promovió Marcos Matías el 11 de diciembre de 2007, la cual fue vetada por el panismo. Todo ello al margen de las numerosas iniciativas parciales y también marginales que obran en el Congreso por más de una década.

Por el lado del Ejecutivo observamos que no fue casual que se nombrara un comisionado con mandato frente a todos los pueblos indígenas del país y a la vez una directora de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ajena al tema y cuya postura se restringe a coordinar programas de infraestructura y vincularse con los del combate al hambre y a la pobreza. Hace tres décadas se logró desplazar el concepto de población y de grupos indígenas “vulnerables” y hoy, paradójicamente, se regresa a ellos para tratar individualmente a mujeres y hombres indígenas como beneficiarios, antes que pertenecientes a un pueblo indígena en lógica de derechos colectivos. En ese contexto, por supuesto, se ignora el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Los avances constitucionales y en derecho internacional no han impulsado una nueva institucionalidad acorde con la autonomía y libre determinación “reconocida” en el artículo segundo constitucional. Les resulta más fácil salirse por la puerta falsa del llamado “combate a la pobreza” que en el mejor de los casos, en muy pocos de ellos, logra paliativos que le permiten limitados márgenes de legitimación ante la “clientela” favorecida por sus acciones.

Acerca de la participación política de los pueblos existe la tendencia a propiciarla en términos de la lógica de los programas gubernamentales, institucionales, más que en la de su necesaria autonomía y capacidad de decisión. Alrededor de las instituciones oficiales se mueven cuadros indígenas que han asimilado la ideología de la intermediación, lo que en ocasiones conduce a una auténtica sustitución de los pueblos.

En los hechos, esta nueva dinámica está provocando división en las comunidades, pues propicia una oleada de intervenciones y proyectos que, al margen de su viabilidad, no son decididos por los pueblos desde sus instancias representativas propias. Esto no parece inocente, ya que este activismo oficial destruye liderazgos y se arroga una representatividad artificial. No es casual que se privilegie el trabajo en las zonas que mayor trabajo propio y esfuerzo autonómico han desarrollado. Está en juego una operación de Estado y no es una más, pues busca sacarle el agua a la autonomía.

Por otra parte, en el campo indígena encontramos que junto a experiencias emblemáticas autonómicas como las juntas de buen gobierno zapatistas, la policía comunitaria en Guerrero, el pueblo de Cherán, otros pueblos resisten al despojo territorial y a los megaproyectos o concesiones mineras; en algunos casos, junto a la movilización política, están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los estados a cumplir con sus compromisos internacionales. De parte de la Suprema Corte de Justicia no se logra superar la lógica de derechos individuales, pese a que se han emitido tesis aisladas potencialmente favorables a los pueblos; sin embargo, en otros casos muestran regresiones al considerar que los municipios con población indígena significativa no representan a los pueblos o que las formas agrarias de tenencia de la tierra están por encima de las formas propias de organización social, y cual cereza del pastel han definido criterios en abierta violación al derecho a la autorreivindicación en aras de un posible “fraude a la ley”, esto es, que para que los indígenas no se hagan pasar por tales hay que realizar estudios, peritajes, una suerte de “indianómetro”. Este conjunto de indicadores nos muestra que cumplir los acuerdos de San Andrés implica no sólo normar sino desregular para revertir la política antiautonómica en curso.

Magdalena Gómez es una jurista mexicana, integrante de la Junta Directiva del ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos) y colaboradora regular del cotidiano mexicano de izquierda La Jornada.

Declaración política de los Pueblos Mayas de GuatemalaPor el Consejo de los Pueblos de Occidente - Guatemala,

 27 de octubre de 2012

Las autoridades de los Pueblos Mayas del Occidente de Guatemala reunidos en Consejo manifestamos:

 La apropiación de nuestras tierras y territorios, sigue siendo el método de dominación y racismo en Guatemala.

Una vez firmada la Paz, mientras la sociedad civil se ocupaba en promover los Acuerdos de Paz, y las organizaciones Revolucionarias se encargaban del proceso de desmovilización y reinserción social de sus bases; los sectores de poder durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999), legislaban y abrían al país a los tratados de libre comercio y enmarcados dentro de las políticas de ajuste estructural. 

El Congreso de la República decretó y promulgó en ese entonces con clara desventaja para el país varias leyes y reglamentos orientados a vender y privatizar los bienes, empresas y recursos del Estado: Ley de minería, la telefonía -GUATEL-, la electricidad -El INDE y la EMPRESA ELÉCTRICA-, los Puertos marítimos y aéreos. Los más afectados en todo este proceso hemos sido las comunidades y pueblos indígenas y mestizo pobre, por la forma en que se han concesionado sin nuestro consentimiento y sin beneficios propios, nuestros territorios y patrimonio natural.

Actualmente el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, desde 1997 hasta la fecha, ha autorizado 107 licencias de exploración y cinco de explotación minera de metales, sin consulta previa libre e informada. Igualmente existen licencias para hidroeléctricas y explotación del petróleo, re-negociada nuevamente a través de la empresa Perenco (francesa), con 25 años de derecho de concesión, con clara desventaja para el país. Todas estas licencias violentan sistemáticamente nuestros derechos colectivos como: Libre determinación, identidad cultural, participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional, propiedad colectiva de la tierra, consentimiento previo, libre e informado, derecho al agua y vivir en un ambiente sano, regulados en Convenios Internacionales de derechos de pueblos indígenas, ratificados por el gobierno de Guatemala.

Nuestra oposición, se manifiesta a través de la organización, movilización, consultas comunitarias y acciones políticas, jurídicas; frente a la acción de los consorcios multinacionales y el Estado (expresión de la oligarquía nacional) sumiso o cómplice de las mismas.

Varios líderes y lideresas de este movimiento social y de pueblos han nuevamente regado con su sangre la oposición al sistema: Raúl Castro, Sololá, en la defensa del territorio; Víctor Gálvez, catequista de la parroquia de Malacatán, en San Marcos; las muertes de Antonio Beb Ac, Oscar Reyes y Margarita Chub Che, líder comunitaria que participaba en el Consejo de Comunidades del Polochic, tras el desalojo violento de 14 comunidades en el Ingenio ChabilUtzaj - Valle del Polochic- en marzo de 2011, en el marco de la exigencia del movimiento campesino de la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral número 4084; El asesinato del Sr. Andrés Francisco Miguel, q´anjob´al, líder de la resistencia en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, perpetrado por guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, el pasado uno de Mayo; José Tavico, autoridad comunitaria del Consejo de Pueblo K’iche; y, las muertes de José Eusebio Puac Barreno, Santos Nicolas Hernández Menchú, Rafael Nicolas Batz Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac Ordoñez, Hermanos nuestros del Pueblo Maya K’iche en Totonicapán a manos del Ejército durante la masacre del 4 de Octubre de 2012.

El mecanismo de movilización social a través de marchas y plantones ha sido un medio para manifestar nuestra inconformidad y/o plantear nuestras propuestas al Estado, cuando aplica acciones inconsultas. De igual manera hemos participado en Foros Sociales en los diversos ámbitos, nacional, internacional; en congresos, reuniones preparatorias para las Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos estos espacios hemos informado, concientizado y organizado acciones a favor de nuestros pueblos.

 Todas estas acciones las consideramos una expresión de la voluntad política para hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos colectivos, buscando solucionar los conflictos y establecer una sociedad democrática, incluyente y participativa.

La masacre del 4 de octubre y la repercusión que produjo en nuestros pueblos nos obligan a auto convocarnos para dialogar y consensuar sobre nuestro presente y futuro; y exigir al gobierno de Guatemala, una actuación ética y políticamente responsable, y que ajuste su actuación en las normas y principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.

Las reformas a la Constitución Política de la República, Ley de Minería y al Magisterio son políticas para consolidar el modelo de acumulación basado en los agro negocios: explotación minera, petrolera, hidroeléctricas que solo contribuye al crecimiento económico de determinados sectores de la sociedad; mientras que las consecuencias como el despojo de nuestras tierras, los desalojos, el costo elevado de la energía eléctrica, la contaminación, la privatización de la educación las vivimos nosotros y nosotras, por lo tanto en el contexto del fin del OxlajuB´aqtun, y la llegada y establecimiento de una nueva era, recurrimos a nuestros principios y procedimientos ancestrales de toma de decisión, y, en Consejo acordamos lo siguiente:

1. Exigimos la implementación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en toda la legislación Nacional; instando a las Naciones Unidas velar por el cumplimiento de estos compromisos internacionales que el Gobierno de Guatemala asumió voluntariamente;

2. Rechazo a las reformas constitucionales principalmente por negar nuestras nacionalidades, territorios y autoridades ancestrales;

3. Rechazo a las reformas a la Ley de Minería porque no respeta el derecho de consulta y en consecuencia exigimos a la Corte de Constitucionalidad declare inconstitucional la Ley de minería Vigente; y, anule todas las licencias mineras vigentes en nuestros territorios;

4. 4. Rechazo a las reformas a la Carrera del Magisterio, por privilegiar la privatización de dicho servicio 

 en lugar de cumplir con el mandato constitucional y de los Acuerdos de Paz de una educación 

 gratuita, bilingüe intercultural;

5. Rechazo a la Ley General de Electrificación Nacional por privilegiar los intereses transnacionales sobre el bienestar de los pueblos que conformamos el Estado guatemalteco; y

6. El Oxlajuj B’aktun es nuestro tiempo, no permitiremos que sea comercializado y folklorizado por el gobierno de Guatemala.

Finalmente, reafirmamos que dentro y fuera de Guatemala, continuaremos los pasos y voces de nuestros abuelos y abuelas del Gran Consejo Maya, nuestros héroes: Atanasio Tzul, TekumUman, Kaib’ilB’alum, Kaji´ Imox, Juan Matalbatz, , Manuel Tot, Micaela Guarchaj, Mamá Maquín, ante la inoperancia de un Estado excluyente y racista. 

El Consejo de Pueblos Mayas de Occidente

 Representaciones legitimas de las institucionalidades del Pueblo Maya

El Consejo de los Pueblos de Occidente - CPO-

Rigoberta Menchú Tum, Lo que no se quiere entender

Rigoberta Menchú Tum:Lo que no se quiere entender

Siglo XXI,

El Pueblo Maya, y otros pueblos originarios del Continente Americano y el orbe, mediante una acuciosa observación científica, llegó a concluir que  la vida y la forma de ver el mundo y cuanto existe, está determinado por la relación cosmos-naturaleza-ser humano. Los seres humanos son parte de la Madre Tierra  y de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno. Ella da la energía, se vive de ella y se convive con ella. Se toma  de ella lo que se necesita y por ello en un mínimo gesto de agradecimiento con humildad hay que retribuir (ofrendar) con el fin que la vida nunca se apague, y el equilibrio de los ciclos  se mantenga. En síntesis la Madre Tierra no pertenece a los seres humanos, y menos a unos pocos, son los seres humanos los que pertenecen a ella. 

Es de conocimiento común que la particular forma de vida de los pueblos originarios está ligada intrínsecamente al Uk’u’x Ulew,  (Corazón de la Tierra) que no es un objeto para enriquecer materialmente al ser humano, sino el sujeto principal del que deriva la vida de toda persona. Es decir, dentro de la cosmovisión Maya, la Madre Tierra es el punto fundamental del universo, como generadora de ciclos vitales, y el hombre y la mujer son sólo un elemento más. En esa medida, todo acto que interfiera con ella también atenta contra la existencia de las personas y de los pueblos. Así de sencillo, este es el punto de partida que fundamenta las reivindicaciones y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y que aquí en Guatemala, ni el Estado, ni sectores importantes de la sociedad, fundamentalmente el sector económico tradicional y emergente capitalista, nacional y transnacional, han querido entender. 

Afortunadamente, en el ámbito del derecho internacional este entendimiento ha ido calando y marcando el rumbo de algunos avances en materia de reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos internacionales como el Convenio 169 y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas así lo recogen. 

La vinculación entre pueblos originarios y el territorio, ha sido reconocida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo enfatiza la sentencia de fecha 29 de marzo de 2006 del caso conocido como Sawhoyamaxa vs. Paraguay,  que entre otros argumentos dice: “Se ha considerado que la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos deben ser protegidos por la legislación interamericana. Esto a propósito de los elementos que la Corte de Constitucionalidad debe tener en cuenta para resolver el recurso de inconstitucionalidad total de la Ley de Minería y de la expulsión de ésta del entramado jurídico nacional por el amañamiento con el que fue aprobada y por la lesividad que representa para los Pueblos Indígenas y el Estado de Guatemala.