El Manifiesto final del Encuentro Mediterráneo en Túnez
 27 de abril 

CADTM, 

Reunidos/as en Túnez el 23 y 24 de marzo de 2013, ante la llamada del Frente Popular, nosotros y nosotras, representantes de partidos políticos de izquierdas de la región mediterránea hemos adoptado la resolución siguiente.

1 - Durante más de un cuarto de siglo, la globalización capitalista neoliberal ha ido extendiendo su dominio sobre el planeta entero. Los procesos que ha puesto en marcha aceleran la mercantilización del mundo al servicio de una minoría, que confiscan la ciudadanía y la soberanía de los pueblos y los Estados; agravan la inseguridad económica y las desigualdades sociales en el Norte y el Sur, y ahondan todavía más la brecha entre los países ricos y los países llamados pobres.

Los pueblos del Sur están sometidos en particular a un régimen devastador de políticas de ajuste estructural y de políticas de libre comercio que impiden su desarrollo solidario, destruyen su medio ambiente y los privan de su soberanía, debilitándolos así más y exacerbando su dependencia de los polos económicos dominantes del Norte.

El destino de la humanidad se decide ahora por un puñado de corporaciones transnacionales y por las instituciones financieras internacionales sobre las cuales los pueblos no tienen ningún control.

Desde el año 2008, en medio de una crisis del sistema capitalista mundial, las políticas de ajuste estructural se han extendido a los países de la ribera norte del Mediterráneo, llamados despectivamente como PIGS (cerdos en inglés).

En Túnez, esta política se ha impuesto desde 1986 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, antes de ser reforzada en 1995 por el Acuerdo de Asociación impuesto también por la Unión Europea y sus Estados miembros. La aplicación de tanto lo uno como lo otro era asegurado por la dictadura política.

En la actualidad, los diversos actores de la globalización capitalista neoliberal pretenden dar continuidad a estas políticas, tratando de sacar provecho de la crisis revolucionaria, profundizando en estas políticas y ampliando su alcance. Buscan con ello bloquear el camino para el desarrollo de las aspiraciones y del deseo de un cambio radical expresado de forma masiva por las clases populares, en particular la juventud, durante el levantamiento revolucionario de diciembre-enero de 2011.

2. La expulsión del dictador ha desarmado el orden capitalista neoliberal local pero sin derribarlo, que han permitido lograr algunos avances. El régimen social que es el producto histórico de la dominación imperialista y, más recientemente, de la reestructuración capitalista neoliberal a nivel mundial, sigue todavía en pie. Pero la crisis revolucionaria que abrió la insurgencia sigue activa. La victoria de la revolución democrática, social y nacional en Túnez, como en otros países de la región, sigue siendo posible.

3. La revolución tunecina marcó el comienzo de la revolución árabe. Hasta la fecha, cuatro dictadores, cuya media en el poder superaba los 30 años, han sido eliminados. Estos cambios políticos son, sin lugar a dudas, los más importantes que conoce la región árabe desde hace décadas. Túnez y toda la región árabe y magrebí viven un momento de punto de inflexión en su historia.

Es, en el sentido propio del término, un momento "histórico". De hecho, por primera vez en su historia, los pueblos de la región árabe que no han dejado de luchar se alzan hoy contra sus opresores directos e irrumpen en la escena política para tomar su destino en sus manos.

4. La deuda -odiosa, ilegitima- que ha servido bajo la dictadura como una herramienta de sumisión política y como mecanismo para la transferencia de ingresos del trabajo al capital local y, sobretodo, al mundial, sirve actualmente a la contra-revolución para mantener la economía neocolonial y la dominación imperialista en Túnez. Además, en Egipto, en Marruecos, en Grecia, en Chipre en el Estado español y en muchos otros países de la cuenca Mediterránea, la deuda continúa sirviendo a los intereses de una minoría en contra de los intereses de la inmensa mayoría. Está en todas partes, el pretexto para la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por las instituciones financieras internacionales y los estados capitalistas que violan los derechos humanos.

5.  En todas partes, tanto en el Norte como en el Sur, son las mismas lógicas las que operan, las de la ganancia, de la dominación y de la destrucción del planeta, que siguen imponiéndose al conjunto de los pueblos y de la naturaleza. La revolución tunecina, la revolución árabe, las luchas heroicas de todos los pueblos del mundo contra el orden capitalista neoliberal, como la de los pueblos griegos, portugués, vasco, catalán, del estado español son actos políticos fundacionales de este nuevo orden mundial social, democrático, feminista solidario, pacífico, que garantice la soberanía popular y la auto-determinación de los pueblos y respetuoso con el medio ambiente por el que luchan nuestros partidos políticos respectivos.

6. Pero frente a esta voluntad popular de cambio radical, las clases dominantes, las transnacionales y las finanzas mundiales hacen frente común, contra-atacando e intentando implementar políticas todavía más antisociales y antidemocráticas para romper este impulso popular liberador y para seguir haciendo que los costes de la crisis del sistema capitalista mundial recaigan sobre las y los de siempre; el conjunto de las personas y el planeta.

7. Nosotras y nosotros, representantes de partidos políticos de izquierdas de la región del Mediterráneo estamos convencidos y convencidas que debemos también unir nuestros esfuerzos y nuestras acciones, tanto a nivel regional como internacional, para respaldar y apoyar las luchas de los pueblos y de las clases explotadas y oprimidas, de la región y del mundo entero, que anhelan la libertad, la dignidad y la justicia social. Apoyamos la lucha revolucionaria del pueblo sirio para conseguir la libertad, la democracia, la justicia social, la igualdad y la dignidad nacional. Condenamos toda intervención extranjera que vaya en contra de la consecución de estos objetivos.

Con el fin de actuar conjuntamente en esta dirección, los partidos políticos de izquierdas de la región mediterránea que participamos en el encuentro Mediterráneo de Túnez contra la deuda, las políticas de austeridad y la dominación imperialista, y que abogamos por un mediterráneo libre, democrático, social, solidario y respetuoso con el medio ambiente, nos comprometemos a:

 Apoyar los procesos de lucha de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones sociales por una auditoria ciudadana.

 Promover mociones para la anulación y el no pago de la deuda ilegítima 

 Incorporar la reivindicación del NO pago de la deuda ilegitima y la promoción de una auditoria ciudadana como parte de nuestros programas políticos, y apoyar la lucha por la soberanía de los pueblos y su libre determinación.

 Ir avanzando en el desarrollo de una red de apoyo mutuo entre los pueblos para asistir a aquellos que decidan no pagar la deuda ilegítima

 Establecer una red de comunicación permanente para el intercambio de información y experiencias.

 Desarrollar una cooperación concreta con el objetivo de construir herramientas de lucha y movilización necesarias para la defensa de nuestros objetivos.

 Organizar la segunda reunión en el Estado español.

Los partidos políticos progresistas de la región mediterránea y otras partes del mundo que participaron en el Encuentro mediterráneo de Túnez, saludamos el Foro Social Mundial que se celebró en Túnez del 26 al 30 marzo y permitió avanzar hacia la realización de los objetivos consagrados en la Carta de Porto Alegre.

Finalmente, condenamos enérgicamente el asesinato de Chokri Belaid, Secretario General del Partido Patriota Democrático Unificado y líder del Frente Popular, que calificamos de crimen político. Exigimos que la verdad sea dicha sobre todas las personas implicadas en este odioso crimen.Primeras organizaciones firmantes (por orden alfabético)

Argelia

Parti Socialiste des Travailleurs - Partido Socialista de los Trabajadores

Mouvement Baath algérien - Movimiento Baath argelino

Egipto

Union Populaire Socialiste - Unión Popular Socialista

Estado español

SORTU – Euskal Herria (pays basque)

IA - Izquierda Anticapitalista

CUP – Comités de Unidad Popular – Catalunya

IU - Izquierda Unida

Francia

Parti Communiste français/Front de Gauche - Partido Comunista francés/Frente de Izquierdas 

Gauche anticapitaliste - Izquierda Anticapitalista

NPA – Nouveau Parti Anticapitaliste – Nuevo Partido Anticapitalista

Les Alternatifs

Grecia

Syriza

Italia

Sinistra Critica

Libano

Partido Comunista Libanés

Forum Socialista

Marruecos

La Voix Démocratique - Via democrática

El Mounadhil

Portugal

Bloco da Esquerda

Siria

La corriente de la Izquierda Revolucionaria de Siria 

Túnez

Frente Popular

Con el apoyo del grupo GUE/NGL en el Parlamento europeo (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica)

España:Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero
 29 de abril  por Jorge Fonseca 

La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico, imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”, para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública son usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.

Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el proyecto de ley hipotecaria a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios, alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva imposición en favor de privilegios a banqueros y especuladores y en perjuicio de cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y empujadas a la marginación y muchas veces al suicidio. La injusticia de estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas, pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor del capital financiero. La burbuja inmobiliaria fue creada por la especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos masivos al sector inmobiliario: con condiciones abusivas a familias (cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año 2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).

Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras inmobiliarias en particular. La mora real de éstas ronda casi el 50% (160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB) y representa el 75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca. Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que pagasen sus cuotas de la hipoteca, hubiesen evitado el crimen social de dejar sin hogar y empujar a calle a casi 500.000 familias (incluyendo niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca el dinero de todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras, mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos básicos.

Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado, hundiendo más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio social mediante la violencia de instituciones “democráticas”, convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad, reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y porque no es nuestra, es ilegítima.

Ver en línea : http://blogs.publico.es/dominiopubl...

Venezuela: Presidente Nicolás Maduro decretó aumento del 40 por ciento al salario mínimo 

Caracas, 30 de Abril de 2013. (MPPRE). El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento fraccionado del salario mínimo de 40% para los trabajadores y jubilados de la administración pública, así como para los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social y trabajadores rurales.

El aumento será entregado en tres fases, la primera del 20 por ciento se aplicará a partir del primero de mayo, Día del Trabajador; el segundo, de 10 por ciento, será en septiembre y el último, en el próximo mes de noviembre, será de 5 o 10 por ciento, según la inflación, para alcanzar una cifra que oscila entre el 38 y el 40 por ciento. Actualmente, el salario mínimo es de 2.047 bolívares.

"En Venezuela , a finales de año, debemos tener el salario integral entre 4.000 bolívares o más", afirmó el mandatario Bolivariano.

Agregó que ha firmado recursos para este aumento de salario y para regular el tabulador de los trabajadores de la Administración Pública. FIN/R.B./Foto: agencias.

Venezuela: Ministro Elías Jaua llama a construir una clase que sea sujeto histórico para lograr el socialismo  1 de mayo 2013

Caracas, 01 de mayo de 2013 (MPPRE).- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, incorporado a la jornada de conmemoración del Día Internacional del Trabajador, recordó el llamado que le hace la historia a los trabajadores y trabajadoras para construir el socialismo.

En sus apariciones en las redes sociales, el ministro Jaua expresó: "el socialismo es la sociedad donde se valora el trabajo como creación humana para la satisfacción de sus necesidades. Producir para Vivir", señaló, además de felicitar a la clase obrera, a la cual invitó a ser sujeto histórico para consolidar este modelo político y social en su beneficio.

Al inicio de la jornada, que estuvo marcada por una multitudinaria marcha de trabajadores hasta el centro de la capital, el canciller Bolivariano escribió a sus seguidores en las redes: "vamos con el Comandante Chávez al frente, a marchar con nuestro Pdte. @NicolasMaduro. Vamos que el camino es largo, pero lo acorta el empeño".

Recordó el papel protagónico que tuvo el Comandante Chávez en estas luchas de los trabajadores, al referirse a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, aprobada el 1º de mayo del año 2012 y señaló que con dicho instrumento legal se fortalece una cultura del trabajo digno. FIN/ WH. Foto:

GUATEMALA: EL PUEBLO XINKA DE GUATEMALA EXIGE RESPETO, JUSTICIA Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS COMO GUATEMALTECOS

 ANTE LA PERSECUCIÓN Y ACUSACIONES INFUNDADAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE SU ÚNICA ACCIÓN ES DESESTABILIZAR Y DESLEGITIMIZAR LA LUCHA DEL PUEBLO DE GUATEMALA EN SAN RAFAEL LAS FLORES Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS EN CONTRA DEL PROYECTO MINERO EL ESCOBAL QUE NO BENEFICIA AL PUEBLO DE GUATEMALA SINO PARECIERA QUE ÚNICAMENTE AL GOBIERNO DE GUATEMALA. 

 POR LO TANTO MANIFESTAMOS:

 El planeta es de todos y para todos, y si las poblaciones estén en desacuerdo, es por que el ambiente nos pertenece a todos, las consulta popular realizadas por grupos civiles son muestra que la población no apoya la MINERIA. Y el problema acabara asta que la mina se valla, y pues todos sacrificamos algo si se queda se sacrifica el medio ambiente no habrá futuro para nuestro hijos e hijas.

 Lo mas cuestionable es el papel del Ministerio de Gobernacion y de la "Policía Nacional Civil" ya que no su labor no es de protección privada, es publica y es pagada con el dinero de cada guatemalteco, no tiene que estar haciendo nada en protección a la UNA MINA QUE ES UN BIEN DE EXTRANJEROS y cuando la poblacion a manifestado su desacuerdo a su "imposición en su comunidad", total ellos se están llevando el 95% del valor de las tierras que pague con eso la seguridad de sus trabajadores, ya que los dueños están felices y en paz en paises lejanos, mientras que los pobres, sufriendo las consecuencias de sus violaciones a los derechos de las poblaciones, DEL MAS POBRE.

 Al Ministro de Gobernación se le sugiere que fundamente lo que dice en las base a las leyes constitucionales y que no cambie sus declaraciones cada 5 minutos como ha quedado de manifiesto con el accionar de la seguridad de la MINA cuando ataco a 6 pobladores de san Rafael Las Flores al confundirlos con miembros de la manifestación pacifica al declarar que se disparo con "balas de caucho" y a la emergencia del hospital de Santa Rosa manifestaban ataque de arma de fuego de grueso calibre con "balas de verdad", ya que desde un principio se han violado los derechos constitucionales, y que sea imparcial, y cumpla con su deber de mantener el orden publico, respetando el derecho de cada individuo y priorizado los derechos de la población "nacional" antes que la de la de los "extranjeros".

 SOMOS PUEBLOS HUMILDES, DE POBLACIÓN TRABAJADORA, CAMPESINOS PERO QUE RESPETAN LA LEY Y POBLACIONES PACIFICAS.

 QUE LO ÚNICO QUE EXIGEN ES QUE SE RESPETE SU DERECHO SOBRE SU TERRITORIO. 

 UNIDOS POR NUESTRO PUEBLO

 UNIDOS POR GUATEMALA

 NACION XINKA DE GUATEMALA

Virgilio Álvarez Aragón:Arturo Taracena y el genocidio

Siglo XXI 1 de mayo 2013

El debate que el juicio por genocidio se ha abierto en la sociedad ha convocado a personas de distintos sectores y formaciones a emitir su opinión. La condena de los acusados es algo que compete a los jueces y aún luego de emitida, su ratificación será responsabilidad de las Cortes. Lo que podemos hacer los ciudadanos, en consecuencia, es emitir opinión sobre los hechos y su caracterización, demandando, como ya lo ha hecho Marta Yolanda en este mismo Siglo.21, que el debate sea de ideas y opiniones, sin caer en el abismo de la descalificación agresiva y las amenazas apenas veladas. En la democracia es dable y hasta necesaria la confrontación de las ideas y de las posiciones, lo que, como bien reclama Richard Aitkenhead (elPeriódico 29/04), no tiene por qué conducir a descalificaciones. 

El debate teórico e ideológico es en consecuencia necesario, asumiendo, claro está, que la ideología es, como pedagógicamente la define Edelberto Torres-Rivas (elPeriódico 28/04), “un sistema integrado de ideas con capacidad explicativa” y no un simple atado de “prejuicios y sospechas, fanatismo e ignorancias básicas, odios, miedos, todos componentes para conformar una visión simplista y maniquea de la sociedad”. Por ello, y considerando que lo que Arturo Taracena expresa sobre el comunicado “traicionar la paz y dividir a Guatemala” vale la pena ser difundido, con su autorización, comparto con los lectores parte del mismo:

“La lógica del manifiesto firmado en su gran mayoría por exfuncionarios panistas parte de tres puntos: 1) No existió genocidio en Guatemala; 2) Afirmarlo y procesar a dos militares por ello puede conllevar a una confrontación mayor y 3) Quienes sostienen lo contrario, no aman a su país; ergo, son malos guatemaltecos. Uno podría pensar que si bien están en contra de que se acuse a Ríos Montt y a Rodríguez de genocidio por improcedente, dado que suponen que sería acusarlos de algo que no se dio, sí se podría llevarlos a los tribunales por crímenes de lesa humanidad. No es así en la medida en que el argumento de fondo parte de que no hay que tocar al Ejército, porque ello provocaría una confrontación social y dividiría a la sociedad. Aún más, el que no se hable de genocidio también tiene un argumento si lo relacionamos con las causas que tal osadía conllevaría: el que los indígenas actúen de forma revanchista”. 

“Aunque hablan afirmándose como ciudadanos, los firmantes no reparan necesariamente en la necesidad prioritaria de resarcir a las víctimas del conflicto, sean estas indígenas o ladinas, o en resarcir históricamente a los pueblos indígenas que siguen esperando gestos políticos de parte del Estado guatemalteco. (...) Para ellos, el mal padecido durante 34 años de guerra es secundario frente a lo que puede venir si se juzga a estos altos oficiales; una amenaza que, convertida en chantaje, indirectamente sirvió de pretexto para que la jueza Flores suspendiera el juicio. Ahora se nos ejecuta, pero de forma administrativa”.

“En pocas palabras, los ciudadanos firmantes tienen que saber que la cuestión del genocidio depende, indudablemente, de la definición y de los hechos. De la manera en que se entienda el concepto “genocidio”, pero también de la forma en que abordemos la historia reciente de Guatemala y de que miremos la situación de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Y, es en estos dos últimos puntos en los que ellos no actúan con pleno criterio ciudadano. En aras de mantener el statu quo, son insensibles al costo social que el Ejército provocó entre la población indígena del altiplano y, en aras de entender su comportamiento como patriótico, no se dan cuenta de que la Humanidad y la política internacional nos exige a los guatemaltecos que la impunidad y los crímenes de lesa humanidad –incluido el genocidio– cometidos en nuestro país sean juzgados y sentenciados; que los guatemaltecos seamos capaces de asumir nuestra dolorosa historia. Solo así Guatemala superará su propia memoria y entrará en el camino de la construcción de la democracia, que ellos consideran representar privilegiadamente como políticos que han sido. Se olvidan de que ciudadanos somos todos, sin que hayamos figurado en la política nacional y que esas personas que han ido a contar sus testimonios, lo han hecho no manipuladas sino como ciudadanos y ciudadanas”.

Rigoberta Menchú Tum: De una vez por todas

rigobertamenchutum@gmil.com

1 de mayo 2013

Independientemente de quienes sostengamos que sí hubo genocidio en Guatemala, basándonos en el derecho internacional, la tipificación del delito y en el informe Memorias del Silencio, en virtud de que este concluye en ello, e independientemente de quienes sostienen que no lo hubo, aún descalificando para esos efectos cualquier indicio y con base en una profunda subjetividad y evidente posición ideológica, debe ser el Tribunal que juzga el que lo determine, y para ello solo hace falta dejar que a este se le deje concluir el juicio enderezado contra Efraín Ríos Montt y José Rodríguez. En ese sentido, la potestad del Tribunal, que confiere la vida jurídica en Estado de Derecho, es la que se quiso poner en cuestión a partir de una serie de incidentes poco claros que aparecieron en pleno desarrollo del debate y los cuales, más que llamar a certeza, llaman a duda, incertidumbre y oscuridad. 

El peligro que se desprende del hecho de pretender impedir la obligación jurisdiccional del Tribunal A de Mayor Riesgo, no es solo que se derrumbe cualquier esperanza de que Guatemala ejercite su vida jurídica como Estado moderno, sino implica el derrumbe mismo del Sistema de Justicia como bastión sobre el que este debe erigirse. Si bien es cierto, en Guatemala lo que se ha entretejido en la historia es un sistema de impunidad, también es cierto que se han venido haciendo esfuerzos, desde distintos ángulos, para que el sistema de justicia se vea libre de cualquier atadura de poder. Esta afirmación se desprende luego de observar que las instituciones que componen el sistema, en los últimos tiempos, han venido optando por sujetar su quehacer a la ley y a las funciones que la Constitución Política de la República les ha conferido. Por ello es observable, en tiempo reciente, una actuación más independiente y más decidida de cara a la persecución y juzgamiento del delito. 

Importante es reconocer, a pesar del clima político sumamente sombrío, que el país se encuentra en una coyuntura favorable para que de una vez por todas se juzguen el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, evidentemente, tal como el actual momento lo demuestra hay, más allá del propio Ríos Montt, interesados de que eso no suceda, sencillamente porque con una eventual sentencia condenatoria se develaría la participación no solo de los altos mandos del Ejército en la comisión de estos delitos, sino la de aquellos que han hecho del Estado su instrumento idóneo para avasallar, sojuzgar, someter y reprimir. Ninguna duda queda, el golpe pretendido estaba dirigido a tocar el punto neurálgico del juicio con el fin de botar todo lo actuado o retrotraer el mismo, lo cual significa, literalmente, colocarlo en un punto cero. 

Por las víctimas, por la verdad, por una reconciliación verdadera y para que las futuras generaciones no vivan en la incertidumbre, cargando un pasado que no les corresponde resolver, el juicio debe seguir su curso y concluir como corresponde. Esta debe ser la preocupación de las Cortes y la de la sociedad para verdaderamente encontrarse.