Pensamiento contracorriente

Rigoberta Menchú Tum: De una vez por todas

rigobertamenchutum@gmil.com

1 de mayo 2013

Independientemente de quienes sostengamos que sí hubo genocidio en Guatemala, basándonos en el derecho internacional, la tipificación del delito y en el informe Memorias del Silencio, en virtud de que este concluye en ello, e independientemente de quienes sostienen que no lo hubo, aún descalificando para esos efectos cualquier indicio y con base en una profunda subjetividad y evidente posición ideológica, debe ser el Tribunal que juzga el que lo determine, y para ello solo hace falta dejar que a este se le deje concluir el juicio enderezado contra Efraín Ríos Montt y José Rodríguez. En ese sentido, la potestad del Tribunal, que confiere la vida jurídica en Estado de Derecho, es la que se quiso poner en cuestión a partir de una serie de incidentes poco claros que aparecieron en pleno desarrollo del debate y los cuales, más que llamar a certeza, llaman a duda, incertidumbre y oscuridad. 

El peligro que se desprende del hecho de pretender impedir la obligación jurisdiccional del Tribunal A de Mayor Riesgo, no es solo que se derrumbe cualquier esperanza de que Guatemala ejercite su vida jurídica como Estado moderno, sino implica el derrumbe mismo del Sistema de Justicia como bastión sobre el que este debe erigirse. Si bien es cierto, en Guatemala lo que se ha entretejido en la historia es un sistema de impunidad, también es cierto que se han venido haciendo esfuerzos, desde distintos ángulos, para que el sistema de justicia se vea libre de cualquier atadura de poder. Esta afirmación se desprende luego de observar que las instituciones que componen el sistema, en los últimos tiempos, han venido optando por sujetar su quehacer a la ley y a las funciones que la Constitución Política de la República les ha conferido. Por ello es observable, en tiempo reciente, una actuación más independiente y más decidida de cara a la persecución y juzgamiento del delito. 

Importante es reconocer, a pesar del clima político sumamente sombrío, que el país se encuentra en una coyuntura favorable para que de una vez por todas se juzguen el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, evidentemente, tal como el actual momento lo demuestra hay, más allá del propio Ríos Montt, interesados de que eso no suceda, sencillamente porque con una eventual sentencia condenatoria se develaría la participación no solo de los altos mandos del Ejército en la comisión de estos delitos, sino la de aquellos que han hecho del Estado su instrumento idóneo para avasallar, sojuzgar, someter y reprimir. Ninguna duda queda, el golpe pretendido estaba dirigido a tocar el punto neurálgico del juicio con el fin de botar todo lo actuado o retrotraer el mismo, lo cual significa, literalmente, colocarlo en un punto cero. 

Por las víctimas, por la verdad, por una reconciliación verdadera y para que las futuras generaciones no vivan en la incertidumbre, cargando un pasado que no les corresponde resolver, el juicio debe seguir su curso y concluir como corresponde. Esta debe ser la preocupación de las Cortes y la de la sociedad para verdaderamente encontrarse.