Pensamiento contracorriente

Guatemala: Pese a todo, el juicio por genocidio abrió una ventana a la justicia y la verdad

 Luz Méndez Gutiérrez

La sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra el ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado, emitida por un tribunal del sistema de justicia guatemalteco el 10 de mayo de 2013, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad diez días después.

La decisión de la corte constitucional constituye una atrocidad jurídica, ya que no sólo se excedió en sus funciones, sino que violó abiertamente preceptos legales y avaló los sucios mecanismos sobre los cuales se ha construido la impunidad en Guatemala. Además evidencia la falta de independencia de este órgano respecto a los grupos económica y políticamente más poderosos.

Siendo Guatemala uno de los países con las más profundas desigualdades sociales, en donde la elite económica dominante, así como el poder político y militar, han gozado de certeza de impunidad, el juicio por genocidio contra un ex jefe de Estado puso fin a esa certeza. Hoy saben que en algún momento la justicia los puede alcanzar. Por ello se empeñaron en abortar el juicio y, una vez emitida la sentencia, unieron fuerzas para anularlo. 

Además, a los integrantes de los grupos dominantes, portadores de un profundo racismo, acostumbrados a discriminar y despreciar a los pueblos indígenas, les es inconcebible que sean indígenas quienes hayan llevado al banquillo de los acusados a un general, que ejerció el poder en forma brutal, precisamente defendiendo los privilegios económicos de tales grupos. 

Sin embargo, el juicio por genocidio abrió una ventana a la justicia y la verdad, bases indispensables para la construcción de la paz. En las audiencias públicas emergió con toda su crudeza la verdad que gobernantes y militares habían querido enterrar a toda costa. Esto ha significado una oportunidad para que las jóvenes generaciones conozcan un capítulo esencial de la historia de Guatemala, requisito indispensable para delinear un futuro diferente. 

El Tribunal destacó que la violencia sexual contra las mujeres ixiles fue un elemento constitutivo del genocidio. Los testimonios y peritajes presentados en el juicio probaron que las violaciones sexuales no sólo estuvieron dirigidas a dañar a las mujeres, sino también a la destrucción del tejido social en las comunidades, teniendo como objetivo la eliminación del pueblo ixil. Este juicio fortalece las luchas por la justicia de género por crímenes del pasado y del presente, lo cual tiene un significado trascendente ante la impunidad rampante que rodea la violencia contra las mujeres en la Guatemala de hoy, particularmente el feminicidio. 

Otra de las experiencias valiosas que dejó el juicio fue la construcción de amplias alianzas en respaldo a las víctimas, que incluyeron a organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos indígenas, de campesinos, así como intelectuales y personas progresistas. Además, se generó una fuerte solidaridad internacional. Todo ello dejó como aprendizaje que la unidad de expresiones sociales muy diversas alrededor de un objetivo común sí es posible y es indispensable para hacer avanzar las causas justas.

Este emblemático juicio no ha concluido. La lucha por la justicia continúa. Lo avanzado es resultado de los esfuerzos inclaudicables de mujeres y hombres del pueblo maya-ixil, que no cesarán hasta alcanzar justicia. En ese largo camino han tenido el apoyo de organizaciones de derechos humanos y profesionales del derecho, quienes también son dignas de encomio. 

Reconocimiento especial merecen la jueza Yasmín Barrios, Presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo que dictó la sentencia, junto con los otros dos integrantes de este órgano jurisdiccional, así como la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y el equipo responsable del caso en el Ministerio Público.

Ante la campaña de amenazas e intimidaciones desatadas por los grupos más retrógrados del país, es indispensable y urgente garantizar la seguridad y la integridad de víctimas, querellantes, jueces y fiscales, así como defensores y defensoras de los derechos humanos que han acompañado la lucha por la justicia. 

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