Pensamiento contracorriente

GUATEMALA, SI HUBO GENOCIDIO

Guatemala: Ríos Montt condenado por genocidio, Rodríguez Sánchez absuelto

10 de mayo 2013

La sentencia fue leída durante 55 minutos tras juzgar a los dos militares por genocidio y delitos contra deberes de humanidad.

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Victimas ixiles fueron asesinadas durante la gestión de Efraín Ríos Montt al frente del Estado

5.5 

Por ciento del pueblo ixil fue muerto por el Ejército, según lo establecido por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo.

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo determinó ayer que el exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt es responsable de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Además, absolvió de las mismas figuras penales a Mauricio Rodríguez Sánchez, quien dirigió el cuerpo de Inteligencia Militar de 1982 a 1983.

 Los juzgadores impusieron a Ríos Montt las penas máximas por cada hecho ilícito: por genocidio fue condenado a 50 años de cárcel, mientras que por delitos contra deberes de la humanidad le impusieron 30. Se ordenó que sea trasladado al Cuartel de Matamoros para cumplir con la condena. 

Luego de absolver a Rodríguez Sánchez, el tribunal le revocó el arresto  domiciliario y le permitió continuar en un centro hospitalario, debido a que padece quebrantos de salud por su edad avanzada. 

Los juzgadores también ordenaron al Ministerio Público (MP) que ampliara las investigaciones contra quienes podrían resultar responsables de esos actos ilícitos cometidos durante la guerra interna. 

 El tribunal reconoció que en el país se registró un conflicto armado interno, no obstante, aclaró que tras el Golpe de Estado perpetrado por Ríos Montt en 1982, se produjeron muertes violentas, violaciones sexuales, desplazamiento de pobladores, además de que los sobrevivientes fueron obligados a vivir en las aldeas modelo y formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil en las comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

  “Los juzgadores consideramos que el acusado (Ríos Montt) tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo a pesar de tener el poder para evitar su perpetración”, se concluyó. 

 Al tribunal le pareció “inexplicable e incomprensible” la conducta del exjefe de Estado, quien “teniendo conocimiento, poder y capacidad para ordenar al Ejército, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico ixil”. Los juzgadores consideraron que el daño ejercido durante su periodo de gobierno fue irreparable y las secuelas aún persisten. 

 “Conocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la justicia es un derecho para las víctimas. Este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.  Para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia”, se consigna en la sentencia.

El tribunal consideró que el cargo que ocupó Rodriguez Sánchez durante ese período no tuvo injerencia “en el campo de operaciones”, además, explicó que el Director de Inteligencia Militar no tenía responsabilidades porque carecía de mando. “Por esas razones optamos por absolverlo de los delitos por los que se le acusa”, se lee en el fallo. 

Aunque el Ministerio Público (MP) sostuvo que Rodríguez Sánchez fue el artífice de los planes militares Victoria 82 y Firmeza 83, el tribunal consideró que no hubo certidumbre sobre su injerencia en esos hechos, por lo que la duda lo favoreció. El tribunal le permitió abandonar la Sala de Audiencias para que se dirigiera al Centro Médico Militar.  

Peritajes

Los jueces detallaron los peritajes, declaraciones y documentos con los que la fiscalía pudo probar que se cometieron actos de genocidio, uno de ellos fue el informe de la perita Elizabeth Ann, el cual determinó que, en 1982, el objetivo era anular a la guerrilla y al pueblo ixil porque se les consideró una base de apoyo para los primeros. 

El informe de Paloma Soria también fue valorado. Se comprobaba que las mujeres ixiles fueron violadas sexualmente por soldados, y que  en el área se ejerció violencia física y psicológica. 

El peritaje de Héctor Rosada confirmó, según el tribunal, en 1982 “se implementó un exterminio contra los ixiles como una forma de defender a las elites nacionales”. También valoraron el informe de Marta Casaus, que probó la discriminación con la que fueron ejecutadas las acciones del Ejército. 

Los jueces determinaron que en el Plan Victoria 82 se buscó aniquilar al enemigo, se ejercieron operaciones psicológicas, se crearon redes de informantes y se estableció el adoctrinamiento diario de la población ixil. El tribunal resaltó que en uno de sus anexos aparece una hoja de distribución del Comandante General del Ejército (Ríos Montt), “lo que comprueba que estaba enterado de dicho plan”, señalaron.