Pensamiento contracorriente

Guatemala: Resistencia social y represión militar

¿Quién puede creer que un Estado de Sitio protege a las comunidades?

Rosalinda Hernández Alarcón

  

Tres mil 500 soldados llegaron a cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa para supuestamente proporcionar seguridad pública; claro que los uniformados además de hacer registros y revisar documentos de identidad, limitan derechos constitucionales (reunión, manifestación, locomoción…). Precisamente ello ocurre donde existen movimientos sociales que reivindican el derecho a opinar sobre el cuidado, uso y beneficio de los bienes naturales donde habitan. 

Estos movimientos sociales han seguido caminos legales, como las consultas comunitarias en las que mayoritariamente han rechazado la minería. Desde hace varios años mujeres y hombres se han organizado para ejercer su derecho de petición, pero nadie los escucha. Iguales movimientos de resistencia pacífica existen en otros departamentos de Guatemala. Por ello, de inmediato las lideresas Yolanda Oquelí, Andrea Ixiu y María Jiménez han expresado su rechazo al Estado de Sitio. En sus comunidades han sufrido agresiones de policías o militares. En sus experiencias de participación han visto cómo el Gobierno carece de disposición para entablar diálogos con solución, en tanto se ha convertido en “guardián de los intereses de empresas de capital transnacional”.

Hay que potenciar una corriente de opinión que cuestione a las autoridades gubernamentales, ¿por qué aplicar de nuevo un Estado de Sitio que tanto descontento y miedo causó hace un año en Barillas, Huehuetenango? Quizás por ello se repite, en tanto su objetivo no fue proteger a la ciudadanía sino inhibirla de seguir ejerciendo sus derechos de reunión y organización, a opinar y manifestar. 

A propósito del segundo Estado de Sitio decretado por Otto Pérez Molina en cuatro municipios del oriente del país, es interesante analizar su discurso del pasado 2 de mayo con el emitido en 2012, cuando implantó una medida similar. En ambas ocasiones insiste en justificarlas con el objetivo de acabar con bandas criminales y terroristas. ¿Por qué donde hay movimientos de resistencia social, es precisamente el mismo territorio de su interés para combatir la criminalidad?

Una gobernabilidad democrática significa establecer mecanismos de diálogo para la solución de conflictos sociales. Este planteamiento es una exigencia que va creciendo. ¿Por qué no cambia al personal al que le adjudicó la tarea de coordinar los diálogos, luego de haber fracasado tan evidentemente? Un ejemplo de ello es no lograr el acceso a la tierra para las comunidades del Polochic. Lo cierto es que el descontento social va en aumento porque la mano dura se impone.

Diálogo en lugar de represión, pero no charlas para comprar a líderes ni para cansar o dividir a los movimientos sociales. Las agrupaciones comunitarias que defienden su derecho a opinar rechazan el Estado de Sitio, porque ese mecanismo rompe totalmente las vías para entablar pláticas, infunden mucho temor, tienen un carácter profundamente represivo, recuerdan que en Barillas la presencia del Ejército durante 18 días en ese municipio violentó los derechos de organización y libertad de expresión, mujeres fueron amenazadas, acosadas y violentadas sexualmente; a niñas y niños, personas mayores y jóvenes les afectó psicológicamente; además, impactó económicamente a las comunidades, porque no podían vender ni comprar sus productos; en suma, quedaron sin libertad.