Pensamiento contracorriente

Dos años después de la primavera árabe:Las demandas incumplidas de la "revolución egipcia" 

Olga Rodríguez 

25 de enero de 2013

  Viento Sur

Este viernes se cumplen dos años del inicio de las revueltas en Egipto que desembocaron en la caída de Hosni Mubarak y en el inicio de una transición que aún está en curso. Diversas agrupaciones políticas y sociales como el Movimiento 6 de abril, Kifaya, el Partido de Mohamed El Baradei, los socialistas, los nasseristas, el Wafd o la Corriente Popular Egipcia, de Hamdin Sabahi, han convocado marchas desde diferentes puntos de El Cairo que confluirán en la plaza Tahrir. También hay previstas protestas en otras ciudades del país.

Ya en los días pasados se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el entorno de Tahrir. Además, los hinchas del equipo de fútbol Al Ahly, vinculados a las revueltas, han protagonizado protestas frente a la Bolsa, exigiendo sentencias justas para los responsables del caos provocado en febrero de 2012 en el estadio de fútbol de Port Said, en el que murieron 74 personas, la mayoría seguidoras de Al Ahdy.

 Ningún alto cargo condenado por la muerte de manifestantes

Las organizaciones que impulsaron las revueltas se muestran hoy decepcionadas con los acontecimientos en la esfera de las instituciones políticas. Desde la caída de Mubarak hasta ahora se han celebrado más de 12.000 juicios militares contra civiles. Sin embargo, ningún responsable de las fuerzas de seguridad ha sido castigado o declarado culpable por la represión, a pesar de que tan solo en los 18 días de las revueltas murieron 840 personas y más de 6.000 resultaron heridas.

Con el traspaso de poder de la Junta militar al presidente Mohamed Morsi la represión ha descendido, pero siguen registrándose casos de abusos policiales y torturas. Al menos doce personas han muerto en diversas protestas. No solo eso. El control de la prensa ha aumentado en los últimos meses de manera notoria.

 112 procesos por "insultar al presidente"

Diversos grupos en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos han advertido de que ya se han registrado 112 procesos judiciales por “insultar al presidente”, una cifra que supera a todos los procesos llevados a cabo por la misma razón desde el año 1892. La mayor parte de las denuncias han sido presentadas al fiscal general por la propia oficina del presidente Morsi.

Este mismo mes ha sido apartado de su cargo Hani Shukrallah, hasta ahora editor del diario estatal Al Ahram en su versión online en inglés. Aunque no hay explicación oficial, sus compañeros de profesión atribuyen su destitución a su posición crítica con los Hermanos Musulmanes, expresada en algunos de sus artículos.

"La dirección del Ahram, vinculada la Hermandad, ha forzado la destitución del escritor de izquierdas y editor Hani Shukralah", protestaba hace unos días su compañero, el periodista Hossam El-Hamalawy.

Shukrallah había sufrido ya una condena al ostracismo laboral durante la época de la dictadura de Mubarak.

La economía, el FMI y Qatar

En estos dos años la economía egipcia se ha visto más deteriorada de lo que ya estaba, a causa, entre otras razones, del descenso del turismo provocado por la tensión, la inseguridad y la represión que han vivido las calles de las principales ciudades del país. El gobierno de Mohamed Morsi lleva meses negociando con el Fondo Monetario Internacional una ayuda de 4.800 dólares a cambio de la implementación de una serie de reformas fiscales que implicarían la reducción de la inversión pública, recortes en los subsidios para materias primas como el gas natural o el aumento de las tasas en productos básicos.

De hecho, justo antes de la celebración del referéndum sobre la Constitución celebrado el pasado diciembre, Morsi llegó a anunciar la puesta en marcha de esas medidas, pero horas más tarde reculó, diciendo que aún no era el momento. Con una votación a la vuelta de la esquina, sus asesores temieron que la aplicación de medidas tan impopulares pudieran perjudicar los resultados electorales.

De momento, y a la espera de ultimar la negociación con el FMI, el gobierno egipcio ha admitido ayuda económica ofrecida por Arabia Saudí y, sobre todo, por Qatar, que acaba de entregar a El Cairo otros 2.500 millones de dólares en forma de préstamo, que se suman a otros 2.500 millones entregados anteriormente.

No es ningún secreto la buena relación que mantiene la Hermandad egipcia con la monarquía de Qatar que, con sus inversiones y apoyo económico, pretende aumentar su órbita de influencia en la región, ya notablemente crecida por sus intervenciones, directas o indirectas, en Libia, Siria o en las negociaciones con el grupo palestino Hamás.

Esta semana la revista estadounidense Time, nada sospechosa de ser crítica con el modelo económico global, reconocía que el programa del FMI puede ser la solución “inmediata para los problemas económicos de Egipto, pero “solo tendrá como resultado un mayor daño económico para la gente corriente”. Time añadía que el programa de austeridad del organismo internacional implicaría el establecimiento de medidas similares a las aplicadas por Hosni Mubarak, “profundamente impopulares” en el país árabe.

¿Por qué fueron aquellas medidas profundamente impopulares?

La llamada “reforma económica egipcia” establecida por el régimen de Mubarak a principios del siglo XXI e impulsada por el FMI y el Banco Mundial contribuyó a lo que el sociólogo egipcio Galal Amin ha llamado “la humillación y la desposesión de la clase media egipcia”. En un plazo relativamente breve de tiempo el gobierno de la dictadura congeló salarios, eliminó pagas extraordinarias y recortó de forma drástica la inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación.

Egipto también se vio afectado por la especulación en los mercados financieros internacionales, que provocó un aumento disparato de precios en productos básicos como el pan en el año 2008. La pobreza, el desempleo y los salarios indignos aumentaron.

El proceso de privatizaciones de empresas públicas, otro de los elementos de aquella reforma económica, se realizó en un clima de corrupción y de falta de transparencia, con transacciones efectuadas a precios inferiores del valor real de las compañías en venta y con dinero negro en manos de intermediarios. Decenas de miles de personas fueron despedidas, y los nuevos propietarios incumplieron en algunos casos sus compromisos de inversión en las empresas recién adquiridas y optaron por desmantelarlas, vendiendo sus terrenos para obtener capital de forma rápida.

Fábricas renacionalizadas a petición de los trabajadores

Ya entonces, a partir de 2008, diversas agrupaciones de trabajadores presentaron demandas en los juzgados exigiendo la renacionalización de las fábricas en las que trabajaban.Tras la caída de Mubarak aumentó el número de denuncias de este tipo.

Lo insólito es que ya hay cinco sentencias firmes por parte de los tribunales que ordenan la renacionalización de empresas privatizadas. La última de ellas es de esta misma semana: Los trabajadores de la fábrica textil de Shebeen el Kom, vendida en 2007 a un inversor extranjero, han ganado su batalla. En la resolución judicial se estima que aquella privatización estuvo marcada por la corrupción y la falta de transparencia, y que el comprador incumplió el contrato por el que se comprometía a invertir y mantener la fábrica.

Desde su compra, los obreros trabajaban sin las mínimas garantías de seguridad laboral, con salarios muy bajos y congelados, y temían su despido inmediato. Ahora el Estado egipcio tendrá que devolver el dinero obtenido por la transacción y reasumir la propiedad de Shebeen el Kom.

Tras la caída de Mubarak fueron juzgados algunos responsables de aquellas prácticas corruptas. Entre ellos, el que fuera ministro del gas y petróleo, acusado de vender gas a Israel a un precio inferior de su valor real, o el ex ministro de finanzas del régimen, Yousef Boutros Ghali, acusado y condenado en ausencia a 30 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Desde 2008 Boutros Ghali compaginaba su cartera ministerial con su cargo como presidente del Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional, principal comité asesor de la Junta de gobernadores del FMI. Fue uno de los principales impulsores de las reformas de libre mercado en Egipto y antes, en la década de los ochenta, fue uno de los principales negociadores de la deuda externa de su país.

Ahora, diversos movimientos sociales han impulsado una campaña exigiendo la suspensión de aquella deuda contraída en plena dictadura. Mientras, Boutros Ghali, sobre el que pesaba una orden de búsqueda de la Interpol, ha sido visto en Londres, donde en diciembre de 2011 participó en una conferencia de expertos economistas en la London School of Economics. Su figura contribuyó al aumento de la impopularidad del FMI en diversos sectores de Egipto.

Aniversario de protesta, no de celebración

Aunque en las instituciones políticas todo parece por el momento atado y bien atado, a pie de calle son iniciativas como las demandas de los trabajadores las que mantienen vivas las esperanzas de los diversos activistas vinculados a las revueltas. Este viernes las miradas están depositadas de nuevo en Tahrir. Los movimientos sociales que convocan las protestas de este fin de semana insisten en que las manifestaciones no son celebraciones, sino la expresión de una decepción y la exigencia de toda una serie de demandas aún incumplidas:

El entramado de las fuerzas de seguridad protagonistas de la represión permanece casi intacto. Las desigualdades y los sueldos indignos marcan a buena parte de la sociedad egipcia. La nueva Constitución, aprobada en un referéndum caracterizado por una elevada abstención (68%), no prohíbe expresamente los juicios militares a civiles ni la discriminación por razones de género, sexo, origen o religión.

Además, establece la existencia de un solo sindicato por gremio, una imposición que ha provocado gran preocupación e indignación entre los integrantes de los más de 300 sindicatos independientes creados tras la caída de Mubarak, impulsores de cientos de huelgas y de iniciativas como las demandas de renacionalización antes mencionadas. El control gubernamental del movimiento obrero supondría un fuerte varapalo a uno de los pilares del tejido social de protesta egipcio.

La "caridad" de los Hermanos Musulmanes

Aunque durante años la Hermandad condenó las políticas de ocupación de Israel, desde su subida al poder ha optado por atenerse al statu quo vigente defendido en la sombra por el Ejército egipcio. Mohamed Morsi sabe que la ruptura de los acuerdos de Camp David con Israel tendría consecuencias en sus relaciones con Estados Unidos, proveedor de una ayuda económica anual de 1.300 millones de dólares para las Fuerzas Armadas egipcias. Su falta de acción o crítica contra Tel Aviv puede convertirse en una razón para la decepción entre sus electores.

Conscientes de ello y de la dramática situación económica, y temerosos de perder popularidad, los Hermanos Musulmanes han anunciado la creación de grupos de voluntarios y la coordinación de ONG´s para renovar 2.000 escuelas, plantar árboles, facilitar atención médica a un millón de personas y abrir “mercados de caridad” que vendan comida a precios asequibles.

Pero los movimientos sociales de las revueltas egipcias creen que hace falta mucho más que caridad para mejorar un país en el que el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y en el que, parafraseando un popular eslogan de la revolución, el "pan, la libertad y la justicia social" siguen sin estar al alcance de muchos.