Pensamiento contracorriente

Guatemala:  Jorge de León Duque insta a Presidente a derogar acuerdo

 Activistas harán pronunciamiento contra acuerdo de reserva ante CIDH 

 La Hora 03 de Enero de 2013 

Continúan las críticas en contra del Acuerdo Gubernativo 270-2012, que indica que el Estado guatemalteco no reconocerá fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sucesos ocurridos antes de marzo de 1,987.Mientras tanto, peticionarios se reunieron para analizar las acciones a promover; Helen Mack dijo que el Estado se contradice, puesto que en una sentencia se allanó, y Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, anunció que pedirán al Presidente que derogue dicho acuerdo.Helen Mack, directora de Fundación Mirna Mack, explicó que el lunes, todas las organizaciones de derechos humanos en Guatemala harán un pronunciamiento colectivo, para manifestar su total rechazo a lo dispuesto por el Estado en dicho acuerdo.Mientras tanto, 28 peticionarios en la sentencia del diario, donde la CIDH condenó al Estado, esta mañana analizaban qué tipo de acciones legales promoverán en contra de lo publicado ayer.

EL ESTADO SE ALLANÓ

La activista también dijo que la interpretación de la reserva que hacen las autoridades es contradictoria, ya que en la sentencia del caso del Diario Militar, el Estado se allanó.Según consignó, en el párrafo 24 de las consideraciones de la CIDH al emitir el fallo condenatorio, se señala que “la Corte observa que el Estado también manifestó su “aceptación total” por la violación de los artículos 16 y 23 de la Convención Americana”.

En el caso, la violación del artículo 16 se alegó en perjuicio de las víctimas desaparecidas, debido a que su desaparición forzada habría estado motivada en su supuesta pertenencia a grupos opositores y/o insurgentes; también se consigna que la violación de dicho apartado se fundamentó en las presuntas amenazas, hostigamientos e intimidaciones sufridas por los familiares al denunciar o realizar las búsquedas de sus seres queridos.

En ese sentido, en la sentencia se indica que “el Tribunal (CIDH) entiende que Guatemala se allanó a la alegada violación del artículo 23, en virtud del derecho al acceso a la información y el artículo 16, ‘en perjuicio de los familiares de las víctimas  desaparecidas’”.Como consecuencia, la Corte consideró que cesó la controversia con respecto a la violación de los citados artículos.Mack dijo que con esto existen incongruencias de parte del Estado, porque “no pueden decir que sí, y ahora que no”.

QUE SE DEROGUE 

Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dijo que solicitará al presidente Otto Pérez Molina que derogue el Acuerdo Gubernativo, y que analizan si cabe alguna acción legal en contra de dicha disposición.Según indicó, un acuerdo de este tipo “no puede contravenir lo establecido en una norma de derecho internacional, puesto que el Estado es signatario de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”.

También criticó que este tipo de disposiciones socaba el derecho de reparación de miles de personas afectadas durante el conflicto armado interno.“Se deja en una desprotección absoluta a los guatemaltecos que sufrieron con el enfrentamiento armado, pues del año 87 para atrás se cometieron los peores crimines de lesa humanidad”, enfatizó.

NO FAVORECERÁ, NI PERJUDICARÁ

En tanto, Francisco Palomo y Moisés Galindo, abogados defensores de militares procesados en Guatemala por delitos de genocidio vieron con buenos ojos dicho acuerdo, pero afirmaron que la acción, no favorecerá ni perjudicará a los sindicados, entre estos a José Efraín Ríos Montt.

ARENALES FORNO

Justifica acuerdo

El interés de las organizaciones de Derechos Humanos porque Guatemala reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) previo a 1987 sería económico, porque en la CIDH se demanda al Estado por cifras estratosféricas, de las cuales esas organizaciones se quedan con un porcentaje, dijo el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno.

Según comentó el funcionario, el Estado no está desconociendo su responsabilidad en la guerra civil con hacerle saber a la CIDH su ámbito de competencia, y por eso creó el Programa Nacional de Resarcimiento, amparado en los Acuerdos de Paz.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo que la organización rechaza la lamentable interpretación que se hace con el Acuerdo Gubernativo 370-2012 publicado ayer, en el que se da a conocer la forma en que Guatemala adopta la competencia de la CIDH. Comentó que lo que se trata de hacer, de parte de los funcionarios, entre ellos Arenales Forno, es evitar el "trago amargo" al Presidente de la República de pedir perdón por las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado en el pasado.

CRÍTICAS

El acuerdo gubernativo emitido recientemente donde se restringe la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue generando críticas, en esta ocasión los comentarios fueron dados por parlamentarios que señalan que se busca fomentar la impunidad.

“El Ejecutivo en primer lugar se equivocó con el acuerdo, ya que no hay una corte internacional de justicia sino es de Derechos Humanos, pero lo más importante es que se busca fomentar la impunidad por lo que esperamos que se cambie esa actitud para que se conozcan casos de lesa humanidad desde antes del 87”, declaró el diputado por URNG, Carlos Mejía.

En tanto, el diputado Amílcar Pop, señaló que si bien el acuerdo no tiene impacto jurídico ya que Otto Pérez no puede restringir la competencia de la Corte, las implicaciones serán de aumentar el desprestigio y la imagen de violación de derechos humanos que tiene el país.