Nuevo informe: Guatemala debe proteger de inmediato a los defensores de derechos humanos
(18 de noviembre 2013 | Washington, DC) Los defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades indígenas de Guatemala desarrollan su trabajo en un entorno peligroso, y bajo constante amenaza.
El informe “Balanza Inclinada: El Conflicto Social y la Justicia Penal en Guatemala”, emitido hoy por el Centro para los Derechos Humanos del Colegio Estadounidense de Abogados, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK), informa sobre los graves problemas estructurales que afecta a la justicia guatemalteca e impacta negativamente en el trabajo de los defensores de derechos humanos.
“El sistema judicial guatemalteco se está utilizando para hostigar e intimidar a los defensores de derechos humanos, especialmente en el contexto de disputas por el derecho a la propiedad y uso de la tierra por parte de empresas y comunidades indígenas”, sostuvo Santiago A. Canton, Director de Partners for Human Rights del Centro RFK. “Mientras los defensores de derechos humanos y los líderes indígenas son blancos de amenazas y violencia, a menudo deben enfrentar denuncias falsas de comportamiento criminal, en tanto que los perpetradores no reciben ningún castigo y caminan libremente por la calle.”
Abogados y líderes de la sociedad civil han informado que las disputas surgidas entre comunidades indígenas y compañías extractivas han sido el resultado del fracaso gubernamental en llevar a cabo consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe en torno a los conflictos surgidos, según lo requiere el derecho internacional. El informe también cuestiona el respeto de las normas internacionales por parte de bancos multilaterales y compañías multinacionales. “Hay compañías que operan proyectos industriales controvertidos y de gran escala que emplean fuerzas privadas de seguridad con dudosos historiales en lo referente a los derechos humanos”, sostuvo Kerry Kennedy, Presidente del Centro RFK. “Muchos defensores de los derechos humanos han informado que ex militares, responsables por la comisión de abusos durante el conflicto armado interno, están actualmente intimidando a las poblaciones locales y cometiendo delitos con impunidad en las comunidades en las que trabajan.”
“Nuestras fuentes de información han manifestado su preocupación en torno a la detención previa a defensores de derechos humanos que han protestado contra proyectos de minería y otros proyectos industriales de gran escala y a los que, posteriormente, se les ha denunciado de haber cometido delitos. También se informó sobre el uso de procedimientos disciplinarios contra funcionarios judiciales que procesan debidamente las causas presentadas por defensores de derechos humanos”, sostuvo Brittany Benowitz, Asesora Legal en Jefe del Centro para los Derechos Humanos del Colegio Estadounidense de Abogados.
Los autores explican que los defensores deben enfrentarse a la publicación de declaraciones humillantes y calumniosas, además de vivir bajo la constante amenaza de sufrir ataques físicos o de ser denunciados falsamente por la comisión de delitos. “Varios comentaristas prominentes se han referido a los defensores de derechos humanos como ‘terroristas’; entre estos comentaristas se cuentan líderes vinculados con los intereses empresariales”, dijo Katharine Nylund Valencia, Becaria Donald M. Wilson del Centro Robert F. Kennedy y anteriormente abogada del Instituto para los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Georgetown, quien es coautora del informe. “Estas calumniosas declaraciones ponen a los defensores en riesgo de sufrir graves abusos a sus derechos humanos.”
El informe enfatiza las obligaciones que tiene el gobierno guatemalteco, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, de proteger la integridad física de los ciudadanos; garantizar la independencia de las autoridades judiciales; investigar a fondo y de manera objetiva toda denuncia de actividades criminales; y proteger contra la posibilidad de sufrir detenciones arbitrarias, así como detenciones preventivas prolongadas. El informe también enfatiza que los proyectos industriales a llevarse a cabo en tierras pertenecientes a las comunidades indígenas deben desarrollarse en todo momento de conformidad con el principio de contar con una consulta previa, libre y al que se hubiera llegado mediante información completa y adecuada. Finalmente, el informe llama a las industrias extractivas y a las instituciones financieras a compensar de manera justa a las comunidades que hubieran podido resultar desplazadas o afectadas de manera adversa por las actividades productivas y pide que se cumpla con los acuerdos de reparación relativos al conflicto armado interno.
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Acerca del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos:
Fundado en 1968, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) existe para llevar a cabo la visión de Robert Kennedy de un mundo más justo y pacífico. El Centro RFK ha honrado a los periodistas, autores y activistas de derechos humanos quienes, a menudo con gran riesgo personal y mucho sacrificio, están en la vanguardia del movimiento internacional por los derechos humanos y la justicia social. En asociación con estos defensores valientes e innovadores, RFK Partners for Human Rights es la rama del litigio, de promoción de derechos, y de denuncia de violaciones, del Centro RFK. Al combinar un planteamiento basado en los derechos humanos con los ganadores del premio Robert F. Kennedy, RFK Partners for Human Rights utiliza su conocimiento técnico legal, recursos y prestigio para lograr avanzar la justicia social en todo el mundo.
Comuníquese con:
Meaghan Baron
Directora de Comunicaciones, Centro RFK
Oficina: (917) 284-6352 | correo electrónico: baron@rfkcenter.org
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