Adolfo Gilly · Eduardo Nava Hernández · · · ·
Sin Permiso,15/12/13
La destrucción de la Constitución de 1917
México ingresa en un cambio geopolítico histórico. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión de hecho del subsuelo territorial de la nación a la potencia mundial vecina, Estados Unidos.
Es un proceso destructivo del régimen constitucional que comenzó en noviembre de 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y la privatización de las tierras ejidales, y culmina en diciembre de 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución, como ya han sido desmantelados en los hechos los originarios artículos 3º, relativo a la educación, y artículo 123, sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Este proceso, por otra parte, ya había comenzado antes en las políticas del PRI: charrismo en el sindicato, despilfarro y corrupción en la administración de Pemex.
La Constitución de 1917 ha sido destruida en sus esencias. Tenemos en México muchas leyes. Pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad, así como a sus grandes riquezas naturales, frente a la voracidad del capital trasnacional y las ambiciones de dominación del vecino del norte y sus socios locales.
El desmantelamiento de los artículos 27 y 28 Constitucionales sólo puede compararse en la historia nacional con el fracasado proyecto del Tratado McLane-Ocampo, sin que ninguna situación extrema como fue la intervención francesa le conceda siquiera una sombra de justificación. Esta es la dimensión de lo resuelto por el Congreso de la Unión en este diciembre de 2013.
No se trata ahora de detenerse a imprecar o denostar a quienes así lo decidieron. Se trata de organizar con empeño, tenacidad y paciencia las fuerzas materiales, humanas y territoriales para restablecer en este país la ley de la nación, eso que en Estados Unidos llaman the law of the land y consideran supremo valor a respetar en su territorio y a violar en naciones ajenas: Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Panamá, Colombia. Incluida la ocupación de Guantánamo, este listado no tiene fin.
* * *
Destruidos en su esencia los pilares de la Constitución de 1917 –el artículo 27 y su corolario, el artículo 28; el artículo 3º y el artículo 123– se abren las compuertas para que México se vea atraído como país satélite de Estados Unidos. No exagero: no abren así su territorio y sus leyes Francia ante Alemania, Italia frente a Francia, Gran Bretaña frente a Estados Unidos o la India frente a China.
Tómense los ejemplos que se quiera, pero lo cierto es que el proceso de integración y subordinación desencadenado desde la presidencia de Miguel de la Madrid ha pasado una frontera que no tendrá retorno sin un gran sobresalto humano, material y espiritual de la nación entera.
Enumero las consecuencias que en este momento aciago alcanzo a ver:
I. Rendición de soberanía
1. Integración subordinada: Por primera vez en su historia, México se subordina a la nación vecina, Estados Unidos, e integra su soberanía de hecho en la plataforma continental de esa nación.
2. Subordinación financiera a un centro extranjero: Wall Street.
3. Subordinación productiva: ya estipulada en el Tratado de Libre Comercio y consolidada con la derogación de la sustancia de los artículos 27 y 28.
4. Subordinación territorial y militar al Pentágono y sus servicios de inteligencia, ya establecida bajo Calderón y García Luna.
5. Subordinación política a Washington D.C. como corolario necesario de lo anterior.
Son todos rasgos, hasta cuesta escribirlo, de un gran Estado satélite, como antes Polonia con la Unión Soviética o la Nicaragua de Somoza con Estados Unidos.
II. El Suchiate, virtual frontera sur de Estados Unidos
1. Migrantes: el Estado mexicano actúa como control y garante de las fronteras de Estados Unidos contra los migrantes de Centro y Sudamérica. Lo que vivimos en nuestro territorio nacional es una masacre metódica y cotidiana subordinada a los intereses y necesidades de Washington, llevada a cabo por armas mexicanas y por responsables del Instituto Nacional de Migración.
2. Guerra sucia: en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán Zacatecas y otros estados de la República se vive, como ya lo anotó Luis Hernández Navarro en estas páginas, una auténtica guerra sucia, dirigida a desorganizar por el terror y a despojar a las poblaciones de sus bienes, sus derechos, sus organizaciones y sus vidas. Esta violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas. Las policías comunitarias, reprimidas por el Estado o por el narco, son legítimas reacciones de autodefensa ante la desprotección y el terror y testimonios del grado de desintegración de la relación estatal entre gobernantes y gobernados.
3. Narcotráfico: rama poderosa de la economía y la política estrechamente ligada a los canales financieros de México y Estados Unidos y a poderes de ambos países.
4. Presencia permanente y actividad reconocida y pactada del Ejército y los Cuerpos Policiales y de Seguridad del país vecino en el territorio de la nación mexicana.
5. Consolidación y despliegue del mecanismo de subordinación y cesión de soberanía denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
III. Cambio epocal
Esta situación límite, antes desconocida en la historia de México y de América Latina, tiene lugar en el contexto de un cambio epocal de las relaciones de dominación entre las naciones, de sus relaciones políticas y económicas y de las relaciones sociales entre capital y trabajo, ciudad y campo, sociedad y recursos naturales, dentro de cada contexto nacional tal como lo vivimos en este siglo XXI.
En este universo epocal subordinar la soberanía, la economía, los derechos, los salarios y los ingresos, el territorio, la naturaleza y la nación mexicana a los intereses y necesidades de la nación vecina, Estados Unidos, y de sus centros financieros y militares, constituye un vuelco de dimensiones históricas aún difícilmente imaginables. Se trata de un golpe de mano llevado a cabo sin discusión ni consulta, que no responde ante la nación y su pueblo sino a los intereses de los beneficiarios actuales de esas políticas y sus aliados y clientes locales. Tampoco se trata de los intereses del pueblo de Estados Unidos, sino de los de Wall Street y el Pentágono.
Es una emergencia en nuestra historia. Es preciso unirse y organizarse en libertad y democracia, más allá de cualquier otro interés o diferencia en el presente, más allá de cualquier resquemor o distancia en el pasado, organizarse en todos los terrenos y con todos los medios y formas –todos– que prevé y autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con toda la libertad y la protección que desde su artículo 1º dicha Constitución garantiza.
Adolfo Gilly es profesor emérito de la UNAM
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/13/opinion/014a1pol
La entrega petrolera
Hace casi un año, el 31 de enero, una potente explosión cimbró el edificio central de Pemex, en la Ciudad de México, ocasionando la muerte de por lo menos 37 personas y más de 100 heridos. Transcurridos más de diez meses, aún no hay una explicación clara de las causas del siniestro; la versión oficial, basada en la hipótesis de la acumulación de gases y de un corto circuito no ha resultado convincente ni se ha presentado un peritaje completo.
El robo de combustibles en los ductos de la empresa petrolera es, como se sabe, un problema crónico y endémico en el que están involucrados poderosos grupos de la delincuencia organizada. La pérdida se estima en unos quince o 20 mil barriles diarios. Más allá de ello, las instalaciones de la petrolera mexicana han sufrido en más de una ocasión atentados terroristas cuyo origen no ha sido siempre esclarecido, pese a que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Frente a problemas de esa magnitud, el Estado mexicano ha exteriorizado sus debilidades, así como lo ha hecho cotidianamente, desde hace siete años, en su fallida guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en general. Y es en ese escenario que ahora ese mismo Estado ha resuelto entregar la industria petrolera, en todas sus fases -exploración, extracción, refinamiento, transportación, distribución, etcétera- al capital privado, prácticamente sin restricciones. Este capital no puede ser otro que las grandes empresas que ya son dominantes en el sector, de origen estadounidense, británico, holandés o español, y que difícilmente aceptarán realizar inversiones importantes en nuestro país si no se les dan garantías suficientes no sólo de acceso a los recursos y mercados, sino también en materia de seguridad. Por eso, el Estado mexicano necesita articular esta reforma con nuevas estrategias ante lo social y lo delictivo, en lo que ha fracasado hasta ahora.
En la experiencia reciente, la ampliación de las reservas para el mediano y largo plazos en manos de las grandes empresas del sector -que de eso se trata, y no de resolver problemas de abasto inmediato- se ha resuelto por la vía de la guerra, como en Iraq y Libia, y ahora, en el caso de México, bajo la de la entrega consentida por el Estado de los yacimientos para ser integrados como parte de los activos de las grandes corporaciones. El atentado a la nación que el bloque en el poder (la oligarquía mexicana, el PAN y el PRI) ha consumado tiene que ver con eso y no con la mera atracción de capitales.
La Reforma Energética, que viene a culminar con la integración rapaz iniciada en 1994 a través del Tratado de Libre Comercio, es la puerta grande por la que se incorpora a México a la globalización. Estamos entrando, a partir de ahora, a formas inéditas de la dominación imperial sobre nuestro país, si bien éstas pueden encontrar paralelismos con las que prevalecían durante el porfirismo y hasta antes de 1938, sin excluir cuerpos propios de seguridad de las empresas que se asienten sobre nuestro territorio, ante el vacío del Estado mexicano. En la necesaria afirmación de la hegemonía y fortalecimiento estadounidense sobre sus áreas naturales, para la competencia feroz que en el siglo XXI le espera frente a China y otras potencias emergentes: la India y Rusia, México tiene un papel de piedra angular. Ahora esa afirmación se ha consolidado con la entrega de estos días.
En ese contexto, era anunciado que las fuerzas que integran el bloque oligárquico mexicano iban a trabajar desde el inicio del sexenio para obtener por fin la llamada Reforma Energética, que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón pudieron concretar, paradójicamente, por la renuencia del PRI en el Congreso a apoyar un esquema de cambio tan radical como el de los panistas. Los priistas parecen haber esperado a regresar a la Presidencia para ser ellos quienes hicieran la entrega de los recursos energéticos al imperio, redimensionando su papel ante éste. Sin embargo, es el proyecto más radical del PAN, no el del PRI y Peña Nieto, el que ha salido adelante en los cambios constitucionales, tal y como los panistas se han esforzado en resaltarlo para que los oigan en Washington. Los sueños de seductor de los perredistas de que iban a cogobernar con la firma del Pacto, se han esfumado como vapor de opio que siempre fueron, pero habiendo cumplido su papel de argamasa para consolidar la santa alianza que desde hace un año se ha cernido contra el pueblo. El acta de defunción del Pacto expedida por Jesús Zambrano es grotesca, cuando el acuerdo cumplió ya a cabalidad con los propósitos que al verdadero bloque gobernante le interesaban.
La entrega energética -que no reforma, en realidad- no hubiera podido darse con la rapidez y tersura con que salió de haberse mantenido intacto el frente político-social popular que encaró a la oligarquía en 2006 y aún en 2012. Romper ese frente era el propósito del Pacto, que el PRD cumplió con absoluto entusiasmo en las reformas Educativa, Fiscal, Financiera y Política, a las que se lo convidó. Divorciado el perredismo del lopezobradorismo, de los maestros y de los sindicatos y otras fuerzas sociales movilizadas, lo que significaba una ruptura entre el aparato parlamentario y el movimiento real, el comodato sobre los yacimientos que el Congreso otorgó entre el 7 y el 12 de diciembre era ya miel sobre hojuelas, un asunto consumado. Lo que en la calle fue, al final, sacrificio y dramatismo para muchos, en la tribuna se convirtió en patetismo desnudo y gritos de desesperación.
Y si bien es cierto que la Reforma Laboral disfrazada de Educativa ha encontrado una resistencia muy superior a la prevista, el desgaste de la CNTE y de otros contingentes magisteriales después de meses de movilización y su disociación de las expresiones parlamentarias se convirtió, al menos en lo inmediato, en parálisis frente a la imposición de la reforma. Ante los tiempos por venir, el bloque dominante necesita ir más a fondo; completar la derrota de las fuerzas populares e impedir que éstas se recompongan. El asentamiento de las empresas mineras a lo largo y ancho de nuestro territorio durante los años recientes ya da una idea de lo que vendrá con el arribo de las petroleras, agravando la conflictividad social en las regiones y localidades. La disgregación de las luchas, la militarización, el terror y el acallamiento de las fuerzas de autodefensa popular es el escenario trazado para contener las respuestas que puedan surgir a futuro. La criminalización de la protesta social anunciada en el Código Penal del Distrito Federal y en la nueva ley de manifestaciones expedida por la Cámara de Diputados da idea de la tendencia frente a la movilización social.
Para los grupos emergentes desde la sociedad la recomposición no será fácil y va mucho más allá de lo electoral y de coyunturas como el 2015 o el 2018. Estructurar redes de resistencia lo más amplias que sea posible y generar un nuevo proyecto popular es indispensable. El campo popular tiene a su favor el que las modalidades de la movilización son cada vez más diversas y sus formas de expresión más creativas, como lo mostró en el 2012 el #yosoy132 y lo han hecho otros movimientos a escala internacional que rompen con el esquema de los partidos y sindicatos tradicionales. Imprevisibles, estos nuevos movimientos sociales necesitan sin embargo encontrar puntos de convergencia y organización en común para consolidarse y avanzar. Para nuevos escenarios se requieren nuevas respuestas.
Eduardo Nava Hernández es periodista del Cambio de Michoacan. Estudió en la FCPS y escribió una brillante tesis doctoral sobre el cardenismo en Michoacán
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