Señor Presidente de la República, señor Ministro de Gobernación, con miras hacía el bien del país del cual se dicen ser patriotas, actúen en favor de las mayorías antes que el mismo pueblo y naciones les exijan su renuncia.
Cuando asumieron sus respectivos cargos en enero 2012 prometieron trabajar a favor del bien común y las grandes mayorías de la población guatemalteca que se caracterizan por vivir en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con desnutrición crónica y desnutrición estacional.
Al asumir sus cargos ustedes anunciaron priorizar tres pactos: Pacto Hambre Cero, Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, y el Pacto de Crecimiento Económico y Competitividad. A más de dos años y medio desde que asumieron la delegación del poder, se puede concluir que no hay resultados sustanciales. El programa del Pacto Hambre Cero no logra buena implementación y sufre crónica sub ejecución. Los programas agrícolas quedan en asistencialismo clientelar. Recientemente se suspendieron muchos contratos de extensión de cobertura en salud, dejando sin atención a grandes segmentos de la población.
Su prioridad como gobierno, el tema de seguridad, tampoco ha logrado los resultados esperados. A pesar de una ligera reducción de algunos delitos la gran mayoría de problemas siguen sin resolverse.
En el ámbito económico, la situación financiera del país es más que crítica. Los presupuestos aprobados y/o vigentes no cuentan con las recaudaciones necesarias. No se logró una reforma fiscal consensuada. Lo aprobado careció de análisis suficiente y de respaldo, con la consecuencia que fue severamente atacado por sectores de poder real. Aún en un contexto actual de un preocupante desastre financiero está promoviendo legislación que agravaría sustancialmente la situación. Finalmente les queda sólo endeudar más al país.
El problema más preocupante es representar el retroceso más significativo desde la firma de los Acuerdos de Paz. Su gobierno no solo se ha dedicado a destruir la institucionalidad impulsada por los Acuerdos de Paz, a la vez, implementa una preocupante militarización de la institucionalidad pública, actuación totalmente contrario a la apuesta de un estado democrático y civil. En la práctica ha implicado acciones de represión en dónde debe haber consulta y concertación. El listado de imposiciones de fuerza pública desproporcional es largo, en muchas ocasiones acompañadas por ejecuciones extrajudiciales: Santa Cruz Barillas, San Rafael, La Puya, Alaska/Totonicapán, San Juan Sacatepéquez y ahora en territorio Q’eqchi’.
Sus actuaciones, en repetidas ocasiones, nos han confirmado la peligrosidad para una sociedad con aspiraciones democráticas. En vez de velar por el bien común ustedes han mandado grandes contingentes de fuerza pública, civil y militar, a atacar a quienes están en disenso de su opinión.
A estas alturas no podemos sino exigirles, ACTUEN EN FAVOR DE LAS GRANDES MAYORIAS CON PRONTITUD, ANTES QUE COMETAN OTRO CRIMEN EN CONTRA LOS PUEBLOS Y NACIONES DE ESTE PAÍS, O RENUNCIEN A SU PUESTO ANTES QUE EL MISMO PUEBLO SE LOS EXIJA.
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