Luego de la campaña represiva que ejecutó el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación y las fuerzas de seguridad contra comunidades Q’eqchíes que permanecen en resistencia contra proyectos hidroeléctricos, palma africana y el deficiente servicio de energía eléctrica en la región, deja un saldo de 3 fallecidos, cientos de comunitarias y comunitarios desplazados , más de 40 heridas y heridos e igual número de capturas ilegales, además de sembrar el terror como si fuéramos un país en guerra, a la opinión pública hacemos saber:
Que los planes represivos desarrollados en Alta Verapaz fueron estratégicamente planificados por el Gobierno para diezmar la resistencia y la lucha por la defensa de la madre tierra y el territorio y la nacionalización de la energía eléctrica ya que las agresiones fueron dirigidas contra puntos clave de la resistencia y lucha de los pueblos locales, tal es el caso de la resistencia en Río Dolores, Cobán y la Franja Transversal del Norte, específicamente el municipio de Raxruhá, Alta Verapaz.
Rechazamos la manipulación mediática que el Ministro de Gobernación está generando al tergiversar totalmente los hechos sucedidos lo cual responde a la misma estrategia de sembrar el terror y manipular a la opinión pública escondiendo la verdad de lo sucedido en Alta Verapaz, hay suficiente evidencia que demuestra que los ataques fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad premeditadamente.
Es totalmente falso lo que el Ministro de Gobernación dice sobre los enfrentamientos ya que menciona que fueron los mismos comunitarios quienes se agredieron, lo cual es ridículo y es una burla para la población ya que lo demuestra el desplazamiento de más de 1600 efectivos de las fuerzas policiacas para reprimir a la población en resistencia en este departamento.
En todos las agresiones de manos de la Policía Nacional Civil se evidencia un irrespeto a los protocolos establecidos nacional e internacionalmente sobre Derechos Humanos ya que hubo excesivo uso de violencia como lo demuestra el allanamiento ilegal de viviendas en propiedad privada colectiva, el ataque flagrante contra comunitarios y las ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales cometidas a lo largo de la jornada represiva, 3 fallecidos, más de 40 detenidos e igual número de heridos en los enfrentamientos y cientos de comunitarios obligados a desplazarse a la montaña emulan las campañas de tierra arrasada ejecutadas durante el conflicto armado interno, lo que demuestra las claras intenciones de afectar a la población que lucha por la dignidad de la vida, la defensa de la tierra y el territorio y la nacionalización de la energía eléctrica.
Al mismo tiempo condenamos la militarización que se está generando en la región con el pretexto de dar seguridad a la población, cuando fue el mismo Gobierno el generó la zozobra y la inseguridad en el departamento de Alta Verapaz. Está demostrado que el Gobierno de Otto Pérez Molina es servil al gran capital e intereses de empresas privadas ya que en vez de proteger a la ciudadanía protege los intereses de estas empresas (Hidroeléctrica Santa Rita y Energuate) tal como ha quedado demostrado tras esta campaña represiva ejecutada en este departamento.
Exigimos que al Gobierno de Otto Pérez Molina que aclare la situación ante la opinión pública y organismos internacionales y desde ya se informamos que se analiza el planteamiento de una demanda contra el Estado y Gobierno de Guatemala, puesto que los hechos evidencian que se cometieron asesinatos extrajudiciales, cateos e invasión de propiedad privada colectiva por parte de la Policía Nacional Civil, desplazamientos forzosos de comunidades en resistencia incluyendo mujeres embarazadas y niñez menor de 5 años, detenciones ilegales y agresiones indiscriminadas en contra de civiles inocentes, que son elementos suficientes que evidencian una grave violación a los derechos humanos de estos pueblos.
A la Procuraduría de Derechos Humanos PDH y la Oficina del OACNUDH en Guatemala (Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para que se investigue el financiamiento de dichas acciones represivas ya que se tiene suficientes elementos para determinar que fueron financiados por empresas privadas tanto en el caso de la hidroeléctrica como en el tema de la energía eléctrica.
Al Ministerio Publico se le exige la investigación inmediata de los hechos y que se deduzcan responsabilidades contra el Gobierno ya que hasta el momento no se han realizado las pesquisas necesarias en las escenas de los crímenes cometidos lo que pone en riesgo la investigación, estas áreas han sido resguardadas por los propios comunitarios, sin embargo es necesaria la presencia urgente del Ministerio Público y que se inicie un debido proceso en contra de las fuerzas públicas.
Manifestamos que no queremos regresar al pasado como en el tiempo de la guerra, puesto que las secuelas de la guerra fueron revividos en esta campaña represiva que afecto mayormente a pueblos indígenas, mujeres y niños por el uso excesivo de la fuerza dirigido contra la población civil inocente.
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, 18 de agosto de 2014.
Comunidades en Resistencia del Río Dolores, Comité de Unidad Campesina-CUC-, Consejo del Pueblo de Tezulutlán-CPT-, Coordinación y Convergencia Nacional Maya -Waqib Quej-, Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social-AJODER-, Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP-, Colectivo Madre Selva, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala-CONAVIGUA-, Asociación de Servicios Comunitarios de Salud-ASECSA-, Instancia de Consenso del Pueblo Q’eqchi’ y Pocomchí, Asociación Maya para el Servicio y Desarrollo Comunitario-ASOMADIC-, Red para la Soberanía Alimentaria en Guatemala REDSAG, Unión de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala- UDEFEGUA-, Asociación de Abogados Mayas, Comité Campesino del Altiplano-CCDA-
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