Guatemala: Entrevista con la juez Jasmin sobre su destitución

"Se está abriendo la puerta a la impunidad y a la corrupción”

La jueza Iris Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, se refiere a la resolución emitida en su contra la semana pasada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde le suspende de sus funciones profesionales por un año y le impone una multa de Q5 mil 40.

Óscar F. Herrera

Yassmín Barrios, Jueza de Alto Impacto.

Dicha sanción fue motivada por el abogado litigante Moisés Galindo, quien se sintió “humillado” durante el desarrollo del juicio por genocidio en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de Inteligencia Militar.

¿Qué opina de la resolución del Tribunal de Honor del CANG?

– Una resolución injusta e ilegal que excede a sus facultades. El órgano competente para conocer y juzgar sobre la actividad que realizamos los juzgadores es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial. Es el órgano encargado de conocer si en algún momento un juez comete una falta, puede emitir resolución.

Si no tiene competencia, ¿qué acciones tomará?

– En los días subsiguientes ustedes se enterarán de las acciones a seguir.

¿El abogado Moisés Galindo argumenta que se sintió humillado cuando usted le ordenó asumir la defensa del acusado (Efraín Ríos Montt)?

– Hay varias cosas que es importante aclarar. En primer lugar, en ningún momento se ha humillado a ninguna persona. Soy muy respetuosa de las demás personas, de sus Derechos Humanos y sus actividades jurisdiccionales. Ahí están las actuaciones procesales, ahí están los videos, se pueden observar, que nunca se le faltó el respeto.

Lo otro, es de que por los mismos hechos ya emitió su resolución la Junta Disciplinaria, en abril del año pasado, quien rechazó los argumentos. También en su momento nos presentaron antejuicios y también fueron declarados improcedentes. Entonces está fuera de lugar la resolución que emitió el Tribunal de Honor.

Recientemente usted recibió un homenaje por parte de la primera dama de los Estados Unidos, ¿sería motivado por el juicio por genocidio?

– No. Fue por toda mi carrera como juez. La gente no sé porqué se ha detenido solo en esa sentencia, pero habría que revisar mi carrera, los casos y las sentencias que he dictado.

He integrado varios tribunales. El del asesinato de monseñor Juan Gerardi, del caso Myrna Mack, la masacre de Dos Erres, la de Plan de Sánchez, el caso de Rodrigo Rosenberg, gran cantidad de asesinatos, plagios o secuestros. No es solo por esta sentencia, es toda mi carrera judicial, estoy hablando de 18 años. Son miles de sentencias.

Opina que el Tribunal de Honor está politizado. ¿Cuál es su apreciación?

– Más de lo que yo pueda decirle, lo importante es el análisis que hagan los demás. Lo que sí puedo decir es que nunca he faltado a la ética, que mi actuar es honrado, que puedo mantener mi frente en alto y que no le he hecho daño a nadie. Y lo que he hecho es luchar por la administración de justicia, devolverle a todos los ciudadanos guatemaltecos la credibilidad en el sistema. Demostrar que todavía habemos jueces honrados en el Organismo Judicial. Gente capaz, solo obediente a la Constitución y a las leyes, a nadie más.

¿Qué riesgo ve para el sistema de justicia si se concreta la resolución que la suspende por un año?

– Está en riesgo la independencia judicial y el Estado de derecho. ¿Qué significa?, que cualquier persona sin fundamentos pueda ir y acusar a un juez para evitar ser juzgado, se está abriendo la puerta a la impunidad y a la corrupción.

Se debe respetar la independencia judicial y el Estado de derecho de nuestro país. No se debe permitir que a través de mecanismos ilegales se castigue a los jueces honrados, porque eso deteriora el sistema de justicia. No se debe castigar a ningún juez por sus resoluciones. Cuando una resolución les desagrada, para eso están los recursos procesales.

La independencia judicial es una garantía, más que para el juzgador, para los guatemaltecos de contar con jueces honrados y dignos, a quienes puedan presentar sus casos y sean juzgados con apego a la Constitución y a las leyes sin favoritismos ni privilegios económicos ni políticos. Es garantía para el pueblo antes de ser garantía para el juzgador.