Hoy viernes 27 de marzo de 2015 se realizó la audiencia de primera declaración contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes comunitarios del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, y miembros del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza. Fueron capturados como animales por efectivos de la DEIC (División Especial de Investigación Criminal) en el centro histórico de Ciudad de Guatemala el 24 de marzo de 2015 cuando venían a denunciar las agresiones contra periodistas y comunicadores comunitarios por parte del alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, ocurridas el jueves 19 de marzo de 2015 durante los actos de reapertura de la radio comunitaria Snuq' Jolom Konob' de Santa Eulalia. La orden de aprehensión fue emitida por el juez Otto Felipe Vásquez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango el pasado 15 de enero de 2015 por los supuestos delitos de coacción, amenazas y detenciones ilegales, hechos supuestamente cometidos por los dos imputados el 9 de diciembre de 2013 en las instalaciones de la empresa Entidad 5M en la finca San Luis del municipio de Santa Eulalia.
En esta audiencia de primera declaración el Ministerio Público no presentó en ningún momento pruebas concluyentes de la participación de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar el los hechos por los que eran imputados pero a pesar de ello el juez los ligó a proceso por detenciones ilegales desestimando los otros dos delitos de coacción y amenazas, estableciendo como medida sustitutiva el arresto domiciliario sin vigilancia y firmar cada 15 días en el libro del Juzgado de Paz de Santa Eulalia hasta la fecha de la audiencia intermedia programada para el 16 de julio de 2015.
La alegría embargó a todos los presentes en la sala de audiencias a pesar de que Rigoberto y Domingo quedaban ligados a proceso, pero al menos recuperaban su libertad. Parecía que la criminalización sufrida por ser defensores de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales pronto iba a llegar a su fin, pero la alegría se tornó en tristeza, incredulidad, sorpresa e indignación al cabo de unos minutos. Cuando iban a ser liberados, en el sótano de Torre de Tribunales, efectivos de la DEIC estaban esperando con una nueva orden de aprehensión en sus manos, fechada el 25 de marzo de 2015 por el mismo juez Otto Felipe Vásquez por los delitos de plagio y secuestro e instigación a delinquir.
Se percibe con este hecho lo deshumanizante del sistema de justicia en Guatemala y la terrible criminalización hacia los defensoras y defensores de los derechos humanos, muchas veces por las presiones e intereses económicos de las empresas transnacionales que quieren seguir despojando a Guatemala de sus recursos naturales.
Los derechos de Rigoberto y Domingo están siendo violados, no les están dando ni agua para beber ni nada de comer y existe el peligro que tengan que pasar en la carceleta del sótano de Torre de Tribunales toda la Semana Santa. Son presos políticos, velemos por que se cumplan sus derechos pues ellos están sacrificando su vida y su libertad en defensa de la naturaleza y la dignidad como pueblos mayas.
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