TRIBUNA VIENTO SUR
Poco después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones en la ciudad de Barcelona, en sus primeras declaraciones como portavoz de la primera fuerza, Ada Colau afirmó tajantemente que “somos una revolución democrática imparable”. Pues bien, ése es el reto principal que tenemos por delante desde ahora: hacer que ese horizonte sea efectivamente imparable y que no se quede en una mera alternancia en el gobierno del Estado entre tres o cuatro partidos. No va a ser fácil pero, como estamos viendo ya, el miedo a que se acabe definitivamente toda una época vivida desde la mitificada Transición se está instalando entre los de arriba.
En efecto, apenas transcurrida una semana desde el 24M, el panorama que se está configurando en el Estado español es no sólo el de un declive difícilmente reversible del PP como partido hegemónico de la derecha sino, también y sobre todo, el de una crisis de gobernabilidad del régimen frente a las profundas aspiraciones al cambio que se han manifestado en un alto número de Comunidades Autónomas y grandes ciudades.
El impacto que está teniendo la pérdida de cerca de 2 millones y medio de votos en el partido del gobierno, agravada además por nuevos escándalos de corrupción como el del delegado del gobierno en el País Valencià, parece ya de largo alcance. En pocos días, a la versión más histriónica de una Esperanza Aguirre alineada con la ultraderecha, o a la más sincera de Rita Barberá se han ido sumando las dimisiones “en diferido” de varios barones autonómicos y el comienzo de una “guerra interna”. Lo que es peor, aumentan las presiones sobre un autista y debilitado Mariano Rajoy para que mueva ficha y deje de creer que bastan su discurso sobre la “recuperación económica” y el maquillaje de las cifras del paro para remontar la pendiente de aquí a fin de año. Sobre todo, cuando justamente esta semana se han publicado informes del Instituto Nacional de Estadística y de la OCDE en los que se confirma, como ha escrito Fernando Luengo, que “España está a la cabeza…de lo malo” (http://blogs.publico.es/fernando-luengo/20/05/30/espana-a-la-cabeza-de-lo-malo).
Es el reconocimiento del enorme poder territorial que va a perder en las próximas semanas, pese a haber sido la fuerza política más votada, el que pone de relieve el pánico de la elite dirigente del PP a lo que ya parece inevitable: su expulsión de la Moncloa en las próximas elecciones generales y, por tanto, la creciente impugnación de las políticas austeritarias desarrolladas desde su llegada al gobierno en noviembre de 2011, en abierto desafío a lo que significaba la irrupción del 15M meses antes. De aquel choque de legitimidades parece que, por fin, la balanza se inclina hoy del lado de una mayoría social indignada que está a punto de serlo pronto también política y electoralmente.
Con todo, parece más relevante la preocupación que se está manifestando dentro del gran poder económico y empresarial -como se puede comprobar en declaraciones como las de Villar Mir, Juan Rosell y algunos informes de grandes firmas- ante el temor de que se acabe definitivamente la “alternancia” bipartidista en la Moncloa. Porque, efectivamente, al fin de las mayorías absolutas del PP en un buen número de instituciones se suman el limitado ascenso de Ciudadanos y la insuficiente recuperación de un PSOE cuya dirección se ve emparedada entre la presión por la gobernabilidad y la necesidad de frenar el ascenso de Podemos a su costa. Los dilemas ante los que se está enfrentando Pedro Sánchez, vigilado de cerca por Susana Díaz, a la hora de la formación de gobiernos de Comunidades Autónomas y ayuntamientos son ya reveladores del margen estrecho en que se mueve un liderazgo que todavía es débil, pese a golpes de mano internos relativamente exitosos como el que se ha producido en el caso de la Comunidad de Madrid. Por eso parece acertada la opción de la dirección de Podemos de no dejar gobernar al PP, pero no por ello estar dispuestos a gobernar con un PSOE cuyo social-liberalismo no dio más de sí en mayo de 2010. Las experiencias de IU en Andalucía y Extremadura están todavía demasiado recientes para dejarlas en el olvido.
En este nuevo escenario corren el riesgo de desaparecer como fuerzas políticas de ámbito estatal tanto UPyD (víctima de una monocracia suicida) como IU (con Madrid como ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar el patriotismo de partido). Cabe esperar, al menos, que un sector de éste último sea capaz de recuperarse y reorientarse hacia su inserción, modesta y sin pretensiones de protagonismo, en las nuevas dinámicas unitarias. En cambio, los éxitos alcanzados por las candidaturas de unidad popular –con Madrid y Barcelona como referentes emblemáticos, pero sin olvidar las mareas y nuevos mestizajes que han ido fructificando en un buen número de ciudades y pueblos-, así como el ascenso –desigual y menor del previsto pero suficiente para seguir postulándose como alternativa- de Podemos en un buen número de Comunidades Autónomas están teniendo ahora un efecto multiplicador de ilusión y esperanza en el “cambio” entre los y las de abajo.
Entramos así en una nueva fase en la que el principal desafío se encuentra en no limitar la aspiración colectiva a una “revolución democrática” a echar al PP de la Moncloa sino también, y sobre todo, en continuar dándole un contenido rupturista con las políticas austeritarias y recentralizadoras dictadas por la troika y seguidas fielmente por el gobierno de Mariano Rajoy. Es Podemos la única fuerza política de ámbito estatal que puede ir acercando ese horizonte esperanzador frente a un PP a la defensiva y en profunda crisis de liderazgo y un Ciudadanos cuyos límites de “transversalidad” parecen ya evidentes, así como por encima de un PSOE emparedado entre su ya viejo servilismo a la “razón de Estado”, por un lado, y la necesidad de aparecer como algo más que un mero “recambio”, por otro.
Esa necesaria articulación de demandas, reflejadas en planes de rescate ciudadano frente a la emergencia democrática y social que estamos viviendo, se hace más justificada si cabe a la vista del apoyo que ha obtenido la marea a favor del cambio que se ha manifestado en estas elecciones. Un dato importante a retener, y que parece que los primeros estudios publicados corroboran, es precisamente que el voto obtenido por muchas candidaturas de unidad popular y por Podemos, en comparación con las elecciones europeas de hace un año, ha crecido significativamente en barrios populares, en donde la abstención ha descendido respeto a anteriores convocatorias. Esto vendría a confirmar la anticipación que ya hiciera José Fernández Albertos (Los votantes de Podemos, Los libros de la catarata, 2015) de que el voto del “cambio” estaría extendiéndose en amplios sectores afectados directamente por los recortes sociales y la precarización. Debería ser, por tanto, ese voto “de clase” el que se podría ir convirtiendo en el eje vertebrador de un amplio y plural bloque social que acompañe ahora al “asalto a las instituciones” municipales y autonómicas y, mañana, al que debemos preparar de cara a las elecciones generales que se han de celebrar antes de fin de año.
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos y municipales del “cambio” se van a encontrar con una contraofensiva empresarial y mediática creciente que, sumada a las “camisas de fuerza” que suponen el enorme endeudamiento de muchos de esas instituciones (con el ayuntamiento de Madrid a la cabeza) y una legislación restrictiva y obediente a la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución, van a exigir muy pronto la puesta en marcha de una democracia participativa y una autoorganización ciudadana capaces de demostrar que “sí se puede” poner por delante la sostenibilidad de una vida digna y con derechos frente al despotismo de la deudocracia.
Los resultados electorales han confirmado también que la realidad plurinacional, plurirregional y local es muy diversa en este Estado y que, por tanto, los mapas políticos y sociales también lo son. Esto no impide negar que en la perspectiva de las elecciones generales es Podemos la fuerza referente del cambio a escala estatal, aunque será necesario tener en cuenta variantes posibles a nivel autonómico y provincial que permitan integrar experiencias vividas “en común” recientemente y así buscar la reactivación, la apertura y el mestizaje de los Círculos con otros sectores que han jugado, en mayor o menor medida, un papel motor en el anclaje territorial del proyecto de “revolución democrática”.
Esta reorientación parece especialmente pertinente en el caso de Catalunya ante las posibles elecciones del 27-S, en donde se está expresando ya una mayor voluntad de confluencia entre quienes aspiran a desbordar el proyecto hegemonizado hasta ahora por Convergència i Unió en lo social y en lo nacional y, a su vez, se muestran a favor del derecho del pueblo catalán a decidir su futuro y a un proceso constituyente propio.
Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR
En efecto, apenas transcurrida una semana desde el 24M, el panorama que se está configurando en el Estado español es no sólo el de un declive difícilmente reversible del PP como partido hegemónico de la derecha sino, también y sobre todo, el de una crisis de gobernabilidad del régimen frente a las profundas aspiraciones al cambio que se han manifestado en un alto número de Comunidades Autónomas y grandes ciudades.
El impacto que está teniendo la pérdida de cerca de 2 millones y medio de votos en el partido del gobierno, agravada además por nuevos escándalos de corrupción como el del delegado del gobierno en el País Valencià, parece ya de largo alcance. En pocos días, a la versión más histriónica de una Esperanza Aguirre alineada con la ultraderecha, o a la más sincera de Rita Barberá se han ido sumando las dimisiones “en diferido” de varios barones autonómicos y el comienzo de una “guerra interna”. Lo que es peor, aumentan las presiones sobre un autista y debilitado Mariano Rajoy para que mueva ficha y deje de creer que bastan su discurso sobre la “recuperación económica” y el maquillaje de las cifras del paro para remontar la pendiente de aquí a fin de año. Sobre todo, cuando justamente esta semana se han publicado informes del Instituto Nacional de Estadística y de la OCDE en los que se confirma, como ha escrito Fernando Luengo, que “España está a la cabeza…de lo malo” (http://blogs.publico.es/fernando-luengo/20/05/30/espana-a-la-cabeza-de-lo-malo).
Es el reconocimiento del enorme poder territorial que va a perder en las próximas semanas, pese a haber sido la fuerza política más votada, el que pone de relieve el pánico de la elite dirigente del PP a lo que ya parece inevitable: su expulsión de la Moncloa en las próximas elecciones generales y, por tanto, la creciente impugnación de las políticas austeritarias desarrolladas desde su llegada al gobierno en noviembre de 2011, en abierto desafío a lo que significaba la irrupción del 15M meses antes. De aquel choque de legitimidades parece que, por fin, la balanza se inclina hoy del lado de una mayoría social indignada que está a punto de serlo pronto también política y electoralmente.
Con todo, parece más relevante la preocupación que se está manifestando dentro del gran poder económico y empresarial -como se puede comprobar en declaraciones como las de Villar Mir, Juan Rosell y algunos informes de grandes firmas- ante el temor de que se acabe definitivamente la “alternancia” bipartidista en la Moncloa. Porque, efectivamente, al fin de las mayorías absolutas del PP en un buen número de instituciones se suman el limitado ascenso de Ciudadanos y la insuficiente recuperación de un PSOE cuya dirección se ve emparedada entre la presión por la gobernabilidad y la necesidad de frenar el ascenso de Podemos a su costa. Los dilemas ante los que se está enfrentando Pedro Sánchez, vigilado de cerca por Susana Díaz, a la hora de la formación de gobiernos de Comunidades Autónomas y ayuntamientos son ya reveladores del margen estrecho en que se mueve un liderazgo que todavía es débil, pese a golpes de mano internos relativamente exitosos como el que se ha producido en el caso de la Comunidad de Madrid. Por eso parece acertada la opción de la dirección de Podemos de no dejar gobernar al PP, pero no por ello estar dispuestos a gobernar con un PSOE cuyo social-liberalismo no dio más de sí en mayo de 2010. Las experiencias de IU en Andalucía y Extremadura están todavía demasiado recientes para dejarlas en el olvido.
En este nuevo escenario corren el riesgo de desaparecer como fuerzas políticas de ámbito estatal tanto UPyD (víctima de una monocracia suicida) como IU (con Madrid como ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar el patriotismo de partido). Cabe esperar, al menos, que un sector de éste último sea capaz de recuperarse y reorientarse hacia su inserción, modesta y sin pretensiones de protagonismo, en las nuevas dinámicas unitarias. En cambio, los éxitos alcanzados por las candidaturas de unidad popular –con Madrid y Barcelona como referentes emblemáticos, pero sin olvidar las mareas y nuevos mestizajes que han ido fructificando en un buen número de ciudades y pueblos-, así como el ascenso –desigual y menor del previsto pero suficiente para seguir postulándose como alternativa- de Podemos en un buen número de Comunidades Autónomas están teniendo ahora un efecto multiplicador de ilusión y esperanza en el “cambio” entre los y las de abajo.
Entramos así en una nueva fase en la que el principal desafío se encuentra en no limitar la aspiración colectiva a una “revolución democrática” a echar al PP de la Moncloa sino también, y sobre todo, en continuar dándole un contenido rupturista con las políticas austeritarias y recentralizadoras dictadas por la troika y seguidas fielmente por el gobierno de Mariano Rajoy. Es Podemos la única fuerza política de ámbito estatal que puede ir acercando ese horizonte esperanzador frente a un PP a la defensiva y en profunda crisis de liderazgo y un Ciudadanos cuyos límites de “transversalidad” parecen ya evidentes, así como por encima de un PSOE emparedado entre su ya viejo servilismo a la “razón de Estado”, por un lado, y la necesidad de aparecer como algo más que un mero “recambio”, por otro.
Esa necesaria articulación de demandas, reflejadas en planes de rescate ciudadano frente a la emergencia democrática y social que estamos viviendo, se hace más justificada si cabe a la vista del apoyo que ha obtenido la marea a favor del cambio que se ha manifestado en estas elecciones. Un dato importante a retener, y que parece que los primeros estudios publicados corroboran, es precisamente que el voto obtenido por muchas candidaturas de unidad popular y por Podemos, en comparación con las elecciones europeas de hace un año, ha crecido significativamente en barrios populares, en donde la abstención ha descendido respeto a anteriores convocatorias. Esto vendría a confirmar la anticipación que ya hiciera José Fernández Albertos (Los votantes de Podemos, Los libros de la catarata, 2015) de que el voto del “cambio” estaría extendiéndose en amplios sectores afectados directamente por los recortes sociales y la precarización. Debería ser, por tanto, ese voto “de clase” el que se podría ir convirtiendo en el eje vertebrador de un amplio y plural bloque social que acompañe ahora al “asalto a las instituciones” municipales y autonómicas y, mañana, al que debemos preparar de cara a las elecciones generales que se han de celebrar antes de fin de año.
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos y municipales del “cambio” se van a encontrar con una contraofensiva empresarial y mediática creciente que, sumada a las “camisas de fuerza” que suponen el enorme endeudamiento de muchos de esas instituciones (con el ayuntamiento de Madrid a la cabeza) y una legislación restrictiva y obediente a la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución, van a exigir muy pronto la puesta en marcha de una democracia participativa y una autoorganización ciudadana capaces de demostrar que “sí se puede” poner por delante la sostenibilidad de una vida digna y con derechos frente al despotismo de la deudocracia.
Los resultados electorales han confirmado también que la realidad plurinacional, plurirregional y local es muy diversa en este Estado y que, por tanto, los mapas políticos y sociales también lo son. Esto no impide negar que en la perspectiva de las elecciones generales es Podemos la fuerza referente del cambio a escala estatal, aunque será necesario tener en cuenta variantes posibles a nivel autonómico y provincial que permitan integrar experiencias vividas “en común” recientemente y así buscar la reactivación, la apertura y el mestizaje de los Círculos con otros sectores que han jugado, en mayor o menor medida, un papel motor en el anclaje territorial del proyecto de “revolución democrática”.
Esta reorientación parece especialmente pertinente en el caso de Catalunya ante las posibles elecciones del 27-S, en donde se está expresando ya una mayor voluntad de confluencia entre quienes aspiran a desbordar el proyecto hegemonizado hasta ahora por Convergència i Unió en lo social y en lo nacional y, a su vez, se muestran a favor del derecho del pueblo catalán a decidir su futuro y a un proceso constituyente propio.
Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR
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