PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, FISCAL GENERAL DEL MINISTERIO PUBLICO,CONGRESO DE LA REPÚBLICA, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,PROCURADOR GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CICIG, ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA, COMUNIDAD INTERNACIONAL Y A LA OPINIÓN EN GENERAL.
HACEMOS SABER:
Que el viernes 26 de junio nos constituimos en Asamblea Departamental Social y Popular de Quetzaltenango, con la participación de actores y actoras de diferentes organizaciones comunitarias y sociales, autoridades comunitarias, guías espirituales, campesinos, jóvenes, niñez y adolescencia, estudiantes del nivel medio y universitarios, mujeres, pueblos maya Mam y Kiche, académicos, ambientalistas, sindicalistas y radios comunitarias de 15 municipios del departamento,
Como Asamblea Departamental Social y Popular de Quetzaltenango damos continuidad a nuestros procesos de lucha, como muestra de repudio a todos los hechos de corrupción que se han venido denunciando en los últimos acontecimientos políticos del país, con todo lo cual afirmamos que nuestra sociedad está sumida en una severa crisis de carácter estructural, que abarca la totalidad de la realidad económica, social, política, cultural y ambiental de nuestro país.
En las últimas semanas han salido a luz nuevos hechos de la crisis: los retrasos en el trámite para levantar el Derecho de antejuicio a Otto Pérez Molina, el cual fue usado como un mecanismo político espurio para detener la caída de un defenestrado Presidente sostenido todavía por el CACIF y la Embajada de los Estados Unidos; el saqueo de los Q.52 millones en el Ministerio de Gobernación; el caso Hichos y demás casos de corrupción en el IGSS; la lentitud de la investigación y detención de Roxana Baldetti; la lentitud del diagnóstico del ecocidio del Río Pasión; la impunidad en el caso contra el Ex Ministro Erick Archila del Ministerio de Energía y Minas, quien a través del abuso de poder y tráfico de influencias otorgó licencias que afectan la vida de los pueblos indígenas; la poca o nula fiscalización en el otorgamiento de finiquitos a candidatos con antecedentes de corrupción por la Contraloría General de Cuentas; el ante juicio al ex -presidente del Congreso y miembro del CACIF Pedro Muadi por el caso de plazas fantasmas en el Congreso.
Todos estos hechos ponen de manifiesto una vez más que la cacareada y falaz defensa de la institucionalidad del Estado, sencillamente ya colapsó ante lo corrupto y putrefacto en la conducción del sistema político-institucional, carcomido por las mafias y el crimen organizado, incrustadas en las élites económicas, políticas, militares, que han sostenido y reproducido la impunidad y el cinismo.
POR LO TANTO EXIGIMOS:
1. La renuncia inmediata del Presidente de la Republica, por su ineficiencia e ineficacia, que lo hacen formar parte de la corrupción y el latrocinio del Estado.
2. A la Corte Suprema de Justicia mantener la resolución de admisión del antejuicio en contra del Presidente de la República y a las instancias y cortes judiciales, respetar la celeridad en y la imparcialidad en el proceso de resolución del mismo.
3. Al Congreso de la República, dejar sus luchas e intereses partidarios y que todas y todos sus integrantes y aprueben las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral y apoyadas por la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, y cuya vigencia debe comenzar antes de la realización de las elecciones próximas.
4. Al Congreso de la República asumir con seriedad, objetividad y pertinencia los cambios que propone el movimiento cívico político a las leyes siguientes: Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Congreso. Ley de Probidad
5. A la CICIG continuar con su trabajo imparcial, sin presiones e influencias de ningún tipo y de organismo alguno.
6. Al Ministerio Publico, iniciar de oficio las investigaciones de corrupción desde el nivel municipal, departamental y nacional.
7. A la Contraloría General de Cuentas, NO otorgar finiquitos a candidatos a cargos públicos que estén ligados a procesos legales de corrupción.
8. A la Procuraduría de Derechos Humanos y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos; dar seguimiento al impacto de la corrupción de este y otros gobiernos a los derechos humanos de la población guatemalteca.
9. A las instancias correspondientes, que convoquen para hacer las reformas constitucionales que sean necesarias con base en los cambios fundamentales que promueve el movimiento cívico político surgido en el país.
10. Al Tribunal Supremo Electoral ejercer su exclusiva independencia como máxima autoridad electoral y cumplir las funciones que le son atinentes sin contemplación o preferencia alguna. 11. A la Corte de Constitucionalidad que asuma su verdadera función, como tribunal permanente e independiente, y asuma claramente la defensa y restablecimiento del orden constitucional y del estado constitucional de derecho y deje de emitir resoluciones con criterios políticos, que favorezcan la impunidad en el país y traten de modificar las resoluciones emitidas por otros organismos del Estado.
12. A la Embajada de los Estados Unidos su respeto a la soberanía del país.
13. A la comunidad internacional mantener vigilantes al Estado de Derecho en Guatemala.
ASI MISMO LLAMAMOS:
A las nuevas fuerzas sociales emergentes que ahora se manifiestan en los diferentes departamentos del occidente del país, a continuar manifestando nuestro descontento e indignación social en las movilizaciones, exigiendo nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, pero también a informarnos y formarnos y ser transmisores del análisis de la situación actual del país y unir fuerzas, dejando protagonismos e intereses particulares que debilitan al movimiento.
COMUNICADO DE PRENSA
La Asamblea Departamental Social y Popular de Quetzaltenango.
Necesitamos afianzar la cohesión y unidad social basadas en prácticas de tolerancia y en una genuina articulación de la solidaridad y de liderazgo colectivo. Estos momentos históricos demanda una sociedad civil, activa y propositiva, que fomente e institucionalice la cultura de la solidaridad, el bien común, el bienestar y la justicia social. Esta participación tendrá que trascender la prioridad actual de resolver la crisis de legitimidad e institucionalidad del Estado y de inmediato pasar a diseñar la propuesta de un modelo diferente de desarrollo alternativo económico y social para toda Guatemala con equidad y justicia.
Es necesario mantener la presión social, promover la unidad en la diversidad y articularnos en todos los niveles, para continuar con el debate, el diálogo y el intercambio de ideas en cada la zona, colonia, barrio, comunidad rural y urbana, en la escuela, la universidad, en el trabajo, etc., porque vamos por la reconstitución de los pueblos hacia la refundación de un Estado Plurinacional .
Para sugerencias o información comunicarse a: colectivociudadanoxela@gmail.com
¡¡¡Vámonos patria a caminar, yo te acompaño!!
Quetzaltenango, 03 de julio de 2015
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