ANTE LA
INSTITUCIONALIDAD ILEGÍTIMA: MOVILIZACIÓN LEGÍTIMA
Las demandas cívicas y ciudadanas
respecto a las inconsistencias e incoherencias del sistema imperante han sido
claras: se imponen cambios profundos que no podrán ser obstaculizados por los defensores
de una institucionalidad de papel que no funciona con justicia y equidad para
la mayoría ciudadana. El sistema no sólo
ha perdido legalidad, sino perdió toda legitimidad; el liderazgo dominante
político-económico-militar lo ha desgastado y desprestigiado al grado que ya no
es representativo para la ciudadanía.
1.- La independencia de los Poderes
del Estado ha sido violada.
Regularmente tenemos conocimiento de las demandas de la
sociedad civil organizada y del movimiento social y popular. En cuanto a las primeras, las organizaciones
de la sociedad civil demandaron al Estado la transparencia en la integración de
las Comisiones de postulación de las Cortes.
A pesar de estas oportunas manifestaciones ciudadanas, la integración de
las Comisiones fue manipulada bajo acuerdos partidarios del oficialismo con
partidos de oposición. Así fueron eliminadas
para los cargos de las Cortes personas honradas, capaces, y eligieron a
personas idóneas para retorcer o entorpecer el camino justo de la ley. El gobierno actual (así como el gobierno que
las fuerzas político-económico-militares se proponen llevar al poder), previeron
que con un sistema judicial ad hoc no tendrían tropiezos para continuar e
intensificar el saqueo y entrega de los recursos del Estado que pertenecen a la
ciudadanía.
Estas acciones constituyeron flagrante violación del orden
constitucional en el sentido de la independencia de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), pues los mismos quedaron a disposición de las componendas político-partidarias-militares
y empresariales. El orden constitucional
fue violentado, quedando la mayoría de las magistraturas de las Cortes en manos
de personas idóneas al encubrimiento de actos ilícitos de funcionarios, testaferros e “inversionistas”.
Muy pocos meses antes, concertadamente desde el Ejecutivo y
el Legislativo impusieron la aprobación del Presupuesto para el año 2015, que incluía
nuevas tributaciones y endeudamiento decididos discrecionalmente con el
objetivo de cubrir los vacíos del dinero que robaban y para tener
disponibilidad financiera para la campaña electoral. Estas medidas durante diferentes gobiernos han
incrementado la deuda interna y externa de Guatemala, con el daño a toda la
ciudadanía, pues estos pagos por deuda reducen las posibilidades de inversión
social y los gastos de funcionamiento del Estado. El colmo de la mala administración pública es
tener que endeudar al país para pagar lo robado y además para cubrir el
funcionamiento de plazas fantasmas de serviles y testaferros, y el colmo extremo
del sistema financiero nacional e internacional es apelar al respeto de esta
institucionalidad perversa que asegura inmensas ganancias usureras. Resumimos,
pues, que ha habido saqueo, ya que desde el Ejecutivo se han armado redes que
abarcan los tres poderes del Estado para beneficio privado.
2.- Saquemos del Estado a los poderes
corruptos.
Las instituciones que por ley recaudan y/o administran
recursos públicos -aduanas, aeroportuarias, IGSS, puertos, etcétera-, fueron
intervenidas bajo leyes ilegítimas aprobadas mediante componendas con intereses
que controlan el statu quo, habiendo sido colocados como interventores
militares y ex militares. En otros
casos, y también durante este gobierno militar de Otto Pérez Molina, se
generalizaron los nombramientos de personas de su conocimiento y confianza, los
que han sido sindicados de responsabilidad directa en el robo y/o entrega del
patrimonio del Estado. Dichos
funcionarios en connivencia con otros actores políticos y empresariales
despojaron a la ciudadanía guatemalteca de miles de millones de quetzales;
autorizaron asimismo la destrucción del hábitat de múltiples comunidades
ocasionando daños tanto a la vida humana como a la naturaleza. Desde el poder político del Estado se
fortalecieron redes delincuenciales que venían operando desde gobiernos
anteriores, tanto dentro como fuera de las instituciones del sector público.
La explotación de los recursos naturales
es servilmente entregada a empresas extractivas extranjeras y nacionales, quienes
para llevarse la mayor parte de los beneficios imponen leyes adhoc de exenciones,
de compras y de contrataciones que aseguran controles blandos o inexistentes en
la apropiación y exportación de estos recursos.
La presumible connivencia de autoridades del Estado y algunos
empresarios con el crimen organizado, resulta en grave responsabilidad por las
horrendas condiciones de vida de una buena parte de la población, así como de
la destrucción de los recursos de la vida como lo son la tierra y el agua. No faltan jueces venales que criminalizan a
líderes comunitarios que defienden nuestro hábitat, cerrando de esta manera la
rosca perversa del poder en contra del ejercicio de la ciudadanía. Cada
ciudadano que defiende con valentía los recursos naturales que son la riqueza
milenaria de nuestro territorio, defiende en sí la vida de todas las guatemaltecas
y guatemaltecos.
3.- La voluntad colectiva de la
ciudadanía se moviliza.
Ante el descaro evidente de
sentirse seguros en su impunidad, los mandatarios excedieron su cinismo al
burlarse de la ciudadanía llegando a situaciones extremas. Recordemos la burla de las instalaciones
indignas del hospital neurosiquiátrico; el descaro al afirmar que el pueblo coma
hierbas si no le alcanza para comprar carne; o que pronto comeremos “mojarras
descontaminadas”. Confiaron en el control social que judicializa las justas
demandas comunitarias y de la sociedad civil organizada, y perdieron de vista
que la ciudadanía tiene la capacidad de rebalsar su paciencia y expresar
su rechazo en pacíficas pero enérgicas
demostraciones de indignación, denuncia y demandas.
Cada persona en su calidad de
ciudadana o ciudadano decidió manifestar su indignación, llegándose a conformar
una diáfana expresión de voluntad colectiva que exige cambios a la
“institucionalidad” vigente que la oprime y la ve de menos. Las peticiones expresadas en las
movilizaciones de abril a julio de 2015 van desde la petición de renuncias de
funcionarios corruptos, su castigo y recuperación de lo robado hasta otras demandas
de mayor profundidad como el rechazo a un proceso electoral que reedita otro
capítulo de lo mismo; es decir, la ciudadanía rechaza ir a votar para que quede
quien las fuerzas político-económico-militares se proponen llevar al poder. De allí que se plantea la suspensión del
proceso electoral, la integración de un gobierno provisional representativo de
todo el pueblo y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, las demandas se manifiestan como
consecuencia del florecer de la conciencia, y del tamaño y la profundidad de la
problemática que la población percibe y comprueba diariamente.
4.- Ante el engaño del sistema
dominante, la ciudadanía organizada exige refundación del Estado.
Es importante destacar que la
sociedad guatemalteca se ha activado y ahora
genera espacios de debate y propuestas en los diferentes ámbitos de la
problemática social y política. Al calor
de esta coyuntura se han nutrido espacios de relacionamiento y debate de
acercamiento para la unidad de acción y de propuestas concretas. La opinión ciudadana se mueve en el campo
político y jurídico; fenómeno que
invade las redes sociales y al que
ciertos medios de difusión contribuyen.
Ya son inútiles las advertencias de las fuerzas que mantienen el statu
quo respecto a que “se están politizando los temas”. Son precisamente estos
momentos cuando la ciudadanía puede actuar políticamente y enmendarle la plana
a sus hasta ahora gobernantes de hecho mas no de derecho.
Los esfuerzos de aportes ciudadanos
persiguen mejorar, fortalecer y democratizar los espacios de participación para
modificar una institucionalidad anómala que ha sido perversamente construida y
defendida por los últimos gobiernos militares y civiles, por dirigentes de
cámaras empresariales, partidos políticos, medios de difusión y crimen
organizado.
Sin embargo, sus operadores
orgánicos –en su papel de fieles defensores de la “institucionalidad”- atacan y
satanizan al que se atreve a opinar diferente y hasta lo tipifican como delito.
Usan tácticas dilatorias con el objetivo de diluir las demandas en las calles y
las comunidades; implementan engaños como mesas de debate legislativo –con un
pleno de legisladores convenientemente ausente- como lo manda la ley, repiten. Sindican
a uno que otro corrupto, pero dejan intacto el sistema político,
económico y social y a las estructuras y mecanismos de decisión, de corrupción
y de enriquecimiento deshonesto.
Dejan sin mayores cambios la
“institucionalidad” que defiende tanto este gobierno como el siguiente gobierno
(el que las fuerzas
político-económico-militares se proponen llevar al poder), pues ya tienen
blindada la estructura que les permitiría continuar con el robo de nuestros
impuestos. Desde la misma estructura pretenden seguir con el robo de la tierra
y la entrega del territorio al capital extractivo y financiero. Inducen a la
Comunidad Internacional a apoyar a este Estado de impunidad, convirtiendo la
institucionalidad en un abstracto intocable, aunque atropelle y mate a su
población. ¿Qué intereses se defienden que puedan situarse por encima de los derechos
de quince millones de habitantes en Guatemala?
5.- Ante la institucionalidad
ilegítima: movilización legítima.
No obstante que como población guatemalteca hemos
manifestado cívica y democráticamente la necesidad de transformar la “institucionalidad”
vigente, el poder dominante con sus fuerzas políticas serviles y los intereses
internacionales, todos, pretenden escudarse en principios de legalidad que
ellos mismos violan frecuentemente y/o utilizan en beneficio particular y en el
de unas pocas familias y/o empresas.
En las leyes vigentes en este
momento, hechas y aplicadas al antojo de los detentadores del poder, no cabe
todo lo justo y lo democrático que el pueblo de Guatemala reclama. La exigencia de una institucionalidad
democrática que signifique calidad de vida para toda la población seguirá
vigente este año y los que siguen.
Mientras más pronto lo comprendan las fuerzas que detienen los cambios,
con menos consecuencias negativas llegaremos a un país próspero para sus
habitantes. Continuaremos
incansablemente accionando por restituir los derechos plenos de nuestros habitantes
y los derechos de la naturaleza.
¡En estas condiciones, no queremos elecciones!
Red de rebeldía ciudadana
Guatemala,6 de julio 2015
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