Guatemala:; Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos solicitan renuncia o destitución de Antonio Arenales Forno, secretario de la paz y presidente de Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y una política de derechos humanos coherente con las obligaciones internacionales del Estado en la materia
Por varios ciudadanos y organizaciones - Guatemala, 1 de marzo de 2013
Un nutrido grupo de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos se dirigieron al presidente de la república de Guatemala, general (r) Otto Pérez Molina, para solicitar la destitución del actual secretario de la paz y presidente de Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el abogado Antonio Arenales Forno. Asimismo, demandan una política y medidas coherentes con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, sobre todo las relativas a sus derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones, de acuerdo con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las soluciones amistosas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las peticiones tienen su origen en los pronunciamientos públicos y las acciones del secretario Arenales -como el cierre de los archivos de la paz- y el derogado acuerdo gubernativo 370-2012, por demás ilegal, con el se pretendió “reinterpretar” la aceptación de la competencia de la CIDH en 1987. A esto se suma su intromisión en el accionar del poder judicial al negar la perpetración de desapariciones forzadas y el genocidio, un crimen de lesa humanidad por el que se procesa al ex dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de la inteligencia militar.
Una delegación de las familias y las entidades humanitarias se reunió el jueves 21 de febrero con el canciller Fernando Carrera para entregarle la carta con las peticiones al mandatario guatemalteco. Posteriormente se entregaron copias a los poderes legislativo y judicial, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Internacionalmente, se han enviado copias a la Corte IDH, la CIDH, la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado guatemalteco. Asimismo, la comunicación al Presidente guatemalteco ha sido recibida por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional e Impunity Watch.
La carta concluye diciendo que “Para el establecimiento de bases firmes para la reconstrucción de la sociedad guatemalteca en paz y democracia, es imprescindible el respeto a la dignidad de sus integrantes e ir avanzando de manera sostenida en la aplicación de la justicia y el combate a la impunidad.”
Firmaron las familias con casos en el sistema interamericano de derechos humanos; a ellas se sumaron en apoyo o como contrapartes en dichos casos la Fundación Myrna Mack, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Congregación del Inmaculado Corazón de María, la Convergencia por los Derechos Humanos, la Coordinadora Genocidio Nunca Más, Fundación Memoria Viva Héctor Interiano, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Guatemala, la Red de Organizaciones de Víctimas, Seguridad en Democracia (SEDEM) y el Serge Berten comité.
El texto completo de la carta y firmantes está aquí: carta
Guatemala, marzo de 2013
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