Pensamiento contracorriente

Guatemala: Implementación de política educativa del gobierno de Otto Pérez Molina vulnera principios básicos de derechos humanos y la calidad educativa

En septiembre de 2012, a través del Ministerio de Educación, el gobierno de Otto Pérez Molina presentó la Estrategia para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca, eliminando de forma unilateral la propuesta trabajada durante años por la Mesa de Formación Inicial Docente. La garantía del Derecho Humano a la Educación, mediante la política pública, exige de consenso social, inversión estatal, acompañamiento constante y desarrollo de infraestructura para que pueda desempeñarse con calidad el Sistema Educativo Nacional. La Estrategia para una educación de calidad para la niñez y la Juventud se aparta de esos principios y presenta los siguientes retos que no han sido discutidos ni abordados de manera amplia por las autoridades de gobierno:

 1. La Estrategia en mención no es producto del consenso ni el diálogo social. Rompe con la propuesta de la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente y de manera unilateral impone una nueva estructura, contenido y desarrollo del proceso de formación de maestros y de otras carreras técnicas contempladas en el Ciclo Diversificado.

 2. La Estrategia carece de un marco técnico, presupuestario y legal que proyecte la concreción de la mejora de la calidad educativa en el Sistema Educativo Nacional. De esta debilidad, surge la necesidad de imponer la eliminación del magisterio y la creación del Bachillerato con Orientación en Educación mediante mecanismos administrativos de carácter urgente y anómalo. Se está creando el precedente para que cualquier servidor público, irrumpa el debido proceso a su criterio mediante medidas administrativas.

 3. La Estrategia se presenta como una acción aislada de filosofía mercantilista que tiene el propósito de: “desarrollar carreras que responderán de mejor manera a las necesidades del mercado laboral”(i), sin atender a los principios de una educación de calidad y con pertinencia, que operativice lo pactado en los Acuerdos de Paz.

 Nuevamente el gobierno del General Pérez Molina está priorizando las necesidades de contratación de la inversión extranjera en el país, por encima de los derechos de la ciudadanía, ésta vez por medio del Ministerio de Educación.

 4. La Estrategia viola derechos fundamentales de los pueblos indígenas al provocar la eliminación del magisterio con especialización bilingüe e Intercultural. De esta forma se vulneran las condiciones idóneas para el aprendizaje de niños y niñas en todo el país. La enseñanza del idioma materno es fundamental para garantizar el proceso de aprendizaje de calidad de la niñez así como la transmisión de su identidad cultural.

 5. Las condiciones para la contratación docente en el nuevo modelo no se han normado ni definido. La legislación actual establece que los maestros de educación primaria serán egresados del diversificado como requisito para ser contratados, la eliminación de esta carrera implica la necesidad de modificaciones a la legislación vigente que no se ha dado.

 6. Mediante la Estrategia el Estado desatenderá su responsabilidad (rectoría e inversión social) en la garantía del derecho a la educación fortaleciendo el proceso de privatización de la misma.

 7. Desde la presentación de la Estrategia a la fecha, han surgido preocupaciones manifiestas públicamente entre la comunidad educativa y otros sectores interesados en la calidad de la educación y el cumplimiento a este derecho. La respuesta del Gobierno ha sido la represión y coerción administrativa, laboral, judicial y física; rompiendo los ya delicados lazos de relacionamiento entre miembros de las comunidades educativa (Alumnos(a), maestros(a), padres de familia y personal administrativo) a nivel nacional.

 Los anteriores hechos en su conjunto irrespeta los principios de: no discriminación, la asignación de la máxima cantidad de recursos disponibles y la realización progresiva de los derechos humanos. Su implementación viola entre otros el artículo no. 2 del Pacto Internacional de los derechos Económicos Sociales y Culturales.

 Por lo anterior demandamos:

 Al Ministerio de Educación establecer una Reforma Integral al sistema educativo, en la que se atienda la calidad educativa mediante acciones técnicamente planificadas y que sean eficientes en la garantía del derecho a la educación de calidad, con sentido y pertinencia, progresivamente gratuita y universal.

 Al Procurador de los Derechos Humanos estar vigilante del tema mediante la realización de las investigaciones pertinentes para determinar la violación o no a los derechos ciudadanos resolviendo conforme a la garantía y defensa del derecho a la educación, la identidad de los pueblos indígenas y los derechos civiles y políticos.

 Al Congreso de la República de Guatemala que en su condición de representante del pueblo soberano haga valer las manifestaciones de inconformidad que han sido presentadas por la ciudadanía y prevalezca el marco legal.

1 MINEDUC, “Estrategia para una educación de calidad para la niñez y la juventud guatemalteca” Sept. 2012