Adolfo Gilly
La
Felipe de la Cruz (derecha), padre de uno de los desaparecidos, a bordo de un autobús que integra la caravana que recorrerá varias ciudades del país en demanda de la presentación con vida de los normalistasFoto Ap
C
uatrocientos cuarenta y cinco miembros de la comunidad de El Colegio de México, conocida por la mesura de sus juicios y la herencia de razón, república y estudio recibida desde los padres fundadores de la Casa de España de México, han dado a conocer un sereno y severo documento, dirigido
a la opinión pública, sobre el crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas de Ayotzinapa, a quienes llaman
nuestros 43 hermanos desaparecidos.
Por la seriedad de sus argumentos me tomaré la libertad de reproducir o glosar en este espacio algunos de los pasajes fundamentales. El documento consta de cuatro apartados y está fechado el 11 de noviembre de 2014. Las cursivas están en el texto original.
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Dicen desde el inicio los firmantes (64 profesores-investigadores, 216 estudiantes, 36 administrativos y bibliotecarios, 99 egresados) que la información presentada por el Procurador General de la República en la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014,
no cumple aún con la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, los motivos de su sustracción y la suma de personas involucradas con miras hacia su detención y castigo. Y a continuación dan sus razones:
La información dada a conocer proviene de líneas de investigación limitadas o incompletas y se basa exclusivamente en confesiones de personas detenidas por su presunta participación en los hechos. Las confesiones no pueden ser consideradas como única prueba y en México su contundencia está totalmente diluida. Mediante una práctica sistemática, el Estado mexicano ha institucionalizado la tortura como método de investigación en las instancias de impartición de justicia, hecho que ha sido ampliamente documentado por diversos diagnósticos nacionales e internacionales.
Aun cuando no presumimos que tal haya sido el caso ni descartamos los dichos de los detenidos, agregan los firmantes,
somos enfáticos en la necesidad de demostrar, a través de pruebas científicas, objetivas y rigurosas, si los restos encontrados corresponden a los 43 normalistas desaparecidos o no.
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La severidad de los términos en que está formulado el segundo apartado demanda su reproducción literal:
“ La forma en que la información ha sido presentada a los familiares y a la sociedad es condenable. El montaje discursivo de la Procuraduría General de la República es contradictorio: la lógica oficial alienta, sin comprobar, la idea de que los normalistas fueron salvajemente asesinados, pero su conclusión es que continuarán en calidad de desaparecidos”.
Ahora bien, la conclusión sucesiva es demoledora y viene subrayada:Estamos convencidos de que la presentación de argumentos y materiales no concluyentes y contradictorios tiene como único fin desmovilizar las acciones de protesta.
A esta convicción se suma la clara percepción de la crueldad del procedimiento expositivo público escogido en este caso por las autoridades federales:
“Asimismo, el gobierno mexicano y sus instituciones se han mostrado indolentes ante la situación emocional de los familiares de los 43 normalistas y, en distintos momentos, han promovido especulaciones de diversa naturaleza, abonando al tratamiento sensacionalista del caso. La forma en que la Procuraduría relata hechos de tortura, vejación y sufrimiento físico y emocional a los que los estudiantes podrían haber sido sometidos, es decir, sin poder comprobar si fue así o no, es un acto de innegable violencia psicológica sobre cuyas intenciones nos cuestionamos”.
No piden estos académicos y estudiantes que se escondan o se maticen las evidencias reunidas. Demandan con razón que sólo sean presentadas a la sociedad cuando el caso haya sido resuelto
y su difusión atienda protocolos de crisis humanitaria.
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Tal vez el apartado más fuerte de esta declaración sea el tercero. Se refiere al conjunto de la postura adoptada en esta crisis por el gobierno federal en la persona de su máximo representante, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Con severidad y respeto dice:
“ Nos declaramos indignados ante la postura negligente e insensible del Presidente de la República, el C. Enrique Peña Nieto, frente a las circunstancias críticas del país.Consideramos que su insistencia en realizar una gira internacional de trabajo, mientras el país se debate entre el dolor, la incertidumbre y la ira es del todo inoportuna, imprudente e indolente. Condenamos que el Presidente haya desoído la exigencia de los familiares de los 43 estudiantes, así como de la sociedad, en torno a la cancelación de su salida del país. En este momento la presentación con vida de los 43 normalistas y la resolución integral del caso Iguala es una prioridad nacional. El lugar del Presidente está en su país”.
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De nuestros derechos como ciudadanos de la República hablan las conclusiones del documento:
Reivindicamos el derecho a la movilización social pacífica y solidaria, sostenemos el dolor que hoy sentimos colectivamente y exigimos justicia. Y de las provocaciones también:
“ No permitiremos que las provocaciones lanzadas desde distintos niveles de gobierno, ya sea de manera frontal o a través de grupos de choque a su servicio, nos detengan, como han intentado hacerlo en manifestaciones recientes. Exigimos un alto total e inmediato a las hostilidades del gobierno, a las detenciones arbitrarias, a las amenazas, a la represión en cualquiera de sus formas, a la criminalización de la protesta social y a cualquier otro intento por inhibir el derecho a la libre expresión de la ciudadanía”.
Que la búsqueda prosiga bajo presunción de vida; que se presenten pruebas científicas objetivas y rigurosas validadas por instancias internacionales; que se acepte de inmediato la asistencia técnica ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y que “se reconozca que México se encuentra en un estado de crisis humanitaria” son las peticiones finales de la comunidad de firmantes de El Colegio de México.
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Ayotzinapa no es un repentino caso excepcional. Es el México de estos tiempos de la ira y del despojo. Además de apoyar y hacer propias las demandas de los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, este singular documento colectivo termina recordando que Ayotzinapa es tan sólo un momento culminante de la historia de horror y desprecio que en este país nuestro hemos venido viviendo en estos años, mientras los políticos y los funcionarios de todos los colores, con la televisión a su servicio, seguían encerrados en sus cámaras de espejos electorales, institucionales y clientelares. Concluye así:
Nuestra consternación e indignación no son menores ante el resto del horror: decenas de cuerpos no identificados a lo largo del país; ciudadanos que mueren todos los días en circunstancias desconocidas y por los que absolutamente nadie responde; cientos de miles de vidas conquistadas por el miedo y el desamparo. Pero nosotros no nos cansamos.
Documento completo:
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