| 2014-11-11 |
Oscar Ugarteche
Crecientemente los estudiantes comienzan a pedir “que se vayan todos”. El reconocido intelectual mexicano Rolando Cordera, en una entrevista radial el 10 de noviembre del 2014, expresó su preocupación por este sentimiento estudiantil expresado días antes, en la noche del miércoles 6 en la manifestación estudiantil en el Zócalo capitalino, al final de una marcha con velas que congregó a decenas de miles de personas. Hay que recordar que México tiene 30,000 desaparecidos desde el 2007 y 100,000 muertos de bala desde 2007. El problema no es si funciona o no el Estado como el agente de la violencia para mantener el orden, sino a nombre de quién utiliza el Estado esa violencia. Todo parece indicar que sea militar, en Tlataya, o policial, en Iguala, la violencia favorece a los narcotraficantes de una manera u otra y cuando se le piden explicaciones, el Estado “está cansado”. (1)
Para el Perú esta es una lección fundamental por el caso donde un presidente de la Republica liberó 5,000 narcotraficantes, algunos de los cuales han vuelto a prisión y están a la espera de su siguiente indulto por el mismo presidente en su siguiente reelección. Muchos de esos están conectados con los carteles mexicanos que sabemos que se apropian del Estado.
Es imposible no reconocer los pasos de la violencia del Estado en la desaparición de los estudiantes normalistas, salvo que la policía no sea del Estado ni sea la expresión de la violencia del Estado para castigar a los que quiebran la ley. Si la policía no es la expresión local del Estado, ¿entonces qué es?
Estas dos masacres de inocentes desarmados recuerdan en México todas las anteriores: Acteal (1998), Aguas Blancas (1995), Atenco (2001) Oaxaca (2006) y Tlatelolco (1968). El común denominador es la impunidad. México es el caso de un Estado incapaz de castigar a los responsables de crímenes masivos, donde, en muchos casos, estos se cometen a nombre del Estado o son llevados a cabo por agentes del Estado.
Lo notable es la actuación, aparentemente desde el Estado, de un grupo de jóvenes encapuchados que aparecen en los momentos clave para desvirtuar la imagen de los protestantes. Aparecieron cuando los maestros estaban en el zócalo a fines del 2013 y sirvieron para desmontar las carpas trepados de unos tractores. ¿Los encapuchados de ahora son esos mismos? La impresión que da es que el Estado intenta desactivar el apoyo social a los estudiantes desvirtuando su imagen pública.
Entre lo más saltante en México es que parece que, a pesar de sus asociaciones con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, éstos miran impasibles la barbarie. El embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, ha dicho que “como cualquier mexicano en su sano juicio, manifestamos nuestro repudio a los crímenes y deseamos fervientemente que aparezcan con vida los jóvenes de Ayotzinapa”. (El Financiero, 6/11/14, p.21) El problema es que Estados Unidos no es cualquier mexicano común sino la llave de la violencia del Estado para controlar el narcotráfico a través de sus distintos acuerdos. “La Iniciativa Mérida es una asociación sin precedentes entre los Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado y la violencia asociada, mientras promueve el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley.” (2) ¿Entonces?
El déficit democrático de México no es un problema del narcotráfico. El tema de los desaparecidos si lo es. El problema con la anomia es que crece al amparo del déficit democrático pero se esparce por toda la sociedad ante la expresión de corrupción pública y eso no lo resuelve un acuerdo nacional.
La anomia es la falta de respeto a la norma, la indiferencia ante la ley. En México eso comienza con la policía misma y la institución de “la mordida” donde una infracción de tránsito se convierte en un pago para evitar la aplicación de la ley; y lo sigue el poder judicial con la impunidad frente a las masacres anteriores. Esto ha sido así desde tiempo inmemorial y ha transformado a la policía no en un pilar de la seguridad ciudadana sino en un pilar del cobro de cupo y al poder judicial en un trámite. La visión que tienen los ciudadanos de la policía es que son los que quiebran primero la ley ante un poder judicial distraído. Se dijo que con la Iniciativa Mérida, México sería el ejemplo latinoamericano de respeto a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico y recuperaría su liderazgo en Hispanoamérica. No hay evidencia.
La expresión “que se vayan todos” es una manifestación juvenil de justicia, de búsqueda de norma, de reglas, de restauración del estado de derecho. (3) Es análogo a las expresiones de lavar la bandera nacional frente al palacio de gobierno de Lima en el año 2000 al mismo tiempo que salían centenares de miles de personas de todo el país a marchar exigiendo la renuncia de Fujimori. El Estado debe de ser recuperado por la sociedad, y quitado del narcotráfico y de los delincuentes que lo administran a favor de estos. México es más grande que sus problemas. Otro mundo es posible.
Notas
- Oscar Ugarteche, economista peruano, es Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México -www.obela.org. Miembro del SNI/Conacyt y presidente de ALAI www.alainet.org
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