Guatemala: Comunicado de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad15 mayo 2013

La justicia, condición sustancial de la paz, es hoy un horizonte posible La Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad (ECAP-MTM-UNAMG), ante la sentencia condenatoria por Genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad, emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo en contra del ex jefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, saluda con emoción a la población Ixil, cuya búsqueda de justicia no cesó a pesar de los enormes obstáculos que tuvo que enfrentar para alcanzarla. Hacemos un sentido homenaje a las miles de víctimas del Genocidio en todo el territorio nacional, especialmente en el área Ixil de nuestro país. 

Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a la actuación de las y los fiscales del Ministerio Público, los abogados y las organizaciones querellantes, así como a las juezas y juez que integraron el tribunal que emitió la sentencia. Este caso sienta precedentes para que nunca vuelvan a repetirse crímenes tan atroces, los cuales quedaron comprobados a través de los testimonios, los diferentes peritajes y las contundentes pruebas presentadas por las partes acusadoras. Como organizaciones acompañantes del Caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual durante el conflicto armado, manifestamos nuestra satisfacción por la forma en que la sentencia recogió los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual y las consideraciones de los peritajes que demostraron como este crimen es constitutivo de Genocidio. 

Respaldamos lo expresado por el Tribunal en su sentencia, cuando resaltó que la justicia es una condición sustancial para la construcción de la paz. Hoy sabemos que la justicia es un horizonte posible. Reiteramos que el ánimo de las víctimas y de las organizaciones que acompañamos diferentes casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, nunca ha sido ni es la venganza. 

Desde nuestra perspectiva, la venganza es una emoción que sólo desvirtuaría las legítimas ansias de justicia de las víctimas en su extensión más profunda y humana. Jamás podríamos evocar a nuestros seres queridos devorados por el terrorismo de Estado, mediante acciones de venganza porque eso nunca reivindicaría su memoria. 

Como lo expresamos de manera improvisada, emocionada y melodiosa, los cientos de personas que presenciamos este hecho histórico en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de mayo de 2013, momentos después de conocerse la sentencia: “Aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarnos, vivir…vivir, vivir la vida NO MORIRLA”. En ello estamos y en ello continuaremos. Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad

 Guatemala: A la opinión pública Nacional e Internacional

 La Red de Organizaciones de Víctimas, tras la condena a 80 años de prisión al golpista y dictador, General José Efraín Ríos Montt, responsable intelectual de la masacre de 1,771 personas civiles, entre ellas niños, mujeres y ancianos, víctimas de desplazamiento forzoso, privación de alimentos, tortura, violación y violencia sexual sistemáticas que fueron deliberadamente infl igidos a la comunidad Maya Ixil de Guatemala, lo cual se constituyó en Genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad durante los años 1982-1983.

 A partir de la sentencia emitida por el Tribunal “A” de Mayor Riesgo, el día 10 de mayo de 2013.

 Pronunciamos lo siguiente:

 1. Valoramos y respaldamos la sentencia dictaminada por el Tribunal “A” de Mayor Riesgo, por la firmeza y por el derecho de las víctimas a la justicia, por constituirse en un paso hacia la verdadera paz y reconciliación del país. 

 Esta sentencia es el principio del rompimiento del silencio y la impunidad, esclareciendo la verdad y la justicia, promoviendo las garantías de NO repetición en Guatemala. 

 2. Rechazamos las presiones que al sistema de justicia están realizando algunos sectores, entre ellos: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, La “fundación contra el Terrorismo” y algunos funcionarios de gobierno, promoviendo un ambiente de confrontación en la sociedad guatemalteca, desacreditando la imparcialidad de los juzgadores y la validez de los testimonios, peritajes y evidencias presentados en el caso. 

 Pretendiendo tergiversar el sentido de la justicia, por venganza, provocando revictimización al derecho y dignidad de las víctimas violando los Acuerdos de Paz y otros tratados internacionales. 

 3. Hacemos un llamado a las víctimas y al pueblo de Guatemala, a no permitir ni prestarse a las manipulaciones y engaño de sectores interesados en mantener viva la impunidad en nuestro país, quienes se pronuncian a favor de intereses de quienes formaron parte en la perpetración del delito de genocidio. 

 Por lo tanto

 Exigimos la firmeza y fiel cumplimiento a la sentencia ya dictaminada por el Tribunal y que de urgencia nacional se de la ejecución del Resarcimiento Integral al Pueblo Maya Ixil y a todas las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales ocurridas durante el conflicto armado interno.

 Demandamos a las distintas instancias del Sistema de Justicia, velar por la legitimidad y legalidad del proceso reconociendo la validez de los medios probatorios presentados, para que esta sentencia quede en firme y rechazar medidas dilatorias que únicamente buscan entorpecer el acceso de las víctimas a la justicia como quedó claramente evidenciado a lo largo de éste proceso.

 Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, de Derechos Humanos y organismos internacionales a mantener el acompañamiento a las víctimas, considerando que sectores comprometidos con los perpetradores están en una actitud amenazante y de confrontación, poniendo así nuevamente en riesgo nuestra integridad y atentando con nuestros derechos fundamentales.

 Guatemala, 15 de mayo de 2013

 1. Víctimas de San Juan Cotzal, El Quiché; 

 2. Comunidades de Población en Resistencia, CPR-Sierra; 

 3. Asociación para el Desarrollo Integral y Multiservicios, Chajul, El Quiché, -ADIM-; 

 4. Asociación Campesina de Desarrollo Nebajense, Nebaj, El Quiché, -ASOCDENEB-; 

 5. Asociación de Estudiantes y Profesionales de Santa María Tzejá, Ixcán Quiché, -AESMAC-; 

 6. Coordinadora de Organizaciones de Víctimas del Municipio de Ixcán, El Quiché, -CORVIMI-; 

 7. Coordinadora de Victimas de El Peten, -COVIP-; 

 8. Coordinadora de Victimas de Alta Verapaz, -CODEVI-; 

 9. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, -CONAVIGUA-; 

 10. Comité de víctimas de la aldea San Antonio Sinaché, Zacualpa El Quiché; 

 11. Equipo Técnico de Salud Comunitaria; Santa Ana Huista Huehuetenango, -ETESC-; 

 12. Oxlajuj Ajpop, Huehuetenango; 

 13. Asociación Q’anil, Chimaltenango; 

 14. Familiares de Desaparecidos de Guatemala, -FAMDEGUA-; 

 15. -CONDEG-; 

 16. –CONCODIG-. 

 17. CPR-Ixcan. 

 18. Asociacion Kamalbe Rech, Tinamit Uximulew, Chichicastenango. 

 19. Movimiento de Desarraigados del Norte del Quiché. –MOVIDES- 

 20. Oxlaju Kiej. Poptun El Peten

Guatemala: Juicio por Genocidio

Ministerio Público pide 75 años de cárcel por genocidio y delitos contra los deberes de Humanidad

Por la Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH - Guatemala, 9 de mayo de 2013

En la jornada 25 del juicio por genocidio contra los generales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, el Tribunal continuó pese a reiterados intentos por detener el proceso por parte de la defensa de los acusados. El abogado Francisco García Gudiel insistió en que se debía suspender el proceso, sin embargo, el tribunal explicó que se ha cumplido con todo lo establecido por la Sala Tercer y por la Corte de Constitucionalidad, por tanto el debate debe continuar. 

Después de media día interponiendo reposiciones, el Tribunal ordenó la presentación de los testigos propuestos por la defensa que estaban pendientes de declarar. Sin embargo, éstos no se presentaron pese a que el Tribunal había ordenado dos veces con anterioridad la asistencia de los mismos e incluso había ordenado la conducción de algunos de ellos. Por lo anterior la resolución del tribunal fue de prescindir de la declaración de dichos testigos y ordenó dar paso a las conclusiones, dando la palabra al Ministerio Público.

El Ministerio Publico planteó en sus conclusiones que durante el golpe de estado entre marzo de 1982 y agosto de 1983, José Efraín Ríos Montt ejercía el poder absoluto desde la Presidencia de la República, como comandante General del Ejército, afirmación que fue confirmada en declaración del general Luis Quilo Ayuso, quien presentó peritaje militar por parte de la defensa. Y que tanto Ríos Montt, y Rodríguez Sánchez tenían un sistema de comunicación y de jerarquía que confirman su conocimiento pleno de las operaciones llevadas a cabo por el ejército.

 Asimismo, el representante del Ministerio Público argumentó que según el Manual de Guerra Contrasubversiva define que enemigo interno son las bases de apoyo “es la población étnica que han reclamado sus territorios”, lo que es confirmado en declaración de Quilo Ayuso: ”Base de apoyo son las organizaciones campesinas en el triángulo Ixil”.

El MP también refirió que dentro del Plan Victoria 82, la fuerza de tarea Gumarcaj que operaba en la región Ixil fue reforzada con elementos de las compañía de ingenieros, de fusileros, de paracaidistas cada uno conformado por 150 soldados llegando a ser aproximadamente 1,500 elementos en dicha área.

 El Ministerio público explicó cómo las pruebas fueron demostrando la comisión del delito en sus cinco elementos. Reiterando también que se confirma que los actos fueron planificados, repetitivos e indiscrimados en contra de la población maya Ixil por parte del ejército comandado por los militares acusados, por lo que solicitó 75 años de condena tanto para Efraín Ríos Montt como para José Mauricio Rodríguez Sánchez por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad. 

El juicio continua mañana a partir de las 8.30 horas y se tiene prevista la presentación de las conclusiones respectivas de los querellantes AJR y CALDH, así como de la defensa. Al finalizar la audiencia el Tribunal advirtió que deben presentarse todos los sujetos procesales y que de faltar podrían ser apercibidos. 

Al final de la tarde los querellantes del caso fueron notificados de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en relación a la ilegal y arbitraria resolución emitida por la Jueza Carlos Patricia Flores Polanco el 18 de abril en la que pretendía anular todo lo actuado regresando el caso a noviembre 2011. La CC resuelve al respecto CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el MP y le ordena a la jueza revocar dicha resolución, dejando en suspenso aquella ilegal decisión. La CC refiere también en la resolución que el acto impugnado varía las formas del proceso y violenta el derecho de las víctimas a una justicia pronta y cumplida. 

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH 

Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR-

País: Guatemala:"El Tribunal libra una batalla contra la impunidad"

El Periódico,30 de abril 2013

Edgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), querellante adhesiva en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, aporta sus percepciones sobre el proceso contra los dos militares.

¿Cómo ve el litigio de la defensa de los acusados que logró la suspensión del juicio? 

– La intención de la defensa técnica va hacia la suspensión del juicio y la anulación de todo lo actuado. Eso es evidente porque en todos los recursos plantean que no reconocen al Tribunal A de Mayor Riesgo y que está parcializado, no existe duda que lo que quieren es anular el juicio y desacreditar a los juzgadores.

Antes del juicio no se conocían casos en los que los abogados fueran expulsados, ¿qué opina de las decisiones que tomó el tribunal al respecto? 

– El tribunal está librando una batalla contra la impunidad y contra todas esas estructuras que durante décadas han promovido la impunidad. En otros países, los jueces expulsan por menos cosas a los abogados que actúan de esa forma. La ley da a los jueces esa autoridad, pero a veces los jueces y magistrados temen que sus fallos sean revertidos, pero este tribunal está marcando precedentes importantes de una lucha contra la impunidad. 

¿Por qué no se habían dado ese tipo de acciones antes de este juicio? 

– Por el temor. Hay estructuras muy poderosas con nexos fuertes que pueden mover las estructuras del sistema judicial guatemalteco y eso se ha evidenciado en muchos casos de trascendencia. Este juicio representa un parteaguas en la historia del sistema judicial para consolidar el Estado de Derecho y la independencia de los jueces.

¿No se corre el riesgo de volver a un proceso inquisitivo con ese tipo de medidas? 

– No, porque en Guatemala están claramente definidas las actuaciones de los entes que forman el sistema judicial. El juez tiene las facultades legales para pedirle a un abogado que se retire de la sala, eso en un sistema democrático es normal, pero aquí se ve raro porque ha habido temor en los jueces.

¿Cómo han tomado las víctimas toda esta “burocracia” jurídica del juicio?

– Mal. Pero algunos me han indicado que sabían que eso iba a pasar. Saben que Ríos Montt todavía tiene poder y mucha influencia, pero la gente sigue y está dispuesta incluso a volver a declarar si fuera necesario.

¿Qué significa este juicio desde la visión de las víctimas? 

- Las víctimas del Estado se ven empoderadas a pesar de todas las resoluciones, fundamentalmente porque están poniendo a disposición su historia para que sea rebatida. Para los ixiles la liberación es algo muy importante y muchos testigos después de testificar se sienten liberados de eso que han cargado por tantos años. Creo que este juicio es fundamental, no solo para las víctimas ixiles sino para todas y todos los indígenas que sufrieron la represión del Estado en ese periodo.

El juicio por genocidio no es traición a la pazPor Luz Méndez Gutiérrez(i) - Guatemala, 26 de abril de 2013

Este 26 de abril se cumple el 15º aniversario del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, quien dirigió uno de los informes de la verdad sobre el conflicto armado en Guatemala. Fue también un 26 de abril, de 1991, cuando se suscribió el acuerdo que marcó el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), proceso que culminó el 29 de diciembre de 1996. 

Es muy significativo que estos dos aniversarios coincidan con el juicio por genocidio contra el pueblo ixil, que se desarrolla en los tribunales de justicia de Guatemala contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez. 

Este juicio ha desatado el mayor debate público en Guatemala durante los últimos tiempos. En el marco de ese debate, un grupo de personas que ha ocupado altos cargos en el gobierno, algunos de los cuales fueron signatarios de los acuerdos de paz, se pronunció expresando que el juicio por genocidio constituye una traición a la paz.

En primer lugar, es necesario recordar que en los Acuerdos de Paz quedaron claramente reconocidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado de Guatemala asumió compromisos específicos para garantizar el ejercicio de estos derechos. 

Resultado relevante de los Acuerdos fue la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), a la cual le fue asignada la misión de aclarar, en detalle y con toda objetividad, las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el conflicto armado, con el fin de hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica, evitar que tales hechos se repitieran, así como contribuir a la conciliación y la democratización del país.

En el informe Guatemala: Memoria del Silencio, la CEH resaltó que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya, incluyendo la región ixil. La CEH documentó cómo la violencia sexual contra mujeres mayas fue un elemento constitutivo del genocidio, ya que fue utilizada con el objetivo de exterminar a las mujeres, por ser ellas las responsables de la reproducción física y cultural del colectivo que había sido catalogado como enemigo del Estado.

 Con el fin de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad, en los Acuerdos se incorporaron compromisos dirigidos a la creación o reforma de leyes, la construcción de institucionalidad y la reforma del sistema de administración de justicia. 

Con relación al conflicto armado, en los Acuerdos de Paz se prohíbe expresamente la extinción de responsabilidad penal o amnistía por los delitos que son imprescriptibles de acuerdo con el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Al mismo tiempo, se declaró la extinción de responsabilidad penal por delitos políticos y delitos comunes conexos cometidos durante ese período.

Como resultado de los Acuerdos, en la Ley de Reconciliación Nacional se estableció que “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”(ii). Por todo ello los generales enjuiciados por genocidio no pueden ser amnistiados.

Con relación al Organismo Judicial y el Ministerio Público, en los Acuerdos de Paz el Gobierno se comprometió a respetar la autonomía y la libertad de acción de estas instituciones. En cumplimiento de este compromiso, el Ejecutivo está obligado a abstenerse de emitir opinión o influir de cualquier manera el actual juicio por genocidio.

El pueblo ixil tiene derecho a un juicio imparcial y con igualdad ante la ley. La reforma del sistema de justicia incorporada en los Acuerdos estuvo destinada a garantizar que el proceso judicial fuera “el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley”(iii). 

Merecen reconocimiento las mujeres y hombres ixiles que tuvieron el valor de testificar en las audiencias públicas y exigir su derecho esencial a la justicia. Ellos relataron crímenes atroces que impactaron profundamente en la conciencia de amplios sectores de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional. 

Las jóvenes generaciones tienen derecho al conocimiento de la verdad histórica sobre el conflicto armado. Este juicio ha significado la oportunidad para que esa verdad se conozca, proceso que había quedado truncado en gran medida después del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, perpetrado un día después de la presentación del informe Guatemala nunca más.

También merecen reconocimiento fiscales, juezas y jueces que en el juicio por genocidio han demostrado su compromiso con la justicia, su voluntad de poner fin a la impunidad, en medio de un sistema judicial que de manera abrumadora continúa bajo el control de los grupos dominantes en lo económico, político y militar.

No están traicionando la paz las organizaciones de víctimas y querellantes, así como tampoco las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos indígenas, los ciudadanos y ciudadanas que han acompañado el proceso judicial por genocidio. Lo que están haciendo es ejercer su legítimo derecho a exigir justicia. Con ello están contribuyendo a que se cumpla con el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, para que éstos dejen de ser letra muerta y se conviertan en herramientas para la construcción de la democracia, la justicia social, el Estado pluricultural y multiétnico. Se trata de la paz sustentada en la verdad y la justicia, de la paz verdadera.

(i) Luz Méndez participó en las negociaciones de paz formando parte del Equipo Político-diplomático de URNG; fue integrante del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, electa por las organizaciones de mujeres; participa en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.

 (ii) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional.

 (iii) Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. 

www.albedrio.org

SE SOLICITA SUSCRIPCIÓN DEL COMUNICADO

Guatemala enfrenta en estos momentos una coyuntura política muy delicada que podría desencadenar en más violaciones de derechos humanos y un manto total de impunidad.

 POR LO TANTO:

 Las personas, abajo firmantes  organizaciones  e individuos de diferentes partes del mundo a la  opinión pública nacional e internacional manifestamos:

 Como es del conocimiento de la opinión pública mundial, durante varias semanas se ha llevado a cabo el primer juicio por GENOCIDIO contra un primer mandatario en el continente americano, en este caso contra el ex presidente de facto General José Efraín Ríos Montt y el que fuera jefe de inteligencia militar (G-2) durante su gobierno el también general José Mauricio Rodríguez.

 Ambos enfrentan acusaciones por genocidio y crímenes contra la humanidad.  La fiscalía los acusa de ordenar y ser responsables de 15 masacres en donde fueron asesinados más de 1771 hombres, mujeres, niños y ancianos la gran mayoría Mayas-Ixiles en el departamento noroccidental de Quiché en Guatemala entre 1982 y 1983.

 El jueves 18 de abril de 2013 la jueza del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, transgrediendo su jurisdicción, anuló y dejo sin efecto lo actuado durante más de un mes de juicio por genocidio contra los acusados, dejando en un estado de vulnerabilidad a las víctimas y testigos del juicio, así como  prolongando la situación de impunidad y debilitando el Estado de Derecho y el sistema de justicia guatemalteco.

 Que el acto de suspender el juicio contra el ex dictador Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez  constituye una maniobra ilegal de parte de la defensa y los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.

 Que de confirmarse esta aberrante resolución, en Guatemala peligrará la consolidación de un Estado de Derecho basado en la justicia y democracia como el camino para construir una nación próspera y en paz.

 Por lo que solicitamos lo siguiente:

 Primero: A la Corte de Constitucionalidad su inmediata actuación  para confirmar  la continuación del debate, dejando sin efecto la ilegal decisión tomada por la Jueza Carol Patricia Flores.

 Segundo: Al gobierno de Guatemala garantizar el respeto a la vida y derechos humanos a los testigos y sobrevivientes de  las masacres que han testificado, al igual que a los miembros de las organizaciones querellantes.

 Tercero:  Al Gobierno de Guatemala y a las instituciones responsables de brindar seguridad al pueblo guatemalteco, la investigación efectiva, detención y procesamiento judicial de los responsables de la represión política, hostigamiento,  persecución y asesinatos en contra de líderes comunitarios y de derechos humanos en Guatemala. Siete dirigentes han sido asesinados en los últimos meses, varios están en prisión por su trabajo en contra de las concesiones extractivas o la explotación irresponsable de los recursos naturales del país, como en el caso de Rubén Herrera en el departamento de Huehuetenango.

 Cuarto: Manifestar nuestra solidaridad con la población guatemalteca en estos momentos cruciales que atraviesa la justicia guatemalteca,  en particular a todas las personas, organizaciones e instituciones  involucradas en este histórico juicio que puede ser el principio que ponga fin a la impunidad en Guatemala.

23 de abril de 2013

Asociación de Mujeres de Guatemala –AMG – España

Asociación de Estudiantes de la Escuela de Historia –USAC- Guatemala

Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social – Guatemala

Association des Guatémaltéques du Québec

Asociacion de Amistad con el Pueblo MAPUCHE – Italia

Asociacion Indigena Wilkunche – Patricia Huichulef Curimil - Chile

Asociación Guatemalteca Canadiense –ASOGUATE- Toronto

Asociación Kultura Mapuche- Suecia

Asociación Salvadoreña Canadiense, ASALCA, Toronto, Canadá

Associazione di promozione sociale turismo Feltre – Marco Turra Presidente- Belluno, Italia

Australia-Cuba Friendship Society, WA Branch, Australia

A.I.N.S. Onlus – Nicola Grignani, Italia

Avanzada Bolivariana en Canadá

Barrio Nuevo, Toronto, Canadá 

CASA latino-américaine, Québec, Canadá

CEDHPA, Italia

CENAP -Centro de Estudios de Nuestra América – Perú

Comisión Europea de Derechos Humanos y Pueblos Originarios – CEDHPA - Suecia

CHE Project, Hamilton, Canadá

Circulo Bolivariano Luis Riel – Toronto - Canadá

Circulo Terra Nuova di Ancona - Italia

Coalición “Todos por Guatemala”-Canadá

Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda- Guatemala

Colectivo de Chilenxs, Suiza

Colectivo Internacional Ojos para la Paz (Purificación González de la Blanca) España

Comisión de Defensa de Libertades de Prensa y DDHH de la Asociación Brasileña de Prensa –-Mario Augusto Jakobskind (Presidente) Rio de Janeiro, Brasil

Comité Trabajadores Chilenos Exiliados, Toscana, Italia

Comité de Solidaridad con Guatemala, London, Ontario

Comunidad Mapuche Francisca Lienlaf Vda. De Calfin –Región de la Araucania – Francisca Calfin Alcapan - Chile

Conseil central de Québec Chaudiére Appalaches (CSN) 250 sindicatos (40,000 miembros)

Consejo de Juventudes Indigenas – Guatemala

Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala - CONDEG

Consensus Cross-Cultural Communications and Multimedia, Ottawa, Canadá

Consigliere comunale San Martino Siccomario (Pv)- Emanuele Chiodini - Italia

Coordinadora de Pueblos Originarios de El Salvador (CRPO)

Coordinadora Guatemalteca de Solidaridad con Cuba y los Pueblos

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, Sezione Scienze Neurilogiche Universitá degli Studdi di Siena –Dott.Gianna Berti- Italia –

Equipo de Comunicación de las Alcaldias Ixiles –Alessandra Vecchi

Equipo Latinoamericano School of The Americas Watch

Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

FENOCIN – Viviana Elizabeth Rojas Flores, Ecuador

Fundación Emil Bustamante, México

Fundacion Hijos del Maiz, España

Guatemala Community Network, Toronto, Canadá

Grupo Cultural Victor Jara, Toronto, Canadá 

Hijos-Guatemala

Hombres Contra la Violencia, El Salvador  

International Indian Treaty Council (IITC), San Francisco California,

Il Sud Siamo Noi di Ravenna,-Dr. Guiseppe Tadolini- Italia

LACASA, London, Ontario

L’Asociación Italia Nicaragua de Livorno –Mauro Rubichi Presidente - Italia

L`associazzione Stelle Cadenti, Artisti per la Pace –Nicoletta Crocella- Italia

Latin American Trade Unionists Coalition (LATUC-National) Canadá

Latin American Trade Unionists Coalition (LATUC-Ontario) Canadá

Latin American Researchers of Ontario (LARO) Coordinating Committee 2012-2013, Canadá

Libres del Sur la Plata, Argentina –Nemesio Amaro San Román

Lisangá Culture in Movimiento – María Teresa Messidoro- Italia

Movimiento de Mujeres Peruanas –Manuelita Saez- Perú

Movimiento Indígena Abya-Yala, Toronto, Canadá

Mujer Palabra - Michelle Renyé - España

Observatorio Por La Paz, Capannori, Italia

Observadores de la Escuela de las Américas – Chile

Ojos para la Paz, (Berta Igoa Fornés) Valencia, España

Ojos para la Paz, Sergio Lambertucci, Argentina

Ontario Federation of Labour –OFL- Canadá (54 sindicatos y un millón de miembros)

Organization québécoise de solidarité internationale pour les droits humains (OQSIDH)

People for Peace – London, ON Canadá

Organizacion IU-CA – Maria Jose Villaverde, España

Programas “Leña al fuego” y “Aguantando de Pie” – Herman Schiller – Buenos Aires, Argentina

Radio Region XIV Gotemburgo- Asociada a Red Radios Naciones Unidas -, Suecia

Red Latinoamericana y del Caribe de Solidaridad, Toronto, Canadá

Red de los Pueblos Originarios en Chile, por los Derechos de la Madre Tierra, la Biodiversidad y el Conocimiento Tradicional- Juan Antonio Correa Calfin – Secretario General

Rompiendo el Silencio – Fredericton NB, Canada

Rompiendo Muros, Marta Speroni, Argentina

Servicio Paz y Justicia en América Latina –SERPAJ- Colombia (Blas Garcia Noriega)

Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con América Latina, Oscar Romero –Emilie Teresa Smith – Co-Presidenta

Servicio Paz y Justicia Paraguay –SERPAJPY – (Lilian Alfonso y Ramón Corvalan)

Sindicato Andaluz de Trabajadores de España- SAT- María Jesús García Martín - España

Sociéte Culturelle Uashteu, Quebec, Canadá

Sunday Poetry, Toronto, Canadá

SUR Societá Umane Rsistenti, Italia

Tzijolaj – Ottawa, Canadá

Waterloo Region Mayan Project, Canadá

X-Comulgados – Guatemala

Winston Orrillo, Premio Nacional de Cultura del Perú

Dr. Martín Almada, Paraguay, Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002

Saúl Pérez – Presbitero Kaqchikel de Chimaltenango de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiterana de Guatemala

Alejandra Rabinovich, Militante, trovadora en Canto de Todos, Argentina

Jorge Arriaga Rodríguez - Guatemala

Verónica Ramos, Estocolmo, Suecia

Reina del Carmen Lopez

Karla Maldonado –Argentina

Luis Carlos Maldonado – Guatemala

Aldo Zanchetta - Italia

Diana Cameros – Guatemala

Jordi Muñoz, España

Nelton Rivera - Guatemala

Verónica Ramos - Chile

Alejandro Jusim, trovador en Canto de Todos, Argentina

Rosina Valcárcel, Escritora, Antropóloga, Lima, Perú

Franco Casagrande, Italia

Paula Ferré, trovadora en Canto de Todos, Argentina

Carmen Reina – Guatemala

Carlo Dore, Italia

Alejandro López – Chile

Kazia Paola Orantes Salazar - Guatemala

Fernando Flores – Chile

Luca Saltalamacchia – Italia

Isabel Valenzuela – Chile

Carlo Nobilj – Antropólogo Museo Nacional Etnográfico Luigi Pigorini, Roma Italia

Raúl Rovida – Filólogo, Candidato a Magister en Socio-linguistica de al U.N., Colombia

Olga Domené – Venezuela

Aldo Zanchetta, Italia

María Asunción Martin Ripoll, España

Betzabé Alonso – Guatemala

Julio Estévez Illescas – Argentina

Alessandra Veci, Italia

Mariajose España – Guatemala

Manuel Ortega Guerrero, Sevilla, España

Adriana Goñi Godoy, Antropóloga, Chile

María Laura Ramognino, Argentina

JuanjoMiera Dirube, España

Máximo Arnoldo Curruchich Cúmez – Guatemala

RicardoGayol Rodriguez, España

Diana Avila Paulette – Periodista, Perú

Nicoletta Manuzzato, Periodista, Milano, Italia

Rosario Vargas Rosa, España

Tulio Quaianni, Médico, Milano, Italia

Dr. Geral Rowe (Cientifico) Montreal, Canadá

Licda. Brisna Caxaj-Rowe (Pedagoga) Montreal, Canadá

Antonio Casarini, Italia

Lola Garcia Sousa, Sevilla, España

Vivian Seguin, Ottawa, Canadá

Laura Avalos, Ottawa, Canadá

Berta Lopez Parrondo, España

Nicanor Roldan Quintana, España

Ana Maria Fernanadez, Benidorm, España

Alba Patricia Hernández, Historiadora, México

Ximena Morales, Suecia

Santos Reyes Toj, Guatemala

Jorge Mario Alvarado Tercero, Guatemala

Eliana Moya-Raggio – Profesora – Michigan, Estados Unidos

Jorge Alberto Kreyness – Analista de Política Internacional, Argentina

Franklin Ledezma Candanedo – Periodista y escritor- Corinto Bolivariano-Panamá

Linda Lema Tucker – Socióloga y escritora- Perú

Gabriel Impagionne – Poeta – Argentina-Italia

Dr. José Barnoya García - Guatemala

Juan Carlos Vázquez -México

Leo de Soulas – Guatemala

Deimy Ventura – Argentina

Factor Méndez Doninelli – Guatemala

Fausto Valensis – Italia

Giovanni Pecchioli – Italia

Carlos Figueroa Ibarra, México

Mariana López de la Vega – México

Silvina María Romano

Verónica Hernández – Guatemala

María Luisa Rosal Vargas – Guatemala

Mtra. Mirna Yazmín Estrella Vega – Instituto de Educación Media Superior del DF.- México

Maribel Rivas Vasconcelos

Yosahandi Navarrete Quan

Martha Conrado, México

Ana María Mateo González, España

Iris Sosa Pérez – México

Daniel Hernández Salazar – Fotógrafo - Guatemala

América Magaly Hernández Soc, México

Merlin Sosa Pérez, México

Anabella Jiménez, Montreal, Canadá

Anelí Villa Avendaño, México

Nelly de la Torre, Guatemala

Nicolás Pedroni, Sociólogo,  Argentina

Luis Alfredo Beteta Pereira, Guatemala

Martha Lidia Coló, Guatemala

Adelaida González, Guatemala

Rashid Sherif, Médico-Psiquiatra, Miembro del Frente Popular – Túnez

Tania Palencia Prado – Guatemala

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ALEJANDRO BALSELLS CONDE: Miente y Ganarás
24 de abril 2013
Columna Prensa Libre

Miente y ganarás“…más importante… resulta con-firmar que la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) (sic) fue un plan a largo elaborado por personas con una ideología políticas marxista, leninista…”, dice dentro de varios sinsentidos Ricardo Méndez Ruiz, en elPeriodico de ayer. El columnista creció teniendo como enemigo a quien pensaba distinto y sobre todo aquel que tuviera ideales democráticos. Es parte de una Fundación que se dedica a la apología de la represión. Acá, ser de izquierda para muchos era ser “marxista leninista”,y estoy seguro de que a la fecha no conoce diferencias ni matices. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico se integró conforme se estableció y trabajó con una metodología auditable, y si los contraargumentos del informe “Guatemala, Memoria del Silencio” no gustan, que señalen los motivos, y por favor, eso de que no se mencionó la “verdad del Ejército” díganlo en la sala de su casa, que en la prensa eso sí cuaja. Basta remitir a los interesados al último de los volúmenes del informe, el cual recoge la comunicación entre la Comisión y entidades de Gobierno. 

Este ya no es el tiempo en que discutir con anticomunistas era peligroso, este ya no es tiempo del miedo y la represión. Mi generación creció siendo castrada en sus opiniones porque los derechos humanos, el voto efectivo, los principios democráticos eran temas “marxistas leninistas” y jamás queríamos entrar en ese canasto. Acá hay muchos que aún defienden los fraudes de Laugerud, la represión luquista y, sobre todo, la dictadura de Ríos Montt. 

Hoy hay un juicio por genocidio, pues dos de los más altos generales están siendo enjuiciados; ese proceso, creemos muchos, debe terminar por sentencia. Aleguen y opinen, pero en temas jurídicos dejen de deslegitimar al tribunal. Es oprobioso que dos mujeres y un varón, vestidos con toga, asustan a quienes tuvieron secuestrado este país por mucho tiempo, además faltan apelaciones y casación. Este es tiempo de democracia y tan es de derecho lo que se hace que quien configuró los Tribunales de Fuero Especial, el mayor monumento a la atrocidad judicial del país, hoy tiene cientos de recursos a su alcance para defenderse y entorpecer la marcha regular de su juicio. 

¡Qué bueno que ya salieron otros abogados a defender por los medios a Ríos Montt y compañero, y alegan abiertamente prescripción! Por lo menos es un tema jurídico que merece atención, y de nuestra parte sabemos que el genocidio es imprescriptible y hay elementos de derecho internacional que así lo enseñan; además, en las sentencias de Río Negro y la masacre de las Dos Erres ya esto fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien me comenta un experto de verdad. 

En lo personal, estoy seguro, los generales tienen muchos medios para su defensa, por un motivo: el genocidio es muy difícil de probar y de establecer, por lo que pueden salir absueltos; y si es así, debemos también respetar la sentencia. Lo que rechazamos son las abiertas manipulaciones de quienes no respetan un proceso de paz que ha tenido que pasar sobre la intolerancia, el abuso y la mentira oficial. 

El compromiso de mi generación es uno: nunca más.

GUATEMALA:

LA ALCALDÍA INDÍGENA DE NEBAJ Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE NEBAJ ANTE LOS ÚLTIMOS SUCESOS POR LOS JUICIOS A MILITARES ACUSADOS DE GENOCIDIO MANIFIESTAN

22 DE ABRIL 2013

 1. La aplicación de la ley contra los militares responsables del genocidio es un avance en la aplicación de la justicia, la construcción de la democracia, el afianzamiento del Estado de Derecho, la consolidación de la paz y es un paso importante para la verdadera reconciliación en nuestro país. Las víctimas y sobrevivientes del genocidio buscaremos por generaciones nuestro derecho a la verdad, justicia y reconciliación.

 2. Rechazamos las maniobras, trampas y mentiras de sectores y personas que niegan el genocidio que nosotros, nuestras familias y Comunidades sufrimos en carne propia, intentan detener o suspender el juicio contra las responsables del genocidio y están llevando al sistema de justicia a seguir hundido en la impunidad.

 3. Condenamos el allanamiento de las oficinas de UDEFEGUA, llevadas a cabo el día 18 de abril en Nebaj, Quiché, que busca meter miedo y detener la lucha por los derechos humanos. Igualmente la utilización de la situación de pobreza de algunas personas, la entrega de la bolsa solidaria y la compra de firmas o para hacer propaganda a favor de los responsables del genocidio y confundir a la población.

 4. Sin justicia no hay reconciliación. Sin justicia a favor de las víctimas seguirá la exclusión, burla, desprecio y racismo hacia los pueblos indígenas, las leyes seguirán siendo para quienes pueden comprarla, como ha sido durante cientos de años.

 5. Apoyamos y nos unimos a la Asamblea de los Pueblos del Norte del Quiché en la defensa de nuestras montañas, bosques y ríos, contra la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas por parte de las empresas multinacionales y los gobiernos de turno y en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos a la vida, educación, salud, según nuestro propia cosmovisión.

 6. Llamamos a todos los pueblos indígenas y sectores organizados de Guatemala a luchar por detener la impunidad en el juicio contra los responsables del genocidio y contra la sistemática violación de nuestros derechos por las empresas, los partidos políticos, los gobiernos de turno, sus empleados y sus trampas y engaños.

 POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

 JUICIO Y CASTIGO A LOS MILITARES CRIMINALES

 POR EL DERECHO A LA VIDA, NUESTROS DERECHOS, MONTAÑAS, BOSQUES Y RÍOS

 LA UNIDAD Y LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS Y SECTORES SOCIALES ORGANIZADOS

Guatemala: Columna de Carolina Escobar Sartí

Prensa Libre, 20 de abril 2013

Esta Guatemala se siente.Una a veces no sabe pero siente. En este caso, se sentía que ante el tamaño de las rotundas evidencias presentadas en el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez, en un país como Guatemala, serían acciones de ese mismo tamaño las que tratarían de impedir que se hiciera justicia. Pero no es lo mismo presentirlo que vivirlo. Por eso no supe qué sentir cuando, la tarde del jueves 18 de abril, me llegó la noticia de que la jueza primera de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A, había declarado anulado el juicio. Muchas emociones juntas, pero la tristeza era la que más pesaba, creo yo.

  

CAROLINA ESCOBAR SARTI

No habíamos salido aún de la impresión provocada por el comunicado de los ex funcionarios del gobierno arzuista, hace cuatro días, y ya estábamos entrando en otro agujero negro. Por cierto, me quedé pensando qué fue realmente lo que me hizo ruido de ese comunicado; no fueron los nombres de sus signatarios lo que dolió, porque uno más o menos va perfilando quién es quién en este país y cómo se mueven las piezas de un ajedrez. Tampoco fue el estilo lo que conmovió, porque era escritura insípida. Y menos conmovió el fondo, carente de sustancia, de propuesta y solidez argumentativa. Lo que a mí personalmente me tocó de ese comunicado es la complicidad que se estableció entre quienes lo suscriben y eso que Daniel Feierstein llama la práctica social del genocidio, al punto de haber llevado por título: “Traicionar la paz y dividir Guatemala”.

Lo que me toca son esas relaciones de “cofradía” que se dan entre esos grupos y abogados penalistas, que con cierta frecuencia se reúnen para hablar de sus casos, y que —a su vez— son compadres de jueces y magistrados. Tanto el genocidio en su momento, como la impunidad que hasta ahora ha reinado, precisan de múltiples complicidades, porque ninguna tiranía, menos la de la impunidad, se sostiene sin socios. Tanto ese comunicado como el haber anulado el juicio no valen como hechos en sí mismos, aislados, sino desde las relaciones que demandan, establecen y fortalecen. El juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez es, en sí mismo, el símbolo de la posibilidad de un Estado de derecho; el anularlo es el símbolo del peso que tienen ciertos sectores y grupos de poder real dentro de la sociedad guatemalteca, y la evidencia de cómo cierran filas ante una situación como esa para mantener el Estado de facto.

Pero sostenemos la esperanza. Según un comunicado del Ministerio Público (MP) (18-04-2013), la jueza Carol Patricia Flores dictó una resolución ilegal. La jueza Jazmín Barrios no se detendrá y el debate en las cortes seguirá. El MP dice: “Consideramos que la resolución de la jueza Carol Patricia Flores está completamente alejada del cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, el MP hizo ver estos extremos a la señora juez al utilizar el recurso de reposición en la audiencia de hoy por la tarde. Sin embargo, la jueza confirmó su resolución, lo cual incumple abiertamente con lo ordenado por una sentencia de amparo. Ante tal ilegalidad, presentaremos las acciones correspondientes ante los órganos judiciales competentes para que obligue el cumplimiento de lo ordenado por la CC”.

Una a veces no sabe pero siente. Yo siento que ya no quiero esta Guatemala impune, violenta, insegura, injusta; que quiero una Guatemala distinta, una más pacífica que dejar a las siguientes generaciones, una más digna, más decente, de gente más honrada. Una a veces no sabe, pero siente que la injusticia es demasiada. 

La violencia política no se acaba con una firma, porque la paz no es sepulcro blanqueado ni fosa silenciada y olvidada. La paz tiene una madre, una hija, una abuela, una amiga, una hermana mayor, una compañera indisociable, una verdad irreductible, y se llama justicia.

Guatemala: Posición del Ministerio Público sobre lo ocurrido hoy en el juicio por Genocidio

18 de abril 2013

El día de hoy la jueza Carol Patricia Flores dictó una resolución ilegal

La Corte de Constitucionalidad, con fecha de 3 de abril de 2013, resolvió una acción de amparo que tiene por objeto “admitir los medios de prueba ofrecidos por los procesados, salvo aquéllos de los que fueron rechazados por abundantes, y para el efecto el juez deberá solicitar al Tribunal los expedientes, y una vez cumplidos, deberá devolver las actuaciones al Tribunal de Sentencia, en un plazo de 24 horas”.

La misma Corte de Constitucionalidad, con fecha 9 de abril, resolvió que la jueza Primera de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A dé exacto cumplimiento a la resolución en los términos expresados en la resolución antes citada.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue cumplida estrictamente por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, al aceptar y diligenciar todos los medios de prueba que la CC había individualizado, extremo que le consta a la jueza Carol Patricia Flores, y que deja sin materia la acción de amparo.

Consideramos que la resolución de la jueza Carol Patricia Flores está completamente alejada del cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, el MP hizo ver estos extremos a la señora juez al utilizar el recurso de reposición en la audiencia de hoy por la tarde. Sin embargo, la jueza confirmó su resolución lo cual incumple abiertamente con lo ordenado por una sentencia de amparo.

Ante tal ilegalidad, presentaremos las acciones correspondientes ante los órganos judiciales competentes para que obligue el cumplimiento de lo ordenado por la CC.

Guatemala 18 de abril de 2013

¿Qué paz y qué Acuerdos defienden?

El juicio es contra quienes han sido acusados de genocidas.

Miguel Ángel Albizures

18 de abril 2013

Un grupo de exfuncionarios del gobierno de Arzú y de otros gobiernos que le sucedieron, con el agregado de un shute que firma para aparecer en la foto, han hecho público un comunicado que encabezan con el título de Traicionar la Paz y Dividir a Guatemala, no sabemos a qué paz se refieran, si lo único fue el desarme de la guerrilla, porque los Acuerdos, que podrían haber contribuido a hacer surgir otra Guatemala, ellos mismos y sus gobiernos los sepultaron. 

Ahora, cuando en medio de las amenazas a los operadores de justicia, el sistema de justicia empiece a dar pasos, ellos con su posición contribuyen a querer meter miedo a toda la población y repiten las amenazas de los veteranos militares diciendo que hay serios peligros para el país, que se “agudizará la polarización” y que se revertirá la paz. Les faltó poner en letras mayúsculas que “volverá a correr sangre en Guatemala” como lo dijo uno de los rancios oponentes a que se combata y se termine con la impunidad en nuestro país.

El cinismo cae de su peso, pues dicen que el Ejército cumplió con los Acuerdos como si no fuera evidente la reapertura de bases y destacamentos, el aumento de sus efectivos, de su presupuesto y su presencia en las instituciones, en las calles y retenes. Aseguran, en medio del aparecimiento del cuerpo destrozado del líder comunitario de Santa Elena Barillas, Daniel Pedro, que la violencia política desapareció, pero amenazan que puede reaparecer si se da una condena por genocidio. Es decir, están en la misma sintonía de la cúpula empresarial a la que siempre han aspirado pertenecer, en la misma sintonía de los defensores de los acusados de genocidio y de los Dinos, veteranos y civiles que siguen practicando la amenaza, el racismo y la discriminación de que fue objeto el pueblo ixil, con tal de lograr sus objetivos.

Como el papel aguanta con todo, se conduelen de las atrocidades que se cometieron, pero dicen que la acusación de genocidio es una “fabricación jurídica”, y han de pensar como lo dicen los defensores y los Dinos, que los testimonios son inventados, que son narraciones preparadas y poco les importa el dolor de las mujeres que fueron violadas y sometidas a semiesclavitud. El juicio no es contra la institución armada, ni contra el Estado de Guatemala, ni atenta contra la paz. El juicio es contra quienes han sido acusados de genocidas y solo falta que el Tribunal, sin hacer caso a la amenaza de este y otros grupos, dé su veredicto sobre las atrocidades que los personajes que firman el documento, afirman que acontecieron en Guatemala.

Guatemala: Juicio por Genocidio

Prensa Libre, 18 de abril 2013

CIUDAD DE GUATEMALA – La jueza declaró en la sala de debates que ante la salida “poco educada” en que los juristas dejaron a sus clientes, los citó para mañana a las 8.30 horas.

De esa forma Barrios resolvió la ausencia de los abogados César Calderón, Francisco Palomo  y Moisés Galindo, defensores de Rodríguez Sánchez, y Marco Antonio Cornejo, Danilo Rodríguez y Luis Rosales, defensores de Ríos Montt, quienes abandonaron la sala luego de reclamar que el juicio era “ilegal”.

En vano fueron los intentos de Ríos Montt, ex jefe de Estado 1982-1983, quien salió a buscar a los abogados y los llamó por teléfono pues nadie respondió.

La jueza incluso pidió a la seguridad del Organismo Judicial a hacer retornar a los abogados y pidió favor a los periodistas que cubren la fuente para que se comunicaran con ellos.

Ríos Montt planteó a Barrios la posibilidad de conseguir un nuevo abogado, a lo que Barrios le hizo saber su derecho de tener defensa y consideró mejor que continúe con sus defensores actuales.

Mientras el Tribunal esperaba la llegada de los abogados, la fiscal Heydi Pineda pidió a Barrios que ordenara reemplazar la defensa con abogados de la Defensa Pública Penal, a lo cual no accedió de inmediato. Al final de la audiencia dijo que eso podía proceder si mañana se ausentaban los abogados.

Por ahora, el debate sigue

Antes de aquel episodio, Barrios resolvió continuar con el debate por delitos de genocidio y no enviar el expediente del caso al Juzgado Primero de Mayor Riesgo para la recepción de pruebas, como solicitaba la defensa.

 “No es posible enviar el expediente del caso, porque sería ilegal", expresó la jueza en respuesta a los abogados. "Ya se ha dado cumplimiento a la resolución de la CC” sobre la recepción de pruebas, agregó.

Fue después de esa aseveración que la defensa expresó que el juicio era “ilegal” y se levantaron de sus lugares.

El episodio fue seguido con atención por los presentes en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –unos a favor de los acusados y otros en contra- que aplaudieron lo dicho por la jueza, pero también lo hecho por los defensores.

Al comienzo del día 20 del debate, los defensores reclamaron que el juicio está marcado por enredos, ya que en su opinión el Tribunal debía suspender el debate para remitir el expediente al Juzgado para la recepción de pruebas a favor de los acusados, y a las 14 horas habrá una diligencia en la cual la jueza Carol Patricia Flores puede resolver que el caso debe tener un retroceso hasta lo actuado en noviembre de 2011, cuando fue recusada y hubo cambio de juez, lo que podría anular el debate y llevar el caso a la primera instancia penal.

Crónicas del genocidio #10

Publicado por CMI el 18 abril, 2013

Sobre los últimos comunicados públicos. El error histórico de Gustavo Porras y compañía.

Rodrigo Véliz Estrada

Centro de Medios Independientes (CMI)

El juicio por genocidio ha generado un momento único. Sacó a la palestra temas y problemas centrales en la constitución histórica de nuestra sociedad. Temas y problemas que usualmente se debaten en pocos espacios, y generalmente entre personas que ya tienen puntos de vista afines. Que diferentes grupos del país se estén pronunciando públicamente al respecto es una cuestión importante y, por mucho, sana. De eso se trata el vivir en sociedad.

No es para menos. Los inicios de la década de los ochenta tienen un profundo significado histórico para el país. Como se recordará, en esos años una crisis orgánica, una crisis compleja de diferentes niveles y expresándose en diferentes espacios, carcomía desde dentro a nuestra sociedad. Y como en todo momento de crisis, problemas sustanciales estaban en la bandeja de las disputas.

El control militar del Estado guatemalteco había ya comenzado a mostrar su lado más débil, el del asesinato a opositores políticos de diferentes tendencias políticas. En 1978 el número de muertos y desaparecidos por el Estado fue de 879, mientras que para 1981 era ya de 3426.¹ Realizado no sólo por el Estado, incapaz incluso de centralizar la capacidad de violencia política, sino sobre todo por bandas para-militares.

La legitimidad de las dictaduras era muy pobre, como lo ejemplificaron las elecciones de 1978, donde Romeo Lucas obtuvo tan sólo el 14.6% de los votos posibles, mientras que los votos nulos, en blanco y el abstencionismo, la parte del electorado que manifiesta no estar de acuerdo con el proceso, se llevaron la victoria simbólica con un abrumador 66.7%. El fraude las elecciones de 1982, reproduciendo el mismo patrón que cuatro años atrás, no ayudó al problema. La corrupción, como acicate, era generalizada, como incluso lo admitieron los mismo militares que dieron el golpe de marzo del 82. A lo que hay que agregar la manera como el fraude del 74 a la DC, desmotivando a una base social amplia aglutinada en torno a la Acción Católica, como el del 78, hicieron claro que los grupos que habían tenido el monopolio del ejercicio del poder no estaban dispuestos a abrir espacios democráticos a ningún otro grupo, acusado convenientemente de subversivo. De esto se había beneficiado el movimiento armado, que vio cómo mucha de la gente decepcionada comenzó a engrosar sus filas. Allí se volvió finalmente en una amenaza de mediana capacidad.

Como parte de este proceso, se vivía una intensa crisis económica, que por las características como se ha organizado la producción y el trabajo en el país, agroexportación de pocos productos, vulnerables a los inestables precios mundiales, y trabajo semi servil o mal remunerado, repercutió instantáneamente en los segmentos de la población ya de por sí emprobrecida. Los salarios reales (1970=100) en la ciudad eran de 101 para 1971 y habían pasado 70 en 1977; en el área rural eran de 100 para 1972 y para 1979 eran de 54. El Producto Interno Bruto, ya en disminución con una población en progresivo aumento, se expresó por cabeza en 519.5 (precios 1970) en 1980 a 450 en 1983. La capacidad de exportación se redujo, así como el valor de lo vendido en el exterior, y con eso las importaciones se vieron disminuidas por la escasez de divisa, lo que a su vez provocó una crisis fiscal en el Estado, dada la dependencia de su estructura taxativa en estos rubros.²

Había, pues, una franca y abierta crisis.

La respuesta del Estado en ese momento, canalizada con el golpe de marzo de 1983, fue violenta. Y esto hasta la derecha extrema lo acepta. Niegan el genocidio, pero no la represión y los “excesos”, como gustan llamar a los asesinatos, selectivos o masivos, de civiles. La respuesta fue violenta y generalizada. Fueron varias las regiones, y distintos los sectores sociales (profesionales, pequeños y medianos comerciantes, estudiantes, campesinos, etc.), que de 1978 a 1983 sufrieron de esta represión. La violencia insurgente volvió esos años en un polvorín que no alcanzaba a explotar.

Esta represión, es necesario resaltar, fue masiva en la región occidental y nor-occidental, donde como se sabe hay una población mayoritariamente indígena-maya. No así en otras regiones, donde continuó siendo selectiva. ¿Fue esto una casualidad? Consideramos que no lo fue, y a lo largo de estas semanas las pruebas de diferente tipo presentadas por el Ministerio Público, a partir de diez años de recolección de pruebas, han ayudado a dar fuerza y robustez a este argumento.

Esto es importante y hay que dejarlo claro: En el argumento sobre la acusación de genocidio el elemento del racismo es central e ineludible. Y esto no quiere decir que el ejército haya arrasado con poblados solamente por ser indígena, específicamente ixil. El problema es más complejo. Habían otros elementos, políticos y sociales, en juego, pero el sesgo racista fue el que se expresó en la saña y lo masivo de la represión; en el poco cuidado con la población más vulnerable; en los desplazamientos y sometimiento mediante el hambre al regreso al control militar; en no escuchar por años sus demandas y relegarlos históricamente a la maginalidad mediante políticas de trabajo forzoso y salarios miserables, creando una inmensa atrofia productiva en el campo.

Los personajes de derecha extrema, los llamados “ultra”, han sido muy agresivos y amenazantes en sus aseveraciones. Es público y conocido su papel de instigadores a la violencia como principal manera de mediar un problema. En el juicio han visto interpeladas las acciones que realizaron durante los años más duros de la guerra. Y en esa interpelación han presionado a otros grupos para que se pronuncien al respecto. Ya presionaron para que el CACIF se pronunciara, casualmente, con la misma retórica. Y ahora lograron que un grupo de profesionales, ex funcionarios públicos de altos puestos, y otros que aún ejercen posiciones en el Ejecutivo, sacaran un comunicado público pronunciándose al respecto.

Han dicho, con una senda pobreza ética, que el juicio es una venganza política que rompe el pacto de paz, abriendo con esto, de manera implícita, un riesgoso y totalmente irresponsable campo abierto para posibles enfrentamientos a manera de respuestas.

Esto debería de preocuparnos. Primero, porque nos dice que entre los grupos que se mueven alrededor del Estado y principalmente de este gobierno, que son los que se están pronunciando, existe cierta afinidad ideológica, cultural, con los postulados de la extrema derecha. Se identifican con elementos de su discurso y, al mismo tiempo, son movidos por las motivaciones planteados por ellos.

En cualquier sociedad, los extremos deben estar alejados de la toma de decisiones. Ni un Pol Pot ni un Strössner son deseados.

En segundo lugar, y este es el punto central, el comunicado firmado por Gustavo Porras, Eduardo Stein, y otros, comete un error garrafal. El problema de si hubo o no genocidio en Guatemala, según la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas, es uno jurídico, que sólo puede ser respondido por un Tribunal. Que Pérez Molina, Porras y AVEMILGUA afirmen que no lo hubo, que Rigoberta Menchú, Kate Doyle y Rosalina Tuyuc digan que sí hubo, no es jurídicamente relevante. El Tribunal ha conocido las pruebas y emitiría, en los próximos días, una sentencia basándose sobre las pruebas presentadas.

Por varias semanas hemos intentado informar sobre lo que ocurre en los debates públicos, y se nos ha hecho claro que ni ha habido un sesgo vergonzoso de parte del Tribunal, como lo afirman los ex-militares y familiares (y como sí ocurre en otros juicios que los han visto beneficiados) y ciertos medios de comunicación masivo, sino una pobre capacidad de parte de la defensa en el arte del litigio, y que el conjunto de pruebas es abrumador en demostrar que hubo un sesgo especial al momento de planificar las campañas militares en los territorios donde la población ixil (entre otras, acá no juzgadas) habitaba.

Si hubo o no genocidio, en lo que al juicio se refiere, es una cuestión legal.

Pero la negación del genocidio, como una sentencia política y no jurídica, porque afectará “al país” en un futuro, es de una pobreza sorprendente. Sobre todo si uno ve cuáles fueron las personas que firmaron el documento.

Más allá de lo jurídico, el problema del genocidio, y la necesidad de su debate, es de vital importancia para nuestra sociedad en el sentido de aprender de los errores del pasado e intentar solucionarlos para que no se vuelvan a repetir. El racismo está presente en nuestra sociedad y negarlo, porque el Estado guatemalteco será tachado, expresa una incapacidad de entender el momento actual y, aún más, una falta de deseo de debatir y cuestionar los aborrecedores legados que nos han dejado décadas de dictaduras, enfrentamientos de todo tipo, tradiciones serviles, incapacidad soberana, y oprobio y pobreza generalizada.

¿Qué se le está enseñando entonces a la siguiente generación? ¿A negar los problemas y desviar la mirada? ¿A ver, como en trance, hacia adelante sin aprender de lo vivido? ¿A querer cambiar pero sin mover un sólo dedo?

El pasado es vital para seguir caminando. De allí la irresponsable actitud de los que firmaron ese comunicado.

El presente es un momento de debate, de cuestionamiento, al que nos debemos sumar, comenzando en nuestros espacios más íntimos. Pero sin pasiones abrumadoras, ni sesgos dogmáticos. El debate tiene que tener en el centro la tolerancia, tiene que darse con el más sincero deseo de mejorar las relaciones básicas de nuestra sociedad y entorno, se tiene que dar con la mayor cantidad de información disponible, y se tiene que dar abiertamente. Hay que expresarse, pero sobre todo informarse de la mayor cantidad de fuentes posibles.

Negarse a debatir, como lo hacen los grupos que sólo emiten comunicados agresivos y nunca dan la cara en los foros públicos, es desear condensarse (y condenar al resto) a seguir cometiendo los mismos errores del pasado, es vivir desde el fatalismo, desde el “las cosas nunca van a cambiar”.

Lo que estos grupos no quieren es que el debate sobre este tema, y otros que abundan en nuestra sociedad, comiencen a plantearse, que se generalice el cuestionamiento, que surja el deseo de informarse correcta y no sesgadamente, que se comience a querer tomar las decisiones que nos afectan directamente. A velar por nuestros intereses más básicos, por la falta de una representatividad adecuada, por la forma en que se decide quién paga más o menos impuestos, por la corrupción, por la inseguridad y la violencia, por el ultraje y pillaje de nuestras reservas naturales, por los salarios y la inflación, por la justicia por el oprobio de las masacres.

Es vital informarse y expresarse públicamente. El debate claro sólo puede mejorar nuestra Es vital informarse y expresarse públicamente. El debate claro sólo puede mejorar nuestra situación.

El momento es propicio para hacerlo.

1 Carlos Figueroa Ibarra. 1991. El recurso del miedo. SanJosé, EDUCA, p. 139.

2 Victor Bulmer-Thomas. 1988. The political economy of Central America since 1920. Cambridge University Press, NewYork