Pensamiento contracorriente

Guatemala:

Represión gubernamental en San Rafael las Flores ante resistencia antiminera

19 de septiembre 2012

FPS,Comunicado Público

La política represiva del actual gobierno, en defensa de los intereses del capital minero, vuelve a implementarse en contra de ciudadanos y ciudadanas que se oponen al modelo extractivista, específicamente al proyecto minero El Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el cual es operado por la compañía de capital transnacional canadiense-estadounidense Tahoe Resources.

En múltiples ocasiones, comunidades campesinas y ciudadanía de departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, a quienes se le ha negado información del proyecto, que se sienten desconfiados y que cuestionan el mismo por sus efectos nocivos que pueden afectar a comunidades de varios municipios, se han movilizado pacíficamente para solicitar al alcalde municipal y el gobierno central, la realización de una consulta comunitaria para decidir con relación al proyecto minero.  Es decir, la opción por una decisión legítima, democrática, pacífica, en un asunto de interés colectivo, amparada en leyes nacionales y en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas peticiones se han realizado desde 2010 y la última movilización para realizar tal petición se efectuó a finales de agosto del presente año.

Ante esto, el alcalde municipal, Leonel Morales, y el gobierno central, en lugar de avalar tal petición mayoritaria, han optado por gestionar los intereses de la empresa minera, inclusive movilizando tropas policiales y militares en contra de la población. 

 

Así sucedió en octubre de 2010 y en julio de este año cuando se movilizaron más de 8 mil ciudadanos de la región. Así ocurrió también el día de ayer, 18 de septiembre de 2012, cuando personal de la minera intentaban instalar postes de tendido eléctrico desde Mataquescuintla hacia el proyecto minero. Esto fue interpretado por la ciudadanía local, como una acción en contra de su deseo por un desarrollo alternativo a una actividad que tendrá consecuencias ambientales, sociales y a la salud de los habitantes, y en contra de su petición de consulta previa para decidir democráticamente sobre dicho proyecto.

 

En este caso, nuevamente se movilizaron de forma pacífica alrededor de 5 mil personas para protestar por el hecho. La respuesta del actual gobierno fue el envío de antimotines quienes procedieron inmediatamente a reprimir con gases lacrimógenos, lo que desató un enfrentamiento entre la policía y los pobladores del lugar. El saldo, además de personas con signos de afectación por el gas y los golpes, es 15 personas desaparecidos para las 19 horas.

 

Entre los desaparecidos se encuentran dos mujeres que procedían de Mataquescuintla: Maribel Pineda y Marta Marroquín. Asimismo, existen personas que se encuentran escapando de la represión por las montañas del lugar. Lo más preocupante es que, según versión de Bomberos Voluntarios, existen personas heridas de bala y se rumora de tres personas muertas.

 

Estos hechos, que también dejaron como saldo una auto patrulla y dos bodegas incendiadas, evidencian la gravedad de la política represiva del actual gobierno, a quienes hacemos responsables de lo que pudo haber sucedido a la integridad de ciudadanos y ciudadanas  que, exigiendo sus derechos de forma pacífica, en lugar de encontrar respuesta basada en el bien común, fueron agredidas para defender los intereses del capital minero.

Hacemos un llamado a los movimientos sociales a solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas de esta región.  Asimismo, a las instituciones y organizaciones de derechos humanos, para recuperar coherencia en el acompañamiento, investigación y denuncia de tales hechos.

Frente Popular

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!