Pronunciamiento
Las autoridades ancestrales, organizaciones y comunidades que integran la Coordinación y Convergencia de los Pueblos de Ukux Abya Yala informamos que realizamos una Comisión de Verificación de Derechos Humanos a 4 de las 12 comunidades mayas kakchikeles, que están sufriendo la imposición de un estado de prevención que sólo viene a agravar la conflictividad social existente en este territorio maya kakchikel.
La conflictividad en el área está producida por la imposición de la empresa Cementos Progreso y la construcción de una carretera de comunicación con el Atlántico, sin haber tenido en cuenta la consulta de buena fe que las mismas comunidades mayas kakchikeles de San Juan Sacatepéquez realizaron en el 2007, lo cual es una violación del derecho de consentimiento libre, previo e informado establecido en la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. Las personas entrevistadas explicaron que nunca fueron informadas previamente de que estos megaproyectos estaban por iniciarse y que las compras de los terrenos se hicieron con mentiras, engaños, presiones y amenazas. También denunciaron irregularidades e ilegalidades en algunos de los procesos de compra de tierra.
Nos preocupa y nos indigna que el consejo de ministros haya decretado este supuesto estado de prevención mediante acuerdo gubernativo 6-2014 el 21 de septiembre de 2014, con la justificación de proteger la vida de la población de San Juan Sacatepéquez, sobre todo cuando buena parte de las personas entrevistadas han manifestado que las patrullas y destacamentos están protegiendo más las casas de personas empleadas o con vínculos con la empresa cementera. Este estado de prevención se ha prolongado ya dos veces por períodos de quince días, mientras las obras de construcción de la carretera siguen avanzando. Con la declaración del estado de prevención, se están violando derechos humanos fundamentales, como el de la libre asociación, manifestación, lo cual no sólo no ayuda, sino que perjudica gravemente la calidad de la democracia en el país.
El grado de presencia militar y policial es desmedido. Al transitar entre las comunidades, no podíamos dar crédito al hecho de que los caminos están simplemente llenos de patrullas policiales. La tranquilidad y la paz se han perdido, según expresan pobladores comunitarios. Los policías hacen ruido por las noches. A veces toman alcohol y perjudican aún más el clima tranquilo de la vida en las montañas. Las mujeres se quejan de ser objeto de piropos y chiflidos, que son formas de acoso sexual, por lo cual muchas mujeres y niñas optan por evitar salir a la calle: “Cuando pasamos, a veces nos dicen cosas que nos dan escalofríos”, comentó una de ellas. También han sufrido amenazas. Una de las mujeres entrevistadas contó cómo uno de los policías la amenazó diciéndole que “con dos balazos, los terminamos a todos”.
Entendemos que los 17 funcionarios públicos que firman la declaración del estado de prevención están obligados a mediar y promover diálogo que evite la criminalización del actuar de defensores de derechos humanos, tal como establece el Informe sobre Violencia contra Comunicadores y Trabajadores de Medios de Comunicación de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado en 2013. Según Edison Lanza, actual Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, “las autoridades están obligadas a tener un discurso que prevenga la violencia. No se construye un ambiente de respeto a la libertad de expresión con hostigamiento de los funcionarios públicos contra los periodistas, los comunicadores o defensores de derechos humanos. Los gobernantes tiene obligación de expresarse con temas de interés público sin estigmatizar a comunicadores o a defensores de derechos humanos, porque lo que digan ellos puede tener un efecto terrible a incentivar a grupos violentos enemigos de la libertad de expresión”.
Hasta el día de hoy, la conflictividad ocasionada por la falta de respeto del derecho de consulta libre, previa e informada se ha traducido en 28 muertos, 4 personas encarceladas y 36 órdenes de captura. Además, hay daños en un 60 a 70% a los cultivos de flores, que se han tenido que dejar desatendidos y de los cuales se sostienen estas familias, así como problemas de usurpación de títulos de tierras. Varios pobladores de estas comunidades ancestrales están desaparecidos, porque temen por su vida, o ser objeto de una orden de captura, incluso aunque no hayan cometido ningún delito, pues tal es el clima de terror que ha provocado este estado de prevención.
Los niños están siendo afectados también, pues se han denunciado casos en los que los policías tratan de sobornarlos con dulces, payasos e inflables para que éstos les digan nombres de sus padres o familiares. Se reportan casos de niños con traumas que han sido objeto de largos interrogatorios con presión. Muchos niños se han retirado de las escuelas y han perdido el año escolar, pues tienen miedo de salir de sus casas. Otros niños han perdido lugares de recreo y esparcimiento, o los sanitarios que usaban cerca de sus escuelas, pues los destacamentos policiales han ocupado estos lugares sin pedir permiso ni consultar con nadie en las comunidades. Todos los espacios de recreo y esparcimiento en estos pueblos han sido ocupados por destacamentos de militares y policías, que se bañan, hacen sus necesidades y tienden su ropa interior de forma pública.
Enfatizamos que los resultados de toda esta conflictividad son producto de la falta de voluntad política del gobierno para sostener el diálogo social. Sabemos que las comunidades mayas kakchikeles de San Juan Sacatepéquez enviaron una carta solicitando la renovación de la mesa de diálogo, pero que no obtuvieron respuesta de parte del Poder Ejecutivo que usted representa. Enfatizamos esta falta de voluntad política para el diálogo, que es precisamente lo único que verdaderamente puede resolver esta situación de vulnerabilidad crítica de los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones condenó los hechos de violencia ocurridos los días 19 y 20 de septiembre en la comunidad de Los Pajoques. Por ello, se pronunció el 30 de septiembre para solicitar que se realice una investigación independiente, imparcial y efectiva de la masacre del 19 de septiembre. También pidió la desarticulación de grupos armados en San Juan Sacatepéquez.
Respecto a los muertos en Los Pajoques, esta delegación pudo escuchar los testimonios de una de las jóvenes viudas, quien fue avisada de los balazos que habían herido a su esposo, a quien ya no pudo encontrar con vida. Ella quedó viuda tan sólo 12 días después de haber dado a luz. Su dolor creció más cuando vio cómo la policía se llevó preso a su suegro, a quien acusaron de matar a su propio hijo, cuando es público que varias personas de la comunidad pudieron reconocer como atacantes, a personal trabajador de la empresa cementera. Varios pobladores no sólo de ésta sino de otras comunidades proporcionaron información exacta y precisa sobre cuáles personas vinculadas a la empresa cementera suelen portar armas y se dedican a sembrar el terror en la vida comunitaria.
Antes estos hechos, y después de los últimos acontecimientos del 19 y 20 de septiembre de 2014, en los que perdieron la vida 11 personas, aparentemente por las acciones violentas de 15 atacantes -que las comunidades de resistencia pacífica han identificado como trabajadores de la empresa cementera-, nos hacemos eco de las demandas de estas comunidades y exigimos al gobierno de Otto Pérez Molina:
- El levantamiento inmediato del estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, ya que estas acciones estatales arbitrarias son contrarias a los derechos colectivos de los pueblos y han demostrado que sólo sirven para reprimir a las comunidades que defienden su territorio.
- El alto a la criminalización y penalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en San Juan Sacatepéquez y en toda Guatemala.
- El cese inmediato de la estrategia de represión ejercida por el Estado de Guatemala para evitar el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas tanto en San Juan Sacatepéquez como en el resto del país.
- Que se investigue las ilegalidades en la que se puede haber incurrido con el otorgamiento de las licencias de construcción tanto de la planta cementera como del Anillo Regional Metropolitano. Así mismo, que se investiguen posibles irregularidades en los procesos de titulación de tierras, con los que se puede estar favoreciendo el acaparamiento de territorio para ponerlo a disposición de estos proyectos empresariales.
- Reparación del daño psicológico, ambiental y económico por la pérdida y el daño a las cosechas de flores que sostienen a las familias de San Juan Sacatepéquez.
- Que se respete la demanda de las comunidades para que se suspenda inmediatamente la licencia otorgada a la empresa Cementos Progreso, por contravenir la consulta comunitaria realizada en 2007.
Consejo Plurinacional de Autoridades Ancestrales de Guatemala (CPAA); Comunidades de Población en Resistencia del Ixcán; Autoridad Ancestral Naso Tjër Di, Panamá; Centro Pabrú Présbere, Costa Rica; Consejo de Pueblo Indígenas Nahuatl y Chorotegas, Nicaragua; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Coordinación y Convergencia Maya WaqibˈKej, Guatemal; Semilla del Sur, Chiapas, México; OFRAN-Honduras; Movimiento Ambientalista Santa Bárbara (MAS), Honduras; Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (AMARC-Guatemala); Parejo scotol, Chiapas, México; Organización Campesina Emiliano Zapata, región Carranza (OCEZ RC)
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