México: Magdalena Gómez- Los estudiantes: Crimenes, desapariciones y esperanza

Los estudiantes: crímenes, desapariciones y esperanza

Magdalena Gómez

L

a manifestación del pasado 2 de octubre fue la primera sin Raúl Alvarez Garín después de 1968. Ciertamente duele su partida; sin embargo, consuela pensar en las fortalezas que nos hereda a quienes formamos parte de esa generación. Pero, ante todo, a las y los jóvenes, que fueron su prioridad, cuando él también lo era y siempre. Su confianza en ellos le permitió dar sentido a la conmemoración de 1968, no como una mera efeméride, sino con el profundo sentido e implicación de conservar la memoria, porque sin ella sí que estaríamos perdidos. En todo momento reiteraba su esperanza fundada en que la sociedad mexicana en su conjunto puede lograr y exigir que se destierren la violencia política y especialmente aquellas prácticas perversas de persecución y destrucción de los adversarios que se traducen en crímenes de lesa humanidad.

Sin duda, su ejemplo abonará la continuidad de la lucha por la justicia y democracia en nuestro país. Decir ni perdón ni olvido no es mero afán de venganza o de revivir los conflictos: es sembrar en el presente la confianza en la justicia; es construir un futuro diferente.

La conmemoración del 2 de octubre esta vez fue particularmente emblemática: logró desterrar el escenario anunciado de la provocación gracias a que fue aceptada la propuesta del comité 68 para que la marcha transcurriera sin presencia policiaca, por lo menos evidente. Pero lo fue además porque junto al homenaje a Raúl Álvarez Garín se mostró masivamente el repudio a los crímenes y desapariciones realizados por la policía municipal de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La escalada esta vez no se detuvo en los crímenes iniciales de tres de ellos, sino que abrió la agenda del horror con la desaparición de 43 estudiantes, cuyos familiares exigen su presentación con vida. En las próximas horas se conocerán los resultados de las pruebas de ADN a los restos encontrados en varias fosas una semana después de la salvaje agresión policiaca. Se ha especulado que podrían ser de algunos de los normalistas desaparecidos.

No hay palabras para describir la descomposición plena en el estado de Guerrero, cuyo gobierno se ufana de que detuvo a los policías municipales que participaron en el ataque a los normalistas, sin que dé cuenta de los vínculos, que parecen mostrarse, de estos con el llamado crimen organizado. El presidente municipal de Iguala está prófugo y con oscura trayectoria política que fue cobijada por las siglas del PRD, igual que al gobernador, inerme o cómplice, no sabemos, frente a las cuentas pendientes de un presidente municipal; lo cierto es que es el Estado quien debe responder por estos crímenes.

El gobierno federal no acierta a comprender la magnitud de los sucesos de Iguala, donde se perfila no sólo la desaparición forzada, sino, muy lamentablemente, el probable escenario de una masacre. Los esfuerzos por ubicar sólo localmente el caso Ayotzinapa han sido vanos. Peña Nieto llamó al gobernador a hacerse cargo; en Gobernación dijeron a las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos que sólo coadyuvará, porque el asunto es local.

Sin embargo, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) muestra que este caso justamente tiene dimensión no sólo nacional, sino internacional. Debido a estas presiones, la Procuraduría General de la República decidió atraer el caso Ayotzinapa, pues el factor de la delincuencia organizada se coloca en el centro, se maneja en medios la hipótesis de que está operando ni más ni menos que a través de servidores públicos, como los policías municipales hoy detenidos. La investigación tendrá que esclarecer estas redes y deslindar o acreditar responsabilidades de mandos superiores.

A Peña Nieto son los estudiantes quienes lo han colocado en su lugar, primero como candidato, en la Universidad Iberoamericana, y hoy justamente, con una pinza incendiaria que evoca 1968, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) apoyados por universitarios reclamaron estos días masivamente el autoritarismo y abandono del perfil popular de una institución netamente cardenista mediante la imposición de un reglamento regresivo. Por fortuna fueron escuchados en Gobernación, no en la SEP, con lo cual se dio cauce hacia la solución del conflicto.

Al margen de las valoraciones que realice el propio movimiento se observan éxitos inmediatos al lograr detener el reglamento que objetaban, ya el saldo de la renuncia de la directora del IPN parece ser parte de otro tipo de ajuste de cuentas, en todo caso el movimiento colocó el punto de la auditoría antes que la renuncia. En fin, excepcional aire fresco; sin embargo, ahora el desafío está planteado con los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con una histórica tradición de lucha. El desenlace sobre la desaparición de los 43 estudiantes generará amplias movilizaciones nacionales, la impunidad da pie a la consigna: Ayotzinapa somos todas y todos.