Guatemala. Compartimos comunicado de la Asamblea Social y Popular de interés nacional, muy claro y contundente:
CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Y POR LA SOBERANÍA NACIONAL
Como parte de los pueblos, comunidades y organizaciones del pueblo de Guatemala, que de forma ordenada, pacífica y de buena fe, nos hemos manifestado expresando nuestra indignación y rechazo ante la ruptura democrática, la violación a la Constitución y el rompimiento del Estado de Derechos por los inaceptables hechos de corrupción cometidos por parte de las más altas autoridades del organismo ejecutivo, empresarios corruptores y los políticos corruptos que han violentado las más elementales normas éticas, en particular al violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes de Guatemala.
Con la misma indignación con las que nos hemos manifestado, ahora también queremos expresar nuestro rechazo, condena e indignación ante las supuestas “soluciones” que se están impulsando por parte del Ejecutivo y el Legislativo:
Rechazamos las medidas intervencionistas y de violación a la soberanía nacional aceptadas por el Sr. Pérez Molina e impulsadas por el embajador norteamericano en relación a que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro “colaborarán” con la SAT. Recordamos que históricamente en América Latina, el control de las aduanas y los órganos encargados de la recaudación de impuestos fue el primer paso para mayores medidas de intervención. La vinculación de la actual Ministra de Gobernación con la DEA, el despliegue de efectivos militares norteamericanos en Guatemala y la dotación, equipamiento y entrenamiento de las Fuerzas de Tarea Conjunta Maya-Chortí en la frontera Guatemala-Honduras y la Fuerza de Tarea Tecún Umán en la frontera Guatemala-México es parte de este creciente intervencionismo.
Traemos a la memoria que la ilegal intervención de Estados Unidos en el derrocamiento del Presidente Jacobo Árbenz en 1954, marcó la historia de nuestro país y nos hizo entrar en una oscura noche de dolor y represión de la que no terminamos de salir.
Por este condenable papel fue que 1999, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton se disculpo por el rol de su país en las más de tres décadas de represión en Guatemala, expresando que “los Estados Unidos jamás deberían de repetir ese error, y en cambio continuarían brindando apoyo al proceso de paz y reconciliación en Guatemala.”
Sin embargo, el apoyo que el embajador estadounidense Todd Robinson brinda al gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, no puede ser interpretado como algo más que una nueva injerencia en los asuntos políticos del país y como un paso en contra de la paz y reconciliación que tanto se busca. En Guatemala, no puede existir paz sin justicia, y no puede haber democracia sin la voz del pueblo, y el pueblo de Guatemala pide la renuncia de Otto Pérez Molina. Si los Estados Unidos en realidad tienen la intención de ayudar a los procesos de cambio y de democratización, deben apartarse, no intervenir y dejar que el clamor popular sea escuchado.
La intervención de Estados Unidos no busca el bien de la población de Guatemala, sino es por la defensa de sus propios intereses que ahora tratan de imponer a través del Plan Alianza para la Prosperidad que fue elaborado en forma excluyente, impositiva y únicamente consensuado con el sector empresarial que vela por sus individuales y particulares intereses.
Reiteramos la legítima demanda del pueblo de Guatemala, por la renuncia y enjuiciamiento del militar Otto Perez Molina y su anacrónico vicepresidente, instalándose en su lugar un gobierno de transición como única salida para resolver la crisis actual ya que son las autoridades en los tres poderes del Estado los que crearon y generaron la situación por la que actualmente atravesamos. Por ello demandamos que se convoque a la conformación de una asamblea nacional constituyente plurinacional y popular que dicte los contenidos de una nueva Constitución que permita la reforma integral del Estado por el cuales estamos luchado que a través de las diferentes movilizaciones sociales los guatemaltecos y guatemaltecas hemos demandado.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, instituciones de educación superior, iglesias de todos los cultos y a la sociedad en general a profundizar las medidas de movilización hasta lograr la democratización de las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país.
Condenamos la criminalización de la protesta social que en los últimos días se ha expresado en la intimidación y represión a La Puya, la movilización de más de 50 patrullas, buses y camiones de la fuerzas gubernamentales contra las comunidades de la Laguna del Tigre, las agresiones en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, la captura anómala del líder de Barillas Bernardo Ermitaño López y los demás hechos que se han producido en estos días. La maquinaria de represión impune para garantizar los negocios corruptos funciona contra los líderes, comunidades y pueblos que defienden sus derechos colectivos.
Rechazamos la instalación de las mesas técnicas de análisis y estudio de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Contrataciones del Estado, Sector Justicia y Ley del Servicio Civil, en primer lugar porque los congresistas no tienen legitimidad dado que ellos son corresponsables de las violaciones y estancamientos en las reformas a las mencionadas leyes y porque han sido copartícipes, por acción u omisión, de los graves hechos de corrupción que nos han indignado.
Además no existe en la legislación la figura de “mesas”, sino únicamente de audiencias que por experiencias anteriores sabemos que no son vinculantes ya que los diputados terminan haciendo lo que les viene en gana y resulta mejor para sus intereses. Esa instalación es un intento de darle aire a un Congreso altamente cuestionado y únicamente buscan desviar y evadir la solución que la población está demandando: la renuncia del presidente y vicepresidente, así como la depuración del Congreso y el Organismo Judicial. Por lo mismo llamamos a no legitimar al Congreso de corruptos y violadores de la ley.
ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR
3 de junio de 2015.
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