NO QUEREMOS A CORRUPTOS COMO NUEVAS AUTORIDADES
Desde hace años los guatemaltecos y guatemaltecas hemos sabido que el Congreso de la República está integrado por personas corruptas. Los mismos diputados se han encargado de decir que para la aprobación de determinadas leyes o para cambiarse de partido, las y los diputados reciben altas sumas de dinero.
La mayoría de estos corruptos se están postulando nuevamente como candidatos para las elecciones de este año, sin importarles el clamor de la ciudadanía que expresa que en las actuales condiciones no queremos elecciones. Incluso ha trascendido que hay jueces que están obligando a la Contraloría Nacional de Cuentas a entregar finiquitos a notorios corruptos, con el fin que se puedan inscribir como candidatos. La CICIG está encaminando procesos contra varios diputados contra los cuales existen claras evidencias que han cometido varios delitos vinculados con la corrupción.
Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones que formamos la Asamblea Social y Popular no queremos un Congreso de la República formado por corruptos, ni nuevas autoridades a nivel nacional y municipal formadas por delincuentes, corruptos o el crimen organizado; por tal razón exigimos que antes de las elecciones deben entrar en vigencia una serie de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- que permitan mayor transparencia, representatividad, equidad y que nos posibiliten votar por otras personas y no por los corruptos que ahora tienen copado el Congreso o se postulan como candidatos y candidatas para alcaldes o el ejecutivo.
Para que las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos entren en vigencia de inmediato, se necesita que el Tribunal Supremo Electoral revoque el decreto de convocatoria a elecciones; se posponga las elecciones por dos meses, tiempo en el que deberán aprobarse las modificaciones a la ley electoral y posteriormente se emita un nuevo decreto para una nueva fecha de elecciones, que permita que el 14 de enero de 2016 nuevas autoridades tomen posesión, tal y como lo establece la Constitución; de lo contrario, aún cuando se aprueben las modificaciones a la LEPP, no entrarán en vigencia ahora, sino hasta dentro de 4 años. Guatemala no puede darse el lujo de tener por cuatro años más un gobierno, alcaldes y un Congreso lleno de corruptos, ineptos e inoperantes, que solo se benefician personalmente y a sus financistas de campaña.
No es la primera vez que se modifica la fecha de las elecciones, en el 2004 y el 2006 se modificó el artículo que hace referencia a la fecha de las elecciones. Antes de las elecciones del 2007, donde resultó electo Álvaro Colom, las elecciones generales se realizaban en el mes de noviembre, la segunda vuelta en el mes de diciembre e incluso una semana antes de la toma de posesión como sucedió con las elecciones donde resultó electo Álvaro Arzú que fueron el 7 de enero.
Sólo quienes se benefician con que sean los mismos corruptos que resulten electos, se oponen a los cambios en la ley electoral y a que esos cambios entren en efecto en las elecciones de este año. Argumentar que cambiar la fecha es un “golpe técnico”, que se comete un delito al pedir que se
pospongan las elecciones, tratar de confundir diciendo que se quiere anular las elecciones o que se caerá en ingobernabilidad, son expresiones que buscan atemorizar y evitar que se dé respuesta a la indignación y el clamor ciudadano.
Lamentablemente, hay magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se están plegando a esas posiciones y con ello le cierra la puerta a una salida positiva y ordenada a la crisis.
Al mismo tiempo que reiteramos la exigencia de que Otto Pérez Molina renuncie ya, exigimos que se aprueben y entre en efecto, ¡ ya ¡, la iniciativa planteada por la Universidad San Carlos de Guatemala que ha sido consensuada en la Plataforma para la Reforma del Estado. No dar pasos a esos cambios inmediatos únicamente profundizará la incertidumbre y frustrará el clamor popular, lo que generará mayor conflictividad y cuestionamientos. En el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República está la responsabilidad de la profundización o la salida de la crisis que vive nuestro país. No aceptamos que la corrupción y la impunidad sigan gobernando Guatemala
ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR
Guatemala 26 de junio de 2015.
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