Pensamiento contracorriente

Guatemala: Comunicado del Colectivo Madre Selva

13 Diciembre 2012

Estimados representantes de:

Procuraduría de los Derechos Humanos PDH,

Comisión Presidencial para los Derechos Humanos COPREDEH,

Instancia de Análisis Contra Ataques a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del

Ministerio de Gobernación,

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH,

Delegación de la Unión Europea,

Representantes de Estados Miembros en el Grupo Filtro de la Delegación de la Unión Europea:

Nos dirigimos a ustedes adjuntando un relato detallado de los hechos ocurridos el día 7 de diciembre del presente año en la Resistencia Pacífica y Legal de La Puya ubicada en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.

El propósito del mismo es documentar un caso de violación de derechos humanos colectivos por parte del Estado de Guatemala que se niega a conocer y tomar en consideración el punto de vista de las comunidades afectadas por proyectos de minería de metales y otras actividades extractivas que masivamente han manifestado su oposición por medio de Consultas comunitarias y de vecinos y otros medio pacíficos y legales.

En el caso de La Puya es ejemplar la actitud de la resistencia que ha dado muestras de manera continua de actuar pacífica y legalmente.Estamos preocupados por la seria amenaza planteada por el gobierno contra la vida, la integridad física y la libertad de expresión y asociación los comunitarios en resistencia en La Puya. Los instamos a dar seguimiento y velar por el respeto a los derechos humanos de la población en resistencia pacífica y legal en La Puya. En espera de atención a la presente se suscribe atentamente,

Asociación Colectivo Ecologista MadreSelva

RELATORÍA DE LOS HECHOS DEL 7 DE DICIEMBRE EN LA PUYA:

1. El día 7 de diciembre a las 5:30 de la mañana, se presentaron al lugar donde se ubica la resistencia pacífica contra el proyecto minero “Progreso VII Derivada” en La Puya, a bordo de unas 64 radiopatrullas de la Policía Nacional Civil, unos 200 policías antimotines, exigiendo desalojar el área a los pobladores que se encontraban en manifestación pacífica1 y legal2. Las fuerzas de seguridad advirtieron que los manifestantes tenían 10 minutos para retirarse del lugar, de lo contrario, serían detenidos.

2. Los miembros de la PNC no presentaron ninguna orden de juez competente3.

3. Las personas que se encontraban reunidas en La Puya intentaron comunicar y alertar al resto de comunitarios sobre la presencia e intención de las fuerzas de seguridad. Muchas personas de las aldeas vecinas intentaron movilizarse hacia La Puya para apoyar la resistencia, pero las vías de acceso fueron bloqueadas por elementos de la PNC.

4. Una de las consecuencias de estos hechos fue la detención de 4 personas de sexo masculino:

a. Milton Danilo Carrera, de 40 años.

b. Tomás de Jesús Aquino, de 65 años.

c. Francisco Oliva, de 67 años.

d. Izabel Muralles, de 78 años.

5. Estas personas que se encontraban frente a las fuerzas de seguridad, fueron las primeras en exigir alos agentes comandados por el Comisario Telémaco Pérez García, que les mostraran la orden de desalojo. Ante esta solicitud, las 4 personas fueron agredidas por el mencionado comandante del operativo Comisario General Telémaco Pérez García y luego fueron detenidos bajo el argumento de obstrucción de la justicia. Durante más de siete horas (6:20 AM a 1:30 PM) los agentes captores, bajo el mando del agente Rubén Darío Tista Canahuí, los estuvieron moviendo en una radio patrulla, sin presentarlos a ningún juzgado, ejerciendo presión sicológica hacia ellos ni permitiéndoles rendir su declaración. Finalmente fueron conducidos ante el juzgado de Paz de San Pedro Ayampuc a la 1:30 PM, siete horas después de la detención. Al violarse el plazo de 6 horas como máximo para presentar ante juez competente a un capturado por la PNC, nos encontramos ante un caso de detención ilegal.

1 Durante más de 8 meses, pobladores de aldeas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo decidieron evitar el ingreso de maquinaria y trabajadores al proyecto minero “Progreso VII

Derivada”. En este tiempo han permanecido en manifestación pacífica en las inmediaciones de la

empresa. Esta presencia ha sido permitida por el propietario del terreno que se sitúa frente a la entrada al proyecto minero, admitiendo la instalación de champas donde los manifestantes se resguardan.

2 Los manifestantes habían notificado con anterioridad al gobernador Departamental de Guatemala sobre su propósito de realizar una manifestación de protesta contra la puesta en operaciones del proyecto minero “Progreso VII Derivada”.

3 En el parte policíaco de la captura de las 4 personas se anota que el operativo se realizó en cumplimiento del plan operativo de la Sub-Dirección General de Operaciones de la PNC número 82-2012, sin presentar ningún fundamento legal de la misma.

6. Milton Danilo Carrera reporta que en el momento de la captura, el oficial Rubén Darío Tista Canahuí lo agredió físicamente estrangulándolo por el cuello hasta dejarlo casi inconciente.

7. La Procuraduría de los Derechos Humanos y un vecino de San José del Golfo interpusieron recursos de exhibición a favor de los capturados. Sin embargo el Juez ejecutor no pudo localizarlos, ya que los agentes captores los estuvieron moviendo de San José a la ciudad capital y luego a San Pedro Ayampuc.

8. Al efectuar el operativo en La Puya, la PNC dañó propiedad privada pues los cercos de los terrenos donde estacionaron las radiopatrullas fueron dañados por el ingreso de los vehículos policiales, y los terrenos aledaños a La Puya fueron invadidos por agentes que montaron un dispositivo de cerco.

9. Alrededor de las 6:10 AM ocurrió un hecho muy preocupante cuando Yolanda Oquelí se dirigía hacia La Puya, el Jefe de la Comisaría 12 de apellidos Fuentes y Fuentes impidió el paso a los elementos que le prestan seguridad personal en base a las Medidas Cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Vice-Ministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación Eric Juárez le indicó a los elementos de seguridad que él en lo personal se hacía responsable de la seguridad de Yolanda. Ella pasó 7 horas sin que se aplicara la medida cautelar.

10. Alrededor de las 7:15 AM y luego cerca de las 8:30 AM, miembros de la PNC estuvieron lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes sin importarles la presencia de menores de edad y adultos mayores, con el resultado de 3 personas intoxicadas, entre ellas mujeres en estado de gestación y menores de 4 y 9 años de edad. Destruyeron un refugio provisional donde pernoctaban los manifestantes. Fueron arrebatadas provisiones vitales (agua pura), quebraroncomales que servían para hacer los alimentos diarios, láminas, sillas, colchonetas, entre otros utensilios. Al percatarse que esto estaba siendo filmado por los manifestantes, la policía quiso quitarles las cámaras. Al notar que una persona estaba huyendo con una cámara fotográfica, fue perseguido por más 15 policías.

11. Ante este ataque represivo realizado con uso excesivo de la fuerza, los manifestantes, mayoritariamente mujeres, decidieron tirarse al suelo frente al portón de la mina. Al realizar esta acción continuó libre el paso vehicular por el camino que conduce hacia la aldea El Carrizal. Sin embargo los policías antimotines fueron quienes se apostaron en la vía pública obstaculizando el tránsito e impidiendo que ambulancias de los Bomberos Voluntarios, instancias de verificación deDerechos Humanos y organizaciones acompañantes, se presentaran a prestar auxilio y observar los

hechos cuando estaban ocurriendo.

12. A lo largo del día se vivió una situación de fuerte tensión por los manifestantes. Se dieron tres momentos para establecer diálogo entre las autoridades y los manifestantes.

13. A eso de las 10:00 AM se presentaron funcionarios de COPREDEH en calidad de observadores.

14. Alrededor de las 10:15 AM, se presentó la señora Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes con la intención de propiciar una negociación. No sabemos a solicitud de quién se apersonó en el

lugar.

15. Posteriormente llegaron funcionarios auxiliares de la PDH y a continuación la Licda. Claudia López Procuradora Adjunta de Derechos Humanos y Alberto Brunori y Cristina Papadopoulos de

OACNUDH.

16. El diálogo no tuvo frutos pues el Vice-Ministro de Gobernación manifestó reiteradamente que no

estaba dispuesto a dialogar sino que su misión era ejecutar el desalojo ese mismo día.

17. Alrededor de las 10:30 AM los agentes de la PNC se retiraron unos 50 metros dejando un espacio

neutral entre el contingente de la PNC y los manifestantes.

18. Como a las 15:00 PM se reactivó el dispositivo de desalojo con movimientos de personal de laPNC hacia lugares estratégicos para establecer un cerco sobre los manifestantes, cortando palosrollizos a modo de garrotes e ingresando al interior del proyecto minero desde atrás del portón.

Junto a esa maniobra se presentó un pelotón de mujeres policía con uniforme de antimotines.

19. Ante esta crítica situación y para evitar el derramamiento de sangre la reacción de los líderes fue

buscar el acercamiento con el Vice-Ministro Juárez para encontrar una salida pacífica. El Viceministrode Gobernación Eric Arnoldo Juárez manifestó que debía cumplir sus órdenes y tomar control del portón del proyecto minero. La decisión de los manifestantes fue permitir la presencia de un grupo de 15 agentes de la PNC en resguardo del portón, a cambio del compromiso del Vice-Ministro de no permitir el ingreso de equipo ni trabajadores al proyecto minero hasta quese agote el diálogo. Por su parte los manifestantes permanecieron frente al portón manteniendo la resistencia en el mismo lugar donde han estado desde hace 9 meses.

20. Una vez resuelta la crisis inmediata del 7 de diciembre, tanto el Ministro de Gobernación Mauricio

López Bonilla como el Presidente Otto Pérez Molina procedieron a realizar una campaña dedesinformación declarando a los medios de comunicación que el gobierno ya había tomado control

del proyecto minero y desalojado a la resistencia. En las mismas declaraciones ambos hicieron

acusaciones a extranjeros que se dedican a instigar a la población contra los proyectos debidamente autorizados por el gobierno. Estas declaraciones son sumamente preocupantes por su contenido xenofóbico y falaz. Implícitamente estos funcionarios están negando el derecho universal a defender derechos.