Pensamiento contracorriente

Guatemala: insolidaridad y militarismo de la derecha
Juan Hernández PicóSin Permiso

El problema fundamental que existe hoy en Guatemala es que el triunfo presidencial del general en retiro Otto Pérez Molina ha vuelto a alimentar la llama del militarismo. Ha traído de nuevo un concepto de seguridad estatal estrictamente militarista y un tratamiento de los disidentes políticos, entendidos bélicamente como “enemigos”. Durante los años más dramáticos de la historia guatemalteca, ésa fue “la madre de todas las violencias”.

La derecha guatemalteca no ha aceptado nunca durante casi dos siglos de independencia una propuesta de cambios estructurales que no le favorezcan. Esto se cumple especialmente en el terreno fiscal. Guatemala es el país latinoamericano con una menor carga tributaria. Los ingresos que el Estado recauda por impuestos directos e indirectos son en Guatemala alrededor del 10% del PIB. En Chile son el 20% del PIB. La primera acción política seria del Presidente Otto Pérez Molina consistió en presentar al Congreso una ley de reforma fiscal. Fue considerada en su momento como un paso para cumplir con lo que dijo en su discurso inaugural: dar “especial prioridad a un verdadero acuerdo de Estado que facilite la administración tributaria y que permita abordar de una manera integral y eficaz los desafíos que hoy presenta el financiamiento del Estado, que mejore la asignación del gasto, pero sobre todo, que garantice la transparencia en su ejecución.” 

Los grandes empresarios contra la reforma fiscal

Aprovechando la aureola de su triunfo, Pérez Molina logró que el Congreso aprobara la ley rápidamente ya en febrero de 2012. Naturalmente no podía tener vigencia retroactiva. Su vigencia se iniciaría un año más tarde. Pues bien, al acercarse esa fecha, todas las cámaras empresariales han interpuesto recursos de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la ley de reforma fiscal. 

Se está tocando con la ley un nervio especialmente sensible de la oligarquía guatemalteca terrateniente y casateniente, heredado por la banca, el comercio y la empresa agrícola o industrial, relativamente modernizados y diversificados. Para ellos o el Estado está al servicio de la empresa privada o no es el Estado que le conviene a Guatemala. Y el que le conviene es un Estado con ingresos tributarios, básicamente indirectos a través del IVA, suficientes para mantener fuerzas militares, de inteligencia y de seguridad e infraestructuras que comuniquen sus plataformas empresariales del campo y la ciudad. El Estado de su conveniencia es fundamentalmente un Estado represivo. Si no, no es funcional a la inversión privada e internacional. En una palabra, el Estado debe ser fuerte para la seguridad de una minoría pudiente, y frágil como impulsor y protector del bien común, que incluye el bien de las mayorías. Y si no, hay que ponerlo en su lugar para que cumpla con las expectativas de quienes lo crearon. 

Y quienes lo crearon fueron los cafetaleros de la Reforma Liberal de 1870, que a la vez hicieron la segunda Reforma Agraria más importante de la historia independiente-republicana, a favor de sí mismos y expropiando muchas tierras comunales y ejidales. Como las habían expropiado antes -siempre a los indígenas- los conquistadores-encomenderos. 

Las dos clases sociales que han constituido la oligarquía liberal y conservadora guatemalteca tuvieron un gran interés desde el comienzo en escribir la historia de Guatemala, incluida o no dentro de la historia de Nueva España. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés, ha sido considerado el autor de la “Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”. Según la antropóloga guatemalteca Marta Casaús, la familia Castillo, fundadora a fines del siglo 19 de la industria cervecera guatemalteca, hace remontar su árbol genealógico hasta Bernal Díaz del Castillo. 

No se puede olvidar que la primera reforma fiscal que, desde la vigencia de la actual Constitución en 1985, intentó el Estado, la diseñó en forma de proyecto de ley el industrial -desde este punto de vista visionario- Rodolfo Páiz Andrade, Ministro de Finanzas durante el primer gobierno civil del Presidente Vinicio Cerezo. La oposición de sus colegas millonarios fue absolutamente intransigente, hasta el punto que se pretendió frustrar con un golpe de Estado la transición de los gobiernos militares de facto a los gobiernos civiles en camino a la democracia. El periodista Mario David García, protagonista también de haber difundido la acusación del abogado Rosenberg contra el presidente Colom, puede hablar no poco sobre aquel intento de golpe, que él apoyó desde la radio, fiel a su vocación conspiradora.

Hoy también hay periodistas, en la radio y en los periódicos, en la televisión y en los diarios digitales o en los blogs, que hablan, en el espíritu, aunque no en la letra, de forma parecida. Uno de ellos es Pedro Trujillo. 

Quién este libre de ideología….

Coincidimos hace cinco años en un debate en el PNUD sobre democracia formal o procedimental y democracia participativa. El debate lo había convocado Edelberto Torres Rivas. Los ponentes en el debate fuimos Torres Rivas y yo. No olvidaré fácilmente la dureza dogmática con la que Pedro Trujillo se refirió a mi menor valoración de lo que se puede llamar la “liturgia” formal de las elecciones en Guatemala cada cuatro años a causa del poco o mínimo avance en democracia participativa durante los períodos de gobierno inter-electorales. Los análisis de Hernández Pico -dijo Trujillo- rezuman ideología. 

Como si la ideología de una persona -de izquierda en este caso, quería insinuar- desautorizara el valor intrínseco de sus análisis políticos. Y como si su propia ideología, -de derecha desde su cátedra en la Universidad Francisco Marroquín-lo ubicara indiscutiblemente como analista fuera de toda sospecha. Habría que haberle respondido: El que esté libre de ideología que tire la primera piedra.

Hoy, en Guatemala, Pedro Trujillo, a veces junto a otras firmas de su misma raíz ideológica, se dedica a publicar en televisión reportajes que tratan de estigmatizar como terroristas y comunistas a los miembros de varias organizaciones indígenas, entre ellas el Mecanismo de los Pueblos Indígenas OxlajujTz’ikin por promover los derechos básicos de las poblaciones donde se pretende construir una hidroeléctrica o donde el gobierno otorga concesiones para explorar o explotar vetas mineras. Y esos derechos, según el Convenio 169 de la ONU, rubricado por Guatemala durante la presidencia de Álvaro Arzú, exigen que previamente a permitir el inicio de las obras se consulte a las poblaciones donde se encuentran tanto los cauces fluviales como las vetas mineras.

Atacan y no debaten

Estos ataques, ideológicamente totalitarios -más aún, falsos- se remontan al “incidente” en que resultaron seis campesinos indígenas muertos y varios gravemente heridos por balas de soldados del Ejército en misión de seguridad para acuerpar a la Policía (ver en Envío de noviembre 2012 la crónica de Ricardo Falla de esta “primera masacre del Ejército después de la paz”).

Irmalicia Velásquez Nimatuj ha publicado en “El Periódico” varios textos mostrando claramente cómo los reportajes de Pedro Trujillo deforman conscientemente los proyectos de OxlajujTz’ikin, tal vez financiados por la cooperación internacional del gobierno de Suecia. Dice ella que una cosa es hacer periodismo investigativo serio y otra, contraria e inaceptable, tergiversar como definitivos en todas sus partes bosquejos de proyectos que no han pasado todavía por el proceso de definición de la directiva de esta organización indígena. La deformación tiene una malignidad especial: relacionar los proyectos -que Suecia financiaría- con la masacre de Totonicapán, y hacer parecer los asesinatos como homicidios voluntarios, preparados por otros dirigentes indígenas terroristas, como carne de cañón o como chivos expiatorios. 

Atacar y no debatir es la profesión de estos periodistas. Y los ideólogos de la empresa privada -¿no fue fundada por la empresa privada la Universidad Francisco Marroquín?- tampoco dejan de atacar. La razón del periodismo es informar, opinar, debatir, razonar con los adversarios o con los que simplemente tienen otra manera de ver las cosas, que nunca pueden ni deben ser enemigos, porque la esencia de la libre expresión es precisamente opinar de manera diversa en una sociedad que aspira a ser libre. 

Oligopolio de la derecha y totalitarismo de derechas

Periodistas del talante de Pedro Trujillo, de Armando de la Torre y otros saben bien que en Guatemala la prensa escrita, y más aún la radial y la televisiva, están cada vez más oligopolizadas por escritores, locutores y conductores de su onda de pensamiento. Hay una manera aparentemente drástica de intervenir en la libertad de expresión: comunicar al periodista que ya no tiene espacio en un medio determinado. Hay otra manera, delicada y sutil, de restringir la libertad de expresión: adjudicar preferentemente las columnas de opinión a portavoces de una única ideología, manteniendo algunos pocos nombres, disidentes de la línea de los medios, para poder exhibirlos como prueba de la apertura del medio a toda clase de opiniones. 

¿Qué hay detrás de todo esto? Pareciera, simple y sencillamente, que hay un neototalitarismo, el totalitarismo de la derecha. El abogado Antonio Arenales Forno, de la familia Arenales -de rancio abolengo político y nido de funcionarios del Estado-, hoy por hoy adversario declarado de los Acuerdos de Paz, fue nombrado por el Presidente Pérez Molina Secretario de la Paz. Enseguida restringió absolutamente el acceso a los Archivos de la Paz y se constituyó en abogado defensor del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de flagrante violación de los derechos humanos, contemplados en la Ley de Reconciliación como crímenes de lesa humanidad, que ni pueden prescribir ni pueden ser amnistiados. 

Es preciso recordar que Arenales Forno escribió y suscribió uno de los Acuerdos de Paz, dedicado al respeto a los Derechos Humanos, donde se establece que el Estado debe actuar con firmeza contra la impunidad y que el gobierno no adoptará medidas legislativas, o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. Retorciendo el sentido de sus acciones, niega hoy lo que entonces suscribió. 

El 22 de diciembre de 2012 se comunicó a la Fundación Myrna Mack la sentencia en el caso del “Diario Militar”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Guatemala por el centenar de crímenes de desaparición forzada cuyas pruebas se encuentran en el así llamado “Diario Militar”. La Fundación Myrna Mack asesoró a los peticionarios que demandaron al Estado de Guatemala, muchos de ellos familiares de las víctimas.

Pues bien, el acuerdo presidencial 370-20/12 del gobierno desconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer de estos casos, siendo así que las desapariciones forzadas son “delitos continuados” y es por eso por lo que la Corte posee jurisdicción para conocerlos. La Corte Interamericana no ha conocido casos anteriores a 1987, fecha en que el Estado de Guatemala se adhirió a su jurisdicción. 

Arenales Forno está convencido de que él nunca se equivoca, es de aquella especie de conservadores “cachurecos” que, con su catolicismo a cuestas, parecieran gozar también de infalibilidad. Estos ideólogos de la derecha y sus políticos llevan 191 largos años aspirando a ejercer su infalibilidad en la cotidianidad política de Guatemala. ¿No es eso precisamente una aspiración al totalitarismo? Tal aspiración impenitente ¿no parece contraria a la fe en la democracia que profesan? ¿Tendrán mucha más fe en la dictadura del mercado?

Alimentando la llama del militarismo

El problema fundamental que se nos ha venido encima en Guatemala es que el triunfo presidencial del general en retiro Otto Pérez Molina ha vuelto a alimentar la llama del militarismo en el país. 

Pérez Molina es el primer militar (“militar una vez, militar siempre”) electo desde 1985, 27 años después de lo que creíamos un período de nuestra historia devuelto al civilismo bajo la égida de la democracia. Desde el ángulo legal tenía derecho a ser electo, al no estar ya formalmente bajo la disciplina del Ejército. El problema no es de derecho constitucional. Es de desesperación civil: de la oligarquía, de la gran empresa y de la clase media, y también de buena parte de los sectores populares, urbanos y rurales, desesperados frente a la violencia, tal vez no incontenible, pero sí desbordada. El problema es también cultural: de mesianismo militar. 

Y también hay otro problema, de formalismo electoral: el candidato que pierde en una elección gana en la siguiente. Desde 1990 -con la excepción del presidente Ramiro de León Carpio, electo por el Congreso para terminar el período de Serrano, destituido presidente golpista- se suceden uno a otro como en una secuencia de perdedores y vencedores Serrano, Arzú, Portillo, Berger, Colom, Pérez Molina. A esto se añade que, por reforma constitucional los períodos presidenciales fueron recortados en 1992 de cinco a cuatro años, haciendo cada vez más difícil un gobierno eficaz.

El simbolismo de un general al frente del gobierno, por muy en retiro que esté, es muy fuerte. El actual Ministro de Gobernación es también un militar en retiro, Mauricio López Bonilla, quien llegó a teniente coronel y se licenció en ciencias políticas. El presidente del Consejo Asesor de Seguridad es otro general en retiro, Ricardo Bustamante, un gran experto en “inteligencia” que nunca pudo llegar a Ministro de la Defensa. Y no pocos funcionarios civiles del gabinete de Pérez Molina son más militaristas que los militares, especialmente Arenales Forno y la misma Vicepresidenta, Roxana Baldetti. 

Entre el centro-derecha y la extrema derecha radical

Entre analistas políticos se dice que, en este panorama, aparecen como hombres de derecha que, paradójicamente, miran al centro, Pérez Molina y su Ministro de Gobernación, el Ministro de Finanzas Pavel Centeno y el nuevo Canciller Fernando Carrera, economista y antes Secretario General de Planificación. Carrera ha sucedido al antiguo pastor de la Iglesia Elim, Harold Caballeros, que se hundió por su inoperancia durante el primer año de gobierno y por su desgraciado comentario sobre la masacre de Totonicapán: “Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande… Aunque suena muy mal decirlo, todos los días tenemos el doble de muertos que ocho. Entonces, como que tampoco es una llamada de atención tan grande”.  

A la Vicepresidenta Baldetti, a Arenales Forno y al presidente del Consejo Asesor de Seguridad los ubican liderando la corriente militarista de extrema derecha del gobierno. Y al servicio de esta corriente, sin necesidad de otro beneficio que su propia convicción extremista radical de derecha, están periodistas como Trujillo, De la Torre y muchos otros. 

Los blancos de la extrema derecha

El blanco preferido de esta corriente es la Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz, nombrada por el ex-Presidente Álvaro Colom. La Fiscal es acusada continuamente en los medios como “de extrema izquierda”. Se dice que la embajada de Estados Unidos presionó con fuerza a Pérez Molina para que no intentara sustituir a la Fiscal. Otro blanco es el director de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), el costarricense y funcionario de la ONU Francisco Dall’Anese, quien se ha pronunciado clara y repetidamente a favor de la continuidad en su cargo de la Fiscal. Los radicales de derecha han alzado contra él la bandera nacionalista contra la injerencia extranjera. Les falta honestidad para reconocer que la injerencia extranjera sólo es válida cuando favorece sus intereses.

¿”Compadre hablado”?

Hay otros blancos. Uno es la Ley de Reforma Fiscal. Lo son también los proyectos de Ley de Desarrollo Rural, impulsados por la Plataforma Agraria -de la cual forma parte el instituto de investigación AVANCSO- y el proyecto de ley de la Telefonía Celular. Contra ellas se ha manifestado la iniciativa privada con enorme virulencia. 

Por cómo se expresa públicamente, parece que el Presidente Pérez Molina estaría a favor de la Ley de Desarrollo Rural, que, después de más de 16 años pondría algunas bases para el cumplimiento de uno de los Acuerdos de Paz más ambiciosos. Algunos analistas piensan que sólo se trata de palabras para atenuar el descontento de los movimientos campesinos y que, en realidad, el Presidente sería ya “compadre hablado” con la iniciativa privada, asegurándoles que, más allá de sus palabras, la ley no alcanzará mayoría en el Congreso.

No solo dos palabras

El combate no está planteado sólo en intentos de desprestigio público de los medios contra instituciones de centro o de izquierda. Se ha traducido ya en ataques violentos. El 17 de enero el Instituto para el Avance de la Investigación en Ciencias Sociales (AVANCSO) fue allanado, después de una sofisticada operación de intento de seducción del guardián con alimentos con droga. 

El allanamiento fue conducido con pericia, y tuvo como efecto el robo de la mayoría de las computadoras y de otros instrumentos que guardan información. Las oficinas de AVANCSO están ubicadas a dos cuadras de Casa Presidencial, en el círculo de seguridad más vigilado del país. Mes y medio después de los hechos, los esfuerzos del Ministerio de Gobernación y de la Fiscalía General de la República no habían culminado con éxito.

El 17 de febrero, exactamente un mes más tarde, se produjo otro intento de allanamiento a las mismas oficinas de AVANCSO. Esta vez la Policía Nacional Civil acudió rápidamente después de la llamada que le hizo el nuevo guardián. Es clara la intención de amedrentamiento. AVANCSO ha experimentado la solidaridad de muchas instituciones de investigación y de diversas casas de estudio y ha seguido su trabajo con valentía.

La Fundación Myrna Mack también sufrió a comienzos del año una operación de pirateo (hacking) en su página web. Y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) está también en la mira de quienes atacan verbalmente. El mensaje parece ser: si no se “portan bien” ustedes serán el próximo objetivo.

La “seguridad” en la “patria del criollo”

No nos podemos engañar. Una seguridad estatal concebida militarmente, y los que disienten concebidos como “enemigos”, fue durante los años más dramáticos de nuestra historia “la madre de todas las violencias”: la violencia del Estado contra la ciudadanía. La incapacidad de concebir a Guatemala de otra manera que no sea “la Patria del criollo” es fuente de violencia, porque todos los reclamos de la ciudadanía para que se cumpla en el país con todos los derechos humanos, son traducidos inmediatamente al lenguaje de los terratenientes: “Lo que quieren estos tales por cuales es la tierra y la tierra es nuestra”. La mentalidad de los criollos terratenientes sigue vigente hoy en la empresa privada financiera, industrial, y comercial, y no sólo en la empresa privada agroindustrial. 

Lo terrible es que esa misma mentalidad es la que impera en las empresas mineras extractivas y en las grandes empresas hidroeléctricas: la tierra es de los grandes empresarios multinacionales. También en la Patria de la globalización está vigente esta mentalidad. No se trata de fantasmas de “micos emparejados”, como se dice aquí. Se trata de que ése es el credo de los globalizadores, capitalistas salvajes liderados por los capitalistas financieros. Como los criollos en Guatemala, son una pequeña minoría a nivel global.

En los Estados Unidos, por ejemplo, los verdaderamente ricos son el 0.01% de la población. Están representados hoy por un Partido Republicano que nada tiene del ideario de Lincoln, ni siquiera del ideario de los republicanos anteriores a Reagan (1981-89) y luchan hoy esforzadamente y sin escrúpulos por abrir Alaska y el Polo Norte a la exploración y explotación petrolera, negando cualquier verosimilitud científica a los efectos del cambio climático.

Cayalá: una ciudad aséptica

No son tan “neolíticos” los capitalistas guatemaltecos ya globalizados. Son de esa especie de capitalismo que pretende para “los elegidos” el dominio de la tierra y que nunca se pone en los zapatos de los pobres. ¿Podrían ellos soportar para sus hijos condiciones de vida como las que existen en zonas tan empobrecidas como el Incienso o Puente de Belize? 

El mejor símbolo que proviene de la desesperación ante la violencia que experimentan les hace gastar sumas inconcebibles en seguridad. Un ejemplo es la construcción, no muy lejos de algunos de los peores asentamientos más pobres y violentos, de Cayalá, una ciudad dentro de la ciudad, una ciudad aséptica, con circuito cerrado de vigilancia televisiva, una ciudad encalada y con torrecillas, al estilo -modernizado- de la vieja y criolla Antigua Guatemala. Una ciudad para la minoría, en los pocos terrenos que en el Valle de la Asunción quedaban para ser utilizados, aunque por medio de expropiación, debido a lo que constitucionalmente se llama “urgencia social”.

¿Quiénes son el “conglomerado social”?

El 3 de enero, Armando de la Torre escribía en su nueva columna de “El Periódico”: “De la tiranía de los jueces hemos pasado a la de los Presidentes con iniciativas de ley y a la de los diputados del Parlamento, estos últimos todavía más corruptos e ignorantes de las consecuencias del sistema. La peor es la evaporación de leyes abstractas y generales que gobiernen toda conducta justa. En su lugar se han multiplicado las normativas casuísticas, privilegiantes, injustas, al servicio de intereses particulares espurios, que encima son económicamente muy ruinosos para el conglomerado social”. 

¿No será que detrás de “conglomerado social” se entiende realmente a los auténticos privilegiados, tanto por “las leyes abstractas” como por “la casuística”, a esos millonarios que forman tal vez el 1% de la población de Guatemala? 

Hace varios años tuve el privilegio de debatir en la Universidad Landívar de Guatemala sobre el neoliberalismo en un foro donde acompañaba a los doctores Gert Rosenthal y Armando de la Torre. No encontró De la Torre mejor argumento para tratar de anular el efecto en el auditorio de la mención de la carga tributaria de Guatemala -en aquel momento no llegaba al 9% del PIB- que ironizar: un sacerdote jesuita -dijo-, cuyas instituciones están liberadas de impuestos, viene a darnos lecciones de carga tributaria. Fue evidente que los argumentos ad hominem sirven para intentar destruir al adversario, visto como enemigo, pero no para reforzar la solidez de los argumentos propios. 

Un salto lógico y una audaz conclusión

Es notable que de la inexistencia de lo que De la Torre llama “leyes abstractas” se sigue lo siguiente, según su texto: “También de ahí se deriva la impunidad criminal reinante.” 

El salto lógico es impresionante. Todavía es mayor cuando se escucha que sería el positivismo de Augusto Comte el culpable de esa casuística que corroe el edificio legal de los países “iberoamericanos”. En cambio, en los anglosajones “el imperio de la ley” sería la causa del bienestar del “conglomerado social”. ¿Habrá escuchado alguna vez el Dr. De la Torre que fue en las calles de Los Angeles donde aprendieron a organizarse como pandilleros los mareros guatemaltecos? 

No obstante, termina su texto sacando esta audaz conclusión: “¿Y todavía nos preguntamos el por qué de este subdesarrollo de ‘estudiantes’ que se rehúsan a estudiar, de ‘policías’ que se niegan a defender el orden público, de narcos sin trabas para robar y asesinar, de burócratas ineptos y perezosos, de políticos arrogantes y mendaces, al igual que de dirigentes sindicales, o de agitadores sociales desde la cátedra universitaria, empeñados en encadenarnos sus recetas obsoletas e inservibles? Parafraseando a Mark Twain: ‘No es lo que ignoras lo que te trae problemas, sino todo aquello de lo que estás seguro y, sin embargo, ha sido superado por la experiencia’.”

El mundo seria menos injusto

Definitivamente, el mundo sería menos injusto si, en medio de una crisis tan globalmente brutal como está siendo la de la globalización capitalista capitaneada por las grandes empresas financieras, algunos filósofos de la economía, partidarios del neoliberalismo más radical de Von Hayek, Von Misses y sus discípulos, hablaran en Guatemala alguna vez de la dictadura del mercado y no de las abstractas leyes del mercado que Adam Smith teorizó para un mercado perfecta y equitativamente informado y perfecta y equitativamente competidor.

Lo sería también si al menos algunos de ellos, fundados en su raigambre cristiana, hablaran de la ley abstracta de la justicia social, que en los evangelios se concreta en “dar de comer al hambriento y de beber al sediento, recibir al emigrante, vestir al desnudo, visitar al enfermo e ir a ver al preso”. Ésa es la ley que les abriría los ojos a la desgracia estructural y el corazón a la solidaridad. 

Juan Hernández Pico es el corresponsal de la revista Envío en Guatemala