Pensamiento contracorriente

Corte Suprema de EEUU: Impunidad para siempre
Por Gaby Weber

Cubadebate/Argenpress

El 17 de Abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental que tendrá como resultado que en el futuro va a ser imposible responsabilizar a las empresas multinacionales por sus crímenes.

Ese día, los jueces superiores emitieron en Washington DC una sentencia sobre la pregunta de si el Alien Tort Statute (ATS) es aplicable a las empresas o sólo a individuos. El ATS fue aprobada en el 1789 por el Congreso de los Estados Unidos y está en vigencia. Ofrece a los extranjeros el derecho de recurrir a los tribunales de Estados Unidos cuando se viola el derecho internacional. Era necesario en aquella época porque casos como el de la piratería no podían ser procesados en los países de origen de los delincuentes, ya que estos “estados fallidos” los protegían, Bahamas, Cuba, Islas Caimán etc. En los siglos siguientes, hicieron acuerdos internacionales y el ATS quedó olvidado hasta que fue descubierto nuevamente por el movimiento de derechos humanos en contra de los torturadores sudamericanos quienes, después de las leyes de amnistía, quedaron sin castigo en sus países de origen. Hubo varias sentencias en los Estados Unidos contra torturadores y este procedimiento basado en el ATS no es el objeto del debate actual.

En Abril, en la Corte Suprema de Justicia se discutía si el ATS se aplicaría a las empresas multinacionales con sede en el extranjero, porque las empresas estadounidenses (al menos por ahora) siempre podían ser procesadas en los tribunales de Estados Unidos. Aunque esto en la realidad significa una clara desventaja competitiva para la industria de Estados Unidos, la solidaridad de la clase era más fuerte.

De acuerdo con la opinión de la mayoría de los 9 jueces de la Corte Suprema, el ATS no se debe aplicar a las multinacionales, a fin de no obstaculizar el comercio internacional. Esto es para prevenir que cualquier juez provincial tome un caso por demandas millonarias contra una empresa extranjera que tendría que ser juzgado en el país de origen, donde la empresa tiene la sede o donde los hechos ocurrieron. De esa manera, un juez podría apropiarse derechos ejecutivos que no le corresponden y crear un conflicto entre los dos gobiernos. Dicen que con la palanca de un juicio contra una multinacional no se debe hacer política exterior. Además, el ATS se hizo hace más de 200 años atrás para combatir la piratería. Según los jueces, la piratería pasó en alta mar, en un lugar internacional en un vacío legal y juzgando a los piratas no dará lugar a conflictos bilaterales porque no habrá interferencia con los derechos soberanos de otro Estado (“and therefore carries less direct foreign policy consequences”).

En el caso concreto, unos demandantes, entre ellos la viuda Kiobel, de Nigeria habían abierto una causa en contra la Shell Royal Dutch Petroleum Company por haber participado en escuadrones de la muerte y la tortura en el país africano. La corte de apelaciones en Nueva York había negado la apertura del procedimiento. Por eso, los demandantes apelaron ante la Corte Suprema. Allá, se llevó a cabo una verdadera “batalla amicus”, grupos de los derechos humanos, ecologistas, colegios de abogados y universidades de todo el mundo escribieron cartas de apoyo con su visión, las llamadas “amicus curiae”, en los cuales señalaban la necesidad de abrir este tipo de juicios en los tribunales de Estados Unidos. Los tribunales de los países donde estos crímenes tuvieron lugar fueron no están en condiciones de confrontar un pleito semejante, sus gobiernos nacionales están chantajeados o comprados. El gobierno federal alemán había amenazado con un escrito amicus en febrero de 2012 con el deterioro de las relaciones diplomáticas si los tribunales estadounidenses siguen ampliando su jurisdicción a empresas extranjeras: “La República Federal de Alemania considera qué ejercer jurisdicción en Estados Unidos contra empresas alemana sería contraria al derecho internacional y crearía un riesgo sustancial de los conflictos de competencia con otros países (“The Federal Republic of Germany believes that overbroad exercises of jurisdiction are contrary to international law and create a substantial risk of jurisdictional conflicts with other countries.”). Con eso, Angela Merkel dejó claro otra vez que los derechos humanos no tienen ninguna importancia frente al afán de maximizar las ganancias corporativas.

Como el gobierno alemán, también el Instituto CATO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y de una serie de bancos y compañías mineras ejercieron presión a través de sus escritos amicus ante el tribunal.

Algunos magistrados de la Suprema Corte, la minoría, tenían una opinión diferente. Escriben en la sentencia que la piratería del siglo 18 no tuvo lugar en un vacío legal, ya que los piratas habían navegado bajo bandera de un Estado; y el juzgamiento de estos piratas extranjeros también en aquella época cuando se hizo la ley trajo conflictos diplomáticos con otros gobiernos que protegían los piratas. Pero, la persecución de estos delitos era en aquel entonces como también hoy más importante que evitar conflictos diplomáticos con los Estados que no ponen los derechos humanos en primer lugar. “¿Quiénes son los piratas de hoy en día?” -preguntaron los jueces de minoría-.

Para el movimiento internacional de derechos humanos, la sentencia del Tribunal Supremo es un golpe duro, porque en los últimos años, los tribunales de Estados Unidos eran la última esperanza para las victimas de investigar y juzgar a las violaciones de los derechos fundamentales, por lo menos a través de un juicio civil. Hoy en día, no se sabe como estos juicios van a seguir o terminan ahí. La sentencia del 17 de Abril deja alguna interpretación en algunos puntos. Por ejemplo, parece que la sentencia en la causa Kiobel dejó una puerta trasera abierta. Se dice en la página 4: “Los tribunales federales podrán reconocer las reclamaciones privadas en virtud del derecho común federal.” (“Federal Courts may recognize private claims under federal common law”.)

El abogado Terry Collingsworth en Washington se va a basar en estas palabras para seguir el juicio en la causa Mercedes-Benz Argentina (MBA). Representa a los sobrevivientes y a los familiares de MBA. Durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros en Mercedes-Benz Argentina, tres sobrevivieron a las torturas. Collingsworth presentó un juicio civil en 2004 en San Francisco contra la Daimler AG, basándose en el ATS, la Convención contra la Tortura y la ley federal de California. Y finalmente, en noviembre de 2011, la Corte de Apelaciones de California del Norte ha afirmado la competencia geográfica. Si una empresa hace tan grandes ganancias en California, entonces tendría que responder ante los tribunales del estado. Y los jueces de California se interesan por sus propias leyes (“Ley Federal”) si la empresa en cuestión había denunciado a la dictadura a sus obreros como terroristas y si colaboraron en la apropiación de los bebes de los campos de tortura. En el 2011, Daimler había presentado un recurso de apelación contra dicha sentencia y solicitó una “en banc” audiencia. Del total de 12 jueces solo uno dijo que se puede escuchar a la empresa otra vez. Su solicitud fue rechazada con palabras duras.

Si la Corte de Apelaciones en California se deja sacar su competencia geográfica por la última sentencia del Tribunal Supremo – hay que ver. No va a ser fácil-. Pero, por las dudas, el Tribunal Supremo en Washington, anunció el lunes de esta semana, a petición de la Daimler AG, de examinar el caso de los desaparecidos sindicalistas argentinos en un juicio separado. En octubre, la primera audiencia se llevará a cabo. La prensa va a estar presente y este caso se va a conocer en todo el mundo.

En la causa Kiobel/ Nigeria, el gobierno argentino había presentado con un propio amicus para destacar la importancia de la apertura del juicio para los derechos humanos. Después de las dictaduras en América Latina, el procedimiento en los Estados Unidos ha sido muy útil, escribió. Es decir, el gobierno de Kirchner asumió por tanto claramente que la compañía petrolera británica Royal Dutch Shell en Nigeria difícilmente sería juzgada por sus crímenes. Ahora, el gobierno argentino vuelve a tener la oportunidad de escribir una carta amicus, esta vez para el juicio de la alemana Daimler AG -cuya complicidad con los militares argentinos todavía no se ha condenado por un tribunal argentino, a pesar de una serie de denuncias pendientes desde el año 2002-.

Pero recientemente, la Daimler ha anunciado junto con Cristina Kirchner el lanzamiento de una nueva inversión en la localidad de González Catán (provincia de Buenos Aires) por un monto de 800 millones de pesos. Las familias de los desaparecidos de Mercedes-Benz quieren preguntar a la presidenta por qué no se cumplieron las promesas de Néstor Kirchner. En 2005, él había recibido a los familiares y anunciado una investigación exhaustiva. Cristina ha rechazado una conversación con los familiares.