Pensamiento contracorriente

Colombia: Adolfo Pérez Esquivel y Federico Mayor Zaragoza, entre los más de 200 firmantesIntelectuales, defensores y políticos de Europa y América respaldan a Piedad Córdoba ante la Corte Constitucional

Rebelión 4/4/2013

A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional:

Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política PIEDAD CÓRDOBA RUIZ sino de los derechos colectivos del pueblo colombiano a construir la paz.

Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.

La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.

La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.

La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.

Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba. Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.

Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.

Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.

4 de abril de 2013

Atentamente,

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia

Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España

Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania

Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia

Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España

José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica

Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España

Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España

Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Belén Gopegui, escritora, España

Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez / España

Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España

Isaac Rosa, escritor, España

Constantino Bértolo, escritor, editor, España

Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.

Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos

Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España

Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España

Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España

Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional

Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

Paul Rios, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.

Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica

René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.

Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial

Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional

Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia

Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España

Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos

Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador

Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España

Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España

Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia

Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre

Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya

Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid

Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat

Patricia Rivas Bufala, Periodista, España

Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia

Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco

José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín – Irlanda

Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España

Luix Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco

José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España

Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco

Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco

Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos

Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España

Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España

José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España

Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España

Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España

Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España

Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.

Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia

Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil

Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad

Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina

Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch (SOA WAtch)

Y más de 140 firmas más…