Pensamiento contracorriente

Guatemala: La dictablanda de los vividores de la paz

Por Tania Palencia Prado

 20 de abril de 2013

Afirmar que el juicio por genocidio es traicionar la paz y dividir a Guatemala es un acto deshonesto y propio de quienes desprecian toda justicia. Así como se destruyó el mandato del Organismo Judicial en Guatemala durante el conflicto armado interno, así hoy se coaligan las mismas fuerzas oscuras que propiciaron los crímenes de guerra para impedir que los tribunales debatan y esclarezcan cómo ocurrieron aquellos hechos.

 Hoy los nuevos voceros de esas fuerzas, tal cual los doce tecnócratas del famoso comunicado, se adelantan a los tribunales para decidir que la acusación de genocidio es una fabricación jurídica y, asumiéndose representantes de la “mayoría de la población”, se atreven a desmentir a las víctimas y testigos que ya hablaron en el juicio, quienes en común han dicho que su anhelo es que el Estado reconozca la verdad de lo que les pasó.

 Y es que el nudo de la incapacidad de admitir la verdad radica en dos hechos perversos y espeluznantes: 1º. Que las familias poderosas sólo reconocen como derecho sus intereses convertidos en ley y colocan a su Estado (porque los generales les importan un comino) más allá del bien y el mal. El derecho de las víctimas es prescindible y despreciable, con lo cual esta “chusma” no tiene por qué acusar al Estado poniendo en riesgo su marketing internacional; y 2º. Que todas las huestes corruptas incrustadas en el Estado sólo pueden gobernar con los mismos métodos contrainsurgentes utilizados en la guerra y no les conviene que se despliegue una conciencia nacional contra sus estrategias.

 Los doce tecnócratas osan escribir que “la violencia política desapareció” en Guatemala. ¿En dónde viven? ¿Cuál es su ética frente a esta crisis de la paz? ¿Qué opinión tienen de los juicios donde se criminalizan a decenas de lideresas y líderes comunitarios? ¿Qué dicen del reciente asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder de Santa Eulalia, o de la captura ilegal de Rubén Herrera, líder de Santa Cruz Barillas, y de tantas otras capturas donde la justicia se somete a los negocios privados?

 En Guatemala nunca se respetará el interés común mientras existan posiciones que no cedan. El gran arte de la política es crear espacios. Pero aquí no se cede espacio a la justicia, no se cede espacio al debate, a la libertad, a la opinión y expresión, no se cede salud, ni educación, ni alimentos, ni vida plena a la gente. Estos tecnócratas vividores de la paz, pésimos seguidores de Maquiavelo, alardean sobre la necesidad de crear un interés general al mismo tiempo que se abrogan la autoridad de juzgar cuáles son y cuáles no son los espacios permitidos, por eso se convierten en actores decisivos para dejar las cosas como están, arquitectos de “dictablandas”, el tipo de dictadura perfecta según la cual el equilibrio se logra con una clase política capaz de mantener calladitos a los de abajo.

 Estas fuerzas que califican las luchas sociales, incluyendo las luchas contra la impunidad, como actos prefabricados e inútiles, son las que juegan el papel de zapadores de una oligarquía cuya paz sólo admite sus mercados y se vuelve muy permisiva sólo para aceptar cualquier estrategia que sirva para el control de la población. Son los mismos que niegan el derecho de los pueblos a la resistencia pacífica, pero aplauden la payasada de los abogados de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez al invocar su derecho a resistir ante un tribunal.

 Cuando estas fuerzas se activan la justicia se vuelve parásita. ¿Cómo es posible que haya jueces incompetentes y proxenetas que acepten las presiones políticas y decidan hacer borrón y cuenta nueva? ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia no reconozca las maniobras de la defensa y permita el retraso de la justicia?

 De todas formas el juicio por genocidio seguirá a pesar de tanto show mediático y manipulaciones clandestinas. Nadie sabe hasta ahora la decisión de los tribunales. Lo que sí sabemos es que el Estado se pudre con estos liderazgos que la paz abortó dejándolos como cocineros de alianzas patéticas en cada momento electoral. El Estado se pudre con líderes que no respetan ni profundizan la justicia en ninguna de sus dimensiones. Nunca como ahora se vuelve indispensable la dirección de un amplio movimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las mujeres, de todas las fuerzas campesinas, de todas las ciudadanas y ciudadanos que estén dispuestos a re-edificar el poder público porque hay muchas tareas justas por construir y mucho trabajo justo que merece mejor trato.